4 de agosto de 1884: agraviado por el Concordato del 2 de julio, que había firmado el gobierno de Barrios con la Santa Sede, el ministro Francisco Lainfiesta empieza a desmantelar la antigua iglesia de la Escuela de Cristo

4agosto1884
La 7a. calle poniente de la Ciudad de Guatemala en 1892.   En el recuadro: el licenciado Francisco Lainfiesta.  Imágenes tomadas de El Porvenir de Centro América.

El 27 de mayo de 1872, las instalaciones de la Congregación de San Felipe Neri fueron expropiadas mediante el siguiente decreto de J. Rufino Barrios:1

Decreto No. 61

Considerando: que hace muchos años que apenas existen uno o dos individuos en la Congregación de San Felipe Neri, fundada en esta capital, sin que haya podido progresar la Comunidad ni aun mantenerse el número preciso de congregantes que requiere el estatuto;

Que esto demuestra haber faltado el objeto de ese establecimiento, y que los bienes de su asignación no se invierten en beneficio público, condición indispensable para el sostenimiento de corporaciones y comunidades que deben su existencia a la ley y que la misma ley debe extinguir cuando ya no son útiles;

Por tanto,

y en virtud de las amplias facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar y 

Decreto

Artículo 1°.: Queda extinguida la Comunida de Padres congregantes de San Felipe Neri.

Artículo 2°.: Pertenece a la Nación las casas y bienes anexos a dicha Comunidad, los que recibirá por inventario el Administrador general de Rentas, quien cuidará de su manejo y destino, con arreglo a las instrucciones que se le darán.

Artículo 3°. Los vasos sagrados y demás enseres propios del culto, serán puestos a disposición del Gobernador del Arzobispado.

Dado en Guatemala, a veintisiete de mao de mil ochocientos setenta y dos. 

  • J. Rufino Barrios
  • Ministro de Gobernación, Francisco Alburez1

Así fue como  las pequeñas instalaciones de la Congregación de San Felipe Neri, que estaban en la 8a. calle poniente y 4a. avenida norte, pasaron a ser propiedad de Francisco Lainfiesta, amigo personal del presidente Barrios.  Y Lainfiesta no fue el único beneficiado con las expropiaciones:  al general Juan Martín Barrundia le correspondió parte del convento de la Concepción y a Delfino Sánchez parte del convento de Santa Clara.2  Y es que aunque los bienes se vendían en remate público, eran sumamente baratos para los allegados a Barrios, quienes eran los únicos que podían adquirirlos.

El Oratorio de San Felipe Rómulo Neri, La Escuela de Cristo, tenía derecho, y gozaba de unas diez pajas de agua, por lo que Lainfiesta trató de que la Municipalidad extendiera el título respectivo.  El síndico municipal era el licenciado Ricardo Casanova y Estrada, quien era reconocido por su brillante carrera de abogado y había sido compañero de algunas clases universitarias con Barrios.  Casanova extendió su dictamente manifestando que estaba bien que se otorgara el agua, pero que si alguna vez volvían los verdaderos dueños del predio, es decir, los frailes de la Escuela de Cristo, que lo habían edificado y que lo habían tenido en posesión por muchos años, les quedaba su respectivo derecho a salvo.3

Cuando Barrios se enteró de la resolución llamó a Casanova y le gritó e insultó como acostumbraba, para después mandarlo a su casa en compañía de un coronel vestido de sotana y sombrero de teja, remedando a un sacerdote.  Barrios quiso así poner en ridículo a Casanova, pero le salió mal la broma, pues aquello no fue bien visto por la sociedad, y Casanova decidió a convertirse en sacerdote, llegando a ser el Arzobispo Metropilitano de Guatemala el 15 de enero de 1886.3

Lainfiesta estableció su imprenta “El Progreso” (en donde se publicaron numerosos documentos oficiales)1 en la casa parroquial que los frailes filipos estaban todavía construyendo cuando se las expropiaron, y permitió que el templo siguiera siendo usado por el clero secular como parroquia.4  Pero, agraviado por el Concordato del 2 de julio 1884 que el antiguo padre Angel María Arroyo firmó preliminarmente ante la Santa Sede para que Barrios se congraciara con los los conservadores y que así lo apoyaran para la campaña de Unificación Centroamericana, Lainfiesta ordenó a sus trabajadores que desmantelaran el techo de la iglesia cuando el presbítero Alberto Rubio y Piñol (de la familia Aycinena y Rector del Colegio de Infantes) estaba oficiando misa el 4 de agosto de ese año, lo que significó el fin de la presencia de la Escuela de Cristo en la Ciudad de Guatemala.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 105-106.
  2. Miller, Hubert J. (1976) La Iglesia y el Estado en tiempo de Justo Rufino Barrios.  p. 115
  3. Batres Jáuregui, La América Central ante la Historia, 1821-1921, Memorias de un SigloIII Guatemala, C.A. 1949
  4. Sandoval, Juan Alberto (19 de marzo de 2008). Procesiones de Jesús Nazareno de las Tres Potencias de la Parroquia Vieja (1884-1984). Guatemala. La Hora.

14 de mayo de 1884: la Corte de Justicia ratifica la sentencia de muerte de los supuestos autores del atentado contra J. Rufino Barrios

 

14mayo1884
Los jardines del Teatro Nacional (anteriormente Teatro Carrera y posteriormente Teatro Colón) en 1870.  Aquí ocurrió el atentado contra el presidente Barrios en 1884.  En el recuadro: el general presidente J. Rufino Barrios.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Reproducimos a continuación, por su importancia histórica, el prólogo publicado en la Gaceta de los Tribunales el 15 de mayo de 1884 al respecto de la sentencia contra los supuestos autores del atentado del 13 de abril de 1884 contra J. Rufino Barrios y su ministro de la Guerra, general Juan Martín Barrundia, ya que el mismo refleja el servilismo de los funcionarios de la época hacia la figura presidencial, la cual, a diferencia de lo que ocurre desde 1985 en Guatemala, controlaba todos los aspectos no solo del gobierno sino de la sociedad en general:

Atentado del 13 de abril:

Todavía están frescas y palpitantes las impresiones de pena, que en el ánimo de las gentes que rinden fervoroso culto a la moral, dejara el odioso atentado cometido ne la noche del 13 de abril próximo anterior. Todos los guatemaltecos, cediendo a las inspiraciones del afecto y al interés que el patriotismo dicta en favor de la causa pública, manifestaron no solamente sus votos de pláceme por la extraordinaria salvación del Sr. Presidente de la República y del Sr. Ministro de la Guerra, sino también su deseo de que se averigura quienes eran los autores del crimen y se procediera contra ellos como faese de justicia.1

La autoridad judicial que sin estímulos extraños, cumple siempre su deber con la regularidad que exige una recta aminidstración, ha satisfecho también esta pública ansiedad.  En efecto, la Comandancia de Armas de este Departamento, por medio de su Auditor, licenciado D. Vicente Sáenz, practicó sin descanso con exquisita diligencia y notable tino, la mayor parte, y pudiera decirse, casi todas las diligencias necesarias para indagar, con todos sus detalles, un crimen por mucho tiempo meditado y cometido con terribles e inusitados instrumentos a favor de las sombras de la noche.1

La sentencia de la Sala 1a. de Justicia, que ve la luz en este número, puso término a la causa, aprobando en todas sus partes el fallo de primera instancia.  En ella se fulmina la pena de muerte contra tres de los principales autores del hecho.  No será la Gaceta de los Tribunales, ni serán, seguramente, los Jueces que del asunto han conocido los que no abriguen sentimientos de conmiseración hacia esos, que habiendo perpetrado gravísimo delito, se hicieron merecedores de tan terrible pena.  El Juez 1°. de 1a. instancia y los Señores Magistrados trepidarían, no hay que dudarlo, al pronunciar su fallo; pero ni el Juez ni los Magistrados pudieron dar pábulo a los dictados de la clemente que, desgraciadamente, no estaban de acuerdo con el imperioso mandato de las leyes.1

Las especiales circustancias que rodean a países de nueva formación, en que los graves atentados contra el Jefe del Ejecutivo, atacan seriamente el orden y menoscaban el prestigio de la autoridad, exigen cierta saludable severidad para mantener incólumes los intereses de la sociedad, y conservar sin detrimento las importantes atribuciones delque es, en su respectiva rama, el primer representante del poder público. Por otro lado, en estas Repúblicas de Hispano-América, que tantas veces han sufrido el embate del huracán revolucionario y que por lo mismo tienen fatal predisposición a la anarquía, con todo su cortejo de horrores, parece debido tener a raya a los trastornadores del orden público, el cual se afectaría, sin duda, con la violenta desparición del ciudadado Presidente, que simboliza, en ciertas situaciones, el principio de paz, de progreso y bienestar.2

Día vendrá en que estos pueblos, ya completamente ilustrados, hagan de la libertad de que gozan, un medio seguro de usar bien de sus derechos, y conviertan la paz en árbol protector a cuya sombra se dediquen al trabajo fructuoso y honrado; día vendrá en que todo sea orden y regularidad y en que la máquina administrativa funcione en bien general sin obstáculos casi inseparables: entonces se alejarán las revueltas y las ambiciones de mala índole; se respetará a la autoridad, y no será tan necesario como doloroso, dictar severas medidas de represión. ¡Esos tiempos, por fortuna, llegarán pronto para nosotros, mercer a las atinadas disposiciones que en favor de la ilustración del pueblo, dicta diariamente la actual Administración de la República!2

La sentencia hace un recuento de los hechos ocurridos (redactados, eso sí, por Barrios, Barrundia y sus esbirros), los cuales se resumen a continuación:

    • Se declararon culpables los siguientes individuos:
      • Santos Soto y Castellanos de 43 años de edad, de profesión asentista
      • Jesús y Abraham Soto, de 20 y 15 años de edad, respectivamente. El primero era herrero y el segundo albañil
      • José Escobar, de 60 años de edad, sastre
      • Sebastián Macal, de 20 años de edad, fundidor
      • Rafael Rivera, de 16 años de edad, impresor y entenado de Santos Soto.2
  • Se hace énfasis en que todos los acusados sabían leer y escribir.2
  • Tras la explosión, el Mayor de Plaza, Manuel H. Ortigosa encontró un cordel de cáñamo desde el lugar de la explosión hasta la puerta de entrada a la alameda del Teatro y varios fragmentos de la bomba con ciertas palabras grabadas.
  • Al oir la explosión, Fernando Córdova corrió hacia el lugar de los hechos y vió a Santos Soto bajando corriendo las gradas del teatro; Soto le dijo que le preguntar a José Escobar que era lo que había ocurrido3
  • Soto y Escobar fueron capturados y enviados al Juzgado tercero de Paz, pues concluyeron que Soto había tirado del cordel de cáñamo para activar la bomba a distancia.3
  • El sordomudo Damián Cosme, usando como intérprete a su patrón Francisco González Campo, le dijo al Mayor de Plaza que había visto en casa de Soto a Abraham Soto y a José Escobar arreglando la bomba.3
  • Jesús Soto preparó la bola de plomo que sirvió de detonante, y la bomba por encargo de Santos Soto y con la ayuda de Sebastián Macal en la Escuela de Artes y Oficios.4
  • José Escobar fue quien dió la señal para tirar del cordel.

En vista de lo descrito, se confirmaron las siguientes condenas:

  • Muerte para Santos y Jesús Soto, y a José Escobar, con base en el Código Penal y a leyes contenidas en la Recopilación de Leyes de Indias5 (que había sido descartada tras la Independencia de España en 1821 pero que fue rebuscada para esta ocasión)
  • Presidio con calidad de retención a Sebastián Macal.
  • Prisión de diez años a Abraham Soto, a pesar de tener solamente quince años de edad.5

A pesar de las condenas, y de que en efecto fueron exhibidos en capilla ardiente y luego llevados al cadalso, los tres sentenciados a muerte no fueron ejecutados, sino llevados al Fuerte de San José, en donde a fuerza de torturas involucraron a más personas en el supuesto complot.5

De acuerdo al historiador y político liberal Francisco Lainfiesta, quien fuera Ministro de Fomento de Barrios en esos momento, Barrios ya mostraba claros trastornos mentales en la época en que ocurrió el atentado, lo que explicaría su feroz persecución de los supuestos implicados.  He aquí cómo describe Lainfiesta el estado mental del presidente guatemalteco:

Se paseaba el general Barrios por su despacho con las manos asidas por detrás; allí estábamos los seis ministros con los brazos cruzados, lo más del tiempo silenciosos. Barrios hablaba y hablaba de los asesinos y, repentinamente, se acercaba a decirnos:

‘Si ustede quieren, saquen a esa tal [Rodríguez] sáquenlo, sáquenlo, pónganlo en libertad… pero yo le mando pegar antes mil palos’.

Esto decía y repetía con frecuencia como respondiendo a objeciones que él imaginaba se le hacían en favor de Rodríguez; o como para prevenir que se le hicieran, y era en aquellos arranques, cuando solía agarrarse la cabeza, diciendo: ‘Si esto no acaba pornto, va a parar en loco’.6

La situación en el despacho del general Barrios continuaba nebulosa y sombría; largas conferencias con el ministro de la Guerra [Juan M. Barrundia]; frases sentenciosas, miradas que parecían rayos; momentos de silencio, momentos de arrebato; la imaginación paseando ardorosa y desatentada sobre el sangriento escenario del cadalso; el caos, en fin, imperando en aquella cabeza formidable, que de tan formidable poder disponía.7

Los que han envidiado a los ministros del general Barrios y los que les han hecho un cargo de haberlo sido, ¡cómo no estuvieron ocupando las sillas ministeriales en aquellas horas!7

El egoísmo era en Barrios la suprema ley.  Morir él y que quedaran vivos [sus enemigos] y que fueran a reírse de él después de muerto, y acaso a poner en práctica lo que él suponía o presentía de ellos; eso no le cabía en la cabeza.  Llevar él el anatema o el odio, dimanados de ciertos actos que como absoluto dictador hacía ejecutar, y que no llevaran todos sus ministros el mismo odio y anatema, tampoco podía consentirlo.  De allí el mandato para que los ministros estuvieran frecuentando la cárcel pública durante la secuela del proceso […]8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Presidencia del Poder Judicial (15 de mayo de 1884). Atentado del 13 de abril. Gaceta de los Tribunales, IV 1, Guatemala. p. 1.
  2. Ibid, p. 2
  3. Ibid, p. 3
  4. Ibid, p. 4
  5. Ibid, p. 5
  6. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala: Período de veinte años corridos del 14 de abril de 1865 al 5 de abril de 1885.  Guatemala: Pineda e Ibarra. p. 325.
  7. Ibid, p. 329.
  8. Ibid, p. 336.

13 de abril de 1884: una bomba estalla cerca del general J. Rufino Barrios y su Ministro de la guerra Juan M. Barrundia sin causarles daño

13abril1884
Esquina sudeste del Teatro Nacional (anteriormente Teatro “Carrera”).  Por aquí iban pasando J. Rufino Barrios y Juan M. Barrundia cuando la bomba estalló, pero no alcanzós a herirlos.  En el recuadro: grabado del general Barrundia, el temido Ministro de la Guerra de Barrios.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La noche del 13 de abril de 1884, el general presidente J. Rufino Barrios y su ministro de la Guerra general Juan Martín Barrundia paseaban por los jardines del Teatro Nacional (antiguamente “Teatro Carrera”) en la Ciudad de Guatemala, cuando de pronto, al llegar a la esquina sudeste, una bomba estalló cerca de donde se encontraban.1  De inmediato se reunieron allí Fernando Córdova, Javier Olaverri y Manuel Ortigosa, conocidos espías y esbirros de Barrios y Barrundia y procedieron a recoger fragmentos de la bomba, entre proyectiles, pita, bola de plomo, y punzón.  Además, recibieron órdenes inmediatas de Barrios de que capturaran a los que se encontraran en la fonda de Santos Soto, un viejo oponente de Barrios.  Después de eso, Barrios y Barrundia continuaron su paseo, a pesar de las heridas que se dijo que habían sufrido.2

Para entonces, las fortunas de Barrios y Barrundia habían crecido exponencialmente gracias a sus grandes fincas cafetaleras, a las leyes agrarias que favorecían estos cultivos y a las comisiones que les otorgaban las compañías que construían la infraestructura ferroviaria y portuaria en el país.  Y, aunque aquello era del conocimiento público, la sociedad no protestaba porque el control que Barrios y Barrundia ejercían no sólo sobre Guatemala sino sobre las vecinas Repúblicas de Honduras y El Salvador era prácticamente absoluto.3

Así pues, ante el tremendo atrevimiento de atentar contra la vida del general Barrios, nadie protestó cuando se produjeron persecuciones y torturas que fueron documentadas por Guillermo Rodríguez, quien fuera acusado y condenado como principal sospechoso del atentado.

En la fonda de Santos Soto, ubicada en la esquina opuesta a la esquina del Teatro en donde se produjo la explosión, capturaron a Soto y a su familia, además de José Cordero, José Escobar y Miguel Figueroa, y otras personas, algunas de las cuales se hallaban por el Teatro, y otras que fueron aprehendidas en sus casas y comenzó a instruirse averiguación ante un Juez de Paz.  (Soto era propietario de una fonda en la que se vendía aguardiente que producía junto con el hacendado Guillermo Rodríguez en la finca “El Palomar”, y ya había tenido problemas con Barrios por la “conspiración Kopesky” en noviembre de 1877, cuando un esbirro del presidente lo incriminó en una conspiración que hubo en esa oportunidad para así no pagarle 200 pesos que Soto le había prestado.  Soto era primo, socio  y compadre de Jesús Batres, uno de los fusiliados por ese complot y a raíz de eso Soto había estado preso y exiliado en San Marcos hasta 1882).  En la única declaración que pudo dar Cordero antes de morir, aparece que momentos antes de la explosión de la bomba, y en el propio lugar donde ésta se verificó, había visto a un hombre montado en la baranda del Teatro.4

Por la mañana trasladan a la cárcel pública a todos los aprehendidos y se continúan allí las diligencias en presencia y con intervención del mismo Barrundia, de los Ministros Díaz Mérida y Sáchez, del Director de Policía Roderico Toledo, y de otras personas más, quienes ordenan el tormento de los palos a Santos Soto, a Escobar, a Cordero y a otros, incluyendo a Jesús y a Abraham Soto y a Rafael Rivera, hijos y entenado de Santos Soto.  Aquella escena se repitió durante varios días, pero no todos resistieron.  Juan Leiva, muere en la Cárcel, asesinado segun unos, suicidado segun otros, sin que se le haya tomado declaración; José Cordero muere a palos en el Batallón N°. 3, a donde había sido trasladado; Miguel Figueroa desaparece misteriosamente, y Mariano Vásquez muere en la Penitenciaría.  Otro de los procesados, Tomás Santos, recibe quinientos palos cada día en el Batallón N°.2 y sus heridas son presa de los gusanos; por su parte, Sebastián Macal, por los insultos y terribles amenazas que le hace el mismo Presidente Barrios, es obligado a confesar que fue autor de la bomba.5

Le exigieron a Santos Soto a que nombrara como su defensor a Rodríguez, a quien obligaron a aceptar ese cargo a pesar de no ser abogado, y no le dieron el permiso que solicitó para hablar con su defendido, además de imponerle que presente la defensa en veinticuatro horas.  Rodríguez encontró en proceso las declaraciones de Jesús y Abraham Soto y la de Sebastián Macal, incontestables, que no le dejaron hacer defensa alguna.  En ese momento, Rodríguez no sabía como se habían adquirido aquellas declaraciones.5

El 5 de mayo el  Juzgado 1°. de la 1a. Instancia, condenó a muerte a Santos y Jesús Soto, y a José Escobar, aplicando leyes españolas, lo que fue ratificado por la Sala primera de la Corte de Justicia, el 9 del mismo mes, aplicando las mismas leyes.  A los condenados se les exhibió al público vestidos con una túnica negra y capirote durante su capilla ardiente, pero luego los trasladan nuevamente de la Cárcel pública al Fuerte de San José, donde los vuelven a torturar a palos pues la intención del gobernante era incriminar a un grupo de “nobles”.  El casitgo es tal, que Escobar murió en la noche del 16 de mayo, mientras que Santos Soto es obligado a presenciar los palos que le dan a su hijo Jesús, mientras a él mismo lo están tortuando.  Hasta entonces, Santos había tenido la fortaleza de no mentir ante las exigencias de sus verdugos, pero ya no pudo y ya moribundo cedió a la exigencia del general Barrios, que dirigía aquellas torturas en persona quien lo tomó del pelo y le exigió que dijera que “Guillermo Rodríguez es el de la bomba“.6

Tras procurar medicinas y médicos para Soto, Barrundia se presenta al Fuerte de San José y obliga a Soto a firmar una declaración preparada de antemano y con ella proceden a capturar a Rodríguez el 18 de mayo, a quien dejan incomunicado en las bartolinas. El 19 lo llevaron ante el Auditor Vicente Sáenz, quien le tomó la primera declaración y le hizo ver que no podía haber sido Rodríguez quien hizo la bomba, pues el regresó a Guatemala de Europa en septiembre, y la bomba estaba lista desde mayo.7

Capturaron también a Cresencio Vera, quien era el mayordomo de la finca “El Palomar”, propiedad de Rodríguez, pero éste se salvó de que lo torturaran por ser ciudadano mexicano. Y además capturaron a todos los que trabajaban en la finca, incluyendo a hombres, mujeres y niños y a algunos de los hombres los torturaron a palos mientras que al resto le hicieron amenazas y promesas para que acusaran a Rodríguez. (De hecho, Rodríguez reproduce en su alegato una declaración de Santos Soto en la que éste indica que Barrios quería aprovechar aquella coyuntura para inculpar y encarcelar a varios personajes que le molestaban, entre ellos José María Samayoa, el general Julio García Granados, Carmen Cruz, Valerio irungaray, el general Felipe Cruz, José Batres y Manuel Urruela; Barrios le pidió a Soto tras numerosas torturas que los inculpara pero éste no lo hizo).8

Aparentemente, al final de uno de estos careos Barrios habría tomado un rifloe y se puso a tirar al blanco con uno de sus esbirros, riéndose y diciéndole que esos tiros seguramente asustarían a la gente en la ciudad, que debían creer que estaban fusilando a alguien y que le gustaría ver “cómo se pondrían todos los nobles al ver cómo había mandado a Rodríguez.”9

Barrios y Barrundia se turnaban para aleccionar a los acusadores o testigos y preparaban a Soto para los careos con Rodríguez, quien prácticamente no pudo defenderse y fue acusado de rebelión, de levantar a los pobladores en las inmediaciones de la ciudad, y hasta de reunirse en casas particulares en un complot para derrocar al gobierno.  Ante todo esto, Rodríguez es condenado a muerte el 21 de junio de 1884, mientras que se absolvió a su mayordomo, Cresencio Vera; su sentencia fue confirmada por la Corte de Justica el 27 de junio.  De acuerdo al alegato de Rodríguez ante la Asamblea, “la sentencia fue confirmada a pesar de contradicciones graves y evidentes y de que para entonces ya era obvio que se había empleado el tormento para obligar a todos los declarantes” e indica que los jueces y magistrados “buscaron un ardid para fundar la condenatoria a muerte que les mandaban a imponerle“.10

A Rodríguez le esperaba una humillación final: el 4 de julio, al medio día lo llevan, vestido con una túnica negra y capirote, con los brazos atados y en medio de una escolta hasta la casa de Barrios, quien le da una carta que dice: “Guillermo Rodríguez queda indultado de la pena de muerte y de la Inmediata Superior a que fue condenado por los tribunales de la república por el atentado del 13 de abril último. L. y R.  Barrios“.  El presidente también indultó a Soto, Miranda y Macal y el 27 de julio Rodríguez sale al exilio a Europa.11


BIBLIOGRAFIA:

  1. Aguirre Cinta, Rafael (1899) Lecciones de Historia General de Guatemala. Arregladas para uso de las escuelas primarias y secundarias de ésta República.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 204.
  2. Rodríguez, Guillermo (Mayo de 1886) Exposición y documentos presentados a la Asamblea Nacional Legislativa por Guillermo Rodríguez, acusado y sentenciado con pretexto de la bomba del 13 de abril de 1884.  Guatemala: Tipografía de Arenales. p. 3.
  3. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición). Guatemala: Tipografía de “El Renacimiento”. p. 26.
  4. Rodríguez, Exposición y documentos presentados, p. 4.
  5. Ibid, p. 5.
  6. Ibid, p. 6-7
  7. Ibid, p. 7.
  8. Ibid, p. 84.
  9. Ibid, p. 91.
  10. Ibid, p. 8-9.
  11. Ibid, p. 14.

9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

9julio1884
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.

El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.

  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA: