31 de octubre de 1933: Ubico modifica la ley de vialidad
Para 1933, la aplicación de la Ley de Vialidad de Barrios estaba completamente controlada por los cafetaleros y otros grandes productos agrícolas. Por lo tanto, para trasladar ese poder al Estado, el presidente de Guatemala Jorge Ubico decretó una nueva ley de vialidad poniendo a los trabajadores forzados bajo el control de la Dirección General de Caminos.
Decreto 1474 de la Ley de Vialidad. En el recuadro: busto en mármol del presidente Ubico. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Desde que llegó al poder 1873, el gobierno de J. Rufino Barrios enfocó sus esfuerzos en crear una infraestructura eficiente para poder comunicar las principales zonas agrícolas en que empezó a cultivar el café a gran escala con los centros urbanos y los puertos y fronteras.1
Para conseguir los trabajadores necesarios para la construcción y conservación de caminos, el gobierno liberal estableció la modalidad del trabajo forzoso, aunque los pobladores con mayores recursos tenían la opción de pagar en efectivo a cambio de no realizar el trabajo. En la práctica, fueron los indígenas más empobrecidos los que realizaron el trabajo, no solamente porque no tenían dinero alguno para pagar para no hacerlo, sino porque las autoridades departamentales tendían a obligarlos a prestar trabajos pesados.2
Ahora bien, como Barrios era el principal cafetalero del país, el que la aplicación de la ley de vialidad haya pasado a manos de los cafetaleros no le preocupó y, de esta forma, la aplicación de la ley quedó más como costumbre como como ley aplicada por el Estado.
Para 1933 la situación económica del país era deplorable, debido a los nefastos efectos de la Gran Depresión. Por esta razón, el general Jorge Ubico modificó la Ley de Vialidad de Barrios para pasar el control de la misma de los cafetaleros al Estado, mediante el decreto 1474 del gobierno de la República. Este decreto gubernativo se reproduce a continuación:
DECRETO NÚMERO 1474
Jorge Ubico, presidente de la República
Considerando: que el servicio llamado de vialidad, establecido por la costumbre en todas las regiones del país, ha producido satisfactorios resultados, lográndose conservar, mejorar y extender la red de caminos nacionales, bajo la vigilancia de las autoridades y de las respectivas juntas y comités de agricultura y caminos.
Considerando: que para sacar el mejor provecho posible del indicado servicio, conviene determinar la época y condiciones en que debe prestarse,
Por tanto, decreta:
Articulo 1°.— Todos los individuos aptos, están obligados a presentar el servicio de vialidad, consistente en el trabajo personal durante dos semanas en los caminos públicos que se designen.
Articulo 2°.— Las semanas de vialidad tendrán lugar en el tiempo comprendido de 1°. de julio al 30 de junio de cada año, debiendo levantar las jefaturas políticas, cada seis meses, el censo de las personas obligadas, dando cuenta al ministerio de agricultura, con dichos censos, semestralmente, el primero de julio y el primero de enero.
Articulo 3°.— La dirección general de caminos, con vista de los datos contenidos en el censo de que se ha hablado, procederá, por medio de sus respectivas dependencias, a formular el plan de trabajo, indicando las vías que deben atenderse de preferencia; la clase de obra que haya de ejecutarse y los puntos en que las reparaciones sean más urgentes. Dicho plan se someterá a la Secretaría de Agricultura, la que, previa consulta al jefe del Ejecutivo, autorizará el desarrollo que convenga darle por conducto de las Jefaturas Políticas, con la cooperación de las Juntas y Comités de Agricultura y Caminos y bajo la supervigilancia de la Dirección General de Caminos.
Articulo 4°.— Los individuos que lo deseen podrán conmutar el servicio a razón de un quetzal por cada semana, entendiéndose por el primer pago, el boleto de vialidad y por el segundo, el ordinario de caminos. De igual modo se extenderán los boletos a los que prestan servicio personal.
Articulo 5°.— Los fondos que provengan de la conmuta antes dicha, los recaudarán y administrarán las Juntas y los Comités de Agricultura y Caminos, en sus respectivas jurisdicciones debiendo investirse precisamente en el objeto en que están destinados. La recaudación e inversión de esos fondos se harán con las formalidades legales, debiendo rendir sus cuentas las entidades nombradas a la Dirección General y Tribunales del ramo, y a la Secretaría de Agricultura.
Articulo 6°.— Las diligencias sobre establecimientos de peajes y otros impuestos destinados a obras de vialidad, se tramitaran y resolverán en lo sucesivo por la Secretaría de Agricultura
Dado en la Casa de Gobierno: en Guatemala, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos treinta y tres.
(f.) Jorge Ubico
(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Guillermo Cruz3
Ubico le retiró aún más el poder a los cafetaleros al suavizar la aplicación del Reglamento de Jornaleros mediante el decreto de 1995 que eliminaba el endeudamiento sistemático en que los cafetaleros obligaban a incurrir a sus colonos jornaleros. Además, el 10 de mayo de ese mismo año decretó una actualizada ley de vagancia que era mucho más estricta que la que había establecido Barrios en 1878, y con la que consiguió que el Estado controlara una mayor parte de la población que la estipulada en la ley de vagancia de 1878.
Gracias a estos decretos, Ubico fue capaz de recuperar la economía nacional de los estragos de la Gran Depresión, aunque haya sido a costa del trabajo forzado de los indígenas y mestizos pobres.
Por medio del decreto 683 del 13 de abril de 1908, el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera creó el Departamento de El Progreso para administrar de mejor forma la región por donde pasaba el recién construido Ferrocarril del Norte. El nuevo departamento incluyó a los municipios de Cabañas, Acasaguastlán, Morazán, Sanarate, San Antonio La Paz, San José del Golfo, Guastatoya, y Sansaria. El decreto dice así:1
Decreto Número 683
Manuel Estrada Cabrera, Presidente Constitucional de la República de Guatemala,
Considerando: que la actividad comercial suscitada en los puntos por donde la vía férrea interoceánica pasa, requiere la más próxima vigilancia de las Autoridades no sólo para conservar el orden sino para encausar las diversas corrientes del adelanto á un fin común, siendo uno de los medios para conseguirlo el de la creación de nuevos departamentos;
Considerando: que la proporción de la República en donde por ahora conviene aplicar esa medida es la que se halla comprendiendo las siguientes extensiones: parte Sudoeste del departamento de Zacapa, Noroeste del de Chiquimula, Sudeste del de la Baja Verapaz, Nordeste del de Guatemala y la mitad Norte del de Jalapa,
Por tanto, decreta:
Artículo 1°.— Créase con el nombre de «El Progreso» un nuevo departamento que comprenderá los siguientes Municipios: Cabañas, Acasaguastlán, Morazán, Sanarate, San Antonio la Paz, San José del Golfo, Guastatoya, Sansaria y las aldeas que están al Noroeste de Chiquimula formando la mitad de dicho Municipio: la Cabecera del nuevo departamento será Guastatoya que cambiará el nombre por el de «El Progreso.» Artículo 2°.— La inauguración de esta entidad político-administrativa se verificará el día 29 del mes en curso. Artículo 3°.— Del presente Decreto se dará cuenta a la Asamblea Legislativa en sus actuales sesiones.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo: en Guatemala, á trece de abril de mil novecientos ocho.
(f.) Manuel Estrada C.
(f.) El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación y Justicia, J. M. Reina Andrade1
Tras el derrocamiento del licenciado Estrada Cabrera en abril de 1920, el departamento se suprimió por el decreto gubernativo No. 756 del 9 de junio de 1920 del gobierno de Carlos Herrera y Luna, por no llenar las aspiraciones que el gobierno tuvo en mira para su creación y San José del Golfo pasó al departamento de Guatemala.5 Luego, el gobierno del general Jorge Ubico emitió el decreto legislativo 1965 del 3 de abril de 1934 por medio del cual se creó de nuevo el Departamento de El Progreso, pero San José del Golfo permaneció en el Departamento de Guatemala.2
23 de octubre de 1893: Reina Barrios deroga el Reglamento de Jornaleros
Para 1893, la bonanza económica que se vivía en Guatemala gracias al aumento en el precio internacional del café empezó a notarse en todos los estratos de la sociedad, al punto que el general presidente José María Reina Barrios decidió derogar el oprobioso reglamento de Jornaleros que había decretado J. Rufino Barrios en 1877 y enfocarse en la educación de los indígenas.
Alumnos del Instituto Agrícola de Indígenas en 1894. En el recuadro: alumnos aventajados de 1896. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Creación del Instituto Agrícola de Indígenas:
Instituto Agrícola de Indígenas en 1897.
Tras la derogación del Reglamento y en el mismo decreto, se estableció el Instituto Agrícola de Indígenas, el cual originalmente en la finca El Aceituno —actualmente la Brigada Militar «Mariscal Zavala«— que entonces estaba en las afueras de la Ciudad de Guatemala, y en 1896 el instituto fue trasladado a sus entonces modernas instalaciones en el parque «La Reforma» en la finca «La Aurora» y su nuevo director fue José María Fuentes, quien impulsó la enseñanza de la gramática española y del Sistema Métrico Decimal. Junto con el traslado, el instituto se fusionó con la Escuela Normal Central de Profesores. El nuevo edificio tenía forma rectangular con lados al norte y al sur de ciento cuarenta metros de largo, y los lados de este y oeste de cien metros de largo; el área total era de más de catorce mil m². Al oriente tenía una plaza en donde se instaló la estatua de fray Bartolomé de las Casas, O.P. realizada por Tomás Mur, el mismo escultor que realizó el monumento a Cristóbal Colón.1, Nota
El edificio, construido bajo la dirección del ingeniero Camilo Houba, era de dos pisos en todo el frente, excepto en el pórtico y era de estilo renacimiento francés, pintado con colorido similar al de los trajes típicos de los poblados de los estudiantes indígenas y en el pórtico estaba colocada una efigie en relieve del general Reina Barrios.1
Los indígenas en ese entonces podían optar a una beca en el Instituto Nacional Central para Varones y si no la conseguían, entonces podían solicitar ingreso al Instituto Agrícola presentando una nota al Ministerio de Instrucción Pública, en donde les concedían las becas correspondientes. Para aprobar los cursos, los estudiantes tenían que sostener dos actos públicos: uno en Gramática Castellana y el otro en Sistema Métrico Decimal.2
Desafortunadamente, el colapso económico de 1897 derivado del desplome internacional del precio del café y la intención de Reina Barrios de extender su mandato hasta 1902 para tratar de terminar sus grandiosos proyecto del Ferrocarril Interoceánico llevaron al país a una profunda crisis económica, que obligó a su sucesor, el licenciado Manuel Estrada Cabrera, a restablecer el Reglamento de Jornaleros y dejar por un lado los proyectos educativos de Reina Barrios luego de que éste fue asesinado el 8 de febrero de 1898.
El edificio fue destruido por los terremotos de 1917-18.
He aquí el decreto íntegro para que el lector juzgue las razones de Reina Barrios para derogar el reglamento de jornaleros:3
DECRETO NUM. 471.
José María Reina Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,
Considerando:
Que las autoridades de la República están instituidas para mantener á los habitantes en el goce de sus derechos, que son la libertad, la igualdad y la seguridad de la persona, de la honra y de los bienes; Que el trabajo obligatorio que en las fincas particulares se impone á los indígenas, quienes constituyen la mayoría de los habitantes de la República, es opuesto á aquella preciosa garantía, establecida por la Constitución; Que el ensanche y desarrollo que han tomado las empresas agrícolas, así como el amor al trabajo y el deseo de proporcionarse un bienestar, que se ha venido despertando en todas las clases sociales, han hecho desaparecer las razones que se tuvieron en cuenta al dictarse la ley de 3 de abril de 1877, que reglamenta el servicio de jornaleros; Que uno de los propósitos que el Gobierno tiene en mira y que estima como un deber ineludible, es el de emancipar al indio del estado de postración en que se enencuentra, levantándolo al nivel de sus conciudadanos y haciéndolo partícipe de las ventajas que proporciona la civilización; Que para obtener ese benéfico resultado, se propone el establecimiento de escuelas y colegios, destinados exclusivamente, á la clase indígena, para lo cual debe procurarse los fondos necesarios; Que asimismo se propone dictar medidas eficaces para seguir protegiendo la agricultura, fuente principal de la riqueza pública; Que es un deber de todos los ciudadanos contribuir con sus servicios personales, convenientemente remunerados, a la satisfacción de las necesidades de la Nación;
Por tanto, en uso de las facultades de que me hallo investido y de acuerdo con el Consejo de Ministros, he tenido á bien decretar y decreto:
Artículo 1°.— Desde el 15 de marzo de 1894, quedan abolidos los mandamientos de jornaleros hasta hoy autorizados por la ley; y en consecuencia, queda derogado eI Decreto número 177, y todos los reglamentos, circulares y demás disposiciones que le son complementarios. Artículo 2°.—Desde la indicada fecha, el trabajo en favor de los particulares será libre en toda la extensión de la República. Artículo 3°.—Los individuos que han estado obligados al servicio de mandamientos, quedarán incorporados á las compañías de zapadores establecidas en el país. Artículo 4°.—Se exceptuarán de esta obligación:
Los que acreditaren ser colonos residentes en alguna finca rural, ó haber recibido habilitación de más de treinta pesos para trabajar en ella; y
Los que paguen en las Administraciones de Rentas respectivas, la suma de diez pesos anuales.
Artículo 5°.—Las cantidades que por este motivo ingresen al Tesoro público, se destinarán exclusivamente á la fundación y sostenimiento de escuelas é institutos que servirán para la civilización de la clase indígena. Artículo 6°.—Los patrones ó dueños de fincas ó cualquiera de sus agentes que dieren certificaciones falsas de estar contratado algún mozo, además de perder á beneficio del Fisco la cantidad que en ellas consignaren, quedarán sujetos á responsabilidad criminal por el delito de falsedad. Artículo 7°.—El Ministro de Instrucción Pública queda encargado de la ejecución de este Decreto y de resolver las consultas que se hagan sobre su inteligencia e interpretación.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, á los veintitrés días del mes de octubre de mil ochocientos noventitrés.
(f.) José María Reina Barrios, (f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Ramón A. Salazar. (f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Manuel Estrada C. (f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, J . M. González. (f.) El Secretario de Estado en el Despacho de la Guerra, P. Morales. (f. )El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Salvador Herrera. (f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Manuel Cabral3
Notas:
Esta estatua se encuentra ahora en el atrio de la Iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Guatemala.
Bibliografía:
Moré Cueto, José (1 de abril de 1896). «Instituto Agrícola de Indígenas». El Educacionista: órgano del Ministerio de Instrucción Pública (Guatemala: Tipografía Nacional). II (21): 525-528.
Cuando se desató la peste del cólera morbus en 1837 el gobierno del Dr. Mariano Gálvez tuvo que suspender todas las actividades, incluyendo la Asamblea Legislativa, porque muchos de los diputados venían de los poblados afectados. De esta forma, se emitió el siguiente decreto el 17 de abril:1
Considerando: que la terrible epidemia del cólera morbus, toca a los extremos de esta capital; y que en tales circunstancias es de absoluta necesidad la disolución del Cuerpo Legislativo, cuyos miembros, siendo en su mayor parte vecinos de otros departamentos, amenazados de semejante calamidad, deben marchar al socorro de sus familias, ha tenido a bien decretar y decreta:
La Asamblea suspende sus sesiones ordinarias del 10 del corriente para continuarlas el primero de agosto. En caso que la epidemia haga desaparecer el número necesario de representantes para continuar las sesiones en el citado mes de agosto, el presidente, vice presidente de la actual legislativa, la comisión permanente de ésta o el Gobierno, en falta de aquéllos, hará que el número de la Asamblea se complete con suplentes.
De esta forma, el ejecutivo pudo enfocarse en combatir el cólera, pero con los levantamientos de los campesinos de la Montaña en el oriente, y de los indígenas de occidente contra los códigos de Livingston, a los dos meses los diputados pidieron a Gálvez que convocara a una Asamblea extraordinaria, la cual se instaló el 16 de junio. Aquel día, el jefe de Estado pronunció el siguiente discurso:
Ciudadanos representantes:
La convocatoria extraordinaria de la Asamblea jamás ha sido más necesaria que al presente. Las preocupaciones de la barbarie y la ignorancia, que parecían ir cediendo a las luces de la civilización, se ven reproducidas en los pueblos, y los enemigos de las reformas se sirven de esas preocupaciones y las guerras de castas están germinando apresuradamente por todas partes. No es este mal sólo: los enemigos de la República, los émulos del Estado de Guatemala, no cesan de concitar contra el nombre guatemalteco. Se forman planes para atacar a esta administración y la del Estado de El Salvador, como paso previo para invadir y destruir el Estado de Guatemala. Se ha logrado en parte, concitar dentro de éste, la opinión, haciendo entender malignamente que sólo con guatemaltecos los vecinos de la capital. En Los Altos, en Chiquimula y Verapaz se ha propagado este contagio infernal, y el Gobierno apenas puede detener sus progresos; y en verdad que este medio astuto de hacer que el Estado mismo desgarre sus propias entrañas, es el más peligroso que se ha inventado. Hay pasquines e impresos en Quetzaltenango, que respiran este veneno. La religión es el pretexto que se acumula a otros muy propios para excitar una conflagración de pueblos. La importancia que el Gobierno ha dado a la sublevación de Santa Rosa, proviene de que palpa que cunde el cáncer con una rapidez eléctrica. Esta exposición, hija del convencimiento, se dirige a los representantes del pueblo; y vean el cráter sobre que estamos colocados. El Estado debe salvarse de graves males que le rodean, y esto ha de ser por la política previsora de la Asamblea. El Gobierno cumple con denunciar el peligro; y su responsabilidad cesa quedando este documento consignado. El cuerpo legislativo, sin duda, se conducirá como lo exige el bien de un grande Estado que le ha confiado sus destinos. Así lo espero, cierto de la intención pura y patriótica de los representantes…
Pero aquella asamblea provocó un rompimiento en el seno del partido liberal, que se dividió entre los «opositores» y los «ministeriales«, el primero liderado por José Francisco Barrundia —quien había sido el principal promotor de los códigos de Livingston— y el segundo por el jefe de Estado Gálvez. Aquellos partidos profundizaron los problemas que ya tenía el gobierno, y los opositores incluso terminaron por provocar su caída el 2 de febrero de 1838 al aliarse con los alzados de la Montaña dirigidos por Rafael Carrera.2
El departamento de El Progreso se había creado por el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera mediante el decreto 683 del 13 de abril de 1908 para administrar en forma más eficiente la región por donde pasaba el Ferrocarril del Norte, que fue concluido por el gobierno ese año. El nuevo departamento incluyó a los municipios de Cabañas, Acasaguastlán, Morazán, Sanarate, San Antonio La Paz, San José del Golfo, Guastatoya, y Sansaria. En otras palabras, fue formado conparte Sudoeste del departamento de Zacapa, Noroeste del de Chiquimula, Sudeste del de la Baja Verapaz, Nordeste del de Guatemala y la mitad Norte del de Jalapa.1
Sin embargo, tras la caída del gobierno de Estrada Cabrera el 15 de abril de 1920,2 el gobierno de Carlos Herrera suprimió dicho departamento mediante el siguiente decreto gubernativo:3
Decreto N°. 756
Carlos Herrera, Presidente Constitucional de la República de Guatemala,
Considerando: que el departamento de El Progreso creado por el Decreto gubernativo número 683, no ha llenado las aspiraciones que se tuvieron en mira por el Gobierno para su creación, como se desprende de la solicitud casi unánime de las Municipalidades que lo forman, relativa a que se reincorporen a los departamentos a que pertenecieron antes de la promulgación del Decreto citado;
Considerando: que la Honorable Asamblea Nacional Legislativa mandó pasar al Ejecutivo para su resolución las solicitudes de reincorporación que le fueron presentadas por varias Municipalidades;
Considerando: que es una obligación del Gobierno atender las solicitudes de los pueblos de la República, siempre que tiendan al desarrollo progresivo de sus actividades, removiendo con ese objeto los obstáculos que se presenten, y que el departamento de El Progreso, por la carencia de las condiciones necesarias, es una remora para el adelanto de los pueblos que lo forman; por tanto;
En Consejo de Ministros, decreta:
Artículo 1°.— Se suprime el departamento de El Progreso; y en consecuencia, los Municipios que lo integran se reincorporarán a los departamentos a que pertenecían con anterioridad al Decreto N°. 683, excepto el de Guastatoya, actualmente El Progreso, que pasa formar parte del de Guatemala.
Artículo 2°.— Las actuales autoridades y funcionarios públicos de ese departamento procederán a remitir los archivos de sus Oficinas a la cabeceras de los departamentos de su origen. Para este efecto, el Gobierno nombrará los interventores que juzgue convenientes.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Guatemala, a nueve de junio de mil novecientos veinte.
(f.) Carlos Herrera
(f.) El Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, L. P. Aguirre
(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. Vidaurre
(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Alb. Mencos
(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de la Guerra, E. Escamilla
(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, F. Castellanos B.
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, A.A. Saravia3
31 de mayo de 1952: Arbenz anuncia la Reforma Agraria por cadena radial
En un comunicado radial por cadena nacional, el presidente de Guaatemala, Jacobo Arbenz Guzmán anuncia la Reforma Agraria.
Indígenas jornaleras en una plantación cafetalera en la costa sur guatemalteca en 1875. Fotografía de Eadweard Muybridge tomada de Wikimedia Commons. En el recuadro: el presidente Arbenz con un campesino. Fotografía de Edgar Ruano Najarro tomada de Aprende Guatemala.
Los resultados del censo de Guatemala de 1950 reflejó que el 2.3% de la población poseía el 72% del total del suelo mientras que el 76% de los guatemaltecos ocupaban sólo un 9% de ella. En base a esto, el presidente, teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán elevó al Congreso de la República el proyecto la ley de Reforma Agraria.1 Previendo el impacto que tendría la misma, designó a un hombre de negocios que aceptaba la política social del Gobierno arbencista como Ministro de Economía. De hecho, Fanjul era uno de los elementos identificados con los sectores más fuertes de la industria y de las finanzas del país” por lo que su palabra tenía peso y despertaba confianza.2
Ya con el proyecto firme y listo para su aprobación final, el presidente Jacobo Árbenz Guzmán emitió un comunicado radial por cadena nacional el 31 de mayo de 1952, en el que comunicó la “histórica ley”, diciendo que era una «trascripción fiel de las convicciones por él expresadas a lo largo y lo ancho de todo el territorio de la república durante su campaña, y recordando que constituía un “indeclinable compromiso”. Y es que, de acuerdo al gobierno, las escasas tierras que podían utilizarse para la producción agrícola merecían una distribución más ecuánime.3
De acuerdo al presidente, la reforma agraria tenía por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo que se había reforzado con las reformas agracias y laborales implementadas por los gobiernos liberales —especialmente con el de J. Rufino Barrios— para poder desarrollar métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Además, declaró que de allí en adelante quedaban abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y […] prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos de indígenas.3 En otras palabras, eliminaba las leyes laborares como la de vagancia, la de vialidad y el reglamento de jornaleros,4 que le habían permitido a los grandes cafetaleros incluyendo a expresidente como Barrios y Jorge Ubico, amasar grandes fortunas.5 Y es que cuando los gobiernos liberales introdujeron la producción del café a gran escala, requerían de amplias extensiones de tierra y para su cosecha requerían de grandes cantidades de mano de obra barata. Por ello, hubo expropiación de las tierras comunales a los indígenas y de las órdenes religiosas y se promulgaron las leyes ya mencionadas.3
Ahora bien, no toda la tierra se vería afectada pues que además de las fincas de propiedad estatal -que incluían las fincas que se le habían expropiado a los ciudadanos alemanes durante los gobiernos de Jorge Ubico y Federico Ponce Vaides-, la reforma abarcaba aquellas cuya extensión fuera mayor a 270 hectáreas y que permanecía ociosa sin que se planificara ninguna actividad productiva. También se incluían entre la misma categoría aquellas tierras que tenían entre 90 y 270 hectáreas y cuyas dos terceras partes no tuvieran actividad agrícola alguna. En caso contrario, esas fincas no eran susceptibles de ser repartidas, así como tampoco lo eran las menores a 90 hectáreas, cultivadas o no, así como las tierras de las empresas agrícolas dedicadas a cultivos técnicos; uso que debía comprobarse ante el Estado.3 Eso sí, esta disposición afectaba directamente los intereses económicos de la principal propietaria de tierras en Guatemala: la transnacional estadounidense United Fruit Company.6
Arbenz explicó que iba a haber una sencilla estructura de autoridades en tres niveles: el Presidente de la República y el Consejo Nacional Agrario; los Consejos Agrarios Departamentales y, en la base, los Comités Agrarios Locales (CAL). Y también explicó que había dos aspectos no menos esenciales:7
la tierra sería dada en usufructo vitalicio a los beneficiarios evitando que los finqueros pudieran comprársela y recuperar rápidamente su poder y,
la totalidad del trámite podía completarse en solo seis semanas.7
Así pues, el propósito era desmantelar la arcaica estructura rural, creando un mercado local con capacidad para consumir que fuera capaz de sostener el crecimiento industrial, en un sistema en que el Estado, y la figura presidencial en última instancia, ocupaban un lugar central en la propuesta. En otras palabras: una estrategia socialista para alcanzar fines capitalistas.7
Puede decirse que con aquel discurso del 31 de mayo empezaron dos corrientes opuestas en Guatemala: la verdadera revolución socialista del gobierno y la reacción de la derecha que lo empezó a acusar de comunismo. Los grandes propietarios comprendieron inmediatamente que estaban ante un abierto desafío al orden social establecido, completamente novedoso no solamente para Guatemala sino para región. Como la reforma buscaba modificar drásticamente el sistema de tenencia de la tierra buscando la justicia social, se abrió la pauta para que ésta fuera acusada de comunista. Y eso sin contar el fuerte rechazo que enfrentaría por parte de la poderosa transnacional frutera estadounidense y las influencias de ésta en el gobierno del general Dwight Eisenhower en los Estados Unidos.8
A pesar de sus buenos propósitos, la Reforma Agraria significó el principio del fin del gobierno arbencista y de todos sus proyectos, así como el retorno al sistema previo a la revolución de 1944, con el agregado de que la Iglesia Católica recuperaría muchos de los privilegios perdidos en 1871 y que Guatemala pasaría a ser prácticamente una colonia de los Estados Unidos.
García Ferreira, Roberto (2012). La Revolución Guatemalteca y el legado del Presidente Arbenz. En: Anuario de Estudios Centroamericanos. 38. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. p. 38.
(2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:00076790802106315.
García Ferreria, La Revolución Guatemalteca y el legado de Arbenz, p. 40.
4 de mayo de 1830: renovación de las autoridades del Estado de Guatemala
Con el fin de retirar al Dr. Pedro Molina de la Jefatura del Estado de Guatemala, los diputados del a Asamblea Legislativa convocan a elección de nuevas autoridades para el Estado.
Calle real de Jocotenango en la ciudad de Guatemala a principios del siglo XX. En los recuadros: los líderes liberales Pedro Molina, José Francisco Barrundia y Mariano Gálvez. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Pensamiento Centroamericano.
A principios de 1830 ya gobernaba el Estado de Guatemala el líder liberal y médico Pedro Molina, pero los mismos liberales dentro de la Asamblea Legislativa le abrieron un expediente y tuvo que delegar el poder al vicejefe de Estado, Antonio Rivera Cabezas. Como era frívola la acusación, cuando ésta fue tramitada por la Corte Superior de Justicia se determinó que no había motivo para proceder contra Molina. Sin embargo, los diputados estaban empeñados en salir del jefe de Estado y cerraron sus sesiones ordinarias antes de conocer el dictamente de la Corte Superior.1
Molina apeló ante el Congreso de la República Federal de Centro América —el cual en ese entonces se reunía en la Nueva Guatemala de la Asunción— y éste le pidió un informe a la Comisión Permanente de la Asamblea, forzándola a reiniciar sus sesiones. Los diputados del Estado, empecinados en salir de Molina, formularon nuevas acusaciones en su contra y, comprendiendo que la Corte Superior de Justicia iba a desestimar el caso, decidieron dictar un decreto mandando a que se eligieron nuevas autoridades para el Estado.2
Esa era la situación cuando se produjo el terremoto del 23 de abril de 1830, que dañó severamente a la ciudad, y que forzó a las autoridades a trasladarse al poblado de Jocotenango, que entonces era un poblado indígena que estaba alejado del centro de la Nueva Guatemala de la Asunción, y que en el siglo XXI es parte de la zona 2 del Centro Histórico de la ciudad.3
Pero ni los sismos hicieron desistir a los diputados en su afán de salir de Molina.
La Asamblea destituye a Molina:
Y así, el 4 de mayo de ese año suscribieron el siguiente Decreto en Jocotenango:4
La Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala, teniendo presente:
1°.— Lo dispuesto en los artículos 86, 87, 115 y 199 de la Constitución del Estado;
2°.— Que el artículo 138 y el 139 de la misma, establecen que en falta del primero y segundo Jefe, antes de la época constitucional los designados para subrogarles no duren en sus funciones sino el tiempo que faltaba a los subrogados para la renovación ordinaria.
3°.— Que la de los ciudadanos Juan Barrundia y Cirilio Flores por un efecto de circunstancias, debía de verificarse hasta en las próximas elecciones, y los nuevos nombrados empezar a fungir en el año de 1831.
4°.— Que en tal concepto las funciones del primero y segundo Jefe, ciudadanos Pedro Molina y Antonio Rivera, deben termina en el mismo año, ha tenido a bien decretar y decreta:
Artículo 1°.— Se procederá a las elecciones de los representantes, consejeros, primero y segundo Jefe, y magistrados de la Corte Superior de Justicia, que deben renovarse con arreglo a las disposiciones de la materia y a la adjunta tabla y en los días que señala la Constitución.
Artículo 3°.— Las juntas electorales de los departamentos de Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula y Verapaz, procederán cada una a nombrar un Consejero propietario y un suplente.
Artículo 4°.— Todas las del Estado procederán a sufragar para primero y segundo Jefe y para cuatro magistrados propietarios de la Corte Superior de Justicia y tres suplentes.
Artículo 5°.— La legislatura de 1831 procederá en la renovación del primero y segundo jefe y magistrados de la Corte Superior de Justicia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4°. del decreto de la Asamblea Constituyente de 25 de octubre de 1825.
En las elecciones resultó electo José Francisco Barrundia, quien no aceptó el cargo y se hizo a un lado, dejando el camino para que el Dr. Mariano Gálvez fuera prácticamente nombrado como Jefe de Estado el 24 de agosto 1831.5
29 de marzo de 1953: levantamiento en Salamá, Baja Verapaz
La parroquia de San Mateo Apóstol en Salamá Baja Verapaz en la década de 1920. Aquí se refugiaron algunos alzados tras ser derrotados por el Ejército Nacional de la Revolución en 1953. En el recuadro: el teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán al momento de tomar posesión de la presidencia en 1951. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El 29 de marzo de 1953 ocurrió un movimiento armado en contra del gobierno del teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán en Salamá, cabecera del departamento de Baja Verapaz.1 Para entonces, la Reforma Agraria impulsada por el gobierno arbencista estaba en pleno apogeo, y los propietarios afectados, empezando por la poderosa transnacional estadounidense United Fruit Company y los criollos locales acusaban al gobierno de comunista. Y es que como dijo el presidente en su mensaje al Congreso el 15 de marzo de ese año: «la cuestión de la Reforma Agraria ha trazado la clásica raya en la arena; de un lado los que están definitivamente con la Revolución y de otro lado los que están definitivamente contra la Revolución. No ha quedado lugar para el término medio como en todas las grandes decisiones históricas. No hay familia, no hay clase, no hay persona actualmente en nuestro país, que no haya sentido en una forma o en otra, en el aspecto ideológico, en el político o en el orden social y económico, el impacto de las conmociones que ha promovido la cuestión agraria en Guatemala».2
El levantamiento, dirigido por el mayor rebelde Manuel Juárez,Nota se inició el 28 de marzo, cuando Otilio Figueroa junto con otra persona llevaron a Salamá un cargamento de armas livianas que incluía ametralladoras, rifles y armas cortas. El plan consistía en tomar primero Salamá y luego expandir las acciones hacia toda Guatemala, aprovechando el punto estratégico en el que se encuentra la cabecea departamental.1
En la madrugada del 29 de marzo tomaron las bodegas y talleres de la Dirección General de Caminos para hacerse de explosivos, y luego tomaron el cuartel de la Guardia Civil y encarcelaron a los oficiales. Después cortaron las comunicaciones pues tomaron las instalaciones de las oficinas de Correos y Telégrafos y dinamitaron tres puentes ubicados en la carretera que comunicaba de Salamá hacia Cobán, cabecera del departamento de Alta Verapaz: Quiquilá, Las Burras y La Cebadilla, para evitar la entrada de las tropas del Ejército de la zona militar de Cobán.1
A las tres de la tarde el Ejército Nacional de la Revolución iba en avanzada por la finca Santo Tomás y a las cuatro los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaron el lugar. Finalmente, a eso de las cinco se produjo una escaramuza entre los insurrectos y el Ejército, el cual forzó a los alzados a retirarse hacia su cuartel e hizo huir a los cabecillas. Mientras tanto, otro grupo del Ejército entró por el norte de Salamá sin encontrar mayor resistencia, ya que el resto de los alzados se refugió en la iglesia parroquial de San Mateo Apóstol, ubicada en el parque central de la localidad.1
El presidente Arbenz mencionó el asunto de la siguiente forma en su informe al Congreso de la República el 15 de marzo de 1954:3
En marzo del año recién pasado varios facciones bien armados se levantaron y apoderaron de la plaza de armas de Salamá. Los contrarrevolucionarios ocuparon durante varias horas los edificios de la Gobernación Departamental, de la Administración de Rentas, de los Telégrafos y Correos, de la Guardia Civil, de la cárcel departamental, del aeropuerto y de otros sitios. Detuvieron al propio gobernador y a su hijo, el diputado Abundio Maldonado, […] distribuyeron armas y uniformes, insignias y propaganda calcada en las muletillas que difunde el «anticomunismo»; saquearon los fondos del erario público y esperaron en vano el apoyo del exterior que se les había prometido.
En el aeropuerto de Salamá los facciosos hicieron las señales convenidas para el aterrizaje de naves aéreas que llegarían del extranjero. Los cabecillas de aquel levantamiento no actuaron aisladamente; estaban entroncados con movimientos similares que se habían fraguado para otras plazas de la República y que a última hora no se produjeron y estaban enlazados a la actividad conspirativa de conocidos dirigentes del «anticomunismo».
El Ejército Nacional de la Revolución actuó con gran presteza. Fuerzsa armadas de la Primera Zona Militar, cuya sede es Cobán, Alta Verapaz, se movieron rápidamente hacia Salamá y tras una corta lucha, en la que perecieron siete contendientes y resultaron heridos otros tantos, recuperaron la plaza, capturarn a unos cuantos cabecillas, devolvieron la libertad a los detenidos y emprendieron la persecusión de la mayor parte de los facciosos fugitivos. Los mismos miembros de las Fuerzas Armadas dieron cuenta de los uniformes, armas e insignias que habían fabricado o adquirido con mucha antelación los dirigentes verdaderos del levantamiento de Salamá.[…]
La Guardia Civil también prestó su eficaz colaboración, así como los demás servicios policiacos, no sólo en la captura de algunos facciosos, sino en la información obtenida acerca de las ramificaciones de aquella conspiración que desembocó en el movimiento contrarrevolucionario que hemos descrito.
Ahora se da el caso insólito de que algunos periodistas, los menos serios por cierto, que militan en la oposición reaccionaria, trataron no sólo de reducir a su mínima importancia el levantamiento armado de Salamá, sino que dan la sensación de que tal hecho no ocurrió, como si sólo hubiese existido en la imaginación de la fuerzas armadas o del Gobierno de la República.3
NOTAS:
a: en el levantamiento participaron dieciséis salamatecos, entre ellos: Abigaíl Mejía, Sergio Escobar, Heriberto Ramírez P., Tomás López, Alcides Ochoa, Manuel Ramírez M., Francisco Colocho, Rosalío Amperez, Isidro Bautista, Ambrosio Flores, y otros integrantes del partido anticomunista (PUA).
Palacio de La Reforma, construido por el gobierno del general presidente José María Reina Barrios. Desapareció tras los terremotos de 1917-18. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano tomada de Wikimedia Commons.
Los primeros años del gobierno del general presidente José María Reina Barrios fueron de una prosperidad sin precedentes en la historia de Guatemala, gracias al aumento del precio internacional del café. Gracias a esta bonanza económica, el gobierno pudo realizar varios proyectos de infraestructura, y también de mejoramiento de las instituciones gubernamentales.
Uno de sus primeros proyectos fue la realización del censo de 1893, el cual pretendía establecer con certeza cuantos pobladores había en la República para así determinar qué proyectos tenían que ser prioritarios, de acuerdo al acuerdo del 18 de mayo de 1892.1 Con el fin de realizar el Censo General y documentar la Demarcación Política de la República, se utilizaron las siguientes definiciones:
Las pequeñas poblaciones que no tienen calles, que están formadas de chozas, ranchos que se encuentran aislados y en desorden, se llaman Caseríos. Los Caseríos pueden estar situados en las orillas de los mares, habitados por pescadores ó explotadores de salinas, entonces se llaman Caseríos litorales. Pueden estar situados en el interior del país, en las montañas, colinas, valles, etc., haciendas, fincas ó chacras y habitadas por agricultores y labradores, entonces se llaman Caseríos rurales.
Las localidades que tienen la apariencia de un pueblo por su considerable número de casas y habitantes, reunidos ya en sociedad, regidos por un Alcalde auxiiar, pero que no han adquirido el título de los pueblos por no tener una Municipalidad, se llama Aldeas.
Las agrupaciones que tienen Corporaciones Municipales, reciben la denominación de Pueblos.
Pueblos de alguna importancia por el ornato de sus calles, casas y plazas, por su industria, comercio, agricultura, instrucción pública, etc. se llaman Villas.
Las poblaciones extensas, con elegantes edificios públicos y particulares, asociaciones literarias, con importantes establecimientos de educación; ricas por su agricultura, comercio, industria, artes y ciencias; distinguidas por su cultura relativa, y que además han recibido del Gobierno el título de tales, se llaman Ciudades.2
Originalmente el censo se iba a realizar el 18 de diciembre de 1892 con un costo de diez mil pesos,3 pero por algunos problemas técnicos se pospuso para el último domingo de febrero de 1893, mediante el siguiente decreto:
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 25 de octubre de 1892.
Habiendo manifestado el Jefe de la Sección de Estadística, que á consecuncia de algunos inconvenientes insuperables, no ha sido posible llevar á cabo los trabajos preliminares del censo de población ; y que por esa causa, es conveniente transferir á una fecha posterior la fijada en acuerdo gubernativo de trece del mes próximo pasado,
El Presidente Constitucional, de conformidad con la exposición referida, acuerda:
Que el último domingo del mes de febrero del año inmediato de mil ochocientos noventa y tres, se practique en todo el país el empadronamiento prevenido en el acuerdo citado.
Comuniqúese.
Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Próspero Morales.4
Así pues, el censo se realizó el 24 de febrero5 de ese año y los resultados reflejaron lo siguiente:
El total de pobladores era de 1,364,788 habitantes.
En ese momento había 882,733 indígenas, y el resto eran ladinos, con un muy bajo porcentaje de criollos y extranjeros.
Los varones eran 677,472 y las mujeres 687,206.
La religión era todavía predominantemente católica, con 1,356,105 creyentes, mientras que las otras religiones se repartían así: 2,254 protestantes, y 1,146 de religiones no cristianas. Había 5,173 no creyentes.
Y, por último, había solamente 99,553 personas que sabían leer y escribir, y 1,265,125 analfabetos.6
El Palacio Nacional visto desde el famoso «Peladero» del Parque Centenario en la década de 1950. En el recuadro: el licenciado Luis Arturo González López. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
18 de febrero de 1869: mariscal Serapio Cruz «Tata Lapo» se rebela nuevamente
Región montañosa en el municipio de Nentón, en el departamento de Huehuetenango. Este poblado fue el primero que tomaron los hombres del mariscal Cruz en 1869. En el recuadro: el Mariscal Cruz. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Aprende Guatemala.
El mariscal Serapio Cruz, más conocido por los guatemaltecos como «Tatalapo«, fue un militar que siempre estuvo intentando hacerse con el poder bajo la bandera liberal. Durante el breve exilio del general Rafael Carrera en 1848-49, Cruz y su hermano Vicente se levantaron en armas e intentaron hacerse con el control del país y lucharon por la independencia de Los Altos.1 Pero durante el período de anarquía que se vivió durante la ausencia de Carrera el general Vicente Cruz fue asesinado y cuando Carrera regresó a hacerse cargo de la situación, Cruz comprendió que era mejor aliarse con él y así lo hizo.2
Durante la presiencia vitalicia de Carrera el mariscal Cruz fue incondicional del presidente e incluso se hizo su compadre, ya que la hermana de Cruz era una de las amantes de Carrera y tuvo varios hijos con él.2 Pero tras la muerte del caudillo el 14 de abril de 1865, Cruz pensó que se le abría nuevamente la oportunidad para hacerse con el poder.3
Su primer levantamiento contra el gobierno del mariscal Vicente Cerna fue en marzo de 1867, siendo derrotado por su compradre y compañero, el mariscal Antonino Solares, quien le perdonó la vida y le permitió que se retirara a El Salvador, no sin antes firmar un compromiso en Sanguayabá, por el que se comprometía a no retornar a Guatemala sin permiso del gobierno.4
Inicialmente, Cruz estuvo en El Salvador y Honduras y luego se trasladó a Comitán, desde donde empezó a planear una nueva revolución, aunque tenía el problema de que se le veía como a un guerrillero sin talento que intentaba imitiar a Carrera sin éxito. Cerna, por su parte, vivía tranquilamente pensando que todos sus aduladores eran sinceros y no se preocupaba de movimientos rebeldes.4
Finalmente, el 18 de febrero de 1869, Cruz y sus hombres entraron a caballo a Guatemala después de la feria de Chiantla, y se apropiaron del poblado de Nentón, aprovechando que el jefe de la guardia, el capitá Máximo Ruiz, huyó del lugar junto con sus soldados al enterarse de la acometida de los rebeldes. Cruz confiscó todo lo que pudo, reclutó algunos hombres más y partió con dirección a Quiché, pero a medio camino se enteró de que lo estaban persiguiendo los hombres de los corregidores de Huehuetenango y de Totonicapán, por lo que prefirió internarse en las selvas al norte de los Cuchumatanes.5
En Guatemala, el gobierno suspendió las garantías constitucionales y puso precio a la cabeza del mariscal Cruz, mientras éste utilizaba sus habilidades de guerrillero para hacer de las suyas en Huehuetenango y Quiché. En todos los poblados en donde aparecía trató de hacer lo mismo que hizo Carrera en 1849, es decir, intentó acercarse a los indígenas y conseguir adeptos entre ellos. Pero Cruz no tenía el mismo carisma que el caudillo y no consiguió mucho.5
Finalmente, luego de tres meses de estarlo persiguiendo, las fuerzas gubernamentales lograron expulsarlo hacia México. Pero Cruz se reforzó en ese país y siguió entrando a territorio guatemalteco, llegando hasta Baja Verapaz, acción en la que contó con la ayuda de un nuevo revolucionario: J. Rufino Barrios.6 Pero su levantamiento nunca se consolidó, quedando solamente como acciones asiladas de bandidos, hasta que finalmente encontró la muerte en enero de 1870 en Palencia, a manos de un soldado y de un sargento que estaban a las órdenes de su compadre, el mariscal Solares.7
BIBLIOGRAFIA:
Hernández de León, Federico (10 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 10 de febrero de 1849, Pax”. Guatemala: Nuestro Diario.
11 de febrero de 1934: disponen que la «Monja Blanca» sea la flor nacional
La Lycaste skinneri alba, conocida como «Monja Blanca», declarada flor Nacional de Guatemala el 11 de febrero de 1934. Imagen tomada de Wikimedia Commons. En el recuadro: la señora Leticia M. Southerland, presidenta del prestiogoso Miami Beach Garden Club, quien recomendó a Ubico que declara a la orquídea como flor nacional. Imagen tomada de «The Viceroyalti of Miami: Colonial Nostalgia and the Making of an Imperior City«.
A principios del siglo XX, la alta sociedad estadounidense que se mudaba a la ciudad de Miami en el estado de Florida, durante el invierno era llamada «el Comité de los 100», y se reunía en varios grupos sociales que tuvieron mucho que ver en promover a la ciudad y que ésta se convirtiera en el centro comercial más importante del continente americano. Uno de esos grupos era el Miami Beach Garden Club, cuya presidente, la señora Leticia M. Sutherland, organizó varias expediciones a América Latina en busca de finos especímenes de orquídeas para mostar en el Show Anual de Flores Tropicales durante los años 30.1
A principio de la década de 1930, la alta sociedad decoraba sus residencias con palmeras, orquídeas y bouganvileas, todas plantas tropicales de América Latina, y el Show de Flores Tropicales organizado por la señora Southerland era el evento principal de la temporada invernal.2 Este evento mostraba orquídeas y otras flores tropical que eran llevadas desde todos los países de América Latina, ya viajaba por la región estableciendo contactos con los gobernantes y creando interés internacional por el evento. La señora Southerland era esposa del juez J. Julien Southerland de Miami Beach, quien junto con sus colaboradores llamaba aquellos viajes de su esposa la «diplomacia de las flores«.3
El trabajo de la Sociedad era cada vez más recocido en los círculos gubernamentales, científicos e industrial del continente, y se vió beneficiado por la diplomacia del «Buen Vecino» que inició el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, incluso el Secretario de Agricultura, Arthur M. Hyde, dejaba sin efecto la prohibición de importar flores cada año para que la Sra. Southerland pudiera hacer traer las orquídeas para su evento.4
Por ello, cuando la Sra. Southerland envió una diplomática carga al presidente de Guatemala, el general Jorge Ubico, agradeciéndole por haber enviado ejemplares de la «Monja Blanca» para la exhición y recomendándole que la decretara como «Flor Nacional» porque Guatemala carecía de una, el presidente Ubico rápidamente emitió el siguiente decreto:5
Casa del Gobierno: Guatemala, 11 de febrero de 1934.
El Presidente de la República,
Considerando: que es digna de tomarse en consideración, la iniciativa que doña Leticia M. Southerland, Presidente de la Exposición Internacional de Flores, en Miami Beach, Florida, Estados Unidos de América, ha enviado a la Secretaría de Agricultura para que se designe entre los ejemplares de flores que hay en el país, una con la denominación de «flor nacional»;
Considernado: que según la opinión de peritos en la materia, la flor que por su rareza y hermosura, se hace merecedora de dicha designación, es la conocida «Monja Blanca» (Lycaste Skinnery Alba), que se da en los bosque de la región de Verapaz;
Acuerda: que el cita ejemplar de «Monja Blanca» (Lycaste Skinnery Alba), se tenga como representativo de la flor nacional, haciéndosele saber esta disposición a la señora Southerland.
Comuníquese.
Ubico.
El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Guillermo Cruz.5
10 de febrero de 1958: Ydígoras Fuentes gana primera vuelta electoral
Ciudad Univesitaria, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala recién construida en 1958. Solamente estaba el edificio de la Rectoría (a la derecha), el complejo de la Facultad de Ingeniería (a la izquierda) y el Aula Magna (Iglú). Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, Guatemala entró en un período de inestabilidad en que el que sucedieron varias juntas militares en el poder, hasta que finalmente se convocó a elecciones para el 20 de octubre de 1957. Tras acusaciones de fraude, el presidente interino Carlos González López, mientro del consejo directivo del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) -que era el partido de los liberacionistas radicales-, tuvo que renunciar al poder y entregarlo a un triunvirato militar.1
Tras varios días de negociaciones, la Embajada de los Estados Unidos medió para que la Junta Militar entregara el poder al Segundo Designado, coronel Guillermo Flores Avendano y que el Congreso de la República emitió el decreto 1212, de fecha 18 de noviembre de 1957, que convocaba nuevamente a elecciones presidenciales para el día 19 de enero de 1958.1 Para estas nuevas elecciones, el ahora debilidato MDN postuló al coronel José Luis Cruz Salazar, a la sazón embajador de Guatemala en Washington, en alianza con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), candidatura que contó con las simpatías y apoyo financiero de Estados Unidos, pues el MDN era el partido de los liberacionistas y Cruz Salazar no solamente representaba la continuidad de éstos, sino que en el gobierno de Eisenhower lo consideraba un político de derecha moderada que podía llenar el vacío existente entre las corrientes extremas que había en el país en ese momento. Por otra parte, el Tribunal Electoral dio vía libre a la participación del Partido Revolucionario, el cual postuló a su dirigente, Mario Méndez Montenegro. Y, finalmente, el general Ydígoras Fuentes repitió con su partido Redención. Como se esperaba, el ganador fue el general Ydígoras, por encima del liberacionismo, que había estado en el poder hasta octubre y que sufrió una contundente derrota en las primeras elecciones relativamente libres en las que participó.2
A pesar del triunfo electoral de Ydígoras, la elección se fue a segunda vuelta, la cual tenía que ser realizada en el Congreso por votación directa de sus diputados entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos, tal y como lo estipulaba la Constitución de 1956, vigente en aquella época. Así pues, la elección fue entre Ydígoras y Cruz Salazar. Esto dió lugar a negociaciones entre los partidos participantes, con el fin de llegar al día de la elección en el Congreso con una solución ya definida.3
Un primer acuerdo entre ambas fuerzas políticas fue un pacto llamado de “Borrón y cuenta nueva” (frase que usaba la campaña de Ydígoras), firmado el 27 de enero de 1958, mediante el cual ambos candidatos y sus partidos se comprometieron, entre otras cosas, a dos puntos esenciales: respetar la decisión que tomara el Congreso respecto de la Presidencia de la República y que el candidato que fuera electo por el Congreso integraría un gobierno con la participación de partidos anticomunistas. Este documento se hizo público, aunque hubo otro que permaneció en secreto y que fue firmado el 31 de enero. En este último, ambas partes dijeron que «[…] en la necesidad de aunar los esfuerzos de los partidos políticos en contienda a efecto de integrar un gobierno de carácter nacional y de contar así con mejores condiciones de luchar contra el comunismo, que como enemigo común, amenaza la subsistencia de las instituciones democráticas […]; se sugiere la conveniencia de que cuanto antes firme el coronel Cruz Salazar su renuncia de candidato ante el Congreso […]«. Además, ambas partes se comprometieron a que el nuevo gobierno integraría un Gabinete con la inclusión de tres ministros anticomunistas y que contribuiría con un subsidio mensual de 6 mil quetzales al partido MDN para su sostenimiento.3
De esta forma, el mismo 31 de enero el coronel Cruz Salazar presentó su renuncia al Congreso, mientras que Ydígoras, con el voto unánime del Congreso dado en su sesión del 12 de febrero, fue electo presidente de la República y tomó posesión del alto cargo el 2 de marzo. Si bien Ydígoras comenzó su gobierno con un gran capital político obtenido en las jornadas de octubre de 1957, pero el nuevo presidente rápidamente perdió el favor de la ciudadanía, porque su gestión estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas que creó su campaña electoral y porque su estilo de gobierno fue muy errático.4
Eventualmente, el gobierno de Ydígoras fue derrocado el 30 de marzo de 1963 por un golpe de estado perpetrado por el ala anticomunista radical del Ejército dirigido por su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia.5
8 de febrero de 1982: sale a la luz pública la URNG
El mercado de «La Terminal» en la ciudad de Guatemala en 1982. En el recuadro: la primera plana de «Prensa Libre» del 27 de enero de 1982, que muestra a Edgar Palma Lau, ex-presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien murió en un reducto guerrillero en Utatlán II, en la ciudad de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y la Hemeroteca de Prensa Libre.
En octubre de 1980, los grupos guerrilleros guatemaltecos conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional (URNG), luego de firmar acuerdos de unidad ideológica, política y estratégica para llevar a cabo lo que ellos llamaron una revolución de masas.1 Esos grupos fueron: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)-Núcleo. Sin embargo, debido a las constantes derrotas que estaban sufriendo en el frente militar y a la destrucción de sus reductos guerrillos en la Ciudad de Guatemala, el EGP y la ORPA decidieron congelar los acuerdos indefinidamente.1
Tras varias reuniones y discusiones, en enero de 1982 se retomaron las reuniones de los grupos guerilleros y finalmente el 7 de febrero de 1982 se formó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) cuando los principales grupos guerrilleros de Guatemala decidieron formar un solo frente, a fin de tomar el poder y realizar una revolución política y social en Guatemala.2
Para dar a conocer esta nueva agrupación, los miembros de la guerrilla detonaron bombas panfleteras con propaganda comunista que anunciaba la unión de las agrupaciones izquierdistas y provocaron el incendio de un conocido restaurante de comida rápida en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, además de la quema de una fábrica de café y la de varios camiones y vehículos en la capital. Si bien no hubo víctimas mortales en esos hechos, por la violencia imperante en la época los bomberos reportaron el ametrallamiento de cuatro personas ese noche.3
Los guerrilleros también ocuparon las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde hicieron un mitin con los estudiantes, a quienes invitaron a unirse a la revolución armada. Finalmente, el 9 de febrero, grupos de guerrilleros tomaron las instalaciones de tres conocidas radioemisoras de la época en la Ciudad de Guatemala para transmitir un mensaje en el que hicieron el anuncio. Las emisoras fueron: «Radio Rumbos«, «Fabuestereo» y «Radio Progreso«, en donde luego de obligar al personal a transmitir el mensaje, lo dejaron encerrado en sus propios instalaciones antes de huir.3
Todo esto ocurrió exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de marzo de ese año, en las que se presentaron cuatro candidatos de la extrema derecha:4
El general Angel Aníbal Guevara, ex-Ministro de la Defensa del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, postulado por el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente de Unidad Nacional (FUN)4
El arquitecto Gustavo Anzueto Vielman, hijo del general Roderico Anzueto Valencia, quien fuera la mano derecha del general Jorge Ubico durante cuyo gobierno fungió como Jefe de la Policía y Ministro de la Guerra.6 Anzueto Valencia también fue el cadete que delató a sus compañeros cuanto éstos planeaban secuestrar al presidente Manuel Estrada Cabrera en 1908.7 Anzueto Vielman fue postulado por la Central Auténtica Nacionalista, que era el partido del ex-presidente general Carlos Arana Osorio.4
Alejandro Maldonado Aguirre, postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Nacional Renovador (PNR).4 Maldonado Aguirre llegaría a la presidencia de la República a finales de 2015, tras la renuncia del general Otto Pérez Molina luego de un golpe blando en su contra.
En los comicios fue declarado vencedor el general Guevara, ante lo cual hubo fuertes protestas de fraude de parte de los otros candidatos que protestaron en el centro de la ciudad, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos, a pesar de pertenecer a la élite económica nacional.4 Pocos días después, el 23 de marzo de 1982, el gobierno de Lucas García fue derrocado por un golpe de estado y las elecciones declaradas nulas. El nuevo gobierno, a cargo del general evangélico Efraín Ríos Mont, fortaleció la lucha con la recién establecida URNG.8
1 de febrero de 1966: Peralta Azurdia militariza servicios públicos
Locomotoras y vagones de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), que se formó la década de 1960 luego de que la International Railways of Central America vendiera su chatarra al Estado, tras haberla usado desde 1908. En el recuadro: el coronel Enrique Peralta Azurdia, jefe de gobierno de facto de Guatemala de 1963 a 1966. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El golpe de Estado militar del 30 de marzo de 1963 en contra del presidente, general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, significó la consolidación del modelo militar contrainsurgente en Guatemala, por medio de la Carta Fundamental de Gobierno incluída en el decreto 8 del 10 de abril de 1963 que sustituyó a la derogada constitución de 1956, lo que inició la militarización del estado y de la sociedad con el apoyo y asesoría del gobierno de los Estados Unidos, entonces a cargo del demócrata John F. Kennedy. De hecho, el coronel Enrique Peralta Azurdia gobernó todo el tiempo en permanente estado de sitio, con el criterio de que cualquier oposición política era comunista y podía ser reprimida legalmente.1
En este estado de cosas, a fin de evitar huelgas de los trabajadores del Estado y de las empresas particulares que prestaban servicios públicos, el gobierno de facto del coronel Peralta Azurdia emitió el siguiente decreto de emergencia nacional, para poder militarizar los servicios públicos en caso necesario e imponer fuertes castigos a quienes instagaran las huelgas o se resistieran a la militarización:2
Decreto-Ley número 422
Enrique Peralza Azurdia, Jefe del Gobierno de la República
Considerando: que es conveniente determinar expresamente los alcances y efectos de la militarización de servicios públicos, cuando dicha medida se tome con el fin de mantener la continuidad y eficiencia de tales servicios,
Artículo 1°.— En caso de emergencia nacional, o cuando el orden público o el interés social lo requieran, los servicios públicos podrán ser militarizados mediante acuerdo gubernativo emitido por el Jefe del organismo Ejecutivo en Consejo de Ministros.
Artículo 2°.— Pueden ser militarizados los servicios públicos prestados por dependencias gubernamentales, por entidades estatales descentralizadas, autónomas o semiautónomas, o por empresas privadas.
Artículo 3°.— Desde que se acuerde la militarización de cualquier servicio público, la administración del mismo quedará a cargo de la autoridad militar que se designe; y todo el personal, incluso el directivo y administrativo, de las dependencias, entidades o empresas de que se trate quedará sujeto a los tribunales militares por los hechos delictuosos que los miembros de dicho personal cometan con ocasión o motivo de la militarización, o del estado que la originó. La expresada jurisdiccón se extenderá a los cuoatures cómplices y encubridores de tales hechos, aunque no pertenezcan al personal de la dependencia, entidad o empresa afectada.
Artículo 4°.— La negativa o resistencia a cumplir con sus obligaciones o la inasistencia injustificada a sus labores, por cualquier tiempo, así como la negativa a cumplir las órdenes de los superiores jerárquicos, por parte de los miembros del personal a que se extienda la militarización, pondrán fin a la relación de trabajo, sin ninguna responabilidad para el Estado ni para los patronos y se sancionarán según las circunstancias, con la pena de dos a seis meses de arresto menor inconmutables.
Artículo 5°.— Lo dispuestos en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad en que los infractores incurrieren, si los hechos fueren constitutivos de delitos más graves, ya sea por acción o por omisión, de conformidad con las leyes penales comunes y las del orden militar, en su caso.
Artículo 6°.— Los procesados con motivo de la aplicación de esta ley, no podrán ser excarcelados bajo fianza de haz mientre dure la militarización de que se trate.
Artículo 7°.— El Ministerio de la Defensa Nacional dictará las disposiciones y tomará las medidas que estime necesarias para mantener en forma normal y sin interrupción los servicios públicos militarizados, mantener el orden, proteger a los trabajadores que deseen seguir laborando, y salvaguardar los bienes de las dependencias, entidad o empresa respectiva.
Artículo 8°.— Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en el Palacio Nacional: en la ciuad de Guatemala, a primero de febrero de mil novecientos sesenta y seis.
Publíquese y cúmplase.
Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de la República, Ministro de la Defensa Nacional
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999) Memoria del Silencio. Naciones Unidas: Oficina de Servicios para Proyecto s de las Naciones Unidas. ISBN: 958- pp. 131-133.
11 de enero de 1873: eximen a los indígenas del servicio militar
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer «exclusivamente sobre la clase desvalida» y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas. Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que «en cambio, prestan otros de diferente naturaleza«;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2
Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y
Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;
Decreto:
Art. 1°.— Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.
Art. 2°.— Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados. Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.
Art. 3°.— Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.
Art. 4°.— Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.
Art. 5°.— Quedan exceptuados del servicio militar:
Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
Los ordenados in sacris.
Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.
Art. 6°.— Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos. Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.
Art. 7°.— También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar. Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.
Art. 8°.— Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.
[…]
Art. 18.— Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.
Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.
Miguel García-Granados
El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1
Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios. Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3
Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4
Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5
En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6
8 de enero de 1877: decreto 170 sobre redención de tierras ejidales
El presidente de Guatemala, general presidente J. Rufino Barrios autoriza la redención de los capitales representativos del valor tierras ejidales, efectivamente terminando con la tierra comunal indígena y dando origen a grandes latifundios.
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Reforma Agraria durante gobierno de Barrios:
La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2
Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas.
J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;
Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;
Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;
Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;
Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,
Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;
Por tanto, decreta:
Art. 1°.— Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.
Art. 2°.— Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue: en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.
Art. 3°.— Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.
Art. 4°.— Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios.
Art. 5°.— Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda. Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.
Art. 6°.— Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean. Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.
Art. 7°.— Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a. instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.
Art. 8°.— Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.
Art. 9°.— Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.
Art. 10°.— Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.
Art. 11°.— Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.
Art. 12°.— Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.
Art. 13°.— En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.
Art. 14°.— En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 15°.— La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.
J. Rufino Barrios
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos, J. Barberena.2
Concesiones a extranjeros durante los gobiernos liberales:
Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte, en los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, eran declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquirieron gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas «de crianza«, en donde en realidad cultivaban los productos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3
Fueron los gobiernos del general José María Reina Barrios y del licenciado Manuel Estrada Cabrera los que realizaron las mayores adjudcaciones de tierras en propiedad entre 1877 y 1920:4
2 de enero de 1948: inauguran el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
La sede actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la Ciudad de Guatemala. En el recuadro: el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmando el Acta de Seguridad Social en 1935, en la cual está basado el IGSS. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo es considerado el pionero en la implementación de medidas sociales que benefician a los trabajadores en Guatemala, y por ello, es visto por algunos grupos de la élite nacional como un régimen comunista. Sin embargo, las innovaciones introducidas por el gobierno arevalista no tenían su fundamento en las políticas marxistas-leninistas del Kremlin, sino en las políticas sociales del «New Deal» que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había implementado para contrarrestar los devastadores efectos económicos de la Gran Depresión que se inició en 1929 y que se extendió hasta principios de la década de 1940.1
La Seguridad Social fue parte de este «New Deal» de Roosevelt, y fue introducida en la Social Security Act firmada por el presidente estadounidense el 14 de agosto de 1935 ya que los Estados Unidos eran el único país industrializado de ese entonces que no contaba con ningún tipo de ayuda para los trabajadores. Durante los debates legislativos sobre la Seguridad Social, se incluyeron beneficios para los trabajadores, sus viudas y sus dependientes; incluyendo numerosos tipos de trabajo desde los burócratas hasta los maestros. El entonces nuevo programa fue financiado mediante un nuevo impuesto que fue llamado Impuesto de Contribución para Seguro Federal, el cual era recolectado por cada estado y para el que contribuían tanto el patrono como el trabajador a partes iguales. Ahora bien, la Seguridad Social estadounidense cubría mucho menos que su homóloga en los países europeos, pero fue la primera vez que el Gobierno Federal se hizo cargo de la seguridad económica de los ancianos, de los desempleados, de los dependientes y de los incapacitados.2,3
Los regímenes dictatoriales apoyados por la United Fruit Company en Guatemala y en El Salvador habían sido derrocados a mediados de 1944 por movimientos civiles similares en sus respectivos países debido a la debilidad que tenía la internacional frutera por los hundimientos de sus vapores durante la Segunda Guerra Mundial. Esto permitió que subieran al poder regímenes que implementaron las medidas del «New Deal» de Roosevelt, y de allí los cambios sociales que implementó el gobierno arevalista.4,5 De esta forma, el 2 de enero de 1948 el presidente Arévalo inauguró oficialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un acto en el que participaron el licenciado José Rolz Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el licenciado Oscar Barahona Streber, primer gerente del Instituto.6
A principios de la década de 1950, con la llegada al poder del presidente Dwight Eisenhower la política estadounidense empezó a perseguir la supuesta amenaza comunista tanto dentro de los Estados Unidos como en los países de América Latina. Y como en Guatemala el gobierno del Dr. Arévalo apoyó la formación de la Legión Caribe que perseguía derrocar a los gobiernos militares del área7 y luego el gobierno del coronel Jacobo Arbenz atacó frontalmene los intereses de la compañías estadounidenses en el país,8 el gobierno estadounidense favoreció el establecimiento de regímenes militares como el de Carlos Castillo Armas en Guatemala que apoyaron los intereses de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas.9
Ahora bien, es importante indicar que aunque los regímenes militares hicieron precisamente lo que les instruyó el gobierno estadounidense, y protegieron siempre los intereses patronales frente a los laborales, mantuvieron vigentes a la mayoría de los beneficios sociales introducidos durante el gobierno del Dr. Arévalo
BIBLIOGRAFIA:
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Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (2021) Inauguración del IGSS. Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Rabe, Stephen G. (s.f.). Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (en inglés). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana.
15 de diciembre de 1887: Tocoy Tzimá es renombrado «Morazán»
Castillo de San Fernando de Omoa, en Honduras, principal puerto comercial del Reino de Guatemala durante la época colonial. Los artículos que salían de Santiago de los Caballeros pasaban por Tocoy Tzimá, en donde eran embarcados en piraguas por el río Motagua. En el recuadro: la ubicación del municipio de Morazán en del departamento de El Progreso en Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La rivalidad entre los criollos conservadores y liberales en Guatemala dio lugar a numerosas guerras, rebeliones e invasiones, que retrasaron el progreso del país por décadas. Cada vez que uno de los dos grupos llegaba al poder, el otro conspiraba en su contra para derrocarlo, en detrimento de las finanzas e infraestrucutra del Estado, que tenía que endeudarse para conseguir las armas necesarias para repeler las invasiones, muchas veces patrocinadas por los mismos financistas que le prestaban al gobierno.1
En medio de este juego patrocinado por financistas ingleses desde el enclave británico de Belice aprovechando las rivalidades de los criollos se produjeron las guerras entre el general liberal Francisco Morazán y las fuerzas guatemaltecas. Morazán invadió a Guatemala en 1829, saqueando la Ciudad de Guatemala2 y expulsando a los criollos conservadores y los frailes regulares de la Iglesia Católica de toda la región centroamericana.3 Después, ya convertido en presidente de la República Federal de Centro América favoreció el desarrollo de las provincias, exceptuando Guatemala, a la que miraba como el reflejo de la dominación española previa a la Independencia.4 Luego, cuando el gobierno liberal de Mariano Gálvez fue derrocado por la revolución católico-campesina liderada por el general mestizo Rafael Carrera,5 Morazán ingresó con su ejército a Guatemala y destituyó al jefe de Estado Mariano Rivera Paz, colocando al salvadoreño Carlos Salazar en su lugar, con la esperanza de que éste derrotara definitivamente a Carrera y consiguiera que se formara el Estado de Los Altos con todos los departamentos del Occidente de Guatemala, el cual estaría controlado por los criollos liberales de la región.
Cuando Carrera dió un golpe de estado en abril de 18392 para colocar a Rivera Paz nuevamente en el poder, y luego retomó el Estado de Los Altos a sangre y fuego a petición de los indígenas de la región en 1840,1 Morazán invadió a Guatemala para retomar el control de la situación, pues ya la República Federal se había desmoronado debido a sus errores administrativos como presidente, y solamente quedaban El Salvador, Guatemala y Los Altos; de hecho, para entonces Morazán era el Jefe de Estado de El Salvador y ya no presidente federal. Pero en la Ciudad de Guatemala, la cual había tomado gracias a una treta del ejército liderado por Carrera, Morazán se apropió de los fondos de la municipalidad para pagar los gastos de la invasión y cuando estaba disfrutando de su supuesta victoria, fue atacado por las fuerzas de Carrera y tuvo que huir de la ciudad gritando «¡Que viva Carrera!» junto con unos cuantos de su allegados, dejando abandonados a los miembros de ejército, que fueron pasados por las armas por los guatemaltecos hasta que Carrera tuvo que intervenir para que no continuaran masacrándolos.6
Tras la muerte de Carrera, los criollos liberales aprovecharon para reforzarse y finalmente retomaron el poder el 30 de junio de 1871,11 y desde entonces rescribieron la historia, mostrando al gobierno de Carrera, que era aliado de los indígenas, de los conservadores y de los eclesiásticos, como una época retrógrada y a él mismo como un individuo sin educación que era títere de los criollos conservadores, que no sabía leer ni escribir y que firmaba como «Raca Carraca«.12 Al mismo tiempo, elevaron a Morazán a la categoría de héroe centroamericano y culparon a Carrera, y no a los desaciertos de Morazán, de la destrucción de la República Federal de Centro América, a pesar de que Guatemala fue el último estado que se separó de la federación cuando Carrera fundó la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847.13
Siguiendo esta línea de los criollos liberales, que dejaron por un lado todos los logros del gobierno conservador para la región guatemalteca, y lo sustituyeron por un supuesto héroe centroamericano que solamente trajo desolación y ruina al país, el general presidente Manuel Lisandro Barillas nombró al poblado de Tocoy Tzimá, en el departamento de Verapaz y paso estratégico de comercio hacia el Atlánico, como «Morazán» el 15 de diciembre de 1887, por medio del siguiente decreto:14
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, diciembre 15 de 1887.
Con esta fecha acordó el Gobierno cambiar el nombre del pueblo de Tocoy, en el de «MORAZÁN.»14
Tras la finalización del Ferrocarril del Norte por el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, el municipio de Morazán pasó a formar parte del nuevo departamento de «El Progreso» el 13 de abril de 1908.
Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.
Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. 1. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. p. 90.
Coronado Aguilar, Apuntamientos para la Historia de Guatemala, p. 266.
Sierra González, Aída Lucila (2001). «La batalla de la Arada». Guatemala: Servicio de Historia Militar, Sección de Investigaciones Históricas, Museo Militar. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2014.
Palacio Nacional de la Cultura en la Ciudad de Guatemala en 2016. En 1996 todavía era l sede del gobierno. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
En octubre de 1996 las conversaciones de paz entre el Estado de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) estaban bastante avanzados y se pensaba llegar pronto a un Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Sin embargo, el 19 de octubre las fuerzas de seguridad del Estado capturaron al comandante Isaías, de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), porque éste estaba involucrado en el secuestro de la empresaria Olga Alvarado de Novella, miembro de una de las familias más poderosas en el país, y a quien las autoridades canjearon por el detenido, bajo la premisa de que existía riesgo para la vida de su vida en una acción «humanitaria«. Por esta razón, el 28 de octubre el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, informó que se suspendía el encuentro que debía realizarse en la ciudad de México entre la Comisión de Paz (COPAZ) y la Comandancia General de la URNG.
El Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dirigido por el ex-presidente general Efraín Ríos Mont —y entonces el principal partido de oposición tras perder por escaso margen las elecciones presidenciales de 1996—, se apresuró a desprestigiar el proceso de paz y acusaron al presidente y a los ministros de Defensa y Gobernación de violación del mandato constitucional por el canje de la empresaria y el guerrillero. Sectores del Ejército pidieron la suspensión de la desmovilización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que se estaban dando como parte de los acuerdos que ya se habían logrado, y también solicitaron que se movilizaran efectivos militares.1
Las organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles, sindicales, campesinas, la Alianza Contra la Impunidad y la Oficina de Información del Arzobispado exigieron explicaciones a la URNG, quien reconoció el 30 de octubre que “asumía la responsabilidad política a razón de que quienes habían realizado el secuestro pertenecían a una de sus organizaciones. Pero no puede en rigor asumir la responsabilidad de algo que estuvo totalmente fuera de su control”. Además, para salvar su imagen, la URGN y la ORPA expulsaron al comandante Isaías de sus filas, y pidieron disculpas a la sociedad guatemalteca reconociendo que habían puesto en peligro el proceso de paz. También pidieron al Ejecutivo abordar de inmediato el tema del Cese al Fuego Definitivo, el cual es firmado el 4 de diciembre de 1996, en Oslo.1
La URNG siguió dando muestras de buena voluntad ya que tres días después, el comandante Gaspar Ilom, —cuyo verdadero nombre era Rodrigo Asturias, hijo del fallecido escritor Miguel Angel Asturias— máximo responsable de ORPA, se retiró voluntariamente de la mesa de negociaciones para “contribuir a allanar dificultades y garantizar condiciones ecuánimes y favorables en la culminación del proceso” y fue sustituido por Jorge Edilberto Rosal Meléndez.1
De esta forma, el 12 de diciembre, en Madrid, los representantes del gobierno guatemalteco y de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de URNG a la Legalidad. A partir de ese momento, la Comandancia General, antes compuesta por un miembro de cada una de las cuatro organizaciones integrantes, ahora añadió a cinco del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), a tres de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), a dos de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y a uno del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), en proporción al número de militantes que poseían cada una en el momento de la fusión.1
Con la actitud del Gobierno y del Ejército a dar la oportunidad a la URNG de rectificar ante el secuestro de la empresaria finalmente hubo buena voluntad de ambas partes de llegar por a una paz definitiva. El Partido de Avanzada Nacional, del presidente Alvaro Arzú adoptó una posición conciliadora con la guerrilla y con los grupos extremistas del Ejército aunque siempre adoptando una política económica y social extremadamente neoliberal que se decanta totalmente a favor de las élites sociales.2
Por su parte, a partir de este momento, el gobierno de los Estados Unidos inicialmente adoptó una posición en que la no apoyaría ningún golpe de Estado militares e incluso lo haría fracasar, pero conforme las potencias emergentes de China y Rusia empezaron a mostrar un mayor interés en la región centroamericana, el gobierno estadounidense empezó a implementar políticas para realizar golpes de estado blandos, creando la Comisión Internacional internacionales contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), la cual, aprovechando las eternas diferencias entre los grupos élites guatemaltecos y haciéndole creer a la población que sus débiles manifestaciones en una plaza frente a un Palacio vacío convertido en Museo han obligado a los gobiernos de turno a cambiar de rumbo o a renunciar. De esta forma, el gobierno estadounidense mantiene un rígido control sobre los gobiernos locales y evita el ingreso de otras potencias en el país.3
Las partes principales de aquel Acuerdo se reproducen a continuación:4
Considerando que el origen del enfrentamiento armado interno que durante más de tres décadas ha vivido Guatemala estuvo determinado por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática, y la adopción de medidas de represión política en contra de personas y organizaciones que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado en 1954;
Considerando que frente a una situación de injusticia social y económica, incluyendo prácticas discriminatorias en contra de los pueblos indígenas, y la negación sistemática de los derechos y garantías individuales y sociales, asiste a los pueblos el derecho a buscar las transformaciones democráticas necesarias;
[…] Considerando que el proceso de negociación para la búsqueda de la solución política al enfrentamiento armado interno lleva implícito para su culminación el establecimiento de una serie de medidas para la incorporación de la URNG a la legalidad;
Reconociendo la determinación de la URNG de convertir sus fuerzas político militares en un partido político debidamente acreditado y cuya acción se enmarque dentro del ordenamiento jurídico nacional;
[…]Llamando al Estado en su conjunto, a todos los sectores de la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional a que acompañen y contribuyan a la realización del proceso de incorporación de la URNG;
El Gobierno de Guatemala y la URNG (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente:
I. Definiciones
1. Se entiende por incorporación de la URNG a la legalidad, el proceso mediante el cual sus miembros se integrarán a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.
2. El proceso de incorporación de los miembros de la URNG se iniciará con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y deberá desembocar en su incorporación sostenible a la vida ciudadana del país. […]
3. La fase de incorporación inicial comprende dos regímenes en función de la situación de los miembros de la URNG:
(a) El régimen aplicable a los integrantes de los distintos frentes guerrilleros y a otros combatientes […]
(b) El régimen aplicable a los demás miembros de la URNG, integrantes de la estructura política interna y guatemaltecos integrantes de la estructura internacional de apoyo que no sean sujetos al proceso de desmovilización.
4. El Gobierno de Guatemala y la URNG se comprometen a hacer lo necesario para el cumplimiento de la etapa de incorporación inicial y solicitan para ello el apoyo de la cooperación internacional. Para llevar a cabo el programa […] se establecerá una Comisión Especial de Incorporación con la participación del Gobierno de Guatemala, de la URNG así como de los donantes y cooperantes, estos últimos con carácter consultivo. […]
5. Después de un año […] los beneficiarios de ambos regímenes podrán acceder a servicios de más largo plazo que ofrezca el Gobierno […] destinados a asegurar una incorporación sostenible a la vida económica, social y cultural del país, en igualdad de condiciones que el resto de la población guatemalteca. […]
6. Se entiende por programa de incorporación de la URNG el conjunto de medidas y disposiciones legales, políticas, económicas y de seguridad, así como subprogramas y proyectos que deben asegurar el éxito del proceso de incorporación. […]
II. Objetivos y principios
7. El programa de incorporación buscará establecer las mejores condiciones para la incorporación de los miembros de la URNG a la vida […] del país en un marco de seguridad y dignidad.
8. La fase de incorporación inicial buscará dotar a los miembros de la URNG […] de los medios necesarios para iniciar su incorporación sostenible […]
10. El Gobierno de Guatemala se compromete a garantizar las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad, y promover las condiciones sociales y económicas necesarias para hacer posible la realización del programa de incorporación.
III. Componentes del programa de incorporación
A. Area Jurídica
17. El Gobierno de la República promoverá ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional cuyo objetivo será […] promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, al mismo tiempo que preserve los derechos fundamentales de las víctimas, como condiciones indispensables para una paz firme y duradera.
18. Se reconoce el derecho inalienable de toda sociedad a conocer la verdad, por lo que la Ley de Reconciliación Nacional encargará a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca […]
19. Con base en el principio de que toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener reparación e impone al Estado el deber de reparar, la Ley dispondrá que una entidad estatal tenga a su cargo una política pública de resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La entidad encargada tomará en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
20. Con miras a favorecer la reconciliación nacional, sin desatender la necesidad de combatir la impunidad, la Ley de Reconciliación Nacional incluirá una figura legal que permita la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad.
21. En relación con la figura legal indicada en el párrafo anterior, la Ley de Reconciliación Nacional declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos […] y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, y contra la administración pública.
Delitos comunes conexos
22. […]la Ley de Reconciliación Nacional declarará igualmente la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos […], entendiéndose por tales aquéllos que directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de los cuales no se demuestre que tuvieron como móvil un fin personal.
23. Para quienes por mandato institucional estuvieron involucrados en el enfrentamiento armado interno, la Ley de Reconciliación Nacional contendrá disposiciones específicas […] en el sentido de que declararán la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes perpetrados con la finalidad de impedir, frustrar, reprimir o sancionar la comisión de delitos políticos y comunes conexos […] siempre que no fuere probado que no existe relación entre el hecho delictivo y la finalidad preceptuada.
24. Las disposiciones contenidas en la referida Ley de Reconciliación Nacional, que declaren la extinción de la responsabilidad penal, en ningún caso incluirán aquellos delitos que son imprescriptibles o que no admiten la extinción de la responsabilidad penal […]
28. Para el cumplimiento del proceso de desmovilización de los miembros de la URNG, pactado en el Acuerdo sobre definitivo cese al fuego, la Ley de Reconciliación Nacional establecerá la extinción total de la responsabilidad penal de los autores, cómplices y encubridores de los delitos […] que cometieren dichos miembros hasta el día en que concluyan su desmovilización, conforme a los términos, condiciones y plazos convenidos en el referido Acuerdo. […]
29. Como consecuencia de las condiciones en que se ha desenvuelto el enfrentamiento armado interno, una gran parte de miembros de la URNG carecen de documentación personal. […] Para facilitar una inmediata solución a este problema, el Gobierno de la República se compromete a promover ante el Congreso de la República las reformas que correspondan […]
31. Se agilizarán los trámites para la nacionalización de los hijos de guatemaltecos miembros de la URNG nacidos en el extranjero.
B. Area política
34. Con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, los miembros de la URNG, al igual que todo ciudadano, gozarán del pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales […], comprometiéndose ellos al cumplimiento de todos sus deberes y obligaciones.
35. El Gobierno de la República considera que la transformación de la URNG en un partido político debidamente acreditado ante los organismos respectivos constituye un aporte al fortalecimiento del Estado de derecho y al afianzamiento de una democracia pluralista.
C. Area de Seguridad
36. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas y a garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos ciudadanos de los miembros de la URNG, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física.
37. El Gobierno prestará particular atención a toda denuncia acerca de hechos atentatorios contra la seguridad de los miembros de la URNG
D. Area socieconómica
40. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas necesarias para el reconocimiento, homologación, validación y legalización de los estudios […] realizados por los miembros de la URNG, mediante mecanismos adecuados de evaluación y nivelación.
42. Como parte de los subprogramas de incorporación, los miembros de la URNG podrán ser acreedores de becas, bolsas de estudio o cualquier otro mecanismo de apoyo para la continuidad de sus estudios, con la cooperación del Gobierno […]
F. Subprogramas especiales
50. Como consecuencia del enfrentamiento armado interno, existe un sector de la población discapacitado, considerado entre los más vulnerables y afectados por el conflicto, el cual requiere de una atención específica y prioritaria dentro del programa previsto en el presente Acuerdo.
53. Las Partes convienen en adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible la reunificación de los miembros de la URNG con sus familias. El Gobierno de la República se compromete a brindar todas las facilidades para el efecto.
54. El Gobierno de la República se compromete a colaborar con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en lo relativo al tema de los detenidos y desaparecidos de la URNG y a aportar todos los elementos, medidas pertinentes e información que conduzcan a la recuperación de los restos de miembros de la URNG, incluyendo sus combatientes caídos en combate.
IV. Arreglos institucionales
55. Esta fase será financiada con recursos del Gobierno de la República y contribuciones de la comunidad internacional.
56. Las Partes convienen en la creación de la Comisión Especial de Incorporación, que estará integrada por un número igual de representantes del Gobierno de la República y de la URNG, y representantes de los donantes, cooperantes y agencias de cooperación internacional, estos últimos con carácter consultivo […]
V. Disposiciones finales.
Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último […]
Madrid, 12 de diciembre de 1996.
Por el Gobierno de Guatemala:
Gustavo Porras Castejón
General de Brigada, Otto Pérez Molina
Richard Aitkenhead Castillo
Raquel Zelaya Rosales
Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca:
Vista de Salamá, cabecera departamental de Baja Verapaz en 1897, tomada del libro «Auf alten wegen in Mexiko und Guatemala» («Por los viejos caminos de Mexico y Guatemala«). En el recuadro: el general presidente, José María Reina Barrios.
El general presidente José María Reina Barrios era dado a hacer giras por el país para mejorar la administración de las dependencias a su cargo ya que en esa época la constitución vigente —establecida en 1879 para el estilo de gobierno del general J. Rufino Barrios— otorgaba al jefe del Ejecutivo el poder de decisión en todos los aspectos del gobierno.1 De esta forma, el 10 de diciembre de 1892, el general Reina Barrios y su ministro de Gobernación y Justicia, licenciado Manuel Estrada Cabrera, estuvieron en Salamá, Baja Verapaz, en donde resolvieron los asuntos administrativos que en el siglo XXI serían resueltos por una autoridad departamental o municipal.
He aquí algunos ejemplos de los resuelto aquel 10 de diciembre para la cabecera municipal de Salamá:
Decreto que acuerda que de la respectiva partida de gastos extraordinarios, se erogue la suma de doscientos pesos, para mueblaje y demás enseres del Juzgado de 1a. Instancia de este Departamentol en la inteligencia de que el Juez, oportunamente, rendiría cuenta detallada del gasto.2
Decreto que eroga la suma de trescientos treinta y seis pesos, que se tomarían de la partida de gastos extraordinarios del ramo.2
Decreto que otorga una subvención de $50 pesos mensuales para sostenimiento del alumbrado público y la de $40 pesos mensuales para la alimentación de presos de Salamá, tomándose de la partida de gastos extraordinarios de los respectivos ramos, debido a que los fondos propios de la cabecera de Baja Verapaz no eran suficientes para atender debidamente algunos de los ramos de su administración local.2
Decreto para la erogación de $2000 pesos de la partida de gastos de Beneficencia del Tesoro Público, siempre que lo aprobara la Asamblea Legislativa, para la construcción del edificio del hospital de Baja Verapaz.3
Decreto para auxiliar a la corporación municipal de Salamá con $1000 pesos de la partida de gastos extraordinaria para conclusión de las cárceles de esa cabecera, debido a lo urgente de ello y a lo exhausto de los fondos municipales de la misma.3
Y he aquí los decretos firmados por Reina Barrios y Estrada Cabrera para el resto del departamento aquel mismo día:
Decreto para crear la plaza de Comisionado Político, que a la vez iba a ser el Comandante Local del poblado de Saltán, Baja Verapaz, con un sueldo de $25 pesos mensuales tomados de la partida de gastos extraordinarios de Guerra.4
Decreto aprobando el gasto que fuera necesario para que un Ingeniero Topógrafo dividiera lo más pronto posible diez caballerías de terreno concedidas al pueblo de Saltán, para que así la Jefatura Política hiciera un sorteo para adjudicar los terrenos entre los vecinos del poblado, extendiendo a favor de cada concesionario el atestado respectivo, que le iba a servir de título de propiedad al inscribirlo.4
Decreto erogando $1,138.75 pesos para la reforma y amplicación del edificio municipal de Cubulco, Baja Verapaz, debido al estado de exhaustez en que estaban sus fondos.4
Decreto para la compra de una casa destinada a ser la escuela de ambos sexos en la población de El Chol, Baja Verapaz, por un monto de $400 pesos provenientes de de la partida de gastos extraordinarios de Gobernación y Justicia y que fueron pagados ese mismo día por la Administración de Rentas Departamental.4
Decreto erogando $600 pesos a favor de la municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz, para la construcción de edificios de escuelas primarias de ambos sexos, tomando los fondos de la partida de gastos extraordinarios de Instrucción Pública.5
Decreto otorgando $300 pesos a la municipalidad de San Gabriel, Baja Verapaz, para la construcción del edificio para la escuela de varones de dicha población, tomando los fondos de la partida de gastos extraordinarios de Instrucción Pública.5
Decreto otorgando $300 pesos a la Escuela de Música de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, a partir de la partida respectiva de gastos extraordinarios del Erario Público.
La gira departamental de Reina Barrios y Estrada Cabrera se extendió desde el 21 de noviembre de 1892 hasta el 18 de diciembre, y pasó por las cabeceras departamentales de Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, Baja Verapaz y Alta Verapaz.
Las tropas mexicanas proclaman al Presidente de la Regencia, Agustín de Iturbide, como emperador de México. En el recuadro: el emperador Agustín I. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras una misiva del 19 de octubre de 1821 en la que el futuro emperador de México Agustín de Iturbide le invitaba a anexarse, el jefe político de la Junta Provisional Consultiva, Gabino Gaínza, le contestó el 3 de diciembre indicándole que era necesario consultar a diversos cabildos centroamericanos para dar una respuesta sobre la cuestión. Gaínza finalizó su carta diciendo: «Espero que Vuestra Excelencia dejará en suspenso sus decisiones, y detendrá la marcha de su división armada, hasta la llegada de mi respuesta que le enviaré por correo el 3 de enero de 1822«, en alusión a la división del ejército que Iturbide había mandado a la frontera entre ambos países.1
El 3 de enero de 1822, Gaínza envió a Iturbide su conteo aún incompleto: 32 ayuntamientos aceptaban la anexión si lo hacía la Junta Provisional; 104 aceptaron llanamente la anexión; dos se oponían de plano, mientras que otros veintinún ayuntamientos opinaban que esta cuestión sólo podía ser debatida por el congreso que debía reunirse en marzo, según lo indicaba el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821.2 Si bien algunos pueblos se oponían a la Anexión, hubo muchos pueblos que se unieron por iniciativa propia al Imperio, aun saltando por encima del conducto oficial de Gaínza. Y a los dos días, la Junta Provisional Consultiva declaró la unión del Reino de Guatemala al Imperio de México en un acta firmada en la Ciudad de Guatemala, la cual dice así:
