Categoría: Verapaz

8 de diciembre de 1941: tras el ataque a Pearl Harbor, el gobierno de Guatemala rompe relaciones diplomáticas con el Imperio Japonés.

8diciembre1941
La tripulación del submarino alemán “Emden” desfilando en la Ciudad de Guatemala en 1936, durante un viaje de buena voluntad para promocionar las Olimpiadas de Berlín. En el recuadro: el general Jorge Ubico, presidente de Guatemala entre 1931 y 1944.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto entre los imperios coloniales más grandes del mundo enfrentados por el control de los recursos naturales de las colonias que poseían. Por un lado, estaba la Francia colonial y el Imperio Británico (que por ese entonces era el más grande del mundo), mientras que por el otro estaba la Italia colonial de Benito Mussolini; la renacida Alemania, que se había reforzado y resurgido de las cenizas, tras perder su imperio colonial y verse obligada a pagar enormes indemnizaciones tras ser derrotada en la Primera Guerra Mundial; y el Japón Imperial.

El conflicto estalló el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia luego de que este país se negara a regresarle el territorio de Prusia a los alemanes, el cual había sido anexado a Polonia tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En ese momento, solamente los imperios francés e inglés declararon la guerra a la Alemania nazi, mientras que otras grandes potencias, como los Estados Unidos y el Imperio Japonés se mantuvieron neutrales. La Unión Soviética, por su parte, inicialmente firmó un pacto de no agresión con los alemanes, e incluso también invadió Polonia el 17 de septiembre;  pero luego se aliaría con EEUU, Inglaterra y Francia cuando Alemania los invadió en 1941 y sería determinante en la derrota nazi en 1945.

En Guatemala, el presidente Jorge Ubico tenía fuertes lazos de amistad con la colonia alemana que se había establecido en la Verapaz gracias a las generosas concesiones que hizo el gobierno de J. Rufino Barrios a los extranjeros. (Ubico había sido Jefe Político de esa región en 1907, durante el gobierno de licenciado Manuel Estrada Cabrera). El presidente guatemalteco también simpatizaba con el estilo totalitario de los gobiernos de Benito Mussolini de Italia y de Adolfo Hitler en Alemania, al punto que el Duce Mussolini fue uno de los primeros en recibir la Orden del Quetzal, que es una condecoración guatemalteca que fue establecida por el gobierno de Ubico en 1936. Por cierto, que en enero de ese mismo año, el presidente guatemalteco recibió a la tripulación del submarino alemán “Emden”, el cual arribó al país en un viaje de buena voluntad promocionando los Juegos Olímpicos de Berlín de ese año, y desfiló por las principales calles de la Ciudad de Guatemala.

El 7 de diciembre de 1941 el Imperio Japonés, agobiado económicamente por el embargo financiero que los bancos estadounidenses habían establecido sobre los bienes japoneses, atacó la base militar de los EEUU de Pearl Harbor, en Oahu, Hawaii, tras lo cual el gobierno de Franklin D. Roosevelt declaró la guerra a Italia, Alemania y Japón. Al día siguiente, 8 de diciembre, el gobierno de Ubico rompió relaciones diplomáticas con los japoneses y el 11 de diciembre le declaró la guerra a las otras naciones del Eje Roma-Berlín-Tokio.

Ubico se vió obligado a tomar estas medidas anti-germánicas debido a que el principal apoyo de su gobierno provenía de la frutera estadounidense United Fruit Company (UFCO), la cual había controlado los destinos de Guatemala desde el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera. La UFCO había patrocinado el golpe de estado que derrocó al efímero gobierno unionista de Carlos Herrera en 1921 (en el que Ubico tuvo una importante parcipación), y luego movió sus piezas para que Ubico resultara electo presidente de Guatemala tras el derrame cerebral que dejó imposibilitado para el ejercicio del poder al general Lázaro Chacón el 12 de diciembre de 1930.

No contento con la declaratoria de guerra que hizo Guatemala, el gobierno de lo EEUU presionó para que Guatemala confiscara empresas y propiedades alemanas, ya que de acuerdo con el coronel Joseph Pate, agregado militar estadounidense en Guatemala, los alemanes que vivían en el país “podían forzar la caída del gobernante y la del resto de gobiernos de Centroamérica“. Además,exigieron que el gobierno guatemalteco pusiera todas sus instalaciones a disposición de Estados Unidos y enfocara sus exportaciones para el esfuerzo militar norteamericano especialmente con caucho y quinina.

El estado de guerra de Guatemala con las naciones del eje se mantuvo hasta el 16 de octubre de 1954 con Japón y el 22 de noviembre de 1956 con Alemania, mediante tratados que específicamente prohibían la reparación de toda índole a todos los afectados por la expropiación de bienes durante la Segunda Guerra Mundial en el país. Es importante destacar que ambos tratados fueron firmados por el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas, cuyo régimen llegó al poder con el patrocinio, una vez más, de la United Fruit Company.

BIBLIOGRAFIA:

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  • — (2006). «The United Fruit Company in Latin America: Business Strategies in a Changing Environment». Jones, Geoffrey; Wadhwani, R. Daniel, eds. Entrepreneurship and Global Capitalism (en inglés) 2. Cheltenham (UK): Edward Elgar. pp. 342-383. Archivado desde el original el 13 de octubre de 2007. 
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  • Chapman, Peter (2007). Bananas: How the United Fruit Company Shaped the World (en inglés). Canongate Books Ltd. ISBN 1-84195-881-6.
  • Chávez, Carlos (25 de enero de 2009). «La cara alemana de Guatemala». La Prensa Gráfica (San Salvador). Archivado desde el original el 30 de junio de 2015. 
  • Colby, Jason (2011). The Business of Empire: United Fruit, Race, and US Expansion in Central America (en inglés). Cornell University Press.
  • Embajada del Japón en Guatemala (2019) Relaciones Bilaterales. Guatemala.
  • Gaitán, Héctor (1982). La calle donde tú vives I (rústica edición). Guatemala: Artemis y Edinter. ISBN 9788489452114.
  • Hemeroteca PL (12 de noviembre de 2017) 1956: Guatemala termina la guerra con Alemania.  Prensa Libre. Guatemala.
  • Nuestro Diario (1931). «General Ubico es electo presidente de la República». Nuestro Diario (Guatemala).
  • Palma, Claudia (15 de junio de 2015). «Jorge Ubico, el excéntrico “señor 25″». Prensa Libre. Archivado desde el original el 9 de junio de 2015.
  • Prensa Libre (7 de noviembre de 2007). «Fascismo en Guatemala». Prensa Libre (Guatemala). Archivado desde el original el 22 de enero de 2015.
  • Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.

28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

26 de junio de 1846: fracasa atentado contra la vida de Rafael Carrera durante las exequias fúnebres del arzobispo Ramón Casaus y Torres

26junio1846
La Catedral de la Ciudad de Guatemala, tal y como lucía en la época en que ocurrió el intento de asesinato contra Carrera.  En el recuadro:  el capitán general Rafael Carrera, y el poeta Juan Diéguez Olaverri, líder la conjura.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El día 26 de junio del año de 1846 se iban a celebrar las exequias fúnebres del arzobispo Ramón Casaus y Torres, quien había sido desterrado por Francisco Morazán en 1829, y cuyos restos habían sido traídos a Guatemala desde La Habana, en donde había vivido exiliado el clérigo. Era la voluntad del extinto arzobispo que fuera enterrado en el templo de Santa Teresa en la Ciudad de Guatemala, y el gobierno católico conservador no escatimó en gastos para cumplir con el deseo del finado.

La catedral estaba adornada con suntuosas colgaduras de luto y los restos del Arzobispo estaban colocados en un artístico y lujoso catafalco. Una numerosa concurrencia ocupaba el templo, entre ellos el “Protector de la Iglesia“, el general Rafael Carrera, quien en su uniforme de gala estaba bajo su dosel de Jefe de Estado, rodeado de autoridades civiles y militares y de los miembros de la familia Aycinena. El Dr. José María Castilla, ocupaba la cátedra sagrada, y hacía el elogio de las virtudes y de los méritos del arzobispo Casaus, muerto en el destierro.

De pronto, se situaron guardias en las puertas de la iglesia, y se formó en son de guerra una fuerza armada frente al templo, y se vio á un oficial ayudante entregarle al Jefe de Estado un par de pistolas, luego de cruzar unas breves palabras.  Carrera, general guerrillero acostumbrado a los rigores de la batalla, guardó tranquilamente las armas y continuó presenciando las exequias, y tranquilamente marchó con la procesión que, a eso de las tres de la tarde, dejó los restos del Arzobispo en la iglesia de Santa Teresa.

La conspiración contra Carrera estaba descubierta, y los conjurados que habían planeado capturar á Carrera en el templo, y aún darle muerte en caso necesario, no tuvieron más que ocultarse o emprender la fuga. El Gobierno, como era de esperarse, capturó a los conjurados que no lograron huir, y persiguió a los que lo hicieron. Los hermanos Juan y Manuel Diéguez, líderes de la conjura, habían logrado huir y refugiase en la hacienda de Saltan, en Salamá, Baja Verapaz, propiedad del Presbítero J. Mariano Ocaña pero fueron descubiertos y capturados por un oficial de Carrera llamado Ruperto Montoya quien lo llevó a la cárcel del Castillo de San José, que era por aquel tiempo la prisión de Estado. Como muchos los conjurados eran estudiantes de la Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, el rector Juan José de Aycinena y Piñol, líder de la familia Aycinena, se apresuró a distanciarse cuanto pudo de la conjura por temor a serias represalias.

Tras el juicio que se les siguió, los hermanos Diéguez y algunos de sus cómplices, confesaron su culpabilidad. Dijeron que se habían propuesto “llevar á cabo un cambio político, establecer un gobierno sujeto al imperio de las instituciones, y para ello, en caso de resistencia o de necesidad, estaban dispuestos a quitar la vida al Jefe del Estado”. Pero en un extraño caso de magnanimidad, Carrera perdonó la vida a los conjurados condenados a muerte tras un penoso juicio, permitiéndoles salir al exilio tras tenerlos unos cuantos meses en prisión.

BIBLIOGRAFIA:

  • Brañas, César (1979). Tras las huellas de Juan Diéguez Olaverri. Guatemala: Unión TIpográfica.
  • Vela Salvatierra, David (1943). “Juan Diéguez Olaverri”, en Literatura guatemalteca. Guatemala: Unión Tipográfica. 2

13 de noviembre de 1896: se remata una finca baldía de 25 caballerías a favor de un ciudadano alemán en San Pedro Carchá, a razón de 36 pesos por caballería

13noviembre1896
Recolecció del café en 1875.  Nótese como todas las trabajadoras son mujeres indígenas.  Fotografía de Eadweard Muybridge.

El 13 de noviembre de 1896 se publicó el siguiente decreto, como era muy común durante los gobiernos liberales:

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 13 de noviembre de 1896.

Visto el expediente de enajenación de un lote de terreno baldío denominado Sarrasquiché y Saquec Chut, situado en jurisdicción de San Pedro Carchá, departamento de la Alta Verapaz, compuesto de veinticinco caballerías, cuatro manzanas y mil setecientas cincuentidós varas cuadradas; y 

Apareciendo que verificada la venta en pública subasta, fincó el remate en don Julio Hartmann, a razón de treinta y seis pesos por caballería;

Por tanto,

el Presidente de la República,

Acuerda:

Que previo el pago del precio, la Escribanía del Gobierno extienda a favor del señor Hartmann el título de propiedad correspondiente.

Repóngase el papel.

Analizando el decreto se desprenden numerosos aspectos importantes:

  1. El lote que se enajenó no era un terreno baldío como dice el decreto, sino que había sido expropiado mediante subterfugios legales a las comunidades indígenas de la región y por ello se encontraba en el abandono.  Esta fue una política de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de J. Rufino Barrios (1873-1885).
  2. Todos tenían derecho a participar en la subasta de terrenos baldíos, incluídos los indígenas que habían sido sus propietarios originalmente.  Pero por una razón u otra, siempre resultaba favorecido un cafetalero o un extranjero, que compraban una considerable extensión de tierra sumamente productiva por precios irrisorios.
  3. Los extranjeros de la Verapaz eran alemanes, quienes habían llegado al país aprovechando la por demás generosa ley de Inmigración que emitió el gobierno de J. Rufino Barrios el 27 de febrero de 1879.  Gracias a estas ventajas, a la enajenación de terrenos, al Reglamento de Jornaleros y a la disciplina teutona, amasaron grandes fortunas derivadas del cultivo del café en la región.

He aquí algunos aspectos de la ley de Inmigración de 1879, los cuales se reproducen textualmente para que el lector aprecie las grandes ventajas que tuvieron los inmigrantes durante los gobiernos liberales:

Se considera inmigrante para los efectos de esta ley a todo extranjero que, siendo jornalero, artesano, industrial, agricultor, profesor o apto para el servicio domestico y menor de cincuenta años y acreditando su moralidad y aptitudes, venga a la República espontáneamente, ó por cuenta de la Sociedad de Inmigración ó de particulares.

Todo inmigrante que hubiese obtenido cédula de inmigración, disfrutará de las siguientes ventajas generales:

  1. Ser embarcado en los buques fletados al efecto.
  2. Desembarcar gratis en los puertos de la República.
  3. Introducir libres de derechos las prendas de uso, muebles de servico doméstico que sean precisos, máquinas, instrumentos de agricultura, semillas, casas portátiles para su habitación, herramientas, animales, carros destinados á su servício y comestibles para seis meses y por una sola vez.

Para gozar de otras ventajas exclusivas a cada una de las clases de inmigrantes, que por ahora podrán esperarse lleguen a la República, se dividirán estas en tres:

  1. Inmigrantes que vengan espontáneamente y por su cuenta propia
  2. Inmigrantes pedidos por particulares, o por la Sociedad.
  3. Inmigrantes contratados por la Sociedad con el objeto de que formen reducciones agrícolas o aldeas, en puntos determinados.

Los de la primera clases, tendrán derecho a la mediación de la Sociedad, para facilitarles la cómoda adquisición de tierras, en el mejor lugar posible, así como la de los materiales, semillas y animales que necesiten.

Los de la segunda clases, cuando fueren pedidos por medio de la Sociedad, tendrán derecho a la intervención y apoyo de la Sociedad, en el cumplimiento de las oferta hechas por los particulares que los hayan pedido. Tendrán asimismo derecho a que se les facilite su traslación al interior, a ser alojados por los agentes de la Sociedad,durante los primeros quince días.

Los de la tercera clase, tendrán derecho a exigir uno o más lotes en el terreno que la Sociedad haya destinado a este fin, gratuitamente, si fuere en terrenos baldís, o pagadero en los términos que en el contrato se fijen, si el terreno fuese de los que la Sociedad adquiere por cualquier otro título.

Finalmente, otras ventajas eran:

El Estado proteje el establecimiento de estas reducciones agrícolas ó nuevas poblaciones, a efecto de hacer cultivar los terrenos baldíos y los particulares ó de introducir mejores sistemas en los ya cultivados.

Las aldeas ó reducciones agrícolas podran establecerse en terrenos baldíos, concedidos gratuitamente y en terrenos de particulares, ó adquiridos por la Sociedad á título oneroso ó gratuito, mediante contratos especiales en cada caso.

El primer inmigrante alemán fue Rodolfo Dieseldoff, todavía durante el régimen conservador de Rafael Carrera en 1863, y fue quien se benefició de mayor manera con las ventajas otorgadas a los inmigrantes por los gobiernos liberales, que de esta manera realizaron la segunda colonización de Alta Verapaz.

BIBLIOGRAFIA:

12 de noviembre de 1695: fallece el capitán general Jacinto de Barrios Leal

12noviembre1695
Castillo de San Felipe de Lara.  Ubicado en Bodegas, Izabal a las orillas de Río Dulce y el Lago de Izabal, el castillo fue destruido por los piratas en varias ocasiones.  El Capitán General Barrios Leal ordenó que fuera reconstruido luego de que él mismo fuera asaltado por piratas a su llegada al Reino en 1687. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El Maestre de Campo y General de Artillería Jacinto de Barrios Leal arribó a Puerto Caballos en el Reino de Guatemala el 19 de noviembre de 1687, para tomar posesión como Capitán General del Reino. Barrios Leal había salido de Cádiz, el 3 de septiembre de ese mismo año con una comitiva muy numerosa que incluía a treinta frailes dominicos encabezados por Ambrosio de Ipenza, además de su esposa María Bernabela Morales y Galinas, su médico y varios colaboradores y criados.

Barrios Leal había nacido en Cádiz en 1656 y entre 1672 y 1677, durante la guerra en que España en unión de Holanda, enfrentó a Francia, Barrios Leal combatió primero en Flandes y después en Cataluña, donde fue herido y hecho prisionero en la Batalla de Espolla. El año siguiente, después de la firma de la paz, ingresó a la Carrera de Indias, como integrante del cuerpo militar que acompañaba a las flotas, y donde ascendió a los grados de Maestre de Campo y General de Artillería, no tanto por méritos sino por compra, algo usual durante el reinado de Carlos II.

A pesar que Barrios Leal había arribado el 19 de noviembre, fue hasta el 24 de ese mes que escribió al Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros para anunciar su arribo y solicitarle excusar todo gasto en su recibimiento. Permaneció en Puerto Caballos hasta el 28 de diciembre, esperando que se terminara la construcción de dos barcas luengas para trasladar a Bodegas del Golfo a la mayoría de viajeros, así como un buen número de frangotes o pacas con mercancías. El Gobernador de Puerto Caballos intentó que Barrios Leal no partiera y aguardara un par de días, para que tres navíos de guerra que saldrían hacia Santo Tomás de Castilla los acompañaran y los protegieran contra piratas. Sin embargo, Barrios Leal, fiado en su valor y vanagloriándose de haber combatido en Flandes, no quiso esperar, partiendo en las barcas luengas, artilladas con pedreros y con cincuenta y cinco hombres armados.

Después de surcar el Río Dulce y el Lago de Izabal, llegaron a Bodegas, en Izabal, y, dejando las barcas cargadas con todas las riquezas de los viajeros, celebraron una gran fiesta en tierra. Como no habían dejado ni un centinela, los piratas que estaban en el área se acercaron sigilosamente y les dispararon, sin acertarles. Como habían dejado todo en las embarcaciones, Barrios Leal y su comitiva salieron huyendo para ponerse a resguardo de los atancantes, pero perdieron un total de trescientos mil pesos. Entre las mercaderías, Barrios Leal traía consigo mil armas de fuego, con autorización real para venderlas entre los vecinos con un recargo del 50% del precio de costo, pero los piratas las descubrieron y sólo pudo salvar 65 escopetas y 15 arcabuces. Para evitar ser hechos prisioneros por los piratas, Barrios Leal y su comitiva se mantuvieron escondidos por la Montaña del Mico, en donde fueron restacatos por un bastimento que habían enviado las autoridades provinciales para recibir a los frailes dominicos.

Finalmente, el Presidente Enrique Enríquez de Guzmán hizo entrega del mando a Barrios Leal, el 26 de enero de 1688. Es importante destacar que aunque el cargo de Presidente de Audiencia no se encontraba entre los oficios vendibles y renunciables, el nombramiento de Jacinto de Barrios Leal aparece asociado con un préstamo de 80,000 pesos que su padre Diego de Barrios Soto hizo con urgencia a la Monarquía, con un gravamen del 6% anual, cuya entrega garantizaba apenas se realizara la venta de azogue que ya tenía almacenado en Veracruz.

Todavía presa del pánico provocado por el ataque pirata en Bodegas del Golfo, en Izabal, pocos días después de tomar posesión, el 30 de enero de 1688, hizo Junta deGuerra y Hacienda y consiguió reunir entre los vecinos de Santiago de los Caballeros de Guatemala mil pesos para la reedificación del Castillo de San Felipe que hacía cuatro años había sido destruido por un ataque pirata. La obra se realizó a toda prisa, entejando el techo que hasta entonces había sido de manaca o palma, y  sacando la artillería que los piratas habían echado al agua. El 15 de mayo de 1688, el Castillo ya estaba listo, equipado con tres piezas de artillería, veinte milicianos armados, cuatro artilleros, ocho piezas de artillería de poco porte y con una asignación anual de 6,500 pesos, en la que se incluía el salario del Alcalde Mayor de Amatique, el cura y los vigías.

El 28 de mayo de 1688, el Juez Superintendente de la Real Aduana, el Oidor Pedro Enríquez de Selva, un individuo cruel qye maltrataba hasta a su esposa, sufrió en la puerta de su casa un atentado criminal, cuando le dispararon un carabinazo porque intentaba exigir pago de los impuestos de la alcabala y almojarifazgo, a todos los comerciantes que entraban y salían de Santiago de los CAballeros. Esto era el resultado de que Enríquez de Selva estaba intentanto hacer cumplir la ley de cobro de impuestos, a lo que se oponían los grandes comerciantes criollos. Los ánimos de la ciudad se exaltaron entre las autoridades peninsulares y los criollos, hasta que el 31 de agosto de 1689, el rey Carlos II tuvo que intervenir, admitiendo la renuncia de Enríquez de Selva (a quien ordenó expulsar de Guatemala) y desaprobando la innovación decretada en los aforos de las mercaderías, y la violación de la costumbre de permitir su salida sin pagar de contado los derechos.

Para colmo de males, a los problemas con los piratas y los enfrentamientos entre criollos comerciantes y el Superintendente Real de Aduana se sumaron los destrozos provocados por el terremoto del 12 de febrero de 1689, el cual destruyó el Real Palacio, las Casas Consistoriales y varios templos, en especial el del Convento de San Francisco, lo que incidió en un incremento de las construcciones y del trabajo artístico.  Por esa misma época, en forma lícita e ilícita, Perú vendía varios productos al Reino de Guatemala por un valor de 200,000 pesos.

Toda esta situació con los piratas, los problemas de impuestos y el contrabando con Perú hizo que el Juez Pesquisidor Fernando López de Ursiño el 13 de marzo de 1690 fuera nombrado para que “secreta y extrajudicialmente” verificara si Barrios Leal estuvo incolucrado en el en contrabando entre Guatemala y el Perú tras el terremoto de 1689, además de la agresión sufrida por Enríquez de Selva en 1688 y el acoso al Oidor Francisco de Valenzuela. En su camino para Santiago de los Caballeros, López de Ursiño pasó por Chiapas y le pidió al fraile historiador Francisco de Ximénez que lo acompañara a la ciudad como su capellán. Los ánimos políticos de la ciudad estaban muy caldeados con fuertes bandos contra el presidente y las autoridades peninsulares. López de Ursiño tomó el poder y envió a Barrios Leal a reclusió primero a Patulul y luego a Santa Ana, y al cabo de un tiempo presentó serias acusasiones contra el Presidente, las cuales fueron refutadas por éste. En medio de ese problema legal, la corrupción en los asuntos de la Corona properó por el descuido del presidente y del pesquisidor, y por el poder que ya ostentaban los criollos locales que retaban a las autoridades peninsulares.

Finalmente, el asunto se resolvió con la restitución de Barrios Leal, en 1694, y desde ese momento se puso en marcha el plan para conquistar la región del Lacandón en Verapaz y Petén. Tras sus primeras victorias, dispuso continuar con el avance, pero lo sorprendió la muerte el 12 de noviembre de 1695.

BIBLIOGRAFIA:

8 de noviembre de 1851: la Asamblea constituyente emite un decreto sobre asuntos de los indígenas

8noviembre1851
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.

A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.

Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos.  La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.

Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.

(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.

La asamblea constituyente de la república de Guatemala.

Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:

Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:

  1. En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
  2. En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
  3. Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido.  (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
  4. Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
  5. Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
  6. Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
  7. Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
  8. Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.

Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.

(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).

Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.

BIBLIOGRAFIA:

21 de septiembre de 1685: llega a Santiago de los Caballeros fray Antonio Margil de Jesús, quien fue el último fraile que intentó reducir pacíficamente al pueblo Itzá

 

22septiembre1826
Portada del reporte official en que se relata cómo ocurrió la consquista del pueblo Itzá en 1697.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El fraile español ntonio Margil de Jesus recibió el hábito de San Francisco, en el Convento de la Corona de Cristo de la ciudad de Valencia, España en 1675 y luego se alistó entre los misioneros que venían a la Nueva España a fundar el Colegio de Santa Cruz de la ciudad de Querétaro. Hizo misión en Querétaro y en México, y luego salió en marzo de 1684, acompañado de Fr. Melchor López, hacia las provincias de Yucatán, Chiapa y Soconusco. Continuaron su misión por las costas del Pacífico, y llegaron a Guatemala el 21 de septiembre de 1685, estableciéndose en Santiago de los Caballeros, y desde allí predicaron en la provincia guatemalteca, para luego partir a las provincias de San Salvador, Comayagua, Nicaragua y Costa Rica.

Pero cuando se hallaban inmersos en el adoctrinamiento y reducción de los indígenas Talamancas, y ya habían levantado once iglesias en esa región, dos en la de los Turrabas, y una en la de los Tejabas, y “formado otros tantos pueblos con los indígenas que habían sacado de la montaña“, recibieron orden del M. H. P. Comisario General, para que se regresara a su Colegio en México. Sin embargo, cuando llegaron a Santiago de los Caballeros se encontraron con que su misión había sido modificada ya que el obispo de Guatemala, Andrés de las Navas, les pidió que fueran a la región norte de la provincia de la Verapaz (hoy Petén) ya que esta “se hallaba tumultuada“.  (Lo que estaba ocurriendo era que los españoles querían tomar el control de la etnia Itzá de una vez por todas, ya que la región del Lacandón que ocupaban no solamente se había mantenido independiente y había logrado resistir la dominación europea por más de siglo y medio, sino que estaba influyendo en las comunidades indígenas ya bajo control español para que se les unieran en su resistencia).

Partieron inmediatamente para la referida Provincia y lograron calmar la situación en el área en donde la presencia española era considerable. Luego se adentraron en las montañas en busca de los indígenas Choles, que habían “apostatado de la fe y andaban por los bosques errantes y descarriados” (lo que se traduce a que estaban en comunicación con los Itzáes que los habían convencido de luchar por su independencia). Aunque al principio sufrieron vejámenes y torturas, los misioneros consiguieron que los Choles regresaran al catolicismo y se establecieran en ocho poblaciones o doctrinas. Esto lo consiguieron gracias a la labor que ya habían hecho los dominicos cien años antes en la región con las reducciones de Tezulutlán, lo que hizo un poco más fácil convencer a los Choles de regresar a la dominación espanola y al trabajo no remunerado en las doctrinas de los frailes, quienes a cambio “los instruían en la ley de Dios“.

Pero cuando Margil y Melchor se adentraron en la región de los itzaes, quienes eran indómitos e independientes, la situación fue muy diferente. Los misioneros llegaron a esa región en febrero de 1694, pero no fueron bien recibidos por los indígenas, quienes no solamente los vilipendiaron sino que los expulsaron de su territorio. Ante esto, los misioneros regresaron a Santiago de los Caballeros en donde relataron a la Real Audiencia todo lo acontecido. Con base en este informe, a principios de 1695 salió el Presidente Jacinto Barrios, por orden del rey a reducir a los itzaes, con 600 soldados, y varios religiosos dominicos, y mercedarios, ademas de Margil. Los españoles masacraron al pueblo itzá en la isla del lago Peten Itzá, y los pocos que sobrevivieron fueron reducidos a tres poblados que quedaron a cargo de los mercedarios. De esta forma, se completó, por fin, la Conquista de la provincia de Guatemala.

BIBLIOGRAFIA:

12 de septiembre de 1839: tras la separación del Estado de Los Altos, el estado de Guatemala se ve obligado a reorganizar su división administrativa

12septiembre1839
Versión estilizada del escudo del Estado de Los Altos, mostrando el Volcán Santa María y un Quetzal.  Actualmente es utilizado como escudo en Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, y comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual de Soconusco, (que ahora es parte del estado de Chiapas, en México).  El decreto por el que se creó el Estado de Los Altos dice así:

La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana en sesión plenaria celebrada el cinco de junio del año de 1838 habiéndose tomado en consideración la necesidad de crear un Sexto Estado se acuerda:

1. Crear el Estado de Los Altos, teniendo como capital a la ciudad de Quetzaltenango conformada por una junta de gobierno provisional, de la siguiente manera:

  • Marcelo Molina Mata, electo Gobernador del Estado de Los Altos.
  • José M, Gálvez
  • José Antonio Aguilar
  • General Agustín Guzmán Comandante en Jefe del Ejército del Estado de Los Altos.

2. El Estado comprenderá los siguientes territorios: Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Suchitepéquez y Soconusco.

Procédase a trabajar de inmediato en el desarrollo del puerto del Pacífico por orden del Señor Gobernador del estado Federal de los Altos, José M. Gálvez y a mejorar las relaciones con el Gobierno Federal de San Salvador.

Nótese en el decreto anterior tres aspectos importantes:

  1. Desde el principio el Estado tenía la intención de mejorar las relaciones con el gobierno Federal de San Salvador, lo que quiere decir, con el moribundo régimen liberal del general Francisco Morazán, el cual se había visto muy reducido por la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y por la reciente guerra civil que derrocó a Mariano Gálvez en Guatemala.  Los liberales guatemaltecos estaban interesados en coneguir esta alianza con el fin de dejar a la Guatemala conservadora en medio de dos gobiernos liberales.
  2. También desde un principio, tenían la intención de construir su propio puerto en Champerico con miras a establecer una economía completamente independiente de Guatemala.
  3. El Estado no estaba desvalido, sino que contaba con su propio ejército, el cual estaba a cargo del general mexicano Agustín Guzmán.

Por su parte, el Estado de Guatemala estaba muy débl luego de la guerra civil contra Mariano Gálvez y la posteriores guerras, por lo que luego de la separación del Estado de Los Altos, la Asamblea Constituyente de Guatemala tuvo que dividir al Estado en siete departamentos y dos distritos, de acuerdo al siguiente decreto del 12 de septiembre de 1839:

La Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala:

Habiendo tomado en consideración la necesidad que hay de hacer una nueva y conveniente división del territorio, después de la separación de los departamentos que componen el Estado de Los Altos. Con presencia de los datos e informes que ha presentado el gobierno sobre el particular, ha decretado:

  1. El estado de Guatemala se divide en siete Departamentos: Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Mita, Sacatepéquez, y Verapaz.
  2. También componen dos Distritos: Izabal y Petén.
  3. Los departamentos y distritos referidos, comprenden las poblaciones y lugares que se señalan en la tabla que acompaña a esta ley.
  4. Mientras se reúnan datos más exactos, con presencia de los padrones que deben formarse para hacer por otra ley la división permanente del territorio, el gobierno queda autorizado para poder agregar o segregar de unos a otros, los pueblos o lugares que lo soliciten, con causa fundada en el mejor servicio y bien de los mismos pueblos, previo al informe de los jefes respectivos.
  5. El mismo gobierno, en las providencias que tome, para la demarcación del territorio de los departamentos, procurará en lo que sea posible, que sea la misma la de los curatos y sus comprensiones, a fin de evitar embarazos y facilitar en todo el mejor servicio público.

En este decreto se puede apreciar el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la región americana que estuvo bajo el control espanol, ya que la división administrativa de los países y estados se hizo en base a los curatos existentes, los cuales eran los poblados de indígenas que estaban a cargo del clero secular.  Estos curatos habían sido hasta 1750, aproximadamente, las doctrinas que estaban a cargo de las otrora poderosas órdenes regulares, las cuales poseían  grandes extensiones de tierra en las que sus “doctrinados” trabajaban para ellos a cambio de la evangelización que les proporcionaban. Para poner un ejemplo, he aquí un listado de las doctrinas que poseían los dominicos en el Reino de Guatemala en 1638:

Convento Doctrinas Convento Doctrinas
Guatemala
  • Chimaltenango
  • Jocotenango
  • Sumpango
  • San Juan Sacatepéquez
  • San Pedro Sacatepéquez
  • Santiago Sacatepéquez
  • Rabinal
  • San Martín Jilotepeque
  • Escuintla
  • Milpas Altas
  • Milpas Bajas
  • San Lucas Sacatepéquez
  • Barrio de Santo Domingo
 Amatitlán
  • Amatitlán
  • Petapa
  • Mixco
  • San Cristóbal
Verapaz
  • Cahabón
  • Cobán
  • Chamelco
  • San Cristóbal
  • Tactic
Sonsonate
  • Nahuizalco
  • Tacuxcalco
San Salvador
  • Apastepeque
  • Chontales
  • Cojutepeque
  • Cuscatlán
  • Milpas Bajas
  • Tonacatepeque
 Sacapulas
  • Sacapulas
  • Cunén
  • Nebaj
  • Santa Cruz
  • San Andrés Sajcabajá
  • Zacualpa

BIBLIOGRAFIA:

3 de agosto de 1885: se publica un desglose de la fortuna millonaria que acumuló el fallecido general J. Rufino Barrios durantes su gobierno y que heredó su viuda Francisca Aparicio

3agosto1885
Francisca Aparicio y Mérida, marquesa consorte de Vistabella, conocida por los guatemaltecos de la época como “doña Paca”. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La herencia que dejó al morir el general J. Rufino Barrios fue considerable y pasó íntegra a su viuda, Francisca Aparicio de Barrios. El documento original del inventario fue elaborado sobre la base de una auditoría realizada el 3 de agosto de 1885 por Carlos F. Murga, quien percibió seis mil pesos por sus servicios.

He aquí el desglose:

Inmuebles matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)

Tipo de bienes Descripción Monto
Urbanas
Casas de dos niveles en la esquina del Mercado en donde estaba el Hotel Universal 80.000
Casas de dos pisos 6.ª avenida sur, número 41 18.000
Casa en la 13 calle poniente 1.000
Casa en el camino del Guarda Viejo N/A
Casa en el Barrio de la Libertad N/A
Dos casas en la antigua casa de la neveria del Carmen N/A
Una casa en Quezaltenango N/A
Fincas
“La Majada”, jurisdicción de Mixco N/A
“Los Tarros”, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla N/A
“Rodeo” del Incienso, departamento de Guatemala N/A
“Paso Antonio”, en Escuintla N/A
“El Barón” N/A
“Primavera” en San Cristóbal, Verapaz N/A
“Punían” en Escuintla 28.000
“El Porvenir” en San Pablo, en San Marcos N/A
“El Rodeo” en San Marcos 30.000
“Pacajá” en Quezaltenango 20.000
Las Salinas de Santa Eulalia en Huehuetenango, con instrumento de maquinaria 30.000

Inmuebles no matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)

Tipo de bienes Descripción Monto
Bienes raíces
Finca “El Malacate” en San Marcos 60.000
Finca “Los Cerritos” de Nowas 10.000
Finca “Chuvá” en Quezaltenango 4.000
Finca “El Sauce” en Izabal 4.000
Un lote de los cinco de la Colonia Belga Santo Tomás, Izabal 10.000
Un terreno comprado a Encarnación Mazariegos en Escuintla 1.000
Un lote baldío junto Hacienda “Los Tarros” Escuintla 800
La Finca “Monte Largo”, comprado a familia Beteta que cedió gratis al general Cruz 4.000
Salinas de Magdalena en el Quiché, con instrumentos de maquinaría 25.000
Una casa en Quezaltenango calle de San Nicolás 4.000
Fincas en sociedad con Felipe Márquez en las islas “El Mico” y Quiriguá en Izabal 30.000
Finca en sociedad con Ramón Murga, “El Ingenio de Arrivillaga” Amatitlán 100.000
Una casa en Nueva York 300.000
Mobiliario
En alhajas y muebles 300.000
En cinco mil fanegas de maíz en San Rafael Mixco 20.000

Derechos y acciones

Tipo de Ingreso Descripción Monto
Derechos en 1885
Participaciones sociales en 8.000 vales dotados, en que es su agente Felipe Márquez 400.000
Producto de 60.000 quintales de café que exportó a $10 liquidado 600.000
Producto de beneficio y venta de ganado de sus haciendas 100.000
Producto de panela y artículos de sus fincas 50.000
Producto de sal de sus salinas 10.000
Por $500 diarios que le pagó la administración de licores 45.000
Por $200 diarios que le pasaba la pagaduría militar y cien el Cuerpo de Artillería 27.000
Por utilidades en las empresas de vales; ferrocarriles, Bancos etc. N/A
Por gastos extraordinarios de representaciones que se hizo entregar N/A
Por el producto de una caballería N/A
Por el producto de un almacén de licores y comestibles en su casa N/A
Por tributo feudal que le mandó en el primer trimestre del año del presidente Rafael Zaldívar de El Salvador 45.000
Por utilidades en las contratas con el Gobierno, por medio de su agente Márquez
Por participación en Sociedad en el almacén de Licores y conservas de Antonio Mengarejo, sin pagar impuestos aduaneros de importación 25.000
Acciones
Banco de Occidente 30.000
Ferrocarril de Champerico concedidas gratis por no indemnizar propiedades particulares y dar todo el apoyo debido N/A
Ferrocarril del Sur, como el anterior N/A
Ferrocarril Urbano N/A
Agencias de San José y Champerico, además de los $25.000 anuales que le pasaban N/A

Inventario adicional

Inventario Descripción Monto
Activo
Posesión de 300 caballerías del Gran lote “Los Andes” a las riveras del Motagua y del trayecto construido del Ferrocarril del Norte en Izabal. 6.000
Un palacio en París, Francia, en la calle de Lafayette 400.000
La finca San Rafael en Mixco que donó á su hijo, el general Benancio Barrios 4.000
La finca denominada “Salazar” donada al general Benancio Barrios 14.000
Pasivo
Producto de sociedad en la Casa de Préstamo de Aquiles Assardo 50.000
Participación en la compañía de vapores de Guatemala en el Atlántico girando principalmente con banano en Livingston N/A
Participación en la extinguida sociedad con D. M. Forestier de siembra en Gualán y Zacapa N/A
Acciones en la sociedad agrícola de Quina en Baja Verapaz 20.000
Donación recíproca del gobierno mejicano 600.000
Suma general $3.792,600

De los negocios, o rentas con que formó su haber y sus millones el general Barrios en bancos extranjeros (valores aproximados)

Descripción Monto
La renta diaria de la administración general de licores desde julio de 1873 Aprox. 2.400,000
La renta diaria desde julio de 1871 al 3 de agosto de 1885 de la administración central de occidente 50.000
Las diferentes cantidades mandadas traer por sus ayudantes a la Administración central y departamentales de Occidente, a la Tesorería general de Rentas Comunes y a la Administración general de licores de la república: 4.000,000
Los $50.000 con que lo agració la Asamblea Constituyente 50.000
Sus sueldos de Teniente general, primero, y después de Presidente con gastos de Representación del estado 240.000
Sus exportaciones de café por diez años hasta el año de 1884. 4.000,000
Sus beneficios de ganado sin pagar impuestos por diez años 1.000,000
Su venta de panela y otros productos de fincas por catorce años 800.000
Desde 1873, los $25.000 anuales que le pasaba la agencia de Champerico 800.000
$300.00 diarios desde 1871 que le sacaban extraordinariamente del presupuesto militar 424.000
El tributo feudal que le pasó por 9 años el presidente Rafael Zaldívar de El Salvador a $200.000 anualmente 1.800,000
El tributo feudal que pasó Soto de Honduras en tabaco, ganado, sin pagar exportación por $60.000 anuales y luego Bográn -en dinero en 9 años 540.000
Los dividendos sobre el Ferrocarril del Sur 30.000
Los dividentos sobre el Ferrocarril de Champerico 60.000
Dividendos sobre el Ferrocarril Urbano 10.000
Las cantidades que se apercibió del gran capital de la Carretera al Norte, y por medio de Contratas con sus socios y agentes 200.000
Grandes cantidades que se hizo llegar del Banco Nacional, de los bienes de Desamortización 500.000
De los bienes de Redención de Censos 200.000
Por valores de baldíos y redenciones que directamente le entregaban los interesados 300.000
Por cuotas negativas por no ponerles estancos de chicha y aguardientes a algunos pueblos indígenas 100.000
Por cuotas de escusas de ir algunos pueblos a trabajar a los ferrocarriles en que lo mismo lucraban algunos jefes políticos 100.000
Productos de sus salinas en Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango 100.000
Producto de las salinas de Magdalena en el Quiché 20.000
Participación en sociedad con Antonio Melgarejo, en su almacén de Licores y Conservas sin pagar derechos aduaneros 100.000
Participación en varios negocios con Felipe Márquez 100.000
Participación en destilación del Ingenio y otros negocios con Ramón Murga 100.000
Participación en vales del Banco Nacional 500.000
Lo mismo en los vales de Tesoro 200.000
En conmutas que le quedaban por indultos de reos y a veces por suscriciones a los pueblos 100.000
Participación en negocios con Florentín Sonza, de artículos de exportación é importación, por Champerico 80.000
Participación en negocios con personas de Retalhuleu y Quezaltenango 50.000
Por suscriciones de dinero mandadas levantar a varias poblaciones de la República 100.000
Participación en negocios de exportación é importación con comerciantes de Guatemala 100.000
Por ahorros en los pagos de admininistradores, mayordomos y caporales de sus fincas y negocios, que salían en el presupuesto militar 1.000,000
Por ahorros en los mozos de los mismos puntos, con motivo de cumplir allí sus trabajos de camino de ley, abonandoles únicamente medio real diario con menoscabo de la Hacienda Pública 1.000,000
Por exoneraciones en los pagos que debía hacer en su maquinaría de fincas, suyas y de sus socios 100.000
Ganancias en sociedad de distracción á las peleas de gallos 300.000
Ganancias en sociedad en otros juegos de recreo con los Presidentes de El Salvador González y Rafael Zaldívar en asociación de Dueñas, en sus entrevistas y otros muchos en Guatemala, de enormes cantidades lo propio que a los presidentes Medina,  Marco Aurelio Soto y Luis Bográn de Honduras 400.000
Ganancias como las anteriores de diversión a las carreras de caballos 100.000
En 1884 vendió una casa en la calle principal a Zara de Zaldívar 31.000
En 1884 vendió una casa frente a la Comandancia de Armas a Mariano Barrios 9.000
Por gastos de representación tomados demás de los que expresa el presupuesto, en doce años. 400.000
En participación de ciertos negocios lucrativos con el jefe político Cajas y sucesores de Huehuetenango. El jefe político Socorro De León de Suchitepequez; y el jefe político Monterroso de Retalhuleu 200.000
Por los obsequios y ovaciones desde julio de 1871 1.500,000
Los potreros del “Suchiate” por la barra de Ocós en el departamento de San Marcos, comprados por el Sr. Gral. Barrios N/A
Por utilidades en las operaciones con los fondos del Ferrocarril del Norte en el Interior y Exterior N/A
Suma total $ 33.594,000

BIBLIOGRAFIA:

9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

9julio1884
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.

El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.

 

  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA: