29 de abril de 1944: el decreto 2795

El gobierno del general Jorge Ubico emite un decreto por el que exonera a los dueños de fincas cafetaleras y a la United Fruit Company de responsabilidad criminal en caso de matar a alguien que estuviera robando en sus propiedades rústicas

29abril1944
Palacio Nacional de la ciudad de Guatemala en la década de 1940. En el recuadro, el presidente, general Jorge Ubico. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Hacia finales de su gobierno, el general Jorge Ubico aprobó el decreto 2795 de la Asamblea Legislativa, el cual dice así:1

Decreto Número 2795

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala,

Considerando: que para el desarrollo de la producción agrícola es indispensable poner fin a los delitos contra la propiedad que se cometen en los predios rústicos por personas ajenas a ellos, facultando a sus dueños para emplear contra éstas los medios adecuados para la protección de sus intereses; por tanto, decreta:

Estarán exentos de responsabilidad criminal los propietarios de fincas rústicas cercadas o sus legítimos representantes, por los delitos que cometan contra los individuos que, habiendo penetrado sin autorización al interior de aquellas, fueren hallados in fraganti, cogiendo o llevándose los animales, frutos, productos forestales o instrumentos de labrana pertenecientes a las mismas.

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Palacio Nacional: Guatemala, veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro.  Publíquese y cúmplase.

De acuerdo al escritor comunista Luis Cardoza y Aragón, este decreto le dió a los propietarios de fincas cafetaleras y a la United Fruit Company permiso para matar indiscriminadamente.2,Nota Y, al parecer, la Junta Revolucionaria de Gobierno que tomó el poder tras la Revolución del 20 de octubre de ese año así lo comprendió, y derogó el decreto 2795 por medio del decreto siguiente:3

Decreto Número 9

La Junta Revolucionaria de Gobierno, 

Considerando: que la disposición del Decreto legislativo número 2795 no se ajusta a los principios del Derecho penal, toda vez que, sin discriminación alguna, declara exentos de responsabilidad criminal a los propietarios de tales fincas, ya que éstos, así como sus representantes y administradores, están reputados en el interior de las mismas como agentes de autoridad, al tenor de lo estatuido en el artículo 154 del Código Penal; por tanto, decreta:

Artículo único – Se abroga el Decreto legislativo número 2795, de veintisiete de abril del año en curso.

Del presente decreto, que entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial, se dará cuenta a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones ordinarias.

Dado en el palacio Nacional: en Guatemala a primero de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Este decreto fue parcialmente resucitado durante el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, ya que cada vez que se extendía el Estado de Alarma o el Estado de Sitio en el país debido a la Guerra Civil que estaba dándose entre el Ejército y las grupos paramilitares por un lado, y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) por el otro, se incluía un artículo como el siguiente:

Artículo 1°. — Se ratifica el Decreto número 630 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, estableciendo el Estado de Sitio en toda la República por treinta días a partir del 18 de marzo de 1968, limtando el libre ejercicio de las garantías individuales que cita dicho decreto e imponiendo la vigencia de la Ley de Orden Público.[…]

La vigencia del Decreto número 630 del presidente de la República deberá interpretarse en el sentido de que se conservan incólumes los recursos jurisdiccionales que la constitución concede a los habitantes para la defensa de sus recursos.4


NOTA:

  • El mismo presidente Ubico era favorecido con esta disposición, ya que era propietario de la finca cafetalera «Hacienda San Agustín Las Minas«.5

BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. LXIII. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 304-305. 
  2. Cardoza y Aragón, Luis (1991). Miguel Angel Asturias: Premio Lenin de la Paz 1965, Premio Nobel de Literatura 1967. Casi Novela. México: Ediciones Era. p. 146.
  3. Méndez, Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, p. 446.
  4. Azurdia Alfaro, Roberto (19) Recopilación de las Leyes de la República de GuatemalaLXXXVII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 60-61.
  5. Cadenhead, Ivie E. (1974) The Personal Finances of General Jorge Ubico. En: Caribbean Studies. 13 (4). Puerto Rico: Institute of Caribbean Studies, UPR, Rio Piedras. p. 127-133.

30 de marzo de 1944: declaran a Antigua Guatemala como Monumento Nacional

Por sugerencia del arquitecto Verle L. Annis y el apoyo del embajador de Estados Unidos, Boaz W. Long, se emite un decreto legislativo declarando Antigua Guatemala como Monumental Nacional.

30marzo1944
El convento abandonado de la Escuela de Cristo en la Antigua Guatemala en la década de 1920. En ese estado se encontraba la mayoría de edificios en la ciudad antes de que la ciudad fuera declarada Monumento Nacional. En el recuadro: el general Jorge Ubico, presidente de Guatemala de 1931 a 1944. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras siglos de abandono, la ciudad de Antigua Guatemala finalmente fue reconocida como Monumento Nacional por el gobierno del general Jorge Ubico, luego de un extenso estudio sobre la misma que fue realizado por el arquitecto Verle L. Annis, quien fue patrocinado por el entonces embajador de los Estados Unidos Boaz W. Long.  Aquel estudio fue publicado en la «Revista de Guatemala» el 1 de septiembre de 1945.1

En vista del estudio de Annis y con base a las sugerencias del embajador Long, la Asamblea Legislativa emitió el siguiente Decreto:2

Decreto Número 2772

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala,

Considerando: que la Ciudad de Antigua Guatemala contiene edificios públicos y privados, calles y plazas de inestimable valor histórico y arquitectónico;

Considerando: que dicha ciudad fue durante más de dos siglos la sede principal de las autoridades de la Capitanía General de Guatemala, y una de las ciudades más famosas y de mayor importancia del Nuevo Mundo, en los primeros años de la Colonia;

Considerando: que Guatemala, de acuerdo con las Resoluciones XIII y XIV de las conferencias interamericanas celebradas en Montevideo en 1933 y en Lima en 1938, y en cumplimiento de las estipulaciones del Tratado general interamericano sobre la protección de instituciones artísticas y científicas y monumentos históricos, suscrito en Washington por el Gobierno de Guatemala, con fecha 15 de abril de 1935.

Por tanto: con base en lo que dispone el artículo 28 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1°. Se declara Monumento Nacional la ciudad de la Antigua Guatemala

Artículo 2°. Todo lo relativo a su conservación, restauración y nuevas construcciones, queda bajo la protección, cuidado y vigilancia del Ejecutivo.

Artículo 3°. Se fija un plazo máximo de tres años para cambiar por tejas de barro el techo de los edificios que lo tengan de láminas de metal;  y se sustituan por aleros volados, del mismo estilo de los primitivamente construidos, los pasamanos o antepechos que no correspondan a la estructura original.

Artículo 4°. Un Comité presidido por el Intendente municipal de la ciudad de la Antigua e integrado por un arquitecto especializado en construcciones coloniales y tres vecinos de la ciudad, todos de nombramiento del Ejecutivo, tendrá a su cargo la autorización de los trabajos que las autoridades locales o los particulares se propongan llevar a cabo para conservar, restaurar o modificar los edificios, calles y plazas comprendidos dentro del perímetro urbano, así como para las nuevas construcciones.

Artículo 5°. Queda autorizado el Ejecutivo para que emita los reglamentos, dicte las disposiciones que conduzcan al mejor resultado de lo dispuesto y de facilidades a fin de que se introduzcan las modificaciones que repongan a su estilo primitivo los edificos que hayan sufrido alteración en su estructura. 

Artículo 6°. Las infracciones a lo dispuesto en este Decreto, serán penadas conforme las leyes y reglamentos que se dicten por el Ejecutivo.  

Artículo 7°. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.Nota a

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el treinta de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro.

        • L.F. Mendizábal, presidente
        • F. Hernández de León, secretario
        • R. Ruiz Castanet, secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, treinta y uno de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro. Publíquese y cúmplase.

        • Jorge Ubico
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, J. Antonio Villacorta C.2

BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. LXIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 295.
  2. Ibid., p. 294-295.

19 de diciembre de 1944: elección del presidente Arévalo

En las elecciones presidenciales realizadas del 17 al 19 de diciembre resulta electo por aplastante mayoría el Dr. Juan José Arévalo Bermejo

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Palacion Nacional de Guatemala, que fuera sede del Ejecutivo de 1943 a 1996. En el recuadro: el presidente Arévalo en el despacho presidencial. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras los acontecimientos de la Revolución del 20 de octubre de 1944, la Constitución Liberal, decretada por una Asamblea Constituyente plegada a los deseos del general presidente J. Rufino Barrios el 11 de diciembre de 1879,1 fue finalmente derogada.2 Aquella Constitución ha sido la que más tiempo ha estado vigente en el país, ya que la primera constitución del Estado de Guatemala rigió del 1825 a 1838, cuando fue derogada tras el derrocamiento del gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez  por la revolución católico-campesina dirigida por el general mestizo Rafael Carrera;3 posteriormente, hubo un período de facto hasta 1851, cuando se hace la Constitución Conservadora para beneficiar al general Carrera,4 la cual estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1871, en que fue derogada por  el triunfo de la revolución liberal liderada por J. Rufino Barrios y Miguel García-Granados y Zavala.5 Tras otro período de facto en que los presidente liberales gobernaron amparados en el Acta de Patzicía que ellos mismos establecieron el 3 de junio de 1871,6 se emitió la Constitución de 1879, la cual estuvo vigente hasta 1944, aunque con modificaciones realizadas en 1887 y 1897, y una breve suspensión entre el 14 de abril de 1920 y el 5 de diciembre de 1921,6 es decir,entre la caída del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera y el golpe de estado perpetrado por el general José María Orellana.7

La Junra Revolucionaria de Gobierno que se formó tras la caída del gobierno del general Federico Ponce Vaides, presidente interino desde la renuncia del general Jorge Ubico ocurrida el 1 de julio de 1944,8 convocó a elecciones a celebrarse del 17 al 19 de diciembre de ese mismo año.  Es conveniente indicar que aquella revolución no fue similar a las que hubo en el siglo XIX, en que eran productos de los criollos conservadores o de los criollos liberales tratando de derrocar a sus acérrimos rivales del poder, sino que se trató de un movimiento urbano de clases medias altas que, aprovechando la debilidad de la United Fruit Company (UFCO) en la región por estar enfocada en la Segunda Guerra Mundial, lograron tomar el poder.  Y es que la UFCO era una poderosa transnacional estadounidense que se había adueñado del sistema ferroviario de la región centroamericana por medio de la International Railways of Central America (IRCA) y de los puertos guatemaltecos por medio de la Great White Fleet, y de esta forma tenía el monopolio del transporte de bienes y pasajeros en Honduras, Guatemala y El Salvador, con la complicidad de los gobiernos a los que había ayudado a llegar al poder.9

En las elecciones de diciembre de 1944 se permitió por primera vez el voto femenino y el de los analfabetos, y los requisitos para ser candidato eran únicamente, ser guatemalteco natural, mayor de 35 años y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos; además no era necesario que los candidatos estuvieran forzosamente inscritos en alguna organización política para ser postulados, únicamente bastaba el registro electoral.10 Sin embargo, los partidos que se formaron tras la Revolución de Octubre buscaron al candidato ideal que no estuviera relacionado ni con los liberales ni con los conservadores y fue así como el partido de los estudiantes universitarios, llamado «Frente Popular Libertador«, se decidió por el Dr. Arévalo Bermejo, éste era un distinguido maestro egresado de la Escuela Normal para Varones a quien ya apoyaban un groupo de sus ex-compañeros de clases.  Cuando se supo que lo estudiante apoyaban la candidatura de Arévalo, ésta fue acogida de tal manera que éste se convirtió en un personaje distinguido y aclamado en muchas ciudades de país. Por otra parte, habían surgido otros movimientos políticos, como el «Partido Social Democrático«, el cual estaba integrado por abogados en su mayoría conservadores y liderados por un militar distanciado del general Ubico, el coronel Guillermo Flores Avendaño. El otro grupo era la «Unión Cívica«, encabezada por Jorge Toriello Garrido, quien era uno de los triunviros que formaban al Junta Revolucionaria de Gobierno, junto con el mayor Francisco Javier Arana, quien también fue candidato presidencial, y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán.​11

Sin embargo, la popularidad de la candidatura de Arévalo llegó a tal grado, que el grito «¡Viva, Arévalo!«, se escuchabra por todos lados, incluyendo los mítines de sus oponentes; por ejemplo, cuando el licenciado Adrián Recinos llevó a cabo la presentación de su plan de gobierno en el Teatro Lux en el Centro de la Ciudad de Guatemala, justo en el momento en que se abrió el telón se escuchó un débil grito de «¡Viva, Arévalo!«, lo que bastó para que el público que abarrotaba el teatro estallara en una ovación para el Dr. Arévalo, lo que finalmente provocó que el licenciado Recinos y sus colaboradores se retiraran sin poder exponer ninguno de sus puntos, y bajo una lluvia de improperios.12

Las elecciones se realizaron en total calma y al realizarse el escrutinio se comprobó el triunfo arrollador de Arévalo, un profesional que había obtenido un doctorado en pedagogía en la Universidad de Tucumán en Argentina, gracias a una beca otorgada por los gobiernos de los generales José María Orellana y Lázaro Chacón. Arévalo promovía el socialismo espiritual, como su principio de gobierno, con la intención de agregar a las clases más necesitadas a los programas de gobierno; años después,definió su política de gobierno de esta forma: «En materia de métodos de gobierno somos democráticos, es decir que vamos a la socialización respetando la persona individual. En otras palabras no somos totalitarios, respetamos la opinión de los adversarios y escuchamos a los que saben cualquiera que sea la procedencia política de esas opiniones.13

Los resultados de aquellas elecciones se presentan a continuación, mostrando la abrumadora mayoría con la que resultó electo el Dr. Arévalo:11

Candidato Datos Votos %
Dr. Juan José Arévalo   255,660 86.3
Lic. Adrián Recinos Funcionario de varios gobiernos liberales y experto en el estudio de escritos mayas 20,949 7.0
Ing. Manuel María Herrera Cordón Nieto del licenciado del mismo nombre que fue Ministro del gobierno del general J. Rufino Barrios y sobrino del licenciado homónimo que representó a Guatemala en el nefasto tratado de límites con México en 1882.14 11,062 3.7
Coronel Guillermo Flores Avendaño Militar allegado al general Lázaro Chacón,15 quien se había distancia del general Ubico por la enemistad entre éste y Chacón 8,230 2.8
Coronel Teodoro Díaz M.   342 0.1
Lic. Bernardo Alvarado Tello   115 0.0
Coronel Ovidio Pivaral   22 0.0
Mayor Francisco Javier Arana Miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno y uno de los líderes de la revolución del 20 de octubre. 12 0.0
Lic. Clemente Marroquín Rojas Patriarca de los periodistas guatemaltecos y enemigo personal del general Jorge Ubico.  Regresó del exilio tras la renuncia de éste.16 5 0.0
José Gregorio Díaz   5 0.0
Luis Cardoza y Aragón Escritor izquierdista 3 0.0
General Miguel Ydígoras Fuentes Ex-jefe político de varios departamentos durante el gobierno del general Jorge Ubico 2 0.0
Lic. Humberto Robles   2 0.0
Jorge Toriello Garrido Miembro de la Junta Revolucionaria de gobierno y uno de los líderes de la revolución del 20 de octubre. 2 0.0
Dr. Julio Bianchi Respetado médico conservador que había formado parte del Partido Unionista que derrocó al Licenciado Manuel Estrada Cabrera y fue embajador de Guatemala en EEUU durante el gobierno de Carlos Herrera.17 Fue uno de los firmantes de la carta de los 311.18 1 0.0
Bachiller Manuel Galich Líder del Frente Popular Libertador, el partido de los estudiantes universitarios. Fue uno de los firmantes de la carta de los 311.18 1 0.0
Lic. Eugenio Silva Peña   1 0.0
Totales 296,214 99.9

Aquel socialismo espiritual que era el fundamento del gobierno arevalista iba en contra de la forma de gobierno que las élites criollas guatemaltecas y la UFCO habían establecido en el país, por lo que su gobierno estuvo bajo ataque tanto por los contrarevolucionarios como por el gobierno de los EEUU,13 aunque también ayudó a formar la Legión del Caribe, para intentar patrocinar revoluciones en otros país de la región en los que la UFCO tenía el control de la situación.19


BIBLIOGRAFIA:

  1. Asamblea Nacional Constituyente (1899). Ley constitutiva de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879 y reformada por el mismo Alto Cuerpo en 5 de noviembre de 1887 y 30 de agosto de 1897; para uso de las escuelas. Guatemala: Tipografía Nacional.
  2. Rodríguez de Ita, G. (2003). «La participación política en la primavera guatemalteca: una aproximación a la historia de los partidos durante el período 1944-1954»Google books. Humanidades. Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 9789688358122.
  3. Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.
  4. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio.
  5. Woodward, Ralph Lee, Jr. (2002). «Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821–1871»Serie monográfica (CIRMA y Plumsock Mesoamerican Studies) (12). ISBN 0-910443-19-X. p. 335.
  6. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 3-4.
  7. Hernández de León, Federico (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. Tomo II. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  8. Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
  9. Bucheli, Marcelo; Jones, Geoffrey (2005). «The Octopus and the Generals: the United Fruit Company in Guatemala»Harvard Business School Case (en inglés) (9–805–146). Archivado desde el original el 10 de diciembre de 2012.
  10. Galicia, Néstor (16 de diciembre de 2016). Las elecciones de 1944: libertad y transparencia. Guatemala: Prensa Libre.
  11. Promoción 66 Liceo Guatemala (26 de abril de 2007) «Evocación de un presidente digno: Juan José Arévalo». Guatemala: Ex-alumnos del Liceo Guatemala.
  12. Herrera Sanjosé, Víctor Manuel (1985)  «¡Viva Arévalo!«. Guatemala: inédito.
  13. Poitevin, René (s.f.) Arévalo, un Hombre de su Tiempo. En: Actas del Encuentro «Juan José Arévalo». Guatemala. p. 19.
  14. Lainfiesta, Francisco (1885) Apuntamientos para la historia de Guatemala. Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 191-192.
  15. Asturias Morales, M. (28 de julio de 1930) “Levantamiento de indígenas de Totonicapán“.  Guatemala: Nuestro Diario.
  16. Diario La Hora (3 de julio de 1920). Diario La Hora en su primera época; 100 años. Guatemala: Diario La Hora.
  17. Arévalo Martínez, Rafael (1945). ¡Ecce Pericles!. Guatemala: Tipografía Nacional.
  18. Estrada, A. (1979). Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. pp. 559-574.
  19. Aguilar Bulgarelli, Oscar (1974). Costa Rica y sus Hechos Políticos de 1948. San José, Costa Rica: EDUCA.

11 de mayo de 1944: llega exiliado el ex-presidente Hernández Martínez

Llega exiliado a Guatemala el derrocado presidente salvadoreño, general Maximiliano Hernández Martínez

11mayo1944
Los campos de la Feria de Noviembre que se celebrara en Guatemala durante el gobierno del general Jorge Ubico para festejar al gobernante por su cumpleaños.  En el recuadro: el general Maximiliano Hernández Martínez presidente de El Salvador de 1931 a 1944, quien era egresado de la Escuela Politécnica de Guatemala y llegara exiliado al país tras ser derrocado por un levantamiento cívico militar.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Al igual que en Guatemala, desde 1931 existía un férreo gobierno militar en El Salvador, dirigido por el general Maximiliano Hernández el cual salió reforzado gracias a la ayuda que le dió el gobierno del general Jorge Ubico en Guatemala en 1932 contra la revolución comunista y que, irónicamente, fue el causante indirecto de la caída del presidente guatemalteco el 1 de julio de 1944.

En 1944, el mundo se encontraba todavía inmerso en la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos, una de las naciones que combatía en el grupo de los aliados, tenía bases militares en Guatemala y El Salvador, y controlaba la política de estos países gracias a la fuerte presencia de la United Fruit Company y su subsidiaria, la International Railways of Central America.  Aquel año se inició con la intención del presidente salvadoreño de modificar la constitución de la República que le permitiera una nueva reelección para así extender su mandato hasta 1949.1

Aunque aquello era normal en los gobiernos de América Latina en aquella época, los diputados constituyente promulgaron el 1 de marzo una constitución en la que prácticamente se le negaban a los ciudadanos salvadoreños sus derechos políticos.  Sin que los servicios de inteligencia del presidencia lo advirtieran, se estaba gestando una revuelta cívico-militar desde noviembre de 1943, cuyos dirigentes decidieron entrar en acción cuando la nueva Constitución fue promulgada; de esta cuenta, el domingo de Ramos 2 de abril, cuando el presidente se encontraba de vacaciones en el puerto de La Libertad, se produjo un alzamiento armado en su contra.2

Sin embargo, como era también común en esos años, la falta de comunicación y de coordinación entre los pocos cuarteles alzados hizo que la respuesta de los militares leales al presidente fuera rápida y eficiente, terminando con la revuelta el 4 de abril tras fuertes combates que dejaron cientos de muertos y heridos. La respuesta del presidente fue perseguir y capturar a los implicados, y a quienes pudiera acusar como instigadores de la rebelión, y juzgarlos en un Consejo de Guerra. El 11 y 12 de abril fueron fusilados más de una docena de militares y condenados a muerte varios civiles, quienes no pudieron ser ejecutados por estar ya en el exilio. Además, un régimen de terror a base de delaciones y espías se diseminó por todo el país y las capturas y juicios de militares continúan hasta el 27 de abril.2

Pero el 28 de abril, se produce un cambio radical en el país, cuando los estudiantes universitarios se declaran en huelga manifestando que no van a retornar a clases hasta que el gobierno de Hernández Martínez no haya sido derrocado.  A este huelga se unieron poco  después los estudiantes de secundaria y eventualmente hasta los de primaria. Los estudiantes organizan un comité secreto y empiezan a distribuir panfletos contra el gobierno y a hacer correr rumores entre la sociedad. El gobierno no acierta a dar con los organizadores, y viendo la incompetencia manifiesta de éste para dar con los responsables, varias entidades industriales y comerciales se unen a la huelga; y para el 4 de mayo hasta los empleados público se suman al paro nacional.2

Los seguidores del presidente le ofrecen traer campesinos analfabetos del interior de la República a San Salvador para que abran los comercios e intituciones a machetazos si es preciso, pero Hernández Martínez decide no tomar ese camino, y por el contrario, se dirige a la población y ofrece realizar cambios sociales radicales.  Pero la situación se le sale de las manos cuando un joven estadounidense vinculado a la élite económica salvadoreña, José Wright, es asesinado por un policía aparentemente sin motivo alguno; es por este hecho que Hernández Martínez pierde el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y es obligado a renunciar por el embajador norteamericano el 7 de mayo.2

En su discurso de despedida, Hernández Martínez dijo que «no iba a combatir contra mujeres y niños» y que por eso renuncia, abandonado el país el 9 de mayo y llegando a Guatemala, en calidad de exilado el 11 de ese mes.  Aquella revuelta victoriosa en El Salvador, que resultó en una época democrática totalmente nueva para la región centroamericana, inquietó al general Jorge Ubico, y envalentonó al pueblo guatemalteco, especialmente en la Ciudad de Guatemala, que también se levantaría contra el gobernante, y lo obligaría a renunciar el 1 de julio de ese año.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Luna, David. Análisis de una dictadura fascista latinoamericana. Maximiliano Hernández Martínez 1931-1944.  El Salvador: En La Universidad. p. 52.
  2. Ibid, p. 53.
  3. Gleijeses, Piero (1989). La Aldea de Ubico. España: Dialnet Uniroja. p. 49.

24 de abril de 1944: muere Elena Barrios y Aparicio

Muere Elena III, marquesa de Vistabella, cuyo nombre era Elena Barrios y Aparicio, hija del general J. Rufino Barrios

24abril1944
Una noche lluviosa en la «Avenida Elena» del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.  Esta avenida fue llamada así en honor a Elena Barrios y Aparicio, que nació en 1875 y quien llegó a ser Elena, III marquesa de Vistabella.  En el recuadro: Elena y María de la Luz Barrios y Aparicio en 1885, aproximadamente.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Elena Barrios y Aparicio fue la primogénita del matrimonio del general presidente J. Rufino Barrios con la jovencita Francisca Aparicio, y nació el 22 de junio de 1875. Barrios ya tenía otros hijos (por ejemplo, el general Venancio Barrios), pero su primer matrimonio fue el 24 de julio de 1874, con la joven Francisca de 14 años de edad, cuando él ya tenía 37.1 De acuerdo al historiador y diplomático conservador guatemalteco Antonio Batres Jáuregui —quien a pesar de ser conservador trabajó para todos los presidentes liberales desde Barrios hasta el licenciado Manuel Estrada Cabrera— cuenta en sus memorias publicadas en el volumen III de su obra «La América Central ante la Historia» , las circunstancias en que se dió aquel matrimonio:2

«Voy a reseñar brevemente algo del carácter y de la vida doméstica del general J. Rufino Barrios, a quien conocí y traté antes de que fuera Presidente, porque vivía, […], en una casa de huéspedes situada en la 8a. calle oriente N°. 26, contigua a la N°. 24, que yo habitaba. Barrios siempre tuvo carácter tempestuoso, violento, decidido y firme. Era desde muy joven, fuerte, ligero y audaz. No concluyó su carrera de abogado, sólo se recibió de escribano, como llamaban entonces a los notarios. Conoció a la señorita Francisca Aparicio, cuando todavía era una niña, y se prendó de ella. A la familia Aparicio le disgustaba tal afición amoroso, y mandaron a la jovencita distiguida al colegio de las monjas ursulinas, en esta capital. En este establecimiento se educaban las jóvenes de las familias principales. Cuando triunfó la revolución de 1871, don Rufino siguió insistiendo en sus pretensiones amorosas, y con algún trabajo, y más por temor que por otra cosa, al fin consintieron los padres de doña Paca, que era muy bella, en que se casara con el Presidente de la República. […] Siempre, hasta que murió Barrios, trató con cariño a su esposa.»2

Elena fue bautizada el 19 de julio de 1875, en la parroquia El Sagrario, de la Ciudad de Guatemala. Su padrino fue Francisco Quezada, quien fue escogido por Barrios porque, de acuerdo a Quezada «durante muchos años a contar del 71 mi casa y mi taller fueron puntos de reunión de varios patriotas y otras personas que también mostraban interés por las cosas del país«.1

Gracias a su relación con Barrios, Quezada ocupaba el cargo de Regidor de la Municipalidad desde 1874 y, en la época en que nación Elena Barrios, presentó una propuesta para dar nuevos nombres y nomenclaturas a las calles. 1 De allí surgió el nombre de «Avenida Elena» para la 0 avenida del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.1

En 1877, el presidente y su familia se mudaron a la casa de José Tomás Larraondo, la cual estaba enfrente del Palacio de Gobierno, esquina suroriental de la Plaza de Armas.3 Ese mismo año, Barrios descubrió la «conspiración Kopesky» que planeaba asesinarlo a él y a su familia el 1 de noviembre luego de que la Asamblea Constituyente dijera que no era necesario redactar una Constitución para el país y le dió carta libre para seguir gobernando como mejor le pareciera basado en los amplios poderes que le proporcionaba el Acta de Patzicía.4 Barrios persiguió con sadismo a los conspiradores (algunos reales y muchos supuestos) y vió desde su nueva casa como los fusilaban en la Fuente de Carlos III que antes estaba en el centro de la Plaza Central, y luego fue instalada en la Plazuela España.5, 6

Tras la muerte del general presidente J. Rufino Barrios el 2 de abril de 1885 en Chalchuapa, su viuda —a quien los guatemaltecos de la época llamaban «doña Paca«— recibió una millonaria herencia, producto de las prebendas y negocios que realizó Barrios durante su gobierno.7 Dice al respeto el historiador Batres Jáuregui:2

La víspera de salir para la campaña de la Unión Centroamericana, hizo testamento ológrafo, dejando a doña Paca, como heredera de todos sus bienes, menos una finca «Los Tarros», que legó a su sobrino Luciano Barrios, que le había servido en sus fincas de campo, con todo empeño. La señora recibió más de diez millones de pesos, fuera de otro millón en alhajas, que ya tenía».2

Doña Paca decidió abandonar Guatemala pues temía que los numerosos enemigos de su fallecido esposo atentaran contra su familia.1 Batres Jáuregui también relata como ocurrió aquel viaje de la vda. de Barrios a Nueva York en su obra ya indicada:

«Doña Paca se fué a los Estados Unidos, en donde Barrios había comprado una hermosa casa en Nueva York, en la calle del Central Park. Yo estaba de Ministro de Guatemala entonces cuando llegó la señora del presidente Barrios, y procuré servilar en cuanto pude».2

Y continúa Batres Járegui en otra parte de sus memorias:8

«Estaba yo en Nueva York, algún tiempo después, para recibir en esa gran ciudad, a la esposa de don Rufino, con sus hijos, todavía pequeños. La acompañaban, Luciano Barrios, el coronel [José Angel] Jolón y la señorita Luz Ruiz. Doña Paca Aparicio v. de Barrios, ocupó una casa en la 5a. avenida, frente al Central Park. Esa mansión lujosa y bien situada la había comprado don Rufino pero, como la señora no sabía de prácticas domésticas de gente rica de allá, puso al coronel Jolón de portero, sin duda, por la seguridad que dicho guatemalteco ofrecía, como honrado y leal. Ya en vísperas de regresar yo a Guatemala fui, una de tantas veces, a visitar a doña Paca, a quien procuré servir, haciendo que entrase, sin pagar derechos, que importaban diez mil dólares, un gran equipaje, varios caballos, y otras muchas cosas, que de aquí llevó a los Estados Unidos8

Parte de la familia de los Aparicio ya residía en Nueva York, dedicándose a la exportación de café al igual que Barrios, industria tuvo un fuerte auge durante el gobierno del fallecido presidente gracias a la consolidación de los bienes eclesiásticos expropiados a los frailes, al reglamento de jornaleros que proporcionaba mano de obra indígena prácticamente gratuita9 y a la expropiación de las tierras comunales de los indígenas.

En Nueva York, «doña Paca» llevó una vida lujosa, en la que «sus bailes fueron siempre un acontecimiento. Ella se presentaba lujosamente vestida acompañada de su mamá y las señoritas Aparicio… Los salones estaban adornados con plantas raras, en un escenario decorado por un tramoyista de la Metropolitan Ópera House y se servían cenas suculentas«.1

Posteriormente, ella y su familia se trasladaron a España, en donde el ministro liberal Antonio Cánovas del Castillo fue su enlace con la nobleza española y en 1892, doña Paca se casó en segundas nupcias, en Nueva York, con José Martínez de Roda, Marqués de Vistabella y quien representaba a Granada en la cámara de diputados. A partir de ese momento, la casa de los Vistabella se convirtió en «la primera en Madrid» a donde las jóvenes de la época acudían solas a fiestas que organizaba doña Paca, quien solía dedicar los martes por la tarde a sus hijas y a las amigas de estas.1

Doña Paca enviudó nuevamente en 1899, y como el marqués de Vistabella, no tuvo hijos, designó a Justo Rufino, el único varón sobreviviente de los Barrios y Aparicio, como su sucesor, y cuando este murió en 1909 Elena se convirtió en «Elena III, marquesa de Vistabella«.1

Elena vivió entre Madrid y Suiza, nunca se casó, y no hay registro histórico de que haya tenido algún amor. Falleció por causas naturales el 24 de abril de 1944.1


BIBLIOGRAFIA:

  1. Palma, Clauda (26 de abril de 2015). Elena III, la marquesa triste. Guatemala: Prensa Libre.
  2. Batres Jáuregui, Antonio (1944). La América Central Ante la Historia. 1821-1921. III. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 412-413.
  3. Palma, Clauda (17 de mayo de 2015). La niña Elena. Guatemala: Prensa Libre.
  4. Barrios, J. Rufino (10 de noviembre de 1877) Carta al Sr. don Pedro Joaquín Chamoro, presidente de la República de Nicaragua. Guatemala. p. 1.
  5. Fernández Ordóñez, Rodrigo (2008) La fuente del caballito. Fe de errata y excusa para documentar la ajetreada historia de la fuente de Carlos III.  Guatemala: Universidad Francisco Marroquín, Departamento de Educación.
  6. Contreras, Ana Yolanda (2017) Entre la ficción y la historia; desmitificación del gobierno liberal del general Justo Rufino Barrios en la novela «Sueño de los justos». Centroamericana 27 (1); ISNN: 2035-1496. p. 68.
  7. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición). Guatemala: Tipografía de «El Renacimiento». p. 1-26.
  8. Batres Jáuregui, La América Central Ante la Historia. pp. 499-500.
  9. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 69.

9 de diciembre de 1944: se deroga la constitución de 1879

Se deroga la constitución de 1879, según el decreto 18 de la Junta Revolucionaria de Gobierno

9diciembre1944
Los triunviros de la Junta Revolucionaria de Gobierno: ciudadano Jorge Toriello, teniente coronel Francisco Javier Arana y mayor Jacobo Arbenz. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Tras la revolución de octubre de 1944 que derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, la Junta revolucionaria emitió el decreto 18, derogando la constitución de 1879 el 28 de noviembre de 1944, y la Asamblea Legislativa lo aprobó el 9 de diciembre de ese mismo año, convocando a una Asamblea Constituyente que emitió la nueva constitución de la República el 15 de marzo de 1945.1,2

En ese decreto, se dejaron vigentes los títulos I, II, III, V y VI de la constitución de 1879, tal y como estaban antes de las reformas que hizo el general Jorge Ubico el 11 de julio de 1935 mientras se escribía la nueva constitución.  Los títulos indicados eran los siguientes:

  • Título I: de la Nación  y sus Habitantes
  • Título II: de las Garantías
  • Título III: del Poder Legislativo
    • Sección 1a.: organización del poder legislativo
    • Sección 2a.: atribuciones del poder legislativo
    • Sección 3a.: de la formación y sanción de la ley
    • Sección 4a.: de la comisión permanente
  • Título V: del Poder Judicial
  • Título VI: del Gobierno de los Departamentos y de las Municipalidades1,2

Se reproducen las porciones más importantes del decreto Número 18 por su importancia histórica:

La Junta Revolucionaria de Gobierno,

Considerando:

Que de acuerdo con la Declaración de Principios hecha el día de hoy en Decreto número diecisiete, procede dictar las medidas a que debe sujetarse la organización política-administrativa del país,

Por tanto, decreta:

Artículo 1.°— se deroga totalmente la Constitución de la República.

Artículo 2.°— mientras la Asamblea Nacional Constituyente dicta la nueva Carta fundamental, se claran en vigor los títulos I, II, III, V y VI de la Constitución existente antes de las reformas del once de julio de mil novecientos treinta y cinco, con las siguientes modificaciones:

Artítulo 3°.— el Artículo 8°., Título I queda así: «Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de diez y ocho años que sepan leer y escribir o tengan renta, industria, oficio o profesión que les proporcione medio de subsistencia». […]

Artículo 5°.— el Artículo 18.° del mismo título, queda así: «La instrucción primera es obligatoria; la sostenida por la Nación es laica y gratuita. La Universidad Nacional es autónoma.»

Artículo 6.°— la fracción 2a. del artículo 22, del mismo título, queda así: «La fuerza arma es una institución apolítica, no puede ejercer los derechos de petición y de sufragio, ni deliberar, salvo en los asuntos relativos a su propia organización y demás que autorice la Ley Constitutiva del Ejército.» […]

Artículo 11.°— el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio Nacional: ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Publíquese y cúmplase.

El 9 de diciembre de 1944, la Asamblea Legislativa, entonces presidida por el dramaturgo Manuel Galich y Alfonso Bauer Paiz, ratificó este decreto y convocó a elecciones de una Asamblea Legislativa para redactar la nueva constitución política de la República.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Asamblea Legislativa (1944): Constitución de la República de Guatemala con todas sus reformas, vigente hasta el 28 de noviembre de 1944, en que fue derogada por Decreton Número 18 de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Guatemala: Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala.
  2. Asamblea Nacional Constituyente (1899). Ley constitutiva de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879 y reformada por el mismo Alto Cuerpo en 5 de noviembre de 1887 y 30 de agosto de 1897; para uso de las escuelas. Guatemala: Tipografía Nacional.
  3. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945.. LXIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 455-456.

1 de diciembre de 1944: decretan la autonomía universitaria

Entra en vigor el decreto No. 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno que autoriza definitivamente la autonomía económica y administrativa de la Universidad Nacional

1diciembre1944.jpg
El paraningfo universitario, en 1920.  En 1944 se celebró allí la ceremonia en que se le otorgó la autonomía jurídica y administrativa a la Universidad Nacional. En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La autonomía de la Universidad Nacional inició el 1 de diciembre de 1944, mediante el decreto No. 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el cual se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto No. 12

La Junta Revolucionaria de Gobierno

Considerando: Que uno de los anhelos más legítimos de los sectores intelectuales del país, ha sido la organización de la Universidad Nacional en forma que corresponda a las realizaciones de auténtica cultura que el pueblo esperaba de ella;

Considerando: Que fue fermento valioso de la revolución trascendental que vivimos, la decisión de estudiantes y profesionales dignos, de llegar a la autonomía universitaria para poner al Alma Mater a salvo de las agresiones dictatoriales que la habían convertido en mera fábrica de profesionistas, donde la libre investigación era anulada, y el pensamiento perdía toda su eficacia, al quedar bajo control hasta en sus más mínimos detalles;

Considerando: Que la investigación de los numerosos problemas que confronta el país y la difusión de la cultura exigen nueva orientación para la Universidad, y libertad para decidir acerca de su organización, propósitos y fines;

Por tanto: en uso de las facultades que le confiere el artículo 77 de la Constitución de la República, en su inciso 23, decreta:

Artículo 1°.- La Universidad Nacional de San Carlos, con sede en la capital de la República, es autónoma en el cumplimiento de su misión científica y cultural, y en orden administrativo.

Artículo 2°.- La Universidad Nacional tiene la personalidad jurídica necesaria para el desarrollo de sus fines y para adquirir, administrar, poseer y enajenar bienes, contraer obligaciones y ejercer toda clase de acciones de acuerdo con la ley.

Artículo 3°.- Integran la Universidad Nacional, las siguientes facultades: de Ciencias Jurídicas y Sociales; de Ciencias Médicas; de Ciencias Económicas; de Ciencias Naturales y Farmacia; de Ingeniería; de Odontología; de Humanidades; y las demás facultades e institutos que en lo sucesivo se establezcan.

Artículo 4°.- Mientras se emite la nueva Ley orgánica de la Universidad Nacional y los correspondientes estatutos y reglamentos, estarán en vigencia las leyes que la rigen, en cuanto no afecten el espíritu del presente Decreto.

Artículo 5°.- El Ejecutivo dispondrá la manera de asegurar la autonomía económica de la Universidad Nacional.

Artículo 6°.- La Ley Orgánica decidirá la forma en que el Ejecutivo verificará la suprema inspección que le corresponde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, inciso 7°., de la Constitución de la República.

Artículo 7°.- Este Decreto entrará en vigor el día primero de diciembre próximo entrante, y se dará cuenta de él a la Asamblea Legislativa de la República en sus próximas sesiones ordinarias.

Dado en el Palacio Nacional: en Guatemala, a los nueve días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.


BIBLIOGRAFIA:


28 de noviembre de 1944: Junta Revolucionaria modifica la estructura del gobierno

La Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general conservador Rafael Carrera,1 hasta la caída del general Federico Ponce Vaides el 20 de octubre de 1944,2 el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importando la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como «Benemérito de la Patria«,3 «Supremo Gobierno«,1 «Excelentísimo Señor Presidente«, «Caudillo Adorado de los Pueblos» etc., mientras que la población indígena se refería al gobernante o a los mandos militares como «Tata» —por ejemplo, a Rafael Carrera le decían «Tata Rafa«, a J. Rufino Barrios le decían «Tata Rufo«; y al mariscal Serapio Cruz le decían «Tata Lapo«—.

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.  Desafortunadamente, el resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:4

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO: que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO: que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO: que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO: que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO: que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO: que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO: que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO: que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO: que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO: que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO: que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen; POR TANTO, DECRETA:

ARTICULO 1.°- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República. La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó. La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

Artículo 2.°— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

Artículo 3°.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

Artículo 4°. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

Artículo 5°.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

Artículo 6°.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

Artículo 7°.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

Artículo 8°.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

Artículo 9°.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

        • Francisto Javier Arana
        • Jacobo Arbenz
        • Jorge Toriello
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
        • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
        • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
        • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña4

BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República  I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 73-76.
  2. Móbil, José Antonio (2010). La Década Revolucionaria 1944-1954. Guatemala: Serviprensa Centroamericana. ISBN 978-9929-554-42-9.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1908) Recopilacion de las Leyes de la República de Guatemala, 1900-1901. Guatemala: Arturo Siguere y Cía. pp. 253-254.
  4. Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala: Tipografía Nacional.

22 de junio de 1944: la carta de los 311

311 ciudadanos envían una carta al presidente general Jorge Ubico pidiendo que se restituyan las garantías constitucionales

22junio1944
El palacio de la Policía Nacional en la década de 1970, construido durante el gobierno del general Jorge Ubico.   Imaen tomada de Wikimedia Commons.

El 1 de junio de 1944, el gobierno del general Jorge Ubico incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, pero solo para aquellos que ganaban menos de 15 quetzales mensuales, lo que dejaba fuera a los maestros, quienes reaccionaron con una serie de protestas pacíficas con el fin de ser beneficiados con ese aumento.​ Por su parte, los estudiantes universitarios iniciaron marchas pacíficas para exigir la destitución de sus decanos, ya que, durante el gobierno de Ubico, las Escuelas Facultativas eran dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y las autoridades eran nombradas directamente por el presidente de la República.1​ Ubico accedió a cambiar a los decanos, pero los sustitutos, nombrados por el presidente, no fueron del agrado de los estudiantes, quienes en consecuencia redoblaron sus protestas, siguiendo el ejemplo de la huelga general en El Salvador que había logrado derrocar al general Maximiliano Hernández Martínez el 11 de mayo de ese año, luego de 14 años de férreo gobierno.2

Ubico entonces suprimió la garantías constitucionales y dirigió el siguiente manifiesto a la población:3

El día de hoy, en Consejo de Secretarios de Estado, he decretado la restricción de algunas de las garantías constitucionales.

El primer deber que me concierne como mandatario es, ante todo, la conservación de la paz y del orden interno de la República; y esas dos finalidades del Poder Ejecutivo están amenzadas por la acción perturbadora de elementos que han querido exaltar los ánimos en algunos sectores de la vida nacional.

Se hace indispensable la adopción de medidas enérgicas para contrarretar la acción disolvente de los agitadores; y a esta finalidad conduce la restricción de las garantías.  No obstante, la sociedad debe estar tranquila en sus elementos de orden y de trabajo.  Las medidas de represión que hayan de adoptarse no regirán con las personas de orden y cumplidoras de sus deberes ciudadanos; y el término de esta situación de emergencia será el que quieran los agitadores.

Cuando vuelvan las corrientes sociales, en los sectores perturbados al cause normal de sus actividades, serán restablecidas inmediatamente las garantías que hoy me veo en el caso de restringir. 

Vuestro conciudadano,

        • Jorge Ubico

Guatemala, 22 de junio de 1944.3

Ese mismo día, un grupo de 311 ciudadanos, envalentonado por el ambiente favorable contra los regímenes que hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos había apoyado en Guatemala, Honduras y El Salvador,  le envió la siguiente misiva al general Ubico:

Señor Presidente de la República:

Los suscritos ciudadanos guatemaltecos, en ejercicio del derecho garantizado por el artículo 22 de la Constitución de la República, nos dirigimos a usted con las muestras de nuestro mayor respeto y exponemos:

El día de hoy promulgó su gobierno el Decreto No. 3114, que restringe las garantías constitucionales. La parte considerativa de esta disposición consigna que elementos disociadores de tendencias nazi-fascistas perturban gravemente la paz de la República procurando obstaculizar al gobierno el mantenimiento del orden. Es por todos conocida la génesis de ese decreto, y la propia Secretaría Presidencial, en un boletín dado a publicidad en la prensa, la funda en la acción de problemas de orden interno de la Universidad.

La opinión pública espontáneamente se ha solidarizado con las aspiraciones de los estudiantes en esta hora trágica en que la flor de la juventud de los países libres ofrendan sus vidas en defensa de los altos ideales de la humanidad y de la democracia, a cuya causa está afiliada nuestra patria.

Es por ello doloroso ver que el Primer Magistrado de la Nación, sin duda basado en informaciones inexactas, tendenciosas e interesadas, haya lanzado a la juventud el grave cargo de nazi-fascismo.​ La juventud, señor Presidente, jamás vibra al impulso de mezquinas tendencias y, por el contrario, interpreta y encarna los ideales más limpios y las más nobles aspiraciones. La de Guatemala no es en este caso una excepción.

Convencidos de la pureza de los ideales de la juventud universitaria guatemalteca, nos sentimos obligados, como ciudadanos conscientes, a solidarizarnos plenamente con sus legítimas aspiraciones.

Es así como, movidos tan sólo por nuestro fervoroso patriotismo, venimos a rogar la ilustrada atención de usted acerca de los apremios de la hora actual y del imperativo del deber, sentido por todos, de que el Gobierno se encauce hacia metas prometedoras que aseguren el derecho y satisfagan las legítimas aspiraciones de la familia guatemalteca. El decreto de suspensión de garantías ha venido a crear una situación de intranquilidad y zozobra que agudiza la angustia de la hora en que vive la humanidad, en vez de asegurar la paz y el orden que pareció inspirarlo.

La restricción de garantías crea una situación de hecho, en la cual el pueblo carece de medios legales para manifestar sus justos anhelos y es susceptible de provocar consecuencias funestas que, como guatemaltecos conscientes, seríamos los primeros en deplorar.

Ante un régimen de derecho, la ciudadanía actúa dentro de la legalidad. Una situación de hecho engendra, tarde o temprano, una reacción de violencia. Con toda hidalguía reconocemos que la actual administración presidida por usted ha hecho, en lo material, obra constructiva. Empero, su labor, como todo lo humano, no ha llegado a satisfacer muchas aspiraciones populares por falta de medios de libre expresión.

Alrededor de los gobernantes actúan y medran fuerzas burocráticas e intereses creados que se fortalecen con el transcurso de los años y que llevan al mandatario visiones falseadas de la realidad ambiente. Por esta razón debe desconfiarse siempre de las “adhesiones” que, nacidas del temor o del interés, llegan hasta el gobernante a través del mecanismo oficial, las cuales jamás presentan el auténtico “sentimiento popular”. Seguramente corresponderá a usted aquilatar muy pronto el valor de tales “adhesiones”, a diferencia de la genuina sinceridad que nos anima.

Guatemala no puede substraerse a los imperativos democráticos de la época. Es imposible frustrar con medidas coercitivas los incontenibles impulsos de la generosa ideología que está reafirmándose en la conciencia universal a través de la más sangrienta de las luchas libradas entre la opresión y la libertad.

Estamos seguros, señor Presidente, de que su espíritu comprensivo acogerá la presente gestión con el mismo interés patriótico que nos mueve a dirigírsela. Confiados en él, pedimos lo siguiente:

        1. El restablecimiento de las garantías suspendidas, para que el pueblo pueda gozar, sin demora, de la plenitud de sus derechos constitucionales; y
        2. Dictar las disposiciones pertinentes a fin de que tales garantías tengan plena efectividad.

Guatemala, 22 de junio de 1944.4

Este memorial fue redactado en casa del doctor Julio Bianchi y firmado por 311 personas en total, entre quienes figuraban destacadas personalidades de la sociedad guatemalteca, como el Dr. Carlos Federico Mora y estudiantes universitarios, como el futuro presidente Julio César Méndez Montenegro.  Sin embargo, la carta no tuvo la respuesta que esperaban los firmantes, sino que al contrario, produjo una represión violenta contra manifestantes, que resultó en la muerte de la profesora María Chinchilla el 25 de junio, y que a la larga, resultaría en la renuncia del general Ubico el 1 de julio de 1944.4-5


BIBLIOGRAFIA:

  1. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  2. Luna, David. Análisis de una dictadura fascista en latinoamericana. Maximiliano Hernández Martínez 1931-1944.  El Salvador: En La Universidad. pp. 52,53.
  3. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. p. CLXXIX.
  4. Estrada, A. (1979). Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. pp. 559-574.
  5. Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.

25 de septiembre de 1944: se inicia la huelga de la Escuela Normal contra Ponce Vaides

Se inicia la huelga de la Escuela Normal para Varones contra gobierno del Gral. Federico Ponce Vaides

25septiembre1944
La compañía de estudiantes de la Escuela Normal para Varones durante uno de los desfiles militares durante el gobierno de Jorge Ubico.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Durante el gobierno del general Jorge Ubico, la Escuela Normal para Varones estaba militarizada, con un personal administrativo compuesto exclusivamente por militares, y un claustro integrado por catedráticos civiles. La escuela se caracterizaba por contar con un internado obligatorio, con régimen y disciplina militar, con estudiantes becados en condiciones económicas bastante reducidas, predominio de alumnos de la provincia, y un claustro altamente calificado encabezado por el reconocido pedagogo Luis Martínez Mont, quien había sido compañero de estudios del Dr. Juan José Arevalo.

Para junio de ese año, el descontento contra el gobernante llegó al máximo, con la presentación de la carta de los 311, y la muerte de la profesora María Chinchilla durante una manifestación en que le pedían la renuncia a la presidencia. El 29 de junio más de cien mil personas se manifestaron en contra del asesinato de la maestra Chinchilla y los estudiantes de la Escuela decidieron no participar en el desfile del 30 de junio que celebraba un aniversario más de la Revolución Liberal de 1871, pese a que el régimen militar del plantel los trató de obligar.

El general Ubico cedió a las protestas generalizadas y decidió renunciar el 1 de julio de 1944 para evitar una guerra civil, dejando el poder a la Junta Militar integrada por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Federico Ponce Vaides y Buenaventura Pineda. Al poco tiempo, la junta le entregó el poder al general Ponce Vaides.

Los estudiantes de la Escuela Normal a través de un telegrama solicitaron al nuevo presidente provisional la desmilitarización del plantel el 15 de julio de 1944, pero no fueron atendidos. Sin embargo, insistieron y consiguieron que el gobierno les otorgara la desmilitarización el 1 de agosto. Ese día los estudiantes normalistas fueron reunidos en los corredores de la Escuela Normal para escuchar la orden militar del día, que trató sobre la desmilitarización del plantel. Aquel día el personal administrativo de la Escuela Normal quedó integrado de la siguiente forma:

  • Sub Director: Manuel Chavarría Flores
  • Secretario: Alberto Arriaga

Durante esta corta administración, la administración de la Escuela Normal mejoró la alimentación de los internos, desarrolló el arte literario y fomentó las relaciones inter-escolares que no existían hasta entonces. Las primeras visitas fueron de las alumnas del Instituto Normal Central para Señoritas Belén y luego se establecieron los jueves deportivos donde se invitaban a institutos de secundaria de la Ciudad de Guatemala para practicar encuentros deportivos, tanto de mujeres como de hombres. Estos cambios hicieron que el presidente Ponce Vaides viera con recelo a la Escuela Normal, por lo que destituyó y encarceló al Dr. Arriola el 25 de septiembre de 1944 y nombró como director en su lugar a Carlos Alberto Quintana quien era miembro activo del Partido Liberal y a quien la institución declaró non grato.

Como protesta al cambio de director, los miembros de la administración renunciaron, mientras que los estudiantes emprendieron varias acciones:

  • elaboraron un manifiesto pidiendo la reinstalación del Dr. Arriola como director
  • hicieron aclaraciones a la prensa sobre el Dr. Arriola
  • emprendieron jornadas de protesta para la liberación de su director
  • convocaron a una huelga general en que los internos abandonaron el edificio de la Escuela por tiempo indefinido

Tras la revolución del 20 de octubre de 1944 que derrocó al gobierno del presidente Ponce Vaives, los alzados encontraron al Dr. Arriola tendido sin conocimiento en una mazmorra de la Penitenciaría Central y lograron rescatarlo. Por su parte, durante los últimos días de octubre los estudiantes normalistas prestaron servicio en la Guardia Civil, gracias a su preparación militar.

Los estudiantes expulsados durante las protesta fueron readmitidos en la Escuela Normal y el 1 de noviembre se re-iniciaron las clases, por decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno. El nuevo director fue Arnulfo Maldonado, ya que el Dr. José Luis Arriola fue nombrado Ministro de Instrucción Pública.

En conmemoración de aquellos hechos, el 25 de septiembre fue declarado el «día del normalista«.


BIBLIOGRAFIA: