21 de diciembre de 1949: la «Ley de arrendamiento forzoso»

Durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo se emite el decreto 712, conocido como la «Ley de arrendamiento forzoso»

21diciembre1949
Vistas de las entonces nuevas plantaciones de café en Guatemala en 1875. Grabados realizados con base en fotografías tomadas por Eadweard Muybridge. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La cuestión de la tenencia de la tierra en Guatemala ha sido un tema complicado desde la época colonial.  Durante la dominación española las grandes órdenes regulares de la Iglesia Católica eran propietarias de enormes haciendas, en donde utilizaban la mano de obra de los indígenas que vivían en las doctrinas a su cargo, y la de esclavos negros que habían hecho venir para el efecto. Por otra parte, los criollos hacendados habían heredado las encomiendas de los conquistadores, y los criollos aristócratas en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Nueva Guatemala de la Asunción se encargaban de comercializar los productos de los hacendados con la península española, obteniendo grandes ganancias e influencia política en el proceso.  Los indígenas por su parte, si bien no poseían terrenos propios, sí tenían tierras ejidales comunitarias en todos los poblados en donde estaban las doctrinas y encomiendas.1

Luego de la Independencia, el sistema de tenencia de tierra no cambió, pero sí lo hizo el poder de los criollos hacendados, quienes hartos de la dominación de los aristócratas, se rebelaron en contra de ellos, utilizando como excusa el golpe de estado dado a Juan Barrundia en el Estado de Guatemala en septiembre de 1826.  Allí se inició la Guerra Civil Centroamericana, en la que los criollos hacendados, aglutinados en el partido liberal, utilizaron la bandera de la Ilustración para  atarcar a los religiosos y a los aristócratas, esto últimos agrupados en el partido conservador.2

Tras la victoria de los liberales en 1829, los aristócratas y los religiosos fueron expulsados de Centroamérica,3 y las grandes fincas de los frailes pasaron a manos de los hacendados liberales, quienes las vendieron o arrendaron a los ingleses que los habían apoyado durante la guerra civil.1 Esto, junto con el impuesto personal para los campesinos y las leyes anticlericales que se impusieron hiceron que estallara una revolución campesino-católica contra el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, quien fue derrocado en 1838 y sustituido por Mariano Rivera Paz, quien se alió con los conservadores que regresaron de su exilio.4

Los conservadores también hicieron negocios con los ingleses y dieron concesiones a los belgas en Izabal,5 pero la estructura de la tenencia de la tierra no se modificó significativamente.1 No fue sino hasta después del triunfo de la Revolución Liberal de 1871 que las leyes se reformaron drásticamente ya que se introdujo la producción del café a gran escala, lo cual requería de grandes extensiones de tierra y de una cantidad considerable de mano de obra barata.  De esta forma, tras expulsar nuevamente a los frailes y confiscar sus bienes,6 también se subastaron las tierras ejidales y comunes de las poblaciones indígenas, resultando en la formación de grandes fincas cafetaleras, que pasaron a manos de los colaboradores del general presidente J. Rufino Barrios y a las del mismo gobernante.7

El sistema de tenencia de la tierra se mantuvo sin mayor alteración durante los gobiernos liberales que se sucedieorn hasta 1944, y fue hasta en el gobierno del Dr. Juan José Arévalo que se empezaron a hacer pequeños cambios en la estructura de la misma.8 La constitución de 1945 era muy diferente a la constitución de 1879,9 bajo la cual se formaron las fincas cafetaleras en el país, ya que en 1945 se declaró que era responsabilidad del Estado desarrollar actividades agrícolas, y que los beneficios de las mismas deberían ir a los productores. De hecho, el artículo 90 de esta Constitución indicaba que la propiedad privada debía ser reconocida y garantizada solamente si la misma llenaba su función social.9 Además, estipuló la expropiación cuando fuera de beneficio público, la abolición de los contratos de servidumbre en las fincas (establecidos por el Reglamento de Jornaleros de Barrios10 y las leyes de Vagancia y de Vialidad de Ubico11), y la autorización de la organización y sindicalización de los campesinos y jornaleros. Es decir, con un marco constitucional favorable a los campesinos, se pudieron promulgar leyes con la finalidad de aliviar la situación de la población campesina. De esta forma, en 1945 se puso en vigor la Ley de Titulación Supletoria, que establecía un mecanismo por medio del cual el título de propiedad de la tierra trabajada durante diez años por lo menos, podía ser concedido a aquellos que la habían trabajado12 y, por otra parte, en 1947 fue aprobado el Código de Trabajo, que prohibía la sindicalización en la fincas que tuvieran menos de treinta trabajadores, pero lo permitía en las grandes plantaciones.13

El 20 de diciembre de 1949, tras un temporal que daño la agricultura nacional, el gobierno aprobó  el Decreto Legislativo No. 712, llamado «Ley de arrendamiento forzoso«, la cual obligaba a los propietarios que hubiesen dado parcelas en arrendamiento durante los últimos cuatro años a seguir arrendándolas por dos años más, así como exigía a los prpoiertarios a arrendar tierras ociosas y a no cobrar más del 5 por ciento del valor de la cosecha que se obtuviera.8 Aquel fue el primer intento de realizar una reforma agraria en el país, la cual fue impulsada a mayor escala poco tiempo después por el régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán y que eventualmente le costaría la presidencia en 1954, ya que aquella reforma agraria no solamente afectó a los terranientes locales sino que a la mayor propietaria de tierra en el país: la compañía transnacional estadounidense United Fruit Company.14

A continuación se reproduce la sección de los considerandos de aquella ley aprobada el 21 de diciembre de 1949, por su importancia histórica:15

Decreto Legislativo No. 712

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando: que es notoria la resistencia de algunos propietarios de fincas rústicas a seguir dando parcelas en arrendamiento a labriegos que han probado plenamente su capacidad para hacer producir la tierra y para responder a sus compromisos contractuales. Que esta negativa de parte de los propietarios, sólo obedece a un concepto excesivo del derecho de propiedad, tanto más dañino para los intereses colectivos cuanto que por costumbre han venido dando en arrendamiento sus tierras, las cuales sólo se han hecho productivas mediante el trabajo de los susodichos labriegos;

Considerando: que algunos propietarios de fincas rústicas, por razones y en circunstancias similares a las ya mencionadas, están expulsando a los labriegos de parcelas que arriendan desde hace varios años, ya por vías de hecho o por procedimientosjudiciales;

Considerando: que los menoscabos ocasionados a la República con motivo del recién pasado temporal hacen imperativa una política de fomento intensivo y extensivo de la producción agrícola, política que compete orientar al Estado de conformidad con el artículo 88 de la Constitución, en beneficio primordial de los que hacen producir la tierra y por ende, contribuyen más directamente al acrecentamiento de la riqueza nacional;

Considerando: que están plenamente establecidos la necesidad y utilidad públicas, y el interés nacional que median para limitar el derecho de propiedad privada de algunos propietarios de fincas rústicas que al pretender dejarlas improductivas en una época de emergencias serias como la actual, no hacen cumplir a esas fincas con su función social, según el espíritu del artículo 90 de la Constitución de la República.15


BIBLIOGRAFIA:

  1. Woodward, Ralph Lee, Jr. (1993). Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871  (en inglés). Athens, Georgia EE.UU.: University of Georgia Press.
  2. Mencos Franco, Agustín (1893). Rasgos biográficos de Francisco Morazán: apuntes para la historia de Centro América. Guatemala: Tipografía El Comercio. p. 32.
  3. La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829).  Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7)  Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
  4. Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  5. Compagnie Belge de Colonisation (1844). «Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union»Collection de renseignements publiés ou recueillis par la Compagnie (en francés) (Original held and digitised by the British Library): 31-44.
  6. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala: Período de veinte años corridos del 14 de abril de 1865 al 5 de abril de 1885. Guatemala: José de Pineda e Ibarra. p. 117-123.
  7. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición). Guatemala: Tipografía de “El Renacimiento”. pp. 1-26.
  8. Godínez Juárez, Ingrid Elizabeth (2014). Análisis jurídico del fideicomiso de apoyo financiero para los productores del sector cafetalero guatemalteco, otorgado a favor de la comunidad agraria Chocolá del municipio de San Pablo Jocopilas en el Departamento de Suchitepéquez. Guatemala: Universidad Mariano Gálvez, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. pp. 40-41.
  9. Asamblea Nacional Constituyente (1899). Ley constitutiva de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879 y reformada por el mismo Alto Cuerpo en 5 de noviembre de 1887 y 30 de agosto de 1897; para uso de las escuelas. Guatemala: Tipografía Nacional.
  10. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  11. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  12. Gobierno de Guatemala (1945). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1944-1945, LXIII, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 444-445.
  13. Colmenares Arandi, Rodolfo (2007). Código de Trabajo, 1947-2007. Edición conmemorativa. Guatemala: Ministerio de Trabajo y Previsión Social. p. 1.
  14. Árbenz, Jacobo; Fortuny, José Manuel (1954). «Discurso de renuncia de Árbenz (audio)». YouTube
  15. Congreso de la República de Guatemala (1949). Ley de Arrendamiento Forzoso. Decreto Legislativo No. 712. Guatemala: El Guatemalteco.

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8 de noviembre de 1949: Costa Rica decreta la abolición definitiva del ejército

La nueva constitución de Costa Rica, decreta la abolición definitiva del ejército de ese país luego de una fallida invasión contra el presidente de Nicaragua Anastasio Somoza

8noviembre1949
Monumento a José Figueres Ferrer en Costa Rica, en conmemoración de la abolición del ejército de su país. En el recuadro, Figueres Ferrer durante su primera presidencia. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La desaparición del ejército costarricense está directamente relacionada con el movimiento revolucionario que se produjo en Guatemala en 1944. En ese año, los gobiernos militares dictatoriales de Hernández Martínez en El Salvador y el de Jorge Ubico en Guatemala fueron derrocados entre mayo y junio y el gobierno de Guatemala tuvo un cambio dramático el 20 de octubre de ese año cuando una revolución cívico-militar derrocó al presidente interino, general Federico Ponce Vaides.1

Tras las elecciones presidenciales del 17 al 19 de diciembre de 1944, llegó al poder el doctor Juan José Arévalo Bermejo, quien invitó a varios líderes pro-democráticos de Centroamérica y El Caribe a visitar su país, quienes eventualmente suscribieron documento conocido como el «Pacto del Caribe» el 17 de diciembre de 1947 en la Ciudad de Guatemala.2

El Pacto del Caribe señalaba que los miembros integraban una red “de grupos representativos de la República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica […] Una vez derrocados los dictadores, los recursos de las naciones liberadas servirán para reforzar nuestro común esfuerzo. […] Todos los grupos representativos de los pueblos oprimidos del Caribe serán invitados para unirse a este pacto, para que así también –con nuestra ayuda– puedan liberar sus propios países”.3

Entre los que asistieron a aquella primera reunión de la Legión Caribe estuvo el costarricense José Figueres Ferrer, quien había tenido que salir al exilio en 1942, durante la presidencia de médico Rafael Ángel Calderón Guardia, luego de que las fuerzas policiales lo detuvieran durante un discurso radiofónico en el que criticaba duranmente al gobierno. Figueres Ferrer se fue a México, en donde estuvo hasta 1944, y luego regresó a Costa Rica cuando Calderón Guardia entregó el poder a Teodoro Picado Michalski, que gobernó de 1944 a 1948 bajo el control de los partidarios de Calderón y del Partido Comunista. Luego, en 1945, Figueres Ferrer contribuyó a la fundación del Partido Social Demócrata (PSD). y en 1947 participó de la convención de los sectores de oposición política al calderonismo, aunque fue derrotado por Otilio Ulate Blanco, en la postulación para la candidatura presidencial por la coalición con el Partido de Unión Nacional (PUN) en las elecciones de febrero de 1948. En aquellas elecciones también se postuló Calderón Guardia, que aspiraba a ser electo presidente para un segundo término.3 Ese mismo año, tras la reunión en Guatemala, Figueres Ferrer obtuvo apoyo para organizar una fuerza armada irregular de 700 mercenarios, que logró controlar algunas áreas rurales, pero no pudo pasar de allí.4

En ese momento, el ambiente era muy tenso en Costa Rica debido a las acusaciones mutuas entre los oficialistas y la oposición sobre un posible fraude electoral, aunado a los llamamientos que hacía Figueres Ferrer desde sus posiciones en el interior del país. El Gobierno en un intento de apaciguar los ánimos, decidió dejar en manos de la oposición la organización de los comicios en los que resultó provisionalmente electo el candidato opositor, Ulate Blanco. Sin embargo, antes de poder confirmar con el conteo manual el resultado, la sede en donde se encontraban los votos -el Colegio Superior de Señoritas- se incendió en forma sospechosa por lo que el doctor Calderón Guardia presentó al Congreso una demanda de nulidad de las elecciones presidenciales, aunque no de las legislativas, en las que sus partidarios sí habían obtenido mayoría. El 1 de marzo el Congreso, donde la alianza de calderonistas y comunistas tenía mayoría, anuló las elecciones presidenciales detonando una guerra civil, en las que los mercenarios del Ejército de Liberación Nacional de Figueres Ferrer entraron finalmente en acción.4

Una de las primeras acciones realizadas por las fuerzas mercenarias fue tomar el aeropuerto de Pérez Zeledon, con el fin de establecer un puente aéreo con Guatemala, por medio del cual hombres y armas de la Legión Caribe y armas del ejército Guatemalteco pudieran ser transportadas a Costa Rica para ayudar a la causa de los rebeldes. Miguel Ángel Ramírez Alcántara, exiliado dominicano y miembro prominente de la Legión Caribe, fue el líder del estado mayor de aquella fuerza mercenaria del Ejército de Liberación Nacional.4

Figueres Ferrer estaba ansioso por irrumpir en la vida política con un proyecto de modernización que modificaría el orden social agroexportador que se mantenía desde la Independencia. Si bien ya había habido algunas reformas sociales iniciadas por Calderón Guardia, (por ejemplo, la creación de la asistencia social, la aprobación del Código de Trabajo y otras más, todas inspiradas en el «New Deal» del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt). El pacto Ulate-Figueres, firmado tras el triunfo de los rebeldes el 1 de marzo de 1948, permitió que Figueres Ferrer fuera el Secretario de Relaciones Exteriores, puesto en el que declaró el rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Trujillo en la República Dominicana. Poco después, Figueres Ferrer encabezaría una Junta de Gobierno que se extendió durante los próximos dieciocho meses y que dió origen a la fundación de la Segunda República de Costa Rica.3,4

Antes de que finalizara la guerra civil, Figueres se había comprometido con los comunistas a respetar las reformas sociales de Calderón, para la gran frustración de las élites cafetaleras. La junta de gobierno estableció el monopolio estatal de los depósitos bancarios y nacionalizó los bancos. Y ya en el poder, Figueres Ferrer decidió apoyar el derrocamiento de Anastasio Somoza García en Nicaragua, pero los mercenarios de la Legión Caribe tuvieron una conducta indisciplinada que fue advertida por la prensa internacional, despretigiando el movimiento revolucionario. Entonces, en diciembre de 1948 Somoza organizó una invasión a Costa Rica, y Figueres Ferrer tuvo que recurrir ante la Organización de Estados Americanos para buscar una salida pacífica. Como parte de los compromisos, Figueres devolvió las armas al gobierno de Guatemala, devolvió a algunos exiliados nicaragüenses, renunció a la Legión Caribe y tuvo que abolir al ejército costarricense.4

Aquellas armas devueltas a Guatemala provocaron una fractura irremediable en el gobierno guatemalteco. El gobierno del Dr. Arévalo Bermejo había apoyado con ellas a la invasión contra la República Dominicana por parte de las fuerzas de la Legión Caribe, pero como ésta fracasó rotundamente, las armas quedaron decomisadas en Guatemala, primero en el Puerto de San José, y luego en la residencia presidencial «El Morlón» en Amatitlán. El Jefe de las Fuerzas Armadas, coronel Francisco Javier Arana, fue a revisar la condición de aquellas armas el 18 de julio de 1949, y murió tratando de evitar que lo capturaran los hombres del ministro de la Defensa, coronel Jacobo Arbenz Guzmán, a quienes había enviado el Arbenz por orden del presidente, luego de que Arana había exigido a Arévalo que este cambiara a todo su gabinete por personas de su confianza. Tras la muerte de Arana, se produjeron fuertes combates contra el presidente Arévalo por los militares leales al fallecido jefe, pero finalmente las fuerzas arbencistas se impusieron.5

Mientras tanto en Costa Rica, la medida de abolir el ejército fue confirmada en el artículo 12 de la Constitución del 8 de noviembre de 1949, la cual entró en vigor el mismo día que la Junta de Gobierno entregó el poder a Utilio Olate Blanco. Figueres Ferrer gobernó Costa Rica nuevamente de 1953 a 1958 y de 1970 a 1974, en ambos casos llegando al poder por medio de elecciones.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  2. Monge Alfaro, Carlos (1980). Historía de Costa Rica 16a. edición. Cota Rica: Imprenta Trejos. pp. 298-299
  3. Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana.
  4. Aguilar Bulgarelli, Oscar (1974). Costa Rica y sus Hechos Políticos de 1948. San José, Costa Rica: EDUCA.
  5. Gleijeses, Piero (s.f.). «The Death of Francisco Arana: a turning point in the Guatemalan Revolution». Journal of Latin American Studies (en inglés) (Inglaterra) 22: 527-552.

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18 de julio de 1949: asesinato del coronel Francisco Javier Arana

Asesinato del coronel Francisco Javier Arana en el Puente «La Gloria» en Amatitlán, punto de inflexión en los gobiernos revolucionarios

18julio1949
Vistas de Amatitlán a principios del siglo XX.  En la primera imagen se observa el Puente «La Gloria», que es donde asesinaron el coronel Arana en 1949.  Fotografía de Hamilton M. Weight.

La muerte del coronel Francisco Javier Arana, entonces Jefe de las Fuerzas Armadas de Guatemala, fue el hecho que marcó un antes y un después en los gobiernos revolucionarios ya que a partir de ese momento se consolidó la candidatura presidencial del teniente coronel Jacobo Arbenz Guzman, entonces Ministro de la Defensa Nacional del gobierno del doctor Juan José Arévalo.

De acuerdo al historiador Piero Gleijeses, el viernes 15 de julio de 1949, el coronel Francisco Javier Arana, desoyendo a sus consejeros y amigos que le habían aconsejado dar un golpe de estado de una vez en lugar de estar jugando al gato y al ratón con el presidente Juan José Arévalo,  había presentado un ultimatum al gobernante: sustituir a todos los ministros por colaboradores de Arana antes del 18 de julio a las diez de la noche, lo que constituía en golpe de estado técnico.  Arana optó por este método porque no solamente estaba seguro de su triunfo, sino que no quería pasar a la historia como un golpista, sino presidente constitucional; su plan era que Arévalo capitulara a sus demandas y que Arbenz, quien contaba con la lealtad de oficiales pero no de tropas, dejara el cargo de Ministro de la Defensa, con lo que Arana se haría con el control absoluto del Ejército.  De esta forma, el congreso se acobardaría y Arana tendría al presidente Arévalo donde quería: sin poder oponerse a las ambiciones presidenciales del Jefe de las Fuerzas Armadas.1

Pero Arana no contaba con la sagacidad del presidente Arévalo.  Tan pronto como Arana salió de su despacho, el presidente llamó a Arbenz y a otros colaboradores imporantes y les dijo todo acerca del ultimatum que le había dado el Jefe de las Fuerzas Armas y todos estuvieron de acuerdo en que lo que procedía era enviar a Arana al exilio. Por ello, el 16 de julio, mientras Arana estaba en la propiedad de Barrios Pena, la Comisión Permanente del Congreso de Guatemala, que había sido convocada para analizar modificaciones a la ley del licores,  se reunió en una sesión secreta en la que sus miembros votaron por unanimidad que el Jefe de las Fuerzas Armadas fuera destituido.1

Ya estaba todo listo para enviar al exilio a Arana, aunque faltaba lo más importante: capturar a Arana desprevenido y evitar que sus correligionarios se alzaran en armas al enterarse de que había sido enviado al exilio.  La oportunidad la puso el mismo Arana en bandeja de plata, ya que cuando el plazo estaba por vencerse, el lunes 18 de julio por la mañana, él se presentó sin previo aviso en el palacio presidencial seguro del triunfo de su estrategia y le dijo al presidente Arévalo que iba a «El Morlón«, la residencia presidencial a orillas del Lago de Amatitlán, para confiscar un lote de armas que Arévalo había escondido allí luego de que las autoridades mexicanas las confiscaran a un grupo de exiliados dominicanos miembros de la Legión Caribe que patrocinaba el gobierno arevalista, a quienes el gobierno guatemalteco se las había regalado para derrocar al generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. Las armas habían sido sustraídas de la base militar del Puerto de San José y ahora iba a confiscarlas en la residencia presidencial. Esto puso sobre aviso a Arévalo, quien supo en donde iba a encontrarse Arana.2

Hábilmente, Arévalo le sugirió a Arana que se llevara al coronel Felipe Antonio Girón (jefe de la guardia presidencial) lo que confirmó a Arana de su aparente triunfo y de que Arévalo y Árbenz jamás se atreverían a enfrentase con él.  Pero en cuanto salió Arana, Arévalo llamó a Árbenz , y le dijo que Arana le había dicho en tono «insolente y amenazante» que iba a ir a Amatitlán a confiscar las armas, por lo que le ordenó que se hiciera cargo de la situación.  Por esta razón, el Ministro de la Defensa envió a varios hombres armados, quienes salieron desde la capital en dos carros e iban bajo las órdenes del jefe de la policía, teniente coronel Enrique Blanco y por el diputador del PAR Alfonso Martínez, un oficial retirado y amigo de Árbenz.3

En «El Morlón» todo fue rápido.  Al llegar Arana con sus hombres se encontraron con la residencia presidencial cerrada con candado, pero tras bocinar un par de veces salió el encargado y los llevó al embarcadero, en donde estaba un camión rojo con las armas.  Poco después llegó el coronel Juan José de León, a quien Arana había ordenado hacerse cargo del armamento. Viendo que todo estaba en orden, Arana y sus hombres emprendieron el regreso a la Ciudad de Guatemala, pero cuando llegaron al puente «La Gloria» en Amatitlán, un Dodge gris estaba parado allí obstruyéndole el paso.3 Después de una corta balacera quedaron tres fallecidos: Arana, su asistente el mayor Absalón Peralta y el teniente coronel Blanco. Los testigos presenciales nunca confirmaron cual fue el detonante de los disparos y si la intención había sido capturar a Arana como estaba previsto.4

Al conocerse la noticia de su muerte, la Guardia de Honor (que era leal al fallecido Jefe de las Fuerzas Armadas) se alzó en armas y se iniciaron Fuertes combates en la ciudad, que tardaron veinticuatro horas. Por un momento pareció que los aranistas iban a triunfar aquél 18 de julio, pero no lograron su objetivo porque carecían de un líder que los dirigiera contra las escasas fuerzas leales al presidente que estaban dirigidas por Árbenz, quien demostró mucha sangre fría y habilidad militar.   Por cierto, que el coronel Carlos Castillo Armas, uno de los principales colaboradores de Arana, estaba en Mazatenango observando las elecciones para el Consejo Superior de la Defensa (entidad que iba a proponer al sustituo de Arana cuando éste renunciara a la jefatura de las Fuerzas Armadas para participar en las elecciones presidenciales) y no regresó a la capital a tiempo para hacerse cargo de los alzados, que habían sido tomados por sorpresa por la muerte de su caudillo.4

La versión oficial – propuesta por Arévalo e impuesta por éste a sus ministros, entre los que no se encontraba  Árbenz por estar a cargo de la defensa del gobierno – era que los miembros reaccionarios de la sociedad guatemalteca habían sido los culpables de la muerte del coronel Arana, algo que muchos guatemaltecos vieron con incredulidad desde el principio, pues se sabía que Martínez estaba herido y que éste era incondicional de Árbenz.  Esta versión quedó plasmada en el decreto número 19, por medio del cual se estableció el estado de sitio y en el que firmó el subsecretario de la Defensa Nacional en lugar del Ministro Árbenz:5

Decreto Número 19

El Presidente Constitucional de la República, 

Considerando: que el día de hoy el Coronel Francisco Javier Arana, Jefe de las Fuerzas Armadas y dos oficiales del Ejército, fueron atacados y mortalmente heridos por un grupo sedicioso de asaltantes, lo cual constituye una perturbación grave de la paz y una amenaza para las instituciones del Estado; que es deber del Gobierno de la República tomar todas las medidas y precauciones que las circunstancias demandan para preservar la paz, la seguridad de las personas y los bienes y el orden público gravemente amenazados por actos subversivos como el doloroso episodio acaecido el día de hoy que, presuntamente forma parte de un vasto plan conspirativo; por tanto:

De acuerdo con el Consejo de Ministros y en uso de las facultades que le confieren los artículos 138 y 160 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1°.— A partir del día de hoy se restringen las garantías constitucionales a que se refieron los artículos 25, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 43 y 48 de la Constitución de la República; la restricción afecta todo el territorio nacional y durará treinta días.

Artículo 2°.— De conformidad con el artículo 160 de la Constitución de la República, se hará cargo interinamente de la Jefatura de las Fuerzas Armadas el Ministro de la Defensa Nacional, Teniente Coronel Jacobo Árbenz Guzmán.

Artículo 3°.— Del presente decreto entrará a conocer el Congreso inmediatamente. 

Dado en el Palacio Nacional: a los diez y ocho días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y nueve.

Publíquese y cúmplase.

      • Juan José Arévalo
      • [Siguen las firmas de los ministros de Estado, aunque el teniente coronel Árbenz no firmó, por estas ocupado con la defensa de las posiciones gubernamentales.  En su lugar firmó el subsecretario de la Defensa Nacional, Rafael O’Meany].5

Este decreto presidencial fue ratificado por la Comisión Permanente del  Congreso mediante el decreto siguiente:6

Decreto Número 644

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando: que son atendibles las razones expuestas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, para restringir las garantías constitucionales que expresa el Decreto número 19 del Organismo Ejecutivo;

Considerando: que dada la gravedad de la situación y la alteración de la paz pública es necesario declarar de urgencia nacional el presente decreto; por tanto, decreta:

Artículo 1°. Se ratifica el articulo 1°. del Decreto número 19, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Articulo 2°. El presente decreto se declara de urgencia nacional, es parobado de conformidad con la segunda parte del artículo 123 de la Constitución de la República y entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo; en Guatemala, a los diez y ocho días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, ano quinto de la Revolución.

      • Mario Monteforte Toledo, presidente
      • Franco. José Silva, secretario
      • Héctor Morgan, secretario6

Los leales al gobierno, engrosados por obreros a quienes se les dió armas recuperaron el control del Palacio Nacional y de la Policía Nacional, y luego  sitiaron la Guardia de Honor, que también fue atacada por la Fuerza Aérea —pero con bombas obsoletas que muchas veces no estallaron— hasta que dicho cuartel finalmente se rindió.  La lucha se dio por concluida con un saldo de ciento cincuenta muertos y más de doscientos heridos.7

A partir de ese momento —y dado que no se hizo una investigación del hecho ni se encontró a los culpables—, se originaron los rumores de un complot par asesinar al coronel Arana, los cuales han persisitido hasta la actualidad y que inculpan directamente a Árbenz de ser el responsable de la muerte de un rival que habría estado robándole protagonismo y seguramente la presidencia en 1951. Y también se ha especulado que Arévalo dio esta orden para traspasar toda la responsabilidad de la muerte del coronel Arana a Árbenz .


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gleijeses, Piero (s.f.). «The Death of Francisco Arana: a turning point in the Guatemalan Revolution». Journal of Latin American Studies (en inglés) (Inglaterra) 22: 542.
  2. Ibid., p. 543.
  3. Ibid., p. 544.
  4. Ibid., p. 545.
  5. Morales Urrutia, Mateo; Azurdia Alfaro, Roberto (1958). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1949-1950.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 197.
  6. Ibid., pp. 111-112.
  7. Gleijeses, Piero, The death of Francisco Arana, p. 547.

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