7 de febrero de 1923: firman el Tratado General de Paz y Amistad

En las Convenciones de Washington las repúblicas centroamericanas firman el Tratado General de Paz y Amistad para tratar de evitar que ocurran golpes de estado en la región.

7febrero1923
Edificio «Panamerican Union» en Washington, D.C. En este edificio se guardó el original del Tratado General de Paz y Amistad de los países Centroamericanos en 1923. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

A instancias del gobierno de los Estados Unidos, las naciones centroamericanas se reunieron en Washington para celebrar un Tratado General de Paz y Amistad.  Los Estados Unidos esperaban con este tratado mantener un mejor control de la región, intentando por este medio que no hubiera golpes de estado ni revoluciones.1 El Tratado estuvo vigente hasta 1934 y con base en él, el gobierno de los Estados Unidos no reconoció al gobierno de facto del general Manuel María Orellana, que asumió el poder el 17 de diciembre de 1930 luego de derrocar al presidente interino, Baudilio Palma,2 y el gobierno del general Jorge Ubico cerró sus fronteras a los campesinos que huían de El Salvador luego de un alzamiento comunista en ese país en 1932.3

El tratado se reproduce a continuación por su relevancia histórica:1

LAS CONVENCIONES DE WASHINGTON- TRATADO GENERAL DE PAZ Y AMISTAD

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, deseando continuar las buenas relaciones de amistad que han existido entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de una situación de paz en la América Central, han tenido a bien celebrar un Tratado General de Paz y Amistad, y, al efecto, han nombrado Delegados, a saber:

GUATEMALA, a los Excelentísimos señores Don Francisco Sánchez Latour y Licenciado Don Marcial Prem;[…]

En virtud de la invitación hecha al Gobierno de los Estados Unidos de América por los Gobiernos de las cinco Repúblicas de Centro América, estuvieron presentes en las deliberaciones de la Conferencia, como Delgados del Gobierno de los Estados Unidos de América, los Honorables Señores Charles E. Hughes, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y Sumner Welles, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.

Después de comunicarse sus respectivos plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, los Delegados de los cinco Estados de la América Central, reunidos en Conferencia sobre Asuntos Centroamericanos en Washington, han convenido en llevar a efecto el propósito indicado de la manera siguiente:

Artículo I. Las Repúblicas de Centro América consideran como el primordial de sus deberes, en sus relaciones mutuas, el mantenimiento de la paz; y se obligan a observar siempre la más completa armonía y a resolver los desacuerdos o dificultades que puedan sobrevenir entre ellas, de conformidad con las Convenciones que en esta fecha han suscrito para el establecimiento de un Tribunal Internacional Centroamericano y para el establecimiento de Comisiones Internacionales de Investigación.

Artículo II.— Deseando asegurar en las Repúblicas de Centro América los benéficos que se derivan de la práctica de las instituciones libres y contribuir al propio tiempo a afirmar su estabilidad y los prestigios de que deber rodearse, declarán que se considera amenazante a la paz de dichas Repúblicas todo acto, disposición o medida que altere en cualquiera de ellas el orden Constitucional, ya sea que proceda de algún Poder público, ya de particulares.

En consecuencia, los Gobiernos de las Partes Contratantes no reconocerán a ninguno que surja en cualquiera de las cinco Repúblicas por un golpe de estado o de una revolución contra un gobierno reconocido, mientras la representación del pueblo, libremente electa, no haya reorganizado el país en forma constitucional. Y aun en este caso se obliga a no otorgar el reconocimiento si alguna de las personas que resultaren electas Presidente, Vicepresidente o Designado estuviere comprendida en cualquiera de los casos siguientes:

      1. Si fuere el jefe o uno de los jefes del golpe de estado o de la revolución; o fuere por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente o hermano de alguno de ellos.
      2. Si hubiese sido Secretario de Estado o hubiese tenido alto mando militar al verificarse el golpe de estado o la revolución o al practicarse la elección, o hubiese ejercido ese cargo o mando dentro de los seis meses anteriores al golpe de estado, revolución o elección.Nota a

Tampoco será reconocido, en ningún caso, el gobierno que surja de elecciones recaídas en un ciudadano inhabilitado expresa e indubitablemente por la Constitución de su país para ser electo Presidente, Vicepresidente o Designado.

Artículo III.— Las Partes Contratantes se obligan a constituir ante cada una de las otras agentes diplomáticos o consulares.

Artículo IV.— Ningún Gobierno de Centro América podrá, en caso de guerra civil, intervenir a favor ni en contra del Gobierno del país donde la contienda tuviere lugar.

Artículo V.— Las Partes Contratantes se obligan a mantener en sus respectivas Constituciones el principio de no reelección del Presidente y Vicepresidente de la República; y aquellos en cuya Constitución se permita esa reelección se obligan a provocar la reforma constitucional en ese sentido en la próxima reunión del Poder Legislativo después de la ratificación del presente Tratado.Nota b

Artículo VI.— Los nacionales de una de las Partes Contratantes, residentes en el territorio de cualquiera de las otras, gozarán de los mismos derechos civiles de que gozan los del propio país. Se considerarán como ciudadanos en el país de su residencia si manifestaren su voluntad de serlo y reuniesen las condiciones que exijan las correspondientes leyes constitutivas.

Los no naturalizados estarán exentos en todo tiempo de todo servicio militar. Tampoco podrán ser admitidos en dicho servicio sin el previo consentimiento de su Gobierno, salvo el caso de guerra internacional con un país no centroamericano. También estarán exentos de todo empréstito forzoso o requerimiento militar y no se les obligará por ningún motivo a pagar más contribuciones o impuestos ordinarios o extraordinarios que aquellos que pagan los naturales.

Artículo VII.— Los ciudadanos de los países signatarios que residan en el territorio de los otros gozarán del derecho de propiedad literaria, artística o industrial en los mismos términos y sujetos a los mismos requisitos que los naturales.

Artículo VIII.— Las naves mercantes de cada uno de los países signatarios se considerarán en los mares, costas, y puertos de los otros como naves nacionales; gozarán de las mismas exenciones, franquicias, y concesiones que éstas y no pagarán otros derechos ni tendrán otros gravámenes que los establecidos para las embarcaciones del país respectivo.

Artículo IX.— Los Gobiernos de las Repúblicas Contratantes se comprometen a respetar la inviolabilidad del derecho de asilo a bordo de los buques mercantes de cualquiera nacionalidad surtos en sus aguas. No podrá extraerse de dichas embarcaciones sino a los reos de delitos comunes, por orden del Juez competente y con las formalidades legales. A los perseguidos por delitos políticos o delitos comunes conexos con los políticos, no se les podrá extraer en ningún caso.

Artículo X.— Los Agentes diplomáticos y consulares de las Repúblicas Contratantes en los países extranjeros prestarán a las personas, buques y demás propiedades de los ciudadanos de cualquiera de ellas, la misma protección que a las personas, buques y demás propiedades de sus compatriotas, sin exigir por sus servicios otros o mayores derechos que los acostumbrados respecto de sus nacionales.

Artículo XI.— Habrá entre las Partes Contratantes un canje completo y regular de toda clase de publicaciones oficiales.

Artículo XII.— Los instrumentos públicos otorgados en una de las Repúblicas Contratantes serán válidos en las otras, siempre que estén debidamente autenticados y que en su celebración se hayan observado las leyes de la República de donde proceden.

Artículo XIII.— Las autoridades judiciales de las Repúblicas Contratantes darán curso a las requisitorias en materia civil, comercial o criminal, concernientes a citaciones, interrogatorios y demás actos de procedimiento o instrucción, exceptuando las requisitorias en materia criminal cuando el hecho que las motive no constituya delito en el país requerido.

Los demás actos judiciales, en materia civil o comercial, procedentes de acción personal, tendrán en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes igual fuerza que los de los tribunales locales, y se ejecutarán del mismo modo, siempre que se declaren previamente ejecutoriados por el Tribunal Supremo de la República en donde han de tener ejecución lo cual se verificará si llenaren las condiciones esenciales que exige su respectiva legislación y conforme a las leyes vigentes en cada país para la ejecución de las sentencias.

Artículo XIV.— Cada uno de los Gobiernos de las Repúblicas de Centro América, en el deseo de mantener una paz permanente, conviene en no intervenir, en ninguna circunstancia, directa o indirectamente, en los asuntos políticos internos de otra República Centroamericana, y en no permitir que persona alguna, ya sea nacional, centroamericana o extranjera, organice o fomente trabajos revolucionarios dentro de su territorio contra un Gobierno reconocido de cualquiera otra República Centroamericana. Ninguno de los Gobiernos Contratantes permitirá a las personas que estén bajo su jurisdicción que organicen expediciones armadas o tomen parte en las hostilidades que surjan en un país vecino o suministren dinero o pertrechos de guerra a las partes contendientes. Los Gobiernos Contratantes se comprometen a adoptar y dictar las medidas eficaces, compatibles con la Construcción política de su país, que fueren necesarias para evitar que se efectúen actos de esta naturaleza dentro de su territorio.

Inmediatamente después de ratificado este Tratado, los Gobiernos Contratantes se comprometen a presentar a sus respectivos Congresos los proyectos de ley necesarios para el debido cumplimiento de este artículo.

Artículo XV.— Las Partes Contratantes se obligan a no celebrar entre ellas, por ningún motivo, pactos, convenios o acuerdos secretos y en tal virtud, todo pacto, convenio o acuerdo entre dos o más de las Partes Contratantes será publicado en el periódico oficial de cada uno de los Gobiernos interesados.

Artículo XVI.— Estando resumidas o convenientemente modificadas en este Tratado las disposiciones de los firmados en diversas Conferencias Centroamericanas por los cinco Países Contratantes, se declara que todos quedan sin efecto y derogados por el actual cuando sea definitivamente aprobado y canjeado.

Artículo XVII.—  El presente Tratado entrará en vigor para las Partes que lo hayan ratificado desde que concurran las ratificaciones de por lo menos tres de los Estados firmantes.

Artículo XVIII.— El presente Tratado estará en vigor hasta el primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro, no obstante denuncia anterior o cualquier otro motivo. Del primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro en adelante continuará vigente hasta un año después de la fecha en que una de las partes obligadas notifique a las otras su intención de denunciarlo. La denuncia de este Tratado por una o dos de dichas Partes obligadas lo dejará vigente para las que habiéndolo ratificado no lo hubieren denunciado siempre que éstas fueren por lo menos tres. Si dos o tres Estados obligados por este Tratado llegaren a formar una sola entidad política, el mismo Tratado se considerará vigente entre la nueva entidad y las Repúblicas obligadas que permanecieren separadas, mientras éstas sean por lo menos dos. Cualquiera de las Repúblicas de Centro América que dejare de ratificar este Tratado, podrá adherir a él mientras esté vigente.

Artículo XIX.— El canje de las ratificaciones del presente Tratado se hará por medio de comunicaciones que dirigirán los Gobiernos al Gobierno de Costa Rica, para que éste lo haga saber a los demás Estados Contratantes. El Gobierno de Costa Rica les comunicará también la ratificación si la otorgare.

Artículo XX.— El ejemplar original del presente Tratado, firmado por todos los delegados plenipotenciarios, quedará depositado en los archivos de la Unión Panamericana establecida en Washington. Una copia auténtica de él será remitida por el Secretario General de la Conferencia a cada uno de los Gobiernos de las Partes Contratantes.

Firmado en la ciudad de Washington, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos veintitrés.1


NOTAS:

BIBLIOGRAFIA:

  1. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (3 de marzo de 1923). Las Convenciones de Washington – Tratado de Paz y Amistad. Nicaragua.
  2. Department of State(1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 172-175.
  3. Taracena Arriola, Arturo (30 de mayo de 2011) “El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista de Centroamérica 1922-1932“. El Socialista Centroamericano.

Subir

7 de febrero de 1835: San Salvador es convertida en Distrito Federal

La ciudad de San Salvador es convertida en el Distrito Federal de la debilitada República Federal de Centro América en sustitución de Sonsonate

7febrero1835
La ciudad de San Salvador en 1840.  Allí estuvo el Distrito Federal de la Federación Centroamericana hasta su colapso en 1839.  En el recuadro: el general liberal Francisco Morazán, presidente de la Federación cuando la capital estuvo en San Salvador.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Debido a los conflictos personales entre el presidente federal Francisco Morazán y el jefe del Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, la capital de la República Federal de Centro América había sido trasladada de la Ciudad de Guatemala al poblado de Sonsonate el 6 de febrero de 1834.1  Pero los conflictos que se estaban viviendo ya en todos los estados de la República provocaron su rápido debilitamiento.

Ante esta situación, el presidente federal Morazán consiguió que el 28 de enero la legislatura del estado de El Salvador cediera la ciudad de San Salvador y algunos pueblos aledaños para que en ella se erigiera el Distrito Federal, quedando así elevada al rango de capital de la República con residencia de las principales autoridades de la Federación.2  Por su parte, la capital del estado salvadoreño se trasladó a San Vicente.2

El 9 de marzo de 1836 se extendió el territorio del Distrito Federal a Zacatecoluca, y así se mantuvo hasta el 3 de mayo de 1839, cuando la Asamblea de El Salvador ordenó reincorporar al territorio de aquel Estado todo el que había cedido para distrito federal luego de que la capital de San Vicente hubiera sido tomada por los invasores nicaragüenses pocos días antes de ser derrotados por Morazán en la Batalla del Espíritu Santo el 6 de abril.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (6 de febrero de 1926) «El capítulo de las efemérides: 6 de febrero de 1834, las autoridades federales se trasladan a Sonsonate». Guatemala: Nuestro Diario.
  2. Marure, Alejandro (1844). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la república de Centro América, desde el año de 1821 hasta el de 1842. Guatemala: Imprenta La Paz.
  3. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El libro de las Efemérides: capítulos de la Historia de la América CentralVI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 49-52.

7 de febrero de 1786: nace Antonio José de Irisarri

Nace el militar y diplomático conservador guatemalteco Antonio José de Irisarri, quien fue héroe de la independencia de Chile

7febrero1786
Retrato del coronel Antonio José de Irisarri cuando era embajador de Guatemala ante el gobierno de los Estados Unidos. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Antonio José de Irisarri nació en la recién fundada ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción en 1786, y estudió en la escuela pública de los hermanos Betlemitas, la cual se limitaba al aprendizaje del catolicismo, la gramática y a las cuatro operaciones básicas de la aritmética.​ Posteriormente aprendió geometría, astronomía y latín en la escuela, y un profesor de origen español le enseño los fundamentos de inglés, italiano y francés.1,2

Tras la muerte de su padre en 1805, recibió una cuantiosa herencia que incluyó su propio barco con el que partió hacia México en 1806 para resolver asuntos pendientes de su padre.​ Fue interceptado por un buque pirata inglés que le robó el cargamento y lo hizo prisionero, pero pudo regresar a Guatemala cuando varios de los piratas fueron capturados e hicieron un intercambio de prisioneros con las autoridades españolas.1,2

Nuevamente emprendió el viaje a México, esta vez por tierra, en donde se relacionó con las principales autoridades españoles de la localidad, quienes lo ayudaron a resolver los trámites judiciales y a obtener una ganancia de trescientos mil pesos.  Tras regresar a Guatemala emprendió un nuevo viaje, esta vez a Lima, en donde estuvo ocho meses y nuevamente tuvo la oportunidad de relacionarse con las principales autoridades españolas. Luego pasó a Chile, en donde vivían numerosos familiares suyos y se casó con su prima María Mercedes de Trucíos y Larraín en 1809.1,2

En 1811 fue regidor del cabildo de Santiago de Chile y participó activamente en el movimiento independentista, escribiendo artículos bajo varios pseudónimos en los periódicos locales.​ También tuvo varios puestos públicos y en 1814 debió asumir interinamente el puesto de director supremo de la Nación ante el retraso de la llegada de Francisco de la Lastra. Fue uno de los gestores del tratado de Lircay de 1814 entre realistas y patriotas a fines de la Patria Vieja.1,2 Fue deportado a Mendoza, Argentina tras el triunfo de los realistas,​ y tras pasar por Buenos Aires, partió a Londres en 1815.​ Regresó a Chile en 1818, haciéndose cargo de la cartera de Relaciones Exteriores del gobierno de Bernardo O’Higgins cuando éste ya había logrado asegurar la independencia chilena.3

En 1822, estando de embajador de Chile en Londres, invitó a su amigo personal Andrés Bello para que ocupara el cargo de secretario de la embajada con un sueldo de dos mil pesos anuales. También abogó porque se realizaran inversiones inglesas en Centroamérica, consiguiendo en 1825 que se establecieran empresas que él mismo iba a dirigir, pero que no se lograron establecer porque la respuesta de la Federación Centroamericana arribó hasta en febrero de 1826, y para entonces la situación financiera en Inglaterra era desfavorable y esto lo llevó a la ruina.1,2

Abandonó Londres para regresar a Centroamérica, la cual se encontraba en medio de la Guerra Civil entre criollos liberales y conservadores. Se unió al partido conservador que a la sazón ostentaba el poder del Estado de Guatemala por intermedio de Mariano de Aycinena y Piñol;4 fundó el periódico «El Guatemalteco» para apoyar al gobierno y fue comandante general del Estado, y segundo jefe de una división que fue enviada a la frontera con El Salvador.1,2

El 20 de octubre de 1828, cuando la guerra civil estaba en su apogeo, el gobierno de Aycinena lo nombró Ministro de la Guerra, con el grado de coronel, para que restableciera la disciplina en las filas del ejército guatemalteco.​ Pero tras la derrota a manos de las fuerzas invasoras del general Francisco Morazán, Irisarri fue hecho prisionero y sólo se salvó de morir cuando un soldado abogó por su persona; fue enviado a pié hasta San Salvador atado de brazos, en donde permaneció preso por nueve meses.5

El 4 de junio de 1829 el gobierno de Morazán expidió una ley por la que se le imponía la pena de muerte a todos los miembros de la familia Aycinena que habían participado en el gobierno conservador de Guatemala —incluyendo a Irisarri— previo que devolvieran al erario los sueldos de sus tres años de trabajo y la confiscación de todos sus bienes.6 Irisarri logró escapar de la cárcel salvadoreña el 7 de enero de 1830 y se embarcó en Acajutla hacia Guayaquil, en Ecuador, en donde empezaría una nueva etapa en su vida.1,2


BIBLIOGRAFIA:

  1. Batres Jáuregui, Antonio (1896). Literatos guatemaltecos: Landívar e Irisarri, con un discurso preliminar sobre el desenvolvimiento de las ciencias y las letras en Guatemala. Guatemala: Tipografía Nacional.
  2. Browning, John D. (1970). «El Cristiano Errante de Antonio José de Irisarri: su génesis, su acogida y sus páginas perdidas». Revista Iberoamericana (Pittsburgh, PA: Universidad de Pittsburgh). XXXVI (73): 613-627. ISSN 2154-4794.
  3. Irisarri, Antonio José de (8 de marzo de 1814). El Supremo Director del Estado a los pueblos. Santiago de Chile: Imprenta del Estado, P.D. Galardo.
  4. García Granados, Miguel (1894). Memorias del general Don Miguel García Granados.  1. Guatemala. Tipografia Nacional.
  5. Hernández de León, Federico (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. II. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. pp. 83-87.
  6. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 239-240.