23 de mayo de 1921: el gobierno de Carlos Herrera establece un impuesto para fomentar la construcción del Ferrocarril de los Altos

23mayo1921
Tres vagones del Ferrocarril de los Altos en la estación.  En el recuadro: los dínamos de la planta eléctrica de Santa María de Jesús.  Imágenes tomadas de la obra Quezaltenango, Album conmemorativo de la inauguración del Ferrocarril de Los Altos.

El 21 de julio de 1920 en una reunión con el Ministro de Fomento, ingeniero Félix Castellanos B., la Comité de reanudación de los trabajos del Ferrocarril de Los Altos y el Jefe Político de Retalhuleu, Carlos Quezada, se determinó que se adoptara el trazo hecho por el ingeniero S.S. Shaw, empleando un ferrocarril eléctrico para el tráfico de pasajeros y de carga, pues había un sobrante de fuerza disponible en la Planta Elétrica de Zunil en Quetzaltenango.

De acuerdo a las estimaciones de los ingenieros Victor Cottone, el ya mencionado Shaw, Jorge Hartmann y Fernando Andros, la capacidad disponible de la planta eléctrica podía permitir el tranporte de ida y vuelta de más de ciento ochenta personas de carga por día.  Basado en estos cálculos los allí reunidos decidieron solicitar al gobierno que creara un Comité Administrativo con personería jurídica y facultades amplias para la administración de fondos y celebración de contratos.

En virtud de aquella solicitud, la Asamblea Nacional Legislativa, creó un impuesto destinado a los tabajos del Ferrocarril de Los Altos el 23 de mayo de 1921:

Dcreto Número 1119

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala

Decreta:

Artículo 1.° Se establece el impuesto adicional de tres pesos sobre cada botella de aguardiente que se consuma en el país, proveniente de las centralizaciones y fábricas establecidas o que se establezcan, puesto que se destina exclusivamente para la construcción del Ferrocarril de Los Altos y cuyo producto se entregará mensualmente al Comité respectivo, por medio de la Tesorería Nacional.

Artículo 2.° Al finalizar los dos años contados desde el primero de julio próximo, fecha en que principiará a regir el presente Decreto, el expresado Comité del Ferrocarril de Los Altos rendirá un informe detallado a donde corresponde, relativo al estado de los trabajos, procediendo entonces la Asamblea Legislativa a fijar la forma de adquirir los fondos que falten para la terminación de la obra.

Artículo 3.° La inversión de los fondos respectivos así como la construcción de la obra, se hará por el Comité del Ferrocarril de Los Altos, de acuerdo con el Ministro de Fomento y conforme al estudio, planos y reglamentos que por este se hayan aprobado.

Artículo 4.° Alterminar el Ferrocarril de Los Altos, el expresado impuesto de tres pesos se destinará a la construcción de los ramales del Ferrocarril que unirán la ciudad de Quetzaltenango con los Departamentos de Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos y Sololá.

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.  

Dado en el palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, a veintitrés de mayo del mil novecientos veintiuno.

  • Tácito Molina I., presidente
  • Filiberto Escobar, secretario
  • A. Velázquez, secretario

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 8 de junio de mil novecientos veintiuno.

Publíquese y cúmplase.


BIBLIOGRAFIA:


 

Enero de 1930: alcalde 3ro. de la municipalidad indígena de Totonicapán exige una contribución a la población para evitar que el gobierno imponga un impuesto a la propiedad

enero1930
Totonicapán en 1925.  En el recuadro: el general presidente Lázaro Chacón, a quien el alcalde indígena supuestamente iba a comprar un presente con una contribución de los pobladores, para evitar que decretara un impuesto sobre la propiedad. Imágenes de Wikimedia Commons y “El Imparcial“.

El actuar arbitario y despótico de un alcalde tercero de la municipalidad indígena de Totonicapán tras una visita al presidente Lázaro Chacón y su ministro de agricultura el 7 de enero de 1930, llevó a la larga a un alzamiento de los indígenas de aquel municipio el 28 de julio de ese año, y que resultó en la muerte de tres de ellos y un ataque con piedras a las instalaciones del cuartel, obligando al gobierno del general Lázaro Chacón a suspender las garantías constitucionales en todo el país por un poco más de un mes.  En aquellos momentos, Guatemala atravezaba por una aguda crisis económica derivada de la Gran Depresión que afectaba a todo el mundo después de la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929, y la suspensión de las garantías ayudó al gobierno a calmar un poco la situación, que se le iba de las manos.

Reproducimos a continuación parte de la carta que enviaron los representantes de los 48 cantones de Totonicapán al general presidente Lázaro Chacón el 16 de octubre de 1930 para explicarle lo que realmente ocurrió durante el alzamiento indígena Totonicapán el 28 de julio, detallando el papel que tuvo en ella en alcalde tercero Roberto Baquiax.  La carta también presenta quejas graves al presidente sobre la situación en que se encontraba la población indígena en aquellos años.

“Nosotros, los que abajo firmamos y en representación de los cuarenta y ocho cantones del municipio de Totonicapán, en pleno uso de nuestros derechos ciudadanos, venimos a relatar con la verdad y la justicia los orígenes de los hechos que desgraciadamente culminaron sangrientamente en la plaza de armas de la cabecera el 28 de julio del corriente año, hechos imprevistos que fueron resultado de un momento de arrebato y de violencia ciega a que los manejos turbios y desvergonzados de dos o tres individuos de nuestra clase condujeron a los sufridos y laboriosos moradores del municipio, los que llevados por mil engaños y mútiples amenazas produjeron una santa indignación de nuestra parte, al ver nuestras propiedades en peligro y nuestra tranquilidad de honrados trabajadores a merced de dos o tres ambiciosos.

[…]

Cuando se conocieron los candidatos que oficialmente fueron propuestos por la jefatura política para integrar el cuerpo municipal que entraría a fungir en el presente año de 1930, sólo una persona fue repulsiva al pueblo, y ésta fue la de Roberto Baquiax, quien estaba postulado para desempeñar el cargo de alcalde tercero de la municipalidad indígena.  Los antecedentes de Baquiax dejaron entrever futuros males al conglomerado, pues bien conocida ha sido la actuación de este individuo en varios cargos que ha desempeñado, perfilándose como un hombre de una ambición desmedida y sin escrúpulos y capaz de toda clase de villanías.  Y el pueblo no se equivocó, desgraciadamente.  Ahí tenemos los resultados que culminaron en una protesta que causó tantos e irreparables daños.

El 5 de enero del corriente año, el alcalde tercero Roberto Baquiax, en compañía de Adrián Juárez, Cándido Batz, Victoriano Tiu y otros individuos, que están reconocidos como el azote del sufrido pueblo indígena, marcharon a la capital de la República, regresando el 10 del propio mes.  A su vuelta, hicieron saber a todos los habitantes de los cantones del municipio, que en breve plazo se decretaría una ley en que se aumentarían los impuestos territoriales, además de pagar por cada casa o rancho Q1.00 mensualmente; que así lo habían manifestado en lo personal tanto el presidente de la República como el ministro de agricultura.  Al saber la noticia los terratenientes, y en lo especial los pequeños agricultores, que apenas poseen una o dos cuerdas de tierra, manifestaron su incoformidad, como tenía que ser, a Baquiax y adláteres, a lo que contestaron que de todas maneras tendría que promulgarse dicha ley si no se tomaban medidas para evitarla o por lo menos amenguarla en sus efectos.

Como premetidamente, Baquiax ya tenía la idea de sacar provecho de aquella noticia, que con sobra de mala fe adobara en consorcio con sus cómpices, propuso a todos los cantones que se reuniera una contribución y con la suma que se colectaría poder halagar a los altos funcionarios del gobierno a manera que no se llevara a efecto la ley que se trataba de implantar.  Los indígenas rechazaron desde un principio aquella proposición, pues juzgaron que era una añagaza de Robero Baquiax y compinches para arrancarlos dineros con el pretexto de la ley de marras.  Con el objeto de manifestarlo, se reunió un crecido número de trabajadores en el despacho de Baquiax para hacerle saber que no estaban dispuestos a dar ni un centavo, porque lo consideraban indebido.  Baquiax montando en cólera, en su propio despacho, arremetió contra los manifestantes blandiendo un enorme revólver, profiriendo grandes amenazas e insultos y sacándolos del recinto a cañonazos y puntapiés.  Inmediatamente giró órdenes por medio de los alcaldes auxiliares de los cantones para que todos los habitantes hicieran efectivas las contribuciones acordadas por sí y ante sí, imponiendo una tarifa que es la siguiente: $30.00 billetes por cada habitantes que tuviera más de tres rebaños de ovejas; $20.00 por cada propietario que poseyera un rebaño, y $10.00 para los que no lo poseyeran.  Los encargados de cumplir aquella disposición, desempeñaron sus comisiones valiéndose de la violencia y de la amenaza,explotando el miedo instintivo que la raza indígena ha venido heredando desde los tiempos de la conquista y a través de muchos gobiernos despóticos de caciques y mandarines.  Así fue como, a pesar de su protesta, la mayor parte de los cantones fueron dando lo que tenían esperanzados de que talvez por ese medio se libraban del fantasma de la ley que Baquiax y cómplices decían se pondría pronto en práctica.

Desde remotos tiempos a nuestra clase indígena se nos puede explotar de mil maneras y nuestro trabajo honrado y fatigoso de esclavos, ha servido en millares de ocasiones para enriquecer a jefes políticos, alcaldes y caciques, pero en cuanto se trata de gravar nuestras parcelas con impuestos onerosos, parcelas que son nuestra fuente de vida y que guardamos con religioso respecto, nuestra voz de protesta se alza hasta las altas esferas del gobierno, y de una manera respetuosa hemos suplicado que no se nos toque en lo referente a contribuciones sobre nuestras tierras.  Por ese motivo fue que la tributación impuesta por Baquiax se dió,aunque con desgano, de buena fe.  Baquiax y adláteres nos manifestaron que la suma que se recaudara serviría para hacer un presente al presidente de la República y al ministro de agricultura y así nos libraríamos de gravámenes sobre nuestros terrenos.  Sabido es que el departamento más poblado de la República, es del de Totonicapán y que sólo el municipio de Totonicapán tiene poco más de 80,000 habitantes.  Calcúlese a cuanto ascendería la contribución impuesta por Baquiax, descontando a muchas familias que no poseen rebaños.  Muy posibles es que la cantidad recaudada haya pasado de Q2,000. En el mismo despacho de Baquiax y aun en su propia casa de habitación se fueron enterando las cantidades que según tarifa arribamencionada, se impusieron y se guardó muy bien de dar ninguna clase de recibos ni de comprobantes que sirvieran de base para una reclamación.  De aquella respetable suma deben dara cuenta Roberto Baquiax, Adrián Juárez, Cándido Batz, Domingo Chuc, Victoriano Tiu y otros que cometion tal despojo y robo desvergonzado, y que merodearon por montes y caseríos.

Quedamos esperanzados en que aquella suma colectada serviría para salvar nuestras tierras de gravámenes y gabelas, cuando sorprendidos nos dimos cuenta de que de lo que se trataba era simplemente de la revisión de la matrícula, sin recargos de mayor cuantía, para lo que Baquiax mandó citar a los de los cantones para hacer efectiva dicha revisión.  El día 28 de julio se reunieron todos los citados por Baquiax, que llegaron de diferentes lugares a la plaza de armas.  Así fue como nos encontramos reunidos ese día en la cabecera.  Era natural que existiera malestar entre nosotros, pues seguíamos creyendo que se nos quería gravar con contribuciones leoninas, máxime cuando ya habíamos contribuído para evitarlo.

Aquella carta explicando el detalle el motivo de lo ocurrido llegó muy tarde para que el presidente Chacón hiciera algo, puesto que para octubre de 1930 los efectos de la crisis mundial se habían agravado y los comerciantes en la ciudad de Guatemala habían recurrido a prenderle fuego a sus comercios para cobrar el seguro, o bien a rebajar la mercadería para liquidar sus negocios.  También había un marcado descontento entre los estudiantes universitarios, que se fueron a la huelga y lograron que el rector y los decanos de todas la facultades renunciaran.   Al final, el presidente Chacón sufrió un derrame cerebral el 12 de diciembre, que lo separó de la presidencia y tras varios cambios de presidente, golpes de estado e injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos, resultó electo el general Jorge Ubico, quien tomó posesión el 14 de febrero de 1931 y desde un principio retornó a un estilo dictatorial similar al de su mentor, el licenciado Manuel Estrada Cabrera y totalmente opuesto al de Chacón.


BIBLIOGRAFIA:

  • Asturias Morales, M. (28 de julio de 1930) “Levantamiento de indígenas de Totonicapán“.  Guatemala: Nuestro Diario
  • — (29 de julio de 1930) “El levantamiento de ayer en Totonicapán“.  Guatemala: Nuestro Diario
  • Cano, Manuel S. et. al. (16 de octubre de 1930) “Manifiesto de los indígenas de Totonicapán al Presidente” Guatemala: El Imparcial.

28 de julio de 1930: luego de que dos mil indígenas atacaran a pedradas el cuartel de Totonicapán el gobierno restringe las garantías constitucionales

28julio1930
Grabado del Valle de Totonicapán.  En el recuadro: retrato del presidente Lázaro Chacón. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La crisis económica que afectaba a Guatemala durante la Gran Depresión tuvo un serio impacto en todos los habitantes, no solamente en la ciudad sino en toda la República.  De esta cuenta, el 28 de julio de 1930 se reunieron en la plaza de Totonicapán aproximadamente dos mil indígenas a protestar por las nuevas medidas impositivas, quienes fueron escuchados por el señor Guillermo Flores Avendaño.  Sin embargo, no conformes con la respuesta de que se iba a notificar de la queja al general presidente Lázaro Chacón, atacaron el cuartel y la administración de rentas de la localidad; entonces, el comandante de armas ordenó que los soldados defendieran la plaza y se produjo un tiroteo en el que resultaron dos muertos en el cuartel y uno en la administración de rentas, además de varios heridos.

Flores Avendaño reportó a la presidencia que pidió refuerzos de Quetzaltenango para evitar nuevos desórdenes, mientras que Juan Moscoso envió un telegrama informando que los grupos indígenas se habían disuelto después del tiroreo y que todos los ladinos de la localidad estaban listos y armados en prevención de nuevos ataques, pendientes de las órdenes de las autoridades militares del lugar.

(Nota de HoyHistoriaGT: como dato curioso, es importante destacar que Flores Avendaño llegó posteriormente al grado de coronel y fue presidente interino de la República, luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, del 26 octubre de 1957 al 2 de marzo de 1958.)

El racismo imperante en la época es evidente en los telegramas en que se informa de la situación al presidente Chacón.  En uno de ellos se dice: “esta plaza está ya apaciguada; la masa indígena se dispersó cuando vio que se le disparaba.  Ahora ya están armados todos los vecinos ladinos. Además ha venido refuerzo de Quetzaltenango pue se tienen noticias de que los momostecos han ido a comunicar a toda la tribu lo sucedido.”

Por su parte, el 16 de octubre de 1930 los representantes de los 48 cantones de Totonicapán enviaron al presidente Chacón una extensa carta en la que le explican que el origen del descontento en la población de la localidad estaba dirigida al alcalde tercero de la municipalidad indígena Roberto Baquiax.  He aquí lo descrito en aquella carta:

[…] la tributación impuesta por Baquiax se dió, aunque con desgano, de buena fe.  Baquiax y adláteres nos manifestaron que la suma que se recaudara serviría para hacer un presente al presidente de la República y al ministro de agricultura y así nos libraríamos de gravámenes sobre nuestros terrenos.  Sabido es que el departamento más poblado de la República, es del de Totonicapán y que sólo el municipio de Totonicapán tiene poco más de 80,000 habitantes.  Calcúlese a cuanto ascendería la contribución impuesta por Baquiax, descontando a muchas familias que no poseen rebaños.  Muy posibles es que la cantidad recaudada haya pasado de Q2,000. En el mismo despacho de Baquiax y aun en su propia casa de habitación se fueron enterando las cantidades que según tarifa arribamencionada, se impusieron y se guardó muy bien de dar ninguna clase de recibos ni de comprobantes que sirvieran de base para una reclamación.  De aquella respetable suma deben dara cuenta Roberto Baquiax, Adrián Juárez, Cándido Batz, Domingo Chuc, Victoriano Tiu y otros que cometion tal despojo y robo desvergonzado, y que merodearon por montes y caseríos.

Quedamos esperanzados en que aquella suma colectada serviría para salvar nuestras tierras de gravámenes y gabelas, cuando sorprendidos nos dimos cuenta de que de lo que se trataba era simplemente de la revisión de la matrícula, sin recargos de mayor cuantía, para lo que Baquiax mandó citar a los de los cantones para hacer efectiva dicha revisión.  El día 28 de julio se reunieron todos los citados por Baquiax, que llegaron de diferentes lugares a la plaza de armas.  Así fue como nos encontramos reunidos ese día en la cabecera.  Era natural que existiera malestar entre nosotros, pues seguíamos creyendo que se nos quería gravar con contribuciones leoninas, máxime cuando ya habíamos contribuído para evitarlo

Estando reunidos en el interior del cuartel, expusimos al señor jefe político, coronel don Guillermo Flores, nuestra inconformidad con la disposición adoptada, y dicho funcionario, oyendo nuestras querellas, nos exhortó con palabras convincentes y pataernales a que tuviéramos paciencia, que dentro de diez días de esa fecha, nos diría la resolución del gobierno, pues lo consultaría debidamente, haciendo ver nuestras justas quejas.  Con la promesa del señor coronel Flores nos retirábamos a nuestros respectivos hogares cuando Roberto Baquiax nos mandó llamar a su despacho para ir a recoger unos papeles de seguridad, pero en esos mismos momentos supo lo que nos manifestó el jefe político; entonces usó de mil evasivas, nos hizo entrever el engaño de que éramos víctimas, pues le reclamamos lo del dinero recaudado.  Baquiax, no sintiéndose seguro, salió violentamente del despacho y fue a refugiarse a la mayoría de plaza, seguido de una inmensa rechifla que provocó su huída.  El grupo ya colérico por la huída de Baquiax, en voz alta dirigió cargos no sólo a éste sino contra Adrián Juárez, Cándido Batz, Victoriano Tiu y otros, tratándolos de ladrones.  A cada alusión que Baquiax oía, contestaba con una risa burlona.  El señor coronel don Guillermo Flores nos exhortó a que nos retiráramos tranquilos que todo se arreglaría, pero ya era tarde.  La desvergonzada risa burlona de Baquiax fue encendiendo los ánimos hasta que estalló en una inmensa indignación, que ya no reconociendo miramientos ni midiendo las consecuencias, algunos exaltados, no encontrando más armas que los piedrines de los promontorios que servirían para los trabajos del parque Unión, arremetieron contra Baquiax, dando por resultado la rotura de las vidrieras de la mayoría de la plaza.  Inmediatamente la guarnición hizo fuego sobre los manifestantes, no respetando las órdenes del comandante de armas, que recomendó tirar al aire. Resultaron tres asesinados, uno frente a la mayoría, otro frente a la guardia y otro frente a la administración de rentas, situada a cuadra y media de la plaza central.  A los disparos, el grupo se disolvió, huyendo a sus asas con varios varios heridos.  Los muertos que cayeron en la plaza de armas respondían a los nombres de Ventura Tacam y Tomás Gutiérrez, y el de la administración Manuel Ajpacajá. Entre los heridos hay muchos, entre los que se cuentan Baltasar Canastuj y Agustín Chaclán, no sabiéndose sis e salven de sus heridas, pues son graves.

En la Ciudad de Guatemala las informaciones iniciales fueron confusas, pero luego de que se recibieron los telegramas notificando lo que había ocurrido realmente, se emitió un decreto restringiendo las garantías constitucionales para ayudar a resolver la situación lo más pronto posible.  Dicho decreto dice así:

Decreto No. 1088

Lázaro Chacón, Presidente de la República

Considerando:

Que el gobierno tiene conocimiento de la existencia de trabajos sediciosos encaminados a perturbar gravemente la paz y el orden públicos, que han cultimnado en un ataque armado contra la guarnición de Totonicapán y amenaza trastornar la tranquilidad en los demás pueblos de la República y produce un malestar general que hace necesaria la adopción de medidas que garanticen a la población pacífica y laboriosa el goce de sus derechos y bienes;

Considerando:

Que el Ejecutivo tiene la obligación de tomar todas las medidas conducentes para velar por la tranquilidad y el orden del país;

Por tanto:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 39 de la Constitución de la República y en Consejo de Ministros, Decreto:

Artículo 1°. – Se restringen en toda la República y por el término de seis meses las garantías a que se refieren los artículos 25, 26, 30 y 38 de la Constitución.

(Nota de HoyHistoriaGT: los artículos que se restringieron fueron:

  • Derecho de asociación
  • Libre emisión del pensamiento
  • Seguridad personal
  • Inviolabilidad del domicilio)

Artículo 2°.- El presente decreto comenzará a regir desde esta fecha y de él se dará cuenta inmediatamente a la Asamblea Nacional Legislativa.

Dado en la casa de gobierno, en la Ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de julio de mil novecientos treinta.

  • L. Chacón
  • Ed. Aguirre V., Secretario de Relaciones Exteriores
  • R. A. Mendoza, Secretario de Educación Pública
  • J. B. Padilla, Secretario de Guerra
  • Daniel Hernández F., Secretario de Fomento
  • Samuel E. Franco, Secretario de Hacienda y Crédito Público
  • M. M. Herrera, Secretario de Agricultura
  • R.E. Sandoval, Secretario de Gobernación y Justicia

Debido a que en realidad solamente se había tratado de un ataque con piedras, y que los indígenas fueron repelidos a balazos, no había mucho que controlar en el país. Pero he aquí qué fue lo que ocurrió en los cantones de Totonicapán durante el período que dichos derechos estuvieron restringidos, de acuerdo a lo expuesto por los delegados de los 48 cantones de Totonicapán:

“Del aciago día 28 de julio arranca el martirologio de los cantones.  Baquiax, Juárez, Tiú, Chuch, una caterva de malvados, no contentos con las desgracias ocurridas por su causa, se dieron a recorrer los montes y caseríos, cometiendo verdaderos actos de bandolerismo y de pillaje, saqueando propiedades, llevándose grandes cantidades de maíz, frijol, habas, trigo y otros granos, ovejas, gallinas y otros animales domésticos, violando mujeres, principalmente jovencitas.  Decían que toda esa cantidad de granos serviría para la manutención de la tropa que vine a sofocar la ‘revolución’.  El mismo Roberto Baquiax, montado en su mula, agredió a mano armada a varios transeuntes en el camino que conduce a la aldea de Paquí.  El natural temor y la restricción de la garantías constitucionales obligaron a los damnificados a no presentarse en queja contra aquella pandilla de forajidos, pues es seguro que las autoridades departamentales estuvieron ignorantes de lo que pasaba.”

Finalmente, el 9 de septiembre de ese año, el gobierno del general Chacón restituyó las garantías mediante este escueto decreto:

Decreto No. 1096

Lázaro Chacón, presidente de la República

Considerando:

Que han dejado de existir las causas que obligaron al Ejecutivo a restringir las garantías individuales para el mantenimiento de la tranquilidad y el orden público,

Por tanto:

En Consejo de Ministros:

Decreto:

Artículo único: se deroca el Decreto Gubernativo No. 1088 de 28 de julio del corriente año, quedando, en consecuencia, restablecido en toda la República el ejercicio de los artículos 25, 26, 30 y 38 de la Constitución.

Del presente Decreto, que comenzará a regir desde esta fecha, se dará cuenta a la Asamblea Legislativa.

Dado en la Casa del Gobierno, en Guatemala, a los nueve días del mes de septiembre de mil novecientos treinta.

  • L. Chacón
  • A. Skinner Klee, Secretario de Relaciones Exteriores
  • R. A. Mendoza, Secretario de Educación Pública
  • J. B. Padilla, Secretario de Guerra
  • F. Aguilar V., Secretario de Fomento
  • Samuel E. Franco, Secretario de Hacienda y Crédito Público
  • M. M. Herrera, Secretario de Agricultura
  • F. Castillo Monterroso, Secretario de Gobernación y Justicia
  • R. A. Ramírez, subsecretario de la Guerra

Es interesante advertir que en tan poco más de un mes habían cambiado la mitad de los ministros de Estado.  Esto se debió a que por la crisis que atravezaba el país, el gabinete presentó su renuncia en pleno el 29 de agosto y Chacón solamente mantuvo en su puesto a algunos ministros.


BIBLIOGRAFIA:

  • Asturias Morales, M. (28 de julio de 1930) “Levantamiento de indígenas de Totonicapán“.  Guatemala: Nuestro Diario
  • — (29 de julio de 1930) “El levantamiento de ayer en Totonicapán“.  Guatemala: Nuestro Diario
  • Cano, Manuel S. et. al. (16 de octubre de 1930) “Manifiesto de los indígenas de Totonicapán al Presidente” Guatemala: El Imparcial.

28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

8 de noviembre de 1851: la Asamblea constituyente emite un decreto sobre asuntos de los indígenas

8noviembre1851
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.

A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.

Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos.  La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.

Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.

(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.

La asamblea constituyente de la república de Guatemala.

Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:

Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:

  1. En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
  2. En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
  3. Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido.  (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
  4. Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
  5. Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
  6. Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
  7. Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
  8. Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.

Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.

(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).

Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.


BIBLIOGRAFIA:


12 de septiembre de 1839: tras la separación del Estado de Los Altos, el estado de Guatemala se ve obligado a reorganizar su división administrativa

12septiembre1839
Versión estilizada del escudo del Estado de Los Altos, mostrando el Volcán Santa María y un Quetzal.  Actualmente es utilizado como escudo en Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, y comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual de Soconusco, (que ahora es parte del estado de Chiapas, en México).  El decreto por el que se creó el Estado de Los Altos dice así:

La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana en sesión plenaria celebrada el cinco de junio del año de 1838 habiéndose tomado en consideración la necesidad de crear un Sexto Estado se acuerda:

1. Crear el Estado de Los Altos, teniendo como capital a la ciudad de Quetzaltenango conformada por una junta de gobierno provisional, de la siguiente manera:

  • Marcelo Molina Mata, electo Gobernador del Estado de Los Altos.
  • José M, Gálvez
  • José Antonio Aguilar
  • General Agustín Guzmán Comandante en Jefe del Ejército del Estado de Los Altos.

2. El Estado comprenderá los siguientes territorios: Quetzaltenango, TotonicapánSololá, Suchitepéquez y Soconusco.

Procédase a trabajar de inmediato en el desarrollo del puerto del Pacífico por orden del Señor Gobernador del estado Federal de los Altos, José M. Gálvez y a mejorar las relaciones con el Gobierno Federal de San Salvador.

Nótese en el decreto anterior tres aspectos importantes:

  1. Desde el principio el Estado tenía la intención de mejorar las relaciones con el gobierno Federal de San Salvador, lo que quiere decir, con el moribundo régimen liberal del general Francisco Morazán, el cual se había visto muy reducido por la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y por la reciente guerra civil que derrocó a Mariano Gálvez en Guatemala.  Los liberales guatemaltecos estaban interesados en coneguir esta alianza con el fin de dejar a la Guatemala conservadora en medio de dos gobiernos liberales.
  2. También desde un principio, tenían la intención de construir su propio puerto en Champerico con miras a establecer una economía completamente independiente de Guatemala.
  3. El Estado no estaba desvalido, sino que contaba con su propio ejército, el cual estaba a cargo del general mexicano Agustín Guzmán.

Por su parte, el Estado de Guatemala estaba muy débl luego de la guerra civil contra Mariano Gálvez y la posteriores guerras, por lo que luego de la separación del Estado de Los Altos, la Asamblea Constituyente de Guatemala tuvo que dividir al Estado en siete departamentos y dos distritos, de acuerdo al siguiente decreto del 12 de septiembre de 1839:

La Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala:

Habiendo tomado en consideración la necesidad que hay de hacer una nueva y conveniente división del territorio, después de la separación de los departamentos que componen el Estado de Los Altos. Con presencia de los datos e informes que ha presentado el gobierno sobre el particular, ha decretado:

  1. El estado de Guatemala se divide en siete Departamentos: ChimaltenangoChiquimula, Escuintla, Guatemala, Mita, Sacatepéquez, y Verapaz.
  2. También componen dos Distritos: Izabal y Petén.
  3. Los departamentos y distritos referidos, comprenden las poblaciones y lugares que se señalan en la tabla que acompaña a esta ley.
  4. Mientras se reúnan datos más exactos, con presencia de los padrones que deben formarse para hacer por otra ley la división permanente del territorio, el gobierno queda autorizado para poder agregar o segregar de unos a otros, los pueblos o lugares que lo soliciten, con causa fundada en el mejor servicio y bien de los mismos pueblos, previo al informe de los jefes respectivos.
  5. El mismo gobierno, en las providencias que tome, para la demarcación del territorio de los departamentos, procurará en lo que sea posible, que sea la misma la de los curatos y sus comprensiones, a fin de evitar embarazos y facilitar en todo el mejor servicio público.

En este decreto se puede apreciar el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la región americana que estuvo bajo el control espanol, ya que la división administrativa de los países y estados se hizo en base a los curatos existentes, los cuales eran los poblados de indígenas que estaban a cargo del clero secular.  Estos curatos habían sido hasta 1750, aproximadamente, las doctrinas que estaban a cargo de las otrora poderosas órdenes regulares, las cuales poseían  grandes extensiones de tierra en las que sus “doctrinados” trabajaban para ellos a cambio de la evangelización que les proporcionaban. Para poner un ejemplo, he aquí un listado de las doctrinas que poseían los dominicos en el Reino de Guatemala en 1638:

Convento Doctrinas Convento Doctrinas
Guatemala
  • Chimaltenango
  • Jocotenango
  • Sumpango
  • San Juan Sacatepéquez
  • San Pedro Sacatepéquez
  • Santiago Sacatepéquez
  • Rabinal
  • San Martín Jilotepeque
  • Escuintla
  • Milpas Altas
  • Milpas Bajas
  • San Lucas Sacatepéquez
  • Barrio de Santo Domingo
Amatitlán
  • Amatitlán
  • Petapa
  • Mixco
  • San Cristóbal
Verapaz
  • Cahabón
  • Cobán
  • Chamelco
  • San Cristóbal
  • Tactic
Sonsonate
  • Nahuizalco
  • Tacuxcalco
San Salvador
  • Apastepeque
  • Chontales
  • Cojutepeque
  • Cuscatlán
  • Milpas Bajas
  • Tonacatepeque
Sacapulas
  • Sacapulas
  • Cunén
  • Nebaj
  • Santa Cruz
  • San Andrés Sajcabajá
  • Zacualpa

BIBLIOGRAFIA:


5 de septiembre de 1848: aprovechando la renuncia del general Rafael Carrera, los representantes de las municipalidades de Los Altos se reunen en Quetzaltenango y acuerdan crear un nuevo gobierno para el Estado de Los Altos

5septiembre1848
Valle de Totonicapán en 1887.  Así se encontraba en la época en que Los Altos intentaron separarse de Guatemala por segunda vez.  Imagen tomada de “Guatemala, Land of Quetzal

Tras la renuncia forzada del general Rafael Carrera a la presidencia de Guatemala el 16 de agosto de 1848 debido a la inestabilidad del país, el ahora expresidente salió al exilio a Chiapas y en Los Altos recuperaron la esperanza de formar su Estado independiente.  Los criollos liberales estaban en el poder en Guatemala y eso no podía significar un mejor ambiente para la formación del estado altense.

Ante esta situación, la Municipalidad de Totonicapán expresó:

Sesión extraordinaria del día lunes veinticinco de agosto de mil ochocientos cuarenta y ocho, a que concurrieron los individuos municipales que se expresan al margen, las municipalidades de los pueblos de San Cristóbal, San Francisco El Alto, Santa María Chiquimula, San Andrés Xecul y San Carlos Sija, y un numero concurso de las personas más notables de esta ciudad.  Reunidas estas corporaciones con el importante objeto de la libertad e independencia de Los Altos, a que ha sido invitada esta Municipalidad por la de Quetzaltenango, oídos los votos de los concurrentes y bien meditado y discutido el asunto, y en consideración a que si en el año 1838 por decreto del 5 de junio del mismo año se declaró erigidos en nuevo Estado los pueblos de Los Altos, atendiendo que reunen para serlo el número de habitantes y los demás elementos y suficiencia que previene el artículo 198 de la Ley Constitutiva de la República de Centro América; ahora que se han multiplicado estos elementos es más necesaria que nunca la libertad de Los Altos.  Considerando vigentes los efectos del citado decreto de 5 de junio de 1838; que si por un hecho de armas hostil y prevalido el general Carrera de su poder, abusó de él, invadiendo los pueblos de Los Altos, arrebatándole sus más sacrosantos derechos y anonadando su dignidad y soberanía: que ninguno de estos pueblos ha desistido ni renunciado del rango a que fue llamado; que antes bien, en distintas épocas han reclamado sus augustos derechos ahollados por la fuerza; que ninguna ley, ninguna autoridad competente ha declarado hasta ahora justa y lelgal la ocupación de Carrera ni el estado humillante a que redujo por la fuerza a estos pueblos aquel hombre; que al fin llegó el día feliz en que los Altos recobraran su liberad, soberanía y dignidad a merced de sus nobles esfuerzos, de la ausencia de su opresor, del restablecimiento del Gobierno libre de Guatemala, a la cooperación de las fuerzas de la montaña y poderoso valimento del señor general de Brigada don Vicente Cruz.  Tomado en consideración lo expuesto por la municipalidad de Quetzaltenango, el general entusiasmo y vehementes deseos de esta población y el de las demás municipalidades que componen esta Junta por la recuperación y la soberanía, se declara solemnemente:

  1. Que por parte del departamento de Totonicapán se secunda en todas las partes el glorioso pronunciamiento de la independencia de los pueblos de Los Altos al Gobierno de Guatemala, como lo verificó la Ciudad de Quetzaltenango;
  2. Protesta esta Junta que observará con las autoridades y los pueblos de Guatemala la más estrecha y fiel armonía;
  3. Que el ánimo de estos pueblos al pronunciarse por la reorganización del Sexto Estado, no es para excitar conmociones sino para estrechar más y más estos pueblos con los demás inmediatos y procurar su felicidad y bienestar.

Sáquense copias de esta acta para remitir una con el correspondiente oficio al Supremo Gobierno Provisorio de Los Altos y una a cada uno de los pueblos de este departamento; con lo que se conluyó el al acta que firman los señores Antonio López y Felipe Zavala.

Los otros poblados mandaron actas similares y José Dolores Nufio se manifestó a favor en Chiquimula, y había partidarios de la independencia de Los Altos en Oriente y en El Salvador.  Así pues, el 4 de septiembre se reunieron en Quetzaltenango los representantes de las municipalidades de Los Altos y el 5 de septiembre acordaron en primer lugar que los señores presbítero Fernando Antonio Dávila, Rafael dela Torre y el licenciado José Velazsco se hicieran cargo del gobierno, el cual fue aceptado pasivamente por el endeble gobierno liberal de Guatemala el 21 de septiembre de ese ano.

Este sería el inicio del segundo y último intento de Los Altos por conseguir su deseada independencia de Guatemala, ya que Carrera regresó al poder en 1849.


BIBLIOGRAFIA:


 

9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

9julio1884
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.

El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.

 

  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:


1 de julio de 1823: la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente da el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las que formaban el antiguo Reino de Guatemala

1julio1823
Mapa de la region ocupada por las Provincias Unidas del Centro de América.  En negro aparece el enclave británico de Belice.  Imagen tomada de Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation

Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo  Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo.  A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).

Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:

Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi
bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:

PRIMERO.

Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO

Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.

Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

  1. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
  2. Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
  3. Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta asamblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comuniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltranena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. 

BIBLIOGRAFIA:


2 de junio de 1897: las municipalidades responden al telegrama enviado por el general presidente José María Reina Barrios en el que comunica que ha asumido poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados

2junio1897
Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897.  Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico

La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas.  Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.

La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:

Telegrama del general presidente

A todas las autoridades departamentales y locales de la República

Guatemala, 1°. de junio de 1897

Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria. 

Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.

Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.

Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.

La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.

Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales.  No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.

Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.

[…]

Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.

José María Reina Barrios

Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismo, mientras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.

El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:

Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos  y sus naturales consecuencias.  Adrián F. Caballeros.

Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:

San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales

Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación.  José León Castillo. 


BIBLIOGRAFIA: