El enorme poder político y económico de la orden de la Compañía de Jesús, o de los Jesuitas, empezó a disminuir en el siglo XVIII, con la difusión del jansenismo, que era una doctrina de una fuerte carga antijesuítica, y de la Ilustración a lo largo de ese siglo. Se empezó a pensar que los métodos educativos de la Compañía, y su concepto de la autoridad y del Estado eran ya anticuados. Además, la monarquía española estaba cada vez más laicizada y más absolutista, y empezó a considerar a los jesuitas ya no como colaboradores útiles, sino como competidores molestos por su oposición al regalismo. Y encima de todo esto, se mantenían vigentes los ancestrales conflictos que los jesuitas tenían con las órdenes religiosas tradicionales.1
La llegada al trono del nuevo rey Carlos III en 1759 supuso un duro golpe para el poder y la influencia de la Compañía, pues el nuevo monarca, a diferencia de sus dos antecesores, no era nada favorable a los jesuitas, ya que estaba influido por su madre, la reina Isabel de Farnesio, y por el ambiente antijesuítico que predominaba en la corte de Nápoles de donde provenía.2
Aunque el rey en su pragmática sanción del 2 de abril de 1767 menciona que hay gravísimas razones que lo obligan a expulsar a los jesuitas, también dice que se reserva para sí explicar cuales eran.3 En realidad, los jesuitas consistían la máxima oposición al regalismo absoluto que Carlos III aspiraba, ya que esta doctrina política defiendía el derecho del estado nacional a intervenir, recibir y organizar las rentas de sus iglesias nacionales y chocaba frontalmente con la absoluta lealtad de los jesuitas hacia el Papa. Tras el motín de Esquilache en 1766, el rey vió la oportunidad que esperaba para salir de la orden y solicitó al fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, que abrira una pesquisa secreta sobre el asunto; Campomanes enseguida dirigió su atención hacia los jesuitas a partir de la evidencia de la participación de algunos de ellos en la revuelta mediante la violación del correo, informes de autoridades, delaciones, y confidencias de espías.4
Con la documentación acumulada Campomanes, quien era un antijesuita acérrimo, presentó su Dictamen ante el Consejo de Castilla en enero de 1767 y acusó a los jesuitas de ser los responsables de los motines con los que pretendían cambiar la forma de gobierno. En sus argumentos inculpatorios recurrió a todo el arsenal antijesuítico que se había acumulado en los dos siglos desde su creación, incluyendo su apoyo al tiranicidio (por su supuesta relación con los intentos de magnicidio en Francia y Portugal), relajada moral, su afán de poder y riquezas, y su malos manejos en América. El presidente del Consejo de Castilla, el conde de Aranda, formó un Consejo extraordinario que emitió una consulta en la que consideraba probada la acusación y proponía la expulsión de los jesuitas de España y sus Indias. Para tener mayor seguridad, Carlos III convocó un consejo o junta especial presidida por el duque de Alba e integrada por los cuatro Secretarios de Estado y del Despacho, el cual ratificó la propuesta de expulsión y recomendó al rey no dar explicaciones sobre los motivos de la misma. Tras la aprobación de Carlos III, y a lo largo del mes de marzo de 1767, el Conde de Aranda dispuso con el máximo secreto todos los preparativos para proceder a la expulsión de la Compañía.5
Luego de la expulsión de los jesuitas la corona reformó los estudios y aprovechó para modificar los planes de estudio tanto en las universidades como en los seminarios. La mayoría de los obispos, en aquellos lugares donde no se había cumplido el decreto de Trento (como el caso del Reino de Guatemala), erigieron seminarios aprovechando las casas de los jesuitas para instalarlos. En estos nuevos seminarios el rey obligó a seguir las líneas doctrinales que había impuesto en las facultades de Teología y de Cánones de las distintas universidades reales y pontificias, que tenían gran influjo jansenista y, por ende, en las que habían sido prohibidos los autores jesuitas.6
Inicialmente se pensó que aquella orden real había sido el inicio de la expansión del espíritu ilustrado, pues se consideraba que se veía constreñido por la poderosa acción regresiva y reaccionaria de los jesuitas. Pero un estudio posterior demostró que las otras órdenes religiosas beneficiadas a corto plazo con la expulsión y con los bienes de los jesuitas no fueorn ni más abiertas ni progresistas. Es más, para hacer cumplir la orden que prohibía la difusión de las “perniciosas” doctrinas jesuíticas, el rey incromentó la censura y la aplicó desde entonces en otros temas.7
Casi medio siglo después, en el contexto de la Restauración de 1814, el papa Pío VII emitió la bula “Solicitudo omnium Ecclesiarum“, que restauraba la Compañía de Jesús. En España, el nieto de Carlos III, el rey Fernando VII, autorizó inmediatamente su vuelta.
Reproducimos a continuación la pragmática sanción decretada por el rey Carlos III el 2 de abril de 1767, llamada “Extrañamiento de los Regulares de la Compañía de Jesús de todos los dominios de España e Indias, y ocupación de sus temporalidades“:3
Habiéndome conformado con el parecer de los de mi Consejo Real, en el extraordinario que se celebra con motivo de las resultas de las ocurrencias pasadas, en consulta de 29 de enero de 1767, y de lo que sobre ella, conviniendo en el mismo dictamen, me han expuesto personas del más elevado carácter y acreditada experiencia; estimulado de gravísimas causas, relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinaci~n, tranquilidad y justicia mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias, que reservo en mi Real ánimo; usando de la suprema autoridad económica que el Todo-poderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos, y respeto de mi Corona, he venido en mandar extrañar de todos mis dominios de España e Indias, e islas Filipinas y demás adyacentes a los Regulares de la Compañía, así Sacerdotes como Coadjutores, o Legos que hayan hecho la primera profesión, y a los novicios que quisieren seguirles; y que se ocupen toda las temporalidades de la Compañía en mis dominios: y para la ejecución uniforme en todos ellos he dado plena y privativa comisión y autoridad por otro mi Real decreto de 27 de Febrero al Presidente del mi Consejo, con la facultad de proceder desde luego a tomar las providencias correspondientes.
- Y he venido asimismo en mandar, que el Consejo haga notoria en todos estos reinos la citada mi Real determinación; manifestando a las demás Ordenes Religiosas la confianza, satisfacción y aprecio que me merecen por su fidelidad y doctrina, observancia de vida monástica, ejemplar servicio de la Iglesia, acreditada instrucción de sus estudios, y suficiente número de individuos para ayudar a los Obispos y Párrocos en el paso espiritual de las almas, y por su abstracción de negocios de Gobierno, como ajenos y distantes de la vida ascética y monacal.
- Igualmente dará a entender a los Reverendos Prelados diocesanos, Ayuntamientos, Cabildos eclesiásticos y demás estamentos o cuerpos políticos del reino, que en mi real persona quedan reservados los justos y graves motivos que a pesar mío han obligado mi Real ánimo a esta necesaria providencia, valiéndome únicamente de la económica potesetad, sin proceder por otros medios, siguiendo en ello el impulso de mi Real benignidad como padre y protector de mis pueblos.
- Declaro, que en la ocupación de temporalidades de la Compañía se comprehenden sus bienes y efectos, así muebles como raíces, o rentas eclesiásticas que legítimamente posean en el reino; sin perjuicio de sus cargas, mente de los fundadores, y alimentos vitalicios de los individuos, que serán de cien pesos durante su vida a los Sacerdotes, y noventa a los Legos, pagaderos de la masa general que se forme de los bienes de la Compañía.
- En estos alimentos vitalicios no serán comprehendidos los Jesuitas extranjeros que indebidamente existen en mis dominios dentro de sus Colegios, o fuera de ellos, o en casas particulares, vistiendo la sotana, o en traje de abates, y en cualquier destino en que se hallaren empleados: debiendo todos salir de mis reinos sin distinción alguna.
- Tampoco serán comprehendidos en los alimentos los Novicios que quisieren voluntariamente seguir a los demás, por no estar aún empeñados con la profesión, y hallarse en libertad de separarse.
- Declaro, que si algun Jesuita saliere del Estado eclesiástico (adonde se remiten todos), o diese justo motivo de resentimiento a la Corte con sus operaciones o escritos, lo cesará desde luego la pensión que le va asignada; y aunque no debe presumir que el cuerpo de la Compañía, faltando a las más estrechas y superiores obligaciones, intente o permita, que alguno de sus individuos escriba contra el respecto y sumisión debida a mi resolución, con título o pretexto de apologías o defensorios dirigidos a perturbar la paz de mis reinos, o por medio de emisarios secretos conspire al mismo fin, en tal caso, no esperado, cesará la pensión a todos ellos.
- De seis en seis meses se entregará la pensión anual a los Jesuitas por el banco del giro, con intervención de mi Ministro en Roma, que tendrá particular cuidado de saber los que fallecen o decaen por su culpa de la pensión, para rebatir su importe.
- Sobre la administración y aplicaciones equivalentes de los bienes de la Compañía en obras pías, como es dotación de Parroquias pobres, Seminarios conciliares, casas de misericordia y otros fines piadosos, oidos los Ordinarios eclesiásticos en lo que sea necesario y conveniente, reservo tomar separadamente providencias; sin que en nada se defraude la verdadera piedad, ni perjudique la causa pública o derecho de tercero.
- Prohibo por ley y regla general, que jamás pueda volver a admitirse en todos mis reinos en particular a ningun individuo de la Compañía, ni en cuerpo de Comunidad, con ningun pretexto ni colorido que sea, ni sobre ello admitirá el mi Consejo ni otro Tirbunal instancia alguna; antes bien tomarán a prevención las Justicias las más severas providencias contra los infractores, auxiliadores y cooperantes de semejante intento, castigándolos como perturbadores del sosiego público.
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- Ningún vasallo mío, aunque sea Eclesiástico secular o Regular, podrá pedir carta de hermandad al General de la Compañía ni a otro en su nombre; pena de que se le tratará como a reo de Estado, y valdrán contra él igualmente las pruebas privilegiadas.
- Todos aquellos que las tuvieren al presente deberán entregarlas al Presidente del mi Consejo, o a los Corregidores y Justicias del reino, para que las remitan y archiven, y no se use en adelante de ellas, sin que les sirve de óbice el haberlas tenido en el pasado, con tal que puntualmente cumplan con dicha entrega; y las Justicias mantendrán en reserva los nombres de las personas que las entregaren, para que de este modo no les cause nota.
- Todo el que mantuviere correspondencia con los Jesuitas, por prohibirse general y absolutamente, será castigado a proporción de su culpa.
- Prohibo expresamente, que nadie pueda escribir, declamar o conmover con pretexto de estas providencias en pro ni en contra de ellas; antes impongo silencio en esta materia a todos mis vasallos; y mando, que a los contraventores se les castigue como reos de lesa Majestad.
- Para apartar altercaciones o malas inteligencias entre los particulares, a quines no incumbe juzgar ni interpretar las órdenes del Soberano, mando expresamente, que nadie escriba, imprima ni expenda papeles u obras concernientes a la expulsión de los Jesuitas de mis dominios, no teniendo especial licencia del Gobierno: e inhibo al Juez de imprentas, a sus Subdelegados, y a todas las Justicias de más reinos de conceder tales permisos o licencias, por deber correr todo esto bajo de las órdenes del Presidente y Ministros de mi Consejo con noticia de mi Fiscal.
- Encargo muy estrechamente a los revenrendos Prelados diocesanos, y a los Superiores de las Ordenes Regulares, no permitan que sus súbditos escriban, impriman, ni declamen sobre este asunto, pues se les haría responsables de la no esperada infracción de parte de cualquiera de ellos: la cual declaro comprehendida en la ley del Señor Don Juan el I, y Real Cédula expedida circularmente por mi Consejo en 18 de Septiembre del año pasado para su más puntual ejecución, a que todos deben conspirar, por lo que interesa el orden público, y la reputación de los mismos individuos, para no atraerse los efectos de mi Real desagrado.
- Ordeno al mi Consejo, que con arreglo a lo que va expresado haga expedir y publicar la Real pragmática más estrecha y conveniente para que llegue a noticia de todos mis vasallos, y observe inviolablemente, publique, y ejecuten por las Justicias y Tribunales territoriales las penas, que van declaradas contra los que quebrantaren estas disposiciones, para su puntual, pronto e invariable cumplimiento; y dará a este fin todas las órdenes necesarias con preferencia a otro cualquier negocio, por lo que interesa mi Real Servicio: en inteligencia de que a los Consejos de Inquisición, Indias, Ordenes y hacienda he mandado remitir copias de mi Real decreto para su respectiva inteligencia y cumplimiento. Y para su puntual e invariable observancia en todos mis dominios, habiéndose publicado en Consejo pleno este día el Real decreto de 27 de marzo que contiene la anterior resoluci~n, que se mando guardar y cumplir segun y como en él se expresa, fue acordado expedir la presente en fuerza de ley y pragmática sanción, como si fuese hecha y promulgada en Cortes, pues quiere se esté y pase por ella sin contravenirla en manera alguna, para lo cual, siendo necesario, derogo y anulo todas las cosas que sean o ser puedan contrarias a ésta; por la cual encargo a los muy reverendos Arzobispos, Obispos, Superiores de todas las Ordenes Regulares Mendicantes y Monacales, Visitadores, Provisores, Vicarios y demás Prelados y Jueces eclesiásticos de estos mis reinos, observen la expresada ley y pragmática como en ella se contiene, sin permitir que con ningun pretexto se contravenga en manera alguna a cuanto en ella se ordena: y mando a los del mi Consejo, Presidente y Oidores, Alcaldes de mi Casa y Corte, y de mis Audiencias y Cancillerías, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores y ordinarios, y demás Jueces y Justicias de todos mis dominios, guarden cumplan y ejecuten la ticata ley y pragmática sanción, y la hagan guardar y observar en todo y por todo; dando para ello las providencias que se requieran, sin que sea necesaria otra declaración alguna más de esta, que ha de tener su puntual ejecución desde el día que se publique en Madrid, y en las ciudades, villas y lugares de estos mis reinos en la forma acostumbrada, por convenir así a mi Real servicio, tranquilidad, bien y utilidad de lacausa pública de mis vasallos.3
BIBLIOGRAFIA:
- Domínguez Ortiz, Antonio (2005) [1988]. Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-5970-3. pp. 135-137.
- Ibid., pp. 137-138.
- Real Gobierno de España (18050 [1775]. Novísima Recopilación de las Leyes de España mandada formar por el señor don Carlos IV. Madrid. pp. 181-183.
- Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, pp. 138-139.
- Ibid., pp. 139-140.
- Mestre, Antonio; Pérez García, Pablo (2004). «La cultura en el siglo XVIII español». En Luis Gil Fernández y otros, ed. La cultura española en la Edad Moderna. Historia de España XV. Madrid: Istmo. ISBN 84-7090-444-2. p. 524.
- Capel Martínez, Rosa Mª; Cepeda Gómez, José (2006). El Siglo de las Luces. Política y sociedad. Madrid: Síntesis. ISBN 84-9756-414-6. p. 275.
