Cuando Es El Paro Nacional 2023
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¿Cuándo es el Paro Nacional 2023 en Perú?
| Protestas en Perú de 2023 | |
|---|---|
| Parte de Convulsión social de Perú de 2022-presente | |
| Fecha | 4 de enero de 2023 – 5 de marzo de 2023 (6 meses y 25 días) |
| Lugar | Perú |
| Acción | Manifestación |
¿Cuándo es el Paro Nacional 2023 en Medellín?
Paro de taxistas, miércoles 9 de agosto de 2023 en Colombia: puntos de bloqueo y concentración en las vías. Marca.
¿Qué se celebra el 9 de marzo en México 2023?
” La igualdad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales para el progreso mundial en las esferas de la paz y seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Solo podremos restablecer la confianza en las instituciones, reconstruir la solidaridad mundial y cosechar los frutos derivados de contar con perspectivas diferentes si hacemos frente a las injusticias históricas y promovemos los derechos y la dignidad de todos.1 ” António Guterres Secretario General de Naciones Unidas 2019 En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas conmemoran por primera vez el Día Internacional de la Mujer.
Dos años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas formaliza oficialmente el Día, pese a que su primera celebración se remonta al 28 de febrero de 1909, cuando el Partido Socialista de América designó el día en recuerdo de la huelga de trabajadoras del sector textil el año anterior en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos 2,
Posteriormente, en 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el instrumento internacional más exhaustivo, que tiene como principal objetivo proteger los derechos humanos de las mujeres.
- La Convención exige que los Estados Miembros eliminen la discriminación contra las mujeres en la esfera pública y privada, incluido el ámbito familiar, y se propone alcanzar una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tanto en las leyes como en la vida real 3,
- Cabe resaltar que la CEDAW es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembros de la ONU, el cual México firmó en 1980 y lo ratificó el 23 de marzo de 1981 4,
En materia de igualdad de género, resulta de gran relevancia destacar que el Congreso mexicano es paritario en la representación de hombres y mujeres legisladoras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De igual forma es notable que el actual gobierno en México es testimonio del gabinete presidencial con el mayor número de mujeres al frente 5,
Este Día internacional se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial; de igual forma sirve para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres en todo el mundo, así como hacer efectivos sus derechos, incluyendo la necesidad de eliminar la brecha salarial, a fin de que las mujeres reciban la misma remuneración por realizar el mismo trabajo que los hombres, incrementar la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo y eliminar la doble jornada de trabajo 6,
Por otra parte, en importante señalar que la UNESCO, trabaja en todas sus esferas de competencia para promover la igualdad entre los géneros y los derechos, y la autonomía de la mujer en el marco de su mandato en pro de la paz y las sociedades sostenibles.
La igualdad de género es una de las dos prioridades globales de la organización desde 2008 7 : En este sentido, la Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, menciona que es necesario garantizar que las mujeres no sean únicamente consumidoras de innovación, sino que ocupen también un lugar como innovadoras, con su participación, tanto el diseño como la implementación de soluciones pueden abordar las necesidades específicas de mujeres y niñas, desde la creación de empleo decente hasta la prestación de productos, servicios e infraestructura a mujeres de todos los ámbitos de la sociedad 8,
El logro de la igualdad de género en el mundo comienza por asegurarse de que las necesidades y experiencias de las mujeres estén integradas en la tecnología y las innovaciones 9, De igual forma, dentro de la Agenda 2030 se encuentran objetivos clave respecto a la igualdad de género como son 10 :
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación; Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; y Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria, secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.
En México se cuenta con el Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES) quien es el encargado de promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país 11,
En el año 2019 INMUJERES junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias publicó un informe titulado “De parejas, hogares, instituciones y espacios comunitarios”, dentro del cual uno de sus objetivos es introducir el empoderamiento de las mujeres como un proceso estrechamente vinculado a las condiciones de vida de ellas y, al mismo tiempo, como una herramienta poderosa para afrontar las experiencias de violencia de pareja 12,
En la actualidad las mujeres experimentan mayor negación de derechos en la posibilidad de recibir apoyos de los programas sociales, así como en la atención médica. Lo anterior es sustentado con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, ya que de acuerdo a las estadísticas el 29.5% de las mujeres de 18 años y más declaró que en el último año, se le discriminó por ser mujer; en contraste, únicamente 5.4% de los varones fueron discriminados por ser hombres 13,
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el “Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal (APF) 2017”, con el objetivo de poner en relieve y explorar el carácter jerárquico y desigual de la participación de hombres y mujeres en el trabajo, el valor expresado en el salario y las desventajas en el acceso de las mujeres a puestos de diseño e implementación de políticas públicas, así como de las instancias decisorias dentro de la APF.
Dentro de este estudio se desprende que, dentro de las Secretarías de Estado, hay un 46.8% de participación femenina en las jefaturas de departamento; en las subdirecciones y direcciones de área el porcentaje de mujeres se reduce a 37%; mientras que entre las direcciones generales adjuntas y las direcciones generales sólo alcanza 28.5% y 21.9% respectivamente, de tal forma que entre jefatura de departamento y dirección general el porcentaje de mujeres se reduce a la mitad 14,
En cuanto a los puestos de mando de cada institución puede variar desde 52.0% a 25.1% dentro de las Secretarías de la APF y de 60.0%30 a 26.2% en “Otras Instituciones”, lo cual indica que en algunas instituciones se están presentando mejores oportunidades para las mujeres, y que en otras se requiere crear circunstancias favorables para ello.
Asimismo, se destaca que, las mujeres trabajan menos que los hombres en el mercado económico (las primeras representan 37.9% de la población ocupada), pero trabajan más dentro de los hogares en actividades domésticas (entre la población no económicamente activa las mujeres dedican 38.2 horas y los hombres 22.7 horas a actividades no económicas) 15,
¿Cuándo es el paro de profesores 2023 Chile?
Colegio de Profesores ratific贸 convocatoria a paro nacional para el 26 de julio pr贸ximo “A prepararnos, organizarnos y a trabajar en cada consejo gremialpara tener un paro exitoso”, fue el llamado que hizo el presidente del gremio, Carlos D铆az. Entre las demandas se cuenta el pago de la deuda hist贸rico que reclaman los educadores. Mi茅rcoles 19 de julio 2023 14:13 hrs. 
- El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos D铆az Marchant, confirm贸 el paro nacional de docentes convocado para el 26 de julio.
- Desde la Plaza del Palacio de Tribunales de Concepci贸n, en la Regi贸n del Biob铆o, D铆az dijo聽que 鈥 estamos reafirmando el paro nacional ascendente, tal cual lo ha determinado nuestra Asamblea Nacional 鈥.
- Detall贸 que “partimos el d铆a 26 de julio con un paro de 24 horas, continuamos los d铆as 2 y 3 de agosto con un paro nacional por 48 horas y los d铆as 17 y 18 de agosto tenemos nuestra Asamblea Nacional para poner fecha al paro indefinido “.
En esta l铆nea, manifest贸 que “vamos a convocar a las tres provincias ac谩 en el gran Concepci贸n. Con mucha fuerza los invitamos a la Plaza Per煤, que tradicionalmente ah铆 comenzamos nuestras movilizaciones, a las 11.30 de la ma帽ana”. Asimismo, D铆az realiz贸 un llamado a “prepararnos, organizarnos y a trabajar en cada consejo gremial, en cada comuna, regi贸n y territorial para tener un paro exitoso el 26 de julio”.
A fines de junio, el presidente del Colegio de Profesores se reuni贸 con la subsecretaria de Educaci贸n, Alejandra Arratia, en dependencias del Mineduc para abordar las demandas que hist贸ricamente no han sido respondidas. Tras este encuentro, el gremio ratific贸 la realizaci贸n del paro nacional para el 26 de julio.
Cabe destacar que entre las demandas del gremio destacan una soluci贸n a la deuda hist贸rica, el fin al agobio laboral, pago del bono al retiro, jornada escolar completa, entre otros puntos. Foto de portada: Agencia ATON.
- El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos D铆az Marchant, confirm贸 el paro nacional de docentes convocado para el 26 de julio.
- Desde la Plaza del Palacio de Tribunales de Concepci贸n, en la Regi贸n del Biob铆o, D铆az dijo聽que 鈥 estamos reafirmando el paro nacional ascendente, tal cual lo ha determinado nuestra Asamblea Nacional 鈥.
- Detall贸 que “partimos el d铆a 26 de julio con un paro de 24 horas, continuamos los d铆as 2 y 3 de agosto con un paro nacional por 48 horas y los d铆as 17 y 18 de agosto tenemos nuestra Asamblea Nacional para poner fecha al paro indefinido “.
En esta l铆nea, manifest贸 que “vamos a convocar a las tres provincias ac谩 en el gran Concepci贸n. Con mucha fuerza los invitamos a la Plaza Per煤, que tradicionalmente ah铆 comenzamos nuestras movilizaciones, a las 11.30 de la ma帽ana”. Asimismo, D铆az realiz贸 un llamado a “prepararnos, organizarnos y a trabajar en cada consejo gremial, en cada comuna, regi贸n y territorial para tener un paro exitoso el 26 de julio”.
A fines de junio, el presidente del Colegio de Profesores se reuni贸 con la subsecretaria de Educaci贸n, Alejandra Arratia, en dependencias del Mineduc para abordar las demandas que hist贸ricamente no han sido respondidas. Tras este encuentro, el gremio ratific贸 la realizaci贸n del paro nacional para el 26 de julio.
Cabe destacar que entre las demandas del gremio destacan una soluci贸n a la deuda hist贸rica, el fin al agobio laboral, pago del bono al retiro, jornada escolar completa, entre otros puntos. Foto de portada: Agencia ATON.
- El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos D铆az Marchant, confirm贸 el paro nacional de docentes convocado para el 26 de julio.
- Desde la Plaza del Palacio de Tribunales de Concepci贸n, en la Regi贸n del Biob铆o, D铆az dijo聽que 鈥 estamos reafirmando el paro nacional ascendente, tal cual lo ha determinado nuestra Asamblea Nacional 鈥.
- Detall贸 que “partimos el d铆a 26 de julio con un paro de 24 horas, continuamos los d铆as 2 y 3 de agosto con un paro nacional por 48 horas y los d铆as 17 y 18 de agosto tenemos nuestra Asamblea Nacional para poner fecha al paro indefinido “.
En esta l铆nea, manifest贸 que “vamos a convocar a las tres provincias ac谩 en el gran Concepci贸n. Con mucha fuerza los invitamos a la Plaza Per煤, que tradicionalmente ah铆 comenzamos nuestras movilizaciones, a las 11.30 de la ma帽ana”. Asimismo, D铆az realiz贸 un llamado a “prepararnos, organizarnos y a trabajar en cada consejo gremial, en cada comuna, regi贸n y territorial para tener un paro exitoso el 26 de julio”.
- A fines de junio, el presidente del Colegio de Profesores se reuni贸 con la subsecretaria de Educaci贸n, Alejandra Arratia, en dependencias del Mineduc para abordar las demandas que hist贸ricamente no han sido respondidas.
- Tras este encuentro, el gremio ratific贸 la realizaci贸n del paro nacional para el 26 de julio.
Cabe destacar que entre las demandas del gremio destacan una soluci贸n a la deuda hist贸rica, el fin al agobio laboral, pago del bono al retiro, jornada escolar completa, entre otros puntos. Foto de portada: Agencia ATON. : Colegio de Profesores ratific贸 convocatoria a paro nacional para el 26 de julio pr贸ximo
¿Cuánto durará la toma de Lima 2023?
Toma de Lima (2023)
| Segunda marcha de los Cuatro Suyos | |
|---|---|
| Primer evento | 19 de enero de 2023 |
| Último evento | 21 de enero de 2023 |
| Desenlace | |
| Muertos | 8 muertos |
¿Cuándo es la tercera toma de Lima 2023?
Tercera Toma de Lima
| Tercera Toma de Lima (2023) | |
|---|---|
| Fecha de inicio | 19 de julio de 2023 |
| Fecha de fin | 31 de julio de 2023 |
| Desenlace | |
| Heridos | 14 heridos (el 19 de julio): 8 policías 6 manifestantes |
¿Qué pasará el 13 de 2023?
¿Cuántos martes 13 habrá en el 2023? – En el calendario del 2023 sólo habrá un martes 13 y será en junio. Ese día también se celebra a San Antonio de Padua, santo nacido en Portugal y llamado por el papa Gregorio IX como el “Arca del Testamento”. : ¿Cuántos Viernes 13 tiene 2023, cuándo son y cuál es el siguiente?
¿Qué pasó el 8 de marzo del 2023?
¿Por qué mujeres, niñas y adolescentes toman las calles el 8 de marzo ? Históricamente esta fecha, contrario a lo que se cree, no es de festejos, halagos o celebraciones, es de lucha y de gritar de que están hartas de que las violenten, por eso se marcha.
Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó el 8 de marzo el 1975 como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el objetivo de buscar la igualdad y la no discriminación. Pero hubo hechos previos que llevaron a reconocer este día, estos fueron protestas que buscaban exigir los derechos de las mujeres, por ejemplo los laborales y la libertad de ejercer el voto.
Según National Geographic, en marzo de 1857, las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York salieron a protestar por las malas condiciones de trabajo que tenían. Los salarios de las mujeres eran menos de la mitad que el de los hombres. La policía intervino de manera violenta contra la protesta, pero este fue un gran antecedente para el futuro de los derechos de las mujeres.
En 1909 hubo otra huelga también en Nueva York, donde donde encerraron y quemaron vivas a 140 trabajadoras que se manifestaron contra la precariedad laboral. “El horario laboral era de 10 horas diarias más 7 horas los sábados, y el salario era de entre 7 y 10 dólares por 52 horas de trabajo a la semana”, comentó Regina Freyman, profesora del Tec de Monterrey.
En 1909 una organización de mujeres sindicalistas celebró el primer Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos. Se calcula que asistieron 15 mil féminas en una marcha que recorrió Nueva York. Además, el 8 de marzo de 1917 en San Petersburgo, Rusia, estudiantes, empleadas y obreras textiles se manifestaron para reclamar pan y paz, según France 24.
- Fue así que en 1921 Vladimir Lenin decretó el 8 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras, esto como homenaje a quienes participaron en las protestas de 1917.
- France 24 detalla que el líder soviético declaró en su discurso que “l as masas no pueden volver a la vida política sin atraer a las mujeres.
Porque, en un régimen capitalista, las mujeres, la mitad de la especie humana, son doblemente explotadas, La trabajadora y la campesina son oprimidas por el capital () no disfrutan de todos los derechos porque la ley no les da la igualdad con los hombres.
¿Qué va a pasar el 21 de marzo 2023?
75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: un impulso para combatir el racismo – 
El tema del Día Internacional de 2023 se centra en la urgencia de combatir el racismo y la discriminación racial, 75 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Hace 75 años, por primera vez, la comunidad internacional acordó un conjunto de valores comunes y reconoció que los derechos son inherentes a todo ser humano y no los concede el Estado.
- Estos derechos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un modelo para las normas internacionales de derechos humanos.
- La Declaración establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción de ningún tipo, como la raza y el color, entre otras.
- Sin embargo, el racismo y la discriminación racial siguen afectando a personas de todo el mundo.
La conmemoración del 75 aniversario de la adopción de la Declaración debe dar a los Estados un impulso para adoptar medidas rápidas y enérgicas, en la ley y en la práctica, para promover la igualdad y combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
¿Cuánto va a durar el paro?
Duración del paro
| Días de cotización | Días de prestación por desempleo |
|---|---|
| de 540 a 719 | 180 días |
| de 720 a 899 | 240 días |
| de 900 a 1079 | 300 días |
| de 1080 a 1259 | 360 días |
¿Qué son los asistentes de la educación?
Se refiere al personal de establecimientos educacionales que realiza al menos una función de carácter profesional, paradocente (complementaria a la labor educativa, apoyando el proceso de enseñanza-aprendizaje o las gestiones administrativas), o de servicios auxiliares (labores de cuidado, protección, mantención y
¿Qué famosos vendrán a Perú 2023?
¿Qué artistas vienen a Perú en mayo 2023? – Se viene una ola de grandes conciertos internacionales este 2023 en el Perú, Diferentes cantantes y bandas de talla internacional tiene programa su presencia en nuestro país para este año, entre los que se ubican Romeo Santos, Blink 182, Super Junior, Alejandro Sanz, el aniversario 50 del grupo 5, entre otros.
¿Cuándo será la nueva Toma de Lima?
‘Tercera toma de Lima’: ¿cuándo es la marcha? – De acuerdo a dirigentes, la ‘Tercera toma de Lima’ se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de julio. Además, varias bases ronderiles de 22 regiones, entre ellas San Martín, Cajamarca, Lambayeque, Piura y La Libertad, se han organizado para viajar a la capital, Regiones del Perú alistan ‘Tercera toma de Lima’. Foto: composición LR/ Rodrigo Talavera-LR
¿Qué pasó con la tercera toma de Lima?
La ‘tercera toma de Lima’ debilita a una Boluarte en niveles récord de desaprobación popular. Las manifestaciones reclaman justicia por las víctimas y la renuncia de Dina Boluarte, para que sea juzgada por sus responsabilidades políticas en las violaciones a los derechos humanos durante su gobierno autoritario.
¿Qué se celebra el 19 de julio en Perú?
José de San Martín declara la Independencia de Perú
¿Que sucedió el 13 de noviembre de 1655 en Lima?
El Terremoto de Lima y Callao de 1655 ocurrió el 13 de noviembre de 1655 ocasionando gran destrucción en ambas ciudades. Gobernaba entonces en el Perú el virrey Luis Enríquez de Guzmán, Conde de Alba de Liste.
¿Quién financia la tercera Toma de Lima?
¿Quién financia la Toma de Lima? – Aunque no todos los comerciantes de Arequipa llegarán a Lima para la Tercera Toma en esta ciudad, se informó que muchos de ellos entregarán dinero para financiar esta movilización. Hever Peñazola, presidente de la Cámara de Asociación de Centros Comerciales de Arequipa también donarán víveres.
¿Qué pasará el 19 de julio en Lima?
¿Por qué habrá protestas el 19 de julio? – El principal motivo por el que miles de peruanos llegarán a Lima a protestar es para, a quien le exigen su renuncia al cargo. Además, atribuyen también los más de 60 ciudadanos fallecidos en las marchas contra la jefa de Estado en los primeros meses de 2023.
¿Qué es una marcha de protesta?
Una manifestación, protesta o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista (económica, política o social), mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar o una fecha simbólicos y asociados con esa opinión.
Protesta social en Colombia: Las vías de hecho como limitante. Análisis normativo y jurisprudencial Articulo de Revisión Revista Erasmus Semilleros de Investigacion
- Enero-Diciembre 2017;2(1): 41-52
- PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA: LAS VÍAS DE HECHO COMO LIMITANTE. ANÁLISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL
- Juan Camilo Cediel Borrero
- David Fernando Manrique Vargas
- Alex Jamith Cano Gómez
- Resumen
En los últimos años se ha incrementado en Colombia el uso de la protesta social como mecanismo reivindicatorio de luchas, derechos o prerrogativas sociales, siendo esta inherente al ejercicio de la democracia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han encargado de resaltar sus aspectos más importantes, destacando cuál es el papel que juega la protesta social en el país.
No siendo un secreto que las vías de hecho en ejercicio de la protesta siempre han generado algunas tensiones entre autoridades y actores sociales trayendo como consecuencia el uso de la fuerza indiscriminada contra las personas que ejercen esta garantía constitucional e igualmente tornándose evidente la vulneración de derechos a terceros en contexto de protesta, dejando en tela de juicio qué tan legítimas resultan las vías de hecho a la luz de la Constitución de 1991.
Este artículo analiza el desarrollo jurisprudencial sobre la protesta social en Colombia, reconocido como derecho y determina los límites establecidos históricamente, tomando como referencia las estadísticas de los movimientos sociales a lo largo del territorio nacional entre los años 2010-2015, evidenciando así la problemática que nace como consecuencia del ejercicio del derecho a protestar Palabras clave: Protesta Social, Límites, Derechos fundamentales, Vías de hecho, Criminalización Abstract In recent years, Colombia has increased the use of social protest as a mechanism to validate or support the fights, right or social prerogatives.
This is essential in the practice of democracy. The jurisprudence of the Constitutional Court and the State Council have been commissioned to highlight the most important aspects, highlighting what is the role of social protest in the country. However, extrajudicial means in the exercise of the protest have always caused some tensions between authorities and social actors.
It has consequently brought the use of indiscriminate force against these people that have this constitutional right and guarantee. All this shows that rights to third people are becoming vulnerable in protest scenarios, leaving questioned how legitimate are made pathways in the light of the 1991 Constitution.
- Key words: Social Protest, limits, Fundamental rights, Extrajudicial means, Criminalization
- Recibido: 10/03/2018 Aceptado: 09/05/2018
- Introducción
Dentro del contexto colombiano, la protesta social ha sido símbolo de resistencia civil de las personas menos favorecidas por el Estado, o de aquellas que no están de acuerdo con políticas del mismo. De igual forma, a lo largo de la historia estas situaciones se han presentado como una forma poco aceptada por los organismos estatales, pues estos escenarios en los que se desarrolla una manifestación terminan siendo violentos o produciendo circunstancias poco favorables para el mantenimiento del orden público y la garantía de otros derechos que puedan ser vulnerados.
- La jurisprudencia se ha visto en la tarea dentro de muy pocas sentencias de establecer el origen filosófico de este derecho a “protestar” sentándolo como núcleo esencial de un Estado Social de Derecho en concordancia además con postulados jurisprudenciales internacionales
- Del mismo modo el Consejo de Estado y la Corte Constitucional a través de la historia (su desarrollo jurisprudencial), configuran la protesta social con sus principios esenciales de participación ciudadana, evaluando la necesidad del uso de la fuerza por parte de las autoridades y resaltando el papel de la sociedad en este contexto, estableciendo subreglas que permiten el desarrollo normal de la protesta social
- No se puede desconocer igualmente los demás derechos que entran a jugar un papel activo dentro de las manifestaciones, en tanto estos se pueden ver vulnerados. Sin embargo, la Corte hace un estudio tendiente no solo a legitimar las vías de hecho sino también a establecer que a pesar de que estas se puedan ver involucradas, las autoridades deben ser muy rigurosas al momento de tratarlas, otorgando un lugar importante a la protección que se le debe dar a las personas y qué medidas se deben de tomar con mayor cautela al momento de tratar situaciones que alteran el orden público
- Los resultados dejaran ver que la legitimación de las vías de hecho a la luz de la Constitución, y las limitaciones a la protesta social que se pueden ver inmersas dentro del contexto colombiano, son tratadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; de la misma manera, las estadísticas que se mostraran relacionando hechos noticiosos durante los años 2010 y 2015 sobre protestas sociales, darán lugar a establecer que esas luchas sociales que se han gestado con gran frecuencia utilizando medios que por su naturaleza siempre tenderán a terminar siendo vías de hecho, permitirán evidenciar que los actores sociales son quienes fundamentan la legitimación de éstas como medio de presión social.
- Metodología
En este documento se analizará el tema central –Protesta Social y sus límites- desde el punto de vista informativo-periodístico. Lo que se pretende es que una vez conocido la parte teórica, normativa y jurisprudencial, se analice el tema de las principales protestas sociales ocurridas en Colombia que han sido documentadas en medios periodísticos. Para realizar un estudio más completo se delimitó este análisis desde el año 2010 hasta el año 2015, con fundamento a los datos estadísticos que muestran el gran crecimiento de las Protestas Sociales en el lapso de tiempo antes mencionado. Igualmente las estadísticas que se utilizaron se extraen de la aplicación del instrumento de recolección de información al periódico el TIEMPO, dando aplicación a un total de 541 protestas registradas por este medio noticioso, especificando que el número de protestas documentadas no son la totalidad de protestas ocurridas en Colombia, es decir, las documentadas son un porcentaje de la universalidad de protestas a las que ha habido lugar. Avances, discusiones y resultados I. La protesta social: entre la libertad de expresión y la criminalización La necesidad de la comunicación que tienen los seres humanos ha sido quizás la razón para lograr superar las distintas situaciones que constantemente enfrentan, es decir, asumir ésta como una extensión de la sociedad en donde se desarrollan distintas disputas simbólicas y culturales que conllevan a la estructuración de la costumbre entre los pueblos; es aquí donde se procura establecer las definiciones de lo social. (Bonilla & García, 1998, pág.277) La protesta social es una forma de comunicación, y se trata de una manifestación legítima del derecho a la libertad de expresión que bien puede ser ejercido de manera individual o colectiva; es el derecho de los pueblos de manifestar, enseñar y reproducir su idioma, cultura, valores y tradiciones. (Rabinovich, Magrini, & Rincón, 2011, pág.53). No se refiere solamente a poder expresar de forma oral o escrita lo que se piensa, sino conforme el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Al tenor de éste artículo, es posible la manifestación individual o colectiva a través de cualquier medio, ya sean representaciones simbólicas, movilizaciones o manifestaciones sociales donde se busca transmitir una idea, opinión, aspiración, reclamación, sugerencia, critica o protesta. (Rabinovich et al., 2011, pág.53). Por lo tanto, “es importante que todo Estado asuma su obligación de garantizar el derecho y el ejercicio de la movilización y la protesta social como parte del derecho a la libertad de expresión, sin restricciones en cuanto a su contenido o incluso su recorrido (.)” (Rabinovich et al., 2011, pág.53) Cabe resaltar que el mismo PIDCP ha establecido restricciones a la libertad de expresión bajo la modalidad de protesta social en los artículos 19 y 20, donde señala que debe ser pacifica, no incitar a la discriminación, violencia, guerra o hostilidad. La restricciones deben: a) estar precedidas por una ley, b) buscar proteger un bien jurídico superior y c) deberá ser superior proporcional al bien protegido. (Rabinovich et al., 2011, pág.53) Esta regulación debe ser razonable toda vez que la protesta social puede ser en ocasiones el único medio que algunos grupos sociales cuentan para ejercer éste derecho y lograr ser escuchados. (Rabinovich et al., 2011, pág.57) Éstos grupos buscan con la protesta social: “realizar una doble demanda que es política y de visibilidad social.(.) son acciones y expresiones de protesta pública mediante la cual se le reclama a otros algo que deberían hacer mejor”. (Bonilla & García, 1998, pág.287). En las sociedades democráticas disentir es un derecho que está al alcance de todos (Rabinovich et al., 2011, pág.5); es la facultad de hacer democracia en la vida pública; se trata de ejercitar colectivamente el derecho a libertad de expresión, el derecho a reunión y la ciudadanía. (Rabinovich et al., 2011, pág.9). En estas sociedades las protestas permiten el mayor nivel posible de debate colectivo acerca del funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus aspectos (Rabinovich et al., 2011, pág.17), tanto así son consideradas “un requisito y hasta un “indicador” de los niveles de democracia de un régimen político y comunicativo.(.) es en ultimas la garantía del derecho a la resistencia”. (Rabinovich et al., 2011, pág.32).
A pesar de lo que se ha dicho respecto al grado de garantías que los Estados deben darle a la libertad de expresión, y particularmente a las protestas sociales, éstas a través del tiempo han venido experimentado una criminalización, tal como lo dice Claudia Korol, “forma parte de un repertorio mundial de acciones y prácticas de control social, con las que el poder organiza su gobernabilidad, a fin de continuar el proceso de reproducción ampliada del capital”. (Como es citada en Romo Cedano, 2010, pág.30) Se habla de criminalización de la protesta o criminalización ilegítima, por cuanto el Estado está seleccionando un acto de protesta como una conducta ilícita e impone su potestad punitiva a quien la realiza, desconociendo que el acto de protesta está amparado en el ejercicio legítimo de un derecho. (CELS, 2003, pág.48). El ejemplo de las revoluciones provocaron en los países en vía de desarrollo (pueblos oprimidos) los deseos de alcanzar unas mejores condiciones económicas y sociales, al igual que su autodeterminación, lo que provocó la consolidación de organizaciones populares que se alzaban, protestaban y luchaban a mano armada; situación que afectaba el statu quo de la burguesía dominante. Los países dominantes tenían el temor de la afectación a su sistema la conformación democrática y socialista de algunas de las naciones que venían explotando, motivo por el cual optaron por la criminalización de la protesta como medio de control social. (Rojas Suarez, 2000, pág.5) En el caso colombiano el análisis de la criminalización se remite inicialmente al gobierno de Rojas Pinilla donde se presentaron brutales represiones contra las protestas, encarcelamiento de presos políticos, cierre de dos periódicos (El espectador y el Tiempo), masacres de estudiantes, entre otros. Todos amparados además en la jurisdicción penal militar y en el fuero militar, que se había establecido por medio del Decreto 2311 de septiembre 4 de 1953. (Rojas Suarez, 2000, pág.22) Luego, al Frente Nacional creado por el plebiscito de 1957 como mecanismo para buscar una solución a la situación jurídico-política por la que atravesaba el país, pero se trató solamente de un acuerdo entre las clases dominantes tradicionales, para ejercer un control equitativo de la nación entre ellas, excluyendo a los otros sectores no tradicionales; el producto de sus medidas económicas y políticas provoco “efervescencia social” expresándose en el descontó y desencadeno distintas formas de protestas políticas de las clases populares e incluso el alzamiento en armas de ciertas organizaciones en procura del poder. (Rojas Suarez, 2000, pág.24) También se tomaron medidas como: 1) la doctrina de la Seguridad Nacional, 2) la preservación del orden público a través de los Estados de Sitio (Constitución de 1886) o Estados de Conmoción Interior (Constitución de 1991), 3) justicia regional o justicia sin rostro, y 4) justicia especializada. El Estado Colombiano en el proceso de criminalización ha actuado principalmente con: 1) Penalización: tipificación de conductas relacionadas con la protesta social, como rebelión, asonada y sedición del Título XVIII del Código Penal, o el terrorismo en el artículo 343 del mismo.2) La guerra de baja intensidad: mecanismo ilegal para incrementar los ataques a organizaciones populares o sectores populares, se trata de “una lucha político-militar limitada con fines políticos, sociales, económicos o psicológicos. Suele ser prolongada e incluye desde las presiones diplomáticas,económicas y psico-sociales hasta el terrorismo y la insurgencia.” (Rojas Suarez, 2000, pág.72) Aquí es donde actúan grupos armados ilegales y agentes del estado.3) El señalamiento: como “medida cotidiana utilizada para mantener calmadas a posiciones contrarias al régimen, a las instituciones o a determinada persona que ejerce un control en determinada zona”. (Rojas Suarez, 2000, pág.91). “Iniciar un proceso de descriminalización de la protesta”, esa es la invitación que realiza Frank La Rue –relator especial de la ONU sobre Libertad de opinión y expresión-. (Rabinovich et al., 2011, pág.13). II. Las vías de hecho y la jurisprudencia como canal de legitimación En el marco del ordenamiento jurídico colombiano, y más aún en el plano constitucional, es posible auscultar sobre cada uno de los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el ejercicio de la protesta social las cuales se enmarcan definitivamente en los diferentes métodos empleados por los actores sociales para hacer prevalecer sus demandas frente a sus adversarios. Ahora bien, entrando al plano constitucionalista resulta pertinente traer a colación que dentro de la literatura de la protesta social nos podemos encontrar con algunos elementos que van a estructurar el ejercicio de este derecho, es así que en la reunión organizada por el Comité Internacional de Ginebra y el Instituto Colombiano de Derechos Humanos en la ciudad de Lima Perú (junio de 2005), expertos de América latina enmarcaron los aspectos que se deberían tener en cuenta al momento de configurarse situaciones que generaran tensiones o disturbios, siendo estos como por ejemplo, 1) someter toda declaración de estado de excepción a un control constitucional efectivo, 2) priorizar los mecanismo de negociación y solo pasar gradualmente a la intervención física, y 3) efectuar un control riguroso de la conducta de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, en particular a través de cadenas de mando claramente establecidas. (CICR y IIDH, 2005, p.4).
- i) La Corte Constitucional Y Su Ánimo De Articular El Ejercicio De La Protesta Social Legitimando Indirectamente Las Vías De Hecho.
- Ahora bien, dentro del marco de la Constitución de 1991 la Corte Constitucional como nuevo órgano protector y garantista de la Carta Política, se ha encargado de desarrollar también a lo largo de su jurisprudencia este derecho a la reunión consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política, Dentro de sus primeros vestigios de querer darle forma jurisprudencial a este derecho, decide en la sentencia T-456 de 1992 en la cual resalta el carácter democrático y participativo que ostenta este derecho a la reunión enfatizando en que este no se establece exclusivamente para la protesta sino que además para cualquier otro tipo de acto que se caracterice como tal.
- Estableciendo que el requisito previo de dar aviso a las autoridades administrativas no será obstáculo alguno para disolver o no permitir la manifestación, pues este parámetro tiene un carácter informativo más no permisivo, evitando así una interpretación caprichosa de este preaviso.
La Corte empieza a darle una forma garantista a este derecho con lo anterior anotado, dando vía posteriormente a que en sentencia C-024 de 1994, afirme que la policía nacional no podrá extralimitarse en el uso de la fuerza, ni mucho menos suprimir en absoluto las libertades emanadas del derecho a reunirse.
- Se advierte de igual manera que la policía solo desplegará acciones contra quien perturbe el orden público más no quien ejerza legalmente este derecho.
- Concluyendo que únicamente bajo norma legal y en ningún momento bajo acto administrativo se podrá limitar el derecho a reunión.Se resalta el caso en el cual por medio de la sentencia T-518 de 2009 trabajadores solicitaron una medida provisional con el fin de que las autoridades dejaran de violentarlos por medio de gases y demás artefactos represivos, sin embargo esta fue rechazada en primera instancia por falta de legitimidad en activa, luego de llegar a la Corte, ésta encuentra carente de objeto la tutela pues para cuando llego a revisión ya la protesta había finalizado.
Concluyéndose con esto la imposibilidad de amparar este derecho a tiempo debido a las características de él, en tanto la vulneración se ejerce en un periodo temporal, que generalmente no sobrepasa los 2 o 3 días La Corte hace lo posible dentro de estas pocas sentencias que tratan el tema de estudio, de dar poder constitucional a este ejercicio de la reunión pacifica, alentando a la protección celosa por parte de las autoridades, evitando el uso fuerza indiscriminada, y aclarando como los formalismos administrativos no se pueden convertir en una limitante para el desarrollo de la protesta.
Protegiendo de raíz cualquier circunstancia en donde las personas que acuden a manifestarse bajo cualquier modalidad siendo las vías de hecho una de las menos acertadas, pero teniendo unos puntos de partida discutibles, en cuanto estas se generan en algunas ocasiones como consecuencia de la fuerza pública amparadas en la ley y en decretos, no previendo que dentro del ejercicio de este derecho, las marchas o plantones que generalmente son comunes dentro de las formas de protestar, tienden siempre a desembocar en las violaciones de otros derechos y alterar el orden público, dejando a merced estas modalidades de las limitantes legales.
Pues las autoridades se ampararan perfectamente para disolver el alud de personas. Tornándose las vías de hecho como un medio para reprochar todo acto de protesta que este bajo alguna de esta modalidad, pues esta será propensa a desembocar en una de estas.
- Lo anterior se puede ver reflejado en al articulado penal, más exactamente en los artículos 44 y 45 de la Ley 1453 de 2011, en donde estos se demandan por inconstitucionales en la sentencia C-742 de 2012, por restringir a toda luces el ejercicio de la protesta social, debido a los verbos rectores del tipo penal, pues estos dejan ver claramente el reproche de actividades inherentes al ejercicio de la protesta, que dan lugar a que ni siquiera se constituya una vía de hecho, ya que con una obstrucción bastará, en donde el orden público se quebrantara por motivos obvios al momento de llamar una atención considerable a los adversarios, que generalmente hacen parte del ejecutivo nacional, departamental o regional.
- Sin embargo, la Corte en aras de conceptualizar este garantía constitucional, con el fin de clarificar hasta donde puede estar permitido y amparado el ejercicio de la protesta, la teoriza exaltando sus fines y medios, aclarando que la limitación aun en estados de excepción no se puede tornar absoluta ni asimilarlo siempre a un desorden público incontrolable para restringirlo.
- Dentro de este marco se trajo a colación alguno de los debates que se surtió al interior del congreso por parte de los ponentes del articulado objeto de estudio, en los cuales se dieron distintos puntos de vista que enfatizaron en la procedencia y necesidad de tipificar esta tipo de conductas evaluadas como delitos (obstaculizar, perturbar, dirigir, incitar), o dar a entender que este tipo de articulados lo único que pueden generar es una criminalización de la protesta social deslegitimando las vías de hecho como medio para ejercer la protesta social.
A pesar de esto la corte considera que la exequibilidad del artículo demandado es sustentable dentro del mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. No estando de acuerdo un magistrado que salva su voto pues para él, la consagración de este tipo de artículos son una verdadera forma de criminalizar la protesta social, argumentando que el disentir es el fundamento de la democracia, una última alternativa luego de un ciclo de demandas por parte del pueblo.Colombia queriendo estandarizar su normatividad con postulados internacionales, ha consagrado distintas resoluciones y decretos en donde efectivamente despliega toda una articulación sobre la actuación que debe de llevar a cabo la policía especializada en estas situaciones que puedan alterar el orden público.
- Sin embargo, resulta reprochable que por ejemplo en el artículo 79 del Decreto 1512 de 2000 se consagra una asistencia militar en caso de que la policía nacional no esté en la capacidad de contener graves desórdenes, o enfrentar alguna calamidad pública, y de igual manera dentro de la directiva permanente emitida por el ministerio de defensa se consagran varias disposiciones encaminadas a la intromisión de las fuerzas militares en zonas donde se vea afectado el orden público, pues estos miembros de las FFAA no están lo suficientemente entrenados para tratar un tema de orden social, además se podría presentar un uso excesivo de la fuerza por parte los militares que no están familiarizados con los conceptos que rigen el uso de la fuerza en una situación de restauración del orden público
- Evaluando las respuestas que dio la Policía Nacional en atención al registro de las protestas realizadas durante los años de 2010 a 2015 y las posibles las afectaciones a derechos fundamentales, se ve reflejado que sus archivos únicamente tiene unas cifras consagradas a partir del 2013 dejando de lado los años anteriores afirmando que solo a partir de este último se empezó a tomar algún registro, en atención a la posible afectación de derechos fundamentales y la forma en como resolvieron las protestas, este organismo se vio corto al responder, pues se limitó a formalismos y excusarse citando un apartado del artículo 2 del Decreto 1355 de 1970 estableciendo que: “A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación”, permitiéndose así justificar su actuar.
- Las vías de hecho se configuran dentro del marco de la protesta a partir de la actuación de los mismos actores que participan en ellas, pues la jurisprudencia ha dado paso a estructurar cuales deben de ser los límites que debe de tener las autoridades al momento de ir allí a establecer el control pertinente, llamando la atención de las protestas que se degeneran en violencia pero aclarando que no se debe confundir con un simple desorden público para limitarla o deslegitimarla como ejercicio pleno del derecho de reunión.
- Se ha concentrado la Corte en determinar la naturaleza filosófica de los preceptos propios de la protesta social, permitiendo establecer esta herramienta democrática en una posición tan relevante que las protestas, que en la mayoría de veces terminan por convertirse en vías de hecho, se materializan en ese llamado desesperado por parte de esa población, frente a las problemáticas que los acosan y los dejan parados en ese filo de desespero y a la merced de que sus derechos caigan como gotas de lluvia las cuales solo van a ser parte de charcos olvidados.
- En este sentido vemos como otros países en sus respectivas constituciones se han encargado de configurar este derecho a reunirse, como lo hace Bolivia en su artículo 7, dictando que toda persona tiene derecho a reunirse y asociarse para fines lícitos y pacíficos; Costa Rica en su artículo 26, estableciendo que todos tienen derecho a reunirse de manera pacífica y sin armas; Ecuador en su artículo 23, afirmando que sin perjuicio de los derechos establecidos, el estado reconocerá y garantizara a las personas la libertad de asociación y de reunión con fines pacíficos; y de igual forma en Venezuela mediante la resolución No 113 se acogen los parámetros sobre la actuación de cuerpos de policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales para garantizar el orden público y demás libertades constitucionales
Vemos como en estos países y en otros muchos de América latina, la consagración de esta garantía constitucional se torna latente a partir de su articulación suprema, y no es para más pues esta es tan importante como su propio nombre lo indica, y por eso desde tiempos atrás las conquistas que han devenido en la sociedad, se han forjado a partir de estas actuaciones, superiores a tipos legales que quiera deslegitimar la protesta social en cualquiera de sus formas y más en las vías de hecho, las cuales se tornan necesarias para llamar la atención de aquel adversario que avasalla y contiene las respuestas a esa población demandante y sedienta de garantías.
- Y que más ejemplo que nos trae Diana Uribe cuando nos cuenta que los israelitas hicieron posible su radicación geográfica, gracias a esa protesta que hicieron en tan afamado barco llamado Éxodo.
- Luego del exterminio judío, los que pudieron escapar decidieron acudir a esa naturaleza de la manifestación como herramienta principal para que sus peticiones fueran escuchadas.
(Uribe, 2013)
- Por eso las vías de hecho más que legitimadas, estarán amparadas siempre en el espíritu de la protesta que se arraiga al hombre cuando su conformismo no es su opción de vida
- III. La protesta social en Colombia – análisis a partir de información periodística-
- Inicialmente es pertinente abordar el tema de los datos recolectados como investigación con la utilización de un instrumento de recolección de información periodística y su respectivo análisis para posteriormente hacer énfasis en protestas sociales de gran repercusión en el territorio nacional y sus respectivos desarrollos, obviamente con un énfasis al tema central de este documento -–Protesta Social y sus límites-.
3.1. Son “541” protestas documentadas (El Tiempo) entre 2010-2015: Gráfica 1. Protestas por año Fuente gráfica 1: Esta gráfica se elabora a partir de los datos recolectados con la búsqueda de protestas sociales documentadas en el periódico El Tiempo entre los años 2010-2015 En el periodo objeto de estudio (2010-2015), en el año 2011 se evidencia el mayor número de protestas sociales ocurridas en Colombia. Fuente gráfica 2: Esta gráfica se elabora a partir de los datos recolectados con la búsqueda de protestas sociales documentadas en el periódico El Tiempo entre los años 2010-2015 En 2010-2015 el 22% de la protestas tuvieron lugar en el departamento del Valle del Cauca.
- Fuente gráfica 3: Esta gráfica se elabora a partir de los datos recolectados con la búsqueda de protestas sociales documentadas en el periódico El Tiempo entre los años 2010-2015.
- De las 541 protestas documentadas, 411 (76%) ocurrieron de manera pacífica (Marchas, plantones, huelgas de hambre). Solo el 24% de la protestas sociales no fueron pacíficas, generando caos, disturbios, invasiones a terrenos, bloqueos y entre otros que hicieron que los desarrollos de las protestas se tornaran conflictivos
- Gráfica 4. Actores sociales
Fuente gráfica 4: Esta gráfica se elabora a partir de los datos recolectados con la búsqueda de protestas sociales documentadas en el periódico El Tiempo entre los años 2010-2015. En el tema de actores sociales se puede evidenciar que los principales actores o iniciadores de protestas sociales fueron los pobladores urbanos (37%) y los gremios o sindicatos (16%).
Con las noticias objeto de aplicación de instrumento se concluye que los misma ciudadanía es quien se muestra inconforme con políticas públicas, quien reclama derechos e incluso son los mismo pobladores urbanos quienes en temas ambientales o solidarios protestan. Entre quienes menos protestas realizaron encontramos en las noticias documentadas a las mujeres/grupos LGTBI (5%), los reclusos (2%) y a las víctimas del conflicto (2%).
Gráfica 5. Motivos de protesta 
Fuente gráfica 5: Esta gráfica se elabora a partir de los datos recolectados con la búsqueda de protestas sociales documentadas en el periódico El Tiempo entre los años 2010-2015 Los motivos que llevaron a la ocurrencia de protestas en 2010-2015 principalmente fueron la reclamación de derechos (19%) y la inconformidad con políticas públicas (16%). Fuente gráfica 6: Esta gráfica se elabora a partir de los datos recolectados con la búsqueda de protestas sociales documentadas en el periódico El Tiempo entre los años 2010-2015 De las 541 protestas (2010-2015), en 202 (38%) se usó la modalidad de marchas y plantones. 
Fuente gráfica 7: Esta gráfica se elabora a partir de los datos recolectados con la búsqueda de protestas sociales documentadas en el periódico El Tiempo entre los años 2010-2015 De la anterior gráfica se observa que más de la mitad de protestas entre 2010-2015 van dirigidas al ejecutivo Nacional, Departamental o Municipal. Si se complementa esta grafica con las demás se obtiene un buen resultado con la aplicación del instrumento. Contra Órganos Judiciales (2%), Entes de Control (1%), Órganos con potestad normativa (4%) y Grupos armados al margen de la ley (2%) se presentaron un menor número de protestas Las anteriores gráficas que resultan de la aplicación del instrumento de recolección de información como ya se había hecho mención. El análisis muestra de manera general los porcentajes de protestas documentadas por el periódico el tiempo respecto a la variación anual, ubicación por regiones, actores sociales, motivos de protesta, la modalidad usada y el adversario de la misma. En el último apartado vale la pena aclarar que al usar la palabra adversario no se quiere dar a entender como la parte que obstaculiza el movimiento social sino como aquel sujeto o parte a quien va dirigida la protesta. Pese a que se realizó un breve análisis de porcentaje por cada grafica no se quiere trascribir porcentaje por porcentaje (puesto que eso es visible en las gráficas antes expuestas) sino adicional a lo anterior dar algún informe de particularidades encontradas durante la aplicación, tabulación y graficación de las noticias estudiadas. Si en los 5 años estudiados fueron reportadas 541 protestas (Periódico el tiempo) con simple operación matemática se puede establecer que ocurrieron en Colombia aproximadamente una protesta cada tres días, durante el periodo (2010-2015), reiterando que este promedio es únicamente de protestas documentadas. La protesta Social perfecta en Colombia (2010-2015) según la información recolectada es la ocurrida de manera pacífica en el año 2011 realizada por pobladores urbanos los cuales muestran inconformidad con políticas públicas, realizando marchas y plantones con reclamos dirigidos al ejecutivo nacional, departamental o municipal. No se quiere dar a entender que esa es la protesta ideal sino que es la referencia o media de protesta social que se presentó durante el 2010 al 2015 Existieron protestas que no siendo relevantes son particulares en la medida en que se desarrollaron, por ejemplo la protesta realizada por el Movimiento Piernas Cruzadas que utilizan una modalidad no registrada en el instrumento aplicado, las casi 300 mujeres pertenecientes a este movimiento utilizaron “Huelga de sexo” para alcanzar su cometido. El titular “Huelga de sexo para pavimentar vías ya muestra sus frutos en Nariño” (De la Rosa, 2014) demuestra cómo esta particular protesta alcanzó el cometido de 20 de 56 kilómetros pavimentados en una vía importante en el Departamento de Nariño. Durante el trascurso de esta recolección de información se aprecia cómo se usa la protesta para la defensa de derechos de diferentes actores sociales. El estudiante defendiendo su derecho a la educación, el campesino: sus tierras y los costos de producción, el poblador urbano inconforme con políticas públicas, las víctimas del conflicto buscando verdad, justicia y reparación, los grupos étnicos en defensa del pluralismo, los trabajadores y sindicatos en pro de sus derechos laborales, los reclusos en búsqueda de condiciones mínimas de reclusión, las marchas ambientalistas para que se implementen protección al medio ambiente y a los recursos naturales, la mujeres y grupos LGTBI dejando en claro que tienen derechos, y las marchas de solidaridad en rechazo a los actos de violencia ocurridos en el país son prácticamente el escenario o realidad nacional que se evidencia durante el periodo 2010 – 2015 que coincide con el primer periodo de presidencia de Juan Manuel Santos. Lo anterior no significa que se busque criticar en alguna forma la administración del actual presidente del País por el contrario el énfasis durante este tiempo es elaborado por que bases de datos de movimientos sociales evidencian el gran alce de numero de protestas desde el año 2010. Según el CINEP en publicación de la Revista Cien Días existen palabras claves que son el fundamento del crecimiento de protestas sociales durante el Gobierno Santos: “Agua, alianza público – privada, consulta, hacinamiento, seguridad, TLC, política integral y territorio” (Archila, Gracia, & Restrepo, 2014). Aspectos anteriores que si se comparan con las gráficas expuestas guardan coherente relación. Centro de Investigación y Educación Popular 3.2. Protestas sociales relevantes (2010-2015), el valor de los Derechos de los actores sociales vs. El de los derechos de los no intervinientes Como ya se ha mencionado, el problema central de la lucha social es la violación de derechos de las partes envuelta en estos eventos. Si bien los actores sociales piden se hagan valer sus derechos por medio de la protesta en muchas ocasiones estos son recriminados por la administración o incluso judicializados, tales son los casos de vulneración de derechos humanos por parte del ESMAD o la misma criminalización de la protesta. Sin embargo, en desarrollo de protesta también se ven afectados Derechos de terceros (Constitucionalmente protegidos) que nada tienen que ver con el conflicto surgido; por ejemplo: Derecho a la vida (Art 11) a la paz (Art 22), a la libre circulación en el territorio nacional (art 24), al acceso a la administración de justicia (Art 229), entre otros. Sin entrar a defender el fundamento de actores sociales en ejercicio de su derecho de protesta, ni el de las demás personas que en contexto de protestas sufren afectaciones a continuación se estudiarán las protestas sociales más importantes ocurridas a lo largo del territorio nacional como lo son: la lucha estudiantil (reforma a la educación superior), el paro nacional agrario y el paro judicial 3.2.1. El movimiento del estudiantado (2011): “La financiación de las universidades públicas, la autonomía, el bienestar universitario, la calidad académica, las libertades democráticas y la participación en asuntos que competen a la sociedad en su conjunto han sido los temas que han motivado la protesta estudiantil durante las últimas décadas” (García, 2011). Marchas, plantones y pancartas con “No a la reforma de la ley 30” se evidencian en la conocida movilización estudiantil en Colombia (2011). Aproximadamente en octubre del 2011 gran parte de Universidades públicas de Colombia entraron en paro indefinido debido a la reforma que se pretendía realizar a la Ley 30 de 1992. Desde ese momento empezaron a desarrollarse marchas, plantones y demás para la protección de derechos de los estudiantes. Se evidencia como en la marcha clave del 7 de abril (El pais.com.co, 2011) se suman otros actores sociales como sindicatos, a la defensa de los derechos de los estudiantes que tenían que ver con el financiamiento de las universidades públicas, la autonomía, calidad y participación en asuntos sociales. Tal fue el impacto de la protesta del movimiento estudiantil que el Gobierno Nacional acepto retirar el proyecto de reforma de la Ley 30 de Educación Superior y los líderes estudiantiles pese a eso continuaron con las movilizaciones sociales en defensa del derecho a la educación. Vemos así como se utiliza el derecho de protesta social para proteger o hacer valer otros derechos tales como la educación como se evidenció en esta protesta estudiantil. Sin embargo, no todo sucedió tan sencillamente y hubo afectaciones a la vida e integridad de partícipes de esta protesta, es así como “pierde la vida un Estudiante en la ciudad de Cali en hechos confusos” (Nullvalue, 2011), que evidencian los abusos o excesos de medios para reprimir la protesta o para defenderla por parte de los mismos actores sociales. Escuadrón Móvil Antidisturbios Ley 30 de 1992: Educación Superior realizada en marzo del 2013 contra el Quimbo por motivo de las afectaciones territoriales como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica. Evidenciamos que existen varios focos a lo largo del país que refuerzan la protesta del campesinado pero igualmente es pertinente mencionar que mientras se desarrollaba el Paro Nacional Agrario se evidenciaban disturbios, invasiones, resistencia civil, bloqueos que llevaron a una escases de alimentos a lo largo del país por no permitir el transporte de los mismos pero más grave es aun la ocurrencia de violaciones a derechos como la vida. Con lo anterior, se quiere decir que en contexto de protesta en específico el Paro Nacional Agrario existieron muertes de líderes campesinos, policías y de terceros no participes de la protesta. “Ataque a la misión medica en Cauca durante paro agrario” (2013, EL UNIVERSAL) o “Asesinaron a policía en paro agrario” (2013, EL TIEMPO) son algunos de los titulares que evidencian como se recrimina de manera abusiva la protesta por parte del Estado e igualmente el uso exagerado de la protesta social que afecta derechos tanto de policías y terceros no intervinientes. Tres temas adicionales que ameritan ser estudiados para concluir el apartado del Movimiento Social campesinado son lo relacionado a la judicialización como obstáculo de la protesta, el apartado de los gastos o costos que conllevo la realización del Paro y la soluciones o acuerdos conseguidos. Un ejemplo claro de lo primero lo tenemos con las detenciones arbitrarias y torturas de campesinos o estudiantes. Lo segundo lo encontramos con los elevados gastos que trajo consigo el paro nacional agrario, de un lado el dinero que perdieron muchos campesinos por separarse de sus funciones, las pérdidas de alimentos debido al bloqueo de vías que impedían su transporte y de otro lado los gastos por parte del Estado para controlar protestas y restablecer a la normalidad los contextos de protestas. Según datos del Ministerio de Defensa Nacional en el 2013 por concepto de Adquisición y mantenimiento de Vehículos más elementos de dotación se establece la suma de $10.597.656.752 en Gastos del ESMAD y el fundamento de dicho gasto se realiza con ocasión de las diferentes luchas sociales a las cuales se debían vigilar, controlar y restablecer por parte de dicho organismo. El último aspecto de acuerdos mostro por gran parte del Campesinado inconformismo por falta de garantías que incluso han llevado a pensar actualmente en un nuevo Paro Nacional. En conclusión vemos como en el Paro Nacional Agrario se enfrentó el derecho de protesta social contra derechos como la vida, la salud, la libre circulación en el territorio nacional, entre otros.3.2.2. Paro Judicial (2015): El reciente paro judicial que tuvo lugar entre los meses de octubre del año 2014 y enero del año 2016 evidenció como Asonal Judicial con apoyo de sindicatos de la Fiscalía y el INPEC requería al gobierno prácticamente por motivo de conflicto laboral. El cese de actividades según los actores sociales fueron el incumplimiento de lo que se acordó en el paro judicial del año 2013 en el cual los sindicalistas pedían: nivelación salarial, estabilización de los juzgados de descongestión, mejoramiento presupuestal para la rama y posibilidad de participación de los trabajadores en las reformas institucionales. (Medina, 2015, pág.20) “Paro judicial, una bomba de estado a punto de colapsar” (El Colombiano, 2014) es un informe en donde al día número 15 de paro judicial se dan datos negativos para la administración de justicia Colombiana.150 mil ciudadanos se vieron afectados, 30.000 procesos devueltos y otras cifras graves como la no celebración de 10.000 audiencias que para aterrizarlos en el plano de temática central de este documento afectan el derecho al acceso a la administración de justicia e incluso el derecho a la defensa Los datos anteriormente expuestos se basan en los 15 días iniciales del paro judicial, pero si lo ponemos a escala completa de la duración del mismo nace una curiosa pregunta respecto al costo del paro judicial, costos que nacen del vencimiento de términos, no realización de audiencias y entre otros que dan un cómo total un gasto por parte de la administración por una exagerada suma de dinero. Más de 98 mil millones de pesos le costó al Estado Colombiano el cese de actividades de la Rama Judicial, gasto que se fundamenta como bien lo dice la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: en la participación de los servidores, la cantidad de procesos no recibidos y las audiencias no realizadas. (Correa, 2014) La conclusión se centra, en el fundamento tanto de actores sociales, adversarios y no intervinientes bien sea para apoyar o reprochar los movimientos sociales. Depende de que perspectiva se mire la protesta social en Colombia se podrá decir esencialmente que la protesta es un derecho, que con la realización de las misma se vulneran otros derechos (Vida, administración de justicia, libre circulación en el territorio, educación) y que en contexto de protesta además de vulneraciones de derechos a las partes (o no intervinientes) se generan costos elevados, como por ejemplo los gastos del Estado para controlar, solucionar las protestas y regresar al estado de normalidad en eventos de alteración del orden social debido al desarrollo de las mismas. Conclusiones La protesta social es una exteriorización del derecho a la libertad de expresión que puede ser individual o colectivo y a su vez es una garantía al derecho a reunión (Art.26 C.P.), los Estados deberán garantizar los mismos. Las manifestaciones populares deben estar en margen permitido por el PIDCP, esto es, ser pacíficas, no incitar a la discriminación, violencia, guerra u hostilidad. Los Estados al restringir la protesta social deben respetar unos requisitos mínimos, toda vez que en ocasiones la protesta social suele ser el único medio de comunicación que poseen los pueblos para con sus gobernantes. Sin embargo, la criminalización de la protesta social ha sido un mecanismo de control social que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia en toda América Latina. Es pues necesario un proceso de descriminalización de la protesta social. La jurisprudencia colombiana se encargó dentro de las pocas sentencias que trataron el tema de estudio, de establecer que los límites de la protesta social únicamente pueden ir en cabeza del legislador y que en ningún momento la administración puede restringir este derecho a reunirse. Además aclaró que no todo desorden civil puede ser sinonimia de alteración del orden público con el único objetivo de disolver la manifestación que lo genere, dando el espacio a la legitimación de las vías de hecho por parte de los actores sociales y la aceptación de los resultados aunque no siempre favorables, sin ánimo de introducir un tinte maquiavélico sino más bien garantizando la protesta en cualquier circunstancia que se presente pues es un deber constitucional y está por encima de cualquier Ley, la cual como se evidencio, deja en tela de juicio todos los actos característicos o inherentes al ejercicio de manifestarse Durante los años 2010 y 2015 se evidenció un gran crecimiento de protestas a lo largo del territorio nacional. Diariamente en los noticias se muestra como se ha usado la protesta social en Colombia para reclamar derechos y manifestar inconformidad con algunas políticas públicas, e igualmente como se vulneran derechos de actores sociales y también de personas no intervinientes en contexto de protesta. Pese a que la mayoría de protestas ocurrieron de manera pacífica (2010-2015) existieron algunas que incluso llevaron a la muerte de partícipes en estas. Los medios de comunicación juegan un papel importante en el desarrollo de las diferentes manifestaciones, e inclusive, en distintas protestas sociales se constata que los actores sociales culpan a estos (medios de comunicación) de la problemática y consecuencias de las manifestaciones. Estudiante de VII semestre del Programa de Derecho, integrante del semillero de investigación INVESTIGIO, adscrito al Grupo Nuevas Visiones del Derecho de la Universidad Surcolombiana. E-Mail: [email protected] Referencias
: Protesta social en Colombia: Las vías de hecho como limitante. Análisis normativo y jurisprudencial
