La Catedral de Cobán en Alta Verapaz. Nótese en la parte superior el escudo de la Orden de Predicadores, a la que perteneció Pedro de Angulo. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Fray Pedro de Angulo, O.D.P. fue uno de los primeros religiosos en llegar a Guatemala tras la conquista española. Nació en Burgos, y originalmente fue un aventurero más que vino a América a buscar fortuna en la década de 1520; pero tras la conquista de México tomó los hábitos en el convento de Santo Domingo que la Orden de Predicadores fundó en la ciudad, profesando el 29 de febrero de 1528.
Su primera misión fue junto con fray Bartolomé de Las Casas en Perú, para luego pasar a Nicaragua. En 1835, el obispo Francisco Marroquín los llamó a Guatemala para que lo ayudaran a pacificar la provincia de Tezulutlán, que se resistía a ser conquistada. Lo que había ocurrido es que entre 1530 y 1531 el capitán Alonso de Ávila accidentalmente en su ruta de Ciudad Real hacia Acalán descubrió la laguna y peñol de Lacam-Tún. Los habitantes de esta zona que comerciaban con los pueblos previamente conquistados por los españoles evitaron un enfrentamiento directo utilizando la selva y la protección de las montañas de los Cuchumatanes como refugio. Hubo varios intentos por conquistar a los lacandones, desde Nueva España, desde la Península de Yucatán, desde Guatemala y desde Chiapa, pero todos fracasaron aunque lograron reducir a algunos poblados. De esta forma los mopones, tzeltales y choles fueron reubicados paulatinamente en pueblos de paz donde fueron evangelizados.
Los lacandones, por su parte, originalmente habían evitado la confrontación abierta, pero cambiaron de actitud y comenzaron el asalto de las localidades cercanas a los Cuchumatanes. Por esta razón aquella región se conoció como “Tezulutlán” o “zona de guerra“.
Las Casas y Angulo negociaron con el oidor de la Segunda Real Audiencia de México, licenciado Alonso de Maldonado (quien se encontraba reemplazando al adelantado Pedro de Alvarado mientras éste estaba atendiendo asuntos fuera de Guatemala), para conquistar pacíficamente los territorios insumisos por medio de los métodos de reducción y evangelización, los cuales serían llevados a cabo por los misioneros de la Orden de Predicadores.
Por este acuerdo, firmado el 2 de mayo de 1537, la “Tierra de Guerra” solo podría ser sometida por medios pacíficos y sus habitantes tendrían que acceder voluntariamente para convertirse en vasallos de la corona española y los indígenas no serían entregados por ningún motivo al sistema de encomiendas. Durante los primeros cinco años, tampoco sería permitida la entrada a ningún español so-pena de grandes sanciones, a excepción del propio gobernador quien además sería acompañado por los frailes.
Tras el éxito de las capitulaciones los lacandones se refugiaron más al norte en la selva del actual Petén, dejando el sur de sus antiguos territorios a los dominicos. Los lacandones siguieron indómitos hasta 1697, mientras que la antigua región de Tezulutlán pasó ahora a llamarse “Vera-paz“, o “verdadera paz” por la tranquilidad que ahora reinaba.
Angulo fue instrumental en el éxito de aquella reducción pacífica y por ello fue nombrado Vicario General del convento de los dominicos en Guatemala en 1554, y luego fue nombrado el primer obispo de la Verapaz por recomendación de Fray Bartolomé de Las Casas en 1559. (Aquí es importante notar que Angulo fue nombrado obispo, es decir, jefe del clero secular, a pesar de ser un fraile regular; esto se debía a que prácticamente no había curas seculares en aquellos tiempos). De él dijo Las Casas: “nadie mejor que Angulo, que conoce toda la región por haberla recorrido descalzo, y conoce muy bien el carácter de los naturales“. Pero los religiosos de la provincia de Guatemala se opusieron rotundamente al nombramiento, y el Presidente de la Real Audiencia tuvo que mandar que Angulo se alojara en las Casas Reales de Cobán para que frente a notario y testigos aceptara el obispado el 24 de abril de 1560.
Pero esto no evitó que siguieran el rechazo hacia Angulo, que tuvo que irse a México para evitar conflictos. Hasta allá llegaron los despachos y las cédulas que le ordenaban que tomara las riendas de la diócesis en lo que llegaban las Bulas papales definitivas. Por esta razón regresó a Guatemala, y cuando estaba en Salamá (actualmente en Baja Verapaz), murió repentinamente el miércoles después de la Pascua de 1562, sin haber sido oficialmente consagrado como obispo.
BIBLIOGRAFIA:
García Icazbalceta, Joaquín (1998). Biografías (Francisco Marroquín). México: Porrúa. ISBN 970-07-1217-6.
Pons Sáez, Nuria (1997). La conquista del Lacandón. México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-36-6150-5.
Ximénez, Francisco (1999). Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la orden de predicadores. Vol. I, libro II, capítulo=XII. Tuxtla Gutiérrez: Gobierno del estado de Chiapas. ISBN 968-5025-10-X.
Yáñez, Agustín (1992). Doctrina. Fray Bartolomé de las Casas. México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-36-2016-7.
El antiguo Calvario, situado en el entonces extremo sur de la Ciudad de Guatemala; por esa área ingresaron tropas provenientes de Antigua Guatemala para reprimir la sublevación del Batallón “La Concordia”. En el recuadro: el jefe de estado, doctor Mariano Gálvez. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El gobierno del del Jefe del Estado de Guatemala, doctor Mariano Gálvez, colapsó gradualmente debido a sus fallidas políticas económicas y sociales. En primer lugar restituyó el impuesto individual a los indígenas, que había existido en la época colonial, y que los dejó práticamente en la miseria; luego, se asoció con los ingleses, a quienes los curas párrocos se encargaron de difamar diciéndole a los indígenas de sus parroquias que eran herejes y que el gobierno también. Y, por último, impuso leyes laices inspiradas en el código de Livingston, que se había establecido con éxito en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, pero que no se pudo aplicar en Guatemala, ya que los conceptos de juicios con jurados, matrimonio laico y divorcio eran ajenos a la idiosincracia nacional.
Acostumbrados s soportar vejámenes e injusticias desde la conquista, los pobladores indígenas no protestaron por todo esto, pero como no estaban para nada conformes, un grupo se alzó en armas en Mataquescuintla cuando el gobierno les prohibió acceder a sus fuentes de agua como medida de prevención sanitaria contra la epidemia de cólera morbus a mediados de mayo de 1837. Se regó el rumor de que era el mismo gobierno el que estaba envenando las fuentes de agua y el descontento estalló en una rebelión armada.
Inicialmente, las fuerzas gubernamentales prevalecieron en Mataquescuintla el 15 de junio de 1837, derrotando a los sublevados dirigidos por el entonces desconocido Rafael Carrera, pero se extralimitaron tras someter a los alzados, cometiendo contra ellos todo tipo de vejámenes, dando como resultado que ya no se pudiera resolver la situación por la vía pacífica.
A partir de ese momento, el gobierno del doctor Gálvez empezó a desmoronarse. El 16 de junio de ese año se reunió en una sesión extraordinaria la Asamblea Legislativa, y durante esa agitada jornada se formaron los partidos “Ministerial” y “Opositor” los cuales se enfrentaron violentamente en los siguientes meses. Como no podían ponerse de acuerdo, y la amenaza de la rebelión aumentaba entre los campesinos, Gálvez dió cabida en su gabinete a dos miembros del partido Opositor, Juan José de Aycinena y Marcial Zebadúa, para intentar calmar los ánimos, pero luego de solo un mes, tuvo que pedirles la renuncia y sustituirlos por un Ministro Imparcial el 13 de diciembre, debido a la gran cantidad de insultos que los mencionados ministros recibieron en la prensa local. Aquel ministerio también duró poco, y el gobierno quedó prácticamente desmantelado, con el partido Opositor y los campesinos alzados exigiendo la salida de Gálvez.
Y la situación empeoró aún más. El 13 de enero el gobierno tuvo que declarar a los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez en estado de rebelión lo que mantuvo a todos los poblados bajo el régimen militar y sin ninguna garantía constitucional; como respuesta, la ciudad de Antigua Guatemala desconoció al Jefe del Estado y nombró a un gobierno provisorio el 18 de ese mes, seguida de Chiquimula el 25 y de Salamá el 30. Esto, aunado a la rebelión campesina, dejó a todo el estado sumido en la anarquía.
El 26 de enero, el batallón “La Concordia” se alzó en armas contra las autoridades del estado exigiendo que se restituyera el Ministerio Imparcial y que se mantuviera al doctor Gálvez en la jefatura del Estado, contra los deseos de los Opositores. Aquel alzamiento no hizo más provocar el ataque a la ciudad de Guatemala por parte de las fuerzas de Antigua Guatemala, que la invadieron entrando por el Calvario en la noche del 29 al 30 de enero. Tras una batalla que se prolongó por cuatro días, los soldados de “La Concordia” se rindieron, y con ello terminó el gobierno de Gálvez quien renunció dejando el poder en manos del vice-jefe de Estado, Pedro Valenzuela, en una situación por demás precaria.
Las rutas que siguieron los españoles en sus intentos por conquistar a los aguerridos itzáes en el siglo XVII. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
En la segunda mitad de 1695, el presidente del Reino de Guatemala, Jacinto de Barrios Leal, comenzó a planear una nueva expedición contra los choles e itzáes desde Verapaz; estos grupos indígenas habían mantenido su independecia sin haber sido nunca derrotados por los españoles desde 1524. Pero la muerte sorprendió al capitán general Barrios Leal en noviembre de 1695 y el oidor José de Escals quedó en su lugar como presidente interino. Siguiendo con la política de su antecesor, de Escals nombró al oidor Bartolomé de Amézquita para capitanear la siguiente expedición contra los itzáes.
El 19 de enero de 1696, Amézquita anunció al real acuerdo su próximo para conquistar a los indígenas del Chol y luego marchó con sus hombres bajo una lluvia torrencial hasta llegar a Mopán el 25 de febrero de ese año. Aquella expedición sufrió la escasez de mano de obra nativa y de suministros, al punto que 25% de los 150 hombres estaban enfermos, y el avance de la expedición se estancó mientras sus miembros descansaban en Mopán.
El capitán Juan Díaz de Velasco, quién ya había intentando incursionar en la región en 1695, se ofreció a dirigir una partida de 25 hombres hacia el lago de Petén Itzá; así pues, partió junto a los frailes dominicos Cristóbal de Prada, O.D.P. y Jacinto de Vargas O.D.P., y AjK’ixaw, un noble itzá que había sido capturado durante la expedición anterior de Díaz de Velasco en 1695, quien se desempeñó como guía de confianza, explorador y traductor. Salieron de Mopán el 7 de marzo y al llegar al río Chakal, se encontraron con el grupo de avanzada de los constructores del camino y su escolta militar, formando una fuerza combinada de 49 soldados y 34 porteadores y arqueros de Verapaz. Cuando llegaron a IxB’ol, cerca de la orilla del lago Petén Itzá, enviaron a AjK’ixaw como emisario a Nojpetén.
Los itzáes del lugar les dijeron que unos frailes franciscanos se encontraban en Nojpetén y les dieron un rosario como muestra. Mirando hacia la isla, distinguieron hombres vestidos de frailes llamándoles para que cruzasen; en realidad, eran itzaes vestidos con los hábitos de los dos franciscanos que habían sido asesinados recientemente, pero Díaz y sus compañeros no se dieron cuenta del ardid y subieron a las canoas dejando en la orilla a 30 porteadores indígenas con sus mulas y suministros. Pero una vez en el lago, los itzáes volcaron algunas de las canoas y mataron a varios de los hombres de Díaz; remolcando a los heridos a tierra donde los remataron. Díaz intentó defenderse con su espada y logró matar a algunos itzaes, pero el combate duró poco; los otros soldados murieron en combate , mientras que los frailes fueron golpeados y atados a cruces tras lo cual se extrajeron sus corazones. Al otro lado del lago, los itzaes atacaron a los porteadores que guardaban las provisiones de la expedición y los mataron a todos.
Mientras tanto en Mopán, Amézquita había recibido suministros suplementarios y decidió alcanzar a la avanzadilla de Díaz de Velasco, sin saber que habían sido exterminados. Partió de Mopán el 10 de marzo de 1696 con Fray Agustín Cano y unos diez soldados. Llegó a Chakal donde estuvo hasta el 20 de marzo, y como no recibió noticias de Díaz ni de sus hombres, salió de Chakal con 36 hombres y provisiones para cuatro días para buscar al grupo de Díaz, hasta la orilla del lago Petén Itzá. Mientras exploraban la orilla sur, les siguieron unas 30 canoas itzaes, y otros itzaes se acercaron por tierra, pero se mantuvieron a una distancia prudente. Los españoles encontraron una abundancia de huellas que indicaban que el grupo de Díaz había pasado por allí, y Amézquita supuso que habían cruzado a Nojpetén. Escribió una carta a Díaz, que entregó a uno de los itzaes, quien se comprometió a entregarla. Varios itzaes se acercaron entonces a los españoles, incluyendo un noble que intercambió regalos con Amézquita. Los varios intentos de comunicación para descubrir el paradero de Díaz pusieron nerviosos a los itzaes, que respondieron airadamente, aunque nadie en el grupo español podía entender el idioma itzá.
Amézquita recelaba de las pequeñas canoas que se les ofrecían, a sabiendas de que los itzaes también tenían canoas con una capacidad para treinta hombres; también sabía que era una táctica favorita de los indígenas de las tierras bajas el persuadir a sus enemigos para que utilizasen canoas pequeñas para poder separarlos y luego matarlos más fácilmente. Sospechaba que AjK’ixaw los había traicionado y que esto era precisamente lo que había sucedido con Díaz y sus hombres. Como la noche se acercaba y se encontraba en un lugar vulnerable con pocos víveres y sin ninguna noticia de Díaz y sus hombres, Amézquita se retiró de la orilla del lago y sus hombres tomaron posiciones en una pequeña colina cercana. A primera hora de la mañana, ordenó la retirada y los españoles regresaron al río Chakal el 25 de marzo y desde allí se retiraron a San Pedro Mártir, a donde llegaron el 9 de abril, acosados por el empeoramiento de sus condición física, un huracán, diversas enfermedades y rumores sobre la presencia de enemigos en las cercanías.
Durante las siguientes semanas, Amézquita envió exploradores a buscar contacto con las comunidades locales de los mopanes y choles, incluyendo Chok Ajaw, AjMay, IxB’ol y Manche, pero no tuvieron éxito. Así que, enfrentado a condiciones pésimas en San Pedro Mártir, Amézquita abandonó la fortaleza que los españoles dejaron inacabada.
Aquella sería la última victoria de los itzaes frente a los intentos de colonización, ya que fueron finalmente derrotados y casi exterminados por los españoles en 1697.
Pardo, J. Joaquín [1944] (1984). Efemérides de Antigua Guatemala 1541-1779. Guatemala: Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala.
Sharer, Robert J.; Traxler, Loa P. (2006). The Ancient Maya (en inglés) (6.ª edición (completamente revisada)). Stanford, California, EE. UU.: Stanford University Press. ISBN 0-8047-4817-9. OCLC 57577446.
Aunque había nacido en Salamá, Baja Verapaz, Francisco Lainfiesta era diputado por Suchitepéquez en la Asamblea Constituyente de 1879, y uno de los firmantes del decreto que instauró la Constitución de Guatemala de ese año y que benefició considerablemente al general presidente J. Rufino Barrios.
Una vez instalado Barrios en el poder como presidente constitucional, Lainfiesta fue electo como diputado por Santa Cruz del Quiché en 1880, y a partir de 1881 fue presidente de la Asamblea Legislativa. Entre los decretos aprobados por aquel cuerpo legislativo se encuentran:
8 de abril de 1881: aprobar el Tratado de Amistad y Comercio entre Guatemala y Honduras, que fue suscrito por el pelnipotenciario Lorenzo Montúfar y el hondureño Enrique Soto.
25 de abril: posponer la Exposición Nacional que iba a realizarse el 1882 por carecer de suficiente tiempo para organizarla.
25 de abril: extinguir la Sociedad Económica, creada durante la colonia en 1795 y restituida en 1840, quedándose con sus bienes e ingresos, y trasladando la sede de la Asamblea al edificio de dicha sociedad, y la Biblioteca Nacional al antiguo edificio de la Asamblea. El Ministerio de Fomento había tomado las funciones de dicha Sociedad desde su creación.
26 de abril: regula la celebración de matrimonios religiosos, los cuales debían hacerse previa verificación de que ya se había realizado el matrimonio civil.
12 de marzo de 1883: aceptar la renuncia del diputado por Izabal, Antonio Batres Jáuregui, quien partió para los Estados Unidos como ministro plenipotenciario, y organizar la elección de su suplente.
De 1883 a 1885, Lainfiesta fungió como Secretario de Fomento, primero con el general J. Rufino Barrios y luego con el presidente interino Manuel Lisandro Barillas tras las muerte de Barrios en Chalchuapa. Ahora bien, desde su época como presidente de la Asamblea, se autorizó al Ministerio de Fomento a emitir las leyes que fueran convenientes durante los prolongados recesos de la Asamblea Legislativa, por lo que Lainfiesta fue partícipe de numerosos decretos, entre los que destacan:
1 de mayo de 1884: aprobación del contrato entre la Compañía del Ferrocarril del Norte y la Shea Cornick y Cía., para la construcción del primer tramo de 62 millas de dicho ferrocarril entre la costa del Atlántico y Los Amates, Izabal. El contrato se aprobó tras solo 24 horas de discusión.
27 de junio de 1884: decreto en el que se le concedía en propiedad un lote de once y cuarta hectáreas (un cuarto de caballería) de los terrenos expropiados a las comunidades indígenas en los departamentos de Petén, Izabal, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz, a aquellos trabajadores estadounidenses o europeos que la compañía que construía el Ferrocarril del Norte trajera a Guatemala y trabajara en la misma por más de un año.
7 de julio de 1884: contrato con Guillermo Nanne de la “Central American Pacific Railway & Transportation Co.” para construir un hotel a la orilla del Lago de Amatitlán y poner un buque a vapor para que funcionara en el mismo.
9 de agosto de 1884: contrato con Roderico Toledo para mejorar el sistema de agua potable de la Ciudad de Guatemala.
6 de octubre de 1884: adjudicación de un terreno de mil quinientas caballerías del “Central American Pacific Railway & Transportation Co.” siendo limitada al norte por el río Motagua, al sur por la frontera con Honduras, al oeste por el río Bobo y al este por las tierras de Chapulco. (De éstas, 300 pasaron a propiedad del general Barrios).
17 de octubre de 1884: girar las instrucciones al Comisionado de Guatemala en Nueva Orleans para la “Exposición Universal de Industrias y Centenaria-algodonera” de esa ciudad en la que se promocionaría el Ferrocarril del Norte y el puerto en la bahía de Santo Tomás.
15 de noviembre de 1884: aprobación del Reglamento de Ferrocarriles de Sangre (tirados por caballos) y de Vapor (tirado por locomotora de vapor).
La tripulación del submarino alemán “Emden” desfilando en la Ciudad de Guatemala en 1936, durante un viaje de buena voluntad para promocionar las Olimpiadas de Berlín. En el recuadro: el general Jorge Ubico, presidente de Guatemala entre 1931 y 1944. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto entre los imperios coloniales más grandes del mundo enfrentados por el control de los recursos naturales de las colonias que poseían. Por un lado, estaba la Francia colonial y el Imperio Británico (que por ese entonces era el más grande del mundo), mientras que por el otro estaba la Italia colonial de Benito Mussolini; la renacida Alemania, que se había reforzado y resurgido de las cenizas, tras perder su imperio colonial y verse obligada a pagar enormes indemnizaciones tras ser derrotada en la Primera Guerra Mundial; y el Japón Imperial.
El conflicto estalló el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia luego de que este país se negara a regresarle el territorio de Prusia a los alemanes, el cual había sido anexado a Polonia tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En ese momento, solamente los imperios francés e inglés declararon la guerra a la Alemania nazi, mientras que otras grandes potencias, como los Estados Unidos y el Imperio Japonés se mantuvieron neutrales. La Unión Soviética, por su parte, inicialmente firmó un pacto de no agresión con los alemanes, e incluso también invadió Polonia el 17 de septiembre; pero luego se aliaría con EEUU, Inglaterra y Francia cuando Alemania los invadió en 1941 y sería determinante en la derrota nazi en 1945.
En Guatemala, el presidente Jorge Ubico tenía fuertes lazos de amistad con la colonia alemana que se había establecido en la Verapaz gracias a las generosas concesiones que hizo el gobierno de J. Rufino Barrios a los extranjeros. (Ubico había sido Jefe Político de esa región en 1907, durante el gobierno de licenciado Manuel Estrada Cabrera). El presidente guatemalteco también simpatizaba con el estilo totalitario de los gobiernos de Benito Mussolini de Italia y de Adolfo Hitler en Alemania, al punto que el Duce Mussolini fue uno de los primeros en recibir la Orden del Quetzal, que es una condecoración guatemalteca que fue establecida por el gobierno de Ubico en 1936. Por cierto, que en enero de ese mismo año, el presidente guatemalteco recibió a la tripulación del submarino alemán “Emden”, el cual arribó al país en un viaje de buena voluntad promocionando los Juegos Olímpicos de Berlín de ese año, y desfiló por las principales calles de la Ciudad de Guatemala.
El 7 de diciembre de 1941 el Imperio Japonés, agobiado económicamente por el embargo financiero que los bancos estadounidenses habían establecido sobre los bienes japoneses, atacó la base militar de los EEUU de Pearl Harbor, en Oahu, Hawaii, tras lo cual el gobierno de Franklin D. Roosevelt declaró la guerra a Italia, Alemania y Japón. Al día siguiente, 8 de diciembre, el gobierno de Ubico rompió relaciones diplomáticas con los japoneses y el 11 de diciembre le declaró la guerra a las otras naciones del Eje Roma-Berlín-Tokio.
Ubico se vió obligado a tomar estas medidas anti-germánicas debido a que el principal apoyo de su gobierno provenía de la frutera estadounidense United Fruit Company (UFCO), la cual había controlado los destinos de Guatemala desde el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera. La UFCO había patrocinado el golpe de estado que derrocó al efímero gobierno unionista de Carlos Herrera en 1921 (en el que Ubico tuvo una importante parcipación), y luego movió sus piezas para que Ubico resultara electo presidente de Guatemala tras el derrame cerebral que dejó imposibilitado para el ejercicio del poder al general Lázaro Chacón el 12 de diciembre de 1930.
No contento con la declaratoria de guerra que hizo Guatemala, el gobierno de lo EEUU presionó para que Guatemala confiscara empresas y propiedades alemanas, ya que de acuerdo con el coronel Joseph Pate, agregado militar estadounidense en Guatemala, los alemanes que vivían en el país “podían forzar la caída del gobernante y la del resto de gobiernos de Centroamérica“. Además,exigieron que el gobierno guatemalteco pusiera todas sus instalaciones a disposición de Estados Unidos y enfocara sus exportaciones para el esfuerzo militar norteamericano especialmente con caucho y quinina.
El estado de guerra de Guatemala con las naciones del eje se mantuvo hasta el 16 de octubre de 1954 con Japón y el 22 de noviembre de 1956 con Alemania, mediante tratados que específicamente prohibían la reparación de toda índole a todos los afectados por la expropiación de bienes durante la Segunda Guerra Mundial en el país. Es importante destacar que ambos tratados fueron firmados por el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas, cuyo régimen llegó al poder con el patrocinio, una vez más, de la United Fruit Company.
BIBLIOGRAFIA:
Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
— (2003). «United Fruit Company in Latin America». Moberg, Mark; Striffler, Steve, eds. Banana Wars: Power, Production, and History in the Americas (en inglés). Durham: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-3196-4.
Chapman, Peter (2007). Bananas: How the United Fruit Company Shaped the World (en inglés). Canongate Books Ltd. ISBN 1-84195-881-6.
Chávez, Carlos (25 de enero de 2009). «La cara alemana de Guatemala». La Prensa Gráfica (San Salvador). Archivado desde el original el 30 de junio de 2015.
Colby, Jason (2011). The Business of Empire: United Fruit, Race, and US Expansion in Central America (en inglés). Cornell University Press.
Prensa Libre (7 de noviembre de 2007). «Fascismo en Guatemala». Prensa Libre (Guatemala). Archivado desde el original el 22 de enero de 2015.
Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944. En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.
No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).
Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.
El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.
El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:
Decreto Número 17
La Junta Revolucionaría de Gobierno,
CONSIDERANDO:
Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;
CONSIDERANDO:
Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;
CONSIDERANDO:
Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;
CONSIDERANDO:
Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;
CONSIDERANDO:
Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;
CONSIDERANDO:
Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;
CONSIDERANDO:
Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;
CONSIDERANDO:
Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;
CONSIDERANDO:
Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;
POR TANTO,
DECRETA:
ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:
I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado. II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente. III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece. V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros. VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial. VII.— Autonomía de la Universidad Nacional. VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular. IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla. X. — Efectiva probidad administrativa.
Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República. La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó. La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.
ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.
ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.
ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.
ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.
ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.
ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.
ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.
ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.
Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
La Catedral de la Ciudad de Guatemala, tal y como lucía en la época en que ocurrió el intento de asesinato contra Carrera. En el recuadro: el capitán general Rafael Carrera, y el poeta Juan Diéguez Olaverri, líder la conjura. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El día 26 de junio del año de 1846 se iban a celebrar las exequias fúnebres del arzobispo Ramón Casaus y Torres, quien había sido desterrado por Francisco Morazán en 1829, y cuyos restos habían sido traídos a Guatemala desde La Habana, en donde había vivido exiliado el clérigo. Era la voluntad del extinto arzobispo que fuera enterrado en el templo de Santa Teresa en la Ciudad de Guatemala, y el gobierno católico conservador no escatimó en gastos para cumplir con el deseo del finado.
La catedral estaba adornada con suntuosas colgaduras de luto y los restos del Arzobispo estaban colocados en un artístico y lujoso catafalco. Una numerosa concurrencia ocupaba el templo, entre ellos el “Protector de la Iglesia“, el general Rafael Carrera, quien en su uniforme de gala estaba bajo su dosel de Jefe de Estado, rodeado de autoridades civiles y militares y de los miembros de la familia Aycinena. El Dr. José María Castilla, ocupaba la cátedra sagrada, y hacía el elogio de las virtudes y de los méritos del arzobispo Casaus, muerto en el destierro.
De pronto, se situaron guardias en las puertas de la iglesia, y se formó en son de guerra una fuerza armada frente al templo, y se vio á un oficial ayudante entregarle al Jefe de Estado un par de pistolas, luego de cruzar unas breves palabras. Carrera, general guerrillero acostumbrado a los rigores de la batalla, guardó tranquilamente las armas y continuó presenciando las exequias, y tranquilamente marchó con la procesión que, a eso de las tres de la tarde, dejó los restos del Arzobispo en la iglesia de Santa Teresa.
La conspiración contra Carrera estaba descubierta, y los conjurados que habían planeado capturar á Carrera en el templo, y aún darle muerte en caso necesario, no tuvieron más que ocultarse o emprender la fuga. El Gobierno, como era de esperarse, capturó a los conjurados que no lograron huir, y persiguió a los que lo hicieron. Los hermanos Juan y Manuel Diéguez, líderes de la conjura, habían logrado huir y refugiase en la hacienda de Saltan, en Salamá, Baja Verapaz, propiedad del Presbítero J. Mariano Ocaña pero fueron descubiertos y capturados por un oficial de Carrera llamado Ruperto Montoya quien lo llevó a la cárcel del Castillo de San José, que era por aquel tiempo la prisión de Estado. Como muchos los conjurados eran estudiantes de la Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, el rector Juan José de Aycinena y Piñol, líder de la familia Aycinena, se apresuró a distanciarse cuanto pudo de la conjura por temor a serias represalias.
Tras el juicio que se les siguió, los hermanos Diéguez y algunos de sus cómplices, confesaron su culpabilidad. Dijeron que se habían propuesto “llevar á cabo un cambio político, establecer un gobierno sujeto al imperio de las instituciones, y para ello, en caso de resistencia o de necesidad, estaban dispuestos a quitar la vida al Jefe del Estado”. Pero en un extraño caso de magnanimidad, Carrera perdonó la vida a los conjurados condenados a muerte tras un penoso juicio, permitiéndoles salir al exilio tras tenerlos unos cuantos meses en prisión.
BIBLIOGRAFIA:
Brañas, César (1979). Tras las huellas de Juan Diéguez Olaverri. Guatemala: Unión TIpográfica.
Vela Salvatierra, David (1943). “Juan Diéguez Olaverri”, en Literatura guatemalteca. Guatemala: Unión Tipográfica. 2
Recolecció del café en 1875. Nótese como todas las trabajadoras son mujeres indígenas. Fotografía de Eadweard Muybridge.
El 13 de noviembre de 1896 se publicó el siguiente decreto, como era muy común durante los gobiernos liberales:
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 13 de noviembre de 1896.
Visto el expediente de enajenación de un lote de terreno baldío denominado Sarrasquiché y Saquec Chut, situado en jurisdicción de San Pedro Carchá, departamento de la Alta Verapaz, compuesto de veinticinco caballerías, cuatro manzanas y mil setecientas cincuentidós varas cuadradas; y
Apareciendo que verificada la venta en pública subasta, fincó el remate en don Julio Hartmann, a razón de treinta y seis pesos por caballería;
Por tanto,
el Presidente de la República,
Acuerda:
Que previo el pago del precio, la Escribanía del Gobierno extienda a favor del señor Hartmann el título de propiedad correspondiente.
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Manuel Estrada C.
Analizando el decreto se desprenden numerosos aspectos importantes:
El lote que se enajenó no era un terreno baldío como dice el decreto, sino que había sido expropiado mediante subterfugios legales a las comunidades indígenas de la región y por ello se encontraba en el abandono. Esta fue una política de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de J. Rufino Barrios (1873-1885).
Todos tenían derecho a participar en la subasta de terrenos baldíos, incluídos los indígenas que habían sido sus propietarios originalmente. Pero por una razón u otra, siempre resultaba favorecido un cafetalero o un extranjero, que compraban una considerable extensión de tierra sumamente productiva por precios irrisorios.
Los extranjeros de la Verapaz eran alemanes, quienes habían llegado al país aprovechando la por demás generosa ley de Inmigración que emitió el gobierno de J. Rufino Barrios el 27 de febrero de 1879. Gracias a estas ventajas, a la enajenación de terrenos, al Reglamento de Jornaleros y a la disciplina teutona, amasaron grandes fortunas derivadas del cultivo del café en la región.
He aquí algunos aspectos de la ley de Inmigración de 1879, los cuales se reproducen textualmente para que el lector aprecie las grandes ventajas que tuvieron los inmigrantes durante los gobiernos liberales:
Se considera inmigrante para los efectos de esta ley a todo extranjero que, siendo jornalero, artesano, industrial, agricultor, profesor o apto para el servicio domestico y menor de cincuenta años y acreditando su moralidad y aptitudes, venga a la República espontáneamente, ó por cuenta de la Sociedad de Inmigración ó de particulares.
Todo inmigrante que hubiese obtenido cédula de inmigración, disfrutará de las siguientes ventajas generales:
Ser embarcado en los buques fletados al efecto.
Desembarcar gratis en los puertos de la República.
Introducir libres de derechos las prendas de uso, muebles de servico doméstico que sean precisos, máquinas, instrumentos de agricultura, semillas, casas portátiles para su habitación, herramientas, animales, carros destinados á su servício y comestibles para seis meses y por una sola vez.
Para gozar de otras ventajas exclusivas a cada una de las clases de inmigrantes, que por ahora podrán esperarse lleguen a la República, se dividirán estas en tres:
Inmigrantes que vengan espontáneamente y por su cuenta propia
Inmigrantes pedidos por particulares, o por la Sociedad.
Inmigrantes contratados por la Sociedad con el objeto de que formen reducciones agrícolas o aldeas, en puntos determinados.
Los de la primera clases, tendrán derecho a la mediación de la Sociedad, para facilitarles la cómoda adquisición de tierras, en el mejor lugar posible, así como la de los materiales, semillas y animales que necesiten.
Los de la segunda clases, cuando fueren pedidos por medio de la Sociedad, tendrán derecho a la intervención y apoyo de la Sociedad, en el cumplimiento de las oferta hechas por los particulares que los hayan pedido. Tendrán asimismo derecho a que se les facilite su traslación al interior, a ser alojados por los agentes de la Sociedad,durante los primeros quince días.
Los de la tercera clase, tendrán derecho a exigir uno o más lotes en el terreno que la Sociedad haya destinado a este fin, gratuitamente, si fuere en terrenos baldís, o pagadero en los términos que en el contrato se fijen, si el terreno fuese de los que la Sociedad adquiere por cualquier otro título.
Finalmente, otras ventajas eran:
El Estado proteje el establecimiento de estas reducciones agrícolas ó nuevas poblaciones, a efecto de hacer cultivar los terrenos baldíos y los particulares ó de introducir mejores sistemas en los ya cultivados.
Las aldeas ó reducciones agrícolas podran establecerse en terrenos baldíos, concedidos gratuitamente y en terrenos de particulares, ó adquiridos por la Sociedad á título oneroso ó gratuito, mediante contratos especiales en cada caso.
El primer inmigrante alemán fue Rodolfo Dieseldoff, todavía durante el régimen conservador de Rafael Carrera en 1863, y fue quien se benefició de mayor manera con las ventajas otorgadas a los inmigrantes por los gobiernos liberales, que de esta manera realizaron la segunda colonización de Alta Verapaz.
Castillo de San Felipe de Lara. Ubicado en Bodegas, Izabal a las orillas de Río Dulce y el Lago de Izabal, el castillo fue destruido por los piratas en varias ocasiones. El Capitán General Barrios Leal ordenó que fuera reconstruido luego de que él mismo fuera asaltado por piratas a su llegada al Reino en 1687. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El Maestre de Campo y General de Artillería Jacinto de Barrios Leal arribó a Puerto Caballos en el Reino de Guatemala el 19 de noviembre de 1687, para tomar posesión como Capitán General del Reino. Barrios Leal había salido de Cádiz, el 3 de septiembre de ese mismo año con una comitiva muy numerosa que incluía a treinta frailes dominicos encabezados por Ambrosio de Ipenza, además de su esposa María Bernabela Morales y Galinas, su médico y varios colaboradores y criados.
Barrios Leal había nacido en Cádiz en 1656 y entre 1672 y 1677, durante la guerra en que España en unión de Holanda, enfrentó a Francia, Barrios Leal combatió primero en Flandes y después en Cataluña, donde fue herido y hecho prisionero en la Batalla de Espolla. El año siguiente, después de la firma de la paz, ingresó a la Carrera de Indias, como integrante del cuerpo militar que acompañaba a las flotas, y donde ascendió a los grados de Maestre de Campo y General de Artillería, no tanto por méritos sino por compra, algo usual durante el reinado de Carlos II.
A pesar que Barrios Leal había arribado el 19 de noviembre, fue hasta el 24 de ese mes que escribió al Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros para anunciar su arribo y solicitarle excusar todo gasto en su recibimiento. Permaneció en Puerto Caballos hasta el 28 de diciembre, esperando que se terminara la construcción de dos barcas luengas para trasladar a Bodegas del Golfo a la mayoría de viajeros, así como un buen número de frangotes o pacas con mercancías. El Gobernador de Puerto Caballos intentó que Barrios Leal no partiera y aguardara un par de días, para que tres navíos de guerra que saldrían hacia Santo Tomás de Castilla los acompañaran y los protegieran contra piratas. Sin embargo, Barrios Leal, fiado en su valor y vanagloriándose de haber combatido en Flandes, no quiso esperar, partiendo en las barcas luengas, artilladas con pedreros y con cincuenta y cinco hombres armados.
Después de surcar el Río Dulce y el Lago de Izabal, llegaron a Bodegas, en Izabal, y, dejando las barcas cargadas con todas las riquezas de los viajeros, celebraron una gran fiesta en tierra. Como no habían dejado ni un centinela, los piratas que estaban en el área se acercaron sigilosamente y les dispararon, sin acertarles. Como habían dejado todo en las embarcaciones, Barrios Leal y su comitiva salieron huyendo para ponerse a resguardo de los atancantes, pero perdieron un total de trescientos mil pesos. Entre las mercaderías, Barrios Leal traía consigo mil armas de fuego, con autorización real para venderlas entre los vecinos con un recargo del 50% del precio de costo, pero los piratas las descubrieron y sólo pudo salvar 65 escopetas y 15 arcabuces. Para evitar ser hechos prisioneros por los piratas, Barrios Leal y su comitiva se mantuvieron escondidos por la Montaña del Mico, en donde fueron restacatos por un bastimento que habían enviado las autoridades provinciales para recibir a los frailes dominicos.
Finalmente, el Presidente Enrique Enríquez de Guzmán hizo entrega del mando a Barrios Leal, el 26 de enero de 1688. Es importante destacar que aunque el cargo de Presidente de Audiencia no se encontraba entre los oficios vendibles y renunciables, el nombramiento de Jacinto de Barrios Leal aparece asociado con un préstamo de 80,000 pesos que su padre Diego de Barrios Soto hizo con urgencia a la Monarquía, con un gravamen del 6% anual, cuya entrega garantizaba apenas se realizara la venta de azogue que ya tenía almacenado en Veracruz.
Todavía presa del pánico provocado por el ataque pirata en Bodegas del Golfo, en Izabal, pocos días después de tomar posesión, el 30 de enero de 1688, hizo Junta deGuerra y Hacienda y consiguió reunir entre los vecinos de Santiago de los Caballeros de Guatemala mil pesos para la reedificación del Castillo de San Felipe que hacía cuatro años había sido destruido por un ataque pirata. La obra se realizó a toda prisa, entejando el techo que hasta entonces había sido de manaca o palma, y sacando la artillería que los piratas habían echado al agua. El 15 de mayo de 1688, el Castillo ya estaba listo, equipado con tres piezas de artillería, veinte milicianos armados, cuatro artilleros, ocho piezas de artillería de poco porte y con una asignación anual de 6,500 pesos, en la que se incluía el salario del Alcalde Mayor de Amatique, el cura y los vigías.
El 28 de mayo de 1688, el Juez Superintendente de la Real Aduana, el Oidor Pedro Enríquez de Selva, un individuo cruel que maltrataba hasta a su esposa, sufrió en la puerta de su casa un atentado criminal, cuando le dispararon un carabinazo porque intentaba exigir pago de los impuestos de la alcabala y almojarifazgo a todos los comerciantes que entraban y salían de Santiago de los Caballeros. Esto era el resultado de que Enríquez de Selva estaba intentanto hacer cumplir la ley de cobro de impuestos, a lo que se oponían los grandes comerciantes criollos. Los ánimos de la ciudad se exaltaron entre las autoridades peninsulares y los criollos, hasta que el 31 de agosto de 1689, el rey Carlos II tuvo que intervenir, admitiendo la renuncia de Enríquez de Selva (a quien ordenó expulsar de Guatemala) y desaprobando la innovación decretada en los aforos de las mercaderías, y la violación de la costumbre de permitir su salida sin pagar de contado los derechos.
Para colmo de males, a los problemas con los piratas y los enfrentamientos entre criollos comerciantes y el Superintendente Real de Aduana se sumaron los destrozos provocados por el terremoto del 12 de febrero de 1689, el cual destruyó el Real Palacio, las Casas Consistoriales y varios templos, en especial el del Convento de San Francisco, lo que incidió en un incremento de las construcciones y del trabajo artístico. Por esa misma época, en forma lícita e ilícita, Perú vendía varios productos al Reino de Guatemala por un valor de 200,000 pesos.
Toda esta situación con los piratas, los problemas de impuestos y el contrabando con Perú hizo que el Juez Pesquisidor Fernando López de Ursiño el 13 de marzo de 1690 fuera nombrado para que “secreta y extrajudicialmente” verificara si Barrios Leal estuvo incolucrado en el en contrabando entre Guatemala y el Perú tras el terremoto de 1689, además de la agresión sufrida por Enríquez de Selva en 1688 y el acoso al Oidor Francisco de Valenzuela. En su camino para Santiago de los Caballeros, López de Ursiño pasó por Chiapas y le pidió al fraile historiador Francisco de Ximénez que lo acompañara a la ciudad como su capellán. Los ánimos políticos de la ciudad estaban muy caldeados con fuertes bandos contra el presidente y las autoridades peninsulares. López de Ursiño tomó el poder y envió a Barrios Leal a reclusió primero a Patulul y luego a Santa Ana, y al cabo de un tiempo presentó serias acusasiones contra el Presidente, las cuales fueron refutadas por éste. En medio de ese problema legal, la corrupción en los asuntos de la Corona properó por el descuido del presidente y del pesquisidor, y por el poder que ya ostentaban los criollos locales que retaban a las autoridades peninsulares.
Finalmente, el asunto se resolvió con la restitución de Barrios Leal, en 1694, y desde ese momento se puso en marcha el plan para conquistar la región del Lacandón en Verapaz y Petén. Tras sus primeras victorias, dispuso continuar con el avance, pero lo sorprendió la muerte el 12 de noviembre de 1695.
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.
A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.
Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos. La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.
Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.
(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).
DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.
La asamblea constituyente de la república de Guatemala.
Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:
Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:
En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido. (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.
Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.
(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).
Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.
