21 de diciembre de 1949: la «Ley de arrendamiento forzoso»

Durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo se emite el decreto 712, conocido como la «Ley de arrendamiento forzoso»

21diciembre1949
Vistas de las entonces nuevas plantaciones de café en Guatemala en 1875. Grabados realizados con base en fotografías tomadas por Eadweard Muybridge. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La cuestión de la tenencia de la tierra en Guatemala ha sido un tema complicado desde la época colonial.  Durante la dominación española las grandes órdenes regulares de la Iglesia Católica eran propietarias de enormes haciendas, en donde utilizaban la mano de obra de los indígenas que vivían en las doctrinas a su cargo, y la de esclavos negros que habían hecho venir para el efecto. Por otra parte, los criollos hacendados habían heredado las encomiendas de los conquistadores, y los criollos aristócratas en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Nueva Guatemala de la Asunción se encargaban de comercializar los productos de los hacendados con la península española, obteniendo grandes ganancias e influencia política en el proceso.  Los indígenas por su parte, si bien no poseían terrenos propios, sí tenían tierras ejidales comunitarias en todos los poblados en donde estaban las doctrinas y encomiendas.1

Luego de la Independencia, el sistema de tenencia de tierra no cambió, pero sí lo hizo el poder de los criollos hacendados, quienes hartos de la dominación de los aristócratas, se rebelaron en contra de ellos, utilizando como excusa el golpe de estado dado a Juan Barrundia en el Estado de Guatemala en septiembre de 1826.  Allí se inició la Guerra Civil Centroamericana, en la que los criollos hacendados, aglutinados en el partido liberal, utilizaron la bandera de la Ilustración para  atarcar a los religiosos y a los aristócratas, esto últimos agrupados en el partido conservador.2

Tras la victoria de los liberales en 1829, los aristócratas y los religiosos fueron expulsados de Centroamérica,3 y las grandes fincas de los frailes pasaron a manos de los hacendados liberales, quienes las vendieron o arrendaron a los ingleses que los habían apoyado durante la guerra civil.1 Esto, junto con el impuesto personal para los campesinos y las leyes anticlericales que se impusieron hiceron que estallara una revolución campesino-católica contra el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, quien fue derrocado en 1838 y sustituido por Mariano Rivera Paz, quien se alió con los conservadores que regresaron de su exilio.4

Los conservadores también hicieron negocios con los ingleses y dieron concesiones a los belgas en Izabal,5 pero la estructura de la tenencia de la tierra no se modificó significativamente.1 No fue sino hasta después del triunfo de la Revolución Liberal de 1871 que las leyes se reformaron drásticamente ya que se introdujo la producción del café a gran escala, lo cual requería de grandes extensiones de tierra y de una cantidad considerable de mano de obra barata.  De esta forma, tras expulsar nuevamente a los frailes y confiscar sus bienes,6 también se subastaron las tierras ejidales y comunes de las poblaciones indígenas, resultando en la formación de grandes fincas cafetaleras, que pasaron a manos de los colaboradores del general presidente J. Rufino Barrios y a las del mismo gobernante.7

El sistema de tenencia de la tierra se mantuvo sin mayor alteración durante los gobiernos liberales que se sucedieorn hasta 1944, y fue hasta en el gobierno del Dr. Juan José Arévalo que se empezaron a hacer pequeños cambios en la estructura de la misma.8 La constitución de 1945 era muy diferente a la constitución de 1879,9 bajo la cual se formaron las fincas cafetaleras en el país, ya que en 1945 se declaró que era responsabilidad del Estado desarrollar actividades agrícolas, y que los beneficios de las mismas deberían ir a los productores. De hecho, el artículo 90 de esta Constitución indicaba que la propiedad privada debía ser reconocida y garantizada solamente si la misma llenaba su función social.9 Además, estipuló la expropiación cuando fuera de beneficio público, la abolición de los contratos de servidumbre en las fincas (establecidos por el Reglamento de Jornaleros de Barrios10 y las leyes de Vagancia y de Vialidad de Ubico11), y la autorización de la organización y sindicalización de los campesinos y jornaleros. Es decir, con un marco constitucional favorable a los campesinos, se pudieron promulgar leyes con la finalidad de aliviar la situación de la población campesina. De esta forma, en 1945 se puso en vigor la Ley de Titulación Supletoria, que establecía un mecanismo por medio del cual el título de propiedad de la tierra trabajada durante diez años por lo menos, podía ser concedido a aquellos que la habían trabajado12 y, por otra parte, en 1947 fue aprobado el Código de Trabajo, que prohibía la sindicalización en la fincas que tuvieran menos de treinta trabajadores, pero lo permitía en las grandes plantaciones.13

El 20 de diciembre de 1949, tras un temporal que daño la agricultura nacional, el gobierno aprobó  el Decreto Legislativo No. 712, llamado «Ley de arrendamiento forzoso«, la cual obligaba a los propietarios que hubiesen dado parcelas en arrendamiento durante los últimos cuatro años a seguir arrendándolas por dos años más, así como exigía a los prpoiertarios a arrendar tierras ociosas y a no cobrar más del 5 por ciento del valor de la cosecha que se obtuviera.8 Aquel fue el primer intento de realizar una reforma agraria en el país, la cual fue impulsada a mayor escala poco tiempo después por el régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán y que eventualmente le costaría la presidencia en 1954, ya que aquella reforma agraria no solamente afectó a los terranientes locales sino que a la mayor propietaria de tierra en el país: la compañía transnacional estadounidense United Fruit Company.14

A continuación se reproduce la sección de los considerandos de aquella ley aprobada el 21 de diciembre de 1949, por su importancia histórica:15

Decreto Legislativo No. 712

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando: que es notoria la resistencia de algunos propietarios de fincas rústicas a seguir dando parcelas en arrendamiento a labriegos que han probado plenamente su capacidad para hacer producir la tierra y para responder a sus compromisos contractuales. Que esta negativa de parte de los propietarios, sólo obedece a un concepto excesivo del derecho de propiedad, tanto más dañino para los intereses colectivos cuanto que por costumbre han venido dando en arrendamiento sus tierras, las cuales sólo se han hecho productivas mediante el trabajo de los susodichos labriegos;

Considerando: que algunos propietarios de fincas rústicas, por razones y en circunstancias similares a las ya mencionadas, están expulsando a los labriegos de parcelas que arriendan desde hace varios años, ya por vías de hecho o por procedimientosjudiciales;

Considerando: que los menoscabos ocasionados a la República con motivo del recién pasado temporal hacen imperativa una política de fomento intensivo y extensivo de la producción agrícola, política que compete orientar al Estado de conformidad con el artículo 88 de la Constitución, en beneficio primordial de los que hacen producir la tierra y por ende, contribuyen más directamente al acrecentamiento de la riqueza nacional;

Considerando: que están plenamente establecidos la necesidad y utilidad públicas, y el interés nacional que median para limitar el derecho de propiedad privada de algunos propietarios de fincas rústicas que al pretender dejarlas improductivas en una época de emergencias serias como la actual, no hacen cumplir a esas fincas con su función social, según el espíritu del artículo 90 de la Constitución de la República.15


BIBLIOGRAFIA:

  1. Woodward, Ralph Lee, Jr. (1993). Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871  (en inglés). Athens, Georgia EE.UU.: University of Georgia Press.
  2. Mencos Franco, Agustín (1893). Rasgos biográficos de Francisco Morazán: apuntes para la historia de Centro América. Guatemala: Tipografía El Comercio. p. 32.
  3. La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829).  Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7)  Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
  4. Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  5. Compagnie Belge de Colonisation (1844). «Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union»Collection de renseignements publiés ou recueillis par la Compagnie (en francés) (Original held and digitised by the British Library): 31-44.
  6. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala: Período de veinte años corridos del 14 de abril de 1865 al 5 de abril de 1885. Guatemala: José de Pineda e Ibarra. p. 117-123.
  7. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición). Guatemala: Tipografía de “El Renacimiento”. pp. 1-26.
  8. Godínez Juárez, Ingrid Elizabeth (2014). Análisis jurídico del fideicomiso de apoyo financiero para los productores del sector cafetalero guatemalteco, otorgado a favor de la comunidad agraria Chocolá del municipio de San Pablo Jocopilas en el Departamento de Suchitepéquez. Guatemala: Universidad Mariano Gálvez, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. pp. 40-41.
  9. Asamblea Nacional Constituyente (1899). Ley constitutiva de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879 y reformada por el mismo Alto Cuerpo en 5 de noviembre de 1887 y 30 de agosto de 1897; para uso de las escuelas. Guatemala: Tipografía Nacional.
  10. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  11. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  12. Gobierno de Guatemala (1945). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1944-1945, LXIII, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 444-445.
  13. Colmenares Arandi, Rodolfo (2007). Código de Trabajo, 1947-2007. Edición conmemorativa. Guatemala: Ministerio de Trabajo y Previsión Social. p. 1.
  14. Árbenz, Jacobo; Fortuny, José Manuel (1954). «Discurso de renuncia de Árbenz (audio)». YouTube
  15. Congreso de la República de Guatemala (1949). Ley de Arrendamiento Forzoso. Decreto Legislativo No. 712. Guatemala: El Guatemalteco.

Subir

21 de diciembre de 1981: guerrila destruye infraestructura en Cunén

El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) destruye la sede municipal y de correos y telégrafos en Cunén, Quiché

21diciembre1981
La comandancia y la Escuela de Niñas de Cunén, Quiché, durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El departamento de Quiché, creado en 1872 por el gobierno de facto del general Miguel García-Granados y Zavala,1 estuvo en el ojo del huracán durante la segunda parte de la Guerra Civil de Guatemala (ahora llamada «Conflicto Armado Interno» después de la firma de los Acuerdos de Paz), la cual se inició con la aparición del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el norte de ese departamento a principios de la década de 1970.2-3

El Ejército Guerrillero de los Pobres se asentó en el norte del departamento de Quiché,  debido a que de esta forma contaba con la protección natural de la sierra de los Cuchumatanes. Esta enorme cadena montañosa ya había servido como barrera natural a los indígenas lacandones e itzáes contra los invasores españoles, cholultecas y tlaxcaltecas que conquistaron Guatemala en la década de 1520, quienes no pudieron ingresar a la región al norte de las montañas sino hasta en 1697.4

El EGP se fortificaba aún más en la región perpetrando atentados contra bienes particulares y públicos, especialmente cortando las vías de comunicación y acceso. Torres de trasmisión eléctrica y puentes eran los principales objetivos, pues de esta forma se reducía el ingreso de las tropas del ejército y se desarticulaba el avituallamiento de la tropa.  Para finales de 1981 y principios de 1982 el Ejército ya no podía ingresar a la región, pues los grupos guerrilleros habían cortado los puentes y hasta los postes de telégrafo que había a lo largo de la carretera. ​Específicamente en Cunén, el EGP atacó las instalaciones de la municipalidad y de la oficina de correos y telégrafos, dejando al municipio incomunicado pues ya habían volado el puente «El Tesoro» en la carretera de acceso.3

Para contrarrestar este auge de la ofensiva guerrilla —que se había incrementado considerablemente tras el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979—, el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García inició una ofensiva de «tierra arrasada» en la región en donde operaba el Ejército Guerrillero de los Pobres, utilizando el entrenamiento recibido en la Escuela de Las Américas que el ejército de los Estados Unidos tenía en Panamá. Como parte de esta ofensiva, se dieron intensos ataques a poblaciones civiles que resultaron en horribles masacres.3

El plan utilizado, siguiendo los planes que habían utilizado los Estados Unidos en Vietnam, consistía en atacar las comunidades en un día importante para ellas; por ejemplo, aprovecharon el día de mercado, o de fiesta, o de reuniones de carácter religioso, tratando de aprovechar la concentración de población con un claro simbolismo. Las regiones más bombardeadas fueron las comunidades del área ixil y Sacapulas, algunas zonas de Baja Verapaz y de Huehuetenango, casi todas ellas en la Franja Transversal del Norte, región en donde los jefes militares tenían fuertes intereses económicos, empezando por el propio presidente Lucas García. —Específiamente en la zona selvática de Ixcán existen ricos yacimientos petroleros—.3

La población se refugió en las montañas intentando aprovechar la protección natural que ésta les proporcionaba, pero fueron sometidos a un cerco militar que imposibilitó su alimentación, alojamiento y asistencia médica. Los que no murieron de hambre lograron huir a México, en donde vivieron como refugiados hasta 1995.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso.
  2. Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Agudización (1999). «Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985)». Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
  3. — (1999). «Atentados contra sedes municipales» (edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
  4. Pons Sáez, Nuria (1997). La conquista del Lacandón. México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-36-6150-5.
  5. Cunén en línea (s.f.). «Historia de Cunén». Cunén.com. Guatemala. Archivado desde el original el 1 de agosto de 2015.

Subir

21 de diciembre de 1813: Bustamante y Guerra se entera de la Conjuración de Belén

El Capitan General de Guatemala, José de Bustamante y Guerra, se entera de la Conjuración de Belén por un delator

21diciembre1813
Patio del Instituto Normal para Señoritas Belén en 1913, cien años después de la Conjuración de Belén.  El convento fue convertido en Instituto por las autoridades liberales en la década de 1870.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Muy pocos son los nombres de los Capitanes Generales que recuerdan los guatemaltecos.  Están, por ejemplo, Martín de Mayorga por el traslado de la capital desde Santiago de los Caballeros a la Nueva Guatemala de la Asunción; y Matías de Gálvez, su sucesor, por la construcción de los más importantes edificios de la nueva ciudad.  Tambien se recuerda a Gabino Gaínza, quien traicionó la confianza depositada en él y lideró a Centroamérica tras la independencia de España en 1821.  Y durante la época inmediatamente anterior a la independencia está José de Bustamante y Guerra.

Bustamante y Guerra llegó a Guatemala en 1811 y ante la revolución de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos en México, preparó tropas en Guatemala, creó el «cuerpo de voluntarios de Fernando VII» y desde su puesto se enfrentó a los constitucionalistas locales, reprimiendo duramente a los independentistas. También se opuso a la Constitución de Cádiz de 1812 y todo lo que fuera a reformar el gobierno español.

A pesar del régimen opresor, a partir del 28 de octubre de 1813, y después de la elección del rector de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, empezaron a celebrarse en la celda prioral del Convento de Belén varias juntas organizadas por fray Juan Nepomuceno de la Concepción con el objeto de derrocar al capitán general Bustamante y Guerra y lograr la independencia de la región.​ En noviembre hubo otra reunión en casa de Cayetano y de Mariano Bedoya, hermanos menores de Dolores Bedoya de Molina, y cuñados de Pedro Molina, todos ellos ricos criollos hacendados que no estaban de acuerdo con el gobierno de Bustamante. Además,​ entre los conjurados había varios miembros de los cleros tanto regular como secular, demostrando el interés de las diferentes facciones de la Iglesia católica en el alzamiento contra Bustamante y Guerra.

Pero el 21 de diciembre de 1813, Bustamante y Guerra se enteró de que en el convento de Belén se reunían los sediciosos gracias a la delación de José Prudencio de La Llana, y de inmediato dictó un auto para que el capitán Antonio Villar y su ayudante, Francisco Cáscara, apresaran a los religiosos de ese monasterio. Muchos fueron apresados ese día y otros traicionados cuando el teniente de dragones Yúdice escribió a Bustamante y Guerra para pedir la clemencia del rey al verse descubierto y le dió nombres de los conjurados.​ Finalmente, para cubrir todas sus bases, Bustamante comisionó a su sobrino. el carmelita fray Manuel de la Madre de Dios, en la casa de correos, para que abriese toda correspondencia que cayera en sus manos.

Todos los apresados fueron juzgados y condenados a diferentes penas, entre ellas encierro y destierro, aunque nadie fue desterrado porque la situación de las colonias y del propio monarca español estaba muy inestable.  Por su parte, Bustamante y Guerra logró su confirmación en su puesto por el rey Fernando VII cuando éste retomó el poder absolute en 1814 y fue destituido en agosto de 1817 para que regresara a España, a donde arribó en 1819 y entró nuevamente a formar parte de la Junta de Indias. En 1820 fue recompensado con la Gran Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica y se le nombró director general de la Armada hasta 1822.


BIBLIOGRAFIA: