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Cuando Se Respeta El Derecho A La Vida

¿Cuándo se respeta el derecho de la vida?

El derecho a la vida, un derecho de todo ser humano – El conjunto de normas internacionales existentes hacen referencia a un derecho inherente a la vida. Esto significa que el derecho a la vida está vinculado al carácter humano y a la dignidad de las personas. De forma análoga, todo ser humano, sin excepción, merece el respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar vivo.

¿Cuándo se viola el derecho a la vida Ejemplos?

Situaciones de conflicto armado – El derecho internacional no prohíbe todos los tipos de violencia y guerra. El derecho a la vida en dichas situaciones no es absoluto, ni rotundo. El derecho internacional humanitario busca imponer restricciones en la manera en que la violencia puede ser usada en tiempos de conflicto.

¿Cómo se protege el derecho a la vida?

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación.

¿Qué dice el derecho a la vida?

La vida es un derecho fundamental consagrado en documentos fundamentales internacionales y nacionales de diversos países del mundo. El primero de todos los derechos si consideramos al titular de éste como generador de cualquier otro derecho posible.

¿Cuál es la ley del derecho a la vida?

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a la vida, desde el primer instante de su existencia, como el primero y anterior a cualquier otro derecho.

¿Por qué se debe respetar la vida?

El motivo por el que la vida humana debe ser respetada se basa sobre todo en el hecho de que la vida humana, en su integridad y glo- balidad, y por ello mismo en su realidad biológica, pertenece a la per- sona con la que constituye una unidad orgánica existencial.

¿Cuándo se aplica el derecho?

El Derecho nace como consecuencia de un acto de potestad o de autoridad de quien tiene poder o prestigio para dictarlo y debe ser obedecido y aplicado. Los jueces aplican el Derecho en virtud de su potestad de jurisdicción (de iurisdictio: declaración del derecho).

¿Cuándo se viola el derecho a la integridad personal?

Amenazar a una persona con torturarla o privarla de su libertad. Negar información sobre el paradero de una persona desaparecida a sus familiares. Infringir lesiones físicas en el cuerpo de una persona. El estado de abandono o la miseria, etc.

¿Qué límites y alcances tiene el derecho a la vida?

4. Límites – El derecho a la vida no es un derecho absoluto; por ello existen situaciones en las que el derecho puede ser limitado. En dicho sentido tenemos el ejercicio de la legítima defensa, la interrupción del embarazo o aborto, y la pena de muerte.

  1. Si bien está prohibida la privación arbitraria de la vida, cuando una persona pone en riesgo la vida de otra nuestro ordenamiento considera que estaría justificado que el afectado, en ejercicio de la legítima defensa de su propia vida pueda incluso privar al agresor de su vida.
  2. Tal situación no es sancionada por el ordenamiento cuando se reúnen una serie de circunstancias o condiciones: que el ejercicio de la fuerza de defensa sea directamente proporcional a la fuerza agresora y que la privación de la vida del agresor haya sido la única alternativa posible para conservar la propia vida.

Por ello, se descartan situaciones en las que, por ejemplo, frente a una agresión sin armas se emplee para la defensa un arma de fuego o un objeto punzocortante. A pesar de lo señalado, el juez evaluará caso por caso si el ejercicio de la defensa fue legítimo cuando se ha privado de la vida al agresor.

De otro lado, nuestro ordenamiento permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando este pone en grave riesgo la vida de la madre. Por ello, el Código Penal en su artículo 119 exime de responsabilidad penal al aborto terapéutico en los términos siguientes: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente».

Sin embargo, existen discusiones en torno a despenalizar otros tipos de aborto, tales como el embarazo que es consecuencia de una violación sexual (aborto ético) o cuando se ha determinado médicamente que la vida del feto no es viable fuera del útero materno (aborto eugenésico).

Por otro lado, en relación con la pena de muerte, la constitución de 1993 establece en su artículo 140 que «La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada».

A pesar de que su ámbito de aplicación es excepcional, lo cierto es que dicha disposición sujeta su ejecución al respeto de los tratados ratificados por el Perú, especialmente los tratados sobre derechos humanos, entre los que tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando Se Respeta El Derecho A La Vida La Convención en el numeral 3 de su artículo 4 establece que: «No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido». Esta disposición empezó a regir en nuestro ordenamiento con la entrada en vigencia de la constitución de 1979, pues su décimo sexta disposición general y transitoria dispuso la ratificación de la referida convención, razón por la cual la disposición contenida en el artículo 140 de la constitución de 1993 sería contraria a la Convención Americana.

¿Cuándo se viola el derecho?

Conceptos fundamentales relativos a los ESCR – ¿Qué casos constituyen ejemplos de vulneraciones de derechos económicos, sociales o culturales? La violación de un derecho económico, social o cultural ocurre cuando el Estado incumple su obligación de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de esos derechos sin discriminación o cuando no satisface su obligación de respetar, proteger o hacerlos cumplir.

Desahuciar por la fuerza a las personas de sus hogares (derecho a una vivienda adecuada);Contaminar el agua, por ejemplo, con desechos procedentes de instalaciones del Estado (derecho a la salud);No garantizar un ingreso mínimo suficiente para vivir decentemente (derecho al trabajo);No evitar el hambre en todas las zonas y comunidades del país (vivir libre del hambre);Impedir el acceso a información y servicios relativos a la salud sexual y reproductiva (derecho a la salud); Segregar sistemáticamente a los niños con discapacidad de las escuelas ordinarias (derecho a la educación);Permitir que los patronos discriminen durante la contratación de personal (por motivos de sexo, discapacidad, raza, opinión política, origen social, seropositividad, etc.);No prohibir que las entidades públicas o privadas destruyan o contaminen los alimentos y sus fuentes, tales como la tierra cultivable y el agua (derecho a la alimentación);No implantar una limitación razonable de horas laborables en los sectores público y privado (derecho al trabajo);Prohibir el uso de lenguas minoritarias o indígenas (derecho a participar en la vida cultural);Negar asistencia social a las personas por motivo de su condición, por ejemplo, a las personas carentes de domicilio fijo o a los solicitantes de asilo (derecho a la seguridad social);No garantizar la licencia de maternidad a las madres trabajadoras (derecho a la protección y asistencia a la familia);Desconectar de manera arbitraria e ilícita el suministro de agua para uso personal y doméstico (derecho al agua).

Para más información, consultar el Folleto Informativo N°33. – | | | | : Conceptos fundamentales relativos a los ESCR – ¿Qué casos constituyen ejemplos de vulneraciones de derechos económicos, sociales o culturales?

¿Que se entiende por una vida digna?

Para una vida digna, es fundamental poder vivir sin miedo y con autonomía. ‘Tener oportunidades, tener trabajo para cubrir las necesidades básicas como un techo. Respetar y ser respetado, facilitar la educación. A los pobres no hacerles dependiente de las ayudas sociales, que muchas veces te encierran.

¿Qué es el derecho a la vida de los niños?

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia.

¿Por qué se viola el derecho a la vida?

DERECHO A CONDICIONES DE EXISTENCIA DIGNA Y SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA * The Right to Dignified Living Conditions and the Situation of Vulnerability in the Decisions of the Inter-American Court Mary Beloff ** a, Laura Clérico *** b a Universidad de Buenos Aires, Argentina, [email protected] b Universidad de Buenos Aires, Argentina, [email protected] Resumen: En este trabajo sostenemos que el desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH sobre el derecho a condiciones de existencia digna se basa en la igualdad material.

Para sostener nuestra tesis primero reconstruiremos la estrategia argumentativa que parte de la faz de derecho de prestación del derecho a la vida; luego reconstruiremos la estrategia de la justificación a través de los DESC. Destacamos que ninguna de las dos se presenta en forma excluyente cuando se trata de determinar el contenido del derecho a las condiciones de existencia digna.

La (in)suficiencia de las condiciones de existencia digna se mide en el caso concreto en relación con el acceso al derecho al agua, la alimentación, la educación, entre otros derechos sociales. Por último, resaltamos las bondades del enfoque de igualdad material para la justificación y exigibilidad de este derecho.

  • A su vez, discutimos las ventajas y desventajas del uso del argumento de grupos vulnerables o el de situación de vulnerabilidad en relación con la obligación de generar condiciones de existencia digna.
  • Palabras clave: Derecho a condiciones de existencia digna — igualdad material — vulnerabilidad — DESC — obligaciones positivas Abstract: In this work we argue that the jurisprudential development of the right to dignified life and the subsequent affirmative obligations of the State to generate conditions lie in the argument of material equality.

In order to support our thesis, we reconstruct the argumentative strategy that departs from the affirmative nature of the right to life. Later, we reconstruct the strategy for justifying it under ESCR rights. We highlight that neither of them are excluded to determine the content of the right of dignified life.

The (in) sufficiency of the conditions of decent living is evaluated under the light of social, cultural, and economic rights: the right to access to water, to food, to health, and to education. Finally, we argue for the benefits of the material equality approach. At the same time, it allows us to discuss the advantages and disadvantages of the use of vulnerable groups or situation of vulnerability arguments with regards to the obligation of generating conditions for a decent life.

Keywords: Right to Dignified Living Conditions — material equality – vulnerability — ESCR-positive obligations. Para Robert Burt, en reconocimiento a la rigurosidad y compromiso con que ha desarrollado su extensa obra académica y, a su vez, en reconocimiento a la generosidad con que alienta el trabajo de las jóvenes generaciones.I.

Introducción y planteo del problema La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) han ensayado, a lo largo de los años, en particular, en la última década, diversas estrategias argumentativas para fundamentar el carácter exigible de los derechos sociales.

Estas estrategias se extienden a: a) ganar contenidos de derecho de prestación al derecho a la vida para justificar obligaciones estatales de hacer referidas a generar condiciones de existencia digna, aplicando en forma directa el artículo 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Humanos (1948) o el artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o ambos; b) aplicar indirectamente el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) relacionado con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, DESC); c) aplicar directamente el artículo 26 de la CADH, aunque en muy pocos casos, y d) más recientemente -aunque aún no como decisión de la mayoría-, aplicar directamente el derecho a la salud contenido en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador 1,

Estas estrategias argumentativas han generado considerables disputas en la academia sobre la pertinencia de cada una de ellas. En este trabajo nos interesa detenernos en los debates que se generaron alrededor de la construcción del derecho a condiciones de existencia digna (al que llamaremos en adelante también “derecho a una vida digna”), para reflotar aquello que en la discusión quedó opacado: el argumento de vulnerabilidad.

Con esa extensión, por razones metodológicas, no abordaremos en esta ocasión las discusiones relacionadas con los derechos previsionales, con el derecho a la salud en general 2 y a la salud sexual y reproductiva en particular, ni con el derecho a la educación.

  • Asimismo, tampoco abordaremos el uso en general del argumento de vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte IDH.
  • La estrategia argumentativa del desarrollo jurisprudencial vinculado con el derecho a condiciones de existencia digna suele ser analizada desde dos perspectivas.
  • Por un lado, se sostiene que el derecho a condiciones de existencia digna surge como contenido del derecho a la vida y a la integridad física 3, incluso desde perspectivas emancipatorias que recuperan las formas en que los movimientos de base construyen sus propias consignas de lucha 4,

Se considera que este derecho se viola también por omisión estatal, más precisamente, por incumplimiento de obligaciones positivas del Estado para generar condiciones que garanticen una vida digna, ya sea de niños, de personas detenidas, de personas internadas, de comunidades indígenas o de otros grupos o personas en situación de vulnerabilidad 5,

  • Por el otro lado, se sostiene que el derecho a las condiciones de existencia digna debe justificarse, en forma directa, en el artículo 26 de la CADH sobre DESC 6,
  • Argumentaremos en este trabajo que esta disputa pierde de vista algo basal.
  • El derecho a la vida digna y las consecuentes obligaciones positivas del Estado reconocen una constante que la referida disputa opaca 7 : la Corte IDH siempre sostuvo este desarrollo en estrecha relación -en forma expresa o implícita- con el concepto de grupos vulnerables o con el concepto de situación de vulnerabilidad.

Este argumento nos permite sostener que la base del desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH sobre el derecho a condiciones de existencia digna (o en otros lugares “mínimo vital” 8 o “Existenzminimun” 9 o en forma más integral y robusta “el derecho a un nivel de vida adecuado” 10 ) es el de la igualdad material.

  • Para sostener nuestra tesis primero reconstruiremos la estrategia argumentativa que parte de la faz de derecho de prestación del derecho a la vida; luego reconstruiremos la estrategia de la justificación a través de los DESC.
  • Destacaremos que ninguna de las dos se presenta en forma excluyente cuando se trata de determinar el contenido del derecho a las condiciones de existencia digna.

La (in)suficiencia de las condiciones de existencia digna se mide en el caso concreto en relación con el acceso al derecho al agua, la alimentación, la educación, entre otros derechos sociales. Por último, resaltaremos las bondades del enfoque de igualdad material para la justificación y exigibilidad de este derecho.

  1. A su vez, discutiremos las ventajas y desventajas del uso del argumento de grupos vulnerables o el de situación de vulnerabilidad en relación con la obligación de generar condiciones de existencia digna. II.
  2. El derecho social a condiciones de existencia digna Desde la primera decisión en la que interpretó el artículo 19 de la CADH (derechos del niño a medidas especiales de protección) en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.

Guatemala 11, la Corte IDH comenzó a desarrollar el contenido del derecho a una “vida digna” como el derecho a que se generen las condiciones materiales necesarias que permitan desarrollar una existencia digna 12, Entendemos esas condiciones como aquellas que permiten llevar adelante cada plan de vida singular entendido como el aseguramiento del “núcleo duro” 13 de derechos de prestación 14, aquellos que le permiten a cada persona llevar adelante la vida que elija vivir.

  1. En el caso de los niños, en diversas decisiones contenciosas y consultivas lo relacionó con la cláusula de “mejor interés del niño” 15,
  2. Amplió más tarde esa regla al tratar los derechos de las personas detenidas, los de las personas internadas en establecimientos sanitarios y, recientemente, al interpretar el derecho a la recuperación de las tierras y territorios por parte de las comunidades indígenas.

Así, el desarrollo del derecho a condiciones de existencia digna ocurre en dos grupos de casos. El primer grupo de casos se refiere a la situación de vulnerabilidad dada por la edad de la persona y el estado de pobreza o indigencia (niños), o por la pertenencia a un grupo históricamente discriminado que se encuentra en estado de pobreza por haber sido desplazado de sus tierras y territorios (comunidades indígenas).

El segundo grupo de casos se refiere a las personas que viven bajo custodia estatal (reclusos, personas internadas en hospitales, centros de rehabilitación, entre otros). Más allá de las similitudes y diferencias que pueden presentar estos grupos de casos, el objetivo de este trabajo está centrado en el argumento que se encuentra en la trastienda del derecho a condiciones de existencia digna.

El argumento empleado al respecto es sencillo. Si el derecho a la vida implica la existencia, entonces ésta se viola no sólo por acciones que impliquen quitar la vida a otra persona; el contenido de este derecho se viola también cuando se omite generar condiciones que posibiliten la existencia digna, por ejemplo, cuando las personas viven en un contexto social y familiar en el que esas condiciones no estén dadas.

Así, el Estado no sólo viola el derecho a la vida cuando sus agentes salen a matar niños que viven en las calles, sino también cuando nada ha realizado (o lo ha hecho en forma insuficiente o inadecuada) para generar las condiciones para que esos niños puedan vivir y desarrollarse, en su contexto familiar o comunitario, con todos los recursos materiales y simbólicos necesarios.

Este desarrollo argumentativo impactó en clave de derechos, dado que éstos generan no sólo obligaciones de no intervención, sino también obligaciones de hacer. Reconstruimos el desarrollo de este argumento en la jurisprudencia de la Corte IDH en cuatro momentos 16 : a) Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.

Guatemala: el derecho a la vida de los niños no sólo se viola por acción, sino también por omisión estatal. El caso trata sobre la tortura y ejecución extrajudicial, por parte de agentes estatales, de personas mayores y menores de dieciocho años (estos últimos, niños, de acuerdo con el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño) que vivían o permanecían gran parte de su día en las calles de la capital de Guatemala.

Se condenó a Guatemala como responsable por la violación, entre otros derechos, del derecho a la vida (artículo 4° de la CADH), del derecho a la integridad personal (artículo 5.1 y 5.2 de la CADH) y del derecho de los niños a las medidas especiales de protección (artículo 19 de la CADH).

Los niños se encontraban en situación de extrema pobreza y su hábitat era la calle. No tenían el mínimo acceso a condiciones de existencia digna (entendidas como condiciones que les permitan vivir, crecer y desarrollarse conforme se señaló más arriba). La Corte IDH desarrolló en el caso un contenido del derecho a la vida como derecho de prestación 17, que genera a los Estados obligaciones 18,

A renglón seguido aparece, a nuestro entender, un argumento que tiene en cuenta la especial vulnerabilidad de los niños en el caso: “La Corte no puede dejar de señalar la especial gravedad que reviste el presente caso por tratarse las víctimas de jóvenes, tres de ellos niños, y por el hecho de que la conducta estatal no solamente viola la expresa disposición del artículo 4° de la Convención Americana, sino numerosos instrumentos internacionales, ampliamente aceptados por la comunidad internacional, que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños bajo su jurisdicción.” 19 La vulnerabilidad de los niños se produce en el caso por una conjunción de situaciones.

Una idea abstracta que surge de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos (en adelante, IIDH) sobre derechos de los niños y del artículo 19 de la CADH sobre el derecho a medidas de especial protección 20 del que son titulares los niños: la condición de niño implica esencialmente vulnerabilidad, más allá de cualquier otra consideración adicional 21,

La otra está relacionada con el contexto del caso en concreto: se trata de la situación de riesgo en la que viven los niños que habitan en las calles. Se encuentran en una situación socioeconómica de total privación y, además, en una situación de amenaza permanente a causa de la práctica sistemática de agresiones en su contra perpetradas por las fuerzas de seguridad 22,

Este múltiple juego de vulnerabilidades habla, por un lado, de la gravedad de la restricción del derecho a la vida de los niños. Por el otro lado, engarza con un argumento de trasfondo de igualdad material. Estos niños no se encuentran en igualdad de acceso real a condiciones que les permitan el ejercicio de los derechos, en lenguaje de la Corte IDH, para el acceso a las condiciones de existencia digna.

Así, la Corte IDH puede justificar la obligación doble (y con ello la doble transgresión estatal) de garantizar el derecho a condiciones de vida digna, al desarrollo de la personalidad y a la integridad de los niños 23 · ¿En qué consistirían esas medidas de protección (artículo 19 de la CADH) o, en palabras de la Corte IDH, “el derecho a un nivel de vida adecuado” 24 ? ¿Cómo se evalúa si el Estado violó o no (por omisión o acción insuficiente) la obligación positiva de generar condiciones de existencia digna? La respuesta comienza a delinearse, en su estructura (no así en el contenido concreto y alcances del deber de prestación para asegurar esas condiciones), a partir de la reconstrucción de la línea jurisprudencial que se inaugura con el caso Villagrán Morales vs.

  • Guatemala.
  • B) Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs.
  • Paraguay: condiciones de existencia digna de los detenidos y de protección especial de los niños bajo la custodia del Estado En el caso se trataba de la situación de privación de la libertad en que se encontraban niños, algunos de los cuales habían fallecido en el centro de reclusión de menores conocido como “Panchito López”.

De acuerdo con la sentencia, la obligación estatal de procurar a las personas detenidas “las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención” 25 se justifica in crescendo nuevamente sobre una doble situación de vulnerabilidad.

  • Por un lado, surge en el caso de los detenidos por su situación de “sujeción” a la autoridad estatal 26,
  • Esta situación “le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” 27,
  • Por el otro lado, en el caso de los niños detenidos, además, existe una obligación de especial protección (artículo 19 de la CADH), que exige al Estado que “debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño” 28,

Esto requiere, entre otras cosas, que “el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad” 29 · En ambos casos, esa situación de vulnerabilidad se agrava con una que se acredita en concreto: las condiciones específicas en las que estos niños se encontraban detenidos.

Para evaluar si el Estado, en el caso concreto, cumplió sus obligaciones adoptando “las iniciativas para garantizar a todos los internos del Instituto, adultos y niños, una vida digna con el objeto de fortalecer su proyecto de vida, a pesar de su encierro” 30, la Corte IDH tiene en cuenta la situación de habitación y el acceso a la alimentación, educación y saludó 31,

La Corte IDH concluye que el Estado no había tomado en forma efectiva las “medidas positivas necesarias y suficientes” para garantizar condiciones de existencia digna. Dio por probado que los internos vivían en condiciones de hacinamiento debido a la superpoblación, que estaban mal alimentados, que no tenían acceso a servicios de salud, de odontología y de atención psicológica adecuada y oportuna 32, así como tampoco se les garantizaba el derecho a la educación.

En este sentido, la Corte IDH concluyó que: “(.) el Estado no cumplió efectivamente con su labor de garante en esta relación especial de sujeción Estado-adulto/niño privado de libertad, al no haber tomado las medidas positivas necesarias y suficientes para garantizarles condiciones de vida digna a todos los internos y tomar las medidas especiales que se requerían para los niños” 33,

En suma, en este caso surge con mayor claridad la estrategia argumentativa de la Corte IDH para justificar el derecho a condiciones de existencia digna. No lo hace en abstracto, sino en relación con el derecho de las personas que no se encuentran en igualdad de condiciones.

  • Por un lado, por su relación de sujeción-recluso, por el otro lado, por su situación de vulnerabilidad por ser “niño”; en fin, por las condiciones concretas de hacinamiento y de falta de acceso a servicios mínimos en las que transcurre la detención.
  • Se vislumbra aquí un matiz interesante respecto del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.

Guatemala. Para determinar el contenido del derecho a condiciones de existencia digna y el alcance de las obligaciones estatales correspondientes, la Corte IDH se vale de los derechos sociales que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Protocolo de San Salvador.

Si bien no evalúa la violación de los derechos sociales en forma directa, la construcción del alcance del derecho a las condiciones de existencia digna bajo el manto del derecho a la vida no ocurre en clave de los llamados derechos civiles y políticos, sino de los derechos sociales, siempre de forma elíptica e indirecta.

Esta tendencia argumentativa se acentúa en el caso del derecho a condiciones de existencia digna de las comunidades indígenas, como analizamos a continuación. c) El derecho a las condiciones que posibiliten una existencia digna a las comunidades indígenas: la emergencia expresa de los DESCpara determinar el contenido de las condiciones.

Hasta aquí la jurisprudencia de la Corte IDH trataba el derecho a condiciones de existencia digna como desprendimiento del derecho a la vida, a la luz de situaciones de vulnerabilidad por la edad (niños); la extrema pobreza y el riesgo que implican las condiciones del lugar de habitabilidad (niños de la calle); por la situación de sujeción estatal (detenidos), de edad (niños detenidos) y de hacinamiento por la superpoblación (detenidos adultos y niños).

El nuevo estándar relacionado con este derecho surge ya no de casos relacionados con niños, sino con pueblos originarios (incluidos niños). En los casos Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay 34, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay 35 y Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.

  • Paraguay 36 la Corte IDH desarrolla los alcances del derecho a la vida digna como derecho de prestación respecto de las comunidades indígenas.
  • Evalúa la violación al derecho de propiedad colectiva sobre tierras ancestrales y para determinar el contenido del derecho a las condiciones de existencia digna utiliza abierta y explícitamente contenidos de derechos sociales: el Protocolo de San Salvador y las Observaciones del Comité de DESC sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (en adelante, Pidesc).

Aplica asimismo el artículo 26 de la CADH, lo que marca un matiz con lo sostenido en el Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, aunque debe admitirse que el artículo 26 no es tomado como parámetro directo para evaluar las acciones del Estado, sino como argumento para desarrollar el contenido del derecho.

Sin embargo, lo relevante respecto de los anteriores casos es que de la argumentación de la Corte IDH se desprende que para determinar cuáles son las condiciones de existencia digna, en estos casos, hay que descentrarse y tener en cuenta la forma de vida de las comunidades, escuchando las voces de los afectados 37,

Es decir, si hasta ahora las situaciones de vulnerabilidad -presentes en los casos anteriores- devenían de una desigualdad de armas para enfrentarlas por una distribución injusta de los bienes económicos y sociales 38, por medio de estos casos se alerta, además, sobre situaciones de vulnerabilidad por falta de reconocimiento sistemática e histórica de las comunidades indígenas 39,

  1. Los tres casos contra Paraguay se caracterizan por ser casos de despojo de tierras de comunidades indígenas para otorgarlas a colonos y empresas para su explotación.
  2. Si bien estos casos son contra un Estado en particular, la situación se replica con matices a lo largo de la región 40,
  3. En el caso Yakye Axa (2005) se trataba de una comunidad indígena que denunciaba al Estado de Paraguay por violación de derechos a causa de la falta de reintegro de sus tierras ancestrales, de las cuales había sido desplazada.

La comunidad vivía al costado de la ruta frente a la que se encontraban sus tierras, en estado de “miseria extrema” 41, sin acceso adecuado a la alimentación, servicios de salud y de educación. A causa de esta situación murieron dieciséis personas. El caso llega entonces a la Corte IDH por la omisión estatal que imposibilitó la realización efectiva del derecho a la propiedad comunitaria sobre sus tierras ancestrales que, asimismo, tiene que ver con su forma de autoabastecimiento y autosubsistencia.

  1. Por otro lado, se reclamaba por la falta de medidas positivas adecuadas y suficientes para garantizar condiciones de existencia digna a la comunidad.
  2. La Corte IDH ordenó al Estado de Paraguay que delimite el territorio tradicional de estas comunidades y que, hasta tanto se les reintegre su territorio sin costo alguno por el proceso de restitución, se les provea de servicios que garanticen acceso a la alimentación, salud y educación.
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La sentencia contiene muchas particularidades argumentativas que exceden el marco de este trabajo 42, Nos interesa, no obstante, detenernos en la pauta utilizada para evaluar el incumplimiento de la obligación estatal de generar condiciones de existencia digna en relación con el argumento de vulnerabilidad 43,

La insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado fueron evaluadas como violación al derecho a la vida digna (artículo 4° de la CADH); sin embargo, y en forma expresa, también fueron escrutadas en relación con el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 e, indirectamente, con el deber de desarrollo progresivo del artículo 26 de la misma Convención, y de los artículos 10 (Derecho a la Salud), 11 (Derecho a un Medio Ambiente Sano), 12 (Derecho a la Alimentación), 13 (Derecho a la Educación) y 14 (Derecho a los Beneficios de la Cultura) del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las disposiciones pertinentes del Convenio N° 169 de la OIT.

La Corte IDH se valió, asimismo, del contenido de las obligaciones básicas que surgen de los derechos sociales a la alimentación, a la salud y a la educación desarrolladas en las Observaciones Generales del Comité de DESC de Naciones Unidas sobre los respectivos derechos 44,

  • La estrategia argumentativa de la Corte IDH aquí estudiada nos deja tres saldos: dos alentadores en la línea de exigibilidad de derechos sociales y otro que habría que interrogar en términos de matiz (en el mejor de los casos) o retroceso (en el peor de los casos).
  • Por un lado, la relación del derecho a la vida -y la consecuente obligación de “generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana” 45 y a no producir condiciones que la dificulten o impidan- con el deber de desarrollo progresivo de los DESC del artículo 26 de la CADH surge ahora en forma explícita.

Esta interdependencia no es una cita formal. El contenido de estas obligaciones estatales “de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria” 46 se mide en forma explícita por derechos sociales que surgen del Pidesc y del Protocolo de San Salvador.

  1. A su vez surge de las decisiones estudiadas que cuando el contenido del derecho violado se encuentra en íntima relación con el derecho a la vida, en clave de subsistencia, se trata del incumplimiento de una obligación estatal de cumplimiento definitivo.
  2. Con lo que, interpretamos, se gana -indirectamente- un contenido del artículo 26 de la CADH, que establece que respecto de todos los derechos no sólo es empezar a andar en forma progresiva, sino que hay medidas positivas que no se pueden hacer esperar.

Por el otro lado, en el Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, la Corte IDH especifica que la responsabilidad del Estado surge cuando conocía la situación de riesgo en que vivía la comunidad (teoría del riesgo) y por ello tenía un deber de prevención que no cumplió mediante la adopción de medidas eficaces.

Por ello, algunos concluyen que no en todos los casos de violaciones graves a la obligación estatal de generar condiciones de existencia digna la Corte IDH admitiría la responsabilidad internacional 47, sino sólo en aquellos en los que el Estado estuviera al tanto de la situación y riesgo en los que se encontraban las víctimas 48,

En estos contextos, esta relativización de la responsabilidad estatal realizada por la Corte IDH es criticable, pues pesa sobre el Estado la obligación de conocer. Por último, la estrategia argumentativa de esta sentencia fortalece el argumento de la falta de igualdad material proveniente de la situación múltiple de vulnerabilidad como basal.

Para evaluar (y concluir en) la insuficiencia de las medidas positivas adoptadas, estableció que el Estado debió tomar en “en cuenta la situación de especial vulnerabilidad 49 a la que fueron llevados, afectando su forma de vida diferente (sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental, que comprende la estrecha relación que mantienen con la tierra) y su proyecto de vida, en su dimensión individual y colectiva (.)” 50,

Con ello, la Corte IDH construye las obligaciones de generar condiciones de existencia digna en una situación de vulnerabilidad Ella tiene lugar si se reúnen tres condiciones. Por un lado, la comunidad indígena no es tratada como un igual, pues fue desplazada de sus territorios que le permitían el autoabastecimiento y no se tomaron las medidas estatales apropiadas para la restitución.

Esta situación de vulnerabilidad emerge de una circunstancia concreta imputable a la omisión estatal. La segunda condición, por otro lado, se da por una consideración más abstracta. La situación de vulnerabilidad surge de la consideración de las comunidades como grupos que históricamente han sido excluidos, marginados, subordinados 51 y que las consecuencias de esas prácticas persisten en su perjuicio hasta la actualidad, “a la luz del corpus juris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de las comunidades indígenas” 52,

Finalmente, la tercera es más específica porque atañe a los integrantes de la comunidad de corta edad (niños) o de edad avanzada (ancianos) y conecta el caso directamente con la situación de vulnerabilidad que emerge por la edad (como en los casos de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.

  1. Guatemala y en “Instituto de Reeducación del Menor” vs.
  2. Paraguay).
  3. La insuficiencia de las medidas estatales es aún más grave por la obligación adicional de adoptar medidas de especial protección para los niños 53,
  4. La situación de vulnerabilidad es basal porque para determinar que las medidas estatales no habían sido suficientes ni adecuadas, la Corte IDH las evaluó respecto de su idoneidad para revertir la “situación de vulnerabilidad, dada la particular gravedad del presente caso” 54,

El saldo negativo está dado en Yakye Axa porque el voto mayoritario de la Corte IDH no condenó al Estado por violación al derecho a la vida de las personas que efectivamente fallecieron por la insuficiencia de las acciones estatales (tampoco lo hizo por violación a los derechos del niño, aunque algunas de las víctimas lo eran, en los términos del artículo 19), aunque estableció la violación del derecho a la vida en perjuicio de los sobrevivientes.

Esto último generó la disidencia del juez Cançado Trindade, para quien el Estado era responsable también por las muertes concretas de los integrantes de la comunidad; y para ello bastaba como prueba que el Estado había creado y perpetuado la “situación de condiciones infrahumanas” que terminaron en la muerte de varios miembros de la comunidad.

Al contrario, para la mayoría en los casos concretos de muerte se requería prueba adicional. Para el juez Cançado Trindade, la presunta ausencia de prueba adicional no podría jamás ser entendida como prueba de la no ocurrencia de la responsabilidad internacional del Estado por la muerte de algunos miembros de la Comunidad Yakye Axa, dadas las condiciones infrahumanas en que vivían 55,

La disidencia del juez Cançado Trindade no cayó en saco roto. Dejó el camino preparado para que en un caso similar en el año 2006, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, la Corte IDH condenara al Estado de Paraguay por la muerte de diecinueve integrantes de una comunidad indígena, entre ellos dieciocho niños, por no haber cumplido sus obligaciones estatales de implementar medidas positivas adecuadas y suficientes para generar condiciones de existencia digna para esa comunidad, que se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad 56,

En el caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, la argumentación se hace más sofisticada en cuanto a la fijación de estándares de responsabilidad internacional (deber de prevención y teoría del riesgo) respecto de la garantía del derecho a la vida digna y la imputación de responsabilidad por los casos de muertes ocurridas, a la par que se fortalece el uso de los derechos sociales para interpretar si las medidas positivas del Estado fueron suficientes para cumplir con la generación de condiciones de existencia digna.

  • El caso se inició para la determinación de la responsabilidad estatal por la falta de garantía al derecho de propiedad de las tierras ancestrales de la Comunidad Xákmok Kásek.
  • La Corte concluyó en el caso que esta comunidad no había podido recuperar sus tierras, a pesar de que se encontraba en trámite el pedido de reivindicación desde hacía más de veinte años, sin haber logrado una respuesta satisfactoria en el ámbito interno.

Además, estableció que la falta de acceso a sus tierras afectaba su forma de autoabastecimiento, su forma de vida. Declaró “que el Estado no ha brindado las prestaciones básicas para proteger el derecho a una vida digna en estas condiciones de riesgo especial, real e inmediato para un grupo determinado de personas, lo que constituye una violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1.

  • De la misma, en perjuicio de todos los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek” 57, que se encontraban “en situación de extrema vulnerabilidad”.
  • La situación de extrema vulnerabilidad 58 impactó en varios sentidos en el examen de (falta de) idoneidad de las acciones estatales atacadas por insuficientes 59 para cumplir con la obligación estatal de generar condiciones de existencia digna (artículo 4° de la CADH).

La acción estatal atacada por insuficiente es compleja y se configura, por un lado, por un decreto que declaró en estado de emergencia y de vulnerabilidad a la comunidad y, por el otro, por el procedimiento administrativo para recuperar las tierras. Respecto del derecho a la vida digna, la Corte IDH avanzó identificando las variables con las cuales mediría si el Estado cumplió con la obligación de generar condiciones de existencia digna y de respetar el derecho a la propiedad comunal de las tierras ancestrales.

Estas variables se leen expresamente en clave de los DESC: derecho de acceso al agua 60, a la alimentación 61, a la salud 62 y a la educación 63, En todos estos aspectos relevantes, las medidas estatales no fueron suficientes ni adecuadas. Este examen no ocurre en abstracto, sino teniendo en cuenta la acción estatal junto con sus efectos para revertir la situación de extrema vulnerabilidad de la comunidad y sus integrantes.

Respecto de los procedimientos para la recuperación de las tierras, en Xakmók Kásek, como en los casos de las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, la Corte IDH sostuvo que el procedimiento administrativo interno era ineficaz por cuanto no ofrecía la posibilidad real de que los miembros de las comunidades recuperaran sus tierras tradicionales, si éstas se encontraban bajo dominio privado 64,

  • Esto ocasionaba la ausencia de posibilidades de autoabastecimiento y autosostenibilidad de los miembros, de acuerdo con sus tradiciones ancestrales.
  • Así, dependían casi exclusivamente de las acciones estatales, lo que los obligaba a vivir, vale reiterar, de una forma no solamente distinta a sus pautas culturales, sino en la miseria extrema.

En suma, la Corte IDH examina la insuficiencia de las acciones estatales no en general ni en abstracto, sino cotejándolas con el caso concreto. A su vez, el argumento de extrema vulnerabilidad impactó en varios sentidos en este examen. Por un lado, operó en favor de una aplicación bien intensiva del examen de insuficiencia, que viene dada porque la restricción a los derechos era, desde el comienzo, extrema y no atendida de forma persistente 65 y el accionar estatal se requería de forma “urgente” 66,

  • Asimismo, implicó atribuirle la carga de la prueba de la idoneidad/suficiencia de las acciones al Estado 67, carga que en este caso no logró revertir con éxito 68,
  • Por el otro lado, sirvió para debilitar desde el comienzo las posibles razones alegadas por el Estado.
  • Se interpretó así que la restricción extrema a los derechos producto de la situación concreta de vulnerabilidad se incrementa por la duración de la restricción 69, por la urgencia de la acción estatal y por pertenecer el grupo de afectados a un grupo vulnerable (argumento de igualdad), por ello es claro el poco peso que puede asistir a las razones que el Estado intentó alegar para eximirse del cumplimiento suficiente y adecuado de sus obligaciones 70,

El caso Xákmok Kásek es el último en la línea jurisprudencial que se inicia con Villagrán Morales y otros. Aquel caso fortalece nuestra tesis del argumento de igualdad como basal de la construcción de la obligación estatal de generar condiciones de existencia digna.

Por un lado, se desprende, como en los casos Villagrán Morales, Yakye Axa y Sawhoyamaxa, que la situación de vulnerabilidad surge de la situación de pobreza extrema y por la falta de reconocimiento de las comunidades indígenas; y todo ello por la falta de medidas positivas apropiadas en clave de DESC para revertir esa situación.

En el caso de las comunidades indígenas se agrava más aún porque es el propio Estado el que no puso en funcionamiento eficaz los medios procedimentales para devolverles las tierras y territorios reclamados. Hacerlo hubiese permitido revertir “las probadas condiciones de extrema vulnerabilidad” 71, respetando las propias interpretaciones de las comunidades y de sus integrantes sobre lo que significa autoabastecimiento y subsistencia (combinación de vulnerabilidad por falta de restitución y de reconocimiento).

Por el otro lado, la jurisprudencia reafirma que hay situaciones de vulnerabilidad que vienen identificadas desde los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, como las de las comunidades indígenas y sus integrantes, las de los niños (Villagrán Morales, “Instituto de Reeducación de Menores”, Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Xákmok Kásek 72 ), las de las personas de edad avanzada (Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Xákmok Kásek) y las de las mujeres en estado de embarazo y postembarazo (Xákmok Kásek) 73, condiciones de vulnerabilidad que se encuentran probadas y agravadas en los casos concretos.

Por último, sostenemos que Xákmok Kásek corona la línea jurisprudencial aquí considerada porque: 1) recién en este caso explícitamente la Corte IDH reconoce que esas acciones estatales insuficientes que no generaron condiciones de existencia digna para revertir la situación de vulnerabilidad, 2) evidencian “una discriminación de facto” en contra de los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek, “marginalizados en el goce de los derechos” 74, y 3) “(.) el Estado no ha adoptado las medidas positivas necesarias para revertir tal exclusión”.75 He aquí el argumento basal de igualdad material en todo su esplendor 76,

III. El derecho a condiciones de existencia digna como derecho al desarrollo progresivo de los DESC Las discusiones sobre el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son bastantes conocidas y exceden los objetivos de este trabajo. Sin embargo, un simple punteo de estas cuestiones permite conjeturar algunas hipótesis acerca de por qué el incumplimiento de la obligación estatal de generar condiciones de existencia digna se evaluó como violación del derecho a la vida en lugar de ser considerado como una violación directa del artículo 26 de la CADH.

Este artículo 26 ha sido ubicado en el capítulo III en la primera parte de la Convención Americana. Sólo un artículo contiene ese capítulo, el 26; por lo demás, el capítulo II, dedicado a los “Derechos Civiles y Políticos”, contiene 22 artículos (del 3° al 25).

Muchos temas han sido objeto de acaloradas disputas, desde su escueta redacción y particular ubicación en este mapa normativo hasta: a) la justiciabi-lidad y exigibilidad de los DESC en general o en concreto; b) la determinación del contenido del derecho (en otras palabras, sobre cuáles derechos específicos se pueden obtener a partir de la remisión que el artículo 26 hace a la Carta de la OEA, a partir de la aplicación del Protocolo de San Salvador sobre DESC, sobre el sentido de la cláusula de la progresividad relacionada con el alcance del derecho); c) las consecuentes obligaciones estatales (de respetar, de garantizar y de promover y/o de cumplimiento inmediato, de desarrollo progresivo); d) su estructura normativa: como regla y/o como principio, y e) las formas de evaluar la violación al derecho (que incluyen el examen del contenido básico del derecho, el examen de la prohibición de regresión, el examen de la prohibición de insuficiencia u omisión, el examen de igualdad con escrutinio más o menos agravado y el examen de desigualdad estructural), por mencionar los más analizados.

Es bastante conocido también que la Corte IDH sólo en dos casos trabajó en forma directa y automática con el artículo 26 de la CADH. Estos dos casos no se refieren al derecho a condiciones de existencia digna, sino a derechos previsionales 77, La historia de la aplicación automática del artículo 26 podría cambiar, por ejemplo, si el contenido de los votos concurrentes de la jueza Macaulay en el Caso Furlán y familiares vs.

Argentina 78, del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor en el Caso Suárez Peralta vs. Ecuador 79 y en el caso Gómez Lluy vs. Ecuador 80, respectivamente, fuera asumido por la mayoría. En estos casos, los jueces se pronunciaron a favor de evaluar las violaciones al derecho a la salud en forma automática y directa a través del artículo 26 de la CADH.

Este punteo de las discusiones sobre el artículo 26 de la CADH contrasta con el desarrollo del contenido positivo de la obligación de generar condiciones de existencia digna, analizada en el apartado II de este trabajo. Con todo, observamos que, por ahora, la aplicación del artículo 26 fue más fructífera cuando se usó como argumento para ganar contenido de prestación a un derecho que cuando se lo ha intentado aplicar en forma directa.

  • Pese a ello hay algo que se desprende como conclusión de nuestro anterior apartado.
  • El artículo 26de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un contenido básico (interpretado como piso pero no como techo) conformado 81 por el derecho a las condiciones de existencia digna, que genera obligaciones definitivas respecto de aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Este contenido se ganó mientras en la trastienda se discutía sobre la exigibilidad directa del artículo 26 de la CADH. IV. Consideraciones intermedias En lugar de hablar de la tradicional discusión respecto de cuál es la disposición jurídica adecuada (algo que desde la idea de “interpretación integrada” resulta quizá no tan relevante) 82, reconstruimos ese derecho a través de la relación que la Corte IDH establece entre su concepto y la situación de vulnerabilidad.

De esta forma, la estructura genérica del argumento de condiciones de “existencia digna” a los efectos prácticos sería: 1) el Estado tiene el deber de actuar positivamente por medio de acciones suficientes y adecuadas en pos de resolver una situación extrema y especial de vulnerabilidad; 2) ante casos de personas o comunidades indígenas afectadas por una situación concreta de vulnerabilidad y donde, a su vez; 3) el Estado conocía (o tenía la obligación de conocer) esa situación y omitió actuar (o actuó en forma insuficiente) para revertirla; y 4) todo ello para garantizar el acceso a condiciones de existencia digna (cuyo contenido se mide a la luz de los contenidos básicos del derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la salud y el derecho a la educación).

Resta analizar críticamente los elementos normativos que establecen la situación de vulnerabilidad, lo que contribuye a nuestra tesis sobre el argumento basal de igualdad.V. ¿Cómo es utilizado el argumento de la vulnerabilidad por la Corte IDH para justificar la obligación estatal de generar condiciones de existencia digna? ¿Cómo argumentar por la autopista de la vulnerabilidad sin caer en variadas trampas? La jurisprudencia de la Corte IDH sobre grupos vulnerables o situación de vulnerabilidad que se extiende a niños, mujeres, detenidos, desplazados, migrantes, comunidades indígenas o afrodescendientes 83, entre otros, excede los objetivos de este trabajo.

  • Nos detenemos aquí sólo en cuanto fue un argumento para justificar obligaciones estatales de garantizar acceso a condiciones de existencia digna 84,
  • Nos interesa discutir las ventajas y desventajas del uso de la vulnerabilidad como estrategia argumentativa, en especial, para no perder de vista las potencialidades y debilidades de su utilización con relación al argumento de igualdad 85 · Al concepto de vulnerabilidad se lo ha tildado de ambiguo 86 · Contiene, por lo menos, una doble cara, en algunos casos con un doble filo 87 · a) Como herramienta analítica contiene tanto un uso descriptivo como prescriptivo En este sentido es usado, por un lado, en forma descriptiva para identificar una situación; es decir, para determinar cómo las instituciones o, más en general, las estructuras 88, originan, mantienen y refuerzan las vulnerabilidades.

Por el otro lado, se lo usa en forma prescriptiva. Es la base de un argumento que, junto con otros, justifica que se debe hacer algo para revertir ese estado o situación de vulnerabilidad. Las situaciones de vulnerabilidad devienen de los efectos acumulativos de nuestras acciones y de los otros, de las interacciones, de las prácticas y arreglos institucionales 89, tanto en el ámbito nacional 90 como en el ámbito global.

  1. Estas situaciones producen, en ocasiones -como las consideradas en las decisiones que aquí se analizan-, desigualdad 91,
  2. Esta desigualdad no es natural, sino que surge como producto de una estructuración social dada.
  3. Esto ha llevado a hablar del carácter relacional 92 y contextual del concepto y, a su vez, ha conducido a la discusión de formas de responsabilidad colectiva 93 (no sólo estatal) para dar respuestas transformadoras (y no sólo reformistas) a esas vulnerabilidades.

La línea jurisprudencial de la Corte IDH reconstruida evidencia un uso asistemático, descriptivo y prescriptivo a la vez, del argumento de la situación de vulnerabilidad, como así también su caracterización como contextual y relacional. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué tan dispuesta está la Corte IDH para explorar con detenimiento lo contextual 94 y relacional de la situación de extrema vulnerabilidad en esta línea jurisprudencial? La exploración del carácter relacional de esos procesos, en el contexto de un mundo cada vez más interdependiente 95, la hubiese llevado a “mostrar” la intervención activa de otros actores globales 96 generadores de decisiones y prácticas que atentan contra las condiciones de existencia digna en la región.

Para ponerlo en términos más claros, no se trata de eximir de responsabilidad al Estado demandado, sino de ampliar el mirador para bucear en la complejidad de los procesos que generan desigualdades estructurales. La posición mayoritaria de la Corte IDH en esta línea jurisprudencial estudiada no se hizo eco expreso de estas consideraciones 97,

Sin embargo, ellas surgen de los votos de los jueces ad hoc Fogel 98 y Fogel Pedroso 99, respectivamente, en los casos sobre el derecho a la existencia digna de las comunidades indígenas contra Paraguay, donde el problema se advierte con más claridad.

b) En relación con los efectos de las acciones del Estado para revertir la situación de vulnerabilidad El argumento de vulnerabilidad, por un lado, alerta acerca de que personas o grupos de personas requieren que otro haga algo (Estado) para ayudarlas a salir del estado de vulnerabilidad, porque al encontrarse en una posición de exclusión, de marginalidad, de subordinación, no disponen de las mismas herramientas (socioeconómicas, de participación real en los procesos políticos, para disputar los lugares desde los que se puede tener “voz efectiva” para que se expresen tanto individual cuanto como miembros de un colectivo, etc.) para procesar y revertir esa situación.

Sin embargo, por el otro lado, puede implicar la estigmatización o la estereotipación de los grupos o personas a los que se dirigen esas medidas estatales (dilema de la diferencia) 100, ¿Logra la Corte IDH evitar caer en alguna de las trampas del uso del argumento de vulnerabilidad: la de la esencialización y/o la de la estigmatización? La Corte IDH juega constantemente con tres elementos, que en algunos casos aplicó con mayor intensidad que en otros.

Esos tres elementos son: a) la pertenencia de las personas afectadas a un grupo vulnerable definido por algún Instrumento Internacional de Derechos Humanos específico (niños, comunidades indígenas); b) la situación de vulnerabilidad concreta (vivir en la calle, en situación de detención en hacinamiento o superpoblación, vivir en situación de desplazamiento a la vera de una ruta en la miseria extrema), y c) el conocimiento de esa situación de vulnerabilidad por parte del Estado.

Sobre este último punto agregamos e insistimos 101 con la crítica a la Corte IDH: el Estado no puede desconocer a un grupo, a un colectivo que es vulnerable y tampoco puede ignorar situaciones de vulnerabilidad de cierta extensión y públicas. Concederle al Estado ese desconocimiento es muy generoso, por decir lo menos; pero sobre todo es un boomerang que, de activarse, invalidaría todo el desarrollo argumental anterior, como ya indicamos.

¿Esta reconstrucción de la jurisprudencia de la Corte IDH es eficaz para sortear algunas de las trampas de la vulnerabilidad? Es harto conocido que el uso del concepto de grupo vulnerable o incluso de situación de vulnerabilidad puede implicar esencialización, estigmatización o negación de la agencia de los afectados, entre otros 102,

Es probable que la Corte haya tomado nota implícita de estas trampas. De ahí el énfasis puesto en la “situación” de vulnerabilidad, lo que la ha llevado a un análisis de la situación concreta, del contexto y, en fin, la ha conducido a otorgarle cierta flexibilidad al concepto.

La esencialización consiste en volver representativa la experiencia de uno de los participantes del grupo en detrimento de cómo los otros miembros del grupo (varones o mujeres, niños o niñas, ancianos o personas con necesidades especiales, etc.) experimentan, interpretan y responden a las vulnerabilidades 103,

Este riesgo es frecuente en la argumentación en derechos humanos. La mayor parte de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos identifican “categorías” de grupos vulnerables, bajo cuyo ropaje se naturaliza la experiencia de uno o algunos integrantes de un grupo y se silencian las otras.

  • Esta tendencia podría tener presencia en la argumentación de la Corte IDH cuando identifica a los niños de la calle, a los detenidos en situación de hacinamiento y a las comunidades indígenas como en “situación de vulnerabilidad”.
  • Sin embargo, la alerta aparece en el elemento b) de su conceptualización: la situación de vulnerabilidad concreta.

Esto le permitiría ser sensible a las experiencias diversas de vulnerabilidad que viven los niños que habitan las calles o los integrantes de las comunidades indígenas desplazadas y llevadas a vivir en situación de miseria a la vera de un camino. Por ejemplo, la Corte IDH ha estado especialmente atenta a la situación de vulnerabilidad que experimentan, dentro de las comunidades, las personas de edad avanzada y los niños.

Sin embargo, respecto a las mujeres en las comunidades indígenas, se refirió a las mujeres en situación de embarazo y amamantamiento, lo que podría ser interpretado, muy probablemente, como la generalización de una experiencia de vulnerabilidad de algunas de las mujeres del colectivo, en detrimento de las voces y las vivencias de otras integrantes de la comunidad 104,

En el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, la situación de habitación de calle de los niños fue relevante para la Corte IDH para definir la situación de vulnerabilidad a partir del estado de exclusión social constatado.

  1. Sin embargo, es posible preguntarse si al etiquetar a las víctimas como “niños de la calle” y luego como niños en “riesgo” no los caratula a partir de una de sus características, pero con el precio de ignorar todas las demás 105,
  2. A su vez, la etiquetación implícita de los niños de la calle como niños “en riesgo” o en estado de exclusión social podría acallar las voces de otros niños que experimentan la falta de acceso a condiciones de existencia digna, pero que no viven en las calles sino en contextos familiares, diferentes del de la vía pública.

En los casos que involucraban a comunidades indígenas, la situación de habitar en la miseria extrema a la vera de una ruta fue determinante para identificar la vulnerabilidad. Sin embargo, vale preguntarse, en la misma línea, si la insistencia en esta circunstancia no opaca la -no menor- de desplazamiento no voluntario de sus tierras y territorios 106,

Nuevamente esta trampa puede ser sorteada si se atiende al carácter relacional, contextual y particular de las experiencias de las situaciones de vulnerabilidad 107, Esto ha llevado a hablar de vulnerabilidades acumulativas, “espiraladas” 108, en capas 109, interseccionales 110, Todas, con sus matices, apuntan al carácter móvil y flexible de las vulnerabilidades que operan en el agravamiento de la situación o, incluso, en la construcción de nuevas identidades dentro de lo que otros consideran un mismo grupo.

Consideramos que la apertura a las diversidades de la vulnerabilidad debe estar presente, por lo menos, en: a) el trabajo con los hechos y el contexto del caso; b) la identificación del problema o cuestión del caso; c) el momento de la determinación de la gravedad de la restricción al derecho a condiciones de existencia digna y a la igualdad; d) el momento de evaluar la (in) eficacia, la (in)suficiencia del accionar estatal, y e) el momento de determinación de los remedios o reparaciones.

  1. C) Las dimensiones de la desigualdad En cuanto a la desigualdad es importante ver si se está pensando la vulnerabilidad desde una perspectiva de desigualdad unidimensional, bidimensional o multidimensional 111,
  2. El uso del concepto de “situación de vulnerabilidad” puede evitar el esencialismo y, simplemente, resalta que algunas personas se encuentran en una situación de asimetría en cuanto al acceso a las condiciones de existencia digna.

Evidencia, a su vez, que esa desigualdad proviene de arreglos institucionales preexistentes, en cuya definición los afectados no tuvieron posibilidad real de participar en forma efectiva y que, además, en el presente, no pueden desarmar por sus propios medios, con sus propias fuerzas.

  1. Éste es el argumento central para justificar el deber positivo del Estado para asegurar medidas de prestación para la Corte IDH que, en el caso de los niños, surge explícito del artículo 19 de la Convención Americana.
  2. Hasta aquí no hay trampa.
  3. La trampa deviene cuando esta situación se ve sólo como un problema de mala distribución de derechos concebidos como cosas.

Si fuera así, la prestación podría implicar cualquier medida que conlleve una mejora. Sin embargo, así planteado el problema, la activación de la prestación podría resultar en la negación de la agencia de los afectados 112, El problema es que se ve la vulnerabilidad sólo como producto de la mala distribución.

Se opaca que también ella puede devenir de la falta de reconocimiento o posibilidades ciertas de participación. Lo primero puede conllevar el ver a las personas afectadas como sujetos pasivos de las medidas de prestación y no como agentes. En el caso de los niños, la Corte IDH trata de saltear esta trampa cuando piensa en las obligaciones estatales para que los niños puedan crecer y desarrollarse “en condiciones dignas”; en el caso de las comunidades indígenas, cuando enfatiza la especial relación que las comunidades establecen con sus tierras ancestrales y territorios, cuestión que no se puede solucionar simplemente con la entrega de otras tierras ni tampoco interpretando como definitivas acciones estatales para sacar a las comunidades de la miseria que no impliquen la devolución de sus tierras ancestrales.

En fin, esta trampa se puede evitar si las vulnerabilidades son interpretadas, desarmadas, analizadas en forma de desigualdades multidimensio-nales por mala distribución, falta de reconocimiento y de posibilidades reales de participación, entre otras.

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Si se analizan las situaciones de vulnerabilidad -trabajadas en cada uno de los casos en apartados anteriores- con detenimiento, algunas hablan de un trato desigualitario a niños por mala o falta de distribución de bienes económicos y sociales por los que son “arrojados” a habitar las calles o a niños detenidos en situación de hacinamiento.

Asimismo, otras devienen de un trato desigualitario por falta de reconocimiento de las interpretaciones que las comunidades indígenas atribuyen a su relación con la tierra y territorios (falta de reconocimiento), lo que a su vez implica obstaculizar su autoabastecimiento y subsistencia (distribución), y por la falta de mecanismos administrativos y judiciales eficaces para reclamar por sus tierras y territorios (mala distribución de los arreglos institucionales de organización y procedimiento así como falta de posibilidades reales de participación) 113,

Las causales del trato desigualitario en relación con el acceso a condiciones de existencia digna resultan, así, multidimensionales. Apuntan tanto a que esos arreglos institucionales develan una mala distribución como a que, en algunos casos, están ausentes tanto el reconocimiento como los canales de participación 114, todo lo cual ubica a esas personas en situación de desigualdad para poder actuar en la sociedad como pares 115,

VI. Consideraciones finales El propósito de este trabajo no fue ahondar en la disputa acerca de cuál es la mejor estrategia para justificar la obligación estatal de garantizar condiciones de existencia digna. Es decir, la disputa que parece enfrentar a quienes sostienen la justificación por medio del derecho a la vida frente a los que sostienen la justificación por medio de los derechos sociales.

Tampoco fue nuestro propósito explorar el porqué de la elección de la estrategia realizada por la Corte IDH. Nuestro propósito fue salir del carácter dicotómico 116 con el que suele ser presentada esta disputa de estrategias, para sacar a la luz, por un lado, el carácter social del contenido del derecho a las condiciones de existencia digna; y por el otro, el argumento de vulnerabilidad que en esta disputa había quedado opacado.

Respecto del carácter social del contenido del derecho a la vida digna, sostuvimos que el argumento principal es el de igualdad material. Agregamos que el contenido de ese derecho se nutre de interpretaciones que vienen de las obligaciones básicas que surgen de los DESC, es decir del derecho al agua, a la vivienda, a la educación, a la alimentación, a la salud.

  1. El derecho a condiciones de existencia digna del sistema interamericano sería entonces el funcional equivalente al derecho social a un nivel de vida adecuado del artículo 11 del Pidesc.
  2. Por lo demás, en relación con la obligación estatal que surge del derecho a condiciones de existencia digna, sostuvimos que la evaluación de la especial gravedad de la situación en la que se encuentran los afectados es lo que justifica que el Estado tenga la obligación definitiva e impostergable de realizar medidas positivas apropiadas, suficientes 117 y conducentes para revertir esa situación de vulnerabilidad.

El argumento basal es el de igualdad material. En esas situaciones existe una desigualdad que genera graves violaciones a los derechos, en especial, a la existencia digna, razón por la cual el Estado debe intervenir. Esta argumentación se enrola entre las que propugnan el modelo o paradigma de Estado social de derecho 118,

  1. Por ello, sea que la Corte IDH ingrese a la cuestión por el derecho a la vida digna o por el derecho al desarrollo progresivo de los DESC, ella no evita pronunciarse sobre cuestiones básicas de justicia social 119, aunque lo haga de forma elíptica o tangencial.
  2. Estas situaciones se producen por falta de redistribución (falta o insuficiencia de acciones estatales que permitan que los niños marginalizados y/o detenidos puedan desarrollar sus planes de vida) y, además, por falta de reconocimiento (de las voces de las comunidades indígenas que desde sus lugares, sus culturas y cosmovisiones interpretan la relación con la tierra, los territorios y buscan asegurar su autoabastecimiento).

En esta línea de trabajo, varias cuestiones parecen quedar en el tintero de la agenda de la Corte IDH. Nos detenemos en una 120 : el desarrollo argumentativo que combina derecho a la existencia digna con contenido de derechos sociales y vulnerabilidad fue realizado en relación con niños en situación de vulnerabilidad, niños de las calles, personas adultas y niños detenidos, comunidades indígenas desplazadas en situación de pobreza extrema, integrantes de esas comunidades ancianos, niños, mujeres “en estado de embarazo y postembarazo”.

  1. La dificultad radica en que este desarrollo se queda corto.
  2. Si bien en la jurisprudencia de la Corte IDH existen sentencias sobre mujeres, migrantes, desplazados y personas en situación de discapacidad, en ellas no se desarrolla esta combinación argumentativa con la misma contundencia.
  3. Por el otro lado, identificamos los problemas que puede acarrear trabajar con el argumento de vulnerabilidad.

Al respecto, sostuvimos que la Corte IDH ha mostrado cierta flexibilidad con respecto a su uso. Ha tomado la edad (niños, personas de edad avanzada), la pertenencia a una comunidad indígena, la situación de especial sujeción (detención, internación) como dato de partida, pero combinado con un análisis de la situación concreta de habitabilidad (niños que habitan las calles, comunidades indígenas desplazadas que viven a la vera de una ruta en situación de pobreza extrema) o de detención (niños y adultos detenidos en situación de hacinamiento).

  1. Estas situaciones de vulnerabilidad son utilizadas como un argumento de base para justificar la obligación estatal de generar condiciones de existencia digna en clave de igualdad, como distribución, reconocimiento y participación.
  2. Notas * Trabajo recibido el 13 de agosto de 2015 y aprobado el 27 de abril de 2016.

Agradecemos a Nancy Car-dinaux, Federico De Fazio, Martín Aldao, Celeste Novelli, Mariano Kierszenbaum, Virginia Deymonnaz, Silvina Pezzetta, Diego Freedman y Ariel Dulitzky por los comentarios, las sugerencias y las críticas. Asimismo, agradecemos los comentarios, preguntas y sugerencias de los participantes del Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Democracia (SELA) celebrado el 21 de junio de 2014 en Lima, en especial a: Robert Burt, Isabel Cristina Jaramillo, Jaime Couso, Renata Bregaglio Lazarte, Aída Torres, Mónica Pinto, Roberto Saba, Paula Ahumada, Karina Ansolabehere, Ana Paula de Barcelloss, Paola Bergallo, Laura Saldivia, Myrta Morales Cruz, Martín Bohmer y Owen Fiss.

Abogada (UBA), LL.M (Harvard Law School) y Doctora en Derecho Penal (UBA), Profesora de Derecho Penal (UBA). *** Abogada (UBA), LLM. y Dr. iur. (Kiel), Profesora de Derecho Constitucional (UBA), Investigadora del Conicet.1 V. el voto de Eduardo Ferrer Mac Gregor en: Corte IDH, Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, Sentencia de 21 de mayo de 2013, Serie C N° 261; Corte IDH, el reciente sobre Ecuador Gonzáles Lluy vs.

Ecuador. Sentencia de 01/09/2015. Serie C N° 298.2 V. un estudio pormenorizado del derecho a la salud en las producciones de la CIDH y Corte IDH en Parra Vera (2013).3 V. Cavallaro y Schaffer (2006), p.345; Cavallaro y Schaffer, (2004), p.217.4 Cavallaro y Brewer, (2008), pp.85-99, sostienen que cuando los peticionarios son guiados por los movimientos sociales, con frecuencia habrán de priorizar las violaciones al derecho a la vida debido al valor estratégico de las peticiones que implican este derecho: “si uno está escuchando a estos grupos, a menudo oirá una preferencia por centrar la atención en aquellos que han muerto en sus luchas, más que en aquellos que diariamente sufren otro tipo de abuso en sus derechos.” Esto no implicó, en los casos que ellos analizaron (los casos de Corumbiara y Eldorado sobre tierras en Brasil), que los movimientos, en la campaña más amplia de incidencia, no siguieran levantando las banderas de los derechos sociales en múltiples foros locales, internacionales y en los medios de comunicación.5 En general, v.

  1. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs.
  2. Guatemala”, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C N° 63, párrs.144 a 146; Caso Myrna Mack Chang vs.
  3. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C N° 101; Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs.
  4. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C N° 112; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs.

Perú, Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C N° 110, párr.124; Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C N° 99, párr.110; Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C N° 109, párr.153.

Específicamente, en relación con las condiciones de detención, v. Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, Serie C N° 63, cit., párrs.144 a 146; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C N° 160, párrs.285, 293 a 295, 300 y 301; Caso Bulacio vs.

Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C N° 100, párrs.126 y 127; Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Serie C N° 101, párr.153; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Serie C N° 110, párr.129; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs.

  1. Venezuela, Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C N° 150, párrs.102 y 103; Caso De la Cruz Flores vs.
  2. Perú, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, Serie C N° 115, párr.132; Caso Tibi vs.
  3. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C N° 114, párr.157; Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs.

Paraguay, cit., párr.158; Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C N° 33; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C N° 140, párrs.120, 111-112; Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs.

  • Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C N° 134, párrs.232, 108, 110; Caso Huilca Tecse vs.
  • Perú, Sentencia de 3 de marzo de 2005, Serie C N° 121, párr.66; Caso 19 Comerciantes vs.
  • Colombia, cit., párr.153; Caso Juan Humberto Sánchez vs.
  • Honduras, cit., párr.110; Caso Bámaca Velásquez vs.

Guatemala, Serie C N° 70, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párr.172.6 Melish (2006), p.171; Melish (2008).7 Aunque no se lo desconoce, v. Melish, (2005), pp.215-217. Por ejemplo, Melish sostiene que la Corte IDH: “(.) ha preferido encontrar que los derechos deben ser protegidos en virtud de la vulnerabilidad especial de grupos particulares, en vez de reconocer directamente la aplicación universal de los derechos socioeconómicos.

Específicamente, ha tendido a hallar ciertos derechos socioeconómicos requeridos por las ‘elevadas’ o ‘especiales obligaciones’ del Estado para con ciertas poblaciones, a la luz de su derecho a la vida y a la integridad personal (.)”. La utilización del argumento de vulnerabilidad no implica necesariamente desconocer el carácter universal de los DESC, incluso es de uso frecuente desde posturas que conciben a los derechos sociales como plenamente exigibles (v., entre otros, Parra Vera, 2008).

La situación de vulnerabilidad, entre otros, es un argumento a favor del carácter definitivo de una obligación estatal que surge de un derecho. En todo caso, el problema en esta disputa es que no se haya prestado la suficiente atención al argumento de la vulnerabilidad, dado que hacerlo permitiría discutir las ventajas y desventajas del uso de esta estrategia argumentativa.8 V.

Arango (2005), p.173; Arango y Lemaitre (2002); García Jaramillo (2013), p.151.9 Alexy (1986); Arango (2005); Winkler y Mahler (2013), 388-401, entre otros.10 Artículo 11 del Pacto Internacional de DESC.11 La Corte IDH sostuvo que el artículo 19 de la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño integran un “muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños” que ella debe tomar como pauta para “fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana.”, v.

Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, cit., párr.194.12 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, cit., párr.144.13 No se nos escapa que el uso metafórico de “núcleo duro” presenta problemas en cuanto a su determinación.

En este artículo analizamos una estrategia argumentativa que intenta darle contenido. Además, exploramos esa estrategia desde la perspectiva de la igualdad material que entendemos está incluida en las normas relacionadas del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por lo demás, hablar en forma metafórica de “núcleo duro” de los derechos de prestaciones no es incompatible con sostener que los derechos sociales reconocen otros contenidos exigibles. Una forma de determinar esos contenidos —insistimos, más allá del piso del derecho— es a través del examen de razonabilidad o proporcionalidad, v., entre otros, Arango (2006), pp.153-172; Arango (2011); CléRiCo (2011), pp.385-428; Ronconi, (2012), pp.131-149.14 Se asimila a la idea desarrollada por Garzón ValdÉS (1994), pp.731/743.15 V.

Beloff (2016).16 Este desarrollo argumentativo podría habilitar una tipología de casos como identificamos en el texto. Sin embargo, no es el objetivo de este trabajo ahondar en esa tipología, ni en las similitudes y diferencias entre los casos. A los efectos de los objetivos de este trabajo alcanza con reconstruir el desarrollo argumentativo en clave lineal y cronológica.17 Pascualucci (2008), pp.1-32.18 Así, sostuvo en el famoso párrafo 144 de la sentencia de fondo: “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.

De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.

  1. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.” Destacados agregados.V.
  2. La sentencia de la Corte IDH en el Caso Servellón García y otros vs.

Honduras (Sentencia de 21 de septiembre de 2006, Serie C N° 152) sobre “niños y jóvenes afectados por la pobreza que estén socialmente marginados” (párr.116); enfatiza que el Estado no permitió el “acceso a servicios y bienes esenciales, de una forma tal que esa falta privó definitivamente a los menores su posibilidad de emanciparse, desarrollarse y de tornarse adultos que pudieran determinar su propio futuro”(párr.117), cursiva agregada.19 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.

Guatemala, cit., párr.146.20 Para interpretar el contenido de esta disposición es importante rescatar la perspectiva desde la que Burt, entre otros, plantea su trabajo sobre los derechos de los niños: “nos concentramos en los esfuerzos estatales dirigidos exclusivamente (para decirlo de modo sintético) a ayudar más que a castigar a los niños con problemas”, Burt (1975), pp.118-143· Curiosamente, en las sentencias de los primeros quince años desde que se incorporó la Convención sobre Derechos del Niño al derecho latinoamericano (1990-2005), la Corte IDH pareció más interesada por los problemas relacionados con el castigo a los niños (justicia juvenil) que con su protección.

Ver Beloff (2016).21 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, cit., párr.257.22 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, párr.189.23 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.

Guatemala, cit., párr.191.24 En este sentido, se afirma que “Las necesidades de protección de los más débiles —como los niños en la calle— requieren en definitiva una interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas de una vida digna. De ahí la vinculación inexorable que constatamos, en las circunstancias del presente caso, entre los artículos 4° (derecho a la vida) y 19 (derechos del niño) de la Convención Americana, (.)”.

De esta forma, “Creemos que el proyecto de vida es consustancial del derecho a la existencia, y requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de la persona humana (.)”. Así, “Una persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual; la muerte física que a ésta sigue, en tales circunstancias, es la culminación de la destrucción total del ser humano.

  • Estos agravios hacen víctimas no sólo a quienes los sufren directamente, en su espíritu y en su cuerpo; se proyectan dolorosamente en sus seres queridos, en particular en sus madres, que comúnmente también padecen el estado de abandono.
  • Al sufrimiento de la pérdida violenta de sus hijos se añade la indiferencia con que son tratados los restos mortales de éstos.” Ibídem, del voto concurrente conjunto de los jueces A.A.

Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, párrs.7, 8 y 9, respectivamente.25 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, cit., párrs.151, 152 y 153; 159.26 Un razonamiento similar aplicaría a la situación de cualquier persona bajo la custodia del Estado, aunque no sea “reclusa” o esté detenida como consecuencia de la comisión de una infracción.

Es decir, el Estado tiene la obligación de generar condiciones de existencia digna, en el caso de ancianos en geriátricos públicos o privados, niños en instituciones de protección, o personas con enfermedades mentales alojadas en instituciones públicas o privadas; v. el caso Ximenes Lopes sobre muerte de una persona con discapacidad mental en una institución psiquiátrica (privada).

En la sentencia se sostuvo que “con la finalidad de determinar las obligaciones del Estado en relación con las personas que padecen de una discapacidad mental, la Corte estima necesario tomar en cuenta, en primer lugar, la posición especial de garante que asume el Estado con respecto a personas que se encuentran bajo su custodia o cuidado, a quienes el Estado tiene la obligación positiva de proveer las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna.” Corte IDH, Caso “Ximenes Lopes vs.

Brasil”, 4/7/2006, párrs.138, 86, 99, 119, 133 y 141; y en forma reciente sobre “espacios de alojamiento” de niñas y niños migrantes, más allá de si se encuentran junto a su familia o no acompañados, o separados, en: Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional.

Opinión Consultiva OC-21/14, 19/8/ 2014, párrs.181-184. En la jurisprudencia del TEDH ver el reciente caso “Centre For Legal Resources en representación de Valentin Câmpeanu c. Rumania”, 17/7/2014, sobre la muerte de un joven de origen romaní que padecía HIV y se encontraba internado en un establecimiento psiquiátrico.27 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs.

  • Paraguay, cit., párr.152.28 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs.
  • Paraguay, cit, párrs.160, con referencias a los casos de la Corte IDH: Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs.
  • Perú, cit., párrs.124, 163, 164 y 171; Caso Bulacio vs.
  • Argentina, cit., párrs.126 y 134; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.

Guatemala, cit., párrs.146 y 191; y Opinión Consultiva N° 17, Serie A N° 17, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, 28 de agosto de 2002, párrs.56 y 60.29 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, cit., párrs.160 y 159, cursiva agregada.30 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs.

Paraguay, cit., párrs.164 y ss.31 “n Estado tiene, respecto de niños privados de libertad y, por lo tanto, bajo su custodia, la obligación de, inter alia, proveerlos de asistencia de salud y de educación, para así asegurarse de que la detención a la que los niños están sujetos no destruirá sus proyectos de vida”, Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs.

Paraguay, cit., párr.161; con referencia a la Opinión Consultiva N° 17 “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, cit., párrs.80, 81, 84 y 86-88; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, cit., párr.196; y a la Regla 13.5 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985.32 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs.

Paraguay, cit., párrs.166, 172, 173, 174, 176.33 Agrega: “Más aun, fue el Estado quien permitió que sus agentes amenazaran, afectaran, vulneraran o restringieran derechos que no podían ser objeto de ningún tipo de limitación o vulneración, exponiendo de manera constante a todos los internos del Instituto a un trato cruel, inhumano y degradante, así como a condiciones de vida indignas que afectaron su derecho a la vida, su desarrollo y sus proyectos de vida, configurándose de este modo una violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 5.6 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y respecto de los niños, leídos también a la luz del artículo 19 de la misma Convención.”, Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs.

Paraguay, cit., párr.176, destacado agregado.34 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia de 17 de junio de 2005.35 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006.36 Corte IDH, Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.

Paraguay, Sentencia de 24 de agosto de 2010.37 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, cit., párr.131.38 La injusticia socioeconómica se encuentra arraigada en la estructura político-económica de muchas sociedades, sobre todo las periféricas, a partir de la distribución de bienes (ejemplos de este tipo de injusticia se pueden vislumbrar en la explotación laboral, la marginación económica, la privación de los bienes materiales indispensables para llevar una vida digna, entre otros), v.

Fraser (1997).39 Esta última deviene de la injusticia cultural o simbólica, arraigada en los patrones dominantes en una sociedad desde los que se interpreta con pretensión de “uniformidad”, por ejemplo, cuál es la forma de uso, posesión, disposición de la tierra que debe ser reconocida, sin que la voz concreta de quienes tienen interpretaciones diferentes y diversas sea escuchada en forma eficaz en el proceso de decisión (ejemplos de este tipo de injusticia son la dominación cultural, el no reconocimiento y el irrespeto a las voces diversas provenientes de las comunidades indígenas, entre otros, v.

Schujman, Cardinaux y CléRICO (2007); Fraser (1997).40 Una clasificación actual de los casos resueltos por la Corte IDH sobre comunidades indígenas y otros pueblos según diversas formas de desigualdad estructural, v. Góngora Mera (2013), Pascualucci (2008).41 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs.

Paraguay, cit., párr.164, cursiva agregada.42 V. Clérico y Aldao, (2011), entre otros.43 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, cit., párr.161, con cita del Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, cit., párr.156; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs.

Perú, cit., párr.128; Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, cit., párr.152, y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, cit., párr.144.44 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, párr.166, con cita Comité de DESC de las Naciones Unidas, Observación General 14 sobre El derecho a la salud (2000).45 Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs.

Paraguay, cit., párr.159.46 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, cit., párr.162, cursiva agregada.47 Dulitzky interpreta que la Corte IDH no ha extendido la obligación de garantizar el derecho a la vida a toda situación de pobreza o extrema pobreza.

  1. Dulitzky, (2008); cfr.
  2. Informe del IIDH sobre Derechos Humanos y Pobreza, 2010; v.
  3. Casos Corte IDH, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs.
  4. Paraguay, cit., párr.155; Caso Xakmok Kasek, cit.
  5. Párr.188.48 Vuelve a reiterar en Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs.
  6. Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012, párr.245 y 248, en el que la Corte IDH condena a Ecuador porque, con la aquiescencia y protección del Estado, una empresa petrolera realizó el desbroce de senderos y sembró cerca de 1400 kg de explosivo pentolita en el bloque 23, que incluye el territorio Sarayaku.

“Por ende, ha sido un riesgo claro y comprobado, que correspondía al Estado desactivar (.)”, párr.248.49 La categoría de “especial vulnerabilidad” no parece del todo adecuada para fijar estándares sobre el alcance de los derechos, dado que permitiría concluir que existen vulnerabilidades generales (y, por tanto, ¿que no exigirían acción estatal positiva?) y especiales (que sí las exigirían).

Interpretamos el giro lingüístico como un intento metodológico por evitar la clasificación en términos de grados de vulnerabilidades, pero insistimos en su deficiencia como baremo. Agredecemos a Nancy Cardinaux el habernos señalado este punto con su lucidez característica.50 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs.

Paraguay, cit., párr.163. Sobre el tema ver Melish (2005), quien concede que la jurisprudencia del “proyecto de la vida” parece imprescindible “en aquellos contextos objetivos concretos en los cuales la totalidad de las condiciones necesarias para alcanzar una existencia digna están ausentes y desenmarañar violaciones especificas es imposible.” Sin embargo, no le parece la metodología para tratar el volumen creciente de reclamos sobre incumplimiento de DESC presente en la región.51 El trasfondo de este paso argumentativo puede ser reconstruido desde la propuesta de Owen Fiss sobre el principio de grupos desaventajados y el mandato de igualdad como antisometimiento, v.

  1. Fiss (2002); Fiss (1999), pp.137-167.52 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs.
  2. Paraguay, cit., párr.163.53 “La Corte no puede dejar de señalar la especial gravedad que reviste la situación de los niños y los ancianos de la Comunidad Yakye Axa (.) En el presente caso, el Estado tiene la obligación, inter alia, de proveer a los niños de la Comunidad de las condiciones básicas orientadas a asegurar que la situación de vulnerabilidad en que se encuentra su Comunidad por la falta de territorio, no limitará su desarrollo o destruirá sus proyectos de vida”, Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs.

Paraguay, cit., párr.172, cursiva agregada, con referencias a: Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, cit., párr.160 (aunque en este párrafo no aparece lo que Yakye Axa aparece en cursiva en el párr.172); Opinión Consultiva No.17 “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, cit., párrs.80-81, 84, y 86-88, y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.

Guatemala, cit., párr.196. Interpretamos que Yakye Axa avanza un paso respecto de los derechos de los niños, ya que en “Villagrán Morales” la Corte IDH enumera medidas de protección, pero no especifica cuáles serían las medidas positivas apropiadas, tampoco aparece un párrafo similar que en esta nota de Yakye Axa se marca en cursiva.

A pesar de este avance, la Corte IDH no condenó al Estado por violación al artículo 19 (derechos del niño a medidas especiales de protección); en rigor tampoco lo había solicitado la Comisión IDH. Similar situación se dio con el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs.

  1. Paraguay.54 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs.
  2. Paraguay, cit., párr.169.55 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs.
  3. Paraguay, cit., voto en disidencia del juez Cançado Trindade.56 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs.
  4. Paraguay, cit.57 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.

Paraguay, cit., párr.217, destacado agregado.58 En reiteradas oportunidades, la Corte habla del carácter extremo de la situación de vulnerabilidad, lo que podría llevar a pensar que concibe la vulnerabilidad en forma gradual. El carácter gradual de la gravedad de la vulnerabilidad presente en la argumentación del TEDH sobre grupos vulnerables fue utilizado por Peroni y Timmer (2013), pp.1056-1085, para preguntarse si ese Tribunal argumentaba desde una narrativa de derechos humanos que tomaba la vulnerabilidad como una característica común a todas las personas o como algo específico de determinados grupos.

  • Una pregunta similar podría ser realizada respecto a la estrategia argumentativa ensayada por la Corte IDH sobre derecho a condiciones de existencia digna y situación de vulnerabilidad.
  • ¿Se trata de una narrativa en la que se parte del hecho irrefutable fenomenológicamente de que las personas son, desde el comienzo de su existencia y en el trayecto de sus vidas, vulnerables a algo o alguien y por ello, en todo caso, las vulnerabilidades son una cuestión de grados, de intensidades? ¿O la gradualidad de las vulnerabilidades se piensa como en una escala aparte construida para aplicar a personas o grupos específicos? El tratamiento de estas preguntas excede los objetivos de este trabajo.

Por lo pronto requeriría un análisis del discurso de la línea jurisprudencial estudiada, entrevistas a los jueces y juezas de la Corte como así también a los asistentes letrados, análisis comparado de otras líneas jurisprudenciales de la Corte en la que aplicó el argumento de vulnerabilidad, como así también una periodización de la aplicación del argumento de vulnerabilidad en relación con la historia del sistema que esperamos poder llevar adelante en una futura investigación.59 V.

Clérico y Aldao (2011).60 Respecto del derecho al acceso a agua, las gestiones realizadas por el Estado a partir del decreto no alcanzaron para proveer a los miembros de la comunidad de agua en cantidad suficiente y calidad adecuada, lo cual los expuso a riesgos y enfermedades.61 En relación con el derecho a la alimentación, a pesar de lo demostrado por el Estado, no se superaron las necesidades nutricionales que existían con anterioridad al decreto.

Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, cit., párr.208.62 Respecto del derecho a la salud, si bien se reconocen los avances realizados por el Estado, se sostiene que las medidas adoptadas se caracterizan por ser “temporales y transitorias”, y que “no se evidencia acciones positivas para garantizar la aceptabilidad de dichos bienes y servicios, ni que se hayan desarrollado medidas educativas en materia de salud que sean respetuosas de los usos y costumbres tradicionales.” Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.

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Paraguay, cit., párr.208. En el caso de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa (2006), tuvo en cuenta que, en especial, niños y ancianos murieron por causas de enfermedades previsibles que pudieron haber sido evitadas por tratamientos de bajo costo, Corte IDH, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, cit., párr.170.63 En relación con el derecho a la educación, las acciones estatales eran insuficientes porque no existían instalaciones adecuadas para la educación de los niños: las clases se desarrollaban bajo un techo sin paredes y al aire libre y, de igual modo, no se aseguraba ningún tipo de programa estatal para evitar la deserción escolar.64 Sobre los “problemas estructurales” que presenta el procedimiento administrativo, que impiden “encontrar una solución definitiva del problema”, Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.

Paraguay, cit., párr.145. Cfr. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, cit., párr.98, y Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, cit., párr.108.65 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, cit., párr.181.66 Cfr. Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs.

Paraguay, cit., párr.173. Sobre el criterio que relaciona el “caso extremo” con la situación de “urgencia” para determinar las obligaciones estatales de hacer en materia de derechos sociales, v. Arango (2005).67 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, cit., párr.163.68 El Estado reconoció la existencia de medios alternativos para revertir la situación de vulnerabilidad (facilitar el acceso a las tierras ancestrales alternativas que respeten la identidad cultural y el autoabastecimiento); sin embargo, no demostró acciones concretas de haberlos implementado, Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.

Paraguay, cit., párrs.117 y 118, respectivamente.69 V. Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, cit., párr.164.70 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, cit., párr.155 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, cit., párr.188, destacado agregado; Clérico y Aldao (2011).71 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.

Paraguay, cit., párr.259.72 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, cit., párrs.256-264.73 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, cit., párrs.233-234.74 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, cit., en el párr.274.V. Fiss (1999).75 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.

Paraguay, cit., párr.274.76 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, cit., párr.274 y justificación explícita en párr.273. Se ponen en evidencia las asimetrías de posiciones en perjuicio de las comunidades, esto las afecta como comunidad y a sus integrantes para contar con igualdad de armas para participar en las interacciones como pares: “En el presente caso está establecido que la situación de extrema y especial vulnerabilidad de los miembros de la Comunidad se debe, inter alia, a la falta de recursos adecuados y efectivos que en los hechos proteja los derechos de los indígenas y no sólo de manera formal; la débil presencia de instituciones estatales obligadas a prestar servicios y bienes a los miembros de la Comunidad, en especial, alimentación, agua, salud y educación; y a la prevalencia de una visión de la propiedad que otorga mayor protección a los propietarios privados por sobre los reclamos territoriales indígenas, desconociéndose, con ello, su identidad cultural y amenazando su subsistencia física.

Asimismo, quedó demostrado el hecho de que la declaratoria de reserva natural privada sobre parte del territorio reclamado por la Comunidad no tomó en cuenta su reclamo territorial ni tampoco fue consultada sobre dicha declaratoria”. Destacados agregados.77 En el caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú, sobre reducción del monto de los haberes de pensión, la Corte IDH prefirió identificar este retroceso en el contenido del derecho como una violación al derecho de propiedad antes que como una violación al desarrollo progresivo de los derechos sociales.

Para ello sostuvo que el desarrollo progresivo se debe medir en general, en relación con la creciente cobertura de los DESC para el conjunto de la población, y no “en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de la situación general prevaleciente”.

Esta jurisprudencia fue objeto de varias críticas. La Corte IDH parece haber escuchado parte de ellas en el caso Acevedo Buendía y Otros (“Cesantes y Jubilados de la contraloría”) vs. Perú, Sentencia de 1 de julio de 2009], sobre reducción de haberes previsionales. La Corte aclaró que el artículo 26 de la CADH era justiciable en casos concretos, más allá de su utilidad para monitorear el progreso en la cobertura de los DESC en general, así como que de él emanan las obligaciones de respeto y garantía como ocurre con los otros derechos.

Corte IDH, Caso Acevedo Buendía y Otros (“Cesantes y Jubilados de la contraloría”) vs. Perú, cit. párr.103.V. Burgorgue-Larsen y Ubeda de Torres (2011).78 Corte IDH, Caso Furlán y familiares vs. Argentina, Sentencia de 31 de agosto de 2012, párr.15 del voto concurrente de la Jueza Macaulay; v.

  1. Parra Vera, Oscar (2013).79 Corte IDH, Caso Suárez Peralta vs.
  2. Ecuador, 2013, voto del Juez Ferrer Mac-Gregor, párr.33 y ss.80 Corte IDH, Caso Gómez Lluy, vs.
  3. Ecuador, 2015, voto del Juez Ferrer Mac-Gregor.81 Para ponerlo en términos claros, con esto no se quiere sostener que los derechos sociales sólo garantizarían un contenido básico.

Como cualquier otro derecho, eleva la pretensión de ser desarrollado en la mayor y mejor medida posible. Entonces cuando hablamos de que el Estado en el supuesto identificado tiene una “obligación definitiva”, sostenemos que en ese supuesto el derecho se comporta como “regla” y no como “principio”; en ambos casos los derechos son exigibles.82 Agradecemos este comentario a Federico De Fazio.83 V., entre otros, García Ramírez (2013), pp.495-502; Estupiñan-Silva (2014), pp.89-116.84 Pascualucci (2008), identifica con claridad esta relación, aunque no se detiene en los problemas que puede implicar el uso del argumento de vulnerabilidad; sin embargo, realiza una clasificación interesante de los potenciales peticionarios, que divide en tres: aquellos que viven bajo exclusivo control estatal, los que pertenecen a grupos vulnerables y los que no pertenecen a ningún grupo reconocido tradicionalmente como vulnerable.85 V· en relación con la jurisprudencia del TEDH Peroni y Timmer (2013), quienes sostienen que el uso realizado por el TEDH le ha permitido desarrollar diversos aspectos de la igualdad material o sustantiva.

  • Sin embargo, agregan que si el TEDH quiere mantener ese potencial, es necesario que evite los problemas generalmente relacionados con el uso del concepto.
  • Timmer (2013).86 Aunque siga siendo de uso frecuente por los tribunales, como surge de las sentencias de la Corte IDH, de la Corte Constitucional Colombiana y del TEDH, entre otros, se advierte que aún permanece subteorizado y que esas ambigüedades pueden implicar potencialidades.V., entre otros, Fineman (2008).87 De acuerdo con Peroni y Timmer (2013).88 Las disputas sobre el concepto y las concepciones de “estructura” son de larga data.

A los efectos de este trabajo nos ayuda tener como imagen de trasfondo la propuesta de Iris M. Young, quien sostiene: “(.) la injusticia estructural existe cuando los procesos sociales sitúan a grandes grupos de personas bajo la amenaza sistemática del abuso o de la privación de los medios necesarios para desarrollar y ejercitar sus capacidades, al mismo tiempo que estos procesos capacitan a otros para abusar o tener un amplio espectro de oportunidades para desarrollar y ejercitar capacidades a su alcance (.)”.

Young (2011), p.69.89 Fineman (2008). Asimismo, el argumento de la vulnerabilidad ha sido recuperado recientemente desde posiciones de la sociología del cuerpo. Por ejemplo, Bryan Turner sostiene que la sociología puede contribuir a desarrollar un concepto de derechos humanos sobre el principio de que los seres humanos comparten una ontología común que está basada en una vulnerabilidad compartida.

De cara a la fragilidad de la vida humana (en la juventud, ancianidad, enfermedad, entre otras), sostiene que lo que las personas necesitan son derechos, y, por sobre todo, derechos económicos y sociales, tales como el derecho a vivir en un contexto familiar, a la atención sanitaria, a vivir en un medioambiente sano, v.

Turner (2006), p.9. En ese sentido las respuestas del Estado deberían ser sensibles a esta característica de la “condición humana”. Turner sostiene que la sociología, como disciplina, estaría especialmente preparada para explorar las fallas de las instituciones existentes para la protección de la vulnerabilidad humana.90 Uno de los ejemplos más claros se encuentra en el texto de Iris Marion Young, cuando muestra cómo el carácter relacional del ejercicio de nuestras preferencias, nuestras acciones, incluso las ejercidas de buena fe, influyen en el acceso a la vivienda en perjuicio de las personas que se encuentran en peores condiciones.

Young (2011), cap. II. Martha Nussbaum, en el prólogo al libro de Young, lo explica en términos claros y sencillos: “Las fuentes de las circunstancias generalizadas de ser vulnerable a la condición de sintecho son múltiples, de gran escala y de relativamente largo plazo.

Muchas políticas, públicas y privadas, y las acciones de miles de individuos que actúan según las normas comunes y las prácticas aceptadas, contribuyen a provocar estas circunstancias.” 91 Saba (2007); Fiss (1999); Añón Roig (2013).92 Young (2011), p.69; cfr. Fiss (1999) y Young (2002).93 V. entre otras, Young (2011), caps.

IV, VI y VII.94 V. crítica similar de la jurisprudencia de la Corte IDH sobre afrodescendientes en Dulitzky (2010).95 Fraser (2008): la pregunta acerca del tratamiento de las injusticias transnacionales como asuntos meramente nacionales lleva a Fraser a ampliar los tipos de injusticia; si antes proponía concebirlas como injusticia por falta de redistribución y reconocimiento, recientemente la ha ampliado a la injusticia por falta de representación fallida.

“Esto es lo que ocurre cuando, por ejemplo, las reivindicaciones de la población pobre del mundo se relega a ámbitos políticos internos de Estados débiles o fallidos y se le impide oponerse a las fuentes externas (offshore) de su desposeimiento (.) al tiempo que (se) aísla a los malhechores transnacionales respecto de toda crítica y control” (p.257).

“Si el espacio político se enmarca injustamente, el resultado es la denegación de participación política a aquellos que están fuera del universo de los que ‘cuentan’ (p.258). Con matices es similar el argumento de Young (2002).96 Niño (2009), pp.333-356; además, v.

ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño; Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Langford (2013).97 Si bien la Corte IDH puede condenar a los Estados, no a las empresas transnacionales, por violación a la obligación de proteger los derechos humanos de la población frente a actos de terceros, indirectamente el accionar de estos actores “privados” se puede poner en evidencia en el relato de los hechos, en las argumentaciones; además, las medidas reparatorias a cargo del Estado pueden tener efectos en las acciones de las empresas, etc., v.

entre otros, Gallardo Vieira Prioste De Azevedo Pinheiro Hoshino (2010); Salmón (2012).98 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, cit., párr.35, 36: “En los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se requiere que la comunidad internacional asuma que la pobreza, y particularmente la pobreza extrema, es una forma de negación de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y culturales, y actúe en consecuencia, de modo a facilitar la identificación de perpetradores sobre los cuales recae la responsabilidad internacional.

  1. El sistema de crecimiento económico ligado a una forma de globalización que empobrece a crecientes sectores constituye una forma ‘masiva, flagrante y sistemática violación de derechos humanos’, en un mundo crecientemente interdependiente.
  2. En esta interpretación del derecho a la vida que acompañe la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales se debe prestar atención a causas productoras de pobreza extrema y a los perpetradores que están detrás de ellas.

En esta perspectiva no cesan las responsabilidades internacionales del Estado de Paraguay y de los otros Estados Signatarios de la Convención Americana, pero las mismas son compartidas con la Comunidad Internacional que requiere de nuevos instrumentos.” En este voto se hace mención a los párrafos 19 y 20 del Documento E/CN.4/Sub 2/2004/44 sobre DESC, “La pobreza como violación de los derechos humanos”.99 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.

  1. Paraguay, cit., párr.26.100 En rigor, las dificultades podrían encuadrarse dentro de lo que Minow llama “el dilema de la diferencia”: “The stigma of difference may be recreated both by ignoring or by focusing on it.
  2. Decisions about education, employment, benefits, and other opportunities in society should not turn on an individual’s ethnicity, disability, race, gender, religion, or membership in any other group about which some have deprecating or hostile attitudes.

Yet refusing to acknowledge these differences may make them continue to matter in a world constructed with some groups, but not other, in mind. The problems of inequality can be exacerbated both by treating members of minority groups the same as members of the majority and by treating the two groups differently”.

en Minow (1990), pp.19, 20.101 Agradecemos nuevamente por la insistencia sobre este punto a Nancy Cardinaux.102 Peroni y Timmer (2013), en relación con el TEDH.103 La literatura sobre la esencialización es extensa; a los efectos de este trabajo alcanza con la caracterización provisoria mencionada en el texto.

Por lo demás, v., entre muchos otros, Fraser (1997); Peroni y Timmer (2013), Dulitzky (2010), ob. cit.; Costa y Leite (2011).104 V. Gargallo Celentani (2014), p.139; agradecemos a Paola Bergallo el haber compartido la referencia a este libro.105 Se ha señalado la tardía utilización, por parte de la Corte IDH, del concepto “niños de la calle” dado que, para la época de emisión del fallo Villagrán Morales y otros vs.

Guatemala, la sociología ya había abandonado la categoría para reemplazarla por la de “población callejera”.V. Beloff (2004).106 Si bien la Corte IDH en el caso Sawhoyamaxa condena al Estado a devolver las tierras a las comunidades, nos preguntamos hasta qué punto sostiene la perspectiva de igualdad como reconocimiento, en tanto en los casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa la Corte IDH concede que “en los casos en que la devolución no fuese posible por encontrarse en mano de terceros, el Estado deberá entregarles tierras alternativas, electas de modo consensuado con la comunidad indígena en cuestión, conforme a sus propias formas de consulta y decisión, valores, usos y costumbres”.

Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, 2006, cit., párr.212. Cfr. Dulitzky (2010) se pregunta con razón por qué no otorgarle prioridad a los reclamos indígenas sobre sus tierras frente a la de los grandes hacendados o compañías agrícolas que las poseen y que sólo reclaman un interés económico sobre la tierra.

La Corte IDH en el caso Comunidad Xákmok Kasek vs. Paraguay sostuvo que no basta “que las tierras reclamadas estén en manos privadas y sean racionalmente explotadas para rechazar cualquier pedido de reivindicación” (párr.310). Si bien la Corte IDH parece querer fortalecer la prioridad de las comunidades sobre sus tierras, su argumento no resulta contundente.107 Algunos autores han explorado la relación que la Corte IDH establece entre identidad cultural y territorio, si bien reconocen los avances que ha implicado esta jurisprudencia, advierten que “an adequate legal protection of ancestral lands must be defended by joining the argument of ethno-cultural recognition with judicial responses to major socio-economic inequalities of black communities, through policies of redistribution”, Dulitzky (2010); Costa y Gonçalves; (2011), pp.52-71.108 Quintero Mosquera (2011), p.84.109 Luna (2009); Peroni y Timmer, ob.

cit.110 Sobre la simultaneidad y el cruce de diversas formas de violencia ligadas a diversas formas de opresión social, v. Crenshaw (1999), pp.1241-1299; entre otros.111 V., entre otros, Fraser (2008), AñÓN Roig (2013).112 Cuestión que tiene un matiz adicional cuando se trata de niños pequeños, agentes incompetentes básicos por definición.113 V.

  • Fraser (2008).114 V.
  • Corte IDH, Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.
  • Paraguay, cit., párr.216, al tomar una afirmación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General N° 21, 21 de diciembre de 2009, E/C.12/GC/21, párr.38): “a pobreza limita gravemente, en la práctica, la capacidad de una persona o un grupo de personas de ejercer el derecho de participar en todos los ámbitos de la vida cultural y de tener acceso y contribuir a ellos en pie de igualdad y, lo que es más grave, afecta seriamente su esperanza en el porvenir y su capacidad para el disfrute efectivo de su propia cultura”.115 V.

Fraser (2008).116 En realidad, nos parece más potente pensarla como “caja de herramientas”: cada una de ellas tiene debilidades y fortalezas, con lo que su uso no debería ser excluyente, sino en relación con el contexto del caso que se busca discutir y defender.

Por ejemplo, la propuesta de Cavallaro y Schaffer recupera las consignas de los movimientos; por el otro lado, la propuesta de Melish —si bien no descuida el contexto—, desarrolla con agudeza y profundidad teórica una dogmática de los derechos sociales para el contexto interamericano que, a su vez, es de utilidad para orientar el desarrollo en el ámbito local.117 V., recientemente, Corte IDH, “Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica (operación Génesis) vs.

Colombia”, sentencia 20 de noviembre de 2013, párr.330: “el Estado es responsable por la violación a los derechos de niños y niñas, por no haber desarrollado las acciones positivas suficientes a su favor en un contexto de mayor vulnerabilidad, en particular mientras estuvieron alejados de sus territorios ancestrales, período en que se vieron afectados por la falta de acceso a educación y a salud, el hacinamiento y la falta de alimentación adecuada.” 118 Sobre el Estado social de derecho y las constituciones latinoamericanas para asegurar “una protección especial del Estado a personas o grupos en situación de ‘debilidad manifiesta’ y sobre la democracia social como un modelo más adecuado (en comparación con el de la democracia liberal) “para responder a las circunstancias especiales de las sociedades no bien ordenadas del continente latinoamericano”, v.

  • Arango (2014).119 García Ramírez (2014), pp.459-491.120 Otros fueron advertidos a lo largo del trabajo.
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¿Cuándo comienza la vida humana según la ONU?

Tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista legal, la vida inicia a partir de la concepción o fecundación, mediante la unión del espermatozoide con el óvulo ; en ese momento surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido antes, existen ahora y existirán en el futuro.

¿Cuando hay vida según el Código Civil?

19 dice: ‘ La existencia de la persona humana comienza con la concepción.’ Y en la disposición transitoria segunda se establece que ‘La protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial’ (Corresponde al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación).

¿Cuándo se viola el derecho a la integridad personal?

Amenazar a una persona con torturarla o privarla de su libertad. Negar información sobre el paradero de una persona desaparecida a sus familiares. Infringir lesiones físicas en el cuerpo de una persona. El estado de abandono o la miseria, etc.

¿Qué límites y alcances tiene el derecho a la vida?

4. Límites – El derecho a la vida no es un derecho absoluto; por ello existen situaciones en las que el derecho puede ser limitado. En dicho sentido tenemos el ejercicio de la legítima defensa, la interrupción del embarazo o aborto, y la pena de muerte.

Si bien está prohibida la privación arbitraria de la vida, cuando una persona pone en riesgo la vida de otra nuestro ordenamiento considera que estaría justificado que el afectado, en ejercicio de la legítima defensa de su propia vida pueda incluso privar al agresor de su vida. Tal situación no es sancionada por el ordenamiento cuando se reúnen una serie de circunstancias o condiciones: que el ejercicio de la fuerza de defensa sea directamente proporcional a la fuerza agresora y que la privación de la vida del agresor haya sido la única alternativa posible para conservar la propia vida.

Por ello, se descartan situaciones en las que, por ejemplo, frente a una agresión sin armas se emplee para la defensa un arma de fuego o un objeto punzocortante. A pesar de lo señalado, el juez evaluará caso por caso si el ejercicio de la defensa fue legítimo cuando se ha privado de la vida al agresor.

  1. De otro lado, nuestro ordenamiento permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando este pone en grave riesgo la vida de la madre.
  2. Por ello, el Código Penal en su artículo 119 exime de responsabilidad penal al aborto terapéutico en los términos siguientes: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente».

Sin embargo, existen discusiones en torno a despenalizar otros tipos de aborto, tales como el embarazo que es consecuencia de una violación sexual (aborto ético) o cuando se ha determinado médicamente que la vida del feto no es viable fuera del útero materno (aborto eugenésico).

Por otro lado, en relación con la pena de muerte, la constitución de 1993 establece en su artículo 140 que «La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada».

A pesar de que su ámbito de aplicación es excepcional, lo cierto es que dicha disposición sujeta su ejecución al respeto de los tratados ratificados por el Perú, especialmente los tratados sobre derechos humanos, entre los que tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando Se Respeta El Derecho A La Vida La Convención en el numeral 3 de su artículo 4 establece que: «No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido». Esta disposición empezó a regir en nuestro ordenamiento con la entrada en vigencia de la constitución de 1979, pues su décimo sexta disposición general y transitoria dispuso la ratificación de la referida convención, razón por la cual la disposición contenida en el artículo 140 de la constitución de 1993 sería contraria a la Convención Americana.

¿Qué quiere decir el artículo 12 de los derechos humanos?

Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

¿Qué es el derecho a la vida de los niños?

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia.

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