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18 de febrero de 1835: el Dr. Mariano Gálvez rechaza la reelección al cargo de Jefe de Estado de Guatemala

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Escuintla en la época en que Gálvez estuvo allí de vacaciones mientras los diputados le rogaban que aceptara la reelección como Jefe de Estado.  Grabado de Frederick Caterwood.  En el recuadro: retrato del Dr. Mariano Gálvez.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En la historia de Guatemala, muy pocos han sido los gobernantes que no se han corrompido en el poder y han extendido, o intentado extender, su mandato presidencial.  Durante el gobierno de los conservadores pro-católicos el general Rafael Carrera fue declarado presidente vitalicio y durante los regímenes liberales anticlericales, solamente el general Manuel Lisandro Barillas entregó la presidencia a su sucedor, el también general José María Reina Barrios; todos los demás gobernantes murieron en el poder o fueron derrocados por revoluciones tras largos años de dictadura, siendo reelectos varias veces por “voluntad de los pueblos“.   Tras la época revolucionaria, que fue truncada por la revolución del Movimiento de Liberación Nacional, los gobernantes no corrieron mejor suerte: Carlos Castillo Armas murió en el poder, y el general Miguel Ydígoras Fuentes fue derrocado por un golpe de estado.  Finalmente, los militares establecieron un sistema por medio del cual, el ministro de la Defensa llegaba a la presidencia y, de esta forma, una camarilla se perpetuaba en el poder.  Esta sistema tambén fue eliminado por un golpe de estado en 1982, y luego cambiado por el sistema supuestamente democrático que impera en el siglo XXI, y en que, como diría un político de la época del presidente Carlos Herrera, “el presidente tiene menos poder que un alcalde de pueblo”.

En la Primera Época Liberal, conocida también como el “Gobierno de los 7 Años“, se destacó la figura del Dr. Mariano Gálvez, quien tomó acertadas medidas cuando fungió como Jefe de Estado entre 1831 y 1835.  Pero, a partir de ese momento, el poder hizo de las suyas y Gálvez empezó a tomar medidas que desembocaron en una terrible guerra civil en que los campesinos católicos se alzaron contra el gobierno antlicerical y terminaron por derrocarlo en 1838.  Y la primera medida equivocada que tomó Gálvez fue la de fingir que no aceptaba su reelección como Jefe de Estado el 18 de febrero de 1835, como un ardid para que sus aduladores llegaran a extremos serviles para rogarle que siguiera en el poder.

Su plan fue el siguiente: poco antes de las elecciones se retiró a disfrutar de unas vacaciones en Escuintla dejando encargado del gobierno al comerciante Juan Antonio Martínez, y desde allí manejó los hilos de la situación, pues contaba con gran apoyo entre la sociedad de la Ciudad de Guatemala pues era muy localista y defendía los intereses de Guatemala ante el resto de Centroamérica, al que los guatemaltecos llamaban despectivamente “guanacos“.  (Esto quedó demostrado cuando forzó a las autoridades federales a dejar la Ciudad de Guatemala y trasladarse a Sonsonate en 1834).  Y como Gálvez esperaba, su triunfo en las elecciones de la Asamblea fue rotundo.

Los diputados que le eran parciales, se regocijaron por el triunfo y a Escuintla, en donde se movía toda la intriga del doctor Gálvez, llegó la notificación de que había sido electo nuevamente como Jefe de Estado.  Y aquí fue donde Gálvez quiso hacerse el indispensable, enviando la siguiente respuesta:

“Escuintla, 18 de febrero de 1835.

A los ciudadanos diputados y secretarios de la Asamblea.  Tuve el honor de recibir la comunicación de ustedes, datada el 9 del corriente, acompañándome el decreto de la misma fecha, que menciona la elección de primero y segundo jefe del Estado.  En mi mensaje dirigido a la Asamblea en la apertura de sus sesiones yo he manisfestado mi reconocimiento por lo honra de la reelección para primer jefe, así como la decisión que tenía y que tengo de retirarme a la vida privada; ahora reitero esto mismo, porque así entiendo que está en los intereses públicos. La ley no me obliga a servir en un segundo período, y la voz de mi conciencia me habla en este concepto.  Debo seguirla, y esto decido a pesar de mis deseos de oir la de los patriotas que me exigen la continuación de mi gobierno. Tengan ustedes ciudadanos secretarios, la dignación de poner esta mi respuesta en el alto conocimiento de la Asamblea, que no dudo servirá admitir la renuncia que hago de la primera magistratura del Estado.  Yo ofrezco a ustedes mis respetos y la perfecta consideración con que soy de ustedes atento servidor.

Mariano Gálvez”

El jefe de Estado sabía de antemano que los diputados, a quienes controlaba no le iban a aceptar la renuncia, y así fue.  Los diputados unánimamente pidieron al doctor Gálvez que continuara en el poder y “que se sacrificara en aras de la patria ante la voluntad manifiesta de los pueblos“.  Y aquí la situación se puso más teatral:  Gálvez se dió el lujo de rechazar la elección dos veces más, encantando de que los diputados le rogaran y suplicaran que siguiera al frente del gobierno enviándole correos hasta Escuintla, en donde seguía de vacaciones.  Y llegó al colmo de intentar darle largas al asunto, viajando a Amatitlán y luego a Antigua Guatemala, pero debía tomar posesión el 25 de marzo de 1835 y allí terminó el teatro.

¡Qué lejos estaba Gálvez de imaginar que su segundo gobierno sería un completo desastre y que tres años después, en lugar de que le rogaran que siguiera en el gobierno, tendría que salir huyendo del país, odiado y despreciado por sus enemigos y sus antiguos aliados en medio de una sangrienta guerra civil!

BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (18 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 18 de febrero de 1835 el Dr. Gálvez rechaza la Reelección”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

17 de noviembre de 1917: con un sismo que destruye el poblado de Amatitlán se inicia el enjambre sísmico que culmina con los terremotos de 1917-18

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Imágenes de edificios destruidos en la Ciudad de Guatemala tras los terremotos de 1917-18.  Tomadas de Wikimedia Commons.

Los pobladores de la Nueva Guatemala de la Asunción vivieron durante casi ciento cuarenta años con la falsa creencia de que el valle en donde se asentaba la capital del país era inmune a terremotos cataclísmicos como los que asolaron a la ciudad de Santiago de los Caballeros.  Esta creencia errada hizo que muchos edificios y casas se construyeran sin protección sísmica, incluyendo muchas de las edificaciones que hizo el gobierno del general José María Reina Barrios entre 1892 y 1898. Aunque sí se habían sentido fuertes temblores en la ciudad, como el 23 de abril de 1830 o el que destruyó a Quetzaltenango en 1902, no hubo mayores daños en la ciudad y eso reforzó la creencia de que la construcción con refuerzo antisísmico no era necesaria en la ciudad.

En 1916 un enjambre sísmico se desató en la ciudad, y aunque al principio causó alarma entre la población, lo continuo de los temblores hizo que los habitantes se acostumbraran a los mismos.   Y así, cuando un nuevo enjambre sísmico empezó el 17 de noviembre de 1917 con su epicentro en el área del lago de Amatitlán, los habitantes de la ciudad no se preocuparon demasiado al respecto, a pesar de que gran parte del poblado de Amatitlán se derrumbó y se produjeron entre diez a treinta temblores diarios.

Fue el día de Navidad de 1917 que la historia de la ciudad cambió: se produjo el primero de los cataclísmicos terremotos conocidos como “de 1917-18”, los cuales se extendieron hasta mayo de 1918 y derrumbaron a la mayoría de edificios públicos y religiosos, así como una gran cantidad de residencias.  Aquel fue el final de la “Tacita de Plata” (que era como se le conocía a la ciudad en ese entonces) y el inicio de los problemas urbanísticos de que adolece la capital guatemalteca.

BIBLIOGRAFIA:

8 de noviembre de 1851: la Asamblea constituyente emite un decreto sobre asuntos de los indígenas

8noviembre1851
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.

A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.

Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos.  La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.

Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.

(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.

La asamblea constituyente de la república de Guatemala.

Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:

Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:

  1. En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
  2. En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
  3. Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido.  (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
  4. Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
  5. Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
  6. Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
  7. Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
  8. Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.

Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.

(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).

Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.

BIBLIOGRAFIA:

28 de agosto de 1871: solicitan la expulsion de los Jesuitas de toda la República

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Vista general de Quetzaltenango en 1896.  En esta ciudad fue en donde se exigió inicialmente la expulsión de los jesuitas. Imagen publicada por “La Ilustración Guatemalteca“

Tras la Reforma Liberal de 1871 aparecieron numerosos clubes liberales en favor de una reforma radical y rápida, entre los que sobresalían los de la Ciudad de Guatemala y los de Amatitlán. Estos clubes, que se autodenominaban “Junta Patriótica”, eran imitaciones de los iniciados durante el movimiento de la independencia en la década de 1810, aunque las juntas de 1871 eran anticlericales y, de acuerdo a algunos historiadores, dominadas por los masones. Entre los miembros de la junta de la capital se contaban figuras políticas como las de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, quienes luego desmempeñarían papeles politicos prominentes después de que J. Rufino Barrios llegara a la presidencia en 1873. Rosa, por su parte, alcanzó gran notoriedad a través de sus escritos anticlericales. De hecho, todos los miembros de estos grupos eran figuras políticas sobresalientes en la comunidad y ardientes partidarios de Barrios,  que opinaban que con el liderazgo moderado de Miguel García Granados no podría llegarse a la reforma radical que exigían.

Cuando la Junta de Quetzaltenango empezó a exigir la expulsión de los jesuitas de su localidad, algunos escritores respaldaron la expulsión de la compañía de toda la república; por ejemplo, el 28 de agosto de 1871 Inés Ramírez, uno de los miembros de las juntas, acusó a la Compañía de Jesús de acoger “miembros hipócritas, vanidosos, orgullosos y fanáticos empeñados en impedir el progreso y en matener al mundo entero en la ignorancia”. La demanda de Ramírez seguía la de la Junta Patriótica en la capital, la cual había hecho circular un escrito en el que enfatizaba el hecho de que la demanda de expulsión de la república “no implicaba que se considerara un destino similar para las otras sociedades religiosas”; de hecho, la Junta “encontraba mucho que alabar en estas últimas, ya que a través de sus enseñanzas de principios morales ayudaban significativamente a la civilización del pueblo”.

Las Juntas consideraban, que los jesuitas “ponían en peligro la estabilidad política a causa de su riqueza, porque pervertían la inteligencia de la juventud; oprimían al clero religioso nacional, cuya misión evangélica era la caridad y la paz, y desviaban a través del fanatismo a los elementos más débiles e inocentes de la sociedad, a quienes los jesuitas habían convencido que religión y jesuita tenían el mismo significado”.  Se llegó a decir que esta acción había sido reconocida en todos los países civilizados y aun por el Papa Clemente XIV y se urgía a los superiores religiosos a “apaciguar las mentes perturbadas de los ciudadanos quienes habían sido agitados por los jesuitas para evitar su exilio”.

Como quedó demostrado apenas un año más tarde, lo que a las Juntas les interesaba no era el bienestar de los ciudadanos y evitar el fanatismo, sino salir del más incómodo de sus rivales: las órdenes regulares de la Iglesia Católica, por ser ellos los propietarios de las mejores haciendas, trapiches e ingenious de la República.  Los jesuitas fueron los primeros en ser expulsados, seguidos de las demás órdenes en 1872.  Acto seguido, los liberales fueron tras las propiedades comunales de los indígenas, a quienes les despojaron de éstas por medio de hábiles ardides legales en los que hizo una subasta de los ejidos y tierras comunales y no se le permitió ofertar a las comunidades indígenas.  De esta forma, surgieron los grandes latifundios cafetaleros y ganaderos que caracterizaron a la economía guatemalteca del período liberal.

BIBLIOGRAFIA:

 

28 de marzo de 1680: la Corona Española despacha cédula mandando fundar villas en los poblados de Amatitlán, Petapa y Escuintla en donde se habían avecindado muchos españoles y mulatos que no respetaban a las autoridades indígenas locales

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Fotografías de Amatitlán en 1900, mostrando vistas del Lago y del puente construido por los frailes dominicos en el siglo XVII, cuando el poblado fue elevado a la categoría de Villa. Fotografías de Hamilton. M. Weight.

El 6 de abril de 1675 el gobernador del Reino de Guatemala Fernando Francisco de Escobedo envió una carta al rey de España informándole que en los poblados de Amatitlán, Petapa y Escuintla se habían avecindado muchos españoles, mulatos y otras castas son cuales vivían sin autoridad alguna, porque como las autoridades locales eran indígenas no las respetaban ni obedecían. De aquí que cometían muchos delitos y cada día había quejas al respecto en la Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Real Audiencia.

Escobedo recomendaba que esos poblados fueran entonces convertidos en villas para que se establecieran autoridades españolas que controlaran la situación. Por despacho del 29 de febrero de 1676 el rey solicitó al gobernador que justificara los motivos de su solicitud, por lo que este recabó toda la información que pudo y la remitió el 16 de mayo de 1678.

Cuando el Supremo Consejo de Indias revisó la información enviada por Escobedo, el rey despachó una cédula el 28 de marzo de 1680 ordenando a la Real Audiencia para que fundaran Villas en los pueblos mencionados.

El Cabildo criollo, que no había participado en la solicitud de Escobedo, envió a su Produrador Síndico General como su representante ante la Real Audiencia y solicitó al rey que se suspendiera la creación de las villas, pues estas quedarían fuera de la jurisdicción del Cabildo de la ciudad. Los documentos presentados llevaban las firmas de los principals criollos capitalinos pero tras evaluarlos, la Real Audiencia determinó el 29 de marzo y el 24 de abril de 1681 que se ejecutara la real cédula que ordenaba se fundaran las villas solicitadas por Escobedo.

En 1682 llegó al Reino el licenciado Juan Miguel de Augurio y Alaba, como Visitador General, y como tal, el 10 de febrero de ese año ordenó que se delimitara cada una de las villas. Comisionó al licenciado Diego Ibañez de Faria para que realizara las mediciones y las entregara a la Real Audiencia, la cual las revisó y decidió formar el Corregimiento de los pueblos de San Juan Amatitlán, San Miguel Petapa y Santa Inés.

El nuevo Corregimiento colindaba con los Guazacapam y Acasaguastlán, y con los pueblos de San Cristóbal Amatitlán y Mixco. El primer Corregidor de Petapa y Amatitlán fue el señor Juan de Peralta Cisneros, nombrado el 9 de mayo de 1682.

BIBLIOGRAFIA:

9 de octubre de 1762: el diluvio de San Dionisio destruye la zona sur de Guatemala y de El Salvador, en especial el antiguo poblado de Petapa

15junio1524
Retrato del arzobispo Pedro Cortés y Larraz, quien dirigió la arquidiócesis de Guatemala entre 1768 y 1778.  Encontró al clero secular a su cargo en total abandono y se dedicó a recorrer a su arquidiócesis para conocerla por completo dejando para la posteridad un documento muy completo de la Guatemala colonial. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El arzobispo Pedro Cortés y Larraz llegó a su nueva arquidiócesis en 1768 y desde el principio se preocupó por recorrerla en su totalidad para ver el estado en que se encontraba luego de que los frailes de las órdenes regulares entregaron las doctrinas al clero secular a su cargo.  De Villa Nueva, llamada entonces “Villa de la Concepción”, explicó que originalmente “estaba en la parroquia de San Miguel Petapa, ubicada a 1.5 leguas de distancia de la cabecera parroquial, con doscientas dieciocho familias que hacían un total de seiscientas un personas. Este pueblo de Petapa era hermoso, comerciante, numeroso y rico; componíase su vecindario de españoles, indios y ladinos; estaba situado al margen del río llamado de Petapa, no caudaloso, aunque de bastante agua, que corre de norte a sur y que a una legua corta muere en la laguna de Amatitlán, que en los días 9, 10 y 11 de octubre tuvo una avenida furiosa que inundó y destruyó al poblado.

Esto obligó a una mudanza en la que los indios y ladinos que hacían un pueblo formaron dos. Uno es el nuevo Petapa y es el de los indios, y otro la Villa de la Concepción y es el de los ladinos, quedando en el pueblo arruinado los vecinos y pocas personas. El idioma materno de los indios y el que regularmente hablan es el pokoman.”

La “avenida furiosa” que menciona el arzobispo Cortés y Larraz ocurrió el 9 de octubre, día que la Iglesia Católica celebra a San Dionisio de París, por lo que se conoció como “el diluvio de San Dionisio” y el cual seguramente fue un huracán o tormenta tropical de consideración. Por su parte, aquel pueblo arruinado de Petapa, estaba situado en donde actualmente se encuentra la cabecera del municipio de Villa Canales, mientras que la Villa Nueva de la Concepción es la que conoce actualmente simplemente como Villa Nueva.

BIBLIOGRAFIA:

18 de julio de 1949: asesinato del coronel Francisco Javier Arana en el Puente “La Gloria” en Amatitlán, punto de inflexión en los gobiernos revolucionarios

18julio1949
Vistas de Amatitlán a principios del siglo XX.  En la primera imagen se observa el Puente “La Gloria”, que es donde asesinaron el coronel Arana en 1949.  Fotografía de Hamilton M. Weight.

La muerte del coronel Francisco Javier Arana, entonces Jefe de las Fuerzas Armadas de Guatemala, fue el hecho que marcó un antes y un después en los gobiernos revolucionarios ya que a partir de ese momento se consolidó la candidatura presidencial del coronel Jacobo Arbenz Guzman, entonces Ministro de la Defensa Nacional del gobierno del doctor Juan José Arévalo.

De acuerdo al historiador Piero Gleijeses, el viernes 15 de julio de 1949, el coronel Francisco Javier Arana había presentado un ultimatum al presidente Juan José Arévalo: sustituir a todos sus ministros por colaboradores de Arana antes del 18 de julio a las diez de la noche, lo que constituía en golpe de estado técnico. Cuando el plazo estaba por vencerse, el lunes 18 de julio por la mañana, el coronel Arana se presentó en el palacio presidencial seguro del triunfo de su golpe de estado y le dijo a Arévalo en tono insolente y sarcástico que iba a El Morlón, la residencia presidencial a orillas del Lago de Amatitlán, para confiscar un lote de armas que Arévalo había escondido allí luego de que las autoridades mexicanas las confiscaran a un grupo de exiliados dominicanos a quienes el gobierno guatemalteco se las había regalado para derrocar al generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. Las armas habían sido sustraídas de la base militar del Puerto de San José y ahora iba a confiscarlas en la residencia presidencial. Esto puso sobre aviso a Arévalo, quien supo en donde iba a encontrarse Arana y puso en marcha el plan que tenía para sacarlo al exilio y que habían urdido con sus colaboradores y su ministro de la Defensa, coronel Jacobo Árbenz Guzman.

Hábilmente, Arévalo le sugirió a Arana que se llevara al coronel Felipe Antonio Girón (jefe de la guardia presidencial) lo que confirmó a Arana de su aparente triunfo y de que Arévalo y Árbenz jamás se atreverían a enfrentase con él.  Pero cuando salió Arana, Arévalo llamó a Árbenz a su despacho y le ordenó que se hiciera cargo de la situación.  Por esta razón, el Ministro de la Defensa envió a varios hombres armados, quienes salieron desde la capital en dos carros e iban bajo las órdenes del jefe de la policía, teniente coronel Enrique Blanco y por el diputador del PAR Alfonso Martínez, un oficial retirado y amigo de Árbenz.

Cuando Arana llegó al puente de La Gloria en Amatitlán, un Dodge gris estaba parado allí obstruyéndole el paso. Y después de una corta balacera quedaron tres fallecidos: Arana, su asistente el mayor Absalón Peralta y el teniente coronel Blanco. Los testigos presenciales nunca confirmaron cual fue el detonante de los disparos y si la intención había sido capturar a Arana como estaba previsto.

Al conocerse la noticia de su muerte, la Guardia de Honor (que era leal al fallecido Jefe de las Fuerzas Armadas) se alzó en armas y se iniciaron Fuertes combates en la ciudad, que tardaron veinticuatro horas. Por in momento pareció que los aranistas iban a triunfar aquél 18 de julio, pero no lograron su objetivo porque carecían de un líder que los dirigiera contra las escasas fuerzas leales al presidente que estaban dirigidas por Árbenz, quien demostró mucha sangre fría y habilidad militar.   Por cierto, que el coronel Carlos Castillo Armas, uno de los principales colaboradores de Arana, estaba en Mazatenango observando las elecciones para el Consejo Superior de la Defensa (entidad que iba a proponer al sustituo de Arana cuando éste renunciara a la jefatura de las Fuerzas Armadas para participar en las elecciones presidenciales) y no regresó a la capital a tiempo.

Los leales al gobierno sitiaron la Guardia de Honor, que también fue atacada por la Fuerza Aérea, pero con bombas obsoletas que muchas veces no estallaron hasta que dicho cuartel finalmente se rindió.  La lucha se dio por concluida con un saldo de ciento cincuenta muertos y más de doscientos heridos.

La versión oficial (propuesta por Arévalo e impuesta por éste a sus ministros, incluyendo a Árbenz) era que los miembros reaccionarios de la sociedad guatemalteca habían sido los culpables de la muerte del coronel Arana, algo que muchos guatemaltecos vieron con incredulidad desde el principio, pues se sabía que Martínez estaba herido y que éste era incondicional de Árbenz. A partir de ese momento, se originaron los rumores de un complot par asesinar al coronel Arana, los cuales han persisitido hasta la actualidad y que inculpan directamente a Árbenz de ser el responsable de la muerte de un rival que habría estado robándole protagonismo. Y también se ha especulado que Arévalo dio esta orden para traspasar toda la culpa a Árbenz de la muerte del coronel Arana.

BIBLIOGRAFIA:

  • Arévalo Bermejo, Juan José (1998). Despacho Presidencial. Obra póstuma. Tipografía Oscar de León Palacios, Guatemala.<
  • Barnoya García, J. (1979). Historia de la Huelga. Editorial Calabaza, Guatemala.
  • Cardoza y Aragón, Luis (1994) [1955]. La Revolución Guatemalteca (2a. edición). México: Talleres de Ediciones Don Quijote.
  • Gleijeses, Piero (s.f.). «The Death of Francisco Arana: a turning point in the Guatemalan Revolution». Journal of Latin American Studies (en inglés) (Inglaterra) 22: 527-552.
  • Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.

 

 

8 de mayo de 1866: el gobierno del mariscal Vicente Cerna y Cerna eleva al rango de departamento a los distritos de San Marcos, Huehuetenango, Petén, Izabal y Amatitlán

8mayo1866
Lago de Amatitlán en 1892, publicado por Guatemala Ilustrada.  En el recuadro: retrato del mariscal Vicente Cerna.

La formación de los departamento de Guatemala ha obedecido principalmente a cuestiones administrativas, lo que en un principio se hizo siguiendo la división administrativa los curatos que las órdenes regulares habían establecido para impartir la doctrina cristiana a los indígenas locales; tras la Independencia de 1821, las autoridades criollas utilizaron los curatos para agrupar a las poblaciones y cuando éstas aumentaron en número de habitantes poco a poco fueron estableciendo nuevos departamentos.1

Tras la muerte del general Rafael Carrera el 14 de abril de 1865, su sucesor y antiguo compañero de armas, el mariscal Vicente Cerna, lo sustituyó en la presidencia de la República tras ser electo para el efecto por la Cámara de Representantes el 3 de mayo de ese mismo año.  El 8 de abril de 1866, Cerna dispuso salir a realizar un recorrido por el occidente del país, pidiéndole a los pobladores que le indicaran cuales eran los problemas que los aquejaban.2 En todos lados fue recibido muy bien por las autoridades civiles y eclesiásticas, quienes lo agasajaron con banquetes, fiestas y celebraciones religiosas.3 Ante las necesidades expuestas ante él durante su visita, Cerna dispuso elevar a categoría de departamentos a varios de los distritos de la República.  Todos, excepto Amatitlán, eran todavía distritos dependientes de otros departamentos debido a su lejanía de la capital de Guatemala:  San Marcos y Huehuetenango por ser fronterizos con México al occidente, y Petén e Izabal por lo inhóspito de su territorio.1

El decreto por el cual se constituyeron en departamentos estos territorios dice textualmente:

Palacio de Gobierno
Guatemala 8 de mayo de 1866,

Habiendo tomado en consideración la solicitud hecha por la municipalidad de San Marcos, para que el distrito de este nombre fuese elevado al rango de departamento: atendiendo a que el nombre de distrito que llevan hasta el día de hoy algunas divisiones territoriales de la república, la que tuvo su origen en un sistema que ya no existe; y

Considerando así mismo, que el régimen político militar, judicial y económico es actualmente uniforme en la república.

El Presidente

En uso de las facultades que le da el decreto del 9 de septiembre de 1839, tiene a bien acordar:

Que los territorios de San Marcos, Huehuetenango, Petén, Izabal y Amatitlán, que han conservado la denominación de distritos, se les dé en lo sucesivo la de departamento, debiendo en consecuencia sus autoridades tomar las mismas denominaciones que usan las de los otros departamentos de la república, sin que ninguno de ellos conserve dependencia de otro en su régimen político y administrativo.

Comuníquese a quien corresponda y publíquese en la Gaceta Oficial.

Cerna4

BIBLIOGRAFIA:

21 de marzo de 1847: el gobierno del capitán general Rafael Carrera funda la República de Guatemala

21marzo1847

Primera página del Decreto de Gobierno del 21 de marzo de 1847, la verdadera firma del general Rafael Carrera (a quien los criollos liberales acusaban falsamente de analfabeto y que firmaba como “Racararraca”) y el mapa original de la República de Guatemala.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Luego de más de veinticinco años de guerra civil, la Federación Centroamericana estaba prácticamente disuelta.  En Guatemala se había impuesto el régimen del capitán general Rafael Carrera, quien a sangre y fuego se impuso a los criollos liberales del país y los aplastó cuando quisieron formar su propio estado en Los Altos en 1838.

Cuando se hizo evidente que Guatemala necesitaba constituirse como República para establecer relaciones comerciales con el resto del mundo, Carrera estableció la República el 21 de marzo de 1847. Con el fuerte apoyo de la Corona Británica el régimen conservador se consolidó y se convirtió en un refugio para los miembros del clero regular que habían sido expulsado de muchos países latinoamericanos por los criollos liberales de esos países, ya que dicho clero había sido la clase social económicamente más poderosa durante la época colonial.

El régimen de Carrera se mantuvo hasta la muerte del caudillo, ocurrida el 14 de abril de 1865 aunque los conservadores se mantuvieron en el poder hasta el 30 de junio de 1871, cuando los criollos liberales liderados por J. Rufino Barrios y Miguel García Granados vencieron al ejército del presidente, el mariscal Vicente Cerna, con apenas un puñado de insurrectos pero con modernas armas proveídas por el gobierno mexicano de Benito Juárez.

BIBLIOGRAFIA: