8 de julio de 1893: se firma el tratado Mariscal-Spencer (o Mariscal-St. John) de límites entre México y el Imperio Británico para evitar que Belice siguiera proporcionando armas a los indígenas de Yucatán

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Región dominada por los indígenas alzados en Yucatán.  Hasta abajo de la imagen, obsérvese la pequeña frontera con Belice, desde donde los ingleses proporcionaban armas a los alzados. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El tratado Mariscal-Spencer surgió como estrategia del presidente mexicano, general Porfirio Díaz, para delimitar el territorio y terminar con la guerra de castas que venía desangrando Yucatán desde 1847. De hecho, la violencia con que los indígenas yucatecos estaban aniquilando a los criollos de la region ayudó al general Rafael Carrera solidificara su gobierno en Guatemala en 1849, ya que estableció pactos con los líderes indígenas locales y los criollos conservadores tuvieron que aceptar su gobierno porque no eran bienvenido en el resto de Centroamérica. Además, debido a esta guerra Yucatán se reintegró a México, ya que cuando estaba a punto de sucumbir ante los alzados indígenas, aceptó la ayuda militar de México para contrarrestarlos a cambio de perder su independencia.

Pero, a pesar de la ayuda militar Mexicana, la violencia continuó en la region principalmente porque los ingleses en Belice proporcionaban armas a los indígenas alzados. Con el tratado en 1893, México logró establecer el control político en la zona ya que el convenio fue que el Imperio Británico se quedaría con el territorio que actualmente es el norte de Belice con la condición de que dejaran de proporcionarle armas a los indígenas y así el presidente Díaz podría imponer poder en el territorio.  Fue similar al tratado Wyke-Aycinena de 1859, por medio del cual Guatemala otorgó a Belice el territorio comprendido entre el río Belice y el río Sarstún a cambio de las armas necesarias para repeler al filibuster estadounidense William Walker.

El tratado se reproduce a continuación, respetando la redacción original:

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda han nombrado sus Plenipotenciarios para la celebración de un Tratado de límites:

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al Sr. D. Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.

Y Su Majestad la Reina á Sir Spencer St. John, Caballero Comendador de San Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Británica en México.

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes, habiéndolos encontrado en debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Art. I. Queda convenido entre la República Mexicana y Su Majestad Británica, que el límite entre dicha República y la Colonia de Honduras Británica era y es como sigue: Comenzando en Boca de Bacalar Chica, estrecho que separa al Estado de Yucatán del Cayo Ambergrís y sus islas anexas, la línea divisoria corre en el centro del canal entre el referido cayo y el continente con dirección al Sudoeste hasta el paralelo 18° 10’ Norte, y luego al Noroeste á igual distancia de los cayos, como está marcado en el mapa anexo hasta el paralelo 18° 10’ Norte; torciendo entonces hacia el Poniente, continúa por la bahía vecina, primero en la misma dirección hasta el meridiano de 88° 2’ Oeste; entonces sube al norte hasta el paralelo de 18° 25’ Norte; de nuevo corre hacia el poniente hasta el meridiano 88° 18’ Oeste, siguiendo el mismo meridiano hasta la latitud 18° 28 ½’ Norte, á la que se encuentra la embocadura del Río Hondo, al cual sigue por su canal más profundo, pasando al poniente de la Isla Albión y remontando el Arroyo Azul hasta donde éste cruce el meridiano del Salto de Garbutt, en un punto al Norte de la intersección de las líneas divisorias de México, Guatemala y Honduras Británica, y desde ese punto corre hacia el Sur hasta la latitud 17° 49’ Norte, línea divisorias entre la República Mexicana y Guatemala; dejando al Norte, en territorio mexicano, el llamado río Snosha o Xnohha.

Art. II. La República Mexicana y Su Majestad Británica, con el fin de facilitar la pacificación de las tribus indias que viven cerca de las fronteras de México y Honduras Británica, y para prevenir cualquiera futura insurrección entre las mismas, convienen en prohibir de una manera eficaz á sus ciudadanos o súbditos, y á los habitantes de sus respectivos dominios, el que proporcionen armas ó municiones á esas tribus indias.

Art. III. El Gobierno de México y el Gobierno Británico convienen en hacer toda clase de esfuerzos para evitar que los indios que viven en los respectivos territorios de los dos países hagan incursiones en los dominios de la otra parte contratante; pero ninguno de ambos Gobiernos puede hacerse responsable por los actos de las tribus indias que se hallen en abierta rebelión contra su autoridad.

Art. IV. Este Tratado será ratificado por ambas partes, y las ratificaciones se canjearán en México á la brevedad posible. En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios lo han firmado y sellado con sus respectivos sellos. Hecho en dos originales, en la ciudad de México el día ocho de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

  • Ignacio Mariscal
  • Spencer St. John

Las coordenadas y límites con Guatemala mencionados en el tratado provienen de las siguientes consideraciones:

Los límites convenidos entre Guatemala y Belice por el tratado que se concluyó el 30 de abril de 1859 entre su Majestad Británica y la República de Guatemala y el tratado de límites Herrera-Mariscal del 27 de septiembre de 1882 por medio del cual la República Mexicana negoció un Tratado de Límites con la de Guatemala y fijó la línea divisoria entre ambos países en la Península de Yucatán.

BIBLIOGRAFIA:

  • Aycinena, Pedro de; Wyke, Charles Lennox (1859). «Tratado Aycinena-Wyke 1859». Google Docs. Guatemala.
  • Casares G. Cantón, Raúl; Colell, Juan; Antochiw Kolpa, Michel; Zavala Vallado, Silvio et al. (1998). Yucatán en el tiempo. Mérida, Yucatán. ISBN 970 9071 04 1.
  • Dumond, Don E. (2005). El Machete y la Cruz: La Sublevación de Campesinos en Yucatán. México: UNAM, pp. 488. ISBN 978-9-70322-309-1.
  • Paoli Bolio, José (2015).  La guerra de Castas en Yucatán, Editorial Dante, Mérida, Yucatán, México.  ISBN: 978-607-709-153-0.
  • Reed, Nelson A. (2007). La Guerra de castas de Yucatán. México: Ediciones Era, pp. 131. ISBN 978-9-68411-192-9.
  • Woodward, Ralph Lee, Jr. (2002). «Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821-1871». Serie monográfica (CIRMA y Plumsock Mesoamerican Studies) (12). ISBN 0-910443-19-X.
  • — (1993). Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871 (Edición en línea) (en inglés). Athens, Georgia EE.UU.: University of Georgia Press.

7 de julio de 1955: tras el derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz, se emite el Código del Petróleo de la República de Guatemala eliminando el requisito de que solamente empresas guatemaltecas podían explotar hidrocarburos en el país

Reservas petroleras de Guatemala, las cuales son explotadas en su mayoría por la compañía Perenco.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La primera compañía, de la que se tiene registro, en obtener una concesión petrolera en Guatemala, fue la F.J. Davis, en octubre de 1926, bajo el gobierno del general Lázaro Chacón.  Luego, en febrero de 1937 y mayo de 1938, durante el periodo del general Jorge Ubico, se le concedió concesión a la petrolera inglesa-holandera Shell, y también le dió una conseción a la estadounidense Gulf Oil Co. en 1941.

Ya en el período de la Revolución, entre 1944 y 1945, se le concedió concesiones a las petroleras Standard Oil of New Jersey, propiedad de la poderosa familia Rockefeller.  No obstante, en la Constitución aprobada en 1945 se decía lo siguiente en el artículo 95:

Artículo 95. Los contratos para explotar minerales o yacimientos de hidrocarburos, pueden celebrarse por un término que no exceda de cincuenta años, y los relacionados con aguas nacionales, por un plazo no mayor de veinticinco años. En ambos casos se requiere la aprobación del Congreso. Los yacimientos de hidrocarburos y sus derivados solamente pueden ser explotados por el Estado, por guatemaltecos, o por compañías guatemaltecas cuyo capital sea predominantemente nacional. Los contratos sobre corta de maderas deberán salir a licitación pública y concederse de preferencia a trabajadores guatemaltecos, quienes no podrán ceder sus derechos sin autorización gubernativa. La ley determinará la forma de extracción y explotación de resinas, gomas y demás productos similares.

Pero tras la renuncia del coronel Jacobo Arbenz Guzmán promovida por la operación PBSUCCESS de la CIA en el 27 de junio de 1954 se derogó la constitución de 1945 y la cuestión de la explotación de minerales o yacimientos de hidrocarburos fue modificada para eliminar el requerimiento de que solamente compañías guatemaltecas podían hacerse cargo.  La constitución de 1956 decía simplemente:

Artículo 218.  Se declara de utilidad y necesidad públicas la explotación de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales.   Los derechos de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales podrán adquirirse de conformidad con la ley, por un término no mayor de cuarenta años, prorrogables hasta por veinte años más.
 
Los derechos de transformación y transporte de estas sustancias se adquirirán en la forma que la ley establezca.

La ley a la que hace referencia el artículo 218 es el “Código del petróleo de la República de Guatemala”, aprobado el 7 de julio de 1955, y fue elaborado durante el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas con la asesoría de las empresas petroleras norteamericanas de tal forma que el reglamento guatemalteco favoreciera a las transnacionales petroleras con los impuestos y las garantías de inversión.    Desde entonces, compañías como Shenadoha Oil, Basic Resources y Perenco han explotado el petróelo guatemalteco sin que el estado se beneficie como le corresponde.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

6 de julio de 1853: el general Vicente Cerna aplasta a los invasores liberales hondureños y guatemaltecos que habían invadido el departamento de Chiquimula bajo las ordenes de Trinidad Cabañas

Proclama6julio1853
Encabezado de la Proclama del capitán general Rafael Carrera del 6 de julio de 1853.  Tomado de Internet Archives.

Tras el retorno del capitán general Rafael Carrera de su breve exilio en México, los criollos liberales guatemaltecos huyeron a Honduras y El Salvador desde donde intentaron retomar el poder.  Incluso después de la derrota aplastante que sufrieron en la Batalla de La Arada en 1851 insistieron, y así en 1853 el departamento de Chiquimula fue invadido por algunos liberales guatemaltecos y por el ejército hondureño comandado por el presidente de Honduras, Trinidad Cabañas.  (En ese tiempo, el ministro plenipotenciario de Honduras ante el gobierno de los Estados Unidos era el líder criollo liberal guatemalteco José Francisco Barrundia).

Al enterarse, el presidente Carrera dio una proclama con el fin de levantar el espíritu popular y el 6 de julio firmo un decreto en el que llama a las armas a todos los habitantes de la República, junto con su Ministro Pedro de Aycinena.  El decreto dice así:

RAFAEL CARRERA

CAPITAN GENERAL DEL EJERCITO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ETC., ETC., ETC.

ATENDIENDO

A que el departamento de Chiquimula ha sido invadido por fuerzas del Gobierno de Honduras, bajo el mando del Presidente Cabañas y dirección de algunos emigrados facciosos de la República, con la mira de sujetarla y privarla de su independencia, satisfaciendo al mismo tiempo con saqueos y violencias sus resentimientos personales; y siendo de mi deber el mantener el sosiego, bienestar y seguridad de los pueblos, adoptando al efecto las medidas convenientes,

ORDENO Y MANDO:

  1. Todo habitante de la República, segun su condición y circunstancias, prestará al Gobierno sus servicios, tan luego como fuere requerido, por autoridad competente, a fin de repeler al enemigo exterior y mantener el orden interior.  Cualquiera negativa o resistencia al cumplimiento de este deber, dará lugar a que se imponga la pena que corresponda, segun la gravedad del caso, por la autoridad militar que ejercen en cada departamento los comandantes y jefes de las fuerzas, a quienes se encomienda el cumplimiento de estas disposiciones.
  2. Todo el que se uniere al enemigo, comunicare con él, o le prestare cualesquiera auxilios, será juzgado sumariamente conforme a ordenanza, y comprobándose el hecho, será pasado por las armas como traidor, siendo responsables los expresados comandantes de cualquier acto de tolerancia.
  3. Los tribunales, jueces, corregidores y demás agentes de la autoridad, reprimirán severamente con el mayor celo y actividad a los que se ocupen de esparcir papeles, falsos rumores, o cualquiera especie maliciosa; en el concepto de que también serán responsables de cualquier abandono, tolerancia o descuido en el particular.
  4. Desde esta fecha queda cortada toda comunicación con el Estado de Honduras, mientras exista su actual Goberino y no se satisfaga a Guatemala por la ofensa que se le ha inferido.  En consecuencia, no se consentirá en adelante por las autoridades fronterizas, ni por otra alguna, que vayan o vengan pasajeros, ni se hagan introducciones o extracciones de efectos de comercio, y productos naturales; en el concepto de que transcurrido el término que el Gobierno fijará en una disposición separada, serán destruidos todos los frutos o efectos que se importen de Honduras, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de proceder a lo que haya lugar contra los contraventores.

Publíquese en la forma acostumbrada en esta capital, en las cabeceras de departamento, y en los pueblos fronterizos, a fin de que llegue a noticia de todos y no se alegue ignorancia.

Dado en el Palacio del Gobierno, en Guatemala, a 6 de julio de 1853.

  • Rafael Carrera
  • El Ministro de lo interior, encargado del despacho de la guerra, Pedro de Aycinena

Ese mismo día el entonces general Vicente Cerna atacó las fuerzas invasoras a las 8 de la mañana  y tras dos horas y media de fieros combates en los que se llego al uso de las bayonetas, se impuso a Cabañas, quien tuvo que retirarse y pedir a los gobiernos de El Salvador y Nicaragua para que mediaran en el asunto.

Como dice el ideólogo liberal Lorenzo Montúfar en el volúmen 5 de su “Reseña Histórica de Centro-América”: “Varios encuentros entre las tropas de Carrera y Cabañas fueron siempre funestos para este Jefe.  El General Cabañas, siempre liberal, siempre intrépido y valiente, no tuvo la calma que era indispensable para no exponer en aquellas circunstancias a su patria y a su partido. En mejores días la causa liberal defendida por él habría podido triunfar; en aquellos momomentos Cabañas era preciso que sucumbiera”.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

4 de julio de 1843: la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, dominada en ese entonces por los conservadores, autoriza el retorno de los jesuitas al Estado

Logo de la Revista Educativa “El Instituto Nacional” mostrando el patio interior de dicho plantel en 1892.  Antes de la Reforma Liberal, funcionaba allí el Colegio y Seminario Tridentino, el cual estaba a cargo de los jesuitas. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Mediante la pragmática sanción del 2 de abril de 1767, los religiosos miembros de la Compañía de Jesús fueron expulsados de todos los territorios del Imperio Español, al mismo tiempo que el papa Clemente XIV disolvió a la otrora poderosa e influyente orden mediante un breve pontificio. Los jesuitas exiliados tuvieron que refugiarse provisionalmente en Bolonia.

Luego de la Independencia de Centroamérica en 1821, y de la Guerra Civil Centroamericana la mayoría de las órdenes religiosas en la region corrieron la misma suerte que los jesuitas: los franciscanos, recoletos, mercedarios y dominicos fueron expulsados del Istmo cuando los liberales se hicieron con el poder de la República Federal en 1829, pero cuando los conservadores recuperaron el poder en Guatemala en 1840, se les permitió regresar, conviertiendo al Estado en un refugio para los religiosos regulares, quienes eran detestados en el resto del continente debido al auge de las ideas de la Ilustración entre los criollos.

Quedaba el asunto de los jesuitas, y la Asamblea Legislativa decidió permitir el retorno de la orden el 4 de julio de 1843 mediante este simple decreto:

DECRETO 174 DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 4 DE JULIO DE 1843, PERMITIENDO A LOS JESUÍTAS VENIR A EJERCER SU INSTITUTO RELIGIOSO,

Se declara qne los padres de la Compañía de Jesús pueden venir al estado de Guatemala, y ejercer en él su instituto religioso.

Gracias a esto, los jesuitas retornaron a Guatemala aprovechando las instalaciones de la Compañía Belga de Colonización que se había establecido en la Bahía de Santo Tomás de Castilla en 1843. Sin embargo, todo parece indicar que hubo indagaciones adicionales sobre los jesuitas, ya que éstos fueron expulsados nuevamente en 1845 aduciendo que pretendían el “dominio absoluto de todo tipo de gobierno” y que por ello “no era prudente tenerlos en el estado”. El decreto de expulsion era mucho más extenso que el anterior:

DECRETO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 8 DE MAYO DE 1845, DEROGANDO
LA LEY QUE PERMITÍA LA VENIDA DE LOS JESUITAS.

El congreso constituyente del estado de Guatemala, considerando:

Que la asamblea constituyente no tuvo presente al permitir la venida de los padres de la Compañía de Jesús á este estado los estatutos de ella, ni sus doctrinas, ni su historia pasada, ni sus hechos actuales que tanto mal han causado al estado civil y al eclesiástico en Francia, en la Bélgica y en los Cantones Suizos; y que por tanto solo se limitó a facultar al gobierno para que pudiera promover su establecimiento:

Que no estando derogadas la pragmática sanción del rey don Carlos III, y el breve de Su Santidad Clemente XIV que estinguieron la compañia en 2 de abril de 1767, ella no ha sido restablecida en este estado por ninguna otra disposición pontificia de que se tenga conocimiento en el mismo, deben considerarse vigentes las dos enunciadas disposiciones;

Que no hallándose al presente decretada la constitución política de este estado, el gobierno no cuenta con la estabilidad correspondiente para acordar el establecimiento de la Compañía de Jesús; y siendo acusados sus individuos del proyecto y tendencias de aspirar á la dominación absoluta, á la depresión de toda clase de gobiernos, y a la subordinación á todo género de autoridades, no es prudente, en tales circunstancias admitirlos y establecerlos en nuestro estado.

Que los padres jesuítas que se hallan en la bahía de Santo Tomas no han presentado al gobierno sus estatutos para que fuesen examinados y aprobados, ni disposición pontificia que autorice el restablecimiento de su orden; pero que venidos con la esperanza que les ofrecía el decreto de 4 de julio de 1843, el crédito del estado está comprometido hasta cierto punto á indemnizarles sus gastos de viaje, decreta:

  1. Se deroga el decreto de 4 de julio de 1843, que permitió la venida de los padres jesuítas al estado.
  2. El gobierno queda ampliamente autorizado para proveer á los gastos que se causen en el reembarque de los individuos de la Compañia de Jesús que se hallan en la costa del norte.

Los jesuitas retornaron a Guatemala en 1851 cuando por fin les fue permitida le entrada y estuvieron en el país hasta 1871, cuando fueron expulsados nuevamente tras la Revolución Liberal que triunfó el 30 de junio de ese año. Finalmente, retornaron una vez más en 1954, tras el derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Curiosamente, establecieron una de sus principals instituciones educativas, el Liceo Javier, en un terreno donado por una nieta del expresidente J. Rufino Barrios, quien se los dió en resarcimiento por las expropiaciones hechas por su abuelo en la década de 1870, a pesar de que los jesuitas habían sido expulsados desde 1787 y no habían recuperado propieades cuando retornaron en 1851.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

3 de julio de 1871: tras el triunfo de la revolución liberal el 30 de junio de ese año aparece un artículo denunciando las riquezas de la Iglesia Católica

Plano del Palacio Arzobispal de la Nueva Guatemala de la Asunción.  Incluye el lujoso edificio adyacente a la Catedral Metropolitana y un convent, huerta y cementerio en lo que es hoy en día el Mercado Central.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La primera prueba que afrontó el presidente de facto provisorio Miguel García Granados inmediatamente después del triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871 fue mantener relaciones armoniosas con la Iglesia Católica, ya que de inmediato surgieron publicaciones anticlericales, que a su vez fueron atacadas por los escritores conservadores. Los autores de ambos bandos solían ocultar su identidad con ingeniosos pseudónimos para poder atacar la vida privada de sus rivales.

Ambos bandos hacían exigentes demandas.  Por ejemplo, un autor que firmaba simplemente como “Un Guatemalteco” publicó un artículo en que denunciaba la riqueza excesiva del clero, atacando directamente las propiedades del arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena, ya que éste era miembro de la poderosa familia Aycinena que había co-gobernado con el general Rafael Carrera desde que los conservadores recuperaron el poder en 1839 en Guatemala.  Por su parte, un escritor conservador escribió un artículo en que denunciaba la libertad de cultos aduciendo que esto podría conducir a que los librepensadores desecraran los elementos sagrados del culto católico.

Para tratar de evitar males mayores, el anciano presidente provisorio, quien provenía de una familia aristocrática y tenía lazos de consanguinidad con los Aycinena, emitió un decreto modificando la libertad de expresión, que decía así:

DECRETO NUM. 5.

Considerando:

  1. Que la libertad absoluta de la comunicación del pensamiento por medio de la palabra y la escritura, y cualquier expresión o signo, siempre que no ofenda a la conducta privada de los individuos, o excite directamente el uso de la fuerza contra la ley o las autoridades constituidas, es la garantía de los derechos que el hombre tiene con anterioridad á todo pacto social;  
  2. Que la ley de 30 de Abril de 1852 es incompatible con el régimen actual de libertad y progreso;
  3. Que entre tanto se reune la representación nacional, a cuya alta competencia corresponde definitivamente la ley de imprenta, se hace necesario dictar alguna providencia para evitar los abusos que puedan ocurrir;

DECRETO:

  1. Queda establecida la liberad absoluta de imprenta, y en consecuencia derogada la expresada ley de Abril de 1852.
  2. Bajo esta libertad no se permiten los  delitos declarados tales por las leyes existentes, y especialmente aquellos que afectan la vida privada
    de los individuos.
  3. En los casos de infracción, los jueces comunes procederán a la averiguación del delito y castigo del culpable, con arreglo a las leyes vigentes, debiendo preceder siempre acusaación de partes lejítimas.
  4. Para hacer efectiva la responsabilidad de que habla el artículo anterior, todas las publicaciones deben llevar la firma del autor; y en el caso de que se omita este requisito, la responsabilidad se hará efectiva contra la imprenta.
  5. Los directores de las imprentas en que se publique algún escrito sin la firma del autor, aun cuando este no contenga ninguna de las infracciones expresadas en el artículo 2.° serán multados con una cantidad que no exceda de cien pesos ni baje de diez, según las circunstancias del caso calificadas por los mismos Tribunales comunes.

Dado en Guatemala, á 7 de Julio de 1871

Miguel García Granados

El alcance del decreto anterior fue muy escaso, ya que luego de que se emitió, lo que se inició como ataques en publicaciones de reducida circulación, poco a poco fue escalando a publicaciones mayores, hasta que finalmente se empezaron a materializar medidas drásticas contra la Iglesia, las que incluyeron la expulsion del arzobispo Piñol y Aycinena, la de los jesuitas y la expropiación y disolución del resto de órdenes monásticas.  Eventualmente, el propio presidente de facto provisorio fue removido y sustuido por el mucho más joven y radical general J. Rufino Barrios.


BIBLIOGRAFIA: