17 de julio de 1856: el gobierno del general Rafael Carrera emite un decreto para proporcionar fondos adicionales a la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos

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El edificio de la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos, convertido en la Escuela Facultativa de Derecho y Notariado del Centro en 1895. Imagen tomada de El Porvenir de Centro América.

En 1855, el gobierno del general Rafael Carrera emitió un decreto reformando los estatutos de la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, por su importancia en el buen orden social, para evitar los abusos que se estaban cometiendo y la actualización de los estudios eclesiásticos basados en lo dispuesto en el Concordato celebrado con la Santa Sede en 1854.

En primer lugar, el estatuto fundamental de la Pontificia Universidad pasó a ser nuevamente las constituciones de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, aprobado por el rey Carlos II el 20 de febrero de 1686, los cuales se iban a observar tal y como estaban en uso en 1821, al momento de la Independencia de Centroamérica.  Por supuesto, en caso de que hubiera discrepancias derivadas de los cambios que habían ocurrido en el gobierno y la sociedad guatemalteca en los últimos treinta años, el Rector quedaba facultado para decidir lo que más le conviniera a la universidad.

La influencia de la Iglesia Católica sobre la formación universitaria quedó de manifiesto cuando se formó un claustro de consiliarios que elegiría al rector, conformado de la siguiente forma:

  • Doctores:
    • Facultad de Cánones: Juan José de Aycinena, marqués de Aycinena, obispo in partibus de Trajanópolis y arcediano de la Catedral Metropolitana
    • Facultad de Teología: Basilio Zeceña, consejero de Estado
    • Facultad de Leyes: Pedro Valenzuela, consejero de Estado
    • Facultad de Medicina: Quirino Flores, protomédico
  • Bachilleres:
    • Padre Nicolás Arellano, prepósito de la congregación de San Felipe Neri
    • Fray Juan Félix de Jesús Zepeda. guardián de la comunidad de San Francisco
    • Francisco Abella
    • Presbítero Vicente Hernández

El requisito de ingreso a los estudios de bachillerato era haber aprobado latinidad y, en el caso de los estudiantes de medicina y de farmacia, ciencias naturales; ahora bien, el decreto de reforma estipulaba que los alumnos del Colegio Tridentino, del Colegio de Infantes y del Colegio de la Compañía de Jesús podían optar inmediatamente al grado de bachiller, previa certificación.  Las cátedras generales impartidas eran filosofía, y matemática (que incluía geometría, trigonometría y álgebra), y los planes de estudio eran los siguientes:

  • Teología: 3 años
    • Dogma
    • Moral
    • Escritura Sagrada
  • Derecho civil y canónico:
    • Cánones
    • Leyes
    • Instituta
    • Derecho natural
  • Medicina:
    • Anatomía descriptiva
    • Fisiología
    • Cirugía
    • Patología externa
    • Medicina legal
    • Patología interna
    • Higiene

Para el funcionamiento de la institución el gobierno asignó una pensión anual de cuatro mil pesos, y le asignó las matrículas, propinas y derechos para los grados, con la que se esperaba cubrir el presupuesto estimado de seis mil quinientos pesos, pero no fue suficiente.  Así pues, el 17 de julio de 1856, se mitió el siguiente decreto para mejorar las finanzas de la universidad:

  • Artículo 1°.— Todos los empleados de la administración pública, inclusos los de las corporaciones civiles, y con excepcion de los militares, pagarán a la arca de la universidad, por una sola vez y al librárseles el título, el dos por ciento de la renta o sueldo de un año, siempre que exceda de trescientos pesos; e igual impuesto pagarán los que obtengan beneficios eclesiásticos titulares; si los proventos ó rentas de un año pasaren de trescientos pesos. En los mismos casos pagarán el uno por ciento, si fueren nombrados interinamente.
  • Artículo 2°.— En los casos en que por las leyes vigentes se adeude alcabala por la venta, arrendamiento e imposición de censos, sobre fincas urbanas ó rusticas, en los mismos se pagará el uno por ciento, en beneficio de la universidad.
  • Artículo 3°.— Por la emisión de títulos de abogados, escribanos, médicos y cirujanos, farmacéuticos, agrimensores e ingenieros civiles, se pagará a la universidad por aquellos en cuyo favor se libren la suma de doce pesos; e igual impuesto se pagará por las venias de edad, para administrar bienes, y por los autos de emancipación, no pudiéndose librar los despachos respectivos, sin que previamente se haga constar haberse hecho el entero, con certificación del tesorero de la misma universidad.
  • Artículo 4°.— Quedan vigentes los derechos de grados mayores y menores, y los de matrículas y exámenes, de la manera que se hallan establecidos; y se derogan las demás disposiciones que fijaron rentas primeramente a la academia de estudios y después a la universidad.

BIBLIOGRAFIA:


13 de julio de 1837: el jefe del Estado Mariano Gálvez envía una circular para reforzar la recaudación de fondos para la Academia de Ciencias y Estudios

13julio1837
El patio del edificio en el que funcionó la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.  La universidad abandonó el edificio en 1773, tras los terremotos, pero el mismo fue utilizado como bodega y como parroquia por el clero secular.  Imagen tomada Juan José de Jesús Yas.

Es frecuente escuchar que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene problemas administrativos por falta del pago por parte del gobierno del 5% del presupuesto nacional asignado en la Constitución de la República, lo que hace pensar que éste es un problema generado con la constitución redactada en 1985. Por otra parte, también es frecuente que se diga que los fondos públicos son malversados por las autoridades de turno y que lo recaudado no llega a su destino final, algo que también se atribuye al desorden administrativo de los últimos tiempos.

Sin embargo, en diversas épocas de la vida independiente de Guatemala tanto el financiamiento de la educación superior como el manejo de los fondos públicos ha tenido graves problemas. Por ejemplo, cuando fue creada la Academia de Ciencias y Estudios en sustitución de la Pontificia Universidad de San Carlos en 1832, el gobierno liberal del Estado emitió un decreto que estipulaba cómo iba a ser su financiamiento. Sin embargo, para julio de 1837 había habido tantas anomalías en la reducación de esos fondos por parte de los funcionarios gubernamentales y eclesiásticos encargados de ello que el gobierno tuvo que emitir la siguiente circular:

El jefe del estado no olvidando que la instrucción pública es el primero de los bienes que debe procurar al estado: que ella no puede ser continuada bajo los establecimientos que ha decretado si no hay fondos para sostenerlos. Que los asignados en su decreto de 1°. de diciembre de 1835, son más que suficientes, si no se descuida su recaudación; ha tenido á bien acordar:

  • Que se reimprima el mencionado decreto, de que acompaño a usted un ejemplar.
  • Que sea circulado de nuevo a todos los funcionarios del orden judicial, gubernativo y de hacienda, y a los párrocos por la parte que les respecta.
  • Que los empleados de hacienda, estando encargados de la recaudación de los ramos que forman los de la academia, por el descuido respecto de ellos, sean responsables del importe perdido o defraudado, y que la misma responsabilidad recaiga sobre los párrocos y funcionarios que debiendo dar los avisos necesarios por lo que hace a fallecimientos, conforme al artículo 20 del citado decreto, por falta de ellos, se verifique la pérdida o defraudación.
  • Que los que se apropien bienes de los que, por mostrencos, ó por testamentos ó intestados, pertenecen á la instrucción pública, sean tratados como criminales por hurto, o falsa suposición, o por el título con que hayan hecho la apropiación ilegal.
  • Que aquellos funcionarios que apliquen los bienes mostrencos o que no tienen dueño conocido, á otros objetos, distrayéndolos de su destino queden obligados á reponer su importe a la Academia de Estudios con su propio peculio.
  • Que ningún albacea entre a ejercer funciones de tal, ni a asegurar o inventariar los bienes, sin exhibir al juez del circuito el testamento en que conste su nombramiento, y si lo hiciere se le repute, como intruso, y se proceda a costa de dicho albacea a lo que haya lugar, y aun a procesarle en su caso.
  • Que a los que denuncien cualesquiera intereses de la Academia que le toquen desde 1°. de marzo de 1832 hasta 5 de junio de este año, se le abone un dos por ciento mas del prevenido en el decreto de diciembre, a costa de los ocultadores o usurpadores.
  • Que en los casos en que el juez del circuito sea administrador de rentas y deba intervenir en sus operaciones este funcionario, nombre un representante específico por la Academia de Estudios.
  • Que lo que en dicho decreto de diciembre se encargaba a los jefes departamentales, se entienda ahora con los magistrados ejecutores, los cuales quedan con el deber de velar muy especialmente en que no se defrauden y descuiden los intereses que pertenecen a la Academia.

De más está indicar que la circular no tuvo ningún efecto positivo, no solamente por la negligencia de las autoridades competentes, sino por la revuelta campesina que estalló poco después y que eventualmente llevó al derrocamiento del régimen liberal en 1838. El gobierno conservador que sustityó a Gálvez restituyó a la Pontificia Universidad de San Carlos en 1840.


BIBLIOGRAFIA:


24 de julio de 1820: el doctor Pedro Molina funda “El Editor Constitucional”, primera publicación privada en la Capitanía General de Guatemala

Retrato de Molina Mazariegos tomado de Wikimedia Commons.

Muchos de nuestros estimados lectores conocen al doctor Pedro Molina como uno de los promotores de la Independencia de Centroamérica, ya que con su periódico “El Editor Constitucional” se dedicó a abogar por la separación de la región de la corona española.  También, son muchos los que saben que su esposa, Dolores Bedoya de Molina, estuvo motivando a las personas que acudieron a la Plaza de Armas el 15 de septiembre de 1821 para que apoyaran la declaración de la Independencia.

Pero, ¿quién fue en realidad el doctor Pedro Molina Mazariegos?  En primer lugar, provenía de una familia criolla y fue uno de los muy escasos médicos que se graduó de la Escuela de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo. Además de ser galeno, fue catedrático de la Universidad y miembro del partido criollo que se oponía  a las familias aristocrátricas.  En una oportunidad, fue consultado sobre las llagas de estigmata que se decía le aparecían a la monja María Teresa Aycinena hacia finales de la época colonial, y como Molina pertenecía al grupo criollo que consideraba que la familia Aycinena tenía demasiados privilegios por sus estrechas relaciones con la corona Española, quizá esa rivalidad haya influido en el dictamen desfavorable que elaboró sobre la mencionada estigmata.

Viendo que la situación del Reino de Guatemala era precaria y que el gobernante era débil y timorato, Molina inició la publicación de su periódico a favor de la Independencia.  Su ideal era que ya no era posible continuar con las estructuras coloniales y había que establecer un sistema político más progresista, entendiendo por ello, independiente no solamente de la corona, sino que también de las órdenes religiosas que hasta ese momento conservaban aún un buen porcentaje del poder prácticamente absoluto del que habían gozado hasta 1767.  Puede decirse que Molina fue el ideólogo de los criollos anticlericales que posteriormente se aglutinaron en el Partido Liberal, opuesto al Conservador.

Tras la Independencia, Molina fue un personaje influyente en la política de la región. llegando incluso a ser Jefe del Estado de Guatemala luego de que Francisco Morazán invadiera a Guatemala en 1829 y expulsara a todos los miembros de la Familia Aycinena y de las órdenes regulares de la Iglesia Católica de todo el territorio centroamericano.    Ya cuando el doctor Mariano Gálvez fue Jefe de Estado de Guatemala, Molina fue nombrado como rector de la Academia de Ciencias y Estudios, que fue la institución laica que fue creada por los liberales en sustitución de la desaparecida Real y Pontificia Universidad en marzo de 1832.  Desafortunadamente, debido a las convulsa situación que se vivía en Guatemala, no se pudo apoyar a la Academia de Ciencias y ésta fue cerrada poco después de que los conservadores retomaron el poder en el país y restablecieran la Pontificia Universidad en octubre de 1840, solo que ahora únicamente para el Estado de Guatemala.

La figura de Molina siguió siendo muy relevante incluso cuando ya era de edad avanzada.  Cuando los conservadores recuperaron el poder del Estado de Guatemala en 1838, todos los liberales huyeron a El Salvador o hacia el Occidente de Guatemala para formar el Estado de Los Altos y así formar dos frentes para expulsar a los conservadores de Guatemala.  Por su edad, Molina no abandonó el país, pero sí colaboró arduamente con la causa liberal.  Luego de que el general Rafael Carrera derrotara a Los Altos y los reincorporara a Guatemala por la fuerza, el todavía presidente federal Francisco Morazán decidió invadir una vez más a Guatemala en marzo de 1840 para, según él, acabar con Carrera y los conservadores, pero fue derrotado de forma aplastante y tuvo que huir del país.  Fue un hijo de Molina quien ayudó a Morazán a huir de la Ciudad de Guatemala gritando “¡Que viva Carrera y la Santísima Virgen María!“, en donde dejó a sus soldados abandonados a su suerte.

BIBLIOGRAFIA: