17 de diciembre de 1693: agradecen al rey la restitución del Capitán General

El Ayuntamiento criollo acuerda elevar un memorial al Rey para agradecer la restitución del capitán general Jacinto Barrios Leal

17diciembre1693
Castillo de San Felipe de Lara en Izabal, Guatemala. Este fue reforzado por el presidente Jacinto de Barrios Leal luego de haber sido atacado por piratas en su camino a tomar posesión como Capitán General de Guatemala. En el recuadro: la firma del capitán general Barrios Leal. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons. y de «Gobernantes de Guatemala del siglo XVII«.

El capitán general Jacinto Barrios y Leal había tomado posesión el 26 de enero de 1688, luego de haber tenido problemas con piratas en su camino hacia Guatemala.1  

Ya durante su gestión tuvo que enfrentarse a varias crisis. La primera se inició el 28 de mayo de 1688, el Juez Superintendente de la Real Aduana, el Oidor Pedro Enríquez de Selva, un individuo cruel que maltrataba hasta a su esposa, sufrió en la puerta de su casa un atentado criminal, cuando le dispararon un carabinazo porque intentaba exigir pago de los impuestos de la alcabala y almojarifazgo a todos los comerciantes que entraban y salían de Santiago de los Caballeros. Esto era el resultado de que Enríquez de Selva estaba intentanto hacer cumplir la ley de cobro de impuestos, a lo que se oponían los grandes comerciantes criollos. Los ánimos de la ciudad se exaltaron entre las autoridades peninsulares y los criollos, hasta que el 31 de agosto de 1689, el rey Carlos II tuvo que intervenir, admitiendo la renuncia de Enríquez de Selva —a quien ordenó expulsar de Guatemala— y desaprobando la innovación decretada en los aforos de las mercaderías, y la violación de la costumbre de permitir su salida sin pagar de contado los derechos.2

Al problema con Erníquez de Selva le siguió el de la corrupción entre los oidores Antonio María Bolaños, Francisco Valenzuela Venegas y Manuel Baltodano, quienes se coligaron con Antonio de Navia y Bolaños, e incurrieron repetidamente en el delito de cohecho al momento de resolver causas judiciales.  Por ejemplo, en una ocasión, el Minero de Corpus Juan de Bustamante, le dió oro a Navia y a Valenzuela para que resolvieran a su favor un pleito de minas; en otra oportunidad, cuando los vecinos de San Vicente de Austria pidieron la remoción del Alcalde Mayor Joseph de Arria, éste distribuyó 7,000 pesos entre los oidores para que la causa no prosperara. Estos oidores se encontraron con la oposición de los otros oidores, Joseph de Scals y Bartolomé de Amézquita, ya que éstos no aceptaron participar en tales ilícitos, iniciando así una división entre los miembros de la Real Audiencia que se agravaría en los años siguientes.3 

Por otra parte, Barrios Leal tuvo que enfrentarse a los destrozos provocados por el terremoto del 12 de febrero de 1689, el cual destruyó el Real Palacio, las Casas Consistoriales y varios templos católicos.4 Y por si esto fuera poco, en forma ilícita, comerciantes peruanos vendían varios productos al Reino de Guatemala.

Toda esta situación hizo que el licenciado Fernando López de Ursiño fuera nombrado juez pesquisidor el 13 de marzo de 1690 para que “secreta y extrajudicialmente” verificara si Barrios Leal estuvo involucrado en el contrabando entre Guatemala y el Perú, además de la agresión sufrida por el supertindente y el acoso que decía sufrir el oidor Francisco Valenzuela Venegas.5

El licenciado Fernando López de Ursino y Orbaneja llegó el 1 de febrero de 1691 a Santiago de los Caballeros, para encargarse de la comisión de juez de residencia del presidente y capitán general de caballería Jacinto Barrios Leal.5 El Juez Pesquisidor retiró a Barrios Leal y lo envió a reclusión, primero a Patulul y luego a Santa Ana. A pesar de esto, la población seguía en contacto con él, lo que obligó a  López de Ursino y al presidente interino a celebrar un cabildo abierto el 1 de octubre de ese año para notificar a los alcaldes, capitulares y vecinos, que tenían que cesar toda comunicación con Barrios Leal, porque éste estaba «sometido a juicio de Su Majestad«.6 Al cabo de un tiempo, el Juez Pesquisidor presentó serias acusasiones contra el Presidente, las cuales fueron refutadas por éste.5

Uno de los asuntos más importantes que tuvo que resolver López de Ursino fue la elección del rector de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, la cual se realizaba el 5 de noviembre de cada año, pero como desde 1689 existía un litigio por la compatibilidad del maestrescuela de la Catedral, doctor Lorezno Pérez Dardón para ocupar el cargo, el claustro le expuso al presidente interino la necesidad de celebrar una junta para elegir al nuevo rector. El Juez Pesquisidor se excusó de conocer el asunto, aduciendo que había que esperar la resolución del rey.6

Los ánimos políticos de la ciudad estaban muy caldeados con fuertes bandos contra el presidente y las autoridades peninsulares debido a la corrupción de varios de sus oidores.  Por ello, el 10 de junio de 1692, para estar mejor preparado y más seguro ante el descontendo de la población, junto con la la Real Audiencia que presidía López de Ursino prohibió que hubiera armas de fuego en las casas particulares, y ordenó que fueran depositadas en la Sala Real de Armas del Palacio.6 Aunque esto ayudó un tanto, la exaltación se mantenía, pues exactamente un año después, la Real Audiencia prohibió que los indígenas hicieran «juntas o mitotes» en sus festividades y que «usaran armas, sino que solamente usaran fuegos de cohetes, bombas y ruedas de pólvora«.7

Mientras esperaban la resolución real sobre el juicio de residencia, los miembros del ayuntamiento recibieron una carta del nuevo presidente, Gabriel Sánchez de Berrope el 21 de julio de 1693, anunciado que iba a llegar próximamente a la ciudad.  Y, finalmente, el 23 de noviembre de 1693, en real acuerdo extraordinario de justicia, el juez de residencia y presidente interino, junto con los oidores y fiscal de la Real Audiencia acordaron obedecer la Real Cédula por la cual el general Barrios Leal fue restituido en su puesto de presidente.8

El 17 de diciembre de ese año, el Ayuntamiento celebró un cabildo extraordinario para despedir al licenciado López de Ursino y Orbaneja, al terminar su comisión, y el mismo día dispusieron que despidieron al juez de residencia, acordaron elevar un memorial al rey para agradecerle que hubiera restituido al capitán general a su antiguo puesto.9


BIBLIOGRAFIA:

  1. Cabezas Carcache, Horacio (2017) Gobernantes de Guatemala en el siglo XVII. Guatemala. p. 128.
  2. Ibid., p. 136.
  3. Ibid., p. 143.
  4. Ibid., p. 135.
  5. Ibid., p. 137.
  6. Pardo, J. Joaquín (1944). Efemérides de la Antigua Guatemala, 1541-1779. Guatemala: Unión Tipográfica, p. 86.
  7. Ibid., p. 87.
  8. Ibid., p. 88.
  9. Ibid., p. 89.

Subir

17 de diciembre de 1930: golpe de estado contra Baudilio Palma

Tras solo cinco días en el poder, el licenciado Baudilio Palma es derrocado por un golpe de estado dirigido por Manuel María Orellana

17diciembre1930
La Plaza Central de Guatemala en la época en que ocurrió el golpe de estado contra el licenciado Palma.  Nótese que no existía el Palacio Nacional, que la Catedral no tenía cúpulas ni campanarios (por los terremotos de 1917-18) y que tras el Portal del Comercio todavía esta la Mansión Aycinena.    En el recuadro: licenciado Baudilio Palma.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El licenciado Baudilio Palma se desempeñaba como Secretario de Hacienda y Segundo Designado a la Presidencia del presidente general Lázaro Chacón González​ cuando éste sufrió un derrame cerebral que ya no le permitió seguir al frente del gobierno.1,2 Entonces Palma, en acuerdo con todo el gabinete que se logró reunir , fue designado para desempeñar las funciones de presidente de forma interina, a pesar de ser el segundo designado en la Presidencia de la República.  El problema con esta situación fue que el Primer Designado, general Mauro de León no estaba presente en la reunión, y había tenido que renunciar al cargo cuando Chacón lo nombró Ministro de la Guerra el 30 de octubre.3

El 16 de diciembre 1930 a las 4 de la tarde, el cuartel de Matamoros, comandado por el general Manuel María Orellana, se alzó en armas contra  el nombramiento de Palma, alarmando al encargado de la embajada de los Estados Unidos, quien telegrafió al Departamento de Estado de su país diciendo que probablemente era necesario que enviaran buques de guerra a San José y a Puerto Barrios.  Sin embargo, tras varias horas de los tiroteos iniciales, la situación se calmó un tanto y los rebeldes tomaron el control de la ciudad.  Los combates habían dejado cerca de cincuenta muertos, entre ellos el Ministro de la Guerra, Mauro de León.  El encargado de la embajada fue llamado a la Embajada de Alemania, en donde se había refugiado Palma y los miembros de su Gabinete, y en donde por razones humanitarias los embajadores allí reunidos tuvieron que mediar para que el Gabinete de Palma y un delegado de los militares rebeldes llegaran a un acuerdo de cese al fuego que se extendería hasta el 17 de diciembre al medio día.  Aquella reunión terminó a las 4:30 del día siguiente, y también se acordó que tres médicos iban a evaluar nuevamente al general Chacón para ser si podía asumir nuevamente la presidencia, o si era necesario llegar a un acuerdo entre las partes sobre que había que hacer. Acordaron reunierse en la embajada de México al día siguiente.4

El encargo de la embajada estadounidense, McCafferty, envió un informe al Departamento de Estado en el que detalla lo que ocurrió a continuación:

«A eso de la medianoche un emisario del general Orellana me pidió que lo llamara.  Cuando llegué le informé que había llegado solamente a nombre personal y que estaba profundamente preocupado por la protección de las vidas de los ciudadanos estadounidenses y sus propiedades, y por más derramamiento de sangre.  Él aseguró que haría todo lo posible por asegurar protección absoluta y me dijo que su deseo era solamente que la situación se normalizara de acuerdo con la Constitución. Yo sugerí que sus delegados deberían tratar con los delegados del Gobierno con un espíritu conciliador y acordamos en girar las instrucciones en ese sentido.  Nos reunimos en la embajada mexicana y todos los jefes de las legaciones diplomáticas estaban presentes, exceptuando el Encargado de Negocios de Francia, pero luego el Ministro Británico se retiró argumentando que su gobierno no aprobaría aquello incluso si solamente se estaba haciendo por razones humanitarias. Los médicos presentaron su informe de que Chacón no estaba en condiciones de retomar la presidencia. Los delegados de ambos bandos empezaron las negociaciones con el fin de poner fin a aquella situación anormal.5

Los delegados del Gobierno indicaron que las fuerzas rebeldes estaban en control, que no se podía oponer más resistencia y preguntaron cuáles eran los términos de los rebeldes. Éstos exigieron la renuncia de Palma y dijeron que la Asamblea sería convocada para elegir a un Presidente Provisional.  Los delegados del Gobierno estuvieron de acuerdo, el Gabinete renunció de inmediato y Palma envió su renuncia al Congreso.5

Esta tarde la Asamblea Legislativa confirmó al general Orellana como presidente interino,6 pero lo que McCafferty puso en su informe para el Departamento de Estado al respecto, selló el futuro del general Orellana como tal:7

«El nombramiento del líder del movimiento armado en contra del gobierno constituido es indudablemente una violación a los artículos 65 y 69 de la Constitución y a los pactos de 1923 y presumo que bajo estas circunstancias, el Departamento no querrá reconocer a un gobierno que se ha hecho del poder por la fuerza.  Es casi seguro que los militares estaban descontentos durante el gobierno de Chacón debido a pérdida gradual de poder, y que tenían intenciones de rebelarse pero que con el giro de los acontecimientos usaron el pretexto de la ilegalidad de la selección de Palma como Presidente Interino y su lealtad a Chacón y la Constitución para llevar a cabo su plan original.  Este mal ejemplo del Ejército de Guatemala puede afectar seriamente la situación política actual en El Salvador».

Ub nuevo encargado de la embajada, Edwin C. Wilson arribó al país el 17 por la noche, y en su primer informe al Departamento de Estado concuerda con McCafferty y deja en claro que los Estados Unidos iban a tomar cartas en el asunto:7

«Estoy totalmente de acuerdo con McCafferty en que las cosas se han tranquilizado por el momento y que no hay peligro inmediato para los intereses estadounidenses.  Sin embargo, la situación es muy seria.  Independientemente de que Palma hubiera llegado al poder legalmente (y pienso que hay suficientes argumentos razonables de que así fue) no hay duda de que el golpe de estado de Orellana fue inconstitucional y que no debería ser apoyado por el tratado con Washington.  Reconocer a Orellana sería equivalente a descartar el tratado en mención e invitar a que haya movimientos revolucionarios en otros países centroamericanos.

[Opinión personal] Debe establecerse un plan para que Orellana renuncie, dejando así libre al Congreso para que nombre a un presidente interino que no esté relacionado con las revueltas recientes y quien pueda convocar a una elección para un presidente constitucional.  Chacón, quien aparentemente está completamente incapacitado, podría renunciar por su propia cuenta o el Congreso lo podría declarar incapacitado.

El gobierno actual no tiene fundos y no se puede mantener por sí solo por mucho tiempo sin reconocimiento [de los EEUU].  Comprendiendo esto, ellos enviaron una delegación a esta Legación para pedir apoyo.  En mi opinión, ellos mismos podrían concebir un plan que funcione como lo que he indicado arriba, si se les informa que no serán reconocidos por el tratado de 1923.[Fin de opinión personal].

Ustedes, por supuesto, van a querer esperar a la llegada de Sheldon Whiteouse el domingo, y sus recomendaciones, antes de indicar a la Legación a tomar cualquier acción, pero creo que se debería dar alguna indicación de nuestra perspectiva lo antes posible en un esfuerzo por ayudar en la situación actual.«7

A los dos días se publicó la noticia en los periódicos, que indicaban que los Partidos Liberales de Guatemala no estaban de acuerdo con el nombramiento de Palma, argumentando que era el general De León el primer designado a la Presidencia y que esto no fue respetado por quienes nombraron a Palma encargado de la Presidencia.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Díaz Romeu, Guillermo (1996). «Del régimen de Carlos Herrera a la elección de Jorge Ubico». Historia general de Guatemala. 1993-1999 (Guatemala: Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo) 5: 37-42. Archivado desde el original el 9 de agosto de 2014.
  2. Department of State(1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 172-175.
  3. Vela, David (1 de noviembre de 1930). “El general de León habla de su llegada al Ministerio. Era Primer Designado a Presidente”. Guatemala: El Imparcial, Unión Tipográfica.
  4. Department of State. Guatemala, Revolution in Guatemala, pp. 178-179.
  5. Ibid., p. 179.
  6. Nuestro Diario (17 de diciembre de 1930). «Manuel María Orellana, presidente de la República». Guatemala: Nuestro Diario.
  7. Department of State. Guatemala, Revolution in Guatemala, p. 180.

Subir