El gobierno del general presidente José María Reina Barrios realiza el Censo General y la Demarcación Política de la República.
Palacio de La Reforma, construido por el gobierno del general presidente José María Reina Barrios. Desapareció tras los terremotos de 1917-18. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano tomada de Wikimedia Commons.
Los primeros años del gobierno del general presidente José María Reina Barrios fueron de una prosperidad sin precedentes en la historia de Guatemala, gracias al aumento del precio internacional del café. Gracias a esta bonanza económica, el gobierno pudo realizar varios proyectos de infraestructura, y también de mejoramiento de las instituciones gubernamentales.
Uno de sus primeros proyectos fue la realización del censo de 1893, el cual pretendía establecer con certeza cuantos pobladores había en la República para así determinar qué proyectos tenían que ser prioritarios. El gobierno emitió el siguiente decreto para iniciar el proceso:1
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 18 de mayo de 1892.
Considerando:
Que en observancia del artículo 49 del decreto número 244, deberá procederse durante el presento año ala formación del censo general del país;
El Jefe del Poder Ejecutivo acuerda: que la Sección de Estadística dé las instrucciones conducentes al fin indicado, pudiendo requerir la cooperación de todas las autoridades y corporaciones de la República.
Comuniqúese.
Reina Barrios
El Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Jorge Vélez1
Con el fin de realizar el Censo General y documentar la Demarcación Política de la República, se utilizaron las siguientes definiciones:
Las pequeñas poblaciones que no tienen calles, que están formadas de chozas, ranchos que se encuentran aislados y en desorden, se llaman Caseríos. Los Caseríos pueden estar situados en las orillas de los mares, habitados por pescadores ó explotadores de salinas, entonces se llaman Caseríos litorales. Pueden estar situados en el interior del país, en las montañas, colinas, valles, etc., haciendas, fincas ó chacras y habitadas por agricultores y labradores, entonces se llaman Caseríos rurales.
Las localidades que tienen la apariencia de un pueblo por su considerable número de casas y habitantes, reunidos ya en sociedad, regidos por un Alcalde auxiiar, pero que no han adquirido el título de los pueblos por no tener una Municipalidad, se llama Aldeas.
Las agrupaciones que tienen Corporaciones Municipales, reciben la denominación de Pueblos.
Pueblos de alguna importancia por el ornato de sus calles, casas y plazas, por su industria, comercio, agricultura, instrucción pública, etc. se llaman Villas.
Las poblaciones extensas, con elegantes edificios públicos y particulares, asociaciones literarias, con importantes establecimientos de educación; ricas por su agricultura, comercio, industria, artes y ciencias; distinguidas por su cultura relativa, y que además han recibido del Gobierno el título de tales, se llaman Ciudades.2
Originalmente el censo se iba a realizar el 18 de diciembre de 1892 con un costo de diez mil pesos,3 pero por algunos problemas técnicos se pospuso para el último domingo de febrero de 1893, mediante el siguiente decreto:
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 25 de octubre de 1892.
Habiendo manifestado el Jefe de la Sección de Estadística, que á consecuncia de algunos inconvenientes insuperables, no ha sido posible llevar á cabo los trabajos preliminares del censo de población ; y que por esa causa, es conveniente transferir á una fecha posterior la fijada en acuerdo gubernativo de trece del mes próximo pasado,
El Presidente Constitucional, de conformidad con la exposición referida, acuerda:
Que el último domingo del mes de febrero del año inmediato de mil ochocientos noventa y tres, se practique en todo el país el empadronamiento prevenido en el acuerdo citado.
Comuniqúese.
Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Próspero Morales.4
Así pues, el censo se realizó el 24 de febrero5 de ese año y los resultados reflejaron lo siguiente:
El total de pobladores era de 1,364,788 habitantes.
En ese momento había 882,733 indígenas, y el resto eran ladinos, con un muy bajo porcentaje de criollos y extranjeros.
Los varones eran 677,472 y las mujeres 687,206.
La religión era todavía predominantemente católica, con 1,356,105 creyentes, mientras que las otras religiones se repartían así: 2,254 protestantes, y 1,146 de religiones no cristianas. Había 5,173 no creyentes.
Y, por último, había solamente 99,553 personas que sabían leer y escribir, y 1,265,125 analfabetos.6
Tras el asesinato de Castillo Armas, el primer designado, Luis González López decreta el Estado de Sitio por un mes.
El Palacio Nacional visto desde el famoso “Peladero” del Parque Centenario en la década de 1950. En el recuadro: el licenciado Luis Arturo González López. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La misma noche del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas la Comisión Permanente del Congreso de la República convocó a sesiones extraordinarias de Legislativo1, el que al día siguiente que emitió los decretos 1191 y 1192, por medio de los que llamó al licenciado Luis Arturo Gonález López a hacerse cargo de la presidencia interina y convocó a elecciones presidenciales. He aquí un resumen de aquel decreto:2
Decreto Número 1191
El Congreso de la República de Guatemala
Considerando: que la noche del veintiséis de los corrientes falleció trágicamente el ciudadano Presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas y que […] en caso de falta absoluta del Jefe del Ejecutivo, debe ser sustituido por el Primer Designado a la Presidencia de la República;
Considerando: […] el Decreto del Congreso en que se llame al Designado para ejercer la Presidencia, debe contener la convocatoria a elecciones presidenciales;
Por tanto, decreta:
Artículo 1. Se llama al primer Designado a la Presidencia de la República, licenciado Luis Arturo González López para que ejerza la Presidencia de la República, a quien previa protesta de ley se le da posesión. […]
Artículo 3. Se convoca al pueblo de Guatemala para elegir Presidente de la República dentro del término de cuatro meses, y en cuyas elecciones se observarán las prescripciones de la Ley Electoral.
Artículo 4. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional y aprobado pcon el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso, y entrará en vigor inmediatamente.[…]2
Una vez juramentado, González López emitió el Decreto número 590, por medio del cual instalaba el Estado de Sitio en todo el país:3
Decreto Número 590-Bis
El Primer Designado en Ejercicio de la Presidencia de la República,
Considerando: que la trágica muerte del Presidente Constitucional de la República, coronel Carlos Castillo Armas, coloca al país en una situación de grave pligro para la estabilidad de las instituciones públicas, y que en este concepto, es indispensable la adopción de medidas extraordinarias para preservar el orden público;
Considerando: que ante hecho de tal naturaleza el Organismo Ejecutivo está obligado a dictar las disposiciones que sean adecuadas para el mantenimiento de la constitucionalidad, seguridad de las personas y de sus bienes;
Por tanto, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley de Orden Público, y en Consejo de Ministros, decreta:
Artículo 1. Se declara el Estado de Sitio en todo el territorio nacional por el término de treinta días a partir de esta fecha.
Artículo 2. Cesa la vigencia plena de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 43, 44, 46, 53, 54, 55 y 56, primer párrafo del número 54, 64, 70 y 71, última frase del 73 y 76, todos de la Constitución de la República.
Artículo 3. Durante la vigencia de este decreto se hará aplicación de las medidas comprendidas en los capítulos I, II y III del título II, capítulo II, II y III del título III, todos del Decreto número 22 de la Asamblea Nacional Constituyentes, Ley de Orden Público.
Artículo 4. Se ordena al Ministro de la Defensa emitir las ordenanzas y acuerdos de observancia general que sean necesarias, delegándose en las autoridades militares, la autoridad civil de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Orden Público.
Artículo 5. Se ordena la inmediat apublicidad y divulgación del presente decreto; de él se dará cuenta al Congreso de la República y entra en vigor inmediatamente.3
El Congreso de la República aprobó el decreto de González López ese mismo día, y pospuso la convocatoria a elecciones hasta que el Estado de Sitio se levantara:4
Decreto Número 1192
El Congreso de la República de Guatemala,
Considerando: que son atendibles y justificadas las razones invocadas por el Primer Designado en ejercicio de la Presidencia para declarar el Estado de Sitio en todo el territorio nacional; […]
Considerando: que el Decreto 590 emitido por el Primer Desginado en Consejo de Ministros, con esta fecha, se ajusta a los principios constitucionales;
Considerando: que como consecuencia del Estado de Sitio se limitan los derechos ciudadanos, particularmente en cuanto se refiere a la función electoral y a la propaganda que de ella se deriva;
Por tanto, de conformidad con el artículo 77 de la Constitución de la República, decreta:
Artículo 1. Se ratifica el Decreto número 590 emtido por el Primer Desginado en el ejercicio de la Presidencia en Consejo de Ministros.
Artículo 2. La convocatoria a que se refiere el artículo 3 del Decreto número 1191 de este Congreso […] surtirá sus efectos hasta que cese la situación de emergencia a que ha dado lugar el Estado de Sitio.
Artículo 3. Este decreto aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran este Congreso, entrará en vigor inmediatamente.[…]4
Un poco más tarde, el mismo 27 de julio, González López decretó duelo nacional por 9 días y el Ministro de la Defensa, Coronel Juan Francisco Oliva, en base al decreto 1192 del congreso emitió un decreto por el que se otorgó al ejército la facultad de hacerse cargo de la situación.5
Aquel estado de sitio duró hasta el 2 de agosto, fecha en que se convocó a elecciones.
El mariscal Serapio Cruz invade Huehuetenango rebelándose una vez más contra el gobierno del mariscal Vicente Cerna y Cerna.
Región montañosa en el municipio de Nentón, en el departamento de Huehuetenango. Este poblado fue el primero que tomaron los hombres del mariscal Cruz en 1869. En el recuadro: el Mariscal Cruz. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Aprende Guatemala.
El mariscal Serapio Cruz, más conocido por los guatemaltecos como “Tatalapo“, fue un militar que siempre estuvo intentando hacerse con el poder bajo la bandera liberal. Durante el breve exilio del general Rafael Carrera en 1848-49, Cruz y su hermano Vicente se levantaron en armas e intentaron hacerse con el control del país y lucharon por la independencia de Los Altos.1 Pero durante el período de anarquía que se vivió durante la ausencia de Carrera el general Vicente Cruz fue asesinado y cuando Carrera regresó a hacerse cargo de la situación, Cruz comprendió que era mejor aliarse con él y así lo hizo.2
Durante la presiencia vitalicia de Carrera el mariscal Cruz fue incondicional del presidente e incluso se hizo su compadre, ya que la hermana de Cruz era una de las amantes de Carrera y tuvo varios hijos con él.2 Pero tras la muerte del caudillo el 14 de abril de 1865, Cruz pensó que se le abría nuevamente la oportunidad para hacerse con el poder.3
Su primer levantamiento contra el gobierno del mariscal Vicente Cerna fue en marzo de 1867, siendo derrotado por su compradre y compañero, el mariscal Antonino Solares, quien le perdonó la vida y le permitió que se retirara a El Salvador, no sin antes firmar un compromiso en Sanguayabá, por el que se comprometía a no retornar a Guatemala sin permiso del gobierno.4
Inicialmente, Cruz estuvo en El Salvador y Honduras y luego se trasladó a Comitán, desde donde empezó a planear una nueva revolución, aunque tenía el problema de que se le veía como a un guerrillero sin talento que intentaba imitiar a Carrera sin éxito. Cerna, por su parte, vivía tranquilamente pensando que todos sus aduladores eran sinceros y no se preocupaba de movimientos rebeldes.4
Finalmente, el 18 de febrero de 1869, Cruz y sus hombres entraron a caballo a Guatemala después de la feria de Chiantla, y se apropiaron del poblado de Nentón, aprovechando que el jefe de la guardia, el capitá Máximo Ruiz, huyó del lugar junto con sus soldados al enterarse de la acometida de los rebeldes. Cruz confiscó todo lo que pudo, reclutó algunos hombres más y partió con dirección a Quiché, pero a medio camino se enteró de que lo estaban persiguiendo los hombres de los corregidores de Huehuetenango y de Totonicapán, por lo que prefirió internarse en las selvas al norte de los Cuchumatanes.5
En Guatemala, el gobierno suspendió las garantías constitucionales y puso precio a la cabeza del mariscal Cruz, mientras éste utilizaba sus habilidades de guerrillero para hacer de las suyas en Huehuetenango y Quiché. En todos los poblados en donde aparecía trató de hacer lo mismo que hizo Carrera en 1849, es decir, intentó acercarse a los indígenas y conseguir adeptos entre ellos. Pero Cruz no tenía el mismo carisma que el caudillo y no consiguió mucho.5
Finalmente, luego de tres meses de estarlo persiguiendo, las fuerzas gubernamentales lograron expulsarlo hacia México. Pero Cruz se reforzó en ese país y siguió entrando a territorio guatemalteco, llegando hasta Baja Verapaz, acción en la que contó con la ayuda de un nuevo revolucionario: J. Rufino Barrios.6 Pero su levantamiento nunca se consolidó, quedando solamente como acciones asiladas de bandidos, hasta que finalmente encontró la muerte en enero de 1870 en Palencia, a manos de un soldado y de un sargento que estaban a las órdenes de su compadre, el mariscal Solares.7
BIBLIOGRAFIA:
Hernández de León, Federico (10 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 10 de febrero de 1849, Pax”. Guatemala: Nuestro Diario.
Tras un movimiento popular favorable a su causa luego de que se declaró que hubo fraude electoral el 20 de octubre de 1957, el general Miguel Ydígoras Fuentes gana la primera vuelta electoral de 1958.
Ciudad Univesitaria, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala recién construida en 1958. Solamente estaba el edificio de la Rectoría (a la derecha), el complejo de la Facultad de Ingeniería (a la izquierda) y el Aula Magna (Iglú). Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, Guatemala entró en un período de inestabilidad en que el que sucedieron varias juntas militares en el poder, hasta que finalmente se convocó a elecciones para el 20 de octubre de 1957. Tras acusaciones de fraude, el presidente interino Carlos González López, mientro del consejo directivo del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) -que era el partido de los liberacionistas radicales-, tuvo que renunciar al poder y entregarlo a un triunvirato militar.1
Tras varios días de negociaciones, la Embajada de los Estados Unidos medió para que la Junta Militar entregara el poder al Segundo Designado, coronel Guillermo Flores Avendano y que el Congreso de la República emitió el decreto 1212, de fecha 18 de noviembre de 1957, que convocaba nuevamente a elecciones presidenciales para el día 19 de enero de 1958.1 Para estas nuevas elecciones, el ahora debilidato MDN postuló al coronel José Luis Cruz Salazar, a la sazón embajador de Guatemala en Washington, en alianza con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), candidatura que contó con las simpatías y apoyo financiero de Estados Unidos, pues el MDN era el partido de los liberacionistas y Cruz Salazar no solamente representaba la continuidad de éstos, sino que en el gobierno de Eisenhower lo consideraba un político de derecha moderada que podía llenar el vacío existente entre las corrientes extremas que había en el país en ese momento. Por otra parte, el Tribunal Electoral dio vía libre a la participación del Partido Revolucionario, el cual postuló a su dirigente, Mario Méndez Montenegro. Y, finalmente, el general Ydígoras Fuentes repitió con su partido Redención. Como se esperaba, el ganador fue el general Ydígoras, por encima del liberacionismo, que había estado en el poder hasta octubre y que sufrió una contundente derrota en las primeras elecciones relativamente libres en las que participó.2
A pesar del triunfo electoral de Ydígoras, la elección se fue a segunda vuelta, la cual tenía que ser realizada en el Congreso por votación directa de sus diputados entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos, tal y como lo estipulaba la Constitución de 1956, vigente en aquella época. Así pues, la elección fue entre Ydígoras y Cruz Salazar. Esto dió lugar a negociaciones entre los partidos participantes, con el fin de llegar al día de la elección en el Congreso con una solución ya definida.3
Un primer acuerdo entre ambas fuerzas políticas fue un pacto llamado de “Borrón y cuenta nueva” (frase que usaba la campaña de Ydígoras), firmado el 27 de enero de 1958, mediante el cual ambos candidatos y sus partidos se comprometieron, entre otras cosas, a dos puntos esenciales: respetar la decisión que tomara el Congreso respecto de la Presidencia de la República y que el candidato que fuera electo por el Congreso integraría un gobierno con la participación de partidos anticomunistas. Este documento se hizo público, aunque hubo otro que permaneció en secreto y que fue firmado el 31 de enero. En este último, ambas partes dijeron que “[…] en la necesidad de aunar los esfuerzos de los partidos políticos en contienda a efecto de integrar un gobierno de carácter nacional y de contar así con mejores condiciones de luchar contra el comunismo, que como enemigo común, amenaza la subsistencia de las instituciones democráticas […]; se sugiere la conveniencia de que cuanto antes firme el coronel Cruz Salazar su renuncia de candidato ante el Congreso […]“. Además, ambas partes se comprometieron a que el nuevo gobierno integraría un Gabinete con la inclusión de tres ministros anticomunistas y que contribuiría con un subsidio mensual de 6 mil quetzales al partido MDN para su sostenimiento.3
De esta forma, el mismo 31 de enero el coronel Cruz Salazar presentó su renuncia al Congreso, mientras que Ydígoras, con el voto unánime del Congreso dado en su sesión del 12 de febrero, fue electo presidente de la República y tomó posesión del alto cargo el 2 de marzo. Si bien Ydígoras comenzó su gobierno con un gran capital político obtenido en las jornadas de octubre de 1957, pero el nuevo presidente rápidamente perdió el favor de la ciudadanía, porque su gestión estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas que creó su campaña electoral y porque su estilo de gobierno fue muy errático.4
Eventualmente, el gobierno de Ydígoras fue derrocado el 30 de marzo de 1963 por un golpe de estado perpetrado por el ala anticomunista radical del Ejército dirigido por su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia.4
Las agrupaciones guerrilleras guatemalteca, Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) hacen saber que han formado la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 7 de febrero de 1982.
El mercado de “La Terminal” en la ciudad de Guatemala en 1982. En el recuadro: la primera plana de “Prensa Libre” del 27 de enero de 1982, que muestra a Edgar Palma Lau, ex-presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien murió en un reducto guerrillero en Utatlán II, en la ciudad de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y la Hemeroteca de Prensa Libre.
En octubre de 1980, los grupos guerrilleros guatemaltecos conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional (URN), luego de firmar acuerdos de unidad ideológica, política y estratégica para llevar a cabo lo que ellos llamaron una revolución de masas.1 Esos grupos fueron: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)-Núcleo. Sin embargo, debido a las constantes derrotas que estaban sufriendo en el frente militar y a la destrucción de sus reductos guerrillos en la Ciudad de Guatemala, el EGP y la ORPA decidieron congelar los acuerdos indefinidamente.1
Tras varias reuniones y discusiones, en enero de 1982 se retomaron las reuniones de los grupos guerilleros y finalmente el 7 de febrero de 1982 se formó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) cuando los principales grupos guerrilleros de Guatemala decidieron formar un solo frente, a fin de tomar el poder y realizar una revolución política y social en Guatemala.2
Para dar a conocer esta nueva agrupación, los miembros de la guerrilla detonaron bombas panfleteras con propaganda comunista que anunciaba la unión de las agrupaciones izquierdistas y provocaron el incendio de un conocido restaurante de comida rápida en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, además de la quema de una fábrica de café y la de varios camiones y vehículos en la capital. Si bien no hubo víctimas mortales en esos hechos, por la violencia imperante en la época los bomberos reportaron el ametrallamiento de cuatro personas ese noche.3
Los guerrilleros también ocuparon las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde hicieron un mitin con los estudiantes, a quienes invitaron a unirse a la revolución armada. Finalmente, el 9 de febrero, grupos de guerrilleros tomaron las instalaciones de tres conocidas radioemisoras de la época en la Ciudad de Guatemala para transmitir un mensaje en el que hicieron el anuncio. Las emisoras fueron: “Radio Rumbos“, “Fabuestereo” y “Radio Progreso“, en donde luego de obligar al personal a transmitir el mensaje, lo dejaron encerrado en sus propios instalaciones antes de huir.3
Todo esto ocurrió exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de marzo de ese año, en las que se presentaron cuatro candidatos de la extrema derecha:4
El general Angel Aníbal Guevara, ex-Ministro de la Defensa del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, postulado por el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente de Unidad Nacional (FUN)4
El arquitecto Gustavo Anzueto Vielman, hijo del general Roderico Anzueto Valencia, quien fuera la mano derecha del general Jorge Ubico durante cuyo gobierno fungió como Jefe de la Policía y Ministro de la Guerra.6 Anzueto Valencia también fue el cadete que delató a sus compañeros cuanto éstos planeaban secuestrar al presidente Manuel Estrada Cabrera en 1908.7 Anzueto Vielman fue postulado por la Central Auténtica Nacionalista, que era el partido del ex-presidente general Carlos Arana Osorio.4
Alejandro Maldonado Aguirre, postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Nacional Renovador (PNR).4 Maldonado Aguirre llegaría a la presidencia de la República a finales de 2015, tras la renuncia del general Otto Pérez Molina luego de un golpe blando en su contra.
En los comicios fue declarado vencedor el general Guevara, ante lo cual hubo fuertes protestas de fraude de parte de los otros candidatos que protestaron en el centro de la ciudad, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos, a pesar de pertenecer a la élite económica nacional.4 Pocos días después, el 23 de marzo de 1982, el gobierno de Lucas García fue derrocado por un golpe de estado y las elecciones declaradas nulas. El nuevo gobierno, a cargo del general evangélico Efraín Ríos Mont, fortaleció la lucha con la recién establecida URNG.8
Palacio de Correos de la Ciudad de Guatemala en 2015. En el recuadro: el coronel Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de Guatemala de 1963 a 1966. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras el golpe de estado contra el general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes el 30 de marzo de 1963, el ejército de Guatemala derogó la Constitución de 1956 y la sustituyó por la siguientes Carta Fundamental de Gobierno:
Decreto-Ley número 8
El Jefe del Gobierno de la República
Considerando, que el Ejército de Guatemala al asumir transitoriamente el Gobierno de la República, lo hizo en forma absolutamente desinteresada, sin el menor deseo de perpetuarse en el poder, sino con el único fin de evitar una inminente guerra civil y la instauración de un régimen comunista, a la vez que preparar un clima político favorable, que permita al pueblo de Guatemala la elección libre de la persona que debe regir los destinos del país, sin presiones de ninguna especie;Nota_a
Considerando: que mientras esas finalidades se logren, se hace necesario garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales y propiciar un ambiente de seguridad que les permita dedicarse a sus actividades normales, bajo el amparo de la autoridad, sin más restricciones que las que sean absolutamente necesarias para luchar contra la subversión comunista;Nota_b
Por tanto, en Consejo de Ministros, decreta la siguiente
Carta Fundamental de Gobierno
Capítulo I Del Orden Público
Artículo 1°. El poder pública será ejercido por el Ejército de Guatemala, conservando su jerarquía militar.
Artículo 2°. El ministro de la Defensa Nacional será el Jefe del Gobierno de la República
Artículo 3°. El Jefe del Gobierno de la República ejerce las funciones ejecutivas y legislativas; y asume en consecuencia, la formación, promulgación y ejecución de las leyes así como la aprobación e improbación de los tratados y demás convenios internacionales. Los deretos-leyes serán emitidos en Consejo de Ministros.Nota_c
Artículo 4°. La Corte suprema de Justicia y los demás tribunales y jueces tienen la potestad de administrar justicia conforme a las leyes, con independencia y en forma exclusiva.
Artículo 5°. Guatemla mantendrá y cultivará las más estrechas relaciones con las hermanas repúblicas que integraron la Federación de Centro América y estará pronta a considerar toda actitud que lleve por fin su restauración.
Artículo 6°. La República de Guatemala cumplirá sus obligaciones internacionales; normará sus actos por los tratados, convenciones y pactos que tiendan a consolidad los principios fundamentales de la democracia.1
Capítulo II Nacionalidad
[Sin cambios con respecto a la Constitución de 1956]
Artículo 16°. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al gobierno indemnización, por daños y perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaren los movimientos armados o los disturbios civiles.
Capítulo III Ciudadanía
Artículo 17. Son ciudadanos:
Los guatemalatecos varones mayores de dieciocho años
Las mujeres guatemaltecas mayores de dieciocho años que sepan leer y escribirNota_d
[…]Artículo 20. La ciudadanía se pierde:
Por la pérdida de la nacionalidad guatemalteca.
Por prestación voluntaria de servicios a naciones en guerra con Guatemala o a los aliados de aquéllas, siempre que tales servicios implicaren traición a la patria.2, Nota_e
Capítulo IV Garantías Individuales
[Sin cambios con respecto a la Constitución de 1956]
Artículo 23. Se estatuye el recurso de habeas corpus o de exhibición personal para el efecto de establecer el tratamiento de los detenidos. Los jueces y tribunales que conozcan de dichos recursos se limitarán a ordenar la exhibición del detenido y a decretar su libertad si estuviere ilegalmente en detención. No podrá ordenarse la libertad de quienes estuvieren sujetos a medidas de sguridad en aplicación de la ley de defensa de las instituciones democráticas.3, Nota_f
Artículo 24. El ejercicio de todos los derechos y el goce de las garantías individuales tendrá como límite las medidas de seguridad que dicte el Jefe del Gobierno. Toda acción comunista individual o asociada es punible.Nota_f
Capítulo V Atribuciones del Jefe del Gobierno
Artículo 25. El Jefe del Gobierno ejerce sus funciones asistido del número de ministros de Estado que designe.
Artículo 26. Los ministros en todo lo referente a su gestión, serán solidariamente responsables con el Jefe del Gobierno.
Artículo 27. Son funciones del Jefe del Gobierno:
Cumplir y hacer que se cumpla esta Carta fundamental y demás leyes de la República
Proveer a la defensa del territorio nacional
Prestar los auxilios necesarios para el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales de justicia.
[…]
Hacer todos los nombramientos de funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de acuerdo con las normas del servicio civil, los de las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, con la sola excepción de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Decretar tasas e impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación.
[…]
Aprobar o reprobar en Consejo de Ministros los contratos suscritos para la creación o el establecimiento de servicios públicos así como los que se refieran a la explotación de minas e hidrocarburos y demás recursos naturales en los casos que así lo exija la ley.Nota_g
Suspender las garantías contenidas en esta carta en caso de invasión de territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública.Nota_h
Artículo 28. El Jefe del Gobierno será asesorado por un consejo de Estado compuesto por lo menos de diez miembros representativos de los diferentes sectores del país y por la comisión de Asesoría Jurídica.
Capítulo VI Ejército
Artículo 29. El Ejército de Guatemala está instituido para salvaguardar el terriotrio, la soberanía e independencia de la nación, para la conservación de la seguridad interior y exterior y del orden público. Se riege por sus leyes y reglamentos.
Artículos 30. La jurisdicción de los tribunales militares se extiende a los integrantes del Ejército de Guatemala, aun cuando no estén en servicio activo y a los civiles en los casos que determina la ley.[…]Nota_i
Artículo 39. El Jefe del Gobierno hará formular, aprobará y publicará el presupuesto de ingresos y gastos del Estado. El presupuesto es uno e indivisible y no se podrán hacer más gastos que aquellos epxresamente previstos en él.[…]
Artículo 43. No serán aplicables las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que se opongan a esta Carta […].
Dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de Guatemala, a los diez días del mes de abril de mil novecientos sesenta y tres.
Publíquese y cúmplase.
Enrique Peralta Azurdia
[Siguen las firmas de los Ministros de Estado]4
NOTAS:
a: específicamente para elegir un candidato definitivamente anticomunista, definido a la usanza guatemalteca, es decir, que no estuviera en contra de la tradición criolla de posesión de la tierra y de capital.
b: es decir, gobernar en un perenne estado de sitio
c: el Jefe del Gobierno era dictador absoluto y emitía y ejecutaba las leyes que necesitaba, ya que el Congreso estaba disuelto
d: se incluía como ciudadanos a todos los varones sin distinción de raza ni educación, aunque las mujeres analfabetas quedaban excluídas
e: el comunismo internacional era considerado una nación en guerra con Guatemala
f: se restringían los derechos de los opositores, que eran acusados inmediatamente de comunistas.
g: esto fue aprovechado para que empresas internacionales escribieran una nueva Ley del Petróleo y una nueva Ley de Minería, que correspondían más a los intereses de las empresas particulares que al Estado de Guatemala.
h: bastaba con una acto opositor para que se declarara estado de sitio.
i: los miembros del ejército son juzgado por su propio fuero militar
El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite el decreto 170, el cual autoriza la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, en todos los municipios de la República.
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2
Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas.
El decreto en mención dice así:1
DECRETO Número 170
J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;
Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;
Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;
Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;
Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,
Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;
Por tanto, decreta:
Art. 1°. Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.
Art. 2°. Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue: en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.
Art. 3°. Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.
Art. 4° Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios.
Art. 5°. Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda. Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.
Art. 6°. Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean. Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.
Art. 7°. Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a. instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.
Art. 8°. Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.
Art. 9°. Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.
Art. 10°. Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.
Art. 11°. Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.
Art. 12°. Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.
Art. 13°. En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.
Art. 14°. En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 15°. La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.
J. Rufino Barrios
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos1
Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte, los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, entonces ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron otorgadas de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquierieronn gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas “de crianza“, en donde en realidad cultivaban los protudos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo inaugura el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, basado en la Social Security Act de 1935 del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.
La sede actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la Ciudad de Guatemala. En el recuadro: el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmando el Acta de Seguridad Social en 1935, en la cual está basado el IGSS. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo es considerado el pionero en la implementación de medidas sociales que benefician a los trabajadores en Guatemala, y por ello, es visto por algunos grupos de la élite nacional como un régimen comunista. Sin embargo, las innovaciones introducidas por el gobierno arevalista no tenían su fundamento en las políticas marxistas-leninistas del Kremlin, sino en las políticas sociales del “New Deal” que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había implementado para contrarrestar los devastadores efectos económicos de la Gran Depresión que se inició en 1929 y que se extendió hasta principios de la década de 1940.1
La Seguridad Social fue parte de este “New Deal” de Roosevelt, y fue introducida en la Social Security Act firmada por el presidente estadounidense el 14 de agosto de 1935 ya que los Estados Unidos eran el único país industrializado de ese entonces que no contaba con ningún tipo de ayuda para los trabajadores. Durante los debates legislativos sobre la Seguridad Social, se incluyeron beneficios para los trabajadores, sus viudas y sus dependientes; incluyendo numerosos tipos de trabajo desde los burócratas hasta los maestros. El entonces nuevo programa fue financiado mediante un nuevo impuesto que fue llamado Impuesto de Contribución para Seguro Federal, el cual era recolectado por cada estado y para el que contribuían tanto el patrono como el trabajador a partes iguales. Ahora bien, la Seguridad Social estadounidense cubría mucho menos que su homóloga en los países europeos, pero fue la primera vez que el Gobierno Federal se hizo cargo de la seguridad económica de los ancianos, de los desempleados, de los dependientes y de los incapacitados.2,3
Los regímenes dictatoriales apoyados por la United Fruit Company en Guatemala y en El Salvador habían sido derrocados a mediados de 1944 por movimientos civiles similares en sus respectivos países debido a la debilidad que tenía la internacional frutera por los hundimientos de sus vapores durante la Segunda Guerra Mundial. Esto permitió que subieran al poder regímenes que implementaron las medidas del “New Deal” de Roosevelt, y de allí los cambios sociales que implementó el gobierno arevalista.4,5 De esta forma, el 2 de enero de 1948 el presidente Arévalo inauguró oficialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un acto en el que participaron el licenciado José Rolz Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el licenciado Oscar Barahona Streber, primer gerente del Instituto.6
A principios de la década de 1950, con la llegada al poder del presidente Dwight Eisenhower la política estadounidense empezó a perseguir la supuesta amenaza comunista tanto dentro de los Estados Unidos como en los países de América Latina. Y como en Guatemala el gobierno del Dr. Arévalo apoyó la formación de la Legión Caribe que perseguía derrocar a los gobiernos militares del área7 y luego el gobierno del coronel Jacobo Arbenz atacó frontalmene los intereses de la compañías estadounidenses en el país,8 el gobierno estadounidense favoreció el establecimiento de regímenes militares como el de Carlos Castillo Armas en Guatemala que apoyaron los intereses de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas.9
Ahora bien, es importante indicar que aunque los regímenes militares hicieron precisamente lo que les instruyó el gobierno estadounidense, y protegieron siempre los intereses patronales frente a los laborales, mantuvieron vigentes a la mayoría de los beneficios sociales introducidos durante el gobierno del Dr. Arévalo
BIBLIOGRAFIA:
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Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (2021) Inauguración del IGSS. Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Rabe, Stephen G. (s.f.). Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (en inglés). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana.
Durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo se emite el decreto 712, conocido como la “Ley de arrendamiento forzoso”
Vistas de las entonces nuevas plantaciones de café en Guatemala en 1875. Grabados realizados con base en fotografías tomadas por Eadweard Muybridge. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La cuestión de la tenencia de la tierra en Guatemala ha sido un tema complicado desde la época colonial. Durante la dominación española las grandes órdenes regulares de la Iglesia Católica eran propietarias de enormes haciendas, en donde utilizaban la mano de obra de los indígenas que vivían en las doctrinas a su cargo, y la de esclavos negros que habían hecho venir para el efecto. Por otra parte, los criollos hacendados habían heredado las encomiendas de los conquistadores, y los criollos aristócratas en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Nueva Guatemala de la Asunción se encargaban de comercializar los productos de los hacendados con la península española, obteniendo grandes ganancias e influencia política en el proceso. Los indígenas por su parte, si bien no poseían terrenos propios, sí tenían tierras ejidales comunitarias en todos los poblados en donde estaban las doctrinas y encomiendas.1
Luego de la Independencia, el sistema de tenencia de tierra no cambió, pero sí lo hizo el poder de los criollos hacendados, quienes hartos de la dominación de los aristócratas, se rebelaron en contra de ellos, utilizando como excusa el golpe de estado dado a Juan Barrundia en el Estado de Guatemala en septiembre de 1826. Allí se inició la Guerra Civil Centroamericana, en la que los criollos hacendados, aglutinados en el partido liberal, utilizaron la bandera de la Ilustración para atarcar a los religiosos y a los aristócratas, esto últimos agrupados en el partido conservador.2
Tras la victoria de los liberales en 1829, los aristócratas y los religiosos fueron expulsados de Centroamérica,3 y las grandes fincas de los frailes pasaron a manos de los hacendados liberales, quienes las vendieron o arrendaron a los ingleses que los habían apoyado durante la guerra civil.1 Esto, junto con el impuesto personal para los campesinos y las leyes anticlericales que se impusieron hiceron que estallara una revolución campesino-católica contra el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, quien fue derrocado en 1838 y sustituido por Mariano Rivera Paz, quien se alió con los conservadores que regresaron de su exilio.4
Los conservadores también hicieron negocios con los ingleses y dieron concesiones a los belgas en Izabal,5 pero la estructura de la tenencia de la tierra no se modificó significativamente.1 No fue sino hasta después del triunfo de la Revolución Liberal de 1871 que las leyes se reformaron drásticamente ya que se introdujo la producción del café a gran escala, lo cual requería de grandes extensiones de tierra y de una cantidad considerable de mano de obra barata. De esta forma, tras expulsar nuevamente a los frailes y confiscar sus bienes,6 también se subastaron las tierras ejidales y comunes de las poblaciones indígenas, resultando en la formación de grandes fincas cafetaleras, que pasaron a manos de los colaboradores del general presidente J. Rufino Barrios y a las del mismo gobernante.7
El sistema de tenencia de la tierra se mantuvo sin mayor alteración durante los gobiernos liberales que se sucedieorn hasta 1944, y fue hasta en el gobierno del Dr. Juan José Arévalo que se empezaron a hacer pequeños cambios en la estructura de la misma.8 La constitución de 1945 era muy diferente a la constitución de 1879,9 bajo la cual se formaron las fincas cafetaleras en el país, ya que en 1945 se declaró que era responsabilidad del Estado desarrollar actividades agrícolas, y que los beneficios de las mismas deberían ir a los productores. De hecho, el artículo 90 de esta Constitución indicaba que la propiedad privada debía ser reconocida y garantizada solamente si la misma llenaba su función social.8 Además, estipuló la expropiación cuando fuera de beneficio público, la abolición de los contratos de servidumbre en las fincas (establecidos por el Reglamento de Jornaleros de Barrios10 y las leyes de Vagancia y de Vialidad de Ubico11), y la autorización de la organización y sindicalización de los campesinos y jornaleros. Es decir, con un marco constitucional favorable a los campesinos, se pudieron promulgar leyes con la finalidad de aliviar la situación de la población campesina. De esta forma, en 1945 se puso en vigor la Ley de Titulación Supletoria, que establecía un mecanismo por medio del cual el título de propiedad de la tierra trabajada durante diez años por lo menos, podía ser concedido a aquellos que la habían trabajado12 y, por otra parte, en 1947 fue aprobado el Código de Trabajo, que prohibía la sindicalización en la fincas que tuvieran menos de treinta trabajadores, pero lo permitía en las grandes plantaciones.13
El 20 de diciembre de 1949, tras un temporal que daño la agricultura nacional, el gobierno aprobó el Decreto Legislativo No. 712, llamado “Ley de arrendamiento forzoso“, la cual obligaba a los propietarios que hubiesen dado parcelas en arrendamiento durante los últimos cuatro años a seguir arrendándolas por dos años más, así como exigía a los prpoiertarios a arrendar tierras ociosas y a no cobrar más del 5 por ciento del valor de la cosecha que se obtuviera.8 Aquel fue el primer intento de realizar una reforma agraria en el país, la cual fue impulsada a mayor escala poco tiempo después por el régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán y que eventualmente le costaría la presidencia en 1954, ya que aquella reforma agraria no solamente afectó a los terranientes locales sino que a la mayor propietaria de tierra en el país: la compañía transnacional estadounidense United Fruit Company.14
A continuación se reproduce la sección de los considerandos de aquella ley aprobada el 21 de diciembre de 1949, por su importancia histórica:15
Decreto Legislativo No. 712
El Congreso de la República de Guatemala,
Considerando: que es notoria la resistencia de algunos propietarios de fincas rústicas a seguir dando parcelas en arrendamiento a labriegos que han probado plenamente su capacidad para hacer producir la tierra y para responder a sus compromisos contractuales. Que esta negativa de parte de los propietarios, sólo obedece a un concepto excesivo del derecho de propiedad, tanto más dañino para los intereses colectivos cuanto que por costumbre han venido dando en arrendamiento sus tierras, las cuales sólo se han hecho productivas mediante el trabajo de los susodichos labriegos;
Considerando: que algunos propietarios de fincas rústicas, por razones y en circunstancias similares a las ya mencionadas, están expulsando a los labriegos de parcelas que arriendan desde hace varios años, ya por vías de hecho o por procedimientosjudiciales;
Considerando: que los menoscabos ocasionados a la República con motivo del recién pasado temporal hacen imperativa una política de fomento intensivo y extensivo de la producción agrícola, política que compete orientar al Estado de conformidad con el artículo 88 de la Constitución, en beneficio primordial de los que hacen producir la tierra y por ende, contribuyen más directamente al acrecentamiento de la riqueza nacional;
Considerando: que están plenamente establecidos la necesidad y utilidad públicas, y el interés nacional que median para limitar el derecho de propiedad privada de algunos propietarios de fincas rústicas que al pretender dejarlas improductivas en una época de emergencias serias como la actual, no hacen cumplir a esas fincas con su función social, según el espíritu del artículo 90 de la Constitución de la República.15
La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829). Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7) Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
En las elecciones presidenciales realizadas del 17 al 19 de diciembre resulta electo por aplastante mayoría el Dr. Juan José Arévalo Bermejo
Palacion Nacional de Guatemala, que fuera sede del Ejecutivo de 1943 a 1996. En el recuadro: el presidente Arévalo en el despacho presidencial. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La Junra Revolucionaria de Gobierno que se formó tras la caída del gobierno del general Federico Ponce Vaides, presidente interino desde la renuncia del general Jorge Ubico ocurrida el 1 de julio de 1944,8 convocó a elecciones a celebrarse del 17 al 19 de diciembre de ese mismo año. Es conveniente indicar que aquella revolución no fue similar a las que hubo en el siglo XIX, en que eran productos de los criollos conservadores o de los criollos liberales tratando de derrocar a sus acérrimos rivales del poder, sino que se trató de un movimiento urbano de clases medias altas que, aprovechando la debilidad de la United Fruit Company (UFCO) en la región por estar enfocada en la Segunda Guerra Mundial, lograron tomar el poder. Y es que la UFCO era una poderosa transnacional estadounidense que se había adueñado del sistema ferroviario de la región centroamericana por medio de la International Railways of Central America (IRCA) y de los puertos guatemaltecos por medio de la Great White Fleet, y de esta forma tenía el monopolio del transporte de bienes y pasajeros en Honduras, Guatemala y El Salvador, con la complicidad de los gobiernos a los que había ayudado a llegar al poder.9
En las elecciones de diciembre de 1944 se permitió por primera vez el voto femenino y el de los analfabetos, y los requisitos para ser candidato eran únicamente, ser guatemalteco natural, mayor de 35 años y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos; además no era necesario que los candidatos estuvieran forzosamente inscritos en alguna organización política para ser postulados, únicamente bastaba el registro electoral.10 Sin embargo, los partidos que se formaron tras la Revolución de Octubre buscaron al candidato ideal que no estuviera relacionado ni con los liberales ni con los conservadores y fue así como el partido de los estudiantes universitarios, llamado “Frente Popular Libertador“, se decidió por el Dr. Arévalo Bermejo, éste era un distinguido maestro egresado de la Escuela Normal para Varones a quien ya apoyaban un groupo de sus ex-compañeros de clases. Cuando se supo que lo estudiante apoyaban la candidatura de Arévalo, ésta fue acogida de tal manera que éste se convirtió en un personaje distinguido y aclamado en muchas ciudades de país. Por otra parte, habían surgido otros movimientos políticos, como el “Partido Social Democrático“, el cual estaba integrado por abogados en su mayoría conservadores y liderados por un militar distanciado del general Ubico, el coronel Guillermo Flores Avendaño. El otro grupo era la “Unión Cívica“, encabezada por Jorge Toriello Garrido, quien era uno de los triunviros que formaban al Junta Revolucionaria de Gobierno, junto con el mayor Francisco Javier Arana, quien también fue candidato presidencial, y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán.11
Sin embargo, la popularidad de la candidatura de Arévalo llegó a tal grado, que el grito “¡Viva, Arévalo!“, se escuchabra por todos lados, incluyendo los mítines de sus oponentes; por ejemplo, cuando el licenciado Adrián Recinos llevó a cabo la presentación de su plan de gobierno en el Teatro Lux en el Centro de la Ciudad de Guatemala, justo en el momento en que se abrió el telón se escuchó un débil grito de “¡Viva, Arévalo!“, lo que bastó para que el público que abarrotaba el teatro estallara en una ovación para el Dr. Arévalo, lo que finalmente provocó que el licenciado Recinos y sus colaboradores se retiraran sin poder exponer ninguno de sus puntos, y bajo una lluvia de improperios.12
Las elecciones se realizaron en total calma y al realizarse el escrutinio se comprobó el triunfo arrollador de Arévalo, un profesional que había obtenido un doctorado en pedagogía en la Universidad de Tucumán en Argentina, gracias a una beca otorgada por los gobiernos de los generales José María Orellana y Lázaro Chacón. Arévalo promovía el socialismo espiritual, como su principio de gobierno, con la intención de agregar a las clases más necesitadas a los programas de gobierno; años después,definió su política de gobierno de esta forma: “En materia de métodos de gobierno somos democráticos, es decir que vamos a la socialización respetando la persona individual. En otras palabras no somos totalitarios, respetamos la opinión de los adversarios y escuchamos a los que saben cualquiera que sea la procedencia política de esas opiniones.13
Los resultados de aquellas elecciones se presentan a continuación, mostrando la abrumadora mayoría con la que resultó electo el Dr. Arévalo:11
Candidato
Datos
Votos
%
Dr. Juan José Arévalo
255,660
86.3
Lic. Adrián Recinos
Funcionario de varios gobiernos liberales y experto en el estudio de escritos mayas
20,949
7.0
Ing. Manuel María Herrera Cordón
Nieto del licenciado del mismo nombre que fue Ministro del gobierno del general J. Rufino Barrios y sobrino del licenciado homónimo que representó a Guatemala en el nefasto tratado de límites con México en 1882.14
Líder del Frente Popular Libertador, el partido de los estudiantes universitarios. Fue uno de los firmantes de la carta de los 311.18
1
0.0
Lic. Eugenio Silva Peña
1
0.0
Totales
296,214
99.9
Aquel socialismo espiritual que era el fundamento del gobierno arevalista iba en contra de la forma de gobierno que las élites criollas guatemaltecas y la UFCO habían establecido en el país, por lo que su gobierno estuvo bajo ataque tanto por los contrarevolucionarios como por el gobierno de los EEUU,13 aunque también ayudó a formar la Legión del Caribe, para intentar patrocinar revoluciones en otros país de la región en los que la UFCO tenía el control de la situación.19
Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.
Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
Lainfiesta, Francisco (1885) Apuntamientos para la historia de Guatemala. Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 191-192.
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