El gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera confisca y nacionaliza la Empresa Eléctrica, que era de propiedad alemana
Una escena de la vida de la Cuidad de Guatemala en 1918. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Por medio de un Acuerdo Gubernativo, el 10 de octubre de 1894 el Ministerio de Fomento del gobierno del general José María Reina Barrios otorgó a Enrique Neutze, una concesión que le permitiría aprovechar las cascadas del Río Michatoya cerca de Palín, Escuintla para producir electricidad, venderla a domicilio y proporcionar alumbrado público enla Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Chimaltenango, Amatitlán, Palín y Escuintla. Así pues, el 7 de diciembrescuine de 1894 se constituyó la sociedad anónima Empresa Eléctrica de Guatemala. Los socios fundadores fueron: Enrique Neutze, Herman Höpfner, Federico Gerlach, Víctor Matheu, Antonio de Aguirre y Juan Francisco Aguirre. Inicialmente, se instalaron generadores para producir 1,000 HP de fuerza.
En 1916, la demanda servida era de 1,560 HP y cubría 25,300 focos de 16 bujías, además de 577 motores y aparatos. Para entonces, el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, la que, no obstante, fue un asunto ajeno a Guatemala hasta en un hecho sorpresivo el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, tiró por la borda la declaratoria de neutralidad que había hecho en 1914 y, bajo la presión de los Estados Unidos, emitió el Decreto Gubernativo número 727, por medio del cual rompió relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán el 27 de abril de 1917. El gobierno le solicitó al ministro alemán Curt Lehmann que abandonara el país, y sin poner mayor resistecia obedeció a la solicitud despidiéndose con esta frase:: “¡Apunta republiqueta, ya Alemania pegará!”
Tambien se expropiaron algunos bienes a la colonia alemana, los cuales pasaron a manos estadounidense. Por ejemplo, la Bond & Share Electrical Company, adquirió la Empresa Eléctrica de Guatemala gracias al Acuerdo Gubernativo 742, publicado en el Diario Oficial el día 5 de octubre de 1918, que dice: “Autoriza al intendente general del Gobierno para que, mediante las formalidades del caso, proceda a la confiscación, nacionalización y venta en su caso de la Empresa Eléctrica de Guatemala.”
Ahora bien, el cambio en la política exterior se debió, no sólo a las fuertes presiones de los Estados Unidos, sino también a la declaración de guerra marina irrestricta, lanzada por el Imperio Alemán. Guatemala protestó ante este anuncio y el gobierno aprovechó para declarar la ley marcial en el país, ya que las implicaciones de la declaración de guerra irrestricta marítima afectaba directamente a todo el comercio por mar, ya que la marina alemana quedaba autorizada por el Káiser para detener, incautar e incluso atacar cualquier buque cuyas intenciones no quedaran claras a criterio del capitán alemán involucrado. La declaración constituía indirectamente, una declaración de guerra a todos los países que comerciaban con Europa, pues implicaba que la marina alemana adquiría autoridad de policía marítima. Y esto lo había hecho el emperador alemán a pesar de que existía un marco jurídico de derecho internacional que garantizaba ciertos derechos de los países neutrales, en un intento por debilitar a las entonces ponderosas Inglaterra y Francia y romper la línea de suministros que iba de los puertos de los Estados Unidos hacia los territorios ingleses.
BIBLIOGRAFIA:
Arévalo Martínez, Rafael (1945). ¡Ecce Pericles!. Guatemala: Tipografía Nacional.
El gobierno del general presidente José María Reina Barrios realiza el Censo General y la Demarcación Política de la República.
Palacio de La Reforma, construido por el gobierno del general presidente José María Reina Barrios. Desapareció tras los terremotos de 1917-18. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano tomada de Wikimedia Commons.
Los primeros años del gobierno del general presidente José María Reina Barrios fueron de una prosperidad sin precedentes en la historia de Guatemala, gracias al aumento del precio internacional del café. Gracias a esta bonanza económica, el gobierno pudo realizar varios proyectos de infraestructura, y también de mejoramiento de las instituciones gubernamentales.
Uno de sus primeros proyectos fue la realización del censo de 1893, el cual pretendía establecer con certeza cuantos pobladores había en la República para así determinar qué proyectos tenían que ser prioritarios, de acuerdo al acuerdo del 18 de mayo de 1892.1 Con el fin de realizar el Censo General y documentar la Demarcación Política de la República, se utilizaron las siguientes definiciones:
Las pequeñas poblaciones que no tienen calles, que están formadas de chozas, ranchos que se encuentran aislados y en desorden, se llaman Caseríos. Los Caseríos pueden estar situados en las orillas de los mares, habitados por pescadores ó explotadores de salinas, entonces se llaman Caseríos litorales. Pueden estar situados en el interior del país, en las montañas, colinas, valles, etc., haciendas, fincas ó chacras y habitadas por agricultores y labradores, entonces se llaman Caseríos rurales.
Las localidades que tienen la apariencia de un pueblo por su considerable número de casas y habitantes, reunidos ya en sociedad, regidos por un Alcalde auxiiar, pero que no han adquirido el título de los pueblos por no tener una Municipalidad, se llama Aldeas.
Las agrupaciones que tienen Corporaciones Municipales, reciben la denominación de Pueblos.
Pueblos de alguna importancia por el ornato de sus calles, casas y plazas, por su industria, comercio, agricultura, instrucción pública, etc. se llaman Villas.
Las poblaciones extensas, con elegantes edificios públicos y particulares, asociaciones literarias, con importantes establecimientos de educación; ricas por su agricultura, comercio, industria, artes y ciencias; distinguidas por su cultura relativa, y que además han recibido del Gobierno el título de tales, se llaman Ciudades.2
Originalmente el censo se iba a realizar el 18 de diciembre de 1892 con un costo de diez mil pesos,3 pero por algunos problemas técnicos se pospuso para el último domingo de febrero de 1893, mediante el siguiente decreto:
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 25 de octubre de 1892.
Habiendo manifestado el Jefe de la Sección de Estadística, que á consecuncia de algunos inconvenientes insuperables, no ha sido posible llevar á cabo los trabajos preliminares del censo de población ; y que por esa causa, es conveniente transferir á una fecha posterior la fijada en acuerdo gubernativo de trece del mes próximo pasado,
El Presidente Constitucional, de conformidad con la exposición referida, acuerda:
Que el último domingo del mes de febrero del año inmediato de mil ochocientos noventa y tres, se practique en todo el país el empadronamiento prevenido en el acuerdo citado.
Comuniqúese.
Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Próspero Morales.4
Así pues, el censo se realizó el 24 de febrero5 de ese año y los resultados reflejaron lo siguiente:
El total de pobladores era de 1,364,788 habitantes.
En ese momento había 882,733 indígenas, y el resto eran ladinos, con un muy bajo porcentaje de criollos y extranjeros.
Los varones eran 677,472 y las mujeres 687,206.
La religión era todavía predominantemente católica, con 1,356,105 creyentes, mientras que las otras religiones se repartían así: 2,254 protestantes, y 1,146 de religiones no cristianas. Había 5,173 no creyentes.
Y, por último, había solamente 99,553 personas que sabían leer y escribir, y 1,265,125 analfabetos.6
En un intento desesperado por evitar el sitio de la ciudad de Guatemala, las fuerzas estatales logran derrotar a las fuerzas que Francisco Morazán había enviado a Mixco.
El poblado de Mixco en 1895, en una fotografía de los esposos Maudslay publicada en 1899. En el recuadro: retrato del general Francisco Morazán. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
En 1829, el general hondureño Francisco Morazán era prácticamente invencible. Después de sendos triunfos sobre las fuerzas federales al frente de su «Ejército Protector de la Ley«, Morazán había invadido Guatemala por el oriente del Estado luego de que los criollos liberales hubieran sido reprimidos violentamente tras intentar resistirse al gobierno de Mariano de Aycinena en la Antigua Guatemala.1 Gracias a su habilitad militar, Morazán avanzó fácilmente por el territorio guatemalteco llegando hasta Pinula, en donde un grupo de los liberales que se habían alzado contra Aycinena —liderado por el francés Isidoro Saget— se unió a sus fuerzas.2
El gobierno de Aycinena no contaba con jefes militares capaces de enfrentar a Morazán, ya que el ex-presidente Manuel José Arce se había retirado de la vida política tras ser destituido y se desconfiaba del general italiano Francisco Cáscara por ser leal a Arce. Eventualmente, Cáscara renunció a la comandancia de armas y el general Agustín Prado, conservador rematado, tomó el mando pero con contaba con la experiencia militar ni con suficientes soldados para contener al ejército invasor. Prado optó por concentrar a sus fuerzas en la Ciudad de Guatemala y se preparó para el sitio final. Por su parte, con el control de las posiciones de Pinula y El Aceituno, Morazán envió a parte de sus soldados a la Antigua Guatemala por el camino de Amatitlán, para que restituyeran a las autoridades que habían sido destituidas tras el golpe de estado de 1826, desconociendo así al gobierno de Aycinena. Además, Morazán envió tropas a Mixco, para cercar completamente la ciudad y cortar el suministro de víveres a la misma.3
En una medida desesperada, el general Prado envió al coronel Pacheco al mando de mil hombres, para que recuperaran la plaza de Mixco. El 14 de febrero por la noche, Pacheco ordenó a sus hombres que marcharon en dos filas a ambos lados del camino, con las armas invertidas para que la luz de la luna no se reflejara en ella, y así llegaron hasta Mixco, en donde atacaron a las fuerzas de Morazán por sorpresa a las altas horas de la madrugada del 15 de febrero. Viéndose en desventaja, parte de las tropas huyó mientras que un grupo se atrincheró en el convento local, desde donde intentó ofrecer resistencia pero sin ningún efecto. Enterado de la derrota, Morazán reagrupó a sus fuerzas y se dirigió a la Antigua Guatemala, desde donde iniciaría el sitio hacia la ciudad. Por su parte, el general Prado no supo que hacer con su victoria y ordenó a las fuerzas guatemaltecas que regresaran a la ciudad a prepararse para el sitio que se avecinaba.4
Debido a la creación del departamento de El Progreso y a los estragos producidos por la Gran Depresión, el gobierno del general Jorge Ubico suprime al departamento de Amatitlán.
Excursión a la orilla del Lago de Amatitlán en 1897. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en «La Ilustración Guatemalteca». En el recuadro: el general Jorge Ubico, presidente de 1931 a 1944. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Existe una leyenda romántica que relatan en Amatitlán al respecto de que el presidente de Guatemala, general Jorge Ubico, enamoraba a una dama de la localidad, y que cuando ésta lo rechazó, el presidente decidió suprimir el departamento en represalia. Independientemente de la leyenda indicada, lo que realmente ocurrió fue que el mantenimiento de dicho departamento resultaba muy oneroso para el país, pues éste estaba atravesando los efectos de la Gran Depresión, y era necesario restablecer el departamento de El Progreso para poder administrar de mejor forma el Ferrocarril del Norte. Así pues, el 29 de abril de 1935, la Asamblea Legislativa emitió el siguiente decreto, el cual fue ratificado por el presidente Ubico el 2 de mayo de ese año:1
Decreto Número 2081
La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala
Considerando: Que es conveniente para los intereses del país la supresión del departamento de Amatitlán, por tanto, decreta:
Artículo 1°.— Se suprime el departamento de Amatitlán
Artículo 2°.— Los municipios de Amatitlán, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales quedan incorporados al departamento de Guatemala, y los de Palín y San Vicente Pacaya al de Escuintla.
Artículo 3°.— El Ejecutivo dictará las medidas del caso para el cumplimiento del presente Decreto, que entrará en vigor el primero de julio del corriente año.
Pase el Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el veintinueve de abril de mil novecientos treinta y cinco.
Casa de Gobierno: Guatemala, dos de mayo de mil novecientos treinta y cinco.
Publíquese y cúmplase.
Jorge Ubico
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo Sáenz de Tejada1
A este decreto legislativo le siguieron varios decretos gubernativos por los que la administración del desaparecido departamento fue distribuida entre el de Guatemala y el de Escuintla. Reproducimos el primero de ellos, sobre las partidas del Ministerio de Hacienda, para que el lector se dé cuenta de cómo se distribuyó el gasto operativo de Amatitlán:2
Decreto Número 1683
Jorge Ubico, presidente de la República,
Considerando: que el decreto legislativo Número 2081 suprimió el departamento de Amatitlán, facultando al Poder Ejecutivo para que ordene las modificaciones que proceden en el Presupuesto General de Gastos vigente; y que, además, es necesario transferir también algunas otras partidas del mismo,
Por tanto, en uso de las facultades que le confiere la ley citada y el artículo 9°. del Decreto legislativo Número 2059, decreta:
Artículo 1°.— Se transfieren las siguientes partidas del Presupuesto General de Gastos vigente.
Ramo X – Hacienda
Capítulo I – Departamento de Guatemala – Inspección de Hacienda, partida N° 70036 – Inspector de Hacienda Q.175.00/mes.
Capítulo II – Departamento de Amatitlán: De la partida N° 70461 a la 70476 – Q.47.00/mes
Ramo X. – Hacienda
Capítulo I – Departamento de Guatemala – Tribunal y Dirección General de Cuentas – Tribunal de Cuentas – Partidas N°. A-71354-55 – Dos auditores, con Q175.00 cada uno: Q350.00/mes
Dirección General de Rentas:
Inspección de Depósitos de Licores:
Partida N° A-71356 -Inspector de Receptorías, Contadores Automáticos y Depósitos Fiscales: Q50.00/mes
Policía de Hacienda:
Partidas N°. A-71357-61 – Cinco agentes, con Q13.50 cada uno: Q67.50/mes
Partidas N° A-71362-66 – Alimentación de cinco plazas a Q7.00 cada una: Q35.00/mes2
Depósito de Licores de Amatitlán:
Partida N°. A-71367 – Guardaalmacén: Q50.00/mes
Partida N°. A-71368 – Vigilante: Q45.00
Partida N°. A-71369: Gastos generales y de escritorio: Q1.00/mes
Depósito de Licores de Villa Canales:
Partida N°. A-71370 – Guardaalmacén: Q50.00/mes
Partida N°. A-71371 – Vigilante: Q45.00/mes
Partida N°. A-71372 – Gastos generales y de escritorio: Q1.00/mes
Capítulo X – Departamento de Escuintla
Policía de Hacienda:
Partidas N°. A-71373-76 – Cuatro agentes, con Q13.50 cada uno: Q54.00/mes.
Artículo 3°.— La diferencia de trescientos diez y ocho quetzales (Q318.00) que existe entre las partidas que se transfieren y las que se crean, deberá cargarse a la partida del Presupuesto N°71353 que corresponde a los gastos extraordinarios e imprevistos del Ramo de Hacienda.
Artículo 4°.— La transferencia de mérito tendrá efecto a partir del primero de julio en curso y la Dirección General de Cuentas hará las operaciones que corresponden.
Dado en la Casa del Gobierno: en Guatemala, a los quince días del mes de julio de mil novecientos treinta y cinco.
Jorge Ubico
El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, J. González Campo3
El resto de decretos gubernativos que modificaron el presupuesto de gastos de la Nación fueron tras la supresión del Departamento de Amatitlán fueron:
El gobierno del general Miguel García-Granados y Zavala emite el decreto 83 eximiendo a los indígenas del servicio militar
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer «exclusivamente sobre la clase desvalida» y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas. Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que «en cambio, prestan otros de diferente naturaleza«;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2
Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y
Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;
Decreto:
Art. 1°. Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.
Art. 2°. Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados. Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.
Art. 3°. Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.
Art. 4°. Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.
Art. 5°. Quedan exceptuados del servicio militar:
Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
Los ordenados in sacris.
Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.
Art. 6°. Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos. Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.
Art. 7°. También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar. Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.
Art. 8°. Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.
[…]
Art. 18. Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.
Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.
Miguel García-Granados
El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1
Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios. Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3
Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4
Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5
En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6
El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite el decreto 170, el cual autoriza la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, en todos los municipios de la República.
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2
Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas.
J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;
Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;
Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;
Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;
Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,
Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;
Por tanto, decreta:
Art. 1°.— Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.
Art. 2°.— Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue: en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.
Art. 3°.— Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.
Art. 4°.— Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios.
Art. 5°.— Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda. Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.
Art. 6°.— Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean. Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.
Art. 7°.— Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a. instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.
Art. 8°.— Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.
Art. 9°.— Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.
Art. 10°.— Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.
Art. 11°.— Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.
Art. 12°.— Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.
Art. 13°.— En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.
Art. 14°.— En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 15°.— La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.
J. Rufino Barrios
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos, J. Barberena.2
Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte, los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, entonces ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron otorgadas de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquierieronn gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas «de crianza«, en donde en realidad cultivaban los protudos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo inaugura el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, basado en la Social Security Act de 1935 del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.
La sede actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la Ciudad de Guatemala. En el recuadro: el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmando el Acta de Seguridad Social en 1935, en la cual está basado el IGSS. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo es considerado el pionero en la implementación de medidas sociales que benefician a los trabajadores en Guatemala, y por ello, es visto por algunos grupos de la élite nacional como un régimen comunista. Sin embargo, las innovaciones introducidas por el gobierno arevalista no tenían su fundamento en las políticas marxistas-leninistas del Kremlin, sino en las políticas sociales del «New Deal» que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había implementado para contrarrestar los devastadores efectos económicos de la Gran Depresión que se inició en 1929 y que se extendió hasta principios de la década de 1940.1
La Seguridad Social fue parte de este «New Deal» de Roosevelt, y fue introducida en la Social Security Act firmada por el presidente estadounidense el 14 de agosto de 1935 ya que los Estados Unidos eran el único país industrializado de ese entonces que no contaba con ningún tipo de ayuda para los trabajadores. Durante los debates legislativos sobre la Seguridad Social, se incluyeron beneficios para los trabajadores, sus viudas y sus dependientes; incluyendo numerosos tipos de trabajo desde los burócratas hasta los maestros. El entonces nuevo programa fue financiado mediante un nuevo impuesto que fue llamado Impuesto de Contribución para Seguro Federal, el cual era recolectado por cada estado y para el que contribuían tanto el patrono como el trabajador a partes iguales. Ahora bien, la Seguridad Social estadounidense cubría mucho menos que su homóloga en los países europeos, pero fue la primera vez que el Gobierno Federal se hizo cargo de la seguridad económica de los ancianos, de los desempleados, de los dependientes y de los incapacitados.2,3
Los regímenes dictatoriales apoyados por la United Fruit Company en Guatemala y en El Salvador habían sido derrocados a mediados de 1944 por movimientos civiles similares en sus respectivos países debido a la debilidad que tenía la internacional frutera por los hundimientos de sus vapores durante la Segunda Guerra Mundial. Esto permitió que subieran al poder regímenes que implementaron las medidas del «New Deal» de Roosevelt, y de allí los cambios sociales que implementó el gobierno arevalista.4,5 De esta forma, el 2 de enero de 1948 el presidente Arévalo inauguró oficialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un acto en el que participaron el licenciado José Rolz Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el licenciado Oscar Barahona Streber, primer gerente del Instituto.6
A principios de la década de 1950, con la llegada al poder del presidente Dwight Eisenhower la política estadounidense empezó a perseguir la supuesta amenaza comunista tanto dentro de los Estados Unidos como en los países de América Latina. Y como en Guatemala el gobierno del Dr. Arévalo apoyó la formación de la Legión Caribe que perseguía derrocar a los gobiernos militares del área7 y luego el gobierno del coronel Jacobo Arbenz atacó frontalmene los intereses de la compañías estadounidenses en el país,8 el gobierno estadounidense favoreció el establecimiento de regímenes militares como el de Carlos Castillo Armas en Guatemala que apoyaron los intereses de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas.9
Ahora bien, es importante indicar que aunque los regímenes militares hicieron precisamente lo que les instruyó el gobierno estadounidense, y protegieron siempre los intereses patronales frente a los laborales, mantuvieron vigentes a la mayoría de los beneficios sociales introducidos durante el gobierno del Dr. Arévalo
BIBLIOGRAFIA:
Bierman, Harold (2004). “The 1929 Stock Market Crash“. (en inglés) EH.Net Encyclopedia, editado por Robert Whaples.
Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (2021) Inauguración del IGSS. Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Rabe, Stephen G. (s.f.). Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (en inglés). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana.
Tras el desastre provocado por el huracán Francelia, el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro crea el Comité Nacional de Emergencia
Mapa de la región afectada por las lluvias del huracán Francelia en septiembre de 1969. En el recuadro: el huracán cuando alcanzó su máxima intensidad en el Golfo de Honduras. Imágenes tomadas del reporte de la AID y Wikimedia Commons.
Uno de los peores desastres naturales sufridos por Guatemala fue el huracán Francelia, que afectó el territorio del país a principios de septiembre de 1969, resultando en 269 muertos, 8,521 evacuados y 10,200 personas sin hogar. El huracán, de categoría 3, dañó los cultivos y destruyó caminos, puentes, vías férreas y postes de transmisión eléctrica.1
Hacia el anochecer del 5 de septiembre, Francelia había dejado caer casi 50 centímetros de lluvia en el país, provocando torrentes que descendieron de las montañas del altiplano, los cuales inundaron partes de la costa del Pacífico en un área de hasta de 15 a 20 kilómetros tierra adentro. Estos torrentes fueron una combinación de inundaciones repentinas, derrumbes, y de ríos y canales desbordados; incluso el cráter del Volcán de Agua se rebalsó. Los municipios más afectados fueron Tiquisate, San José, Escuintla, Masagua, en el departamento de Escuintla, Chiquimulilla en el departamento de Santa Rosa, y Amatitlán en el departamento de Guatemala.2 Todos, a excepción de Amatitlán, están ubicados en la costa del océano Pacífico.
Los deslaves fueron tan grandes, que en el centro de Amatitlán se llegó a medir el lodo a la altura de los hombros. Por su parte, la carretera Panamericana quedó interrumpida en varias secciones debido a que dos puentes se desmoronaron, uno de ellos en el kilómetro 124 cerca de Los Encuentros. Un derrumbe entre Quetzaltenango y Huehuetenango dejó interrumpido el tráfico con México, mientras que hubo otro de 4 kilómetros de largo en Los Encuentros. En los municipios de Chinique y Sacapulas del departamento de Quiché también se reportaron grandes derrumbes. Para el 6 de septiembre, las fuertes lluevias cesaron y el agua empezó a retroceder en algunos lugares. 3
Como resultado, el presidente de Guatemala, licenciado Julio César Méndez Montenegro estableció el Comité Nacional de Emercencia, por medio de un acuerdo guberantivo del 8 de septiembre de 1969. Este nuevo comité estaba dirigido por el Ministro de la Defensa y, en teoría, era el centro de control de la ayuda y recuperación del desastre. Sin embargo, en la práctica, esto no ocurrió ya que la mayoría de organizaciones benéficas, por diversas razones, prefirieron actuar por su cuenta, resultado en áreas que recibieron doble aporte, y otras que no fueron atendidas. Estas organizaciones fueron la Cruz Roja Guatemalteca, el Ejército, la Fuerza Aérea, los diferentes cuerpos de bomberos del país, algunos partidos políticos, numeros comités locales e incluso personas individuales. 4
Aparte de la ayuda de emergencia, el gobierno empezó de inmediato las reparaciones de los principales caminos y puentos que habían sido destruidos. Esto fue prioritario por las graves pérdidas económicas que se incurrieron por la falta de comunicación terrestre con México. Para esto, el gobierno solicitó al gobierno de los Estados Unidos que lo ayuda con puentes tipo Bailey, que fueron instalados en los ríos Achiguate y Guacalate entre septiembre y noviembre de ese año.4
Para manejar este tipo de desastres, el gobierno decidió que el Comité Nacional de Emergencia se convirtiera en una institución permanente, que eventualmente se convirtió en el Comité Nacional de Reconstrucción y Prevención de Desastres (CONRED).4
BIBLIOGRAFIA:
Agency for International Development. (1970) Foreign disaster emergency relief. 10. p. 115. (en inglés). Estados Unidos: Departmento de Estado.
La Asamblea Legislativa, presidida por el licenciado Arturo Ubico, felicita al licenciado Manuel Estrada Cabrera por su reelección como presidente
Invitación del Club J. Rufino Barrios de Chiquimula para celebrar la primera reelección del presidente Manuel Estrada Cabrera en agosto de 1904. Ya para entonces había sino oficialmente nombrado «Benemérito de la Patria» y «Jefe del Partido Liberal«. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Reproducimos a continuación el mensaje enviado al licenciado Manuel Estrada Cabrera por el presidente de la Asamblea Legislativa, licenciado Arturo Ubico Urruela, cuando Estrada Cabrera fue reelecto para la presidencia de Guatemala el 7 de agosto de 1904. El estilo adulador de dicha respuesta era algo común entre los miembros del partido liberal cuando se dirigían al gobernante:1
Contestación al Mensaje que el Señor Presidente de la República, Licenciado Manuel Estrada Cabrera, dirigió a la Asamblea nacional Legislativa al abrir sus sesiones extraordinarias de 1904.
Señor presidente de la República:
Uno de los actos más trascendentales en la vida de los pueblos, es la delegación de la soberanía nacional, por medio del sufragio, base de la democracia y fundamento de la república, ejercitando los ciudadanos, en los comicios, el derecho sagrado de designar la persona que debe presidir, conforme la Constitución, los destinos del país; de tal suerte, que la primera palabra de la Asamblea Nacional Legislativa, convocada extraordinariamente para hacer el escrutinio de votos en las elecciones que acaban de verificarse, no puede menos que reflejar la más viva satisfacción ya que á la sombra del orden y de la libertad, sin restricciones ni cabalas, han concurrido los guatemaltecos a las urnas electorales, en muchísimo mayor número que en otras ocasiones, guiados por el anhelo del bien general, sin miras rastreras, ni odios de partido.Nota a
Es que la nación entera, con buen sentido, guiada por aspiraciones generosas, comprende que la solución de los graves problemas públicos, y el goce de un porvenir próximo y halagüeño, se cifran, no en controversias especulativas, ni en teorías contradictorias, ni en vanas palabras, ni en satisfacer intereses parciales, sino en la conservación del orden, en la amplitud del trabajo, en las garantías públicas, en la cultura general, en el mejoramiento de las condiciones de la vida, por medio — como decís Señor Presidente, en vuestro interesante Mensaje — de una evolución regeneradora, del acercamiento de todas las voluntades y la concordia de los diversos círculos sociales.
¡Espectáculo halagador el de un pueblo que sabe comprender cuánto valen el respeto de los derechos y el cumplimiemto de los deberes, y que acude, con buena voluntad, sin apelar á la fuerza, que es la negación de la ley, ni trastornar la paz, que constituye la vida de las sociedades, á depositar un voto unánime es el estadio eleccionario dando así fehaciente prueba de que, como Vos mismo lo consignáis, ha entrado de lleno en el régimen de sus instituciones!
El Gobierno ha guardado la actitud digna y decorosa que le correspondía, garantizando el sufragio y fortaleciendo el espíritu público, que sólo se desarrolla á la luz del día, bajo la égida de la Constitución, cuando no encuentra obstáculos de intereses bastardos, ó pasiones desencadenadas, que cercenan ó embarazan la expresión genuina de la voluntad general.Nota b
Una de las dificultades del Gobierno popular-representativo consiste en que, apenas se ha comenzado a poner en práctica un programa de administración, a raíz de las luchas electorales, que desgraciadamente conmueven a las veces todo el cuerpo social, cuando al volver, poco después, al campo eleccionario, estallan los intereses y se pone en juego las pasiones, desequilibrando la tranquilidad, esparciendo desconfianza, y exacerbando rencillas y odios entre los mismos conciudadanos. En ese flujo y reflujo se paraliza el trabajo, sufren los intereses, amengua, con detrimento, la riqueza pública y privada.Nota c
Es, por lo tanto, motivo plausible de congratulación para la Asamblea, el que se hayan verificado las elecciones para el próximo período presidencial, por modo tan espontáneo como sensato y ordenado, concurriendo con su voto una mayoría tan notable de ciudadanos, que bien revela el espíritu público esparcido por todos los ámbitos de la Nación. Ese acto solemne de la vida política de Guatemala lleva sobre sí, como un sello ostensible, el asentimiento popular, la voluntad explícita y libre del país entero, en su más amplia manifestación.Nota d
Por más que Vos, Señor Presidente, prescindáis, con personal modestia, de vuestro preclaro nombre, el merecido prestigio de que goza, y el celo y tino singular con que habéis dirigido la administración y la política, en anormales circunstancias, y en arduas y complicadas emergencias, son relevantes prendas que reconocen todos los guatemaltecos que se interesan por la ventura de la Patria, como lo acaban de demostrar en los comicios, con voto tan elocuente como genérico, tan amplio como entusiasta, tan espontáneo como lleno de patrióticos anhelos.
Si hay algo en la vida pública que pueda ofrecer al gobernante satisfacción elevada, sin presuntuosos alardes, es el contemplar que se reconocen y aprecian los esfuerzos y los sacrificios que hace en pro de los intereses generales, es el ver á los guatemaltecos, sin distinción de colores políticos, ni odios de bandería, al pié del Pabellón de la Patria y al derredor del Jefe Supremo, para procurar, por medio de la paz y del trabajo, el progreso de Guatemala.
¡En ocasión tan propicia, se complace el Poder Legislativo al corresponder, con parabienes sinceros, al saludo que Os habéis servido dirigirle !
Señor Presidente de la República.
Arturo Ubico, Presidente.
Palacio del Poder Legislativo: Guatemala, 7 de agosto de 1904.1
NOTAS:
a: en esa época, solamente podían votar los ciudadanos que la constitución de 1879 designaba. Estos eran únicamente los varones que supieran leer y escribir, o que tuvieran un oficio que les representara renta. También se incluyeron a los miembros de la tropa, aunque fueran analfabetos.
b: los «intereses bastardos y pasiones desencadenadas» se refieren a los criollos miembros del partido conservador, quienes por ese entonces estaban completamente derrotados. A pesar de ello, siempre eran atacados por los criollos liberales, quienes incluso los culpaban de los atentados contra el gobierno de Estrada Cabrera, llamándolos «enemigos del progreso«.
d: de acuerdo a los detractores de Estrada Cabrera, las elecciones eran anómalas ya que se acarreaba a muchos analfabetos a las urnas, o se contaban votos más de dos veces.
El Dr. Mariano Gálvez rechaza la reelección al cargo de Jefe de Estado de Guatemala y se hace de rogar para aceptarla
Escuintla en la época en que Gálvez estuvo allí de vacaciones mientras los diputados le rogaban que aceptara la reelección como Jefe de Estado. Grabado de Frederick Caterwood. En el recuadro: retrato del Dr. Mariano Gálvez. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
En la historia de Guatemala, muy pocos han sido los gobernantes que no se han corrompido en el poder y han extendido, o intentado extender, su mandato presidencial. Durante el gobierno de los conservadores pro-católicos el general Rafael Carrera fue declarado presidente vitalicio1 y durante los regímenes liberales anticlericales, solamente el general Manuel Lisandro Barillas entregó la presidencia a su sucedor, el también general José María Reina Barrios,2 pues todos los demás gobernantes liberales murieron en el poder o fueron derrocados por revoluciones tras largos años de dictadura.3 Tras la época revolucionaria, que fue truncada por la revolución del Movimiento de Liberación Nacional,4 los gobernantes no corrieron mejor suerte: Carlos Castillo Armas murió en el poder,5 y el general Miguel Ydígoras Fuentes fue derrocado por un golpe de estado.6 Y, finalmente, los militares establecieron un sistema por medio del cual, el ministro de la Defensa llegaba a la presidencia y, de esta forma, una camarilla se perpetuaba en el poder. Esta sistema también fue eliminado por un golpe de estado en 19827, y luego cambiado por el sistema supuestamente democrático – establecido en 1985 con la llegada a la presidencia de Vinicio Cerezo8 – que impera en el siglo XXI, y en que, como diría un político de la época del presidente Carlos Herrera, «el presidente tiene menos poder que un alcalde de pueblo».
En los primeros anos de vida independiente se destacó la figura del Dr. Mariano Gálvez -quien fue secretario de Gabino Gaínza,9 secretario de la Asamblea Constituyente de 1823 y presidente del primer Congreso Federal en 1825- y quien tomó acertadas medidas cuando fungió como Jefe de Estado entre 1831 y 1835. Pero, a partir de ese momento, el poder hizo de las suyas y Gálvez empezó a tomar medidas que desembocaron en una terrible guerra civil en que los campesinos católicos se alzaron contra el gobierno antlicerical y terminaron por derrocarlo en 1838.10
Puede decirse que la primera medida equivocada que tomó Gálvez fue la de fingir que no aceptaba su reelección como Jefe de Estado el 18 de febrero de 1835, como un ardid para que sus aduladores llegaran a extremos serviles para rogarle que siguiera en el poder. Su plan fue el siguiente: poco antes de las elecciones se retiró a disfrutar de unas vacaciones en Escuintla dejando encargado del gobierno al comerciante Juan Antonio Martínez, y desde allí manejó los hilos de la situación, pues contaba con gran apoyo entre la sociedad de la Ciudad de Guatemala pues era muy localista y defendía los intereses de Guatemala ante el resto de Centroamérica, al que los guatemaltecos llamaban despectivamente «guanacos«.Nota Y como Gálvez esperaba, su triunfo en las elecciones de la Asamblea fue rotundo.11
Los diputados que le eran parciales, se regocijaron por el triunfo y a Escuintla, en donde se movía toda la intriga del doctor Gálvez, llegó la notificación de que había sido electo nuevamente como Jefe de Estado. Y aquí fue donde Gálvez quiso hacerse el indispensable, enviando la siguiente respuesta:11
«Escuintla, 18 de febrero de 1835.
A los ciudadanos diputados y secretarios de la Asamblea. Tuve el honor de recibir la comunicación de ustedes, datada el 9 del corriente, acompañándome el decreto de la misma fecha, que menciona la elección de primero y segundo jefe del Estado. En mi mensaje dirigido a la Asamblea en la apertura de sus sesiones yo he manisfestado mi reconocimiento por lo honra de la reelección para primer jefe, así como la decisión que tenía y que tengo de retirarme a la vida privada; ahora reitero esto mismo, porque así entiendo que está en los intereses públicos. La ley no me obliga a servir en un segundo período, y la voz de mi conciencia me habla en este concepto. Debo seguirla, y esto decido a pesar de mis deseos de oir la de los patriotas que me exigen la continuación de mi gobierno. Tengan ustedes ciudadanos secretarios, la dignación de poner esta mi respuesta en el alto conocimiento de la Asamblea, que no dudo servirá admitir la renuncia que hago de la primera magistratura del Estado. Yo ofrezco a ustedes mis respetos y la perfecta consideración con que soy de ustedes atento servidor.
El jefe de Estado sabía de antemano que los diputados -a quienes controlaba- no le iban a aceptar la renuncia, y así fue. Los diputados unánimamente pidieron al doctor Gálvez que continuara en el poder y «que se sacrificara en aras de la patria ante la voluntad manifiesta de los pueblos«. Y aquí la situación se puso más teatral: Gálvez se dió el lujo de rechazar la elección dos veces más, encantando de que los diputados le rogaran y suplicaran que siguiera al frente del gobierno enviándole correos hasta Escuintla, en donde seguía de vacaciones. Y llegó al colmo de intentar darle largas al asunto, viajando a Amatitlán y luego a Antigua Guatemala, pero debía tomar posesión el 25 de marzo de 1835 y allí terminó el teatro.11
Gálvez estaba muy lejos de imaginar que su segundo gobierno sería un completo desastre y que tres años después, en lugar de que le rogaran que siguiera en el gobierno, tendría que salir huyendo del país, odiado y despreciado tanto por sus enemigos como por sus antiguos aliados y en medio de una sangrienta guerra civil.
Hernández de León, Federico (18 de febrero de 1926) «El capítulo de las efemérides: 18 de febrero de 1835 el Dr. Gálvez rechaza la Reelección». Guatemala: Nuestro Diario.
– (6 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 6 de febrero de 1834, las autoridades federales se trasladan a Sonsonate”. Guatemala: Nuestro Diario.
