25 de septiembre de 1829: derogan decreto que había dado posesión a Matías Delgado como primer obispo de El Salvador

25septiembre1829
Anverso del desaparecido billete de 5 colones (antigua moneda salvadoreña) que muestra al padre Delgado arengando al pueblo contra la colonia española. En el recuadro: un retrato estilizado del sacerdote salvadoreño. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 24 de abril de 1825 tomó posesión con carácter de primer Obispo electo de El Salvador, el presbítero Dr. Matías Delgado, y comenzó a gobernar su nueva diócesis.  Este paso y los que ya se habían producido a este respecto fueron desaprobados expresamente por el arzobispo metropolitano de Guatemala, Ramón Casaus y Torres en un edito publicado el 21 de junio de 1825 y por la misma Santa Sede en un breve que ésta publicó el 1 de diciembre de 1826.1 La finalidad de aquel nombramiento era parte de la búsqueda de independencia total que tenían en El Salvador, pues al tener la independencia política, consideraban necesaria la eclesiástico.2

Debido a la tensión existente entre Guatemala y El Salvador, tras el golpe de estado en Guatemala que derrocó al jefe de Estado Juan Barrundia luego de que el presidente federal Manuel José Arce lo hiciera prisionero en 1826, estallaron las hostilidades entre los estados, resultando en la Guerra Civil Centroamericana  que concluyó con la invasión del general liberal Francisco Morazán al territorio guatemalteco en abril de 1829 y la expulsión de los criollos aristócratas guatemaltecos, los frailes del clero regular y el arzobispo metropolitano.3

Tras la rotunda victoria de los liberales en Guatemala y el derrocamiento del gobierno federal, en El Salvador fue electo el conservador José María Cornejo, y el 25 de septiembre de 1829 la Asamblea Extraordinaria de El Salvador derogó el decreto en que se había mandado dar posesión a Delgado y lo sustituyó por el de Gobernador Eclesiástico.1 Finalmente, dado que ya no procedía buscar la independencia absoluta del estado de El Salvador, el 28 de enero de 1831 se le declaró formalmente destituido de la mitra y aun de la Vicaría de El Salvador por medio del siguiente decreto: 

La Asamblea Legislativa del Estado de El Salvador

Considerando:

Artículo 1°. Que la erección de la Diócesis de este Estado ha llevado por único y principal fin la independencia eclesiástica de esta iglesia para perfeccionar y afirmar lo que en lo político corresponde al Estado.

Artículo 2°. Que con el mismo fin se hizo por el Congreso constituyente la elección de Obispo y se posesionó por la primera legislatura ordinaria, sujetando lo uno y lo otro a la aprobación y confirmación de la silla Apostólica.

Artículo 3°. Que la misma silla ha desaprobado ya la elección y poesión del electo: que de quererlo sostener vendría a obrarse en sentido contrario al designio propuesto, por dificultarse así obtener el obispado.

Artículo 4°. Que la incertidumbre en que subsiste el Estado de la legitimidad de la autoridad eclesiástica que lo rige, por la desaprobatoria de su Santidad, siembra la inquietud en las conciencias y produce disensiones que necesariamente dañan el orden público.

Artículo 5°. Que aunque la Asamblea extraordinaria dio decreto en 25 de septiembre de 1829, procurando conciliar las dificultades refereidas, éste no llenó su fin y es opuesto en su artículo 3°. en la que nombré de Gobernador al Dr. C. José Matías Degaldo, a la atribución 8a. que designa al poder Ejecutivo de artículo 4°. de la Constitución del Estado; y que por esto es en sí mismo nulo el nombramiento.

Artículo 6°. Que el mismo Dr. Delgado, en notas de 29 de julio de 12 de agosto del añ último presentó al Gobierno las dudas que le ocurrían sobre la legitimidad de las facultades que le fueron concedias por el Gobernador eclesiástico de Guatemala, Canónigo José Antonio Alcayaga, en virtud de las cuales obra.

Ha tenido a bien decretar y decreta:

Artículo 1°. Se declara insubsistente el nombramiento de Gobernador eclesiástico hecho en el Dr. José Matías Delgado, por la Asamblea Extraordinaria en el Artículo 3 de la ley de 25 de septiembre de 1829.[…]

Artículo 3°. Se declara asímismo insubsistente la elección de obispo en el mismo Dr. Delgado.[…]

Artículo 8°. Se derogan las leyes y decretos expedidos en el Estado, sobre erección de obispado, elección y posesión del obispo electo en cuanto se opongan a éste.2


BIBLIOGRAFIA:

  1. Marure, Alejandro (1895) [1845]. Efemérides de los Hechos Notables acaecidos en la República de Centro América desde el año de 1821 hasta el de 1842. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 28.
  2. Ayala Benítez, Luis Ernesto (2007). La Iglesia de y la Independencia política de Centroamérica: El Caso de el estado de El Salvador (1808-1833). Roma, Italia: Editrice pontificia,, Universitá Gregoriana.  pp. 271-272.
  3. Mencos Franco, Agustín (1893). Rasgos biográficos de Francisco Morazán: apuntes para la historia de Centro América. Guatemala: Tipografía El Comercio. p. 32.

 

25 de septiembre de 1944: se inicia la huelga de la Escuela Normal para Varones contra gobierno del Gral. Federico Ponce Vaides

25septiembre1944
La compañía de estudiantes de la Escuela Normal para Varones durante uno de los desfiles militares durante el gobierno de Jorge Ubico.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Durante el gobierno del general Jorge Ubico, la Escuela Normal para Varones estaba militarizada, con un personal administrativo compuesto exclusivamente por militares, y un claustro integrado por catedráticos civiles. La escuela se caracterizaba por contar con un internado obligatorio, con régimen y disciplina militar, con estudiantes becados en condiciones económicas bastante reducidas, predominio de alumnos de la provincia, y un claustro altamente calificado encabezado por el reconocido pedagogo Luis Martínez Mont, quien había sido compañero de estudios del Dr. Juan José Arevalo.

Para junio de ese año, el descontento contra el gobernante llegó al máximo, con la presentación de la carta de los 311, y la muerte de la profesora María Chinchilla durante una manifestación en que le pedían la renuncia a la presidencia. El 29 de junio más de cien mil personas se manifestaron en contra del asesinato de la maestra Chinchilla y los estudiantes de la Escuela decidieron no participar en el desfile del 30 de junio que celebraba un aniversario más de la Revolución Liberal de 1871, pese a que el régimen militar del plantel los trató de obligar.

El general Ubico cedió a las protestas generalizadas y decidió renunciar el 1 de julio de 1944 para evitar una guerra civil, dejando el poder a la Junta Militar integrada por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Federico Ponce Vaides y Buenaventura Pineda. Al poco tiempo, la junta le entregó el poder al general Ponce Vaides.

Los estudiantes de la Escuela Normal a través de un telegrama solicitaron al nuevo presidente provisional la desmilitarización del plantel el 15 de julio de 1944, pero no fueron atendidos. Sin embargo, insistieron y consiguieron que el gobierno les otorgara la desmilitarización el 1 de agosto. Ese día los estudiantes normalistas fueron reunidos en los corredores de la Escuela Normal para escuchar la orden militar del día, que trató sobre la desmilitarización del plantel. Aquel día el personal administrativo de la Escuela Normal quedó integrado de la siguiente forma:

  • Director: Dr. Jorge Luis Arriola
  • Sub Director: Manuel Chavarría Flores
  • Inspectores: Fermín García, Eloy Amado Herrera, Víctor Manuel Valdés, César Julio Mérida y Juan José Guerrero
  • Secretario: Alberto Arriaga

Durante esta corta administración, la administración de la Escuela Normal mejoró la alimentación de los internos, desarrolló el arte literario y fomentó las relaciones inter-escolares que no existían hasta entonces. Las primeras visitas fueron de las alumnas del Instituto Normal Central para Señoritas Belén y luego se establecieron los jueves deportivos donde se invitaban a institutos de secundaria de la Ciudad de Guatemala para practicar encuentros deportivos, tanto de mujeres como de hombres. Estos cambios hicieron que el presidente Ponce Vaides viera con recelo a la Escuela Normal, por lo que destituyó y encarceló al Dr. Arriola el 25 de septiembre de 1944 y nombró como director en su lugar a Carlos Alberto Quintana quien era miembro activo del Partido Liberal y a quien la institución declaró non grato.

Como protesta al cambio de director, los miembros de la administración renunciaron, mientras que los estudiantes emprendieron varias acciones:

  • elaboraron un manifiesto pidiendo la reinstalación del Dr. Arriola como director
  • hicieron aclaraciones a la prensa sobre el Dr. Arriola
  • emprendieron jornadas de protesta para la liberación de su director
  • convocaron a una huelga general en que los internos abandonaron el edificio de la Escuela por tiempo indefinido

Tras la revolución del 20 de octubre de 1944 que derrocó al gobierno del presidente Ponce Vaives, los alzados encontraron al Dr. Arriola tendido sin conocimiento en una mazmorra de la Penitenciaría Central y lograron rescatarlo. Por su parte, durante los últimos días de octubre los estudiantes normalistas prestaron servicio en la Guardia Civil, gracias a su preparación militar.

Los estudiantes expulsados durante las protesta fueron readmitidos en la Escuela Normal y el 1 de noviembre se re-iniciaron las clases, por decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno. El nuevo director fue Arnulfo Maldonado, ya que el Dr. José Luis Arriola fue nombrado Ministro de Instrucción Pública.

En conmemoración de aquellos hechos, el 25 de septiembre fue declarado el “día del normalista“.


BIBLIOGRAFIA:


25 de septiembre de 1876: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta una ley castigando severamente a quienes hurten plantas de café de los cultivos a gran escala

25septiembre1876
Monumento a Barrios en su ubicación original en el Palacio del final de la Avenida La Reforma, construido por su sobrino, el general presidente José María Reina Barrios en 1896.  El palacio fue destruido por los terremotos de 1917-18 y la estatua trasladada al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El auge económico que vivió Guatemala durante el gobierno del general J. Rufino Barrios estuvo íntimamente ligado a la producción a gran escala del café, razón por la cual aquellos que se dedicaron a su cultivo tuvieron grandes concesiones y protección de parte del gobierno.

Esto se pone en evidencia en el decreto de Barrtios del 25 de septiembre de 1876, en el que textualmente dice: “Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección”.  Las penas impuestas a quienes robasen o comprasen las plantas de café no eran de cárcel sino de trabajos forzados en los caminos rurales, para así beneficiar las comunicaciones para la exportación del grano.

No solamente la economía del país, sino que la personal del general Barrios mejoró considerablemente con el cultuvo del café, ya que poseía numerosas fincas, entre ellas:

Se calcula que la herencia que recibió la viuda del expresidente, Francisca Aparicio de Barrios, tras la muerte del general en 1885 ascendió a más de treinta y tres millones de pesos de la época, de los cuales cuatro millones correspondieron a la venta de sus exportaciones de café por diez años hasta 1884 y otros dos millones por el ahorro en el pago de sus administradores, mayordomos, caporales y mozos, cuyo pago salía del presupuesto militar y por lo estipulado en la ley de vialidad que él mismo implementó.

El artículo en mención textualmente dice:

Decreto Número 163

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección:

Que son reiterados los informes que se reciben de las autoridades de algunos departamentos acerca de los frecuentes hurtos de almácigos y árboles de café, sin que hasta ahora haya sido dable evitar tan graves perjuicios con las medidas preventivas y económicas que se han puesto en práctica, ni con los procedimientos judiciales encaminados a ese fin; y

Que para impedir la comisión del indicado delito cuya gravedad debe apreciarse, no en proporción al valor de lo hurtado, sino a los perjuicios causados al incremento de las plantaciones de café, se hace indispensable imponer penas que por su severidad sean capaces de reprimirlo.

DECRETA:

  1. Se declara que para la apreciación de la gravedad del hurto de que se trata, no debe atenderse al valor de la cosa sino a la calidad especial del delito.
  2. A los que hurtaren o destruyeren en la propiedad ajena, semilleros, almácigos o plantillas de café en número de uno a cien plantas, sea cual fuera el tamaño de estas, así como a los que las vendan sin poder justificar su propiedad, se les impondrá con calidad de inconmutable, la pena de cuatro meses de obras públicas.
  3. En el caso del artículo anterior, se procederá en juicio verbal, conforme a las reglas comunes de ese procedimiento.
  4. Si el hurto se cometiere en una escala mayor respecto del número de plantas destruidas, hurtadas o vendidas, se impondrá al reo o reos la pena de un año de obras públicas, de que solo podrá, a juicio del Juez, permitirse la conmutación de la mitad del tiempo a razón de diez pesos mensuales, previa indemnización del perjudicado.
  5. En este ultimo caso, conocerán de la causa, los Jueces de 1ra. instancia, y en grado la Corte de Apelaciones; el recurso se sustanciarán con señalamiento de día para la vista, la que tendrá lugar con asistencia del Fiscal y Procurador de pobres y en la audiencia inmediata se pronunciará la sentencia de que no habrá ulterior recurso.
  6. Por el solo hecho de no justificarse la procedencia legítima de las plantas vendidas, y aun cuando no proceda querella de parte, se tendrá por convicto al vendedor de que hablan los artículos 2do. y 4to. de esta ley.
  7. Serán tenidos como cómplices del hurte de que se trata y castigados con las mismas penas que los reos principals, no solo los que compren a sabiendas de la mala procedencia de las plantas, sino tambien cuando traten con personas desconocidas o sospechosas y concurran las circunstancias de bajo precio y entrega furtive de la cosa.
  8. El conocimiento de los delitos a que se refiere esta ley, corresponde exclusivamente a la autoridad ordinaria y sin excepción de fuero privilegiado.
  9. Se derogan las disposiciones anteiores que se opongan a las contenidas en el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos setenta y seis.

  • J. Rufino Barrios
  • J. Barberena, Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos

BIBLIOGRAFIA: