15 de julio de 1823: la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América emite un decreto separando los poderes públicos

15julio1823
Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala aproximadamente en 1885.  Si bien los diputados constituyentes separaron los poderes del Estado en 1823, hicieron éfasis en que la única religión oficial era la Católica.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En un afán por establecer un gobierno similar al que pusieron las trece colonias inglesas que formaron los Estados Unidos inicialmente, en el que había balance de poderes, los diputados ante la Asamblea Nacional constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América emitieron el siguiente decreto separando los poderes públicos de la recién independizada región:1

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, en consecuencia de la solemne declaración que hemos pronunciado en primero del corriente, confirmando y sancionando el inconcuso e imprescriptible derecho de los puestos nuetros comitentes a su absoluta libertad e independencia e todo extraño poder; en el nombre y por la autoridad de los mismos pueblos; nos declaramos legítimamente constituidos en asamblea nacional constituyente, y que en ella reside el ejercicio de la soberanía.

Declaramos igualmente:

  1. Que los altos poderes de este estado deben ser y son divididos en la manera que sigue:
    • Residirá en esta asamblea indivisiblemente el ejercicio del poder legislativo.
    • El del poder ejecutivo, en la persona o personas en quienes se delerage, y conforme al reglamento que al efecto se expedirá.
    • El del poder judicial, en los tribunales y juzgados establecidos o que se establezcan.
  2. Que la religión de las provincias unidas, es la católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquiera otra.  En cuya consecuencia se manifestará oportunamente a la santa sede apostólica, por una misión especial, o del modo que más convenga: que nuestra separación de la antigua España, en nada perjudica ni debilita nuestra unión a la santa sede, en todo lo concerniente a la religión santa de Jesucristo.
  3. Que los diputados de esta asamblea son inviolables por sus opiniones, y en ningun tiempo ni por autoridad alguna, podrán ser molestados ni reconvenidos, por las que durante su encargo manifestaren, de palabra o por escrito.
  4. Que las provincias unidas reconocerán la deuda pública nacional; y la asamblea hipotecará, para garantir los capitales y el pago de los interes, los ramos de rentas y fincas que se acuerden, luego de que esté formada la liquidación de dicha deuda.
  5. Ratificamos y confirmamos el acuerdo del 15 de septiembre de 1821, que dispuso se continuase observando la constitución, decretos y leyes de la antigua España, en todo lo que no sean opuestos a la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes y en todo lo que sea adaptable con arreglo a los principios sancionados en la declaración solemne, pronunciada en 1 del corriente, y en el presente decreto; entendiéndose todo por ahora, y mientras la asamblea no disponsa otra cosa.1

El hecho de que la religión oficial era la religión católica, y que no se aceptaba ninguna otra no fue un asunto que pudiera tomarse a la ligera en la vida de la nueva república centroamericana.  Cuando el pensamiento liberal empezó a cobrar fuerza entre los criollos no-aristócratas, los privilegios de los clérigos fueron atacados, y llegó un momento en que hubo un golpe de estado en Guatemala en 1826, para remover a las autoridades liberales y poner en su lugar a gobernantes conservadores afines al clero.  Este golpe de estado desencadenó la Guerra Civil Centroamericana, que resultó en la invasión del general liberal Francisco Morazán en abril de 1829, que no solamente destituyó a las autoridades federales y a las estatales de Guatemala, sino que los redujo a prisión, les confiscó sus bienes, y los envió al exilio, junto con los miembros del clero regular y el arzobispo Ramón Casaus y Torres.3  A partir de ese momento, los curas párrocos empezaron a atacar a los liberales como “enemigos de la verdadera religión” y al cabo de ocho años, debido a los desaciertos legales del gobierno de Mariano Gálvez (en especial sus Códigos de Livingston que promovían el matrimonio civil y el divorcio) y a los negocios que tenían con los “herejes británicos” estalló una guerra campesino-católica en contra del gobierno liberal.4

Por otra parte, el uso de la constitución, decretos y leyes de la antigua España que se menciona en el inciso 5.°, significaba que se iba a mantener la misma administración, la cual afectaba los intereses de la población indígena, tal y como lo fue durante la época colonial.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 32-33.
  2. Asamblea Legislativa and Guatemala. Departamento de Guerra (22 de septiembre de 1826), Hoja suelta-Decreto, S. Martin Xilotepeque, Guatemala, 22 de septiembre 1826 San Martin Xilotepeque, Guatemala.
  3. Hernández de León, Federido (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. II. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  4. — (24 de marzo de 1926) “El capítulo de las efemérides: 24 de febrero de 1838, Informe de las Conferencias de Mataquescuintla”. Guatemala: Nuestro Diario.

15 de julio de 1897: la revista cultural “La Ilustración Guatemalteca” cumple un año en medio de una grave crisis económica y política en el país

15julio1897
Los colaboradores y editors de “La Ilustración Guatemalteca“.  Imagen tomada de esta publicación cultural.

La revista cultural “La Ilustración Guatemalteca” refleja fielmente la situación de la libertad de prensa en Guatemala durante el gobierno del general José María Reina Barrios.  Cuando la economía estaba en su apogeo, eran comunes los artículos sobre las inauguraciones de fastuosos edificios, la construcción del Ferrocarril del Norte, poemas de los lectores, reportes fotográficos de Alberto G. Valveavellano, y artículos sobre competencias ciclistas.  Pero cuando empezaron a aparecer los primeros indicios de la crisis económica que asoló al país en 1897, el tono de la revista empezó a cambiar y empezaron a aparecer artículos criticando la situación del país y algunas noticias sobre los cambios que estaba imponiendo el gobierno.

La revista era impresa por los senores Baldomero y Arturo Siguere, y sus principales colaboradores eran los guatemaltecos Rafael Spínola, Joaquín Méndez y Ramón Salazar, además del farmacéutico español Antonio Macías del Real.  Spínola y Salazar eran diputados y fueron ministros de estado, y luego, junto con Macías del Real serían cercanos colaboradores del presidente Manuel Estrada Cabrera.   Por esa razón, se observa que si bien hay crítica al gobierno de Reina Barrios, ésta es impresa en cortos artículos o incluso frases, mientras que los logros del gobierno o los asuntos familiares del presidente son publicados en grandes reportajes.

El mejor ejemplo de esta situación se observa en el fascículo No. 24 del volumen I de la revista, el cual fue publicado el 15 de julio de 1897 y con el que la revista cultural cumplía un año de existencia.  En primer lugar, este fascículo muestra varias fotografías de página completa el fallecimiento de la madre del presidente, Celia Barrios de Reina, acaecido el 5 de julio, y en su resumen quincenal dice lo siguiente:

El día cinco del corriente, a las 8:45 de la noche, falleció, auxiliada con todos los sacramentos, la señora Doña Celia Barrios de Reyna, madre del señor Presidente de la República.  Se celebraron solemnes honras fúnebres en la Catedral Metropolitana, a las cuales acudió un público numeroso y distinguido.

Presidió el duelo el Consejo de Ministros.

Al concluirse la celebración de la misa, el Ilustrísimo Señor Arzobispo hizo la solemne absolución.

Los editores y redactores de La Ilustración Guatemalteca se asocian al dolor general producido por la muerte de la finada, querida por todos, por ser su lema: ‘no hacer mal a nadie, sino siempre caridad y justicia’.

Además, contiene un reporte detallado de varias páginas y fotografías sobre el avance de la construcción del Puerto de Iztapa, el cual iba a sustituir al puerto de San José en la costa sur del país, dadas las limitaciones logísticas de este último, e iba a servir como puerto para el Ferrocarril Interoceánico que el gobierno estaba construyendo.

Pero, en una sola frase en su sección de “Resumen Quincenal” en la última página dice: “La terrible pena de muerte se ha vuelto a poner en vigor.  Es triste tener que adoptar ciertas medidas para moralizar a los pueblos.”

Lo que realmente estaba ocurriendo era que el país estaba entrando en un período difícil, pues la economía estaba cayendo estrepitósamente.  De hecho, el 27 de abril el gobierno había aprobado un exorbitante préstamo a los bancos ingleses por dos millones de libras esterlinas para poder terminar la obras del Ferrocarril del Norte y del Puerto de Iztapa, pero cuando esto no ayudó, el presidente Reina Barrios disolvió a la Asamblea Legislativa y se había erigidio en dictador el 18 de junio para poder así reunir a otra que modificara la constitución a su conveniencia.  Para evitar protestas por sus medidas dictatoriales, el 2 de julio había emitido un decreto, restituyendo la pena de muerte.

Este fue solamente el preludio a las Revoluciones que estallaron cuando el presidente extendió su período presidencial hasta 1902, y que eventualmente le costaron la vida el 8 de febrero de 1898.


BIBLIOGRAFIA: