Cuando Es El Paro Nacional En Colombia 2023

Cuando Es El Paro Nacional En Colombia 2023
El próximo miércoles 7 de junio, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) se movilizarán a nivel nacional para respaldar las reformas de salud, pensión y laboral que fueron presentadas por el Gobierno de Gustavo Petro y cuyos debates fueron suspendidos en las últimas horas por el Congreso,

El comando nacional unitario ha convocado al pueblo colombiano, junto con la coordinadora nacional por el cambio, para hacer una movilización nacional el próximo 7 de junio en apoyo a las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro “, señaló el presidente de la CUT, Francisco Maltés.

De hecho, la movilización también contará con la participación de Fecode (Federación Colombiana de Educadores) y la USO Unión Sindical Obrera). En primer lugar, los gremios sindicales y obreros le solicitan al Congreso de la República que no se empleen estrategias dilatorias durante la discusión de la reforma labora l, de modo que exigen que inicie el trámite de proyecto de ley que fue adelantado por la Representante a la Cámara del partido Colombia Humana, María Fernanda Carrascal, donde se reúnen los principales articulados que beneficiarían al movimiento sindical.

¿Qué día es el paro armado en Colombia?

¿Qué significa para Venezuela la paz en Colombia con el ELN? 0:58 (CNN Español) – En medio de los diálogos de paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo primer ciclo terminó el pasado lunes en Caracas, un frente de ese grupo armado que opera en el departamento del Chocó anunció mediante un comunicado que a partir de este jueves iniciará un paro armado en esa región del occidente del país.

El “frente de guerra occidental Omar Gómez” del ELN sostiene en la comunicación enviada a medios locales del departamento del Chocó que grupos paramilitares de derecha estarían realizando acciones violentas en la zona del río San Juan y por esto habrían tomado esta decisión. “Por estas razones nos vemos obligados a decretar paro armado indefinido en los ríos San Juan, Sipí, Cajón y Calima, para poder visibilizar lo que pasa en la región.

El paro comienza el día 15 del mes de diciembre de 2022, a partir de las 6 de la tarde”, sostienen los guerrilleros en el comunicado.

Al menos nueve militares mueren en enfrentamientos con grupos armados ilegales en el Cauca, Colombia. Petro convoca Consejo de Seguridad Extraordinario

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, se mostró sorprendido por esta situación que ocurre a tres días que se acordara en Caracas realizar alivios humanitarios, especialmente en esa región, como parte de los primeros acuerdos en la mesa de negociaciones.

“Y hemos actuado bajo los mecanismos que tenemos de diálogo con el ELN para que nos den una respuesta al respecto. Porque el ELN debe obrar en coherencia. Si estamos en un escenario de paz pues debería considerar y valorar que ese tipo de comunicaciones en nada beneficia la credibilidad que ellos puedan ganar ante la opinión pública”, sostuvo el comisionado Rueda ante medios locales este miércoles.

Las negociaciones de paz con el ELN forman parte de la llamada política de paz total anunciada por el gobierno de Gustavo Petro el pasado 7 de agosto cuando asumió como presidente de Colombia por un periodo de cuatro años.

¿Cómo va la marcha 7 de junio 2023?

Autoridades reportan total tranquilidad en marchas a favor de las reformas del Gobierno Nacional. – Colombia atraviesa por una nueva jornada de movilizaciones impulsada por el presidente Gustavo Petro, las centrales obreras y el sindicato de educadores, quienes buscan demostrar su apoyo a las reformas del Gobierno.

Le recomendamos leer: Marchas en Bogotá: por estas vías irán las manifestaciones de apoyo a reformas de Petro ). Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla e Ibagué ya tienen listos sus puntos de concentración y se espera que las movilizaciones inicien sobre las 9 de la mañana. Así mismo, dentro de la agenda del presidente Gustavo Petro para este miércoles 7 de junio, hay un apartado especial que estaría abierto para demostrar su apoyo a las manifestaciones sobre la 1 p.m.

en Bogotá. Siga aquí el minuto a minuto de las movilizaciones.6:50 p.m. Manifestaciones en Tunja respaldando al Gobierno Nacional Con total tranquilidad transcurrieron las manifestaciones adelantadas este miércoles 7 de junio en Tunja. Los manifestantes se reunieron en la Plaza de Bolívar de la capital de Boyacá, para apoyar las reformas impulsadas por el presidente Petro.6:30 p.m.

  • Se normaliza la movilidad en la Autopista Norte de Medellín La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó que, a esta hora, se habilita el tráfico normal en ambos sentidos de la Autopista Norte, a la altura de la Universidad Nacional, tras las marchas adelantadas este miércoles.
  • ✅ (18:23) Se da apertura a la Autopista Norte, a la altura de la Universidad Nacional.

Habilitada en ambos sentidos. pic.twitter.com/0t9qZAu8za — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) June 7, 2023 6:20 Carolina Corcho y Patricia Ariza hicieron parte de las manifestaciones La exministra de Salud, Carolina Corcho y la exministra de Cultura, Patricia Ariza, estuvieron apoyando las manifestaciones convocadas este miércoles 7 de junio.

  • Las mujeres, quienes fueron jefes de los Ministerios de Salud y Cultura del Gobierno Nacional hasta hace algunas semanas, marcharon por las calles de Bogotá y estuvieron presentes en la Plaza de Bolívar apoyando las marchas a favor de las reformas impulsadas por el presidente Petro.6:10 p.m.
  • Plantón en la sede de la Fiscalía en Barranquilla A esta hora, las autoridades reportan un plantón de las centrales obreras en la Fiscalía General de la Nación con sede en Barranquilla, donde los manifestantes se reunen para apoyar las reformas del Gobierno Nacional.6:00 p.m.

Así avanzan las manifestaciones en la ciudad de Bucaramanga Las marchas convocadas en Bucaramanga para apoyar las reformas del presidente Gustavo Petro avanzan sin mayores complicaciones por la calle 36, en dirección al parque García Rovira, que será el punto final de la marcha.5:30 p.m.

  1. Hay afectación de movilidad en Cartagena A través de las redes sociales, Transcaribe informó que se presentan algunas afectaciones de movilidad en la Avenida Pedro Heredia, debido a las marchas que se adelantan en la ciudad amurallada.
  2. Además, se reportan varios retrasos en las rutas de Transcaribe que circulan por el solo bus.

#EstadoDelSITM 🚍 ¡Atención! ⏰ 07 de junio, 16:42. ⚠️ Manifestaciones en Cartagena. ⭕ Manifestantes bloquean carril solo bus y mixto en la Avenida Pedro de Heredia. ⭕️ Presentamos retrasos en todas las rutas que circulan por el solo bus. pic.twitter.com/MIUfpw1Gpi — Transcaribe S.A.

  • TranscaribeSITM) June 7, 2023 5:30 p.m.
  • Marchas en Cali se llevaron a cabo en total tranquilidad Según reportan las autoridades, las marchas que se adelantaron este 7 de junio en la ciudad de Cali transcurrieron con total normalidad.
  • Los manifestantes avanzaron por la calle 5a y el recorrido finalizó en la plazoleta de San Francisco, al frente de la gobernación del Valle y la sede de la Fiscalía en Cali.5:00 p.m.

Balance general de las manifestaciones adelantadas en el país El subdirector de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, Didier Alberto Estrada, hizo un balance de las marchas realizadas este 7 de junio a favor del Gobierno Nacional. “Un total de 80 actividades transcurrieron se forma pacífica en todo el territorio nacional, principalmente en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras”, afirmó Estrada.5:00 p.m.

Balance general de las manifestaciones adelantadas en el país El coronel Didier Alberto Estrada, subdirector de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, resaltó el buen comportamiento de los manifestantes en las marchas. ​ “Resaltamos el buen comportamiento de los ciudadanos que se manifestaron, exaltando que no se presentó ninguna alteración a la tranquilidad de los colombianos”, afirmó el coronel.4:40 p.m.

Reportan casos de agresión contra periodistas en Barranquilla Durante las marchas convocadas por la CUT en todo el país, en los últimos minutos la Defensoría del Pueblo ha denunciado varios casos de violencia contra reporteros y periodistas que se encuentran cubriento las protestas de Barranquilla.

  • Para el caso particular presentado en Barranquilla, a través de nuestro Regional #Atlántico estamos en contacto con los periodistas que fueron maltratados verbalmente por manifestantes.
  • También conversamos con los voceros de las marchas para evitar este tipo de situaciones.4/4 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 7, 2023 4:10 p.m.

Cierres viales en Medellín Debido a la evacuación de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín, a esta hora se presenta afectación de movilidad en la Cr.64C con Cl.67, las autoridades aconsejan tomar vías alternas.4:05 p.m. Ordenan evacuar la Universidad Nacional en la sede de Medellín A través de un comunicado oficial, la Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín ordenó la evacuación de toda la comunidad educativa, debido a la detonación de un artefacto explosivo al interior de las instalaciones. 4:02 p.m. Ordenan evacuar la Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín Foto: Universidad Nacional de Colombia 2:30 p.m. Francia Márquez habló desde la Plaza de Nariño La vicepresidenta Francia Márquez llegó hasta la Plaza de Nariño con Alexander López, presidente del Congreso, y envió un mensaje a todos los asistentes de las manifestaciones: “Colombia, estos días de gobierno no han sido fáciles, ni para el presidente ni para mí, pero aquí estamos firmes”, comentó la vicepresidenta.2:00 p.m.

Se reanuda el tráfico en Medellín y Bogotá Las autoridades confirmaron que a partir de este momento la línea 2 de buses normaliza su servicio entre Universidad de Medellín y Aranjuez, en Medellín. Por su parte, en Bogotá se reestableció el servicio en las estaciones de: – Museo Nacional – San Diego – Las Nieves – San Victorino – Museo del Oro 12:55 p.m.

Petro también hizo un llamado a los ministros a defender su gobierno “De ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia, discutiendo, gobernando, todo ministro que no haga caso se va. Es el cumplimiento del programa de gobierno.

  1. Cada asamblea popular reunida en los municipios debe tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz”, sentenció el mandatario.12:45 p.m.
  2. Presidente Petro anunció dos nuevas reformas El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que las reformas sociales van a seguir y que el siguiente semestre llegarán al Congreso de la República las reformas a la Ley 30 y de los servicios públicos.

“Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia”, aseguró el jefe de Estado.12:40 p.m. Petro volvió a hablar de ‘golpe blando’ El presidente Gustavo Petro ha manifestado en las últimas semanas la supuesta intención de un “golpe blando” a su gobierno.

  • Se llama a eso un golpe blando, un golpe de Estado, un golpe contra la voluntad popular.
  • Pedro Castillo estaba solo, aquí les decimos a quienes están impulsando esa estrategia: Petro no está solo”, dijo el mandatario.12:30 p.m.
  • Gustavo Petro dio su discurso en la carrera séptima Petro se refirió en defensa a las reformas que plantea su gobierno y también a los últimos episodios por los que ha atravesado.

“() destruirlo en la Comisión de Acusaciones para hacer lo que se hizo en el Perú; es decir, llevarlo a la cárcel y cambiarlo por un nuevo presidente no elegido por el pueblo que sería el que van a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República”.12:10 p.m.

‘Gracias, Colombia, por acompañar al gobierno del cambio’, Francia Márquez La vicepresidenta dijo que seguirán construyendo un país diferente, en donde todos tengan derechos y garantías. “Gracias, Colombia, por acompañar al gobierno del cambio, gracias por la firmeza, por la dedicación, por el compromiso.

Aquí estamos con la dignidad que siempre nos ha caracterizado, defendiendo los derechos de nuestra gente, del país, de los más excluidos y marginados”, sentenció la mandataria.12:00 p.m. Presidente Petro ya está en las manifestaciones Desde las 12 del mediodía, el presidente Gustavo Petro hizo su aparición en la carrera séptima para unirse a las manifestaciones que apoyan las reformas propuestas en su gobierno.11:55 a.m. La vicepresidenta Francia Márquez se unió a la movilización en Bogotá.11:45 a.m. Actualización de movilidad en Bogotá y Medellín: En la capital de Antioquia se presenta un cierre en la calle 44 con carrera 51, a la altura de Bolívar. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas.

Por su parte, en Bogotá se reporta la suspensión de la flota de TransMilenio en la zona centro y las estaciones afectadas son: – Museo Nacional – San Diego – Las Nieves – San Victorino – Museo del Oro 11:40 a.m. En Barranquilla piden la renuncia del fiscal Francisco Barbosa Lo que hasta ahora avanzaba como una movilización, se convirtió en un plantón pacífico al frente de la Fiscalía del Atlántico, en donde los manifestantes piden la renuncia del fiscal Francisco Barbosa.

“¡Fuera, fuera, fuera el fiscal de bolsillo! Defendemos unas reformas, no defendemos un Presidente”, dice uno de los voceros a bordo de un tráiler.11:15 a.m. Ministros del gobierno Petro marchan a esta hora en Bogotá La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se unieron a la movilización en Bogotá. 11:10 a.m. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, está marchando en Bogotá Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa 10:50 a.m. Comenzaron las movilizaciones en Medellín Los manifestantes salieron desde el parque de Las Luces y caminan hacia el centro de la ciudad. Sobre las 10:40 comenzaron las movilizaciones en Medellín.10:35 a.m. Cierre de cuatro estaciones de TransMilenio en Bogotá Las autoridades confirmaron el cierre de 4 estaciones de TransMilenio en el centro de la ciudad, debido a las manifestaciones que se adelantan en la capital.

Las afectaciones serán en los puntos de: – Museo Nacional – San Diego – Las Nieves – San Victorino 10:25 a.m. Manifestantes avanzan por las calles de Cali Desde puntos como la Universidad del Valle y el parque de las Banderas salieron cientos de personas en las movilizaciones convocadas por centrales obreras, que están programadas para finalizar en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la capital del Valle del Cauca.10:20 a.m.

En Barranquilla hay afectaciones en el sistema de Transmetro Se reportan cierres sobre la troncal Murillo, por donde los manifestantes avanzan con banderas y pitos. El punto de encuentro fue la sede del Sena. Así avanzan las movilizaciones en Barranquilla.10:15 a.m. Actualización de la movilidad en Bogotá Las autoridades reportan manifestaciones en los siguientes puntos de la ciudad, generando afectaciones viales: – Carrera 7 con calle 36, sentido norte-sur.

– Carrera 7 con calle 24, sentido norte-sur.10:05 a.m. Avanzan las movilizaciones en Cali y Barranquilla Usuarios en redes sociales compartieron videos de las marchas en las diferentes ciudades y de las pancartas alusivas al apoyo a las reformas del gobierno Petro. En Cali, los manifestantes caminan desde Univalle, sobre la calle 5, hasta la Gobernación del Valle del Cauca.10:00 a.m.

Presidente Petro se pronunció frente a las manifestaciones El mandatario compartió un video de las movilizaciones en Bogotá y dijo que “el pueblo se respeta”. Dentro de su publicación también dijo que “este es el pueblo que crecerá y crecerá para demandar sus derechos.

  1. No más injusticia social”.
  2. ¿Que nos quedamos solos? Este es el pueblo que crecerá y crecerá para demandar sus derechos.
  3. No más injusticia social.
  4. El pueblo se respeta.
  5. Pic.twitter.com/AVFqgbE7eh — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2023 9:30 a.m.
  6. Se reportan afectaciones a la movilidad en Bogotá Según la Secretaría de Movilidad, los manifestantes se reúnen en la carrera 7 entre calle 35 y calle 36, generando afectación vial en ambos sentidos viales de la calzada.

Se recomienda tomar vías alternas como la avenida Caracas.8:55 a.m. Manifestantes ya se reunen en Cali Con pancartas, banderas y camisetas de Colombia han llegado los manifestantes hasta el parque de Las Banderas, en Cali, para iniciar con las movilizaciones.8:40 a.m. 8:40 Estudiantes del Sena se unieron a la manifestación.8:30 a.m. El presidente Gustavo Petro marchará en Bogotá Fuentes oficiales en el Palacio de Nariño confirmaron que el Presidente se unirá a las movilizaciones sobre la 1 de la tarde.8:00 a.m. Se iniciaron las marchas en Bogotá Se reportan movilizaciones en la carrera séptima con calle 57.

  • TransMilenio reporta afectaciones en sentido norte -sur.
  • El coronel Herbert Benavidez, comandante (e) Policía Metropolitana Bogotá, confirmó que hay puntos de encuentro en el Acueducto de Bogotá, en Corferias, en la Universidad Nacional y en el parque Nacional.7:00 a.m.
  • Bogotá dispuso 400 funcionarios para garantizar la sana convivencia en las marchas 325 gestores de convivencia, 70 policías de tránsito y 60 agentes civiles estarán distribuidos por toda la ciudad para garantizar las movilizaciciones pacíficas y la movilidad en la capital.

Todas las unidades estarán conectadas al Puesto de Mando Unificado Distrital. JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Dónde está el paro armado en Colombia?

3. ¿Cuál ha sido el impacto del paro armado? – El lunes 9 de mayo la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que 178 municipios en 11 de los 23 departamentos del país, han sido afectados por acciones violentas.

Dichas acciones dejaron varios muertos, aunque las cifras varían. Según la JEP han muerto 24 civiles y dos miembros de la fuerza pública, así como 26 vías bloqueadas, 138 comunidades confinadas y 22 ataques a la fuerza pública. No obstante, el Ministerio de Defensa reportó 6 muertos, tres civiles, un policía y dos soldados.

También se han reportado 180 vehículos atacados, la mayoría de ellos incinerados. Una de las zonas más afectadas es la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, donde se tuvieron que cerrar comercios, escuelas y universidades. El sábado, la Defensoría del Pueblo informó que 162 pacientes en Córdoba no habían podido recibir su tratamiento de diálisis.

  1. Las vidas de estas personas corren peligro si no reciben pronto esos insumos”, advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
  2. La Terminal de Transporte de Montería reportó que el sábado el flujo de buses había disminuido en más del 90%.
  3. En esa ciudad también se canceló un partido de fútbol del torneo nacional, ya que el Deportivo Medellín, el equipo visitante, no se presentó al encuentro por no poder “garantizar la seguridad de la delegación”.

En el departamento de Antioquia, las Empresas Públicas de Medellín, capital departamental y segunda ciudad más importante del país, reportaron el desabastecimiento en el suministro de gas en varios municipios, afectando a más de 77.000 personas. Otros departamentos que aparecen entre los más afectados por las acciones violentas son Sucre, Bolívar, La Guajira, Atlántico y Chocó.

La presidenta Ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Nidia Hernández, informó que el paro armado les ha dejado pérdidas superiores a los $13.000 millones de pesos (US$3,2 millones). Según el Ministerio de Defensa, este lunes 93 municipios permanecían con apertura del comercio de menos del 50%.

Fuente de la imagen, Getty Pie de foto, Una tienda con un grafiti alusivo a las AGC.

¿Cuántos paros armados hay en Colombia?

Paros armados de las AGC: lo que sabemos – Hasta el momento, las AGC han realizado cuatro paros armados con un carácter “nacional” (más bien: extendidos en las subregiones en donde hacen presencia). A nivel local han hecho varios, pero no hemos sistematizado el número.

Cada paro armado ha evidenciado diferentes capacidades de control y expansión territorial, como muestra, Sin embargo, vale la pena mencionar que los paros armados ni son originales de las AGC, ni son un aspecto novedoso de la guerra. Hay registros de paros armados del ELN en y de en Lima en 1989. Si en algo se parecen estos fenómenos es, justamente, en la forma en que se dan: un grupo armado decide paralizar un territorio a través de amenazas, moviliza a sus tropas y ejecuta acciones para cumplir las amenazas si alguien incumple las órdenes.

La muestra cómo los paros armados implicaban todo un proceso de propaganda e incremento de la presencia operativa de los grupos armados en los territorios en los que se decretaran. Sin embargo, también hay algunas diferencias.

¿Quién creó el clan del Golfo?

De qué se le acusa al Clan del Golfo – El Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fue creado en la región del Urabá Antioqueño en 2006 y 2007, en el noreste de Colombia, por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ y Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, ambos condenados en Estados Unidos por narcotráfico, y exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo de extrema derecha desmovilizado en 2006.

  1. La inteligencia militar calcula que el grupo lo integran alrededor de unos 9.000 miembros.
  2. A esta estructura criminal se le acusa de narcotráfico, desarrollar la minería ilegal, asesinatos selectivos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, masacres, desplazamientos y de múltiples ataques en represalia por la persecución que enfrentan.

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¿Qué dijo Petro de las marchas?

Gustavo Petro volvió a descalificar y a atacar la marcha de la mayoría: dijo que salió la clase media alta “arribista” El jefe de Estado criticó abiertamente la Marcha de la Mayoría que llenó varias plazas públicas en Colombia. El presidente de la República Gustavo Petro desde Francia, en donde adelanta una agenda de trabajo, arremetió con dureza contra la marcha de la oposición que se registró el pasado martes 20 de junio en varias ciudades del país. Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. | Foto: Guillermo Torres /Semana Y agregó: ” Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”. Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. | Foto: Guillermo Torres /Semana Durante el transcurso del pasado martes, 20 de junio, centenares de colombianos han salido a las calles para protestar en contra de las reformas que busca aprobar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. | Foto: Guillermo Torres /Semana En el espacio de Vicky en SEMANA, voces políticas debatieron sobre la marcha convocada por la oposición en rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Cuando Es El Paro Nacional En Colombia 2023 Jonathan Ferney Pulido Hernández, Jota Pe Hernández, senador de la República. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. | Foto: Guillermo Torres /Semana En línea con el clamor popular que ha hecho eco durante la jornada, Jota Pe Hernández hizo énfasis en su llamado al mandatario: “El presidente (Gustavo Petro) debe entender que, de los 22 millones de colombianos que votaron, la mitad no votó por él, y no puede seguir radicalizándose y tratando de imponerles a esos colombianos unas reformas que solamente él quiere – a la fuerza – hacer pasar en el Congreso “. Marcha de la Mayoría del 20 de junio, en Bogotá. | Foto: Oscar Gonzales / SEMANA Para el congresista, las causas que motivaron a los manifestantes a salir a las calles y participar en la Marcha de la Mayoría se resumen en que “están cansados de muchas cosas que están sucediendo”. Más de 8 mil personas salieron a marchar en Cali contra las políticas del gobierno Petro. | Foto: Jorge Orozco Protestas contra políticas del gobierno de Gustavo Petro, Bogotá, junio 20 de 2023. | Foto: Juan Carlos Sierra Desde Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, precandidato Alcaldía de Cali, también opinó frente a las motivaciones que soportan la Marcha de la Mayoría. Cuando Es El Paro Nacional En Colombia 2023 Jaime Arizabaleta, precandidato a la Alcaldía de Cali. | Foto: Instagram @jaimearizabaleta “Esto es por varias razones, una ciudad que confió en Petro. Aquí sacó el 75 % de los votos, muchas personas de los sectores populares de Cali se sienten traicionadas”, comentó Arizabaleta.

” Hay un sentir de malestar con el gobierno que es creciente (.), A eso hay que sumar el desprecio que tienen por la alcaldía local de Jorge Iván Ospina que, sin duda alguna, ha sido el peor alcalde de la historia de Cali”, agregó Jaime Arizabaleta en el espacio de Vicky en SEMANA, ” Este gobierno trata mejor al ELN que a los ciudadanos, que a los periodistas,

Un gobierno que, incluso en ese cese bilateral, lo que hace es permitir que el ELN siga con sus negocios de la extorsión, del secuestro, sin defender a los ciudadanos, y siempre se les arrodilla”, redondeó Arizabaleta. : Gustavo Petro volvió a descalificar y a atacar la marcha de la mayoría: dijo que salió la clase media alta “arribista”

¿Qué pasa el 7 de junio en Colombia?

Día del estudiante caído: poniéndole cuerpo al pensamiento Los días 8 y 9 de junio de cada año se conmemora en Colombia el ‘Día del estudiante caído’, una fecha que trae a la memoria los estudiantes asesinados y las luchas estudiantiles que han emprendido a lo largo de la historia para reivindicar derechos, promover reflexiones y diálogos, y rechazar las violencias y afectaciones de las que han sido víctimas durante el conflicto armado en Colombia.

Esta conmemoración está precedida por hechos como el ocurrido el 7 de junio de 1929 cuando Gonzalo Bravo, estudiante de la Universidad Nacional, fue asesinado en medio de las protestas por la masacre de las Bananeras; también por el asesinato, 25 años después, del estudiante Uriel Gutiérrez en el marco de la conmemoración del asesinato de Gonzalo Bravo, en esa misma fecha murieron 11 estudiantes y otros 50 resultaron heridos cuando se movilizaban para rechazar la muerte de Gutiérrez.

Asimismo, en 1973 fue asesinado Luis Fernando Barrientos, estudiante de la Universidad de Antioquia, por lo que la comunidad estudiantil declaró el 8 y 9 de junio como el ‘Día del estudiante caído’. La Comisión de la Verdad se une a la conmemoración de esta fecha, resaltando la escucha de múltiples voces de estudiantes y la recepción de múltiples informes (como insumo para la preparación del Informe Final) que dan cuenta de las dinámicas de violencia de agentes y entidades del Estado, la presencia de grupos insurgentes en las universidades, la acción política, los tiempos e implicaciones de la movilización social, las resistencias y las acciones de construcción de paz.

Según el informe ‘Ambos venimos de morir, susurros acechantes del estudiante caído’ desde 1929 hasta 2011 en Colombia han sido asesinados 845 estudiantes. Asimismo, relata que entre 1962 y 2011 fueron asesinados 603 estudiantes, siendo 1968 el único año donde no se registró la muerte violenta de un estudiante.

La Comisión de la Verdad conmemora este día y exalta las diferentes acciones lideradas por personas que han vivido en carne propia la violencia en Colombia, personas que aportan a la construcción de memoria y el esclarecimiento de la verdad desde el testimonio, la investigación, la defensa de los derechos humanos y las iniciativas ciudadanas.

  1. Con su labor le ponen cuerpo al pensamiento que se está representado en cada una de las acciones que movilizan hacia la importancia de conocer la verdad y evitar que estas violencias se perpetúen.
  2. La Comisión de la Verdad se une a la conmemoración del ‘Día del estudiante caído’, reconocemos las violencias ocasionadas en el marco del conflicto armado en contra de la comunidad estudiantil y resaltamos sus acciones encaminadas a la generación de escenarios de diálogo y reflexión para la paz.

“Ha existido una persecución histórica a los estudiantes” Ómar Vera, líder estudiantil durante la década de 1990, fue víctima de persecución. Él reflexiona y da su testimonio como un aporte para que el asedio a los y las estudiantes siga siendo un factor de persistencia del conflicto armado en Colombia.

  • “La persecución al movimiento estudiantil ha sido sistemática”
  • Carolina Gómez, investigadora de Archivos del Búho, relata cómo las investigaciones de este colectivo buscan ser un aporte a la memoria y la verdad de lo ocurrido en Colombia, una tarea que debe tener en cuenta todas las voces posibles.
  • “Duele pensar que como estudiante es posible salir de su casa y no tener la certeza de si se va a regresar”

Laura Felix, es estudiante y defensora de derechos humanos, ella resalta el valor de miles de estudiantes que reclaman mejores oportunidades y mejor futuro para su generación y las que están por venir. Asimismo, evoca la memoria y el dolor que han provocado los muertos y los desaparecidos en Colombia.

  1. “Hemos aprendido de los estudiantes y de su organización”
  2. Desde la Comisión de la Verdad reconocemos las violencias ejercidas en el marco del conflicto en contra de la comunidad estudiantil y resaltamos aquellas iniciativas que generan diálogos y reflexiones como ‘Paz a la calle’ donde participa el docente Lucas Ospina.

: Día del estudiante caído: poniéndole cuerpo al pensamiento

¿Cuándo es la marcha a favor de Petro?

Marchas a favor de Petro el 20 de julio: por qué las convocan, quién y dónde tendrán lugar Video relacionado: Así fue la jornada de marchas en apoyo a Petro 3:08

(CNN Español) – Sindicatos de Colombia convocaron a una serie de marchas a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro para este 20 de julio, cuando Colombia celebra su fiesta patria con la que se dio inicio al proceso de independencia del país.La Central Unitaria de Trabajadores CUT, junto a otros gremios, es uno de los grupos que impulsadas por Petro, entre ellas las reforma laboral, a la salud y la reforma pensional, una serie de proyectos que no han podido pasar en el Congreso en la última legislatura.”Hemos considerado muy positivo que el gobierno haya decidido presentar nuevamente la reforma laboral en la segunda legislatura y por tal motivo entonces vamos a acompañar esa presentación del gobierno con la movilización nacional este 20 de julio”,, presidente de la CUT, al convocar los eventos de este jueves.Fecode, la Federación Colombiana de Educadores, también convocó a marchas para defender la educación pública.Según los sindicatos, las reformas que impulsa el gobierno, son “la conjunción de las necesidades y solicitudes que desde hace más de tres décadas venimos exigiendo”, dice un comunicado sobre las manifestaciones de este jueves.

Las manifestaciones están convocadas para iniciar el 20 de julio a las 2 p.m. En Bogotá la concentración será en la Plaza de Bolívar. Los sindicatos invitaron a los trabajadores “a realizar esta clase de acciones en las diferentes regiones de nuestro país”. : Marchas a favor de Petro el 20 de julio: por qué las convocan, quién y dónde tendrán lugar

¿Cuáles fueron los departamentos más afectados por la violencia en Colombia?

Introducción El presente trabajo tiene como principal propósito presentar algunas de las dinámicas de la violencia directa y estructural de siete departamentos de frontera que, en los últimos años, se han erigido como algunos de los escenarios en los que concurren una suerte de variables que pueden experimentar nuevas violencias en el marco del posconflicto armado en Colombia que serán prioridad para el Acuerdo de Paz suscrito con la guerrilla de las FARC-EP.

Y es que, en un escenario en el que la centralidad de la seguridad se fue definiendo y consolidando paulatinamente desde principios de la década pasada, una vez que llega Álvaro Uribe a la presidencia (2002) y fruto de una ingente movilización de recursos, las fronteras y la periferia geográfica colombiana -que no es solo geográfica- se fueron construyendo a su vez como el nuevo escenario de disputa en el que se inscribieron diferentes manifestaciones, directas o indirectas, de violencia armada en el país.

Este tipo de afirmaciones, planteadas en varios trabajos de referencia académica como los de Echandía (2006 ; 2013), Echandía y Bechara (2006), Salas (2007 ; 2010; 2015), Cabrera (2009 ; 2012) o Ríos (2016 a; 2016b; 2017a) muestran bajo diferentes miradas causales de qué modo la violencia en Colombia se ha territorializado y ha respondido a un proceso de periferialización (Ríos, 2016c) cuya superación, muy posiblemente, será una de las principales exigencias del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC-EP en noviembre de 2016.

Un Acuerdo que enfatiza en la dimensión territorial de la paz ( Cairo et ál., 2018 ; Lederach, 2017 ) pero que es allí, en la resignificación del territorio y la superación de las barreras sociales, económicas, simbólicas y culturales, en donde encuentra el mayor sustrato del que se sirve la violencia y el debilitamiento del proceso de construcción de paz.

Así, este trabajo se presenta en torno a cuatro partes claramente diferenciadas si bien, siempre con el propósito de presentar de manera más descriptiva que causal la relación entre el conflicto armado colombiano y su representación en los departamentos de frontera.

En primer lugar, se aborda una revisión de la literatura más relevante en torno a los estudios territoriales y fronterizos de la violencia en Colombia, haciendo énfasis en los trabajos focalizados entre conflicto armado y frontera, además se destacan algunas recientes aportaciones que ya han arrojado resultados y reflexiones sobre lo que en estos escenarios representa abordar un proceso de construcción de paz.

Posteriormente, se presentan las características metodológicas de este artículo, es decir, sus principales aportaciones y consideraciones, las reflexiones sobre la que se construye además de las fuentes de información y el origen de los datos y cifras analizadas.

Después, se aborda la dimensión de la violencia directa y la estructural en los departamentos de frontera, presentando un lapso particular de tiempo que se concentra entre 2013 y 2016, de tal manera que requiere para sí de una investigación ulterior que analice lo transcurrido en los últimos dos años.

Ello se acompaña de una valoración por diferentes alcaldías de estos departamentos de frontera que fueron parte de un trabajo de campo realizado. Por último, las conclusiones hacen de corolario, no solo de las dimensiones espaciales de la violencia en los departamentos de frontera, sino que plantean posibles líneas de investigación y análisis que distan mucho de agotar un objeto de estudio que en Colombia sigue siendo tan necesario como puesto en valor.

  1. Marco teórico y estado de la cuestión Los estudios sobre violencia armada y geografía política arrojan una prolífica literatura sobre cómo las insurgencias y, en general, los conflictos armados tienden a concentrarse territorialmente en contextos espaciales que presentan ventajas comparativas.
  2. Ventajas que según Collier (2000), Collier y Hoeffler (2004) o Collier, Hoeffler y Rohner (2009) comprenden lo que se denomina como “maldición de los recursos” o que para Le Billon (2001), Lujala, Gleditsch y Gilmore (2005), Snyder (2006) o Findley y Marineau (2015) representan los denominados recursos saqueables (lootable resources),

Es decir, son fuentes de poder económico provenientes de la minería legal, el control de oleoductos o la producción cocalera que, si bien no deben ser la explicación causal de un conflicto, como sugiere el propio Collier, u otros como Kalyvas (2006), permiten entender cómo evoluciona y se transforma un conflicto armado con vistas a su indisociable disputa por el poder.

Desde una perspectiva territorial, la imbricación de escenarios favorables a la resistencia de las insurgencias en la lucha contra el Estado en donde se hallan recursos que sirven de soporte para la misma, cuenta con una amplia literatura al respecto, en que se ha denominado como innaccesibility, y que tiende a poner su acento en la estrecha relación que existe entre violencia y frontera,

Por ejemplo, Tollefsen y Bauhaug (2015) destacan la necesidad de analizar de qué modo se dan las particularidades locales en contextos de violencia armada, lo cual se entendería, mayormente por la concurrencia de factores tales como la distancia con la ciudad, la disponibilidad de corredores y refugios selváticos o montañosos, o la distancia sociocultural, e incluso identitaria, entre las zonas fronterizas y los centros políticos y económicos del país.

Es decir, las insurgencias y los conflictos armados, en cierto modo, responden a mayores probabilidades de surgimiento, o de resistencia, cuando acontecen fracturas regionales sustantivadas por las carencias de conectividad, física o tecnológica, así como la concurrencia de fronteras inestables, porosas, alejadas del control del Estado, y donde se suman, por ejemplo, imaginarios distanciados en clave de unidad nacional ( Salehyan, 2007 ; Cunningham et ál., 2009 ).

Lo anterior, igualmente, iría en consonancia con lo propuesto por Buhaug y Rød (2006), quienes en su trabajo consideran que las grandes distancias de regiones alejadas con el centro nacional son el factor clave para la aparición de un conflicto interno.

  1. Expresado de otro modo, y de acuerdo con O’Loughlin et ál.
  2. 2012), los conflictos internos tienden a una mayor fronterización, habida cuenta de que es ahí donde las prácticas y continuidades de la violencia encuentran escenarios favorables frente a la disputa con el Estado.
  3. Quizá, también, porque en línea con lo argüido por Cederman et al.

(2013), es sobre escenarios fronterizos en donde la construcción de comunidades con códigos y símbolos culturales pueden encontrar mayores distancias y diferencias con la estructura mononacional y monocultural del Estado. En definitiva, pobreza, falta de institucionalidad, carencias identitarias, falta de tejido productivo e inversión o una endeble presencia del Estado contribuyen, para todos estos autores, a entender la relación particular que tienen los conflictos internos en contextos de frontera.

Los estudios en Colombia ofrecen tres dimensiones distintas. Es decir, por un lado, están los estudios centrados en el análisis de la relación de la violencia con los recursos saqueables y las fuentes de financiación que están detrás de la supervivencia y resistencia de los grupos armados. Por otro lado, los estudios focalizados en las regiones periféricas del país, esto es, sobre los departamentos y corredores de la violencia más alejados de los centros decisorios del mismo.

Por último, integrando estos dos, están los trabajos que han explicado, en los últimos años, de qué modo periferia territorial y recursos saqueables, pero también violencia estructural, se insertan en dinámicas de cambio espacial de la violencia. Entre los estudios centrados en la relación entre recursos y violencia armada en Colombia se encuentra una prolija literatura al respecto.

Por ejemplo, entre narcotráfico y presencia guerrillera ( Echandía, 2006 ; Ríos, 2016 ); narcotráfico y activismo paramilitar ( Duncan, 2006 ); paramilitarismo y despojo de tierra ( Reyes, 2009 ; Ronderos, 2014 ) o guerrillas, bandas criminales y minería ilegal ( Idrobo, Mejía y Tribin, 2014, Rettberg y Ortiz-Riomalo, 2016 ).

Así, en la mayor parte de estos trabajos la variable independiente que explica la violencia es, precisamente, la existencia de recursos económicos que dan muestra de la presencia territorial de la mayor parte de los grupos armados. Por otro lado, los trabajos con enfoque regional han proliferado en la contribución explicativa del conflicto armado interno en Colombia, sobre todo, desde inicios de la década pasada.

No pueden pasarse por alto, sobre todo, los trabajos elaborados por el CINEP, los cuales han tratado de contribuir a la explicación de la violencia sobre la base de una atención particular sobre el territorio. De este modo, pueden destacarse aportaciones como las de Vásquez et ál. (2011) sobre el sur del país, especialmente, el trabajo de Torres (2011) sobre Putumayo; García y Aramburo (2011) atendiendo el oriente y la región del Urabá antioqueño; González et ál.

(2012) sobre el oriente colombiano, muy particularmente, respecto de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Arauca y, por último, el mismo González et ál. (2014), en relación con la región Caribe y Rodríguez Cuadros (2015) respecto al Pacífico nariñense, dan buena cuenta de lo anterior.

Igualmente, por fuera de las investigaciones del CINEP, han de destacarse otros trabajos como los del PNUD (2003), regionalizando particularmente las dinámicas territoriales del conflicto armado; el aporte de Medina (2011), centrado especialmente en la evolución espacial de la violencia de las FARC; o el de Bechara (2012), quien a través de un obra colectiva, integra atractivamente diferentes metodologías cualitativas y herramientas cartográficas para explicar la territorialidad, las dinámicas de la violencia y la conducta de los actores armados sobre escenarios específicos del país.

Por último, se añaden también los trabajos sobre la geografía del terror en el Pacífico colombiano de Oslender (2007, 2008) o Krakowski (2015) o de Ballvé (2012) y Ríos (2017 b) en relación con la región Caribe. Asimismo, en relación específica con los estudios de frontera sobre el conflicto armado interno cabe destacar aportaciones tales como las de Martínez (2017), quien muestra la intensificación del activismo de las FARC bajo los años de mandato de Hugo Chávez en Venezuela, y, particularmente, en el caso de La Guajira, de acuerdo con Trejos y Luquetta (2014),

Asimismo, sobre la frontera con Ecuador, el trabajo de Medina y Ardila (2015) o de Forero (2016), están centrados en poner en valor no solo el impacto de la economía política de guerra, sino el caldo de cultivo que para ello supone la ausencia de experiencias de cooperación transfronteriza. Finalmente, y al margen de las fronteras de Ecuador y Venezuela que, en relación con el conflicto armado colombiano, han sido las más estudiadas, recientemente, sobre la frontera colombo-panameña se han publicado interesantes aportaciones como las de Cabrera (2016) o Niño (2018),

Por último, otra línea de investigación ha integrado las dos anteriores para mostrar de qué modo, especialmente, en la última década y media, se han transformado en Colombia las dinámicas espaciales de la violencia, con una marcada transición, como sugiere Salas (2007, 2010, 2015), en la que ha gravitado el centro de la violencia desde los Llanos Orientales hacia la región Pacífico, sin obviar la importancia que en el nororiente del país representan, sobre todo, los departamentos de Arauca y Norte de Santander ( Echandía, 2006 ; Ríos 2017 c).

Así, sobre la base de una periferialización producto del impacto sobre las guerrillas de la Política de Seguridad Democrática y del Plan Colombia, de acuerdo al concepto que propone Ríos (2016 c), para entender la evolución de la violencia armada en Colombia de los últimos años, y de acuerdo con los debates identificados en estas páginas, es que este trabajo busca presentar los contextos de violencia de siete de los departamentos fronterizos que, a través de un particular proceso de transformación espacial de la violencia, se han erigido como algunos de los enclaves más violentos del país.

Enclaves que, como se verá, integran economías ilícitas, factores fronterizos, y una violencia estructural y violencia directa con algunos de los registros más elevados del país. Lo anterior, en tanto que no hay que olvidar que los 15.000 millones de dólares invertidos en Seguridad y Defensa en la década pasada permitieron incrementar en un 40% el número efectivos de la Fuerza Pública en Colombia, que pasó de 313.000 a 478.000 militares y policías, además de modernizar y ampliar sus capacidades en el combate contra estos grupos insurgentes.

  • Ello, hasta el punto de que, por ejemplo, las FARC-EP pasaron de 18.000 combatientes a poco más de 8.000 y el ELN, de 5.000 a menos de 2.000 ( Ríos, 2017 b).
  • Esto, en paralelo a un proceso de reducción de su presencia territorial en más de un 50% con respecto al número de municipios en los que se encontraban a inicios de los 2000 -entre los dos, por debajo de los 200- y de una disposición de recursos económicos, los cuales se han reducido en la misma década pasada, hasta en casi dos terceras partes.

En definitiva, este trabajo tratará un conjunto de elementos que, en todo caso, han de ser puestos en valor, visibilizados, problematizados y politizados debidamente en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, si de lograr una paz territorial e integral se refiere.

Metodología La pregunta de investigación sobre la que se construye este trabajo es la siguiente: ¿bajo qué circunstancias se encuentra la violencia armada en Colombia, particularmente, atendiendo al escenario actual de implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, específicamente, en los departamentos fronterizos que tradicionalmente presentaron mayores niveles de violencia? A modo de respuesta, y en cierta manera, de planteamiento hipotético de partida, cabe presumir la existencia de un escenario periférico y fronterizo con un importante rezago socioeconómico, al que se une la presencia ingente de recursos económicos provenientes de la economía ilegal y la persistencia de grupos armados, como el ELN, continuidades de las FARC-EP o grupos posparamilitares.

Una situación que alienta la necesidad de una atención prioritaria habida cuenta de la especial imbricación de condiciones estructurales y directas de violencia que tienen todo a su favor para desvirtuar un efectivo proceso de construcción de paz y reproducir nuevas -o no tan nuevas- condiciones de violencia.

Por su parte, estas serán descritas y expuestas en las siguientes páginas con respecto a siete departamentos que, en Colombia, concitan perfectamente la violencia armada y la condición periférica de frontera -no solo en términos fronterizos terrestres-: Arauca, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

La aproximación a esta especial situación de violencia periférica, en cualquier caso, se realizará desde una triple perspectiva. En primer lugar, se presentará la situación de estos departamentos de acuerdo con la noción de violencia directa, entendida esta, según Galtung (1969, 1990), como la violencia manifiesta, producida por los grupos armados intervinientes en el conflicto -en este caso, las FARC, el ELN y otros grupos criminales-, con base en el número de acciones violentas transcurridas en los últimos años, tanto en las cifras facilitadas, ex profeso, por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH) adscrito a la Presidencia de la República, como de la información proveniente de la Revista Criminalidad y el Observatorio del Delito, pertenecientes a la Policía Nacional de Colombia.

En cuanto al análisis de la violencia estructural, esta se entiende como la derivada de las condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad que, a su vez, se corresponden con la violencia directa ( Galtung, 1969, 1990), las cuales son abordadas a partir de varios indicadores tales como el índice de necesidades básicas insatisfechas o el coeficiente de Gini por ingresos o por propiedad de la tierra.

Todos estos, comprendiendo igualmente el periodo que transcurre entre 2013 y 2016, y gracias a la información favorecida, en algunos casos de manera directa por el Departamento Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otros.

A estos se añade el análisis de la concurrencia de fuentes de poder económico ( Mann, 1997 ), que sirven de financiación ilícita para la persistencia y activismo de grupos armados, tal y como sucede con la presencia cocalera y de minería ilegal, también son abordados, por ejemplo, en el caso de los cultivos ilícitos, a partir de las hectáreas cultivadas con base en el censo elaborado por UNODC para Colombia.

Ello, con el fin de abordar su consabida relación con la persistencia y transformación espacial de la violencia producida por el conflicto armado en Colombia ( Ríos, 2016, 2017). Algo que, particularmente, responde a lo que Collier (2000) y otros como Snyder (2006) han denominado la maldición de los recursos, y por la cual, también se evidencia la presencia de otros grupos criminales aparte de las guerrillas tradicionales (Ministerio de defensa, 2015).

La escala geográfica de ambas dimensiones de la violencia son los departamentos de frontera, habiendo sido seleccionados, de acuerdo con Ríos (2017 a), aquellos que acumularon el mayor número de violencia derivada del conflicto armado en los últimos años; por este orden, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Chocó, Valle del Cauca y que se encuentran muy alejados por tal cuestión de otros como La Guajira, Cesar, Vichada o Vaupés (ODHDIH, s.f.).

Por último, las violencias directa y estructural no serán abordadas solo en términos descriptivos por la información que muestran todos los indicadores expuestos, pues se añadirá un análisis de percepciones locales inicialmente diseñada para 246 alcaldes de los que en total 47 alcaldías pertenecen a los departamentos objeto de estudio: 11 municipios de Cauca, 11 del Valle del Cauca, 10 en Nariño, 5 de Chocó, 4 en Norte de Santander, 3 en Putumayo, 3 en Arauca.

  • A todas ellas se les realizó un cuestionario personal e individualizado que, sobre la base de una escala de Likert, busca medir valoraciones personales a diferentes cuestiones relacionadas con el conflicto armado interno colombiano.
  • Cuestiones tales como la percepción con respecto a los principales problemas del municipio, tanto en términos de violencia directa como estructural; evolución de las capacidades institucionales en relación con problemas derivados del conflicto armado interno además de expectativas con respecto al posconflicto.

Todas las encuestas se realizaron a los responsables de las alcaldías, gracias al apoyo brindado entre enero de 2014 y diciembre de 2015 de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI Colombia) y la Federación Colombiana de Municipios. Lo anterior, en la medida en que ambas entidades colaboraron activamente en el acceso a la mayoría de las alcaldías, aprovechando diferentes encuentros nacionales y regionales de alcaldías colombianas durante el tiempo del estudio, como es el caso del Congreso Nacional de Municipios de 2014, celebrado en Bucaramanga o el Congreso Nacional de Municipios de 2015, acontecido en Cartagena.

Presentación de la violencia directa en los departamentos de frontera en Colombia Las siguientes páginas se centran en mostrar al lector el porqué de la importancia de la frontera en la evolución de las dinámicas de la violencia producida en relación con el conflicto armado interno. Lo anterior, en la medida en que, como ya han planteado varios trabajos recientes y de referencia como Ríos (2017), Echandía y Cabrera (2018) o la Fundación Ideas para la Paz (2017), son los departamentos de frontera -y particularmente Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, Arauca, Norte de Santander y Valle del Cauca, junto a Antioquia y Caquetá- los que mayor presencia guerrillera y acciones armadas unilaterales han recogido en los últimos años.

Lo anterior, añadido a ser, igualmente y en buena parte, tal y como se observará en las siguientes páginas, los departamentos con mayores rezagos en términos de indicadores como el índice de necesidades básicas insatisfechas, que asimismo conecta con otros tales como pobreza, inequidad o generación de recursos.

Presencia de actores armados De este modo, los siete departamentos objeto de análisis responden a idiosincrasias totalmente distintas, si bien con factores y características de la violencia, en ocasiones, muy similares. Chocó, tradicionalmente, ha sido un área con notable presencia del Bloque Noroccidental de las FARC-EP, a partir del desdoblamiento, a inicios de los ochenta, del Frente 5, y del que se desprendieron, a su vez, frentes como el 34, 37, 57 o 58.

Asimismo, hace presencia el Frente de Guerra Occidental del ELN, comandado por “Fabián”, y que hoy en día es la segunda estructura más activa del ELN. En la actualidad, además, se trata de uno de los escenarios con mayor proliferación de las bandas criminales toda vez que tienen lugar importantes afectaciones de violencia producto del negocio de la minería ilegal.

Esto sucede en municipios como Riosucio, en la frontera con Panamá, disputados por el Clan del Golfo y los remanentes guerrilleros de las estructuras mencionadas (Ríos, 2017a). Por su parte, Arauca y Norte de Santander son los dos departamentos del oriente colombiano en los que se condensa el mayor activismo del Frente de Guerra Oriental del ELN, al frente del cual se destaca la figura de “Pablito”, allí también operaron los bloques Magdalena Medio (Frente 33) y Oriental (Frentes 45, 10 y 28) de las FARC-EP.

Particularmente, en Norte de Santander, por ejemplo, la mayor violencia armada se da en la región del Catatumbo, una de las de mayor densidad cocalera de todo el país, en donde, además, de las disidencias del mencionado Frente 33, se han presentado acciones en los últimos años del ELN y del EPL en 2016 -aún vigente en el departamento a pesar de la muerte de su líder, alias “Megateo”, así como de la banda criminal de “Los Pelusos”-.

( Ríos, 2017 c) Igualmente, en Arauca, cuya ubicación fronteriza con Venezuela es clave tanto en el contrabando como en ciertas rutas del narcotráfico, aparte del negocio del petróleo y la extorsión sobre el tejido empresarial extractivo, son disputadas tanto por las estructuras presentes del ELN -como el Frente Domingo Laín, el Frente José Adonai Ardila Pinilla, la Compañía Simacota y el Batallón Héroes y Mártires- como por las disidencias de las FARC-EP.

Estas disidencias siguen siendo el actor hegemónico porque son herederas de los Frentes 10, 28, 38 y 45, además de la Columna Móvil Alfonso Castellanos ( Ríos, 2017 a). La influencia en el Cauca está, especialmente, copada por el activismo de los Frentes 6 y 8 de las FARC, con alguna pequeña continuidad del ELN.

En la actualidad, con base en la Fundación Ideas para la Paz (2017) cabe apreciar disidencias herederas de estos dos frentes en el departamento, junto a grupúsculos de los antiguos Frentes 60 y 64 de las FARC-EP y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Manuel Cépeda, especialmente, activas en los municipios de Piamonte, El Tambo, Puerto Tejada Santa Rosa, Miranda y Caloto.

Del mismo modo, en el último año se ha registrado, especialmente, una mayor presencia del ELN, activo en el Cauca a través del Frente de Guerra Suroccidental, también protagonista y activo en municipios como Buenos Aires, Caldono, Corinto, Guachené Guapí e Inzá.

Por su parte, en el Valle del Cauca, además de los tradicionales grupos narcotraficantes y bandas criminales afincadas en este departamento, se incluye el activismo del Frente 30 de las FARC-EP, además, especialmente, en el último año, de diferentes bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo o “La Constru”, quienes ocupan con sus redes buena parte del territorio.

(Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017). Finalmente, en el sur (Nariño y Putumayo) presenta una condición hegemónica derivada de la notable presencia de las FARC-EP, sobre todo, del Frente 29 en Nariño, de la cual se han registrado disidencias de la Columna Móvil Daniel Aldana o del Frente 64, en disputa con la tradicional presencia del ELN, organizada en torno al Comuneros del Sur y al Cártel del Golfo, siendo especial objeto de disputa la capital nariñense de Tumaco, el conocido como “Triángulo del Telembí” y el municipio de Policarpa.

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Del lado de Putumayo, la tradicional presencia de las FARC-EP, organizada alrededor de los Frentes 32, 48 y 63 ha quedado desdibujada, por ejemplo, entre 2016 y 2017, por la cooptación de los enclaves cocaleros y mineros del departamento por parte de disidencias del Frente 64, de la banda criminal conocida como la “Constru”, y originalmente, por una presencia relevante y creciente de los Comuneros del Sur del ELN, sobre todo, en torno al municipio de Puerto Asís.

La intensidad del activismo armado Sobre la base de los datos proporcionados por el ODHDIH de la Presidencia de la República de Colombia, se puede apreciar una suerte de enquistamiento territorial y especial focalización de la violencia armada acontecida en los últimos años.

Tomando en consideración los últimos registros disponibles, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015, se puede dar cuenta de qué modo la violencia guerrillera se ha periferializado ( Ríos, 2016 b). Ese año se registraron un total de 122 acciones armadas de las FARC-EP y del ELN que, bajo una mirada departamental, de acuerdo con la tabla 2, mayormente, hasta en dos terceras partes, se concentran en Arauca (18), Cauca (21), Nariño (16), Norte de Santander (20), Putumayo (6) y Valle del Cauca (1).

Todos ellos, departamentos de frontera que ofrecen ventajas comparativas para la continuidad de un escenario de violencia y el desarrollo de actividades ilícitas. De esta manera, en el desglose por grupo armado que realiza Ríos (2016 a) con base en esos datos, se puede observar cómo de las 94 acciones guerrilleras atribuidas a las FARC-EP en 2015, 61 se contabilizaron en los cuatro departamentos mencionados. Fuente: Salas (2016: 48) Mapa 1. Geografía de la densidad del conflicto armado en Colombia, 2015 Desde otra perspectiva, si se observan las últimas cifras también proporcionadas por el ODHDIH, del total de secuestros contabilizados en el marco del conflicto armado entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, cuya cifra ascendía a 475, los niveles más altos se observan en los departamentos de Valle del Cauca (55) y Arauca (47) -en donde acontece uno de los escenarios con mayor impacto de este delito- por la especial relevancia que tiene para las finanzas del ELN.

A ello, se añaden otros 33 en Cauca, 32 en Norte de Santander y, en menor medida, 24 en Nariño y Putumayo y 11 en Chocó. Igualmente, los desplazados entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 se elevan a 830.193 casos, de los que casi la mitad se concentra en los siete departamentos objeto de estudio: 92.938 en Valle del Cauca, 66.594 en Nariño, 60.613 en Cauca, 24.928 en Chocó, 17.319 en Norte de Santander, 15.175 en Putumayo y 5.181 en Arauca.

Recurriendo a otra fuente como es, en este caso, el reporte anual que realiza la Revista Criminalidad, perteneciente a la Policía Nacional, y cuyas últimas estadísticas, igualmente, llegan hasta el 31 de diciembre de 2015, se puede apreciar el factor preponderante que representan los siete departamentos de frontera abordados, en su relación con las actividades ilícitas.

Así, por ejemplo, en 2015 se contabilizaron 295 actos de terrorismo en Colombia de los cuales 50 tuvieron lugar en Nariño, 38 en Putumayo, 34 en Chocó, 23 en Norte de Santander, 12 en Chocó, 10 en Arauca, y 8 en Valle del Cauca. Es decir, más de la mitad de la violencia directa producida por el conflicto armado tiene lugar en los siete departamentos abordados.

Algo parecido sucede con el número de acciones subversivas, específicamente, contra la Policía Nacional, pues de las 119 acciones identificadas en 2015, 18 fueron en Arauca, 21 en Cauca, 16 en Nariño, 20 en Norte de Santander, 6 en Putumayo y una en Valle del Cauca.

  1. Esta misma tendencia se evidencia en 2016, cuando según la DIJIN de la Policía Nacional, se contabilizaron 54 acciones subversivas de las que 22 en Norte de Santander, 14 se dieron en Arauca, 4 en Cauca y 4 en Nariño.
  2. De la misma manera, en el número de actos terroristas se aprecia idéntica tendencia.

Sobre 155 actos terroristas registrados en todo el año 2016 se dieron 27 en Arauca, 20 en Nariño, 12 en Norte de Santander, 8 en Putumayo, 4 en Chocó, 3 en Cauca y 3 en Valle del Cauca, lo cual supone, en total, casi la mitad de los actos terroristas de todo el país ( Buitrago y Norza, 2016 ).

  • Presencia de economías ilegales Algo que explica la presencia tanto de FARC-EP como del ELN en estos escenarios ha sido la concurrencia de bases de apoyo, pero, sobre todo, de fuentes de financiación.
  • Fuentes de poder económico que, en buena medida, provienen de recursos extractivos como la extorsión a la industria petrolera, la minería ilegal o la presencia de cultivos ilícitos.

Por ejemplo, lo anterior puede identificarse, de acuerdo con Ríos (2016 b), con base en un paulatino proceso de narcotización, el cual muestra una tendencia creciente de concentración del activismo de las guerrillas en escenarios cocaleros. De este modo, para diciembre de 2015, los departamentos fronterizos analizados representaban más del 90% de la superficie cocalera del país.

  1. Es decir, sobre el total de 96.084 ha cultivadas según UNODC (2016), los cuatro primeros departamentos cocaleros -concentran el 73% del total de la superficie cocalera-, por este orden, fueron Nariño (29.755 ha), Putumayo (20.068 ha), Norte de Santander (11.527 ha) y Cauca (8.660 ha).
  2. Departamentos con tradicional arraigo guerrillero y muy por encima de los registros de Chocó (1.489 ha), Valle del Cauca (690 ha) y Arauca (17 ha).

De hecho, si se desglosa municipalmente las acciones de las guerrillas, por ejemplo, en 2015, puede verse cómo existe una yuxtaposición entre los mapas de la violencia directa ejercida por estos grupos y los mapas de cultivo cocalero. Así, de los 94 municipios con acciones de las FARC-EP contabilizados en 2015, 83 se dieron en enclaves cocaleros, del mismo modo que de las 28 acciones protagonizadas por el ELN, 26 fueron en municipios con presencia de coca. Figura 1 Número de hectáreas cultivadas de coca, 2015 También, a lo anterior hay que añadir la importancia que, especialmente, para el ELN, en Arauca tiene el oleoducto que une Caño Limón con Coveñas, en el departamento de Sucre, descubierto a inicios de los ochenta, ya que es fruto de continuas acciones de esta guerrilla, y al que se suma el pozo de La Heliera, en el municipio araucano de Puerto Rondón.

Un escenario que se trata de otro de los centros nucleares para la actividad extorsiva y sobre los hidrocarburos que ejerce este grupo armado en un departamento en el que el petróleo es su principal renglón económico, hasta representar en los últimos años las dos terceras partes del PIB departamental, según el DANE (2018).

De la misma manera, aunque en menor proporción, en Putumayo, Cauca, Nariño y Chocó resulta destacable la importancia de la minería legal e ilegal de oro, en buena medida, por el alza de los precios del oro en la última década. La verdad es que este tipo de actividades extractivas se desarrollan en estos enclaves sin ninguna regulación y sin importar su ubicación, es decir, indistintamente sobre áreas ambientalmente protegidas, selvas tropicales o territorios donde habitan grupos étnicos, ocasionando, en cualquier caso, daños irreparables en el territorio.

  1. Es más, si bien estos departamentos periféricos nunca han representado grandes porcentajes de la economía nacional, las variaciones en el PIB derivadas de la extracción de metales preciosos sí que ha experimentado una relación positiva con el peso de estos en la economía nacional.
  2. Por ejemplo, en cuanto a la actividad de minería legal, contabilizada en el PIB departamental, la economía de estos departamentos adquiere mayor importancia en la nacional a medida que la minería incrementa, del mismo modo que sucede con los cientos de miles de millones de pesos -incluso en una proporción, según algunos estudios, de 1 a 5- que representa la minería ilegal, con respecto al cultivo cocalero ( Niño, 2016 ).

Análisis de la violencia estructural en los departamentos de frontera Del mismo modo, como se ha podido apreciar en la descripción expuesta hasta el momento, a la vez que los departamentos periféricos han sido especialmente afectados por el fenómeno de la violencia directa de los grupos armados y de la violencia criminal, estos se han consolidado, salvo excepciones, como enclaves en los que, indistintamente, concurre una altísima violencia estructural.

Esta, de acuerdo con Colletta y Cullen (2000), ha lastrado el aparato productivo, el acceso a bienes públicos y las condiciones de los derechos de propiedad de estas regiones. Lo anterior, afecta la pérdida efectiva de capital social y, por extensión, de confianza social e institucional además de la reproducción de pautas de exclusión, marginalidad y frustración, directamente relacionados con la reproducción de la violencia ( Stewart 2005 ; Sánchez, Restrepo y Galindo, 2009 ).

Algo que, para Pécaut (2017), se traduce en la falta de presencia del Estado, pobreza, desempleo o inequidad que desembocan, en todo caso, en una suerte de desprotección y déficit de derechos básicos que determinará las circunstancias bajo las que se implementará, de manera prioritaria, el Acuerdo de Paz suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano.

Inequidad y pobreza Si particularmente se analizan los niveles de desigualdad en los departamentos de frontera abordados, de acuerdo con los datos suministrados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2014; 2016) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2012), es posible vislumbrar la magnitud de las condiciones de vulnerabilidad que acontecen en estos lugares.

Sobre la base de un análisis agregado de la desigualdad de ingresos a nivel departamental para los años que transcurren entre 2012 y 2015, se puede ver cómo Nariño presenta un coeficiente de Gini del 0.50 junto a una tasa promedio de pobreza del 29.9%, y un nivel de pobreza extrema del 5.2%.

  • Norte de Santander revela, por su parte, un coeficiente de Gini menor si se compara con los departamentos limítrofes (0.44), si bien tal diferencia no resulta notoria si se tiene en cuenta que las cifras de evolución son muy bajas.
  • De hecho, en el año 2012, la tasa de pobreza departamental era del 32% e, incluso, ha ido tímidamente ascendiendo, de manera progresiva, en los últimos tres años, por encima del 34%, a este resultado se suma una pobreza extrema, igualmente creciente, que en 2015 ascendía al 7.1%.

Nada que ver con Arauca, con una tasa de pobreza reducida (21.3%), en buena parte por el factor corrector que recibe el departamento en materia de regalías y por la notable presencia de industria extractiva, ya que en todo caso hay que matizar si se observa el ingente nivel de desigualdad del departamento, por encima de 0.60.

El departamento de Chocó es el que peores registros estructurales presenta, al ser el segundo con mayor desigualdad de los territorios fronterizos (0.54), igualmente, el que tiene una mayor tasa de pobreza (49.3%), dentro de la cual se integra, en promedio, durante los años 2012-2015, un 17% de pobreza extrema.

La mayor desigualdad de los departamentos fronterizos estudiados la presenta Arauca, y es que según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA, 2015), adscrita al Ministerio de Agricultura, el coeficiente de Gini departamental asciende a 0.70 durante los años 2012 a 2015, a lo que se añade un índice de pobreza que supera el 60%, el cual llega al 93% en las zonas rurales, en donde se condensa buena parte del activismo guerrillero (PNUD, 2015:19). Fuente : Elaboración propia con base en DANE (2016) Figura 2 Tasa de pobreza y desigualdad en los departamentos de frontera, 2015 De la misma manera, con base en las cifras del DANE es que el promedio del coeficiente de Gini presenta mejores registros en todos los casos anteriores, al ascender de 0.49 a un 23.5% de pobreza, con menos del 5% de pobreza extrema.

Esta realidad contrasta con los datos de Cauca, con un coeficiente de Gini, en promedio, superior a 0.50 y una tasa de pobreza, en su mejor registro, del año 2015, que aún afecta a uno de cada tres habitantes del departamento, ya que el 8% está bajo condiciones de pobreza extrema ya que en los últimos años se ha incrementado dos puntos porcentuales.

Por último, Putumayo representa otro de los niveles de desigualdad más elevados del país, con un coeficiente de Gini de 0.58 y una tasa de pobreza que supera el 66% y que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2015:66), en algunos de los municipios más importantes del departamento supera el 90%: Villagarzón (94.48%), Puerto Guzmán (93.88%) o Puerto Leguízamo (93.70%).

  • Niveles agregados que, en cualquier caso, superan muy ampliamente los registros medios del país, que están en 0.44 para la desigualdad, y en el 28% para la tasa de pobreza.
  • Necesidades básicas insatisfechas Otro indicador, junto a la inequidad en el ingreso y la tasa de pobreza, es el índice de necesidades básicas insatisfechas.

Un perfecto medidor para caracterizar, clasificar y analizar el perfil socioeconómico en cada unidad demográfica, comparándola con la población general ( Kaztman, 2000 ). Este índice considera pobres o carentes los hogares si presentan una de las siguientes características: vivienda inadecuada, ya sea paredes de tela o desechos; vivienda sin servicio, con carencias de agua, sin conexión de sanitaria o alcantarillado; hacinamiento crítico; alta dependencia económica e inasistencia escolar (PNUD, 2013).

  1. Según el DANE, las necesidades básicas insatisfechas muestran un conglomerado de cifras que contrastan, nuevamente, la realidad de los departamentos expuestos con las cifras del promedio nacional.
  2. Lo anterior, porque el porcentaje de NBI en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Chocó Nariño, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca es del 37.26%, es decir, casi diez puntos porcentuales por encima del promedio nacional, el cual presenta un valor del 27.78%.

Relacionado con ello, el promedio de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema con base en el NBI es del 12.72%, esto es, un 20% más que el promedio nacional, ubicado tímidamente por encima del 10%. Tabla 1. Necesidades Básicas Insatisfechas, 2016. Fuente : Elaboración propia a partir de las cifras del DANE (2016). Particularmente, Norte de Santander, Arauca y Putumayo muestran índices no muy variables y cambios poco relevantes con respecto a la media nacional en casi todos los indicadores estudiados, hasta el punto de que, por ejemplo, en el acceso a la vivienda, el registro del indicador es menor (9.55%) que el promedio nacional (10.41%).

En contraste, en Nariño más del 43% de sus ciudadanos viven por debajo del umbral de necesidades básicas insatisfechas. Una cifra ampliamente superada en Chocó, al evidenciarse un índice que supera, como puede observarse; por su parte, demuestra mayor NBI que ningún otro departamento (79.19%), de modo que casi el 72% de su población no tiene acceso a servicios y uno de cada tres chocoanos vive en términos de pobreza extrema (DANE, 2017).

También son preocupantes las cifras que muestra Cauca, pues casi la mitad de su población vive bajo condiciones de necesidades básicas insatisfechas, duplicando (20.58%) el umbral de población que para este indicador representa la pobreza extrema con respecto del promedio nacional: Valle del Cauca, como se puede observar en la tabla 1, es el único de los departamentos fronterizos con situación de necesidades básicas insatisfechas mejores con respecto del promedio nacional.

  • Asignación eficiente de tierras Finalmente, se presenta el análisis de la asignación eficiente de tierras, en tanto que se trata de un importante determinante respecto del buen funcionamiento del sector agropecuario o la estructura agraria, predominante en el país.
  • Y es que, además de la inequidad histórica del país, hay que tener en cuenta el bajo nivel de tecnificación y la escasa línea de crédito que resulta extensible en buena parte del continente ( Carrillo & Cuño, 2018 ).

Si bien en las últimas décadas el acceso al crédito agropecuario subsidiado ha mejorado notablemente, continúa siendo incipiente e inequitativo, tanto por el tamaño del predio o productor, como cuando se analizan los datos por regiones. Así, de acuerdo con las cifras de Finagro (2016), de los $8.486.607 billones en créditos otorgados al sector agropecuario, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Cauca, Valle de Cauca y Chocó apenas acumulan el 20% ($1.711.747 billones de pesos) de los que, más de la mitad, se condensaban en el Valle del Cauca, dirigidos a la industria azucarera.

  • Esta realidad contrasta con lo acontecido en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Antioquia, los cuales casi concentran la mitad de los créditos otorgados en 2015 para el desarrollo y la inversión agraria.
  • A la incipiente y escasa inversión sobre departamentos de manifiesta vocación agraria hay que añadir ingentes niveles de concentración sobre la propiedad de la tierra, con respecto del cual, Colombia presenta un coeficiente de Gini de 0.84 -entre los más desiguales del mundo- ya que resulta especialmente relevante en buena parte de los departamentos analizados (IGAC, s.f.) porque debido a la profunda inequidad ha dejado un deterioro en la capacidad de crecimiento ágil y sostenido del sector agrícola y de la economía en general.

A esta problemática se le añade el descontento de las poblaciones campesinas y una situación creciente de vulnerabilidad. De hecho, tomando en cuenta el último Censo Nacional Agropecuario, puede observarse la estructura de las unidades agrícolas productivas y no productivas en función de su tamaño, de manera que se puede comparar el número de unidades productivas frente a las hectáreas que acumulan, tal y como se revela en la siguiente tabla.

Al estudiar los departamentos periféricos presentados de forma desglosada en la tabla 2 puede apreciarse, de manera particular, el problema de la desigualdad que, de acuerdo a Gómez (2000 ), está detrás de buena parte de la explicación académica sobre la aparición y consolidación de violencias armadas en el territorio.

Es así que no existe un departamento en los que la mayoría de las unidades rurales censadas haga parte de la pequeña o mediana propiedad. A contrario sensu, sí encontramos una similitud entre algunos de los departamentos pues, por ejemplo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño muestran una similar tendencia en la que sobre el total de hectáreas repartidas en unidades con tamaños menores a 10 ha superan el 20% del total del departamento (en Cauca llega incluso al 25%). Fuente : Elaboración propia con base en el Censo Nacional Agropecuario. Menor desigualdad, en este ámbito, tienen Norte de Santander y Arauca, pues casi la mitad de su extensión se encuentra en manos de las unidades de producción, entre 10 y 499 ha; mientras que algo más del 30% pertenece a la fracción de 10 a 99 ha y el otro 15% restante está sobre fundos de entre 100 y 499 ha -la propiedad mediana en Colombia, por lo general, se conoce como extensiones menores a 200 ha-.

Finalmente, Chocó y Putumayo, ambos característicos por una vegetación espesa y por ser lugares aislados con dificultades en su acceso, se caracterizan por tener, a diferencia de lo que sucede en el nororiente colombiano, la mayor concentración de su territorio en las unidades rurales de mayor extensión, toda vez que el microfundio alcanza apenas a representar 1% de la extensión total.

Una tesitura que, en cualquier caso, en términos agregados, ayuda a visibilizar de qué modo, además de las dificultades de acceso al crédito, la baja tecnificación y la precariedad de la economía campesina en estos contextos, aflora mayormente una condición de marginalidad que se corresponde con ingentes niveles de inequidad, pobreza, o necesidades básicas insatisfechas que terminan soportando condiciones favorables a la reproducción de la violencia, incluso, en un escenario como el actual de implementación y construcción de paz en Colombia.

La visión de las alcaldías sobre la violencia de los departamentos fronterizos De un trabajo de campo elaborado en 2014 y 2015 con las alcaldías se obtuvo una importante información derivada de preguntar sobre los diferentes problemas que, relacionados con la institucionalidad local y la violencia, tenían lugar en ese momento.

Haciendo uso de la escala de Likert (1-10) se solicitó a los encuestados que puntuasen con base en esos registros su preocupación por el impacto en el municipio -siendo 1, la calificación más positiva (menor preocupación) y 10 la más negativa (mayor preocupación)- de una serie de situaciones o fenómenos predefinidos: desempleo, pobreza, inequidad, ausencia del Estado, presencia de grupos armados, corrupción y cultivos ilícitos.

Inicialmente, se toma como referencia una población total de 246 alcaldías, según las cuales, de manera desagregada arrojaron los siguientes resultados: la preocupación preponderante era sobre los problemas de desempleo (6.53) y pobreza (6.50), seguidos de los de inequidad (5.81) y ausencia del Estado (5.37), siendo la menos relevante la corrupción -entendido por ser la misma institucionalidad la encargada de (auto)valorarse (4.01)- además, los problemas derivados del conflicto armado tales como presencia de grupos armados (5.04) y presencia de cultivos cocaleros (3.74).

Empero, como se puede ver en la tabla 3, lo anterior ofrece distintos resultados cuando se trata de observar, particularmente, lo que acontece en las 47 alcaldías pertenecientes a los departamentos fronterizos abordados. Tal y como puede observarse, todos los problemas en los departamentos periféricos colombianos presentan notables diferencias, sobre la base de los peores registros, en comparación con el promedio nacional, con la única particularidad de la corrupción, ya que paradójicamente, ofrece mejores resultados.

  • Al respecto, no obstante, se aprecian otras cuestiones.
  • En primer lugar, en promedio, el problema más acuciante en estos departamentos -aunque resulta significativo- es la presencia de grupos armados.
  • Después, junto al desempleo, destacado en el ámbito nacional, está la falta de presencia del Estado.
  • Posteriormente, los de carácter socioeconómico, como la pobreza y la inequidad.

Por último, los cultivos ilícitos y la corrupción. Sin embargo, esto con una excepción, pues el valor promedio que ocupa la presencia cocalera en estos departamentos presenta un registro de 5,51, es decir, dos puntos más que el promedio nacional. Algo nada desdeñable.

A esto se añade el hecho de que en Arauca apenas haya presencia de cultivos ilícitos, de modo que, si del análisis se excluyese este departamento, la magnitud del problema ascendería a un valor de 6,10, es decir, incluso superior al de inequidad. Las mismas impresiones se pueden extraer cuando se evalúa otra de las preguntas integradas en el cuestionario, la valoración sobre dos aspectos netamente subjetivos, aunque marcados por la dimensión del contexto local: la evolución de las capacidades institucionales en la última década acumuladas por el municipio y las expectativas frente al posconflicto armado en cuanto la situación socioeconómica del municipio.

De acuerdo con lo que se puede observar en la tabla 4, el promedio nacional de las 246 alcaldías entrevistadas arroja un doble valor. Siendo de 1 a 10 preguntados los representantes de las alcaldías, y suponiendo 1 el valor menos satisfactorio y 10 el más satisfactorio, cuando se pregunta sobre la valoración del proceso de fortalecimiento del nivel municipal es de 5,91. Fuente : Elaboración propia Tal y como sucediera en el caso anterior, los siete departamentos de frontera abordados repiten el peor registro que el promedio nacional, tanto individualmente como en grupo. Sin embargo, la diferencia es de casi de un punto de valoración cuando se les pregunta sobre la evolución de las fortalezas institucionales en el marco de la violencia, se duplica cuando la pregunta se orienta en términos prospectivos.

Es decir, si sobre el trabajo inicial se podía extraer un relativo pesimismo en cuanto a los horizontes que, eventualmente, deja el posconflicto armado en Colombia para la institucionalidad local, con una valoración de 4,88 sobre 10; esta decae hasta 3,31, cuando se pregunta específicamente a los departamentos abordados, todos ellos, fuertemente afectados por la violencia en los últimos años.

Algo que, en definitiva, da buena cuenta, no solo del diferente y significativo impacto que tiene la violencia producida por el conflicto armado en los escenarios fronterizos sino, igualmente, el menor nivel de expectativas que el posconflicto implica para las alcaldías que hacen parte de este nivel local. Fuente : Elaboración propia Discusión Como se ha podido observar a lo largo de estas páginas, las violencias directa y estructural integran una realidad que invita a diferentes consideraciones. Por un lado, es importante atender que los departamentos de frontera -integrantes del Pacífico colombiano, del suroccidente del país, así como el nororiente-, desde antes del Acuerdo de Paz con las FARC-EP o del diálogo de negociación fallido con el ELN, ya se habían consolidado como enclaves de la presencia de la violencia producida por el conflicto armado.

Esta realidad ha sido constante hasta el punto de que las economías extractivas ilícitas, como la minería ilegal o el negocio alrededor de los cultivos cocaleros, encuentran un factor favorable tanto por la condición fronteriza de estos contextos como por las ventajas competitivas que, en general, presentan para la continuidad del activismo armado y los comportamientos delincuenciales.

De este modo, se encuentra que en el caso de Colombia, y en la particular la transformación espacial de la violencia producida por el conflicto armado interno es un ejemplo significativo de cómo las fronteras, su porosidad y los déficit de gobernabilidad ( inaccesibility ), asociados a la pobreza, el rezago económico o la débil institucionalidad, terminan por constituir un especial caldo de cultivo en favor de las dinámicas de continuidad de la violencia fruto del conflicto armado interno y de sus particulares mutaciones.

  • De igual manera, no se puede pasar por alto la relación directa que representa, a efecto de lo anterior, la violencia estructural, desde los indicadores como la inequidad por el ingreso de la renta o la concentración de la tierra o el índice de necesidades básicas insatisfechas.
  • Con base en una prolífica literatura ya se ha puesto en evidencia cómo se reproducen y soportan las dinámicas de la violencia, además de las políticas públicas de seguridad reactivas contra la violencia directa.

Es imprescindible crear políticas públicas preventivas, más justas, más incluyentes y sociales, desde las cuales paliar la afectación estructural que conecta la violencia y la delincuencia. Expresado de otro modo, violencia directa y violencia estructural, de acuerdo con los términos propuestos por Galtung, confluyen de manera distintiva en los escenarios fronterizos, sobre todo, en el nororiente y suroccidente colombianos.

  1. Una convergencia que no solo llama la atención con respecto a los escenarios priorizados, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, sino que igualmente, tiene todo a su favor para experimentar lógicas de continuidad de la violencia en el actual escenario de construcción de paz.
  2. Todo lo anterior, resulta ratificado igualmente por las percepciones de las alcaldías integradas en este artículo, las cuales dan cuenta de la necesidad de atender y entender la situación de la periferia fronteriza colombiana.

Abordar un proceso de construcción de paz integral debe ir más allá de entender la paz como la ausencia de guerra -lo que deposita buena parte de su responsabilidad únicamente en el papel de la Policía Nacional-. Así, lo anterior difícilmente puede ser eficaz si no se acompaña de políticas de generación de recursos, inversión y fortalecimiento institucional que intervengan sobre las condiciones estructurales que sostienen la violencia y que coadyuvan las respuestas reactivas y preventivas que provienen de la Fuerza Pública en su lucha contra este tipo de criminalidad.

¿Qué significa AGC en el paro armado?

A lo largo de su reciente historia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) han realizado cinco paros armados, impidiendo, por momentos, la movilidad y el comercio en las regiones donde tienen presencia.

¿Cuántos grupos armados han existido en Colombia?

Cerca 93 grupos armados delinquen en el territorio colombiano, según estudio. Según se conoció, cerca de 10.210 personas hacen parte de las estructuras armadas ilegales que operan en varias zonas del país. Referencia a hombres armados.

¿Cuántos grupos armados hay en Colombia y cuáles son?

El proceso de paz con el mayor y más antiguo grupo guerrillero de Colombia ha desafiado a sus detractores y ha llevado a 11.200 excombatientes a las puertas de la vida civil, pero el periodo posterior a la guerra no le ha ofrecido seguridad a todos. Desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se retiraron de sus núcleos rurales para agruparse en campamentos a principios de 2017, actores armados rivales han ocupado su lugar, librando una batalla por los despojos: el control de comunidades y territorios aislados, muchos de ellos ricos en negocios ilícitos.

En Tumaco, centro de distribución de cocaína del Pacífico, en las aldeas de Chocó, o en zonas de contrabando en la frontera con Venezuela, grupos armados establecidos y nuevas facciones disidentes han atacado a las fuerzas estatales, intimidando a comunidades y pujando por convertirse en los indiscutibles caciques locales.

La seguridad a nivel local es fundamental para asegurar el éxito del proceso de paz con las FARC a medida que se pasa de la entrega de armas supervisada por la ONU a reformas estructurales políticas y sociales más profundas. Los esfuerzos para combatir a los restantes grupos armados son fundamentales, pero el gobierno no debe alienar a la población y exacerbar la pobreza de tal forma que se agraven las condiciones que impulsan el crecimiento de estos grupos.

  1. La mayoría de estas facciones armadas ahora se agrupan en torno a zonas costeras y fronterizas.
  2. Alrededor de 1.000 disidentes de las FARC, que rechazan el acuerdo de paz por varios motivos, gobiernan de facto diversos territorios, varios de los cuales dependen del narcotráfico.
  3. La segunda mayor fuerza guerrillera de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha negociado un cese al fuego temporal con el gobierno, a pesar de estar contemplando la conquista de nuevos territorios, en especial a lo largo de la costa pacífica.

Las Autodefensas Gaitanistas, actualmente el mayor grupo neoparamilitar del país, combinan una jerarquía militar vertical centrada en el noroeste del país con una red de bandas locales subcontratadas. Actualmente es la principal organización narcotraficante del país.

  • Los prósperos negocios ilícitos – pujantes plantaciones de coca, minas de oro ilegales, redes de extorsión y contrabando – son responsables de la supervivencia y expansión de muchos de estos grupos.
  • Pero los intereses económicos por sí solos no explican el apoyo que reciben dentro de algunas comunidades.

Mediante la resolución de disputas y la defensa de los medios de vida ilícitos frente a las fuerzas de seguridad, estos grupos han establecido una forma rudimentaria y autoritaria de liderazgo político local. El Estado colombiano ha respondido mediante el “Plan Victoria”, de alcance nacional, desplegando 80.000 soldados y agentes policiales para que ocupen el territorio que han desalojado las FARC.

Sin embargo, aún si las fuerzas de seguridad pudieran tomar todo el territorio en disputa, la coerción por sí sola no puede establecer vínculos de confianza entre el Estado y los ciudadanos locales; por el contrario, se debe persuadir a estos de que existe una alternativa mejor que la justicia sumaria y la disciplina social impuestas por los grupos ilegales.

La siguiente fase de reformas bajo el acuerdo de paz pretende precisamente construir esa confianza entre el Estado y la ciudadanía. Incluye un sistema democrático más plural, la reintegración de excombatientes de las FARC, justicia para las víctimas del conflicto, y un programa de sustitución de cultivos de coca.

  1. Pero su implementación se enfrenta a numerosas dificultades.
  2. Los programas de reintegración integral se encuentran en suspenso.
  3. La sustitución voluntaria de los cultivos de coca, uno de los programas emblemáticos del acuerdo, requerirá un compromiso a largo plazo por parte del Estado y mucho mayor apoyo político y financiero internacional.

La corrupción debilita la campaña del gobierno contra los grupos armados, y se debe contrarrestar mediante organismos más fuertes e independientes que operen dentro y fuera de las fuerzas militares y la policía. Además, se debe considerar urgentemente el diseño de nuevos enfoques judiciales que puedan alentar a otros grupos armados a dejar las armas y seguir el camino de las FARC hacia la paz.

La derrota del acuerdo inicial en un plebiscito realizado en 2016 demostró la desconfianza del público en el proceso de paz, planteando el riesgo de que las elecciones de 2018 lleven al poder a un gobierno decidido a reescribir o vaciar de contenido el acuerdo. La implementación del acuerdo se encuentra amenazada tanto por una oposición que piensa que le hizo el juego a la guerrilla de las FARC, como por facciones armadas que ven el acuerdo o bien como un fraude o como una oportunidad de expandirse.

La combinación de una actividad armada local con una política nacional divisoria podría debilitar decisivamente el apoyo público hacia el acuerdo, a menos que los resultados del proceso de paz vuelvan a desafiar las expectativas. Para que esto suceda, el gobierno debe contrarrestar tanto a la inseguridad local como a las debilidades más amplias de la gobernabilidad local que la sustentan.

Aumentar la presencia permanente de la policía y el ejército en poblados aislados, usando al ejército como una fuerza provisional en áreas claramente identificadas a las que la policía no pueda llegar hasta más adelante, pero con plazos concretos para el traspaso a la policía. Aumentar el control de la armada a lo largo de ríos claves y deltas oceánicos, especialmente a lo largo de la costa pacífica, creando una nueva “fuerza fluvial” en la región con miembros de la Infantería de Marina trasladados desde las fuerzas terrestres. Fortalecer la justicia local proporcionando incentivos económicos y mejorando la capacitación de los conciliadores, evaluando la mediación policial para su posible y futura utilización en áreas afectadas por el conflicto, y ampliando los sistemas de justicia local. Continuar las iniciativas de sustitución de cultivos de coca, priorizando los pagos puntuales y la coordinación con iniciativas de desarrollo más amplias, en especial los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) para zonas rurales en situaciones de postconflicto. Permitir a los miembros de grupos armados organizados y disidentes de las FARC desmovilizarse y participar en programas individuales de reintegración. Aprobar una ley sobre negociaciones judiciales con grupos armados que incluya la reducción de las penas a cambio de cumplir los compromisos en materia de verdad y reparaciones, proporcionar información sobre las economías ilegales, y entregar los bienes adquiridos de manera ilegal.

A las FARC:

Continuar los esfuerzos para volver a traer a los frentes disidentes al proceso de paz, ofreciendo acceso a medidas de protección e inclusión en el proceso de reincorporación, proporcionando a la vez información a las autoridades sobre los disidentes que rechacen estas ofertas.

Al gobierno y las FARC:

Acelerar el diseño y la implementación de los proyectos de reincorporación para los combatientes de las FARC en los campamentos, con enfoques diferenciales de género, rango y etnia.

Al gobierno y el ELN:

Prorrogar el acuerdo de cese al fuego hasta después de las elecciones al Congreso en marzo de 2018.

A la comunidad internacional:

Continuar financiando a organizaciones claves de monitoreo como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos y otros organismos humanitarios; y explorar vías para financiar las iniciativas de sustitución de cultivos de coca.

A la misión de la ONU:

Mejorar la coordinación y el intercambio de información entre los diversos organismos estatales encargados de implementar las medidas de seguridad.

Bogotá/Bruselas, 19 de octubre de 2017 El gobierno colombiano está sufriendo los contragolpes por haber logrado exitosamente poner fin a décadas de conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Con la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, los combatientes de las FARC se trasladaron a 26 zonas de acantonamiento y en junio de 2017 entregaron las armas.

Si bien esto ha mejorado la seguridad en algunas regiones afectadas por el conflicto, en otras ha permitido a grupos armados llenar el vacío creado por la retirada de las FARC, aprovechando la oportunidad para obtener ingresos ilícitos e imponer su autoridad política a nivel local. Esto hace que sea aún más difícil implementar los acuerdos de paz, ya que su éxito depende de que haya mejoras tangibles en materia de seguridad Para anteriores análisis centrados específicamente en las amenazas a la seguridad y políticas, véanse Informes de Crisis Group sobre América Latina N°s 41, Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia lecciones de un sometimiento, 8 de junio de 2012; 40, Más allá de las ganancias fáciles: las fronteras de Colombia, 31 de octubre de 2011; 20, Los nuevos grupos armados de Colombia, 10 de mayo de 2007.

Boletines informativos de Crisis Group sobre América Latina N°s 23, Mejorar la política de seguridad en Colombia, 29 de junio de 2010; 21, Dos pasos complementarios: proteger los derechos humanos y mejorar la seguridad en Colombia, 25 de mayo de 2009.Hide Footnote,

  1. Colombia en su conjunto está registrando las tasas de homicidio más bajas desde los 70; en las áreas más profundamente afectadas por el conflicto, las condiciones de seguridad también mejoraron durante 2016.
  2. Sin embargo, las tasas de homicidio y desplazamiento forzado en estas áreas han vuelto a aumentar en 2017 (ver Anexo D).

Además, unos 51 líderes sociales fueron asesinados en la primera mitad del año, comparado con 26 en el mismo periodo en 2016 Se entienden por áreas afectadas por el conflicto los 170 municipios de las Circunscripciones Especiales de Paz, con los primeros seis meses de 2017 comparados con el mismo periodo en 2016.

  • Atherine Aguirre, ” Violencia y criminalidad tras la implementación de los acuerdos de paz “, Razón Pública, 16 de julio de 2017.
  • Agúzate “, Somos Defensores, agosto de 2017, p.61.
  • Entrevista telefónica de Crisis Group, representante del Consejo Noruego de Refugiados, Bogotá, 7 de octubre de 2017.Hide Footnote,

Grupos disidentes de las FARC han establecido el control territorial en algunas áreas y están buscando establecerlo en otras. Pese a las negociaciones de paz actualmente en curso, la fuerza guerrillera que aún sigue activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha aumentado los ataques violentos en sus teatros de operación tradicionales, a la vez que se ha expandido en otros lugares.

  1. Diversos grupos de crimen organizado están activos a lo largo de Colombia, y han establecido el control sobre las actividades económicas ilícitas mientras buscan infiltrarse en la política local.
  2. El gobierno no se ha quedado de brazos cruzados.
  3. Ha comenzado a implementar sus planes “Victoria” y “Comunidades Seguras”, bajo la égida del ejército y la policía respectivamente.

Tiene previsto fortalecer la policía rural para proteger a las comunidades tras el conflicto. También ha comenzado a llevar a cabo estrategias para “estabilizar” los territorios prioritarios, mejorar la justicia local y reemplazar los cultivos ilegales con cultivos legales y otras industrias lícitas.

Estos esfuerzos, no obstante, han tenido un efecto limitado en la mayoría de las áreas afectadas por el conflicto. Mientras tanto, la polarización política sigue afectando al proceso de paz. Los líderes de la oposición se centran en lo que consideran los fracasos del acuerdo y su ideología supuestamente izquierdista, mientras que los funcionarios del gobierno restan importancia a la evidencia de nuevas amenazas a la seguridad.

Esto recuerda a lo sucedido tras las desmovilización paramilitar de hace una década, cuando el gobierno no logró reconocer adecuadamente la aparición de nuevas “bandas criminales”, o bacrim. La que ahora es la mayor organización neoparamilitar de Colombia, los Gaitanistas, surgió durante ese periodo.

Este informe examina los desafíos en materia de seguridad en la periferia de Colombia, las estrategias diseñadas para enfrentarlos y cómo la comunidad internacional podría ayudar a consolidar la paz. Se centra principalmente en los disidentes de las FARC, el ELN y las organizaciones narcotraficantes clave, que han logrado el control territorial local ofreciendo mecanismos de resolución de disputas, brindando algún tipo de protección a las comunidades locales y preservando las economías ilegales locales.

En algunos casos, los civiles – atrapados entre grupos armados enfrentados – están siendo expuestos a alarmantes niveles de violencia. Se realizó un detallado trabajo de campo en Tumaco, Guaviare, Chocó, Norte de Santander y Putumayo, que incluyó más de 100 entrevistas con líderes comunitarios, autoridades locales, miembros de la comunidad internacional, funcionarios del gobierno, la Iglesia Católica, y miembros de las FARC que participan actualmente en el proceso de paz.

  1. La investigación adicional en Bogotá incluyó entrevistas con expertos en materia de seguridad, justicia y narcotráfico.
  2. Se celebraron diez reuniones en comunidades para debatir la sustitución de cultivos de coca, los mecanismos locales de justicia, las percepciones sobre el Estado y qué sería necesario hacer para mejorar dichas percepciones.

Actualmente, varios grupos armados con diversos niveles de organización interna, capacidad militar, recursos económicos y capital político reclaman partes rurales de Colombia. Tres de ellos se destacan por su tamaño y las amenazas que representan para la paz: los disidentes de las FARC, el ELN, y los grupos criminales organizados.

El gobierno colombiano divide los grupos criminales en tres subcategorías: aquellos que cumplen los requisitos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como partes en un conflicto armado interno; los grupos criminales organizados, que desempeñan importantes papeles en las economías ilegales pero no controlan el territorio; y los delincuentes comunes.

Los considerados partes en un conflicto armado son el principal grupo neoparamilitar de Colombia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia El gobierno se refiere a los Gaitanistas como el Clan del Golfo, y anteriormente se conocían popularmente como los Urabeños.

” Directiva Permanente No.0015 /2016 “, Ministerio de Defensa, 22 de abril de 2016.Hide Footnote, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y los Puntilleros. Cada uno de estos grupos tiene objetivos diferentes, pero comparten métodos comunes para imponer el control territorial, ofrecer protección, resolver disputas entre los residentes y preservar las economías ilegales locales.

Compiten con un Estado considerado distante e indiferente por el control de regiones físicamente aisladas, zonas fronterizas y ríos claves, que son vistos como las autopistas de la periferia colombiana. Al menos nueve grupos disidentes de las FARC continúan llevando adelante ataques violentos, negándose a agruparse en los 26 campamentos y entregar las armas En los casos en los que la identidad del líder de un grupo no está clara, Crisis Group empleó información sobre acciones violentas para establecer la existencia de una facción disidente.

  1. Este es el caso del Frente Che Guevara en Nariño.
  2. Entrevista de Crisis Group, trabajador humanitario, Tumaco, 10 de mayo de 2017.
  3. Véase Anexo E para una lista de los diferentes grupos, sus líderes, áreas de operación y frentes originales de las FARC.Hide Footnote,
  4. Su número se estima entre 800 y 1.000, y operan a lo largo del país, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Meta.

Si bien varían considerablemente en tamaño, origen y poderío militar, comparten cuatro características: representan tan solo un subconjunto de las unidades originales de las FARC (hasta la fecha ningún frente completo ha abandonado las FARC); todos están involucrados en actividades económicas ilegales; buscan consolidar el control territorial; y operan en áreas en las que estuvieron activos durante el conflicto armado, a menudo expandiéndose hacia fuera Las FARC están organizadas en unidades jerárquicas, incluidos siete bloques que cubren regiones de Colombia y 69 frentes que controlan áreas locales, así como columnas móviles y compañías.

El número de disidentes se estima entre el siete y el nueve por ciento de la cifra total de combatientes de las FARC, en base al censo realizado por la Universidad Nacional de 11.200 combatientes de las FARC registrados. ” ‘No nos temblará la mano para sacar gente de las listas’: Rivera “, El Tiempo, 9 de septiembre de 2017.

La mayoría de los miembros de las milicias urbanas no se registraron en los campamentos, lo que dificulta estimar su número. Entrevistas de Crisis Group, comandante de las FARC, San José del Guaviare, 31 de agosto de 2017; miembro del secretariado de las FARC, La Habana, Cuba, 13 de junio de 2016.

  • La incógnita de los milicianos “, La Silla Vacía, 17 de marzo de 2017.Hide Footnote,
  • Es difícil establecer las motivaciones de estos disidentes, aunque la evidencia apunta a una variedad de intereses cambiantes.
  • Algunos remanentes del Frente Primero en Guaviare están profundamente involucrados en el tráfico de cocaína, pero también defienden sus actividades apuntando a supuestas fallas en el proceso de paz: “los diálogos en La Habana solo buscan la desmovilización de las guerrillas Estos acuerdos no representan verdaderos cambios” “Resistencia”, Frente Primero Armando Ríos FARC-EP, diciembre de 2016, pp.6-7.Hide Footnote,

Gentil Duarte A menos que se indique lo contrario, todos los nombres de las personas involucradas en grupos armados son alias o apodos.Hide Footnote, comandante del Frente Séptimo en Meta, afirmó que no se podía confiar en que el gobierno cumpliera sus compromisos.

Las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) en Nariño tienen interés en controlar el narcotráfico, aunque también buscan asegurar cierto nivel de orden público en las comunidades que dominan Entrevistas de Crisis Group, miembro del secretariado de las FARC, Cauca, 7 de febrero de 2017; analista de conflictos, Bogotá, 7 de septiembre de 2017; defensores de los derechos humanos, Bogotá, 7 de septiembre de 2017.

Si bien los disidentes de los Frentes Primero y Séptimo han celebrado reuniones sobre sus motivos para seguir luchando, los grupos más pequeños no lo han hecho. Ex líderes disidentes en Tumaco afirmaron que el maltrato por parte de los líderes de las FARC fue el motivo de su escisión.

  • Entrevistas de Crisis Group, entonces líder disidente Pollo, Tumaco, 9 de marzo de 2017; funcionario de la iglesia, Tumaco, 12 de mayo de 2017.
  • Comunicado desde la ZVTN “Ariel Aldana” La Variante – Tumaco “, FARC-EP, 29 de marzo de 2017.Hide Footnote,
  • Crisis Group interviews, FARC secretariat member, Cauca, 7 February 2017; conflict analyst, Bogotá, 7 September 2017; human rights defenders, Bogotá, 7 September 2017.

While dissidents from the First and Seventh Front have held meetings on their reasons for continuing to fight, smaller groups have not. Former dissident leaders in Tumaco claimed that poor treatment by FARC leaders led to their schism. Crisis Group interviews, then-dissident leader Pollo, Tumaco, 9 March 2017; church official, Tumaco, 12 May 2017.

” Comunicado desde la ZVTN “Ariel Aldana” La Variante – Tumaco “, FARC-EP, 29 March 2017.Hide Footnote Tanto los disidentes como las comunidades en las que operan dependen de los ingresos procedentes del crimen. Tanto los disidentes como las comunidades en las que operan dependen de los ingresos procedentes del crimen.

En Guaviare y Meta, disidentes de los Frentes Primero y Séptimo atacan a soldados y policías para proteger el negocio de la coca, acciones que la población local ve como protección de sus medios de vida frente a un Estado al que consideran insensible El Frente Primero impone un precio fijo por la pasta de coca, lo cual, según los parroquianos, les protege de los narcotraficantes que de lo contrario pagarían menos.

  • Este control y regulación del negocio de la droga fortalece el argumento de los disidentes de que defienden a los campesinos.
  • Trabajo de campo de Crisis Group, El Retorno, Guaviare, 11 de abril y 3 de septiembre de 2017.
  • Entrevistas de Crisis Group, líderes comunitarios, El Retorno y San José del Guaviare, 3 y 11 de abril de 2017, y 3 de septiembre de 2017.Hide Footnote,

De este modo, los disidentes simplemente continúan funcionando como lo hacían antes del acuerdo de paz: combatiendo los esfuerzos de erradicación de coca, resolviendo disputas, controlando los corredores del tráfico, llevando a cabo ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y en general garantizando el orden público a nivel local.

  • Por ejemplo, los combatientes del disidente Frente Séptimo actúan como jefes políticos a la vez que como un poder económico local.
  • Su líder, Gentil Duarte, sigue recibiendo a los parroquianos que quieren que resuelva problemas en sus comunidades.
  • En otros lugares su grupo exige pagos de extorsión exorbitantes Trabajo de campo de Crisis Group, El Retorno, Guaviare, 14 de mayo de 2016; Miraflores, Guaviare, 6 de abril de 2017; El Retorno, Guaviare, 3 de septiembre de 2017.

Entrevistas de Crisis Group, representantes de organizaciones internacionales, San José del Guaviare, 3 de abril y 30 de agosto de 2017; activistas de los derechos humanos, San José del Guaviare, 1 de septiembre de 2017; Campesino, El Retorno, Guaviare, 3 de septiembre de 2017; funcionario de la iglesia, Tumaco, 12 de mayo de 2017; líderes comunitarios, Tumaco, 11, 12 y 16 de mayo de 2017; analista de conflictos, Bogotá, 6 de septiembre de 2017.Hide Footnote,

Los disidentes también están aprovechando la base de apoyo que construyeron durante el conflicto Esto se asemeja a la continuación de los bloques paramilitares tras su desmovilización entre 2003 y 2006. Véase Sarah Zuckerman Daly, Organized Violence after Civil War: The Geography of Recruitment in Latin America, (New York, 2016).Hide Footnote,

El Frente Primero se ha expandido más allá de sus bastiones tradicionales en Guaviare hacia la capital regional, San José del Guaviare, adentrándose en el sureste de Meta y partes de Vichada y Caquetá. Sin embargo, los disidentes del Frente Séptimo permanecen en las áreas en las que operaban antes del acuerdo, así como el GUP en Nariño, el Frente 40 en Meta, y los disidentes de Cauca y Putumayo Entrevistas de Crisis Group, residentes locales, El Retorno, Guaviare, 11 de abril y 3 de septiembre de 2017; representantes de organizaciones internacionales, San José del Guaviare, 3 de abril y 30 de agosto de 2017; defensores de los derechos humanos, San José del Guaviare, 3 de abril y 1 de septiembre de 2017; representante de una organización internacional, Bogotá, 7 de junio de 2017; analistas de conflictos, Bogotá, 6 de junio y 7 de septiembre de 2017; funcionario de la iglesia, Tumaco, 12 de mayo de 2017; líderes comunitarios, Tumaco, 12, 15 y 16 de mayo, 2017; activista de los derechos humanos, Bogotá, 7 de septiembre de 2017.Hide Footnote,

A pesar de sus orígenes, muchos grupos disidentes son mucho más abusivos que sus predecesores de las FARC, ya que compiten entre ellos, en ocasiones maltratando a las comunidades locales para mantener el control. En la ciudad de Tumaco, un centro del tráfico de cocaína en la costa pacífica, dos grupos de combatientes de milicias disidentes de las FARC se disputaron el control, lo que llevó a un aumento de los homicidios en la primera mitad de 2017.

Varios comandantes rebeldes de las FARC sembraron el terror de tal manera en el poblado rural de Pital de la Costa, en la costa pacífica de Nariño, que perdieron el control del pueblo, que ahora se encuentra bajo control de la armada, en sí misma acusada por la población local de tolerar la presencia de un grupo neoparamilitar local Entrevistas de Crisis Group, líderes comunitarios, Tumaco, 12 y 16 de mayo, y 14 de junio de 2017.Hide Footnote,

En Guaviare ha aumentado la tensión en torno a los recientes asesinatos selectivos de civiles por parte del Frente Primero Entrevistas de Crisis Group, activista de los derechos humanos, San José del Guaviare, 1 de septiembre de 2017; representante de una organización internacional, San José del Guaviare, 30 de agosto de 2017; funcionario de la iglesia, Tumaco, 12 de mayo de 2017.Hide Footnote,

Crisis Group interviews, human rights activist, San José del Guaviare, 1 September 2017; international organisation representative, San José del Guaviare, 30 August 2017; church official, Tumaco, 12 May 2017.Hide Footnote Los disidentes debilitan el proceso de paz tanto a nivel nacional como local.

  • Los disidentes debilitan el proceso de paz tanto a nivel nacional como local.
  • Los líderes opositores mantienen que su existencia demuestra que las guerrillas nunca entregaron realmente las armas ni renunciaron a sus bienes ilícitos, sino que usaron a estos frentes rebeldes para llevar adelante una campaña armada y actividades criminales.

Estos argumentos probablemente se intensifiquen a medida que se acercan las elecciones en 2018 “Disidentes de las Farc siguen manejando 40 mil hectáreas de coca: CD”, El Heraldo, 2 de enero de 2017. Cuatro de los cinco frentes más ricos, según la declaración de bienes de las FARC – el 40, Primero, 62 y Séptimo – tienen disidentes.

Documento no.1 – Consolidado de bienes y activos “, FARC-EP, n.d.Hide Footnote, Su presencia también socava la implementación del acuerdo de paz, que solo puede prosperar bajo condiciones estables de seguridad. La persistencia de la inseguridad privaría a las poblaciones periféricas de cualquier dividendo de la paz, a la vez que confirmaría las afirmaciones de los disidentes de que el Estado nunca tuvo la intención de cumplir sus promesas a los colombianos de zonas rurales.

La inseguridad también fortalece el atractivo de estos grupos. Los asesinatos de 23 miembros o familiares de las FARC desde la firma del acuerdo de paz podría empujar a algunos a sumarse a los grupos disidentes por miedo o rabia. Se dice que la frustración por el lento avance del proceso de paz, en especial la ausencia de un programa de reincorporación y de oportunidades de ascenso dentro de las FARC para los comandantes de rango medio, habría impulsado a Cadete, un importante comandante de las FARC, a unirse a los disidentes en septiembre de 2017 ” Vacío de poder de las FARC genera miedo y deserciones en sus combatientes “, El Universal, 27 de agosto de 2017.

  1. Se recrudece la violencia contra excombatientes de las Farc y sus familias “, El Espectador, 24 de agosto de 2017.
  2. Eduardo Álvarez Vanegas, ” Y después de ‘Cadete’ ¿qué? “, El Espectador, 13 de septiembre de 2017.
  3. A mediados de agosto de 2017, la misión de la ONU había registrado 472 desertores de las FARC.
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Entrevista de Crisis Group, miembro de la misión de la ONU, 18 de agosto de 2017.Hide Footnote, Desde principios de año, facciones disidentes originalmente independientes empezaron a unirse, y probablemente lo continuarán haciendo en el futuro cercano, en respuesta a las capturas y asesinatos de líderes disidentes por parte del gobierno central, principalmente en Guaviare, Nariño y Caquetá.

Los Frentes 62 y 14 ahora forman parte del Séptimo. En Nariño, el GUP incluye cuatro grupos disidentes diferentes creados en julio de 2016. El Frente Primero incluye combatientes de los Frentes Primero, 16 y Acción Medina, así como desertores individuales de otras varias unidades. Sin embargo, aún no existen pruebas que sugieran que los principales disidentes se hayan unido.

Los grupos disidentes de los Frentes Primero, Séptimo y 40, todos los cuales operan al este de Colombia, no constituyen una estructura única liderada por Gentil Duarte, aunque miembros de estos grupos se reunieron en junio de 2017 para discutir la coordinación en torno a ciertos asuntos Entrevistas de Crisis Group, representante de una organización internacional, Bogotá, 7 de junio de 2017; analista de conflictos, Bogotá, 6 de septiembre de 2017; defensor de los derechos humanos, San José del Guaviare, 1 de septiembre de 2017; comandante de las FARC, San José del Guaviare, 31 de agosto de 2017; representante de una organización internacional, San José del Guaviare, 30 de agosto de 2017; líder comunitario, Miraflores, Guaviare, 7 de abril de 2017.

Euclides Mora, segundo al mando de la facción disidente del Frente Séptimo, fue dado de baja por las fuerzas armadas en septiembre de 2017 en un pueblo bajo control del Frente Primero.Hide Footnote, El liderazgo de las FARC ha procurado mantener cierto contacto con los disidentes para convencerlos de que vuelvan al proceso de paz.

Alexander Mojoso, que lideró un grupo disidente en Caquetá, se desmovilizó en marzo de 2017 y fue aceptado de nuevo por las FARC en abril ” Reporte del MM&V sobre un proceso en verificación, tres incumplimientos y dos violaciones al CFHBD y DA “, Misión de la ONU en Colombia, 6 de febrero de 2017.

Alexander Mojoso ex-comandante del 14 Frente, retorna a las FARC-EP “, FARC-EP, 5 de abril de 2017. ” La ‘estrategia Mojoso’ de las Farc “, La Silla Vacía, 23 de mayo de 2017.Hide Footnote, ” Reporte del MM&V sobre un proceso en verificación, tres incumplimientos y dos violaciones al CFHBD y DA “, UN mission Colombia, 6 February 2017.

” Alexander Mojoso ex-comandante del 14 Frente, retorna a las FARC-EP “, FARC-EP, 5 April 2017. ” La ‘estrategia Mojoso’ de las Farc “, La Silla Vacía, 23 May 2017.Hide Footnote Aun al tiempo que negocia con el gobierno colombiano en Quito, el Ejército de Liberación Nacional o ELN ha consolidado el control de sus bastiones tradicionales y se ha expandido hacia nuevas áreas El gobierno colombiano y el ELN firmaron un acuerdo de cese al fuego de tres meses en septiembre de 2017, tras seis meses de negociaciones en Quito, Ecuador.

Joshua Goodman, “Colombia signs cease-fire deal with last guerrilla group”, Associated Press, 4 de septiembre de 2017.Hide Footnote, Desde la desmovilización de las FARC a principios de 2017, el ELN, que cuenta con 1.800 miembros, ha aparecido en áreas en las que anteriormente su presencia había sido insignificante, como en el norte del Chocó, el norte del Cauca Algunos observadores creen que ciertos disidentes en la región, liderados por Pija, tienen vínculos con el ELN y se les permite entrar en áreas previamente controladas por las FARC.

” Un policía herido deja hostigamiento a patrulla en vía Toribío-Caloto “, El País de Cali, 18 de marzo de 2017. Entrevistas de Crisis Group, experto en el ELN y analista de conflictos, Bogotá 22 de mayo y 7 de junio de 2017. ” Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria “, Fundación Ideas para la Paz, 15 de julio de 2017, p.44.Hide Footnote, la costa pacífica de Nariño, Buenaventura y el sur de Córdoba.

También ha fortalecido su control de territorios previamente compartidos con las FARC, como Arauca, Bajo Cauca Antioqueño y el sur del Chocó. Desde 2016 ha realizado ataques en 23 municipios, más que entre 2012 y 2014; las fuerzas armadas también han llevado a cabo operaciones contra el ELN en más municipalidades que nunca antes Estos datos se basan en un análisis de las operaciones del ELN y las fuerzas armadas en las bases de datos de acciones violentas de la Unidad de Información y Análisis de la Misión de la ONU en Colombia.

Los resultados fueron validados contrastándolos con el Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, además de informes, documentos y mapas elaborados por ONG y los medios. Se supone que se han mantenido negociaciones para transferir territorios de las FARC al ELN en Tumaco, Chocó, Cauca y Catatumbo.

Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del gobierno, Bogotá, 9 de diciembre de 2016; analista de conflictos, 1 de marzo de 2016 y 5 de mayo de 2017. Véase también ” Van 27 alertas de la Defensoría y aún nadie detiene el avance de los paras en Chocó “, La Silla Vacía, 17 de abril de 2017. Laura Ardila Arrieta, ” Los brazaletes del ELN llegaron al sur de Córdoba “, La Silla Vacía, 12 de septiembre de 2016.

Entrevistas de Crisis Group, representante de una organización internacional y activista de los derechos humanos, Quibdó, 28 y 29 de agosto de 2017.Hide Footnote, El ELN asesinó a dieciséis miembros de las fuerzas armadas o la policía en los primeros ocho meses de 2017 ” Ministro de Defensa celebra el cese bilateral con el Eln “, Caracol, 5 de septiembre de 2017.Hide Footnote,

  • El ELN sigue estando ideológicamente comprometido con la lucha contra lo que denomina una oligarquía represiva que responde a amos extranjeros y empresas multinacionales a costa de las comunidades rurales pobres.
  • El grupo, cuyos miembros han incluido a sacerdotes católicos, entre los que se destaca Camilo Torres y el ex líder Manuel Pérez, mantiene una afinidad con la teología de la liberación y se opone a la explotación de los recursos naturales con fines comerciales, en especial la producción de petróleo y la minería a gran escala.

El sabotaje de oleoductos por parte del ELN ha causado graves daños al medio ambiente a lo largo de las tres últimas décadas Camilo Torres era un sacerdote católico y líder social en Colombia que se unió al ELN en 1965. Fue asesinado en febrero de 1966.

  • Su historia sigue inspirando a muchos movimientos sociales y el ELN aún hoy.
  • Milton Hernández, Rojo y Negro: Aproximación a la historia del ELN (Bogotá, 2004); Mario Aguilera Peña, “ELN: Entre armas y la política”, in Francisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills y Gonzalo Sánchez Gómez (Eds.), Nuestra guerra sin nombre: Transformaciones del conflicto en Colombia (Bogotá, 2006), pp.211-266; Carlos Medina Gallego, ELN: Notas para una historia de sus ideas políticas, (Bogotá, n.d.), p.424.Hide Footnote,

Incapaz de reunir a grandes contingentes, manda a pequeñas bandas para que lleven a cabo la mayoría de las operaciones, pero en ocasiones grupos de entre diez y 25 combatientes atacan a las fuerzas públicas u otros grupos armados ” Van 27 alertas de la Defensoría y aún nadie detiene el avance de los paras en Chocó “, op.

  • Cit. Entrevistas de Crisis Group, representantes de organizaciones internacionales, Cúcuta, 14 y 16 de agosto de 2017; Quibdó, 29 de agosto de 2017.Hide Footnote,
  • El Ejército Nacional de Liberación busca crear estructuras de “poder político paralelo” para que compitan con el Estado en áreas en las que opera desde hace mucho tiempo, como el departamento de Arauca en la frontera con Venezuela, donde aplica su propia justicia, controla la actividad económica, y busca orientar a las comunidades hacia su ideología política.

El grupo además cree en una estrategia de resistencia armada a nivel local, donde el objetivo ya no sea ganar la guerra. Resistir basta para justificar su existencia, afirma el ELN Para más sobre la estrategia política y militar del ELN, véase Mario Aguilera Peña, “ELN: Entre armas y la política”, op.

Cit., p.221. Mario Aguilera Peña, Contrapoder y justicia guerrillera: Fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952 – 2003) (Bogotá, 2014). Entrevistas de Crisis Group, expertos en el ELN, Bogotá, 3 de octubre de 2016. Entrevista de Crisis Group, experto en el ELN, Bogotá, 22 de mayo de 2017.Hide Footnote,

For more on the ELN’s political and military strategy, see Mario Aguilera Peña, “ELN: Entre armas y la política”, op. cit., p.221. Mario Aguilera Peña, Contrapoder y justicia guerrillera: Fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952 – 2003) (Bogotá, 2014).

Crisis Group interviews, ELN experts, Bogotá, 3 October 2016. Crisis Group interviews, ELN expert, Bogotá, 22 May 2017.Hide Footnote Las decisiones impuestas desde arriba no son la norma en el ELN, lo que explica en parte su reticencia a poner fin a los secuestros de forma unilateral y la participación variable pero cada vez más profunda de ciertas unidades en el narcotráfico.

Cada vez más, el ELN actúa como una federación de unidades de combate regionales que responden a las directivas generales del liderazgo del grupo. Cada comandante de un frente de guerra regional goza de considerable autonomía en cuanto a la toma de decisiones, y el liderazgo nacional busca el apoyo de la mayoría a la hora de tomar decisiones fundamentales.

Las decisiones impuestas desde arriba no son la norma en el ELN, lo que explica en parte su reticencia a poner fin a los secuestros de forma unilateral y la participación variable pero cada vez más profunda de ciertas unidades en el narcotráfico, algo que el grupo solía prohibir El ELN tampoco quiso poner fin al secuestro porque consideró que esto era una demanda unilateral del gobierno colombiano.

Entrevista de Crisis Group, experto en el ELN, Bogotá, 22 de mayo de 2017; alto diplomático, Bogotá, 25 de agosto de 2017. Finalmente sí lo hizo como parte del acuerdo de cese al fuego que entró en vigor el 1 de octubre. “Gobierno y Eln logran acuerdo de cese bilateral del fuego”, El Tiempo, 4 de septiembre de 2017.Hide Footnote,

  • La autonomía regional también significa que algunas unidades podrían rechazar los términos de una paz negociada.
  • Las diferentes unidades del ELN también ejercen diferentes niveles de violencia contra la población civil, pese a que afirman ofrecer protección.
  • Cada comandante regional actúa de acuerdo a decisiones estratégicas basadas en su percepción del contexto militar, político y económico local, así como las relaciones con miembros del comando central.

El Frente de Guerra Occidental del ELN en el departamento del Chocó, que está enfrascado en un amargo conflicto por el territorio y los recursos con los paramilitares Gaitanistas, está acusado de abusar de la población civil sembrando minas y reclutando forzosamente a menores.

  1. Este frente además tiene una relación cercana con un miembro del comando central del ELN conocido como Pablito, que supuestamente se opone al proceso de paz, y se considera que tiene una motivación más bien económica y que carece de la “identidad” propia del ELN.
  2. Pablito también mantiene influencia sobre el Frente de Guerra Oriental, del que anteriormente estuvo al mando.

Actualmente, este frente está llevando a cabo una campaña de asesinatos en Arauca contra personas acusadas de delitos menores o de colaborar con las fuerzas armadas ” Van 27 alertas de la Defensoría y aún nadie detiene el avance de los paras en Chocó “, op.

cit. Entrevistas de Crisis Group, representantes de organización internacional; Quibdó, 29 de agosto de 2017; activista de los derechos humanos, Quibdó, 28 de agosto de 2017; experto en el ELN, Bogotá, 22 de mayo de 2017; alto diplomático, Bogotá, 25 de agosto de 2017; analista de conflictos, Bogotá, 7 de junio de 2017.

El Frente de Guerra Oriental tiene un representante en Quito, aunque tan solo en un papel de “monitoreo”, mientras que el Frente de Guerra Occidental votó en contra de las negociaciones de paz pero aceptó la decisión de la mayoría de negociar. León Valencia, ” Era un adolescente ahora es el comandante del ELN “, Semana, 29 de enero de 2017.

  • Asesinan a campesino que había sido secuestrado en Arauquita, Arauca”, Caracol, 13 de abril de 2017.Hide Footnote,
  • Pero el ELN actúa de manera diferente en otros lugares.
  • Pese a la presencia de Gaitanistas en el departamento del Sur de Bolívar, las unidades del ELN allí apenas participan en la violencia.

El Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, cercano tanto a Gabino, el líder del ELN, como a Pablo Beltrán, su principal negociador en Quito, es notablemente menos violento hacia la población civil que otras unidades del ELN, a pesar de enfrentar una feroz ofensiva militar.

  • Este frente no ha aumentado el uso de minas terrestres recientemente ni lleva a cabo secuestros por motivos económicos, aunque sí se lo acusa de reclutamiento forzoso Entrevista de Crisis Group, experto en el ELN, Bogotá, 15 de septiembre de 2017.
  • Ante ofensiva militar Eln recluta menores en el sur de Bolívar “, El Tiempo, 27 de abril de 2016.

” INFORME DE RIESGO 029-16, para los municipios de Remedios y Segovia, departamento de Antioquia “, Defensoría del Pueblo, 2016. ” Se dispara el secuestro en Norte de Santander “, El Tiempo, 30 de julio de 2017.Hide Footnote, El ELN está participando más activamente en el narcotráfico que en años anteriores, en especial en Nariño, Chocó, Cauca y Catatumbo.

Si bien anteriormente adquirió pasta de coca y cobró impuestos sobre esta, el descubrimiento y destrucción de laboratorios de cocaína en territorio del ELN sugiere que el grupo está cada vez más vinculado a las redes del tráfico de la droga refinada, de mayor valor ” El millonario complejo cocalero del ELN “, Semana, 6 de febrero de 2016; ” Tonelada y media de cocaína del ELN enterrada en una playa del Pacífico “, Caracol Radio, 22 de marzo de 2017.

” Desmantelan cristalizadero en el sur del Cauca “, Proclama del Cauca, 11 de febrero de 2016.Hide Footnote, Este papel más destacado ha llevado a enfrentamientos con otros grupos armados, en especial en Chocó y Nariño Entrevistas de Crisis Group, representantes de organizaciones internacionales, Bogotá, 7 de junio de 2017 y Quibdó, 29 de agosto de 2017; activista de los derechos humanos, Quibdó, 28 de agosto de 2017.Hide Footnote,

Crisis Group interviews, international organisation representatives, Bogotá, 7 June 2017 and Quibdó, 29 August 2017; human rights activist, Quibdó, 28 August 2017.Hide Footnote El gobierno colombiano ha identificado tres “grupos armados organizados” que según afirma cumplen los requisitos necesarios para ser considerados partes en un conflicto armado interno de acuerdo con los estándares internacionales: los Gaitanistas, el EPL y los Puntilleros Los Puntilleros no serán examinados aquí, ya que Crisis Group cree que están erróneamente clasificados como un grupo armado organizado en base a estos estándares.

Los Puntilleros no parecen llevar a cabo operaciones sostenidas contra las fuerzas estatales, y no poseen el control territorial necesario para hacerlo. ” Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) “, 7 de junio de 1977.Hide Footnote,

  1. Con base en esta clasificación, el gobierno asume el derecho legal de combatir estos grupos con fuerza letal, bajo las leyes de la guerra.
  2. Fundados en la región del Urabá antioqueño en 2006, los Gaitanistas se han expandido a lo largo de las costas atlántica y pacífica, y en menor medida hacia los llanos orientales.

Es, con creces, el mayor de los tres grupos armados; según afirma cuenta con 8,000 miembros, aunque el gobierno estima que son unos 2,000. Otras valoraciones más independientes calculan que la cifra está entre 3.000 y 3.500, incluidos los miembros de pandillas subcontratadas Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Bogotá 11 de agosto de 2017.

” Colombia’s largest neo-paramilitary group AGC claims to have 8,000 members “, Colombia Reports, 19 de enero de 2017. ” Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria “, op. cit., p.27.Hide Footnote, Los Gaitanistas se agrupan en dos categorías: combatientes a tiempo completo y delincuentes subcontratados.

Los combatientes armados uniformados operan en zonas rurales, como Urabá, el sur de Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño, Chocó y el sur de Bolívar, donde buscan el control territorial, y están organizados en bloques y frentes liderados por comandantes regionales y de los frentes ” Estatutos AGC “, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 27 de febrero de 2016.

  1. Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria “, op.
  2. Cit., p.27.
  3. Autodefensas gaitanistas del sur de Bolívar hacen duro señalamientos contra alcalde de Achí “, video, Youtube, 9 de abril de 2015.Hide Footnote,
  4. Los subcontratados son miembros de pandillas locales contratados por los comandantes y coordinadores regionales, lo que permite a la organización adquirir influencia directa sobre el territorio.

Operan en Nariño, Antioquia, y a lo largo de la costa atlántica y la frontera con Venezuela Los estatutos internos de los Gaitanistas permiten esta práctica, que denominan “descentralización”. ” Estatutos AGC “, op. cit. ” Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria “, op.

cit., p.27. Entrevista de Crisis Group, analista de conflictos, Bogotá, 7 de septiembre de 2017.Hide Footnote, La organización tiene un alto mando central, formado por comandantes regionales, y un ala política. Detrás del liderazgo hay una jerarquía vertical con varios niveles de control, incluidos escuadrones, secciones, grupos, compañías, frentes y bloques.

Esta jerarquía ha permitido a los Gaitanistas sobrevivir y expandirse a pesar de la pérdida de líderes clave como su fundador, Don Mario, que fue capturado en 2009, y su reemplazo Giovanny, asesinado en 2012, además de soportar algunas divisiones internas en Antioquia ” Estatutos AGC “, op.

  1. Cit. ” Así cogieron a ‘Don Mario’ “, Semana, 15 de abril de 2009.
  2. Cayó alias ‘Giovanny’, jefe de la banda criminal de ‘Los Urabeños ‘”, El Tiempo, 1 de enero de 2012.
  3. Sofía León Oñate, ” Se acabó la primera generación de neoparamilitares, ¿qué sigue? “.
  4. Fundación Paz y Reconciliación, op.
  5. Cit., pp.7-8.

” Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria “, op. cit., p.55.Hide Footnote, El grupo afirma que se vio “obligado” a recurrir a las armas debido al “proceso de paz mal hecho”, en referencia a la desmovilización paramilitar de hace poco más de diez años, y argumenta que defiende su territorio del ELN ” Un gran ‘descubrimiento'”, AGC, 13 de marzo de 2017.Hide Footnote,

Los Gaitanistas también afirman que gozan de “legitimidad y representación política”, una afirmación que parece ser cierta en partes del noroeste de Colombia En el Chocó, los Gaitanistas parecen haber ofrecido financiar proyectos económicos locales para generar apoyo popular. Ibid. ” Editorial: La naturaleza de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia “, AGC, 7 de abril de 2017.

Entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia de la policía, Bogotá, 14 de julio de 2017. ” Informe de la visita humanitaria a las cuencas del Truandó, Domingodó, Cacarica y el municipio de Ríosuco “, ACNUR y Defensoría del Pueblo, 13 de octubre de 2015, p.12.Hide Footnote,

Pero en áreas en las que los Gaitanistas compiten con otros grupos armados, como el ELN en Chocó o el GUP en Nariño, la violencia contra civiles es común. El grupo ha asesinado a dieciséis agentes de policía en lo que va del año, mientras que el gobierno afirma que el grupo es responsable de numerosos asesinatos recientes de líderes sociales, aunque no hay pruebas contundentes de esto El Colombiano, ” El ‘Clan del Golfo’ sigue con la mira en la Policía “, 19 de septiembre de 2017.

Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Bogotá, 8 de septiembre de 2017.Hide Footnote, Los Gaitanistas están principalmente interesados en las actividades delictivas, especialmente el narcotráfico, la minería ilegal de oro y la extorsión.

El grupo transporta cocaína a lo largo de la costa atlántica y exige pagos a otros traficantes para permitirles cruzar áreas bajo su control. Además ha comenzado a comprar pasta de coca, con la posible intención de dominar completamente el narcotráfico en partes del noroeste Entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia de la policía, Bogotá, 24 de marzo de 2017.

James Bargent y Mat Charles, ” Inside the BACRIM: Money “, Insight Crime, 13 de julio de 2017. ” La macabra alianza de los carteles de Colombia y México “, Semana, 16 de enero de 2016.Hide Footnote, Los Gaitanistas obtienen ganancias de la minería informal en áreas como el Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba y Chocó, donde gestionan minas directamente, exigen el pago de tasas a mineros locales o extorsionan a quienes usan retroexcavadoras para buscar oro ” Inside the BACRIM: Money “, op.

  1. Cit. ” LA MINERÍA SIN CONTROL: Un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos “, Defensoría del Pueblo, octubre de 2015, pp.73-74.
  2. Oficio dirigido al CIAT del Mininterior “, Defensoría del Pueblo, 21 de febrero de 2017, p.6.Hide Footnote,
  3. De modo más amplio, extorsionan a los negocios y granjas locales por grandes sumas de dinero En el sur de Córdoba, el grupo supuestamente generaría $140.000 de la extorsión; en Urabá, la situación es tan grave que los camiones de cerveza y soda llevan escolta policial.

” Urabá, el nido de los nuevos paramilitares “, Semana, 25 de abril de 2017. ” Alias “Sergio”, recaudaba en extorsiones $400 millones para el Clan del Golfo “, La Razón, 26 de julio de 2017. ” Inside the BACRIM: Money “, op. cit.Hide Footnote, In southern Córdoba, the group reportedly brought in $140,000 per month from extortion; in Urabá, the situation is so severe that beer and soda trucks are escorted by police for protection.

” Urabá, el nido de los nuevos paramilitares “, Semana, 25 April 2017. ” Alias “Sergio”, recaudaba en extorsiones $400 millones para el Clan del Golfo “, La Razón, 26 July 2017. ” Inside the BACRIM: Money “, op. cit.Hide Footnote El segundo grupo armado organizado identificado por el gobierno, el frente Libardo Mora Toro del EPL, que cuenta con unos 200 combatientes, opera en Catatumbo, en la frontera con Venezuela Aquí, al igual que en Colombia en general, nos referiremos al grupo simplemente como el EPL.

Históricamente ha operado en el así llamado “triángulo del EPL” (los municipios de Hacarí, San Calixto y La Playa en el Norte de Santander).Hide Footnote, Desde 2016, el EPL se ha expandido más allá de sus comunidades históricas hacia áreas anteriormente controladas por las FARC, como partes de Tibú, El Tarra, Sardinata, Teorama y Abrego, en la provincia del Norte de Santander, donde ha anunciado su presencia mediante panfletos, ataques contra las fuerzas del Estado, y violencia contra la población civil.

El EPL ha aumentado el control sobre la población local, lo que ha incluido la prohibición de transitar las carreteras por la noche, el aumento de la vigilancia en zonas urbanas, amenazas y asesinatos selectivos Entrevistas de Crisis Group, representantes de organizaciones internacionales, Bogotá y Cúcuta, 6 de junio y 12, 14 y 18 de agosto de 2017.

“The EPL shoots and asks questions later”. Entrevista de Crisis Group, funcionario local, Tibú, 15 de agosto de 2017.Hide Footnote, Durante años, su líder fue Víctor Ramón Navarro, también conocido como Megateo, un personaje enigmático que, además de organizar el narcotráfico en Catatumbo, llegó a tener numerosos seguidores entre la población civil.

  • Desde el asesinato de Megateo en octubre de 2015, el grupo ha sufrido la pérdida de otros dos máximos dirigentes ” Murió un delincuente que no era sólo eso “, La Silla Vacía, 2 de octubre de 2015.
  • Capturan a alias ‘David León’, sucesor de ‘Megateo'”, Caracol Radio, 19 de septiembre de 2016.
  • Murió ‘Caracho’, el sucesor de Megateo “, La Opinión, 24 de octubre de 2016.

Según información policial, dos figuras están pujando por el liderazgo: Pacora, un líder militar, y Pepe, más conocido por su proselitismo político. Entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia de la policía, 24 de marzo de 2017.Hide Footnote,

  • Según información policial, dos líderes estarían actualmente pujando por el control, aunque algunos observadores locales creen que el grupo mantiene su cohesión interna.
  • El EPL probablemente también esté incorporando desertores de las FARC, quienes en general son más disciplinados que sus propios combatientes Entrevistas de Crisis Group, representantes de organizaciones internacionales, Cúcuta, 14 y 16 de agosto de 2017; Bogotá, 18 de agosto de 2017.Hide Footnote,

Las opiniones difieren sobre si el EPL es un grupo guerrillero, como creen los vecinos de Catatumbo, o un sindicato del crimen organizado, como afirma el gobierno. El grupo cuenta con cierto apoyo popular, el cual ha intentado reforzar con el argumento de que, al contrario que las FARC y el ELN, no “traicionará” al pueblo entregándose al gobierno.

Algunas comunidades en Catatumbo respetan al EPL como la única fuerza que se enfrentó a los grupos paramilitares a principios de la década del 2000 Entrevista de Crisis Group, representante de organización internacional, Cúcuta, 14 de agosto de 2017.Hide Footnote, El Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista afirma que el EPL es su brazo armado, y este sigue distribuyendo el boletín del partido.

El grupo también obliga a los agricultores a cultivar coca en lugar de participar en los programas de sustitución de cultivos, lo que le ha ayudado a obtener el apoyo de los productores de coca a la vez que demuestra su interés en este negocio Entrevistas de Crisis Group, representantes de organizaciones internacionales, Cúcuta, 14 y 16 de agosto de 2017; autoridades locales, Tibú, 15 de agosto de 2017; experto en narcotráfico, Cúcuta, 14 de agosto de 2017.

Revolución: No.511″, Órgano Central del Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista), febrero de 2017. En un comunicado de octubre de 2016, el EPL expone sus motivos para rechazar el acuerdo de paz de las FARC. ” ¡Un pueblo y un ejército guerrillero que no se rinden! Carta al pueblo colombiano “, EPL – Mando Nacional, 16 de octubre de 2016.Hide Footnote,

Crisis Group interviews, international organisation representatives, Cúcuta, 14 and 16 August 2017; local authorities, Tibú, 15 August 2017; drug trafficking expert, Cúcuta, 14 August 2017. “Revolución: No.511”, Órgano Central del Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista), February 2017.

  • In an October 2016 communiqué, the EPL lays out its reasons for rejecting the FARC peace agreement.
  • ¡Un pueblo y un ejército guerrillero que no se rinden! Carta al pueblo colombiano “, EPL – Mando Nacional, 16 October 2016.Hide Footnote La capacidad de los grupos armados de Colombia de obtener ganancias de los negocios criminales les ha ayudado a sobrevivir a un largo conflicto asimétrico con las fuerzas estatales.

A medida que las FARC se retiran de sus actividades lucrativas, varios grupos armados están pujando por ocupar su lugar, compitiendo por el control de la producción de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión, tanto en el interior como a lo largo de las débiles fronteras del país, especialmente la frontera con Venezuela.

  1. En varias áreas, esta competencia ha resultado en un aumento de la violencia.
  2. Las comunidades locales que dependen de actividades ilegales para asegurar su precaria subsistencia a menudo consideran que estos grupos armados los defienden de las fuerzas del gobierno.
  3. Esta relación de explotación y protección otorga a los actores armados locales considerable apoyo social y poder político La protección, el bienestar económico y la resolución de conflictos son tres demandas sociales que, si logran satisfacerse, pueden crear relaciones de dependencia que otorgan poder político a cualquier actor armado.

Gustavo Duncan, Más que plata o plomo (Bogotá, 2014). Barrington Moore, Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt (New York, 1978). Richard M. Emerson, “Power-Dependence Relations”, American Sociological Review, Vol.7, No 1 (1962), pp.31-41.Hide Footnote,

Protection, economic wellbeing and dispute resolution are three social demands that if satisfied create dependency relationships that can give any armed actor political power. Gustavo Duncan, Más que plata o plomo (Bogotá, 2014). Barrington Moore, Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt (New York, 1978).

Richard M. Emerson, “Power-Dependence Relations”, American Sociological Review, vol.7, no.1 (1962), pp.31-41.Hide Footnote El cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado drásticamente desde 2013. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) detectó 146.000 hectáreas de cultivos de coca en 2016, comparado con 48.000 hectáreas en 2013 (Ver Anexo F); EE.UU.

Informa que estos cultivos alcanzaron las 188.000 hectáreas, comparado con 80.500 hectáreas La producción potencial de cocaína alcanzó las 866 toneladas métricas en 2016, según la UNODC, o 710 toneladas métricas, según EE.UU. ” Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016 “, UNODC, julio de 2017, p.11.

” ONDCP Releases Data on Cocaine Cultivation and Production in Colombia “, ONDCP, 14 de marzo de 2017. Adam Isacson, ” Confronting Colombia’s Coca Boom Requires Patience and a Commitment to the Peace Accords “, Washington Office on Latin America, 13 de marzo de 2017.Hide Footnote,

  • Gran parte de este crecimiento se explica por una reducción de la erradicación, perversos incentivos creados por el acuerdo de paz, y aumentos en la productividad agrícola.
  • El gobierno ahora está bajo intensa presión nacional e internacional para reducir la producción de coca rápidamente Entrevista de Crisis Group, experto en narcotráfico, Bogotá, 17 de agosto de 2017.Hide Footnote,

Bajo el cuarto punto del acuerdo de paz, las FARC se retiraron del narcotráfico. El grupo guerrillero había estado directa o indirectamente involucrado en el negocio de la pasta de coca al menos desde los 80, participando en su compra y tráfico, y regulando o cobrando impuestos a terceras partes.

En algunas partes de Colombia, las FARC también estaban involucradas en el tráfico de cocaína Los cultivos de coca son transformados o vendidos de tres formas. Primero, las hojas de coca son cosechadas y vendidas en “arrobas” de 25 libras. Segundo, la pasta de coca o pasta base es producida a partir de las hojas mediante procesos químicos (maceración).

El tercer y último producto es el clorhidrato de cocaína, derivado de la pasta de coca mediante procesos químicos adicionales. Las FARC dicen haber cobrado impuestos tan solo sobre las transacciones de pasta de coca. Entrevistas de Crisis Group, comandantes de las FARC, San Vicente del Caguán y San José del Guaviare, 15 al 25 de septiembre de 2016 y 31 de agosto de 2017.

Para un panorama general del papel de las FARC en el narcotráfico, véase John Otis, ” The FARC and Colombia’s Illegal Drug Trade “, Wilson Center, noviembre de 2014; John de Boer, Juan Carlos Garzón y Louise Bosetti, ” Criminal Agendas and Peace Negotiations: The Case of Colombia “, UN University, abril de 2017.Hide Footnote,

Los efectos de esta retirada varían según la región. En Putumayo, donde según cálculos de la ONU se sembraron 25.000 hectáreas del cultivo en 2016, el mercado ilícito ha experimentado drásticos cambios. Las FARC compraban pasta y hojas de coca directamente, a la vez que cobraban impuestos sobre las transacciones realizadas por otros compradores.

  • También traficaban coca, trabajando con un grupo criminal local conocido como la Constru.
  • Ahora la Constru y un grupo nuevo, Los Comuneros, se han trasladado a las zonas rurales para hacerse cargo del negocio, aunque sin demasiado éxito por el momento.
  • Miembros de las milicias de las FARC seguían comprando pasta de coca en algunos pueblos a principios de 2017, mientras que nuevos compradores de fuera de la región han sido asesinados por desconocidos, según fuentes locales Entrevistas de Crisis Group, líderes comunitarios, Puerto Asís, 27 de febrero de 2017; Valle del Guamuéz, 28 de febrero de 2017; Valle del Guamuéz, 3 de marzo de 2017; funcionario del gobierno local, Valle del Guamuéz, 28 de febrero de 2017; representante de organización internacional, Valle del Guamuéz, 2 de marzo de 2017.

Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario del gobierno, 20 de junio de 2017.Hide Footnote, En Guaviare y Meta, los disidentes han aumentado su participación y control del narcotráfico, mientras que en el Cauca el ELN ha asumido el control de casi todo el negocio Entrevistas de Crisis Group, defensores de los derechos humanos, San José del Guaviare y Bogotá, 3 de abril y 7 de septiembre; representante de organización internacional, Bogotá, 6 de junio de 2017.Hide Footnote,

Crisis Group interviews, human rights defenders, San José del Guaviare and Bogotá, 3 April and 7 September; international organisation representative, Bogotá, 6 June 2017.Hide Footnote En contra de gran parte de la opinión pública y política en Colombia y otros lugares, no existe una relación directa y lineal entre el volumen de cultivos de coca y los niveles de violencia en ninguna región.

En contra de gran parte de la opinión pública y política en Colombia y otros lugares, no existe una relación directa y lineal entre el volumen de cultivos de coca y los niveles de violencia en ninguna región. Allí donde un único grupo actualmente ostenta un control hegemónico, el nivel de violencia contra la población civil tiende a ser bajo: este es el caso bajo en las zonas controladas por la disidencia de las FARC en el Meta.

  • En el otro extremo, Chocó, tal vez la región más violenta de Colombia, carece de cultivos de coca, pero alberga numerosas rutas de tráfico.
  • Sin embargo, allí donde existe competencia entre varios grupos armados por el control del territorio empleado por el narcotráfico, junto con la formación de nuevas alianzas entre traficantes y grupos armados, hay picos de violencia.

En el municipio de Tumaco, un puerto de la costa pacífica que es un centro del narcotráfico, viene desarrollándose una importante reconfiguración del poder. Antiguamente, las estructuras de las FARC cobraban impuestos al narcotráfico, a la vez que trabajaban con los traficantes a gran escala para mover el producto a los mercados internacionales.

  • El GUP está desempeñando el antiguo rol de las FARC, lo que ha permitido que el narcotráfico continúe sin grandes interrupciones.
  • Los Gaitanistas, a través de un grupo local liderado por un personaje llamado Cusumbo, también se han expandido a lo largo de la costa, lo que ha derivado en un enfrentamiento a tres bandas entre los Gaitanistas, el GUP y el ELN Todos los grupos han anunciado sus intenciones de operar en Llorente, un pueblo clave para el narcotráfico en la región, por ejemplo.

Entrevistas de Crisis Group, líderes comunitarios, representantes de organización internacional y líderes eclesiásticos, Tumaco, 10 – 19 de mayo de 2017; analista de conflictos, Bogotá, 7 de septiembre de 2017. Cusumbo fue asesinado por fuerzas de seguridad a inicios de octubre.

  • Abatido alias Cusumbo, cabecilla de banda criminal del Pacífico “, El País de Cali, 6 de octubre de 2017.Hide Footnote,
  • En Catatumbo, la amenaza de violencia permanece latente mientras el EPL y el ELN siguen colaborando en el negocio de la pasta de coca, aunque este último sigue controlando en gran medida el tráfico de cocaína en alianza con grupos armados del otro lado de la frontera con Venezuela.

Pero esta colaboración se está volviendo tensa debido la expansión del EPL hacia territorios del ELN. En algunas áreas en las que las guerrillas de las FARC eran más fuertes, su retirada provocó un paréntesis provisional en el negocio y una caída de los precios.

En otras, el EPL pasó rápidamente a comprar pasta de coca, pagando a los productores de inmediato en efectivo Entrevistas de Crisis Group, representantes de organización internacional, Cúcuta, 14 y 16 de agosto de 2017; autoridades locales y funcionario de la iglesia, Tibú, 15 de agosto de 2017.Hide Footnote,

Crisis Group interviews, international organisation representatives, Cúcuta, 14 and 16 August 2017; local authorities and church official, Tibú, 15 August 2017.Hide Footnote La minería ilegal, principalmente de oro, es otra fuente fundamental de ingresos para los grupos armados.

La evidencia preliminar sugiere que los homicidios van en aumento en las zonas de minería ilegal de oro, probablemente debido a las disputas entre actores armados en regiones anteriormente controladas por las FARC Nicolás Idrobo, Daniel Mejía, y Ana María Tribin, “Illegal Gold Mining and Violence in Colombia”, Peace Economics, Peace Science, and Public Policy, vol.20, no.1 (2014), pp.83-111.Hide Footnote,

En 2014, alrededor del 60 por ciento de las minas que usaban maquinaria pesada para dragar el lecho de los ríos en busca de oro no tenían licencia, según la UNODC ” Colombia: explotación de oro de aluvión “, UNODC, de junio de 2016, pp.56-57. En Chocó, el 61 por ciento de las operaciones de minería de oro detectadas en un área de 22.142 hectáreas, eran ilegales; en Antioquia, las cifras fueron el 59 por ciento y 15.600 hectáreas.

Estas cifras incluyen solo las minas que usan maquinaria pesada, no el bateo ni otras formas de minería artesanal. Otras provincias afectadas incluyen Córdoba, Bolívar, Cauca y Nariño.Hide Footnote, Los grupos armados obtienen ganancias de la minería ilegal de varias maneras. Quizás la más común sea forzar a los operadores de las minas y los mineros a pagar para obtener permiso para batear oro o dragarlo del lecho del río utilizando maquinaria pesada.

Además se llevan un porcentaje del oro producido por los mineros a gran escala. Algunos grupos armados invierten directamente en las operaciones mineras, importan oro o lo compran y lo venden a través de terceras partes Angelika Rettberg y Juan Felipe Ortiz-Riomalo, ” Conflicto dorado: Canales y mecanismos de la relación entre minería de oro, conflicto armado y criminalidad en Colombia “, 1 de abril de 2014.Hide Footnote,

A cambio, el control territorial ejercido por los grupos armados ilegales ofrece a los mineros protección contra las redadas del gobierno, aunque en cierta medida han sido ineficaces, ya que el número de estas operaciones ha aumentado desde 2014 ” Logros de la Política de Defensa y Seguridad Todos por un Nuevo País “, Mindefensa, junio de 2017, p.60.Hide Footnote,

Asimismo, tanto los grupos armados como los traficantes utilizan el oro extraído de forma ilegal para lavar dinero. Los mineros artesanales a pequeña escala pueden vender oro sin tener que demostrar que vino de una mina licenciada, lo que hace que sea muy difícil detectar su verdadero origen.

Mediante la producción o compra de oro, un producto comercializado en los mercados internacionales que resulta difícil de rastrear, los narcotraficantes y otros criminales pueden convertir el dinero ilícito en bienes legales Fréderic Massé y Johanna Camargo, ” Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia “, CITPax, 2012.

Angelika Rettberg y Juan Felipe Ortiz-Riomalo, ” Conflicto dorado: Canales y mecanismos de la relación entre minería de oro, conflicto armado y criminalidad en Colombia “, op. cit. ” Sentencia T-622/16 “, Corte Constitucional, 10 de noviembre de 2016. Entrevista de Crisis Group, funcionario de la iglesia, Tibú, 15 de agosto de 2017.Hide Footnote,

  1. Fréderic Massé and Johanna Camargo, ” Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia “, CITPax, 2012.
  2. Angelika Rettberg and Juan Felipe Ortiz-Riomalo, ” Conflicto dorado: Canales y mecanismos de la relación entre minería de oro, conflicto armado y criminalidad en Colombia “, op. cit.
  3. Sentencia T-622/16 “, Constitutional Court, 10 November 2016.

Crisis Group interview, church official, Tibú, 15 August 2017.Hide Footnote La débil presencia del Estado en las fronteras de Colombia ha permitido que prospere el contrabando desde al menos 1850. Las rutas históricas del contrabando más tarde serían usadas por contrabandistas de marihuana y cocaína Mientras existió el contrabando en Colombia bajo el imperio español, se limitó principalmente a las ciudades portuarias.

Las fronteras terrestres del país tras la independencia solo han existido desde la década de 1830. Muriel Laurent, Contrabando en Colombia en el siglo XIX: Prácticas y discursos de resistencia y reproducción (Bogotá, 2008), pp.349-387. Santiago González-Plazas, ” Pasado y presente del contrabando en la Guajira aproximaciones al fenómeno de ilegalidad en la región “, Universidad del Rosario, marzo de 2008.

Carlos Medina Gallego, “Mafia y narcotráfico en Colombia: elementos para un estudio comparado”, en Alejo Vargas Velásquez (coordinador), El prisma de las seguridades en América Latina (Buenos Aires, 2012), pp.146-150.Hide Footnote, Las asimetrías económicas entre Colombia y sus vecinos, sobre todo Venezuela, crean incentivos para el tráfico ilegal y el contrabando, convirtiendo las fronteras en un imán para los grupos armados con afán de expansión Fernando Carrión M., “Introducción: De la frontera binacional al sistema fronterizo global”, in Fernando Carrión M.

(Ed.), Asimetrías en la frontera Ecuador-Colombia: entre la complementariedad y el sistema (Quito, 2013), pp.9-12.Hide Footnote, La frontera con Venezuela es la más problemática. En agosto, las autoridades colombianas estimaron que unos 1.000 venezolanos emigraban cada día a través del paso fronterizo oficial cerca de Cúcuta Entrevistas de Crisis Group, funcionarios migratorios colombianos, Cúcuta 16 de agosto de 2017.Hide Footnote,

La porosa frontera de 2.200 kilómetros, gran parte de la cual recorre un terreno escarpado, también tiene unos 200 cruces fronterizos informales, muchos de ellos localizados en territorios controlados por grupos armados ilegales. La pasta de coca y la cocaína fluyen fácilmente a través de la frontera, supuestamente ayudados por funcionarios corruptos de ambos lados.

  1. La expulsión de la Agencia de Control de Drogas de EE.UU.
  2. De Venezuela en 2005 (por parte del fallecido presidente Hugo Chávez) y la indiferencia del gobierno hacia los actores armados a lo largo de la frontera colombiana presuntamente hacen que sea especialmente atractiva para los traficantes que buscan enviar drogas al extranjero Entrevista de Crisis Group, representante de organización internacional, Bogotá, 18 de agosto de 2017.

” International Narcotics Control Strategy Report: Volume 1 “, Departamento de Estado de EE.UU., marzo de 2017, pp.286-290. Se informó que un empresario colombiano con buenas conexiones con las autoridades locales fue detenido del lado colombiano de la frontera en agosto de 2017, después de una investigación por parte de las EE.UU.

  • Por su supuesta relación con el narcotráfico.
  • Narco capturado en Cúcuta tenía nexos con ‘Megateo’ “, La Opinión, 16 de agosto de 2017.Hide Footnote,
  • El galón de gasolina cuesta unos centavos en Venezuela, pero vale entre $2,00 y $3,00 en Colombia.
  • La gasolina de contrabando se vende a plena luz del día a lo largo de la autopista en las regiones fronterizas.

Participan desde individuos que buscan ganarse la vida a organizaciones criminales transnacionales Santiago González-Plazas, ” Pasado y presente del contrabando en la frontera colombo-venezolana “, Razón Pública, 20 de septiembre de 2015.Hide Footnote,

En 2013, el gobierno colombiano estimó que un millón de galones de gasolina cruzaban la frontera a diario. La corrupción en ambos países permite que continúe el comercio, aunque las autoridades también son reacias a combatir un negocio que se ha vuelto tan importante para la población que vive a lo largo de la frontera Entrevistas de Crisis Group, representantes de organización internacional, Cúcuta, 14 de agosto de 2017; funcionarios locales, Tibú, 15 de agosto de 2017; representantes de ONG, Cúcuta, 14 de agosto de 2017.

” “Contrabando de gasolina por La Guajira es un cáncer”: Dian “, El Heraldo, 13 de noviembre de 2013.Hide Footnote, El tráfico de armas también es un gran negocio a lo largo de la frontera. Las FARC, el ELN, el EPL y los grupos del crimen organizado han adquirido armas de Venezuela durante años.

Sigue habiendo una gran demanda de armas a medida que el EPL se expande en el noreste de Colombia y el ELN refuerza su poderío militar para fortalecer su posición en las negociaciones de paz. Entre agosto y noviembre de 2016, las autoridades colombianas incautaron casi 500 armas a lo largo de la frontera Katherine Aguirre, “El tráfico de armas en Colombia: una revisión desde los orígenes a los destinos”, Urvio, no.10 (noviembre de 2011), pp.36-59.

Entrevistas de Crisis Group, funcionarios locales, Tibú, 15 de agosto de 2017. ” Gestión del Gobierno colombiano en la frontera colombo-venezolana “, gobierno colombiano, 19 de diciembre de 2016, p.13.Hide Footnote, La frontera entre Colombia y Ecuador es otro hervidero de actividades ilícitas.

  • Con cientos de cruces fronterizos informales, el movimiento de un lado al otro es fluido.
  • Los grupos armados ilegales en la región, como La Constru y Los Comuneros, cruzan la frontera a lo largo del río San Miguel con relativa facilidad.
  • La pasta de coca proveniente de las regiones de Nariño y Putumayo, donde se produjeron casi la mitad del total de los cultivos de coca en 2016, a menudo se transforma en cocaína en Ecuador para después ser traficada a Centroamérica.

Ecuador es desde hace mucho tiempo un importante país de tránsito de drogas; desde 2012, los cárteles mexicanos han incrementado su participación, trabajando tanto con los colombianos como con los ecuatorianos para transportar cocaína hacia el norte Entrevista de Crisis Group, representante de organización internacional, Valle del Guamuéz, 2 de marzo de 2017; analista de conflictos, Bogotá, 6 de junio de 2017.

” Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016 “, op. cit., p.24. ” Huge Ecuador Cocaine Seizures Signal Growing Role in Drug Trade “, Insight Crime, 10 de mayo de 2017. ” International Narcotics Control Strategy Report: vol.1 “, op. cit., p.155.Hide Footnote, Crisis Group interview, international organisation representative, Valle del Guamuéz, 2 March 2017; conflict analyst, Bogotá, 6 June 2017.

” Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016 “, op. cit., p.24. ” Huge ecuador cocaine seizures signal growing role in drug trade “, Insight Crime, 10 May 2017. ” International Narcotics Control Strategy Report: vol.1 “, op.

cit., p.155.Hide Footnote Colombia debe consolidar sus logros en materia de seguridad e impedir la expansión de los grupos armados para demostrar a un público dudoso que el acuerdo ha sido un éxito, y para cimentar las condiciones para una paz duradera en el campo. Sin embargo, el gobierno colombiano ya ha intentado antes ampliar su alcance a la periferia largamente ignorada.

A finales de los 80, el gobierno lanzó un Plan Nacional de Rehabilitación para integrar a “las comunidades y los estratos sociales más pobres” ” Plan Nacional de Rehabilitación – política de inversión 1989 “, Departamento Nacional de Planeación, 11 de abril de 1989, p.2.Hide Footnote,

Y en 2006, el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos y su viceministro Sergio Jaramillo se embarcaron en lo que llamaron “Planes de Consolidación Territorial” La implementación de estos planes comenzó en la región de Macarena. El objetivo era desalojar a las FARC a través de los militares y mantener el territorio, permitiendo el ingreso del Estado.

EE.UU., que en aquel momento estaba implementando el modelo “despejar, mantener, construir” en Afganistán, realizó “grandesaportes”. Véase Adam Isacson, ” Consolidating “Consolidation”: Colombia’s “security and development” zones await a civilian handoff, while Washington backs away from the concept “, WOLA, diciembre de 2012, p.5.

  • Ucko, David H., “Beyond Clear-Hold-Build: Rethinking Local-Level Counterinsurgency after Afghanistan”, Contemporary Security Policy, vol.34, no.3 (2013), pp.526-551.Hide Footnote,
  • Los enfoques actuales son esencialmente los mismos que los de los anteriores planes, con una diferencia fundamental.
  • El proceso de paz con las FARC debería (en teoría) dejar a la mayor parte de los territorios abiertos a la posibilidad de una mayor presencia militar y policial, lo que a su vez permitiría al gobierno fortalecer las instituciones civiles.

Las iniciativas de desarrollo local, conocidas formalmente como Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), también deberían ayudar a reforzar la autoridad del Estado El Plan de Consolidación se centró en áreas casi todas las cuales forman parte de municipios priorizados por el Plan Victoria y los PDET.

Adam Isacson, ” Consolidating ‘Consolidation’ “, op. cit.Hide Footnote, Dos conjuntos de obstáculos se interponen en el camino de estas iniciativas. Primero, el Estado colombiano debe consolidar rápidamente la presencia rural de las diversas instituciones centrales creadas para implementar el proceso de paz, sobre todo en el ámbito de la seguridad, la reintegración de excombatientes, el desarrollo rural, la sustitución de cultivos de coca y la justicia local.

La fragmentación de estos organismos, y el lento avance en el Congreso de la legislación relativa a la paz, ha frustrado periódicamente la implementación del acuerdo sobre el terreno Los recientes cambios en el gabinete de Santos no han convencido al Congreso de seguir apoyando, por ejemplo, la legislación vinculada al acuerdo de paz.

  1. Entrevista de Crisis Group, alto diplomático, Bogotá, 11 de agosto de 2017.
  2. El cambio de gabinete no surte efecto en el Congreso “, La Silla Vacía, 24 de agosto de 2017.Hide Footnote,
  3. Segundo, si bien se requiere una presencia militar y policial para ampliar la autoridad del Estado a corto plazo, existe el riesgo de que provoquen resentimiento entre las poblaciones locales más adelante.

Cómo se relacionan los organismos de seguridad con estas comunidades – y si el Estado puede brindar los servicios que los grupos armados dicen proporcionar, sobre todo protección, mantenimiento de las economías locales y la promesa de resolver las disputas locales – determinará la eficacia de estos recientes esfuerzos para hacer llegar la autoridad pública a su periferia.

  1. Ampliar el control coercitivo sobre los territorios afectados por el conflicto es un eje fundamental de la estrategia del gobierno.
  2. El presupuesto del Ministerio de Defensa ha aumentado en tiempos de austeridad fiscal debido a la necesidad de consolidar la paz y la seguridad y combatir el crimen organizado con “toda la capacidad de las fuerzas del Estado” En Colombia, las fuerzas estatales incluyen el ejército, la policía, la armada y la fuerza aérea, todas ellas parte del Ministerio de Defensa.

Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Bogotá, 7 de junio de 2017. ” Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad: Guía de Planeamiento Estratégico 2016 – 2018 “, Ministerio de Defensa, junio de 2016. “Toda la capacidad de las fuerzas del Estado” significa que el ejército participará en la lucha contra los Gaitanistas, el EPL y los Puntilleros, no solo la policía.

  1. El Ministerio de Defensa afirma que se aplicará el derecho internacional humanitario a los disidentes de las FARC.
  2. Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del gobierno, Bogotá, 7 de junio y 17 de agosto de 2017.
  3. Directiva Permanente No.0015 /2016 “, Ministerio de Defensa, op.
  4. Cit.Hide Footnote,
  5. La estrategia, o lo que los militares llaman su “Plan Victoria”, implica enviar 65.000 soldados y 15.000 agentes policiales a 160 municipios prioritarios.

La planificación comenzó dos años antes de la firma del acuerdo de paz para garantizar que el Estado sería la primera fuerza armada en ocupar los territorios desalojados por las FARC. Públicamente, el gobierno afirma que la estrategia ha sido un éxito, pero admite que en algunos lugares la implementación no ha sido tan “rápida” como esperaba Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del gobierno, Bogotá, 17 de agosto de 2017; vicepresidente Óscar Naranjo, Bogotá, 14 de julio de 2017.

  1. Luis Carlos Villegas, entrevista en Semana en Vivo, 18 de julio de 2017.Hide Footnote,
  2. La verificación independiente de los resultados del plan resulta difícil.
  3. Algunos municipios prioritarios anteriormente controlados por las FARC, incluidos los del sur de Tolima, Huila y partes de Caquetá, no han experimentado incursiones por parte de nuevos o diferentes grupos armados.

En la mayoría, sin embargo, otros grupos armados se han fortalecido o expandido. En muchas áreas rurales afectadas por el conflicto, aun es raro ver a las fuerzas militares o de seguridad. En privado, los oficiales del ejército admiten que el progreso es lento Entrevista de Crisis Group, alto diplomático, Bogotá, 25 de agosto de 2017.Hide Footnote,

  • Los funcionarios colombianos e internacionales ofrecen varias explicaciones para estos resultados mixtos.
  • Una es la corrupción: los oficiales militares supuestamente aceptan sobornos a cambio de permitir que funcionen los negocios ilícitos y hacer la vista gorda a los grupos armados.
  • Algunos altos funcionarios mantienen que los militares no han capturado a actores armados por temor a que sean liberados por jueces locales cómplices del crimen, o que ellos mismos se enfrenten a acciones legales por supuestos abusos o uso excesivo de la fuerza en caso de actuar con firmeza Entrevistas de Crisis Group, representantes de organizaciones internacionales y funcionario de la iglesia, Tumaco, 10 y 12 de mayo de 2017; alto diplomático, Bogotá, 25 de agosto de 2017.

Entrevista telefónica de Crisis Group, trabajador humanitario, Apartadó, 26 de marzo de 2017.Hide Footnote, Además, el ejército ha sido entrenado para movilizarse, golpear un objetivo concreto e irse, más que para establecer una presencia permanente Entrevistas de Crisis Group, funcionario del gobierno, Bogotá, 13 de julio de 2017; vicepresidente Óscar Naranjo, Bogotá, 14 de julio de 2017; oficial militar, Miraflores, Guaviare, 7 de abril de 2017.Hide Footnote,

  1. Finalmente, el ejército y la policía han destinado a la mayoría de su personal a proteger las áreas alrededor de las 26 zonas de acantonamiento, permaneciendo inmóviles para evitar incidentes durante el cese al fuego con las FARC.
  2. Algunos comandantes regionales supuestamente están preocupados por que otras áreas sigan bajo el control armado clandestino de las FARC, por lo que son reacios a pasar a la ofensiva debido a los posibles costos políticos y humanos Entrevista de Crisis Group, oficial militar, Bogotá, 18 de agosto de 2017.Hide Footnote,
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El papel de la armada en ampliar la autoridad del Estado es también fundamental. En la actualidad, se está centrando en fortalecer su presencia a lo largo de los ríos Entrevistas de Crisis Group, oficiales de la armada, Bogotá, 18 de julio de 2017.Hide Footnote,

Una de las prioridades de la armada debería ser el control de los ríos y deltas que desembocan en el Océano Pacífico, lo que podría lograrse empleando fuerzas navales actualmente enfocadas en operaciones terrestres al oeste de Colombia, y equipándolas con una unidad guardacostas. Tanto el ejército como la armada han obtenido resultados mixtos a la hora de convencer a las comunidades cansadas de la guerra de que pueden proteger sus intereses.

La información proveniente de varias partes del país sugiere que los esfuerzos de los militares para ganarse a las poblaciones locales han fracasado, y que las fuerzas armadas aún ven a muchas comunidades como “pueblos guerrilleros”. En el Chocó, por ejemplo, varios líderes indígenas han sido detenidos por “rebelión”, pero posteriormente fueron liberados por falta de pruebas.

Las comunidades indígenas de allí acusan a las fuerzas del Estado de colaborar con los Gaitanistas en ciertas regiones y han exigido que el ejército y la armada no ingresen a su territorio Entrevista de Crisis Group, representantes de organización internacional, Quibdó, 28 y 29 de agosto de 2017; activista de los derechos humanos, Quibdó, 29 de agosto de 2017; miembros de la comunidad, El Retorno, Guaviare, 14 de mayo de 2016 y 4 de septiembre de 2017; Puerto Leguízamo, Putumayo, 10 de marzo de 2016.

Entrevista telefónica de Crisis Group, trabajador humanitario, Apartadó, 26 de marzo de 2017.Hide Footnote, Crisis Group interviews, international organisation representatives, Quibdó, 28 and 29 August 2017; human rights activist, Quibdó, 29 August 2017; community members, El Retorno, Guaviare, 14 May 2016 and 4 September 2017; Puerto Leguízamo, Putumayo, 10 March 2016.

  1. Crisis Group telephone interview, humanitarian aid worker, Apartadó, 26 March 2017.Hide Footnote l ejército tendrá que funcionar como una solución provisional en las áreas rurales, con plazos claramente definidos para ceder el control a la policía.
  2. Una mayor presencia policial en las áreas rurales también es fundamental para consolidar la seguridad a nivel local Debido al conflicto armado, la policía ha tendido a centrarse en las áreas urbanas, mientras que el ejército se concentra en las rurales.Hide Footnote,

El Ministerio de Defensa prevé fortalecer la fuerza policial rural conocida como la DICAR, que cuenta con unos 10.000 miembros pero carece de suficiente personal e infraestructura para cubrir todo el campo. El ministerio ahora se está enfocando en destinar a más agentes rurales a centros urbanos y cerca de los campamentos de las FARC Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del gobierno y de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR), Bogotá, 14 de julio de 2017.Hide Footnote,

La policía piensa reclutar a 50.000 nuevos miembros a lo largo de la próxima década, pero no podrá cubrir todos los territorios inmediatamente. Mientras tanto, el ejército tendrá que funcionar como una solución provisional en las áreas rurales, con plazos claramente definidos para ceder el control a la policía.

Asimismo, varias operaciones a gran escala lideradas por la policía y con participación militar han capturado o asesinado a líderes criminales, en especial en Urabá. Una unidad de policía de élite creada por el acuerdo de paz funciona actualmente en Buenaventura y Tumaco La unidad incluye 1.088 oficiales altamente capacitados para combatir a los grupos armados en Tumaco y Buenaventura.

El piloto del general Naranjo “, La Silla Vacía, 22 de junio de 2017. Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Bogotá, 17 de agosto de 2017.Hide Footnote, Pero eliminar a los líderes no necesariamente afecta al poder o la riqueza de los grupos criminales, ya que los subordinados rápidamente se han hecho cargo de organizaciones con fuertes jerarquías verticales, como los Gaitanistas o el EPL.

Además, dado que el narcotráfico ofrece enormes incentivos a quienes participan en él, y hace uso de ricos inversores clandestinos para financiar el transporte de drogas, desmantelar un grupo armado tiende a producir tan solo una efímera reducción del tráfico de drogas Entrevista de Crisis Group, alto funcionario, Bogotá, 11 de agosto de 2017.Hide Footnote,

  1. Mientras tanto, los planes para fortalecer la policía podrían verse obstaculizados por las dificultades financieras y un compromiso limitado por parte de la policía.
  2. El actual presupuesto nacional solo permitiría a la policía rural construir una comisaría por año hasta 2018 Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del gobierno, Bogotá, 14 de julio de 2017 y 17 de agosto de 2017.

” Resolución No.01258 “, Ministerio de Defensa: Policía Nacional, 28 de marzo de 2016.Hide Footnote, En el corto plazo, el presupuesto del Ministerio de Defensa podría tener que seguir siendo comparativamente elevado para reforzar la seguridad en la periferia y aumentar el compromiso de los oficiales militares de rango medio que tienen dudas acerca del proceso de paz.

Ampliar la presencia militar y de seguridad del Estado también exigirá abordar la supuesta colusión oficial con actores criminales y construir lazos de confianza con comunidades. Ampliar la presencia militar y de seguridad del Estado, ya sea mediante el Plan Victoria u otras iniciativas policiales o navales, también exigirá abordar la supuesta colusión oficial con actores criminales y construir lazos de confianza con comunidades.

Fuentes en Tumaco, por ejemplo, afirmaron que la armada tenía vínculos con el narcotráfico; en marzo de 2017, quince empleados de la fiscalía fueron arrestados por sus supuestos vínculos con narcotraficantes en esta región Entrevistas de Crisis Group, funcionario de la iglesia, Tumaco, 12 de mayo de 2015; líderes comunitarios, Tumaco, 8 de marzo y 15 de junio de 2017; representante de organización internacional, Tumaco, 10 de mayo de 2017.

  1. Capturan a 15 funcionarios de la Fiscalía por corrupción “, El Tiempo, 28 de marzo de 2017.
  2. Los 15 sospechosos permanecen en custodia.Hide Footnote,
  3. Abordar la corrupción requerirá una continua presión y supervisión política de alto nivel para evitar crear incentivos perversos para abusar del poder u obtener falsos resultados, por ejemplo mediante la detención de personas sin contar con pruebas fehacientes de su conexión con actividades ilícitas.

El actual enfoque de fortalecer los organismos anticorrupción que forman parte de las mismas fuerzas armadas o policiales cuya mala conducta se supone que deben combatir plantea el riesgo de colusión entre los investigadores y los objetos de investigación.

  • La supervisión por parte de organismos anticorrupción independientes y organizaciones de la sociedad civil es fundamental en este tipo de casos Entrevistas de Crisis Group, oficiales militares y policiales, Bogotá, 13 de julio y 16 de agosto de 2017.Hide Footnote,
  • Crisis Group interviews, military and police officials, Bogotá, 13 July and 16 August 2017.Hide Footnote La coerción por sí sola no es suficiente.

Se necesitan otras iniciativas para reintegrar a los excombatientes a la vida civil, impedir nuevos reclutamientos y generar alternativas a largo plazo al crimen y la violencia. El acuerdo de paz con las FARC hace hincapié en el programa de “reincorporación” para ayudar a los excombatientes a adaptarse a la vida civil, que comenzó en agosto de 2017 después de que el grupo entregara las armas.

  • La recién creada Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), denominada anteriormente Agencia Colombiana para la Reintegración, está supervisando el proceso ” La ACR fortalece su institucionalidad y pasa a ser la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) “.
  • Agencia para la Reincorporación y Normalización, 2 de junio de 2017.Hide Footnote,

Si bien la agencia ha construido una sólida reputación en la reintegración de excombatientes individuales, incluidos paramilitares y desertores de las FARC, el actual proceso presenta un reto más difícil. Muchos ex combatientes de las FARC, que actualmente están agrupados en campamentos, quieren permanecer en estas regiones aisladas para participar en emprendimientos colectivos, en especial agrícolas, a pesar de la pésima infraestructura, el acceso limitado a los mercados, y la presencia de negocios ilegales.

  • En este contexto será difícil lograr que el programa de reincorporación sea económicamente sostenible En el campamento de Mesetas, Meta, miembros de las FARC mostraron a Crisis Group un enorme hoyo cavado para crear una piscifactoría.
  • El mercado más cercano estaba a horas de distancia y era demasiado pequeño para apoyar la producción rentable.

Trabajo de campo de Crisis Group, Mesetas, Meta, 27 de junio de 2017. Entrevistas de Crisis Group, funcionario del gobierno, Bogotá, 27 de julio de 2017; alto diplomático, Bogotá, 25 de agosto de 2017. Pastor Alape, “FARC perspective on reincorporation”, discurso pronunciado en “La Vida Después de las Armas” conferencia de Crisis Group, Bogotá, 29 de junio de 2017.

La reincorporación de las Farc va a paso de tortuga “, Semana, 12 de agosto de 2017.Hide Footnote, Las diferencias entre las FARC y el gobierno en torno la viabilidad de dichos proyectos han dificultado seriamente el progreso. El Consejo Nacional de Reincorporación creado por el acuerdo de paz, que incluye a representantes de las FARC y del gobierno, no ha sido capaz hasta la fecha de diseñar un plan general de reincorporación para las FARC Bajo el acuerdo de paz, una cooperativa conocida como Ecomun manejará a la larga los proyectos de reincorporación.Hide Footnote,

El nombramiento de María Lorena Gutiérrez, una estrecha aliada de Santos, para coordinar el Consejo podría darle un nuevo impulso. Pero resultará difícil superar las diferencias entre la guerrilla, que está políticamente comprometida con los proyectos colaborativos, y los funcionarios del gobierno, que siguen siendo muy escépticos.

  1. A menos que lleguen a un acuerdo, los esfuerzos de reintegración podrían seguir limitándose a proyectos de desarrollo y educativos ad hoc, incluida la alfabetización, y el pago de prestaciones mensuales.
  2. Mantener a los excombatientes de las FARC en sus antiguos campamentos a fin de preservar la cohesión necesaria para la reintegración colectiva será un desafío en estas circunstancias.

Los comandantes de rango medio, con experiencia en el control del territorio y el narcotráfico, así como ciertos soldados rasos de las FARC, podrían abandonar la organización por completo. Supuestamente, algunos miembros de las FARC ya han abandonado los campamentos, frustrados por las demoras en formular el plan de reincorporación.

  • Muchos estarán tentados a unirse a los restantes disidentes de las FARC, el ELN o el EPL a menos que los excombatientes puedan poner la vista en algún medio de vida alternativo en el futuro Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Bogotá, 27 de julio de 2017.
  • Eduardo Álvarez Vanegas, “Y después de ‘Cadete’ ¿qué?”, op.

cit.Hide Footnote, Los enfoques diferenciales por género, rango y etnia podrían hacer que la reincorporación resulte más atractiva, dada la composición interna de las FARC ” Caracterización comunidad FARC-EP: Resultados generales “, Universidad Nacional de Colombia, op.

cit.Hide Footnote, Asimismo, los líderes de las FARC deberían seguir intentando convencer a los disidentes de que vuelvan a sumarse al proceso de paz, y a la vez informar al Estado sobre aquellos que rechacen la oferta Tras entregarse, a alias Mojoso se le permitió volver a unirse a las FARC. ” Alexander Mojoso ex-comandante del 14 Frente, retorna a las FARC-EP “, op.

cit. Las FARC también proporcionaron información sobre una facción disidente del Frente 29, lo que resultó en 5 arrestos. ” Detienen a cinco disidentes de las Farc en Nariño “, El Espectador, 25 de julio de 2017. Hay informes de reuniones entre frentes de las FARC y disidentes en los que cada lado acordó respetar la posición del otro.

Entrevistas de Crisis Group, activistas de los derechos humanos, San José del Guaviare y Bogotá, 3 de abril y 7 de septiembre de 2017; representante de organización internacional, Bogotá, 6 de junio de 2017.Hide Footnote, También es fundamental que haya otros planes similares para desmovilizar a los demás grupos armados de Colombia.

El líder de los Gaitanistas, Otoniel, afirmó recientemente que sus fuerzas estarían dispuestas a entregarse al sistema judicial, si bien exigió ciertas garantías de clemencia ” La historia detrás del sometimiento del Clan del Golfo “, Semana, 9 de septiembre de 2017.Hide Footnote,

Pero el proceso no es nada simple. Tampoco está claro hasta qué punto Otoniel controla la organización, dadas las divisiones internas y el uso tanto de combatientes uniformados como de bandas subcontratadas por parte de los Gaitanistas. El proceso además tendría que complementarse con una estrategia para garantizar que el territorio y las actividades ilegales de los Gaitanistas no sean ocupados por otros actores armados.

A fin de acelerar el proceso, el gobierno colombiano debería aprobar por la vía rápida una ley que detalle lo que pueden esperar estos actores armados si se entregan al sistema judicial. Dado que los Gaitanistas se consideran partes en un conflicto armado interno, compromisos similares a aquellos empleados en los procesos de justicia transicional y restaurativa serían adecuados, por ejemplo la reducción de las penas a cambio de la entrega de bienes obtenidos de manera ilícita, información sobre el narcotráfico y el compromiso de decir la verdad y reparar a las víctimas del grupo.

Nada de esto significaría otorgar estatus político a los Gaitanistas ” Gobierno estudiaría la no extradición de jefes del ‘clan Úsuga’ “, El Tiempo, 9 de septiembre de 2017.Hide Footnote, El caso del EPL es diferente. Dada su ideología política y su reputación local como una organización guerrillera, no es de esperar que se someta al sistema judicial colombiano.

Se deberían considerar las iniciativas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de segunda generación, como los programas de armas por desarrollo. Plantear al EPL una propuesta de que se desarmen, digan la verdad, enfrenten un castigo judicial reducido y contribuyan a reparar a las víctimas a cambio de iniciativas de desarrollo económico y político en Catatumbo, pondría al grupo bajo presión para demostrar que no es solo una organización narcotraficante.

El gobierno además evitaría las negociaciones políticas directas; ha afirmado categóricamente que no llevará a cabo un proceso de paz como el de las FARC con el EPL ni con los Gaitanistas Para DDR de segunda generación, véase ” Second generation disarmament, demobilization and reintegration (DDR) practices in peace operations “, Naciones Unidas, 10 de enero de 2010.Hide Footnote,

Entender cómo interactúan estos grupos con las comunidades podría fortalecer los planes asegurando que llenen cualquier potencial vacío de poder económico y político local. Como regla general, el gobierno debería basar dichas estrategias en la identidad de cada grupo armado, el territorio donde opera, su relación con las comunidades locales, y la cohesión interna.

Centrarse en la identidad y huella territorial de los grupos armados permitiría al gobierno ofrecer incentivos a la medida de cada grupo, tales como iniciativas específicas en áreas en las que opera el grupo. Entender cómo interactúan estos grupos con las comunidades podría fortalecer los planes asegurando que llenen cualquier potencial vacío de poder económico y político local.

Finalmente, asegurar que los planes se adapten al nivel de cohesión interna de cada grupo puede ayudar a fijar expectativas más realistas acerca de los posibles beneficios en materia de seguridad de la iniciativa de someterse a la justicia. La lucha de Colombia contra las economías ilegales es esencial para su estabilidad.

  1. El éxito o fracaso de los esfuerzos para combatir tanto la producción de coca como la minería ilegal, por tanto, tendrán importantes repercusiones para la seguridad.
  2. En principio, ambos deberían permitir a las poblaciones locales pasar de las actividades ilegales protegidas por actores armados no estatales al trabajo legal y aumentar su dependencia del Estado.

El gobierno colombiano pretende sustituir 50.000 hectáreas de coca por cultivos legales este año. Bajo el intenso escrutinio de la oposición política y el gobierno de EE.UU., que ha amenazado con descertificar a Colombia por no combatir el suministro de drogas, el gobierno ha prometido además erradicar por la fuerza otras 50.000 hectáreas ” Presidential Memorandum for the Secretary of State “, 13 de septiembre de 2017.

Las consecuencias de las descertificación varían, pero en general incluyen la retirada de casi toda la ayuda exterior de EE.UU. al país.Hide Footnote, En agosto de 2017, hablando junto al vicepresidente estadounidense Mike Pence, el presidente Santos afirmó que 27.000 hectáreas habían sido erradicadas por la fuerza desde enero y 12.000 hectáreas eliminadas mediante la sustitución voluntaria de cultivos.

El programa de sustitución de cultivos ofrece a los agricultores que cultivan coca, marihuana o amapola acuerdos voluntarios de dos años. Los firmantes recibirán alrededor de $12.000 para cubrir sus necesidades inmediatas, así como apoyo técnico para proyectos agrícolas a largo plazo e iniciativas a corto plazo si arrancan sus cultivos ilegales entre el primer y el segundo pago.

Los funcionarios están presionando para aumentar el número de familias que reciben pagos a fin de alcanzar las metas de erradicación de coca antes del final de 2017 ” Declaración del Presidente Juan Manuel Santos al término de su encuentro con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence “, Cancillería de Colombia, 13 de agosto de 2017.

Entrevistas de Crisis Group, experto en relaciones entre EE.UU. y Colombia, Washington D.C., 11 de agosto de 2017; experto en sustitución de cultivos, Bogotá, 17 de agosto de 2017.Hide Footnote, Pero el programa se enfrenta a varios obstáculos. Primero, hay un desajuste entre el corto plazo para la reducción de los cultivos de coca y el plazo más largo que se necesita para la reforma rural.

El acuerdo de paz estipula que el éxito del programa de sustitución de cultivos de coca de dos años depende en parte de un plan de reforma de diez a quince años destinado a transformar la economía rural de Colombia, especialmente iniciativas para mejorar la infraestructura, asegurar el acceso a los mercados y brindar mejores servicios Dicho esto, el plan “50 por 51” del gobierno busca mejorar las condiciones de las carreteras a lo largo de 50 kilómetros en 51 municipios durante 2017 y 2018.Hide Footnote,

Los agricultores insatisfechos podrían volver a cultivar coca antes de que se materialicen estos cambios. El gobierno elegido en 2018 podría enfrentarse a ex cultivadores de coca frustrados, y simplemente optar por cortar el suministro financiero y político al programa de sustitució Entrevistas de Crisis Group, expertos en cultivo de coca, Cúcuta y Bogotá, 14 y 17 de agosto de 2017.Hide Footnote,

Crisis Group interviews, coca cultivation experts, Cúcuta and Bogotá, 14 and 17 August 2017.Hide Footnote Segundo, la implementación del programa ha generado fuertes tensiones en las áreas donde se cultiva la coca. La deficiente coordinación entre la erradicación forzada y las iniciativas de sustitución ha derivado en conflictos entre las fuerzas del Estado, que afirman estar erradicando cultivos a escala industrial que no cumplen con los requisitos de los programas de sustitución, y las comunidades que afirman que los cultivos pertenecen a pequeños agricultores que han expresado su interés en participar en la sustitución de coca.

Recientemente ocurrió un nefasto incidente en la zona rural de Tumaco, donde se reportó que las fuerzas de seguridad mataron a entre seis y catorce cultivadores de coca e hirieron a docenas más durante un ejercicio de erradicación Se informó que los cultivadores de coca en la región afectada habían solicitado participar en el programa de sustitución, pero sin éxito.

La policía argumentó que disidentes de las FARC participaban en la defensa de los cocaleros. ” Un problema duro de erradicar “, El Espectador, 8 de octubre de 2017.Hide Footnote, Todavía no existen criterios claros para distinguir entre los dos tipos de cultivos de coca, aunque un comité del gobierno en el que participan varios organismos estatales ha estado trabajando en el tema Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del gobierno, Bogotá, 28 de abril y 17 de agosto de 2017; representante de organización internacional, San José del Guaviare, 3 de abril de 2017; cultivadores de coca, San José del Guaviare, 3 de abril de 2017; experto en narcotráfico, 17 de agosto de 2017.Hide Footnote,

Tercero, la erradicación de coca en áreas controladas por grupos armados podría fortalecerlos políticamente. La eliminación forzosa podría corroborar su discurso antigobierno, alentando a los cultivadores de coca a buscar su protección. En Meta y Guaviare, donde operan los frentes disidentes Primero y Séptimo, algunos cultivadores de coca cuyos cultivos han sido destruidos o se encuentran bajo amenaza de erradicación han reaccionado precisamente de esta manera Entrevistas de Crisis Group, líder comunitario, San José del Guaviare y El Retorno, 3 de abril y 2 de septiembre de 2017; activista de los derechos humanos, Bogotá, 7 de septiembre de 2017.Hide Footnote,

Los grupos armados también han presionado a los líderes locales para que se opongan a la sustitución de cultivos, en ocasiones amenazando con represalias. En Catatumbo y Tumaco, por ejemplo, algunos grupos armados han amenazado a comunidades enteras Entrevistas de Crisis Group, líder comunitario, Tumaco, 10 de mayo de 2017; experto en cultivo de coca, Cúcuta, 14 de agosto de 2017.Hide Footnote,

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Mientras tanto, las FARC están usando su rol como copatrocinadores del programa para desarrollar políticas clientelistas, prometiendo beneficios en la sustitución de cultivos a cambio de unirse a sus organizaciones locales preferidas Entrevistas de Crisis Group, líderes comunitarios, Puerto Asís, 27 de febrero de 2017; representante de la comunidad internacional, Valle del Guamuéz, 2 de marzo de 2017; líder comunitario, Tumaco, 15 de mayo de 2017; líderes comunitarios, San José del Guaviare, 3 de abril de 2017; Miraflores, Guaviare, 6 de abril de 2017.

La política detrás de la sustitución de cultivos “, La Silla Vacía, 18 de junio de 2017.Hide Footnote, Por último, las restricciones financieras podrían limitar el programa. El gobierno estima que 170.000 familias podrían firmar acuerdos de sustitución, lo que significaría el desembolso de unos $2.000 millones a lo largo de dos años.

Muy poco de ese dinero está disponible bajo los actuales presupuestos. La comunidad internacional tampoco ha proporcionado apoyo financiero, o bien porque no considera que sea una prioridad, o debido a restricciones legales a la entrega de dinero a agricultores que aún poseen coca, o por preocupación por que los recursos puedan terminar en manos de las FARC ” Consumo en EE.UU.

También llevó al alza de cultivos de coca”, Semana, 15 de junio de 2017. Entrevista de Crisis Group, experto en sustitución de cultivos, Bogotá, 17 de agosto de 2017.Hide Footnote, El éxito de Colombia en incautar una cantidad record de cocaína en 2016 debería al menos ayudar a convencer a la comunidad internacional, sobre todo EE.UU., de que sean pacientes y permitan que el programa de sustitución de cultivos de coca genere resultados a largo plazo en las zonas rurales En 2016, Colombia informó haber incautado una cantidad récord de 300 toneladas métricas de cocaína.

Qué porcentaje del total de cultivos representa esto es objeto de discusión. Véase Mimi Yagoub, “Challenging the Cocaine Figures, Part II: Colombia”, Insight Crime, 17 de noviembre de 2016.Hide Footnote, En particular, los donantes deberían buscar formas de financiar los proyectos de ayuda técnica que apoyan los objetivos de desarrollo tras el conflicto en zonas rurales; esto les permitiría evitar contribuir a los pagos directos a ex cultivadores de coca ” Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016 “, op.

  1. Cit., p.11.
  2. Costa Rica Officials Warn of Growing Maritime Drug Trade Amid Cocaine Surge “, Insight Crime, 16 de mayo de 2017.
  3. Daniel Rico, Juan Carlos Garzón y Julián Wilches, “Cómo afectar el narcotráfico sin concentrarse en la mata de coca”, La Silla Vacía, 6 de marzo de 2017.
  4. Entrevista de Crisis Group, oficial de la armada, Bogotá, 18 de julio de 2017; experto en narcotráfico, Bogotá, 17 de agosto de 2017.Hide Footnote,

A pesar de estos desafíos, la sustitución de cultivos de coca está avanzando. En agosto, unas 3.500 familias habían recibido su primer subsidio mensual, y el gobierno está buscando aumentar estos números rápidamente. Medidas adicionales como proporcionar títulos de propiedad de la tierra a los cultivadores de coca, podrían ayudar a transformar la forma en que los agricultores ven a su propiedad y su lugar en la sociedad Entrevistas de Crisis Group, expertos en cultivo de coca, Cúcuta y Bogotá, 14 y 17 de agosto de 2017.Hide Footnote,

Pero para lograr estos objetivos, el gobierno en su conjunto debe asumir un compromiso firme y duradero con metas que vayan más allá de la reducción inmediata de los cultivos – incluida la reforma rural más amplia – y lograr un mayor apoyo internacional por el proceso. La lucha contra la minería ilegal presenta un conjunto diferente de problemas.

Liderada por la fuerza policial rural, DICAR, y su unidad de minería ilegal, que cuenta con 450 integrantes, la campaña depende de la cooperación con otros organismos gubernamentales, incluida la Brigada contra la Minería Ilegal del ejército. Las autoridades civiles tienen que estar presentes cada vez que la policía destruye maquinaria de minería ilegal Entrevista de Crisis Group, funcionario de la DICAR, Bogotá, 26 de abril de 2017.

” Normatividad General Para El Control a La Explotación Ilícita De Minerales “, Ministerio de Minas y Energía, abril de 2017. ” Decreto Número 2235 de 2012 “, Ministerio de Defensa, 30 de octubre de 2012.Hide Footnote, Hay varias propuestas para otorgar a las autoridades poderes más amplios para acusar y penalizar a quienes participan en la minería criminal, ya sea directamente o, por ejemplo, arrendando tierras para tales fines.

Las estadísticas demuestran que la policía está realizando más detenciones en relación con la minería ilegal y destruyendo más maquinaria. Pero la otra cara de la moneda es que las comunidades que dependen de las minas ilegales podrían verse aún más desvinculadas del Estado y recurrir a los grupos armados para su protección.

Para evitar que esto suceda, el gobierno debería acelerar el actual proceso de registro y formalización de los mineros a pequeña escala, lo que debería protegerlos de las acciones del Estado contra la minería criminal y socavar la habilidad de los actores ilegales de usar a mineros informales como medio para el lavado de dinero Véanse los proyectos de ley: 169 de 2016 (Senado), 137 de 2016 (Senado), y 111 de 2016 (Cámara).

Estos dos últimos han recibido fuertes críticas por parte del Consejo Superior de Política Criminal. Estudio a los proyectos de ley no.111 de 2016 (Cámara) and y no.137 de 2016 (Senado), Consejo Superior de Política Criminal, 6 de octubre de 2016. ” Logros de la Política de Defensa y Seguridad Todos por un Nuevo País “, Ministerio de Defensa, julio de 2017, pp.60-63.

  • Entrevista de Crisis Group, funcionario de la DICAR, Bogotá, 26 de abril de 2017.Hide Footnote,
  • Asimismo, las autoridades locales son responsables de tomar ciertas medidas punitivas contra la minería ilegal.
  • Sin embargo, en muchos casos no cuentan con los recursos o la voluntad política para hacerlo, a menudo debido a la corrupción “Corrupción: la aliada de la minería ilegal”, El Espectador, 17 de febrero de 2017.Hide Footnote,

A fin de presionar a las autoridades regionales y locales, la Corte Constitucional obligó recientemente al gobierno a definir su estrategia contra la minería ilegal de oro en el Chocó; llama a diferentes instituciones gubernamentales a crear un “plan para otorgar a las entidades regionales suficientes herramientas, en términos de capacidad institucional, recursos financieros y personal” para combatir la minería ilegal ” Sentencia T-622/16 “, Corte Constitucional de Colombia, 10 de noviembre de 2016.Hide Footnote,

  1. Si el plan del Chocó da resultado, debería ser estudiado y ajustado para su aplicación en otros lugares.
  2. Para los grupos armados de Colombia, la resolución de disputas a nivel local es uno de los medios más eficaces de lograr el apoyo de la comunidad y legitimidad.
  3. Todos los grupos examinados en este informe resuelven disputas en los territorios que controlan, si bien en general lo hacen con un estilo de justicia sumamente autoritario Trabajo de campo de Crisis Group, Barranquillita, Miraflores, Guaviare, 6 de abril de 2017.

Entrevistas de Crisis Group, residente local, El Retorno, Guaviare, 10 de abril de 2017; activista de los derechos humanos y representante de organización internacional, Quidbó, 29 de agosto de 2017. Aguilera Peña, Mario. Contrapoder y justicia guerrillera, fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952-2003) (Bogotá, 2014).Hide Footnote,

Para adquirir legitimidad a nivel local, el Estado debe ofrecer o mejorar sus propios mecanismos. El acceso local a los mecanismos judiciales estatales es insuficiente, y en algunas áreas inexistente. En 2014, el Ministerio Público solo tenía oficinas en 453 municipios (de 1.101); la mayoría están en centros urbanos de difícil acceso para los pobladores rurales.

Se necesitan alternativas al sistema de tribunales, y en algunos lugares ya existen modelos. En unos 90 municipios, 108 Casas de Justicia reúnen organismos nacionales y locales, así como actores judiciales formales e informales, para ofrecer servicios e información.

Estas Casas de Justicia fomentan “mecanismos alternativos de resolución de conflictos”, aunque sus esfuerzos se ven debilitados por la incertidumbre del financiamiento local y la falta de coordinación entre las instituciones nacionales involucradas Mauricio Vargas, José Rafael Espinosa Restrepo, Sebastián Lalinde Ordóñez, Lina Arroyave Velásquez, y Carolina Villadiego Burbando, Casas de justicia: Una buena idea mal administrada, Dejusticia (Bogotá, 2015).

Entrevistas de Crisis Group, expertos judiciales, Bogotá, 25 de mayo y 12 de julio de 2017. ” Responsabilidades “, Ministerio de Justicia: Casas de Justicia, n.d.Hide Footnote, También se emplea en todo el país un proceso conocido como “conciliación”, el cual permite a las partes resolver pequeños problemas sin necesidad de un proceso judicial formal Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Bogotá, 14 de julio de 2017.Hide Footnote,

Una vez que se llega a un acuerdo, conciliadores capacitados redactan un acto jurídico vinculante con compromisos de ambas partes. Los inspectores de policía también pueden mediar, a menudo son respetados por los vecinos, y en algunos casos pueden tomar medidas punitivas Entrevistas de Crisis Group, líderes comunitarios, Tumaco, 12, 17, 18 de mayo de 2017; mediador, funcionario del gobierno y funcionario de la iglesia, Tibú, 15 de agosto de 2017.

El mandato de los inspectores de policía está definido en varias leyes y decretos, el más reciente de los cuales es el nuevo Código de Policía. ” Ley 1801 de 2016 “, Congreso de Colombia, 29 de julio de 2016.Hide Footnote, Algunos acuerdos alcanzados mediante la conciliación tienen problemas de implementación en áreas afectadas por el conflicto porque no hay ningún organismo estatal que pueda rápidamente obligar a las partes a cumplirlo.

  • Si alguien no cumple sus compromisos, el caso puede ser enviado al sistema judicial formal, donde la ejecución tiende a ser excepcionalmente lenta.
  • Si bien la policía ha puesto en marcha un programa de mediación en doce grandes ciudades, su capacidad de convencer a las personas de que cumplan sus compromisos podría no extenderse a las áreas afectadas por el conflicto, donde en muchos casos la fuerza carece de legitimidad Entrevistas de Crisis Group, líderes comunitarios, Tumaco, 12, 15, 16, 17, 18 de mayo de 2017; conciliador, Tibú, 15 de agosto de 2017; expertos en el sistema judicial, Bogotá, 25 de mayo y 12 de julio de 2017.

” Sedes de los Centros de Conciliación y Mediación de la Policía Nacional “, Policía Nacional, n.d.Hide Footnote, En Tibú, Norte de Santander, tan solo uno de los 92 líderes comunitarios capacitados como conciliadores en 2005 sigue trabajando, y depende de los ingresos de otros trabajos para llegar a fin de mes.

Esta situación se repite a lo largo de gran parte de la periferia rural de Colombia Entrevistas de Crisis Group, líderes comunitarios, Tumaco, 12, 17, 18 de mayo de 2017; conciliador, funcionario del gobierno y funcionario de la iglesia, Tibú, 15 de agosto de 2017; representantes de organizaciones internacionales, Cúcuta, 14 de agosto de 2017 y Quibdó, 29 de agosto de 2017.Hide Footnote,

Una mejor capacitación e incentivos económicos como becas, subsidios para el transporte o mejoras en la vivienda, podrían ayudar. Pero para que esto suceda, los funcionarios del gobierno tendrán que empezar a tratar a los conciliadores no solo como un mecanismo para ahorrar dinero que puede aliviar la presión sobre el sistema de justicia formal, sino como un modelo para satisfacer las demandas de la comunidad allí donde el Estado es débil Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Bogotá, 23 de agosto de 2017.

  1. DNP, Análisis Conceptual del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia en sus 25 años: Construyendo diálogo y paz para el futuro (Bogotá, 2015).Hide Footnote,
  2. Crisis Group interview, government official, Bogotá, 23 August 2017.
  3. DNP, Análisis Conceptual del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia en sus 25 años: Construyendo diálogo y paz para el futuro, (Bogotá, 2015).Hide Footnote Las negociaciones entre el gobierno y el ELN en Quito se han sumido en la desconfianza mutua, la violencia constante y la desunión dentro del movimiento guerrillero.

La agenda está mal definida, pese a la presión para alcanzar un acuerdo antes de las elecciones de 2018, ya que no hay ninguna garantía de que el próximo presidente continuará el diálogo. No obstante, las negociaciones recibieron un impulso cuando ambas partes llegaron a un acuerdo sobre un cese al fuego temporal, que comenzó el 1 de octubre y durará hasta el 9 de enero, y será verificado por la segunda Misión de la ONU Bajo los términos del cese al fuego, el ELN deberá poner fin a los secuestros, los atentados contra la infraestructura, incluidos los oleoductos, el reclutamiento de niños y el uso de minas antipersonal.

El gobierno fortalecerá las medidas para proteger a los líderes sociales, llevará a cabo un programa humanitario con miembros del ELN encarcelados, acelerará la aplicación de nuevas leyes sobre protestas, y mantendrá reuniones con líderes de la sociedad civil vinculados con el proceso de paz con el ELN.

” Acuerdo y comunicado sobre el cese al fuego bilateral y temporal entre el Gobierno y el ELN “, gobierno de Colombia, 4 de septiembre de 2017. Aparentemente también existe un documento privado, de carácter más técnico, que recoge los compromisos militares concretos.Hide Footnote,

Las negociaciones de paz con el ELN se enfrentan a los mismos desafíos que las de las FARC: deben avanzar lo suficiente para hacer que el costo de alterar el rumbo en 2018 sea prohibitivo. Esto significa reducir la intensidad del conflicto y poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario.

El cese al fuego, si bien provisional, es un paso importante en esta dirección; ahora es necesario llegar a un acuerdo sobre el punto 5.f relativo a las “acciones y dinámicas humanitarias”, que busca reducir la intensidad del conflicto y su efecto sobre las víctimas a largo plazo.

Prorrogar el cese al fuego y avanzar en las cuestiones humanitarias antes de las próximas elecciones al Congreso en marzo de 2018 podría brindar incentivos políticos para continuar las negociaciones, y ayudar a persuadir al público de que apoye unas nuevas negociaciones. El cese al fuego será más difícil de garantizar en las áreas en las que el ELN se encuentra en conflicto abierto con otros grupos armados, como el Chocó y Nariño.

Las reacciones violentas del ELN contra otros actores armados podrían no violar el cese al fuego, pero generarían desconfianza contra el ELN entre la población urbana de Colombia. El liderazgo del ELN afirma que mantendrá discusiones internas para explicar el cese al fuego, pero su estructura federal y alto nivel de autonomía interna podrían limitar el efecto de estas charlas ” Eln hará pedagogía sobre el cese en todos sus frentes’: Restrepo “, El Espectador, 5 de septiembre de 2017.

  1. El ELN ha justificado el secuestro de forasteros, por ejemplo, como necesario para proteger a las comunidades en las que opera el grupo, con el falso argumento de que forma parte de su cumplimiento del derecho internacional humanitario.
  2. Comunicación electrónica de Crisis Group con Radio Nacional – Patria Libre, 20 de junio de 2017.Hide Footnote,

Es fundamental que el Frente de Guerra Occidental, con sede en el Chocó, honre su compromiso de enviar un representante a la mesa de negociaciones durante la implementación del cese al fuego; esto aumentaría la probabilidad de que mantenga la conformidad pese al conflicto con los Gaitanistas.

Es solo recientemente que la comunidad internacional ha comenzado a centrarse en abordar los desafíos en materia de seguridad que aún enfrenta Colombia, aunque las organizaciones internacionales ya han desempeñado un papel fundamental en el proceso de paz. La misión de la ONU es especialmente importante, ya que es el principal actor político encargado de verificar y monitorear los avances en materia de seguridad en las comunidades en situación de post-conflicto Entrevistas de Crisis Group, altos diplomáticos, Bogotá, 18 y 25 de agosto de 2017.

” United Nations Security Council Resolution 2366 (2017) “, UN, 10 de julio de 2017.Hide Footnote, Si bien la misión de la ONU corre el riesgo de ser expuesta a presiones políticas internas y externas en relación con sus informes sobre las condiciones de seguridad, debe seguir brindando al gobierno y al público colombianos una evaluación franca y basada en evidencia de la realidad sobre el terreno.

La desmovilización paramilitar de 2003-2006 demostró que las organizaciones internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pueden ayudar a fomentar un debate honesto sobre estas cuestiones y presionar al gobierno para que reconozca la verdadera dimensión de las amenazas a la seguridad, tal y como lo hicieron hace una década cuando informaron públicamente sobre la presencia y crecimiento de los grupos armados que surgieron tras la desmovilización ” La nueva guerra de Uribe “, Semana, 16 de marzo de 2009.Hide Footnote,

Gracias a su fuerte presencia en las zonas periféricas de Colombia, estas organizaciones pueden volver a hacer lo mismo, a la vez que apoyan la misión de la ONU mediante el intercambio de información. La comunidad internacional brilla por su ausencia en el área de la sustitución de cultivos de coca Entrevistas de Crisis Group, altos diplomáticos, Bogotá, 11 y 25 de agosto de 2017.Hide Footnote,

Si bien la cuestión es política y legalmente problemática para algunos actores internacionales, todos están de acuerdo en que un alto nivel de producción de coca dificulta la consolidación de la paz. Asimismo, desde principios de la década del 2000, muchos actores internacionales han impulsado un enfoque basado en el desarrollo hacia el cultivo de coca, lo cual es en esencia lo que plantean el acuerdo de paz y el programa de sustitución de cultivos.

Como se observó anteriormente, el programa carece de financiación suficiente y se beneficiaría de ayuda económica para ayudar a los cultivadores de coca a participar en proyectos productivos, recibir apoyo técnico e implementar proyectos de seguridad alimentaria en los hogares.

Colombia ha avanzado en materia de seguridad desde que las FARC agruparon a sus combatientes y comenzaron a entregar las armas. Sin embargo, estas mejoras no han sido uniformes ni estables. En algunas regiones afectadas por el conflicto, poco ha cambiado. La polarización política en torno a los méritos del acuerdo de paz, junto con la presión sobre el gobierno para difundir resultados constantemente positivos, ha socavado la cobertura imparcial de las nuevas amenazas en materia de seguridad, dentro de la sociedad colombiana y al interior del gobierno.

No obstante, ahora hay pruebas de que grupos disidentes de las FARC, grupos del crimen organizado de varias magnitudes y el ELN aún controlan territorios, o están intentando hacerlo frente a la resistencia parcial del Estado. Aun así, la respuesta del Estado está cobrando forma.

  1. El Ministerio de Defensa ha elaborado sofisticados planes para ocupar el territorio desalojado por las FARC y combatir el crimen organizado, aunque están avanzando más lentamente de lo anticipado y deseado.
  2. Acelerar la implementación de estos planes, adaptándolos a los desafíos concretos planteados por cada territorio y grupo armado, ayudará a garantizar que otras partes del acuerdo de paz, en especial la sustitución de cultivos de coca, los programas de desarrollo rural y la reincorporación de combatientes de las FARC, puedan llevarse adelante en condiciones más pacíficas.

Esto es fundamental para asegurar que el gobierno elegido en 2018 siga honrando el acuerdo. La seguridad, no obstante, no es solo producto de la coerción del Estado. El gobierno colombiano está inmerso en una lucha por el control del territorio, especialmente las zonas fronterizas y los deltas fluviales.

  • Se ve continuamente obstaculizado por los enormes incentivos monetarios de las actividades económicas ilegales y las dificultades de frenar la corrupción.
  • Los grupos armados prosperan allí donde pueden afirmar que brindan protección y justicia a las comunidades; tienden a encontrar sus socios y sujetos más voluntariosos en áreas donde los vecinos temen al Estado y dependen de las actividades económicas ilícitas para su subsistencia.

A medida que el gobierno busca expandir su control, tendrá que centrarse no solo en el uso de medidas de coerción, sino en brindar protección a las comunidades, sustituyendo las economías ilícitas por medios alternativos de desarrollo y resolución de conflictos.

¿Cuántos y cuáles grupos armados han existido en Colombia?

1. Conflicto armado: – Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el país Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional y Ejército Popular de Liberación tuvieron su origen en la década de los años sesenta.

Su antecedente más inmediato, las guerrillas liberales surgidas come reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-1953), que incluyó el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán (abril 9/48), hecho que dio origen a una revuelta popular que se conoce como “El Bogotazo” y a un largo periodo de violencia liberal-conservadora que dejó un saldo trágico de cerca de 300 mil muertos.

Luego de un periodo de dictadura militar (1953-1957), los partidos Liberal y Conservador pactaron el llamado Frente Nacional, que inició un nuevo periodo de acuerdo político entre los partidos tradicionales, que les permitió alternarse el ejercicio del Gobierno durante 16 años.

Otras fuerzas políticas fueron entonces excluidas de la contienda política. Las FARC tuvieron su origen en 1964, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años setenta construyeron una estrategia política global frente al Estado colombiano.

En la actualidad está formada por cerca de 10 mil combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. La UC-ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander, como un proceso de radicalización de algunos sectores del Movimiento Revolucionario Liberal -MRL- que lideró Alfonso López Michelsen a finales de la década de los cincuentas, planteándose la toma del poder por las armas.

Se calcula que cuenta con unos 5 mil combatientes, organizados en 30 frentes. Una fracción de la UC-ELN, denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994 un acuerdo de desmovilización con el gobierno de César Gaviria. El EPL tuvo origen en 1968, localizado en la región occidental de la Costa Atlántica, expandiendo luego su acción hacia otras regiones, teniendo particular incidencia en la zona bananera de Urabá, donde el auge de las exportaciones de la fruta creó un fuerte conflicto social.

Una fracción considerable del EPL firmó un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria en marzo de 1991, y se convirtió en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Otros grupos guerrilleros, surgidos en las décadas de los 70 y 80, firmaron acuerdos de paz con los gobiernos Barco y Gaviria, para convertirse en movimientos o partidos politices.

Son éstos, el Movimiento 19 de Abril -Ml9-, el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT- y el Movimiento Quintín Lame. Las FARC, la UC-ELN y el EPL, no obstante sus diferencias de trayectoria, políticas e ideológicas, conforman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Ante el surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares urbanos, el Estado colombiano desarrolló desde los años sesenta, una estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la llamada “doctrina de la seguridad nacional”, que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con un saldo de graves violaciones a los derechos humanos.

No obstante que la pretensión aparente de la política contrainsurgente era la derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados.

Los propios grupos guerrilleros, si bien han sufrido serias derrotas militares, en la última década han aumentado su poder militar, hasta el punto que desde comienzos de los años ochentas se ha planteado por diferentes analistas, y por los propios actores del Conflicto armado -Gobierno y Guerrilla-, la imposibilidad de un triunfo militar de alguna de las partes, lo que invalida la salida militar.

Más de diez años de conversaciones de paz entre los sucesivos gobiernos y los grupos guerrilleros han dado lugar a algunos acuerdos de desmovilización, ya enunciados, pero no han logrado la firma de un acuerdo de paz global con las organizaciones guerrilleras más antiguas y con mayor capacidad militar.

Quizás el hecho de que los Gobiernos hayan considerado las negociaciones con los grupos guerrilleros como acuerdos de desmovilización, sin atender a la búsqueda de la solución de las causas originarias del levantamiento en armas, explique los precarios alcances de las políticas de paz hasta ahora aplicadas.

El Gobierno del presidente Samper, aparentemente con mayor realismo político que sus antecesores, ha iniciado el diseño de una nueva política de paz, cuya principal virtud parece ser el reconocimiento de que ninguna de las partes en el conflicto está en posibilidad de imponer condiciones a la otra, que por tanto los diálogos deben iniciarse para acordar una agenda en la que en principio no hay temas vedados, y que los diálogos se realizarán en medio del Conflicto.

  • El proceso de solución politiza al conflicto armado deberá partir del compromiso y de las acciones Concretas para dar solución al Conflicto social que subyace a aquél.
  • Esa es la aspiración que expresan crecientemente diversos sectores de la sociedad colombiana, que reclaman la urgente necesidad de solución a un conflicto armado de tan profundas raíces y de mas de tres décadas, y que ha terminado por degradarse, lo que reclama un acuerdo urgente de humanización.

En efecto, de una parte, la estrategia estatal contrainsurgente de “quitarle el agua al pez”, no ha reconocido limites a los objetivos y a los medios empleados para la guerra, afectando a la población civil y dando lugar a crímenes de tesa humanidad, cometidos en muchas ocasiones con particular sevicia.

¿Cuánto dinero tiene el Clan del Golfo?

Cuando Es El Paro Nacional En Colombia 2023 Foto: captura de pantalla Policía Nacional. En la mañana de este domingo, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) confirmó a través de su cuenta de Twitter la extinción de dominio de 652 bienes pertenecientes a la organización criminal del Clan del Golfo, Según las autoridades, “provienen de actividades de narcotráfico ” y están vinculados con la Oficina de Envigado, Cuando Es El Paro Nacional En Colombia 2023 Te puede interesar: Otoniel pasará el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos: deberá pagar 45 años de prisión “Las propiedades avaluadas en más de $50 mil millones están ubicados en Bogotá, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Casanare, y harían parte del patrimonio ilícito del Clan del Golfo en asocio con la Oficina de Envigado, así como de alias El Tuzo, y alias Pipon, narcotraficantes que ya fueron extraditados a Estados Unidos”, detalló la institución en un comunicado.

En el operativo participó la DIJIN, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA). Se trataría de uno de los golpes más fuertes propiciados a la organización criminal. Te puede interesar: Comunidad en Venecia denuncia la presencia del Clan del Golfo en la localidad de Tunjuelito en Bogotá Según la Policía Nacional, la investigación duró 12 meses, tiempo en el que se logró establecer que los bienes “pertenecían a un testaferro que estaba al servicio de alias El Indio”, un cabecilla que fue neutralizado en 2018, y otros narcotraficantes que se encargaban de coordinar el envío de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos.

” Dada la facilidad para comprar ganado bovino y equino, estas personas efectuaban inyección de capitales de orígenes ilícitos producto del narcotráfico, siendo este el modus operandi de la organización para adquirir y tratar de justificar ingresos económicos con los que adquirían otras propiedades, generando con ello mezcla de dineros lícitos con ilícitos”, indicó la DIJIN.

Te puede interesar: Desmantelan laboratorio usado para el procesamiento de estupefacientes en Norte de Santander La organización había “constituido varias sociedades comerciales” compuestas por representantes comerciales o propietarios que no tenían la capacidad económica para generar los aportes de capital, pero al ser constituidas las utilizaban para hacer operaciones de compra y venta de bienes, valiéndose de familiares o personas cercanas.

“Los análisis financieros y contables forenses demostraron que los propietarios de estos bienes no contaban con la capacidad económica para su adquisición; así mismo, se determinó que su patrimonio se había incrementado injustificadamente en más de $6.000 millones en apenas cuatro años “, detalló la DIJIN.

  • Siguen los golpes en contra del Clan del Golfo Este 31 de julio, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que en trabajo conjunto con el Gaula Militar lograron capturar y judicializar cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial GAO Clan del Golfo, Comisión Norte Caribe.
  • Según la información compartida por el ente investigador, los sujetos están relacionados en la ejecución de varios delitos, entre esos: homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y fabricación o porte de estupefacientes.

Los criminales fueron identificados como: Gustavo Gregorio de Jesús Rodríguez, alias Arcángel o Galy; Laura Patricia Rubio Díaz, Álvaro Máximo Vargas Valencia, alias Nicola; Henry Naranjo López, alias La Gorda o El Rolo; y Fabio José Rodríguez Escorcia, alias El Mono.

  • Su captura se logró el 14 de julio en medio de un allanamiento que se llevó acabo en Ciénaga y Santa Marta.
  • Posteriormente, las autoridades los judicializaron y un juez con funciones de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, esto, teniendo en cuenta las pruebas que presentó la Fiscalía contra los miembros del grupo criminal.

No es la única captura que se ha llevado a cabo en contra del grupo de narcotráfico. El pasado 29 de julio, en el sector conocido como Chagualar, del municipio de Sopetrán, occidente del departamento de Antioquia, tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía capturaron a alias Buche, presunto integrante del Grupo Armado Organizado -GAO- Clan del Golfo.

¿Dónde delinque el Clan del Golfo?

Los capturados pertenecerían a la subestructura ‘Manuel José Gaitán’ del GAO ‘Clan del Golfo’, la cual delinque particularmente en el departamento de Sucre.

¿Cómo se llama el nuevo jefe del Clan del Golfo?

El ‘ clan del Golfo ‘, que hoy se presenta como ‘ Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), emitió un comunicado en el que da a conocer su nuevo organigrama o cúpula, tras el asesinato de ‘ Siopas ‘, y se refiere a la decisión del gobierno de Gustavo Petro de suspender el cese del fuego bilateral,

  1. De seguro le interesa leer: En secreto fue enterrado ‘Siopas’, excapo de ‘clan del Golfo’ muerto en vendetta ).
  2. En un video de un minuto y 38 segundos, difundido por redes sociales y medios como Darién TV, y cuya veracidad le confirmaron agencias de inteligencia a EL TIEMPO, se ve a ‘Gerónimo’ o ‘Bruno’ leyendo el comunicado.

Él es considerado como el jefe seudopolítico de la organización. (Lo invitamos a leer: Grupos ilegales han roto el cese del fuego al menos 2,6 veces cada día ). Hoy por motivos de salud y por motivos de seguridad no se encuentra con nosotros En el video, ‘Gerónimo’ da a conocer la línea de mando y menciona como comandante general a ‘Javier’, que es el segundo alias de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, ‘ Chiquito Malo ‘, de quien aseguró: “Hoy por motivos de salud y por motivos de seguridad no se encuentra con nosotros “.

  1. Confirma que, tras el asesinato de Wilmer Giraldo Quiroz, ‘Siopas’, (de acuerdo con las autoridades por orden de ‘Chiquito Malo’), asumió como segundo al mando de la estructura José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito,
  2. Podría ser de su interés leer: ¿Una eventual traición de ‘Siopas’ llevó a ‘Chiquito Malo’ a ordenar su muerte? ).

‘Gerónimo’ indica que el tercer comandante del estado mayor de las Agc es Orozman Ostén Blanco, alias Rodrigo Flechas, y como cuarto jefe, ‘Joaquín’. El último en integrar la cúpula es alias Julián, quien es el ” jefe de la dirección política nacional ” de la estructura.

¿Qué pasa con la guerrilla en Colombia?

EE.UU. retira a las FARC de la lista de terrorismo 0:40 (CNN Español) – Una larga historia: 57 años después de su fundación, y tras cinco del final del proceso de paz que llevó a su desmovilización, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron retiradas a finales de noviembre de 2021 de la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos.

Y aunque algunos sectores disidentes de la antigua guerrilla, que no aceptaron el Acuerdo de Paz y continúan en la clandestinidad, fueron incluidos en la misma lista, la salida de las FARC es un paso más hacia la conclusión del violento conflicto civil en Colombia que lleva casi seis décadas y ha involucrado a diferentes grupos guerrilleros, paramilitares y agentes estatales.

Solo desde 1985 se han contabilizado 8,2 millones de desplazados internos en Colombia debido a este conflicto, según Human Rights Watch, y un total de 267.565 muertos entre 1958 y 2020, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (CNMH) ¿Pero de dónde vienen las FARC, cuál es su historia reciente y en qué estado se encuentran ahora? Esto dicen exguerilleros de las FARC a cinco años de los acuerdos de paz 2:07

¿Qué significa AGC en el paro armado?

A lo largo de su reciente historia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) han realizado cinco paros armados, impidiendo, por momentos, la movilidad y el comercio en las regiones donde tienen presencia.

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