17 de julio de 1856: el gobierno del general Rafael Carrera emite un decreto para proporcionar fondos adicionales a la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos

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El edificio de la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos, convertido en la Escuela Facultativa de Derecho y Notariado del Centro en 1895. Imagen tomada de El Porvenir de Centro América.

En 1855, el gobierno del general Rafael Carrera emitió un decreto reformando los estatutos de la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, por su importancia en el buen orden social, para evitar los abusos que se estaban cometiendo y la actualización de los estudios eclesiásticos basados en lo dispuesto en el Concordato celebrado con la Santa Sede en 1854.

En primer lugar, el estatuto fundamental de la Pontificia Universidad pasó a ser nuevamente las constituciones de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, aprobado por el rey Carlos II el 20 de febrero de 1686, los cuales se iban a observar tal y como estaban en uso en 1821, al momento de la Independencia de Centroamérica.  Por supuesto, en caso de que hubiera discrepancias derivadas de los cambios que habían ocurrido en el gobierno y la sociedad guatemalteca en los últimos treinta años, el Rector quedaba facultado para decidir lo que más le conviniera a la universidad.

La influencia de la Iglesia Católica sobre la formación universitaria quedó de manifiesto cuando se formó un claustro de consiliarios que elegiría al rector, conformado de la siguiente forma:

  • Doctores:
    • Facultad de Cánones: Juan José de Aycinena, marqués de Aycinena, obispo in partibus de Trajanópolis y arcediano de la Catedral Metropolitana
    • Facultad de Teología: Basilio Zeceña, consejero de Estado
    • Facultad de Leyes: Pedro Valenzuela, consejero de Estado
    • Facultad de Medicina: Quirino Flores, protomédico
  • Bachilleres:
    • Padre Nicolás Arellano, prepósito de la congregación de San Felipe Neri
    • Fray Juan Félix de Jesús Zepeda. guardián de la comunidad de San Francisco
    • Francisco Abella
    • Presbítero Vicente Hernández

El requisito de ingreso a los estudios de bachillerato era haber aprobado latinidad y, en el caso de los estudiantes de medicina y de farmacia, ciencias naturales; ahora bien, el decreto de reforma estipulaba que los alumnos del Colegio Tridentino, del Colegio de Infantes y del Colegio de la Compañía de Jesús podían optar inmediatamente al grado de bachiller, previa certificación.  Las cátedras generales impartidas eran filosofía, y matemática (que incluía geometría, trigonometría y álgebra), y los planes de estudio eran los siguientes:

  • Teología: 3 años
    • Dogma
    • Moral
    • Escritura Sagrada
  • Derecho civil y canónico:
    • Cánones
    • Leyes
    • Instituta
    • Derecho natural
  • Medicina:
    • Anatomía descriptiva
    • Fisiología
    • Cirugía
    • Patología externa
    • Medicina legal
    • Patología interna
    • Higiene

Para el funcionamiento de la institución el gobierno asignó una pensión anual de cuatro mil pesos, y le asignó las matrículas, propinas y derechos para los grados, con la que se esperaba cubrir el presupuesto estimado de seis mil quinientos pesos, pero no fue suficiente.  Así pues, el 17 de julio de 1856, se mitió el siguiente decreto para mejorar las finanzas de la universidad:

  • Artículo 1°.— Todos los empleados de la administración pública, inclusos los de las corporaciones civiles, y con excepcion de los militares, pagarán a la arca de la universidad, por una sola vez y al librárseles el título, el dos por ciento de la renta o sueldo de un año, siempre que exceda de trescientos pesos; e igual impuesto pagarán los que obtengan beneficios eclesiásticos titulares; si los proventos ó rentas de un año pasaren de trescientos pesos. En los mismos casos pagarán el uno por ciento, si fueren nombrados interinamente.
  • Artículo 2°.— En los casos en que por las leyes vigentes se adeude alcabala por la venta, arrendamiento e imposición de censos, sobre fincas urbanas ó rusticas, en los mismos se pagará el uno por ciento, en beneficio de la universidad.
  • Artículo 3°.— Por la emisión de títulos de abogados, escribanos, médicos y cirujanos, farmacéuticos, agrimensores e ingenieros civiles, se pagará a la universidad por aquellos en cuyo favor se libren la suma de doce pesos; e igual impuesto se pagará por las venias de edad, para administrar bienes, y por los autos de emancipación, no pudiéndose librar los despachos respectivos, sin que previamente se haga constar haberse hecho el entero, con certificación del tesorero de la misma universidad.
  • Artículo 4°.— Quedan vigentes los derechos de grados mayores y menores, y los de matrículas y exámenes, de la manera que se hallan establecidos; y se derogan las demás disposiciones que fijaron rentas primeramente a la academia de estudios y después a la universidad.

BIBLIOGRAFIA: