El gobierno del general Miguel García-Granados y Zavala emite el decreto 83 eximiendo a los indígenas del servicio militar
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer “exclusivamente sobre la clase desvalida” y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas. Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que “en cambio, prestran otros de diferente naturaleza“;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2
El decreto 83 dice así:1
Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y
Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;
Decreto:
Art. 1°. Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.
Art. 2°. Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados. Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.
Art. 3°. Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.
Art. 4°. Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.
Art. 5°. Quedan exceptuados del servicio militar:
Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
Los ordenados in sacris.
Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.
Art. 6°. Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos. Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.
Art. 7°. También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar. Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.
Art. 8°. Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.
[…]
Art. 18. Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.
Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.
Miguel García-Granados
El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1
Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios. Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3
Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4
Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5
En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6
El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite el decreto 170, el cual autoriza la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, en todos los municipios de la República.
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2
Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas.
El decreto en mención dice así:1
DECRETO Número 170
J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;
Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;
Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;
Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;
Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,
Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;
Por tanto, decreta:
Art. 1°. Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.
Art. 2°. Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue: en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.
Art. 3°. Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.
Art. 4° Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios.
Art 5°. Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda. Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.
Art 6°. Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean. Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.
Art. 7°. Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a. instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.
Art. 8°. Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.
Art. 9. – Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.
Art. 10°. Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.
Art. 11°. Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.
Art. 12°. Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.
Art. 13°. En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.
Art. 14°. En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 15°. La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.
J. Rufino Barrios
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos1
Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte, los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, entonces ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron otorgadas de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquierieronn gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas “de crianza”, en donde en realidad cultivaban los protudos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo inaugura el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, basado en la Social Security Act de 1935 del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.
La sede actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la Ciudad de Guatemala. En el recuadro: el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmando el Acta de Seguridad Social en 1935, en la cual está basado el IGSS. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo es considerado el pionero en la implementación de medidas sociales que benefician a los trabajadores en Guatemala, y por ello, es visto por algunos grupos de la élite nacional como un régimen comunista. Sin embargo, las innovaciones introducidas por el gobierno arevalista no tenían su fundamento en las políticas marxistas-leninistas del Kremlin, sino en las políticas sociales del “New Deal” que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había implementado para contrarrestar los devastadores efectos económicos de la Gran Depresión que se inició en 1929 y que se extendió hasta principios de la década de 1940.1
La Seguridad Social fue parte de este “New Deal” de Roosevelt, y fue introducida en la Social Security Act firmada por el presidente estadounidense el 14 de agosto de 1935 ya que los Estados Unidos eran el único país industrializado de ese entonces que no contaba con ningún tipo de ayuda para los trabajadores. Durante los debates legislativos sobre la Seguridad Social, se incluyeron beneficios para los trabajadores, sus viudas y sus dependientes; incluyendo numerosos tipos de trabajo desde los burócratas hasta los maestros. El entonces nuevo programa fue financiado mediante un nuevo impuesto que fue llamado Impuesto de Contribución para Seguro Federal, el cual era recolectado por cada estado y para el que contribuían tanto el patrono como el trabajador a partes iguales. Ahora bien, la Seguridad Social estadounidense cubría mucho menos que su homóloga en los países europeos, pero fue la primera vez que el Gobierno Federal se hizo cargo de la seguridad económica de los ancianos, de los desempleados, de los dependientes y de los incapacitados.2,3
Los regímenes dictatoriales apoyados por la United Fruit Company en Guatemala y en El Salvador habían sido derrocados a mediados de 1944 por movimientos civiles similares en sus respectivos países debido a la debilidad que tenía la internacional frutera por los hundimientos de sus vapores durante la Segunda Guerra Mundial. Esto permitió que subieran al poder regímenes que implementaron las medidas del “New Deal” de Roosevelt, y de allí los cambios sociales que implementó el gobierno arevalista.4,5 De esta forma, el 2 de enero de 1948 el presidente Arévalo inauguró oficialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un acto en el que participaron el licenciado José Rolz Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el licenciado Oscar Barahona Streber, primer gerente del Instituto.6
A principios de la década de 1950, con la llegada al poder del presidente Dwight Eisenhower la política estadounidense empezó a perseguir la supuesta amenaza comunista tanto dentro de los Estados Unidos como en los países de América Latina. Y como en Guatemala el gobierno del Dr. Arévalo apoyó la formación de la Legión Caribe que perseguía derrocar a los gobiernos militares del área7 y luego el gobierno del coronel Jacobo Arbenz atacó frontalmene los intereses de la compañías estadounidenses en el país,8 el gobierno estadounidense favoreció el establecimiento de regímenes militares como el de Carlos Castillo Armas en Guatemala que apoyaron los intereses de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas.9
Ahora bien, es importante indicar que aunque los regímenes militares hicieron precisamente lo que les instruyó el gobierno estadounidense, y protegieron siempre los intereses patronales frente a los laborales, mantuvieron vigentes a la mayoría de los beneficios sociales introducidos durante el gobierno del Dr. Arévalo
BIBLIOGRAFIA:
Bierman, Harold (2004). “The 1929 Stock Market Crash“. (en inglés) EH.Net Encyclopedia, editado por Robert Whaples.
Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (2021) Inauguración del IGSS. Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Rabe, Stephen G. (s.f.). Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (en inglés). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana.
Durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo se emite el decreto 712, conocido como la “Ley de arrendamiento forzoso”
Vistas de las entonces nuevas plantaciones de café en Guatemala en 1875. Grabados realizados con base en fotografías tomadas por Eadweard Muybridge. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La cuestión de la tenencia de la tierra en Guatemala ha sido un tema complicado desde la época colonial. Durante la dominación española las grandes órdenes regulares de la Iglesia Católica eran propietarias de enormes haciendas, en donde utilizaban la mano de obra de los indígenas que vivían en las doctrinas a su cargo, y la de esclavos negros que habían hecho venir para el efecto. Por otra parte, los criollos hacendados habían heredado las encomiendas de los conquistadores, y los criollos aristócratas en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Nueva Guatemala de la Asunción se encargaban de comercializar los productos de los hacendados con la península española, obteniendo grandes ganancias e influencia política en el proceso. Los indígenas por su parte, si bien no poseían terrenos propios, sí tenían tierras ejidales comunitarias en todos los poblados en donde estaban las doctrinas y encomiendas.1
Luego de la Independencia, el sistema de tenencia de tierra no cambió, pero sí lo hizo el poder de los criollos hacendados, quienes hartos de la dominación de los aristócratas, se rebelaron en contra de ellos, utilizando como excusa el golpe de estado dado a Juan Barrundia en el Estado de Guatemala en septiembre de 1826. Allí se inició la Guerra Civil Centroamericana, en la que los criollos hacendados, aglutinados en el partido liberal, utilizaron la bandera de la Ilustración para atarcar a los religiosos y a los aristócratas, esto últimos agrupados en el partido conservador.2
Tras la victoria de los liberales en 1829, los aristócratas y los religiosos fueron expulsados de Centroamérica,3 y las grandes fincas de los frailes pasaron a manos de los hacendados liberales, quienes las vendieron o arrendaron a los ingleses que los habían apoyado durante la guerra civil.1 Esto, junto con el impuesto personal para los campesinos y las leyes anticlericales que se impusieron hiceron que estallara una revolución campesino-católica contra el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, quien fue derrocado en 1838 y sustituido por Mariano Rivera Paz, quien se alió con los conservadores que regresaron de su exilio.4
Los conservadores también hicieron negocios con los ingleses y dieron concesiones a los belgas en Izabal,5 pero la estructura de la tenencia de la tierra no se modificó significativamente.1 No fue sino hasta después del triunfo de la Revolución Liberal de 1871 que las leyes se reformaron drásticamente ya que se introdujo la producción del café a gran escala, lo cual requería de grandes extensiones de tierra y de una cantidad considerable de mano de obra barata. De esta forma, tras expulsar nuevamente a los frailes y confiscar sus bienes,6 también se subastaron las tierras ejidales y comunes de las poblaciones indígenas, resultando en la formación de grandes fincas cafetaleras, que pasaron a manos de los colaboradores del general presidente J. Rufino Barrios y a las del mismo gobernante.7
El sistema de tenencia de la tierra se mantuvo sin mayor alteración durante los gobiernos liberales que se sucedieorn hasta 1944, y fue hasta en el gobierno del Dr. Juan José Arévalo que se empezaron a hacer pequeños cambios en la estructura de la misma.8 La constitución de 1945 era muy diferente a la constitución de 1879,9 bajo la cual se formaron las fincas cafetaleras en el país, ya que en 1945 se declaró que era responsabilidad del Estado desarrollar actividades agrícolas, y que los beneficios de las mismas deberían ir a los productores. De hecho, el artículo 90 de esta Constitución indicaba que la propiedad privada debía ser reconocida y garantizada solamente si la misma llenaba su función social.8 Además, estipuló la expropiación cuando fuera de beneficio público, la abolición de los contratos de servidumbre en las fincas (establecidos por el Reglamento de Jornaleros de Barrios10 y las leyes de Vagancia y de Vialidad de Ubico11), y la autorización de la organización y sindicalización de los campesinos y jornaleros. Es decir, con un marco constitucional favorable a los campesinos, se pudieron promulgar leyes con la finalidad de aliviar la situación de la población campesina. De esta forma, en 1945 se puso en vigor la Ley de Titulación Supletoria, que establecía un mecanismo por medio del cual el título de propiedad de la tierra trabajada durante diez años por lo menos, podía ser concedido a aquellos que la habían trabajado12 y, por otra parte, en 1947 fue aprobado el Código de Trabajo, que prohibía la sindicalización en la fincas que tuvieran menos de treinta trabajadores, pero lo permitía en las grandes plantaciones.13
El 20 de diciembre de 1949, tras un temporal que daño la agricultura nacional, el gobierno aprobó el Decreto Legislativo No. 712, llamado “Ley de arrendamiento forzoso“, la cual obligaba a los propietarios que hubiesen dado parcelas en arrendamiento durante los últimos cuatro años a seguir arrendándolas por dos años más, así como exigía a los prpoiertarios a arrendar tierras ociosas y a no cobrar más del 5 por ciento del valor de la cosecha que se obtuviera.8 Aquel fue el primer intento de realizar una reforma agraria en el país, la cual fue impulsada a mayor escala poco tiempo después por el régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán y que eventualmente le costaría la presidencia en 1954, ya que aquella reforma agraria no solamente afectó a los terranientes locales sino que a la mayor propietaria de tierra en el país: la compañía transnacional estadounidense United Fruit Company.14
A continuación se reproduce la sección de los considerandos de aquella ley aprobada el 21 de diciembre de 1949, por su importancia histórica:15
Decreto Legislativo No. 712
El Congreso de la República de Guatemala,
Considerando: que es notoria la resistencia de algunos propietarios de fincas rústicas a seguir dando parcelas en arrendamiento a labriegos que han probado plenamente su capacidad para hacer producir la tierra y para responder a sus compromisos contractuales. Que esta negativa de parte de los propietarios, sólo obedece a un concepto excesivo del derecho de propiedad, tanto más dañino para los intereses colectivos cuanto que por costumbre han venido dando en arrendamiento sus tierras, las cuales sólo se han hecho productivas mediante el trabajo de los susodichos labriegos;
Considerando: que algunos propietarios de fincas rústicas, por razones y en circunstancias similares a las ya mencionadas, están expulsando a los labriegos de parcelas que arriendan desde hace varios años, ya por vías de hecho o por procedimientosjudiciales;
Considerando: que los menoscabos ocasionados a la República con motivo del recién pasado temporal hacen imperativa una política de fomento intensivo y extensivo de la producción agrícola, política que compete orientar al Estado de conformidad con el artículo 88 de la Constitución, en beneficio primordial de los que hacen producir la tierra y por ende, contribuyen más directamente al acrecentamiento de la riqueza nacional;
Considerando: que están plenamente establecidos la necesidad y utilidad públicas, y el interés nacional que median para limitar el derecho de propiedad privada de algunos propietarios de fincas rústicas que al pretender dejarlas improductivas en una época de emergencias serias como la actual, no hacen cumplir a esas fincas con su función social, según el espíritu del artículo 90 de la Constitución de la República.15
La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829). Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7) Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
En las elecciones presidenciales realizadas del 17 al 19 de diciembre resulta electo por aplastante mayoría el Dr. Juan José Arévalo Bermejo
Palacion Nacional de Guatemala, que fuera sede del Ejecutivo de 1943 a 1996. En el recuadro: el presidente Arévalo en el despacho presidencial. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La Junra Revolucionaria de Gobierno que se formó tras la caída del gobierno del general Federico Ponce Vaides, presidente interino desde la renuncia del general Jorge Ubico ocurrida el 1 de julio de 1944,8 convocó a elecciones a celebrarse del 17 al 19 de diciembre de ese mismo año. Es conveniente indicar que aquella revolución no fue similar a las que hubo en el siglo XIX, en que eran productos de los criollos conservadores o de los criollos liberales tratando de derrocar a sus acérrimos rivales del poder, sino que se trató de un movimiento urbano de clases medias altas que, aprovechando la debilidad de la United Fruit Company (UFCO) en la región por estar enfocada en la Segunda Guerra Mundial, lograron tomar el poder. Y es que la UFCO era una poderosa transnacional estadounidense que se había adueñado del sistema ferroviario de la región centroamericana por medio de la International Railways of Central America (IRCA) y de los puertos guatemaltecos por medio de la Great White Fleet, y de esta forma tenía el monopolio del transporte de bienes y pasajeros en Honduras, Guatemala y El Salvador, con la complicidad de los gobiernos a los que había ayudado a llegar al poder.9
En las elecciones de diciembre de 1944 se permitió por primera vez el voto femenino y el de los analfabetos, y los requisitos para ser candidato eran únicamente, ser guatemalteco natural, mayor de 35 años y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos; además no era necesario que los candidatos estuvieran forzosamente inscritos en alguna organización política para ser postulados, únicamente bastaba el registro electoral.10 Sin embargo, los partidos que se formaron tras la Revolución de Octubre buscaron al candidato ideal que no estuviera relacionado ni con los liberales ni con los conservadores y fue así como el partido de los estudiantes universitarios, llamado “Frente Popular Libertador“, se decidió por el Dr. Arévalo Bermejo, éste era un distinguido maestro egresado de la Escuela Normal para Varones a quien ya apoyaban un groupo de sus ex-compañeros de clases. Cuando se supo que lo estudiante apoyaban la candidatura de Arévalo, ésta fue acogida de tal manera que éste se convirtió en un personaje distinguido y aclamado en muchas ciudades de país. Por otra parte, habían surgido otros movimientos políticos, como el “Partido Social Democrático“, el cual estaba integrado por abogados en su mayoría conservadores y liderados por un militar distanciado del general Ubico, el coronel Guillermo Flores Avendaño. El otro grupo era la “Unión Cívica“, encabezada por Jorge Toriello Garrido, quien era uno de los triunviros que formaban al Junta Revolucionaria de Gobierno, junto con el mayor Francisco Javier Arana, quien también fue candidato presidencial, y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán.11
Sin embargo, la popularidad de la candidatura de Arévalo llegó a tal grado, que el grito “¡Viva, Arévalo!“, se escuchabra por todos lados, incluyendo los mítines de sus oponentes; por ejemplo, cuando el licenciado Adrián Recinos llevó a cabo la presentación de su plan de gobierno en el Teatro Lux en el Centro de la Ciudad de Guatemala, justo en el momento en que se abrió el telón se escuchó un débil grito de “¡Viva, Arévalo!“, lo que bastó para que el público que abarrotaba el teatro estallara en una ovación para el Dr. Arévalo, lo que finalmente provocó que el licenciado Recinos y sus colaboradores se retiraran sin poder exponer ninguno de sus puntos, y bajo una lluvia de improperios.12
Las elecciones se realizaron en total calma y al realizarse el escrutinio se comprobó el triunfo arrollador de Arévalo, un profesional que había obtenido un doctorado en pedagogía en la Universidad de Tucumán en Argentina, gracias a una beca otorgada por los gobiernos de los generales José María Orellana y Lázaro Chacón. Arévalo promovía el socialismo espiritual, como su principio de gobierno, con la intención de agregar a las clases más necesitadas a los programas de gobierno; años después,definió su política de gobierno de esta forma: “En materia de métodos de gobierno somos democráticos, es decir que vamos a la socialización respetando la persona individual. En otras palabras no somos totalitarios, respetamos la opinión de los adversarios y escuchamos a los que saben cualquiera que sea la procedencia política de esas opiniones.13
Los resultados de aquellas elecciones se presentan a continuación, mostrando la abrumadora mayoría con la que resultó electo el Dr. Arévalo:11
Candidato
Datos
Votos
%
Dr. Juan José Arévalo
255,660
86.3
Lic. Adrián Recinos
Funcionario de varios gobiernos liberales y experto en el estudio de escritos mayas
20,949
7.0
Ing. Manuel María Herrera Cordón
Nieto del licenciado del mismo nombre que fue Ministro del gobierno del general J. Rufino Barrios y sobrino del licenciado homónimo que representó a Guatemala en el nefasto tratado de límites con México en 1882.14
Líder del Frente Popular Libertador, el partido de los estudiantes universitarios. Fue uno de los firmantes de la carta de los 311.18
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Lic. Eugenio Silva Peña
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Aquel socialismo espiritual que era el fundamento del gobierno arevalista iba en contra de la forma de gobierno que las élites criollas guatemaltecas y la UFCO habían establecido en el país, por lo que su gobierno estuvo bajo ataque tanto por los contrarevolucionarios como por el gobierno de los EEUU,13 aunque también ayudó a formar la Legión del Caribe, para intentar patrocinar revoluciones en otros país de la región en los que la UFCO tenía el control de la situación.19
Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.
Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
Lainfiesta, Francisco (1885) Apuntamientos para la historia de Guatemala. Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 191-192.
Asturias Morales, M. (28 de julio de 1930) “Levantamiento de indígenas de Totonicapán“. Guatemala: Nuestro Diario.
El poblado de Tocoy Tzimán, entonces en Baja Verapaz, es renombrado “Morazán” por el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas en honor al general liberal Francisco Morazán.
Castillo de San Fernando de Omoa, en Honduras, principal puerto comercial del Reino de Guatemala durante la época colonial. Los artículos que salían de Santiago de los Caballeros pasaban por Tocoy Tzimá, en donde eran embarcados en piraguas por el río Motagua. En el recuadro: la ubicación del municipio de Morazán en del departamento de El Progreso en Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La rivalidad entre los criollos conservadores y liberales en Guatemala dio lugar a numerosas guerras, rebeliones e invasiones, que retrasaron el progreso del país por décadas. Cada vez que uno de los dos grupos llegaba al poder, el otro conspiraba en su contra para derrocarlo, en detrimento de las finanzas e infraestrucutra del Estado, que tenía que endeudarse para conseguir las armas necesarias para repeler las invasiones, muchas veces patrocinadas por los mismos financistas que le prestaban al gobierno.1
En medio de este juego patrocinado por financistas ingleses desde el enclave británico de Belice aprovechando las rivalidades de los criollos se produjeron las guerras entre el general liberal Francisco Morazán y las fuerzas guatemaltecas. Morazán invadió a Guatemala en 1829, saqueando la Ciudad de Guatemala2 y expulsando a los criollos conservadores y los frailes regulares de la Iglesia Católica de toda la región centroamericana.3 Después, ya convertido en presidente de la República Federal de Centro América favoreció el desarrollo de las provincias, exceptuando Guatemala, a la que miraba como el reflejo de la dominación española previa a la Independencia.4 Luego, cuando el gobierno liberal de Mariano Gálvez fue derrocado por la revolución católico-campesina liderada por el general mestizo Rafael Carrera,5 Morazán ingresó con su ejérecito a Guatemala y destituyó al jefe de Estado Mariano Rivera Paz, colocando al salvadoreño Carlos Salazar en su lugar, con la esperanza de que éste derrotara definitivamente a Carrera y consiguiera que se formara el Estado de Los Altos con todos los departamentos del Occidente de Guatemala, el cual estaría controlado por los criollos liberales de la región.
Cuando Carrera dió un golpe de estado en abril de 18392 para colocar a Rivera Paz nuevamente en el poder, y luego retomó el Estado de Los Altos a sangre y fuego a petición de los indígenas de la región en 1840,1 Morazán invadió a Guatemala para retomar el control de la situación, pues ya la República Federal se había desmoronado debido a sus errores administrativos como presidente, y solamente quedaban El Salvador, Guatemala y Los Altos; de hecho, para entonces Morazán era el Jefe de Estado de El Salvador y ya no presidente federal. Pero en la Ciudad de Guatemala, la cual había tomado gracias a una treta del ejército liderado por Carrera, Morazán se apropió de los fondos de la municipalidad para pagar los gastos de la invasión y cuando estaba disfrutando de su supuesta victoria, fue atacado por las fuerzas de Carrera y tuvo que huir de la ciudad gritando “¡Que viva Carrera!” junto con unos cuantos de su allegados, dejando abandonados a los miembros de ejército, que fueron pasados por las armas por los guatemaltecos hasta que Carrera tuvo que intervenir para que no continuaran masacrándolos.6
Tras la muerte de Carrera, los criollos liberales aprovecharon para reforzarse y finalmente retomaron el poder el 30 de junio de 1871,11 y desde entonces rescribieron la historia, mostrando al gobierno de Carrera, que era aliado de los indígenas, de los conservadores y de los eclesiásticos, como una época retrógrada y a él mismo como un individuo sin educación que era títere de los criollos conservadores, que no sabía leer ni escribir y que firmaba como “Raca Carraca“.12 Al mismo tiempo, elevaron a Morazán a la categoría de héroe centroamericano y culparon a Carrera, y no a los desaciertos de Morazán, de la destrucción de la República Federal de Centro América, a pesar de que Guatemala fue el último estado que se separó de la federación cuando Carrera fundó la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847.13
Siguiendo esta línea de los criollos liberales, que dejaron por un lado todos los logros del gobierno conservador para la región guatemalteca, y lo sustituyeron por un supuesto héroe centroamericano que solamente trajo desolación y ruina al país, el general presidente Manuel Lisandro Barillas nombró al poblado de Tocoy Tzimá, en el departamento de Verapaz y paso estratégico de comercio hacia el Atlánico, como “Morazán” el 15 de diciembre de 1887, por medio del siguiente decreto:14
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, diciembre 15 de 1887.
Con esta fecha acordó el Gobierno cambiar el nombre del pueblo de Tocoy, en el de “MORAZÁN.”
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, diciembre 15 de 188714
Tras la finalización del Ferrocarril del Norte por el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, el municipio de Morazán pasó a formar parte del nuevo departamento de “El Progreso” el 13 de abril de 1908.
Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.
Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. p. 90.
Coronado Aguilar, Apuntamientos para la Historia de Guatemala, p. 266.
Sierra González, Aída Lucila (2001). «La batalla de la Arada». Guatemala: Servicio de Historia Militar, Sección de Investigaciones Históricas, Museo Militar. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2014.
El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite la ley orgánica y reglamentaria de Instrucción Pública
Estudiantes de la Escuela Facultativa de Medicina en una clase de Anatomía en 1896. En el recuadro, estudiantes del Instituto Nacional Central para Varones y del Instituto Nacional Normal para Señoritas (Belén) con sus respectivos uniformes. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Artículo 1.- Se garantiza la libertad de enseñanza en la República.
Artículo 2.- La enseñanza que se dé a expensas del Estado es pública, laica, dirigida e inspeccionada por el Gobierno, y estará sujeta a las prescripciones de la presente ley.
Artículo 3.- La enseñanza privada es fomentada por el Gobierno, no ejerciendo sobre ella más que que la vigilancia que demandan la conservación del orden, la moral y las leyes. (Nota de HoyHistoriaGT: esto permitió que el Colegio de Infantes se mantuviera abierto al público).
Artículo 4.- La Instrucción Pública se divide en primaria, secundaria, normal y profesional.1 (Nota de HoyHistoriaGT: Normal corresponde a los estudios de magisterio. Por su parte, la educación profesional es la universitaria y en ese tiempo dependía del Ministerio de Instrucción Pública).
Artículo 5.- La Instrucción primaria costeada por el Estado es gratuita y se divive en primaria propiamente dicha o elemental, y complementaria.
Artículo 6.- La Instrucción primaria elemental es obligatoria para los individuos de ambos sexos, desde la edad de seis hasta la de catorce años.
Artículo 7.- La Instrucción primaria complementaria no es obligatoria; pero las autoridades influirán en lo posible, por los medios persuasivos que estuvieren a su alcance, para que los habitantes de la República no carezcan de ella. (Nota de HoyHistoria GT: a pesar de las buenas intenciones de este artículo, en la práctica solamente grupos de menos de diez estudiantes llegaban a los institutos de educación secundaria cada año).
Artículo 10.- El objeto de las escuelas es formar hombres con la suficiente instrucción y moralidad para ser digos de una sociedad republicana y libre.
Artículo 11.- Para conseguir este objeto, cuidarán los maestros de inculcar en sus alumnos ideas de libertad, igualdad, fraternidad, orden, progreso unión Centroamericana, amor a la patria, amor al trabajo y, en general, todas aquellas ideas que elevan el sentimiento moral y son la base de una sociedad bien organizada.2 (Nota de HoyHistoriaGT: en otras palabras, inculcar en los alumnos las ideas liberales).
Artículo 13.- En las escuelas elementales se enseñarán los ramos siguientes:
Lectura
Nociones prácticas de la lengua patria
Aritmética
Lecciones sobre objetos
Escritura y dibujo lineal
Geografía e Historia (Nota de HoyHistoriaGT: a este respecto se utilizaron textos en los que el gobierno conservador de los 30 años era presentando como una época oscura en la historia guatemalteca, y a la revolución liberal como una gesta libertadora)
Moral y Urbanidad
Ejercicios calisténicos3
Artículo 17.- La enseñanza de la Lectura se extenderá cuanto sea necesario para que los alumnos puedan leer correctamente prosa y overso, en impresos y manuscritos. En esta asignatura, queda comprendida la enseñanza y nociones prácticas sobre la lengua patria, la que se dará, corrigiendo escrupulosamente las faltas de lenguaje en que los niños incurran cuando hablen o escriban. Se ampliará la enseñanza de la Lectura con ejercicios de composición y recitación, y con explicaciones de la materia que se lea. (Nota de HoyHistoriaGT: este artículo muy bien intencionado se ha cumplido muy poco en la práctica. Aún hoy, de las personas que saben leer, un alto porcentaje no comprende lo que lee).
Artículo 18.- La enseñanza de la Aritmética comprenderá la expresión y cálculo de los números, es decir: numeración, operaciones de enteros, quebrados comunes y decimales, denominados y sistema decimal de pesos y medidas; debiando alternarse ejercicios mentales con los escritos.
Artículo 20.- La Escritura y el Dibujo lineal se enseñarán simultáneamente en una sola asignatura, hasta que los niños adquieran buena forma de letra y puedan dibujar las máquinas e instrumentos más sencillos y otros objetos naturales o de uso frecuente. Los maestros procurarán que los niños manejen con igual destreza ambas manos.4
Artículo 25.- En las escuelas complementarias se ampliará el estudio de los ramos que corresponden a las elementales, y además enseñará:
Escritura y Dibujo
Gramática castellana
Aritmética completa
Teneduría de libros
Nociones de Historia Natural
Constitución de la República
(Nota de HoyHistoriaGT: A este nivel ya llegaban muy pocos estudiantes, lo que permitía que recibieran una educación esmerada.
Artículo 29.- La enseñanza de la Lectura se ampliará con ejercicios escogidos de composición y recitación y se completará con lecturas explicadas sobre Fisiología, Higiene, Mecánica, Física, Química y otros ramos de Ciencias Naturales.
Artículo 32.- En Aritmética se ensancharán los conocimientos adquiridos en las escuelas elementales y se completará la enseíanza de la materia con el estudio sobre potencias, raíces, y análisis de los números, es decir: razones y proporciones.
Artículo 33.- La Teneduría de libros, por su especial importancia práctica, se enseñará con toda la extensión posible.
Artículo 36.- Se enseñará y explicará la Constitució de la República para que los niños comiencen a adquirir ideas claras acerca de la organización del poder público y de los derechos y deberes que les corresponden como ciudadanos guatemaltecos.5 (Nota de HoyHistoriaGT: por la muy escasa cantidad de alumnos que llegaban a la escuela complementaria, se hace evidente que eran muy pocos los ciudadanos que comprendían lo que estaba escrito en la Constitución de la República y todos aquellos decretos que emanaban del Ejecutivo y Legislativo.)
Artículo 44.- El jefe de cada escuela es un director o maestro, de nombramiento del Gobierno, a propuesta de la Dirección general de estudios.5 (Nota de HoyHistoriaGT: esto estaba en línea con la Constitución recién decretada, la cual le daba poder prácticamente absoluto al jefe del ejecutivo).
Artículo 52.- No habrá otros días festivos durante al año, que los domingos y los de fiestas cívicas. (Nota de HoyHistoriaGT: a diferencia de la educación católica que se impartía antes de 1871, cuando se guardaban muchas de las fiestas religiosas).
Artículo 55.- Los únicos castigos que se permiten en las escuelas son: amonestación privada o en presencia de los alumnos, privación de recreo, prolongación de horas de trabajo, notas de mala conducta, aislamiento y otros que, como los anteriores, no sean infamantes ni puedan alterar la salud o el desarrollo de los niños. En caso de que un niño sea incorregible será expulsado de la escuela por la Junta local, previo informe del director. La misma Junta dictará las providencias convenientes para que el alumno expulsado adquiera la instrucción necesaria donde sea posible.
Artículo 57.- Quedan severamente prohibidas en las escuelas las distinciones entre los alumnos, por razón de calse, nacionalidad, capital, color, posici social, etc. Al aplicarse las penas los maestros procederán con absoluta imparcialidad y justicia.6
Artículo 63.- El primer período escolar comenzará el 1 de enero de cada año, día en que tendrá lugar la apertura de las escuelas, y concluirá el viente de mayo. En los diez días siguientes al veinte, se verificarán exámenes privados sobre las materias enseñadas, para que los alumnos sean aprobados puedan pasar al grado inmediatamente superior. Los que no lo sean repetirán el curso.
Artículo 64.- El segundo período comenzará el 1.° de junio y concluirá el veinte de octubre. En los diez días siguientes al veinte se verificarán exámenes públicos y las distribuciones de premios.7
Artículo 70.- No habrá otras calificaciones que las de aprobado y suspenso. Estas calificaciones serán secretas, y los examinadores las darán, depositando en una oruna una bola blanca o una negrada, según que el alumno sea o no aprobado. Si algun alumno demostrare en el examen un aprovechamiento muy notable, se consignará esta circunstancia en el acta que se levante.
Artículo 74.- Los meses de noviembre y diciembre serán de vacaciones para alumnos y maestros.8
Artículo 83.- Se establecerán también escuelas dominicales, escuelas mixtas o de niños de ambos sexos y escuelas de párvulos, segun el sistema de salas de asilo o kindergarten. La Dirección general de Instrucción pública dictará las providencias necesarias a fin de organizar estos establecimientos de la manera más conveniente.
Artículo 97.- En las escuelas de niñas se enseñarán los mismo ramos que en las escuelas de niños, agregando las labores de mano, economía doméstica y jardinería.
Artículo 98.- Las escuelas de niñas se regirán por esta ley, con las variaciones que la Dirección general de Instrucción pública crea conveniente introducir en los programas de enseñanza, atendiendo a las consideraciones especiales que exige la esmerada educación de la mujer.9
Artículo 105.- La instrucción secundaria tiene por objeto hacer que los jóvenes perfecciones y aumenten los conocimientos adquiridos en las escuelas primarias, preparándolos para seguir una carrera profesionales. (Nota de HoyHistoriaGT: en esa época, los estudiantes que llegaban a los Institutos de Secundaria eran menos de diez por año y eran solamente de las clases más pudientes de la sociedad guatemalteca).
Artículo 106.- La enseñanza secundaria se dará en los Institutos Nacionales, y comprende los ramos siguientes:
Gramática castellana
Francés e inglés
Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría rectilínea
Teneduría de libros
Filosofía elemental
Geografía e Historia
Retórica
Mecánica
Física y Química
Nociones de Historia Nacional, Fisiología e Higiene11
Artículo 120.- Además de las materias comprendidas en los artículos precedentes de este capítulo, se enseñarán en los Institutos los idiomas Alemán, Italiano y Latino, Caligrafía, Taquigrafía, Dibujo y Pintura, Música Instrumental, Canto, ejercicios calistécnicos y militares, y si fuese posible los de natación y equitación; pero no será obligatorios los exámenes sobre tales enseñanzas por no exigierse éstas para obtener el título de graduado en Ciencias y Letras. La enseñanza del Dibujo es obligatoria para todos los alumnos.11 (Nota de HoyHistoriaGT: el reducido número de estudiantes permitía que se enseñaran todas estas materias con gran calidad. En el siglo XXI, ni en los colegios privados de más trayectoria se enseñan tantas materias opcionales dada la gran cantidad de estudiantes que hay.)
Artículo 131.- Habrá en los Institutos alumnos internos, externos y medio internos. Los primeros serán los que se eduquen por cuenta de la Nación, y todos los que quieran vivir en el establecimiento con el objeto de instruirse, pagando una pensión. Los medios internos recibirán la enseñanza y alimentación; pero no dormirán en el establecimiento y pagarán también una pensión. Los externos pobres recibirán la enseñanza gratuitamente.12
Artículo 133.- Son condiciones necesarias para ingresar a un Instituto:
Tener buena conducta y moralidad.
Presentar un certificado médico en que conste que el solicitante no padece ninguna enfermedad crónica ni está predispuesto a padecerla
Presentar el certificado de aptitud en las materias que señala la enseñanza complementaria; y ser aprobado en una examen sobre las mismas materias, que deberá practicarse en el Instituto por un tribunal que nombrará el Director.
Artículo 159.- Las materias de enseñanza en los colegios para niñas serán las mismas que previene el artículo 14, menos la Trigonometría, Mecánica, Taquigrafía y ejercicios militares; pero se sustituirán estos ramos con el estudio de la economía doméstica, trabajos y labores propios del sexo.
Artículo 180.- La enseñanza profesional se da en las correspondientes Facultades.
Artículo 181.- Las Facultades son los cuerpos encargados de promover el adelanto de las ciencia y de las letras en el país.
Artículo 182.- Se establecen por ahora las Facultades siguientes:
De Derecho y Notariado
De Medicina y Farmacia
De Ingeniería
De Filosofía y Literatura
Artículo 183.- Cada Facultad se compondrá de los individuos respectivo que hayan obtenido o en lo sucesivo obtuvieren título legal para ejercer su profesión en la República, y de los incorporados con arreglo a la ley.13
Esta ley, con algunas modificaciones, estuvo vigente hasta la caída del gobierno del general Federico Ponce Vaides, y durante todos ese tiempo, fueron los Institutos Nacionales y Normales los que graduaron a los mejores profesionales de nivel medio en el país. Asimismo, fueron las Escuelas Facultativas las que se encargaron de la educación superior en el país, y no fue sino hasta en 1945 en que fueron reunidas nuevamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En Madrid, España, el gobierno de Alvaro Arzú y los comandantes guerrilleros firman un acuerdo que permite la incorporación de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN) a la legalidad
Palacio Nacional de la Cultura en la Ciudad de Guatemala en 2016. En 1996 todavía era l sede del gobierno. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
En octubre de 1996 las conversaciones de paz entre el Estado de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) estaban bastante avanzados y se pensaba llegar pronto a un Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Sin embargo, el 19 de octubre las fuerzas de seguridad del Estado capturaron al comandante Isaías, de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), porque éste estaba involucrado en el secuestro de la empresaria Olga Alvarado de Novella, miembro de una de las familias más poderosas en el país, y a quien las autoridades canjearon por el detenido, bajo la premisa de que existía riesgo para la vida de su vida en una acción “humanitaria”. Por esta razón, el 28 de octubre el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, informó que se suspendía el encuentro que debía realizarse en la ciudad de México entre la Comisión de Paz (COPAZ) y la Comandancia General de la URNG.
El Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dirigido por el ex-presidente general Efraín Ríos Mont (y entonces el principal partido de oposición tras perder por escaso margen las elecciones presidenciales de 1996), se apresuró a desprestigiar el proceso de paz y acusaron al presidente y a los ministros de Defensa y Gobernación de violación del mandato constitucional por el canje de la empresaria y el guerrillero. Sectores del Ejército pidieron la suspensión de la desmovilización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que se estaban dando como parte de los acuerdos que ya se habían logrado, y también solicitaron que se movilizaran efectivos militares.1
Las organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles, sindicales, campesinas, la Alianza Contra la Impunidad y la Oficina de Información del Arzobispado exigieron explicaciones a la URNG, quien reconoció el 30 de octubre que “asumía la responsabilidad política a razón de que quienes habían realizado el secuestro pertenecían a una de sus organizaciones. Pero no puede en rigor asumir la responsabilidad de algo que estuvo totalmente fuera de su control”. Además, para salvar su imagen, la URGN y la ORPA expulsaron al comandante Isaías de sus filas, y pidieron disculpas a la sociedad guatemalteca reconociendo que habían puesto en peligro el proceso de paz. También pidieron al Ejecutivo abordar de inmediato el tema del Cese al Fuego Definitivo, el cual es firmado el 4 de diciembre de 1996, en Oslo.1
La URNG siguió dando muestras de buena voluntad ya que tres días después, el comandante Gaspar Ilom, (cuyo verdadero nombre era Rodrigo Asturias, hijo del fallecido escritor Miguel Angel Asturias) máximo responsable de ORPA, se retiró voluntariamente de la mesa de negociaciones para “contribuir a allanar dificultades y garantizar condiciones ecuánimes y favorables en la culminación del proceso” y fue sustituido por Jorge Edilberto Rosal Meléndez.1
De esta forma, el 12 de diciembre, en Madrid, los representantes del gobierno guatemalteco y de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de URNG a la Legalidad. A partir de ese momento, la Comandancia General, antes compuesta por un miembro de cada una de las cuatro organizaciones integrantes, ahora añadió a cinco del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), a tres de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), a dos de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y a uno del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), en proporción al número de militantes que poseían cada una en el momento de la fusión.1
Con la actitud del Gobierno y del Ejército a dar la oportunidad a la URNG de rectificar ante el secuestro de la empresaria finalmente hubo buena voluntad de ambas partes de llegar por a una paz definitiva. El Partido de Avanzada Nacional, del presidente Alvaro Arzú adoptó una posición conciliadora con la guerrilla y con los grupos extremistas del Ejército aunque siempre adoptando una política económica y social extremadamente neoliberal que se decanta totalmente a favor de las élites sociales.2
Por su parte, a partir de este momento, el gobierno de los Estados Unidos inicialmente adoptó una posición en que la no apoyaría ningún golpe de Estado militares e incluso lo haría fracasar, pero conforme las potencias emergentes de China y Rusia empezaron a mostrar un mayor interés en la región centroamericana, el gobierno estadounidense empezó a implementar políticas para realizar golpes de estado blandos, creando la Comisión Internacional internacionales contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), la cual, aprovechando las eternas diferencias entre los grupos élites guatemaltecos y haciéndole creer a la población que sus débiles manifestaciones en una plaza frente a un Palacio vacío convertido en Museo han obligado a los gobiernos de turno a cambiar de rumbo o a renunciar. De esta forma, el gobierno estadounidense mantiene un rígido control sobre los gobiernos locales y evita el ingreso de otras potencias en el país.3
Las partes principales de aquel Acuerdo se reproducen a continuación:4
Considerando que el origen del enfrentamiento armado interno que durante más de tres décadas ha vivido Guatemala estuvo determinado por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática, y la adopción de medidas de represión política en contra de personas y organizaciones que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado en 1954;
Considerando que frente a una situación de injusticia social y económica, incluyendo prácticas discriminatorias en contra de los pueblos indígenas, y la negación sistemática de los derechos y garantías individuales y sociales, asiste a los pueblos el derecho a buscar las transformaciones democráticas necesarias;
[…] Considerando que el proceso de negociación para la búsqueda de la solución política al enfrentamiento armado interno lleva implícito para su culminación el establecimiento de una serie de medidas para la incorporación de la URNG a la legalidad;
Reconociendo la determinación de la URNG de convertir sus fuerzas político militares en un partido político debidamente acreditado y cuya acción se enmarque dentro del ordenamiento jurídico nacional;
[…]Llamando al Estado en su conjunto, a todos los sectores de la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional a que acompañen y contribuyan a la realización del proceso de incorporación de la URNG;
El Gobierno de Guatemala y la URNG (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente:
I. Definiciones
1. Se entiende por incorporación de la URNG a la legalidad, el proceso mediante el cual sus miembros se integrarán a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.
2. El proceso de incorporación de los miembros de la URNG se iniciará con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y deberá desembocar en su incorporación sostenible a la vida ciudadana del país. […]
3. La fase de incorporación inicial comprende dos regímenes en función de la situación de los miembros de la URNG:
(a) El régimen aplicable a los integrantes de los distintos frentes guerrilleros y a otros combatientes […]
(b) El régimen aplicable a los demás miembros de la URNG, integrantes de la estructura política interna y guatemaltecos integrantes de la estructura internacional de apoyo que no sean sujetos al proceso de desmovilización.
4. El Gobierno de Guatemala y la URNG se comprometen a hacer lo necesario para el cumplimiento de la etapa de incorporación inicial y solicitan para ello el apoyo de la cooperación internacional. Para llevar a cabo el programa […] se establecerá una Comisión Especial de Incorporación con la participación del Gobierno de Guatemala, de la URNG así como de los donantes y cooperantes, estos últimos con carácter consultivo. […]
5. Después de un año […] los beneficiarios de ambos regímenes podrán acceder a servicios de más largo plazo que ofrezca el Gobierno […] destinados a asegurar una incorporación sostenible a la vida económica, social y cultural del país, en igualdad de condiciones que el resto de la población guatemalteca. […]
6. Se entiende por programa de incorporación de la URNG el conjunto de medidas y disposiciones legales, políticas, económicas y de seguridad, así como subprogramas y proyectos que deben asegurar el éxito del proceso de incorporación. […]
II. Objetivos y principios
7. El programa de incorporación buscará establecer las mejores condiciones para la incorporación de los miembros de la URNG a la vida […] del país en un marco de seguridad y dignidad.
8. La fase de incorporación inicial buscará dotar a los miembros de la URNG […] de los medios necesarios para iniciar su incorporación sostenible […]
10. El Gobierno de Guatemala se compromete a garantizar las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad, y promover las condiciones sociales y económicas necesarias para hacer posible la realización del programa de incorporación.
III. Componentes del programa de incorporación
A. Area Jurídica
17. El Gobierno de la República promoverá ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional cuyo objetivo será […] promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, al mismo tiempo que preserve los derechos fundamentales de las víctimas, como condiciones indispensables para una paz firme y duradera.
18. Se reconoce el derecho inalienable de toda sociedad a conocer la verdad, por lo que la Ley de Reconciliación Nacional encargará a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca […]
19. Con base en el principio de que toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener reparación e impone al Estado el deber de reparar, la Ley dispondrá que una entidad estatal tenga a su cargo una política pública de resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La entidad encargada tomará en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
20. Con miras a favorecer la reconciliación nacional, sin desatender la necesidad de combatir la impunidad, la Ley de Reconciliación Nacional incluirá una figura legal que permita la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad.
21. En relación con la figura legal indicada en el párrafo anterior, la Ley de Reconciliación Nacional declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos […] y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, y contra la administración pública.
Delitos comunes conexos
22. […]la Ley de Reconciliación Nacional declarará igualmente la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos […], entendiéndose por tales aquéllos que directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de los cuales no se demuestre que tuvieron como móvil un fin personal.
23. Para quienes por mandato institucional estuvieron involucrados en el enfrentamiento armado interno, la Ley de Reconciliación Nacional contendrá disposiciones específicas […] en el sentido de que declararán la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes perpetrados con la finalidad de impedir, frustrar, reprimir o sancionar la comisión de delitos políticos y comunes conexos […] siempre que no fuere probado que no existe relación entre el hecho delictivo y la finalidad preceptuada.
24. Las disposiciones contenidas en la referida Ley de Reconciliación Nacional, que declaren la extinción de la responsabilidad penal, en ningún caso incluirán aquellos delitos que son imprescriptibles o que no admiten la extinción de la responsabilidad penal […]
28. Para el cumplimiento del proceso de desmovilización de los miembros de la URNG, pactado en el Acuerdo sobre definitivo cese al fuego, la Ley de Reconciliación Nacional establecerá la extinción total de la responsabilidad penal de los autores, cómplices y encubridores de los delitos […] que cometieren dichos miembros hasta el día en que concluyan su desmovilización, conforme a los términos, condiciones y plazos convenidos en el referido Acuerdo. […]
29. Como consecuencia de las condiciones en que se ha desenvuelto el enfrentamiento armado interno, una gran parte de miembros de la URNG carecen de documentación personal. […] Para facilitar una inmediata solución a este problema, el Gobierno de la República se compromete a promover ante el Congreso de la República las reformas que correspondan […]
31. Se agilizarán los trámites para la nacionalización de los hijos de guatemaltecos miembros de la URNG nacidos en el extranjero.
B. Area política
34. Con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, los miembros de la URNG, al igual que todo ciudadano, gozarán del pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales […], comprometiéndose ellos al cumplimiento de todos sus deberes y obligaciones.
35. El Gobierno de la República considera que la transformación de la URNG en un partido político debidamente acreditado ante los organismos respectivos constituye un aporte al fortalecimiento del Estado de derecho y al afianzamiento de una democracia pluralista.
C. Area de Seguridad
36. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas y a garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos ciudadanos de los miembros de la URNG, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física.
37. El Gobierno prestará particular atención a toda denuncia acerca de hechos atentatorios contra la seguridad de los miembros de la URNG
D. Area socieconómica
40. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas necesarias para el reconocimiento, homologación, validación y legalización de los estudios […] realizados por los miembros de la URNG, mediante mecanismos adecuados de evaluación y nivelación.
42. Como parte de los subprogramas de incorporación, los miembros de la URNG podrán ser acreedores de becas, bolsas de estudio o cualquier otro mecanismo de apoyo para la continuidad de sus estudios, con la cooperación del Gobierno […]
F. Subprogramas especiales
50. Como consecuencia del enfrentamiento armado interno, existe un sector de la población discapacitado, considerado entre los más vulnerables y afectados por el conflicto, el cual requiere de una atención específica y prioritaria dentro del programa previsto en el presente Acuerdo.
53. Las Partes convienen en adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible la reunificación de los miembros de la URNG con sus familias. El Gobierno de la República se compromete a brindar todas las facilidades para el efecto.
54. El Gobierno de la República se compromete a colaborar con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en lo relativo al tema de los detenidos y desaparecidos de la URNG y a aportar todos los elementos, medidas pertinentes e información que conduzcan a la recuperación de los restos de miembros de la URNG, incluyendo sus combatientes caídos en combate.
IV. Arreglos institucionales
55. Esta fase será financiada con recursos del Gobierno de la República y contribuciones de la comunidad internacional.
56. Las Partes convienen en la creación de la Comisión Especial de Incorporación, que estará integrada por un número igual de representantes del Gobierno de la República y de la URNG, y representantes de los donantes, cooperantes y agencias de cooperación internacional, estos últimos con carácter consultivo […]
V. Disposiciones finales.
Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último […]
Madrid, 12 de diciembre de 1996.
Por el Gobierno de Guatemala:
Gustavo Porras Castejón
General de Brigada, Otto Pérez Molina
Richard Aitkenhead Castillo
Raquel Zelaya Rosales
Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca:
Durante una gira departamental, el general presidente José María Reina Barrios resuelve varios asuntos administrativos en Baja Verapaz.
Vista de Salamá, cabecera departamental de Baja Verapaz en 1897, tomada del libro “Auf alten wegen in Mexiko und Guatemala” (“Por los viejos caminos de Mexico y Guatemala“). En el recuadro: el general presidente, José María Reina Barrios.
El general presidente José María Reina Barrios era dado a hacer giras por el país para mejorar la administración de las dependencias a su cargo ya que en esa época la constitución vigente (establecida en 1879 para el estilo de gobierno del general J. Rufino Barrios) otorgaba al jefe del Ejecutivo el poder de decisión en todos los aspectos del gobierno.1 De esta forma, el 10 de diciembre de 1892, el general Reina Barrios y su ministro de Gobernación y Justicia, licenciado Manuel Estrada Cabrera, estuvieron en Salamá, Baja Verapaz, en donde resolvieron los asuntos administrativos que en el siglo XXI serían resueltos por una autoridad departamental o municipal.
He aquí algunos ejemplos de los resuelto aquel 10 de diciembre para la cabecera municipal de Salamá:
Decreto que acuerda que de la respectiva partida de gastos extraordinarios, se erogue la suma de doscientos pesos, para mueblaje y demás enseres del Juzgado de 1a. Instancia de este Departamentol en la inteligencia de que el Juez, oportunamente, rendiría cuenta detallada del gasto.2
Decreto que eroga la suma de trescientos treinta y seis pesos, que se tomarían de la partida de gastos extraordinarios del ramo.2
Decreto que otorga una subvención de $50 pesos mensuales para sostenimiento del alumbrado público y la de $40 pesos mensuales para la alimentación de presos de Salamá, tomándose de la partida de gastos extraordinarios de los respectivos ramos, debido a que los fondos propios de la cabecera de Baja Verapaz no eran suficientes para atender debidamente algunos de los ramos de su administración local.2
Decreto para la erogación de $2000 pesos de la partida de gastos de Beneficencia del Tesoro Público, siempre que lo aprobara la Asamblea Legislativa, para la construcción del edificio del hospital de Baja Verapaz.3
Decreto para auxiliar a la corporación municipal de Salamá con $1000 pesos de la partida de gastos extraordinaria para conclusión de las cárceles de esa cabecera, debido a lo urgente de ello y a lo exhausto de los fondos municipales de la misma.3
Y he aquí los decretos firmados por Reina Barrios y Estrada Cabrera para el resto del departamento aquel mismo día:
Decreto para crear la plaza de Comisionado Político, que a la vez iba a ser el Comandante Local del poblado de Saltán, Baja Verapaz, con un sueldo de $25 pesos mensuales tomados de la partida de gastos extraordinarios de Guerra.4
Decreto aprobando el gasto que fuera necesario para que un Ingeniero Topógrafo dividiera lo más pronto posible diez caballerías de terreno concedidas al pueblo de Saltán, para que así la Jefatura Política hiciera un sorteo para adjudicar los terrenos entre los vecinos del poblado, extendiendo a favor de cada concesionario el atestado respectivo, que le iba a servir de título de propiedad al inscribirlo.4
Decreto erogando $1,138.75 pesos para la reforma y amplicación del edificio municipal de Cubulco, Baja Verapaz, debido al estado de exhaustez en que estaban sus fondos.4
Decreto para la compra de una casa destinada a ser la escuela de ambos sexos en la población de El Chol, Baja Verapaz, por un monto de $400 pesos provenientes de de la partida de gastos extraordinarios de Gobernación y Justicia y que fueron pagados ese mismo día por la Administración de Rentas Departamental.4
Decreto erogando $600 pesos a favor de la municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz, para la construcción de edificios de escuelas primarias de ambos sexos, tomando los fondos de la partida de gastos extraordinarios de Instrucción Pública.5
Decreto otorgando $300 pesos a la municipalidad de San Gabriel, Baja Verapaz, para la construcción del edificio para la escuela de varones de dicha población, tomando los fondos de la partida de gastos extraordinarios de Instrucción Pública.5
Decreto otorgando $300 pesos a la Escuela de Música de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, a partir de la partida respectiva de gastos extraordinarios del Erario Público.
La gira departamental de Reina Barrios y Estrada Cabrera se extendió desde el 21 de noviembre de 1892 hasta el 18 de diciembre, y pasó por las cabeceras departamentales de Santa Rosa, Jutiapa Jalapa, Chiquimula, Zacapa, Baja Verapaz y Alta Verapaz.
El antiguo Reino de Guatemala se anexa al Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide
Las tropas mexicanas proclaman al Presidente de la Regencia, Agustín de Iturbide, como emperador de México. En el recuadro: el emperador Agustín I. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras una misiva del 19 de octubre de 1821 en la que el futuro emperador de México Agustín de Iturbide le invitaba a anexarse, el jefe político de la Junta Provisional Consultiva, Gabino Gaínza, le contestó el 3 de diciembre indicándole que era necesario consultar a diversos cabildos centroamericanos para dar una respuesta sobre la cuestión. Gaínza finalizó su carta diciendo: “Espero que Vuestra Excelencia dejará en suspenso sus decisiones, y detendrá la marcha de su división armada, hasta la llegada de mi respuesta que le enviaré por correo el 3 de enero de 1822“, en alusión a la división del ejército que Iturbide había mandado a la frontera entre ambos países.1
El 3 de enero de 1822, Gaínza envió a Iturbide su conteo aún incompleto: 32 ayuntamientos aceptaban la anexión si lo hacía la Junta Provisional; 104 aceptaron llanamente la anexión; dos se oponían de plano, mientras que otros veintinún ayuntamientos opinaban que esta cuestión sólo podía ser debatida por el congreso que debía reunirse en marzo, según lo indicaba el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821.2 Si bien algunos pueblos se oponían a la Anexión, hubo muchos pueblos que se unieron por iniciativa propia al Imperio, aun saltando por encima del conducto oficial de Gaínza. Y a los dos días, la Junta Provisional Consultiva declaró la unión del Reino de Guatemala al Imperio de México en un acta firmada en la Ciudad de Guatemala, la cual dice así:2
Palacio Nacional de Guatemala, enero 5 de 1822.
Habiendo traído a la vista las contestaciones de los ayuntamientos de las provincias, dadas a virtud del oficio circular de 30 de noviembre último, en que se les previno que en consejo abierto explorasen la voluntad de los pueblos sobre la unión al imperio mexicano, que el serenísimo señor don Agustín de Iturbide, presidente de la Regencia, proponía en su oficio de diez y nueve de octubre, que se acompañó impreso; y trayéndose igualmente las contestaciones que sobre el mismo punto han dado los tribunales y comunidades eclesiásticas y seculares, jefes políticos, militares y de hacienda, y personas particulares, a quienes se tuvo por conveniente consultar, se procedió a examinar y regular la voluntad general en la manera siguiente:
Los ayuntamientos que han convenido llanamente en la unión, según se contiene en el oficio del gobierno de México, son ciento cuatro.
Los que han convenido en ella con algunas condiciones que les ha parecido poner, son once.
Los que han comprometido su voluntad en lo que parezca a la Junta Provisional, atendido el conjunto de circunstancias en que se hallan las provincias, son treinta y dos.
Los que se remiten a lo que diga el congreso que estaba convocado desde quince de septiembre, y debía reunirse el primero de febrero próximo son veintiuno.
Los que manifestaron no conformarse con la unión, son dos.
Los restantes no han dado contestación, ó si la han dado, no se ha recibido.
Traido a la vista el estado impreso de la población del reino, hecho por un cálculo aproximado, sobre los censos existentes, para la elección de diputados, que se circuló en noviembre próximo anterior, se halló: que a voluntad manifestada llanamente por la unión excedía de la mayoría absoluta de la población reunida á este gobierno. Y, computándose la de la intendencia de Nicaragua que, desde su declaratoria de independencia del gobierno español, se unió al de México, separándose absoluta- mente de este; la de la de Comayagua que se halla en el mismo caso; la de la de Ciudad Real de Chiapas, que se unió al imperio, aun antes de que se declarase la independencia en esta ciudad; la de Quezaltenango, Solóla y algunos otros pueblos que en estos últimos días se han adherido por sí mismos ala unión; se encontró que la voluntad general subía a una suma casi total y teniendo presente la junta que su deber, en este caso, no es otro que trasladar al gobierno de México lo que los pueblos quieren, acordó verífícarlo así, como ya se le indicó en oficio de tres del corriente.
Entre las varias consideraciones que ha hecho la junta en esta importante y grave materia, en que los pueblos se hallan amenazados en su reposo, y especialmente en la unión con sus hermanos de las otras provincias con quienes han vivido siempre ligados por la vecindad, el comercio y otros vínculos estrechos, fué una de las primeras, que por medio de la unión a México querían salvar la integridad de lo que antes se ha llamado Reino de Guatemala y restablecer entre sí la unión que ha reinado por lo pasado; no apareciendo otro, para remediar la división que se experimenta.
Como algunos pueblos han fiado al juicio de la junta lo que más le convenga resolver en la presente materia y circuntancias, por no tenerlas todas a la vista; la junta juzga que manifestada, como está de un modo tan claro la voluntad de la universalidad, es necesario que los dichos pueblos, se adhieran a ella para salvar su integridad y reposo.
Como las contestaciones dadas por lo ayuntamientos, lo son con vista del oficio del serenísimo señor Iturbide que se les circuló, y en el se propone como base la observancia del plan de Iguala y de Córdova, con otras condiciones benéficas al bien y prosperidad de estas provincias, las cuales si llegasen a término de poder por sí constituirse en estado independiente, podrán libremente constituirlo; se ha de entender que la adhesión al imperio de México es bajo estas condiciones y bases.
Las puestas por algunos ayuntamientos, respecto a que parte están virtualmente contenidas en las generales y parte difieren entre sí, para que puedan sujetarse a una expresión positiva; se comunicarán al gobierno de México para el efecto que convenga; y los ayuntamientos mismos en su caso podrán darlas como instrucción a sus diputados respectivos, sacándose testimonio por la secretaría.
Respecto de aquellos ayuntamientos que han contestado remitiéndose al congreso que debía formarse, y no es posible ya verificarlo, porque la mayoría ha expresado su voluntad, en sentido contrario, se les comunicará el resultado de esta, con copia de esta acta.
Para conocimiento y noticia de todas las provincias, pueblos y ciudadanos, se formará un estado general de las contestaciones que se han recibido, distribuyéndolas por clases conforme se hizo al tiempo de reconocerse en esta junta, el cual se publicará posteriormente.
Se dará parte a la soberana junta legislativa provisional, a la regencia del imperio y al serenísimo señor Iturbide con esta acta, que se imprimirá y ciruclará a todos los ayuntamientos, autoridades, tribunales, corporaciones y jefes para su inteligencia y gobierno.
Lejos de conseguir el bienestar de la región, aquella anexión fue el inicio de todos los problemas que han aquejado a Centroamérica desde su independencia, ya que se formaron dos grupos: el de los criollos aristócratas que favorecían un sistema monárquico y católico similar al que tenía España, y el de los criollos liberales, que se inclinaban hacia un sistema republicano, con influencia protestante.1
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