28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

8 de noviembre de 1851: la Asamblea constituyente emite un decreto sobre asuntos de los indígenas

8noviembre1851
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.

A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.

Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos.  La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.

Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.

(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.

La asamblea constituyente de la república de Guatemala.

Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:

Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:

  1. En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
  2. En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
  3. Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido.  (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
  4. Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
  5. Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
  6. Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
  7. Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
  8. Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.

Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.

(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).

Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.


BIBLIOGRAFIA:


6 de julio de 1853: el general Vicente Cerna aplasta a los invasores liberales hondureños y guatemaltecos que habían invadido el departamento de Chiquimula bajo las ordenes de Trinidad Cabañas

6julio1853

Tras el retorno del capitán general Rafael Carrera de su breve exilio en México, los criollos liberales guatemaltecos huyeron a Honduras y El Salvador desde donde intentaron retomar el poder.  Incluso después de la derrota aplastante que sufrieron en la Batalla de La Arada en 1851 insistieron, y así en 1853 el departamento de Chiquimula fue invadido por algunos liberales guatemaltecos y por el ejército hondureño comandado por el presidente de Honduras, Trinidad Cabañas.  (En ese tiempo, el ministro plenipotenciario de Honduras ante el gobierno de los Estados Unidos era el líder criollo liberal guatemalteco José Francisco Barrundia).

Al enterarse, el presidente Carrera dio una proclama con el fin de levantar el espíritu popular y el 6 de julio firmo un decreto en el que llama a las armas a todos los habitantes de la República, junto con su Ministro Pedro de Aycinena.  El decreto dice así:

RAFAEL CARRERA

CAPITAN GENERAL DEL EJERCITO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ETC., ETC., ETC.

ATENDIENDO

A que el departamento de Chiquimula ha sido invadido por fuerzas del Gobierno de Honduras, bajo el mando del Presidente Cabañas y dirección de algunos emigrados facciosos de la República, con la mira de sujetarla y privarla de su independencia, satisfaciendo al mismo tiempo con saqueos y violencias sus resentimientos personales; y siendo de mi deber el mantener el sosiego, bienestar y seguridad de los pueblos, adoptando al efecto las medidas convenientes,

ORDENO Y MANDO:

  1. Todo habitante de la República, segun su condición y circunstancias, prestará al Gobierno sus servicios, tan luego como fuere requerido, por autoridad competente, a fin de repeler al enemigo exterior y mantener el orden interior.  Cualquiera negativa o resistencia al cumplimiento de este deber, dará lugar a que se imponga la pena que corresponda, segun la gravedad del caso, por la autoridad militar que ejercen en cada departamento los comandantes y jefes de las fuerzas, a quienes se encomienda el cumplimiento de estas disposiciones.
  2. Todo el que se uniere al enemigo, comunicare con él, o le prestare cualesquiera auxilios, será juzgado sumariamente conforme a ordenanza, y comprobándose el hecho, será pasado por las armas como traidor, siendo responsables los expresados comandantes de cualquier acto de tolerancia.
  3. Los tribunales, jueces, corregidores y demás agentes de la autoridad, reprimirán severamente con el mayor celo y actividad a los que se ocupen de esparcir papeles, falsos rumores, o cualquiera especie maliciosa; en el concepto de que también serán responsables de cualquier abandono, tolerancia o descuido en el particular.
  4. Desde esta fecha queda cortada toda comunicación con el Estado de Honduras, mientras exista su actual Gobierno y no se satisfaga a Guatemala por la ofensa que se le ha inferido.  En consecuencia, no se consentirá en adelante por las autoridades fronterizas, ni por otra alguna, que vayan o vengan pasajeros, ni se hagan introducciones o extracciones de efectos de comercio, y productos naturales; en el concepto de que transcurrido el término que el Gobierno fijará en una disposición separada, serán destruidos todos los frutos o efectos que se importen de Honduras, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de proceder a lo que haya lugar contra los contraventores.

Publíquese en la forma acostumbrada en esta capital, en las cabeceras de departamento, y en los pueblos fronterizos, a fin de que llegue a noticia de todos y no se alegue ignorancia.

Dado en el Palacio del Gobierno, en Guatemala, a 6 de julio de 1853.

  • Rafael Carrera
  • El Ministro de lo interior, encargado del despacho de la guerra, Pedro de Aycinena

Ese mismo día el entonces general Vicente Cerna atacó las fuerzas invasoras a las 8 de la mañana  y tras dos horas y media de fieros combates en los que se llego al uso de las bayonetas, se impuso a Cabañas, quien tuvo que retirarse y pedir a los gobiernos de El Salvador y Nicaragua para que mediaran en el asunto.

Como dice el ideólogo liberal Lorenzo Montúfar en el volúmen 5 de su “Reseña Histórica de Centro-América”: “Varios encuentros entre las tropas de Carrera y Cabañas fueron siempre funestos para este Jefe.  El General Cabañas, siempre liberal, siempre intrépido y valiente, no tuvo la calma que era indispensable para no exponer en aquellas circunstancias a su patria y a su partido. En mejores días la causa liberal defendida por él habría podido triunfar; en aquellos momomentos Cabañas era preciso que sucumbiera”.


BIBLIOGRAFIA:


2 de junio de 1897: las municipalidades responden al telegrama enviado por el general presidente José María Reina Barrios en el que comunica que ha asumido poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados

2junio1897
Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897.  Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico

La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas.  Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.

La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:

Telegrama del general presidente

A todas las autoridades departamentales y locales de la República

Guatemala, 1°. de junio de 1897

Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria. 

Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.

Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.

Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.

La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.

Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales.  No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.

Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.

[…]

Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.

José María Reina Barrios

Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismo, mientras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.

El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:

Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos  y sus naturales consecuencias.  Adrián F. Caballeros.

Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:

San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales

Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación.  José León Castillo. 


BIBLIOGRAFIA:


24 de mayo de 1869: el Mariscal Vicente Cerna inaugura su segundo período presidencial

24mayo1869
Iglesia del Cerrito del Carmen hacia principios del siglo XX.  El área seguía muy similar a la época en que Cerna juró para su segundo período presidencial.  Fotografía de Juan José de Jesús Yas.

Cuando el general Rafael Carrera fue nombrado presidente vitalicio en 1854, tuvo la prerrogativa de elegir a su sucesor, y Carrera eligió al Mariscal Vicente Cerna con quien había sido compañero de armas desde su época de guerrillero.

Tras la muerte de Carrera en 1865, el primer período del Mariscal Cerna había sido una continuación del gobierno del extinto presidente vitalicio, pero las circunstancias imperantes exigían un nuevo gobernante, ya que Cerna era muy honrado y muy moralista, pero no tenia la capacidad suficiente para enfrentarse a los criollos liberales.  Llegado el momento de convocar a elecciones, los miembros de la Cámara de Representantes (como se le llamaba al Congreso de la República en aquellos años) tenían la opción de elegir al Mariscal José Víctor Zavala, quien también había sido correligionario de Carrera, pero quien además había estudiado en la Universidad y en el extranjero y había retornado de Nicaragua cubierto de gloria tras vencer al filibustero William Walker.

Pero el 17 de enero de 1859, luego de asistir a una misa para recibir la “inspiración del Espíritu Santo“, los diputados votaron y eligieron al Mariscal Cerna con 31 votos, contra 21 que recibió Zavala. Sin quererlo, habían dado la estocada final al régimen conservador en Guatemala.

La ceremonia de juramentación se llevó a cabo el 24 de mayo en la sede la Cámara de Representantes, cuyo presidente era el señor Juan Matheu, un ciudadano español radicado en Guatemala y quien había estado en el puesto desde la época del general Carrera. Además de los diputados, estaban los miembros del Consejo de Estado, la Corte de Justicia, el Ayuntamiento, el Claustro de la Universidad, y el Consulado de Comercio.  Y también estaban las autoridades eclesiásticas, principiando por el arzobispo metropolitano, y su corte que incluía a los estudiantes del Seminario, y  los colegios de Infantes y Clerical; y los frailes de las órdenes regulares. Por su parte, Cerna hizo su ingreso al recinto acompañado del Corregidor del departamento, del Mayor General del Ejército y de los miembros de su Estado Mayor.

De acuerdo a lo indicado por la constitución vigente en la época, el arzobispo tomó el juramento al presidente y luego de los discursos de ley, salieron en comitiva hacia la Catedral en donde se celebró un Te Deum con motivo del magno acontecimiento.

Aquella sería la última gran celebración de los conservadores guatemaltecos, ya que un poco más de dos años después, Cerna caía derrotado por la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871 y se tenía que ir huyendo del país en lomo de mula y con solamente veinte pesos en el bolsillo.


BIBLIOGRAFIA:


26 de noviembre de 1831: el gobierno del Estado de Guatemala declara que las poblaciones de la costa del norte formaran el distrito de Livingston en el departamento de Chiquimula

26noviembre1831
Edward Livingston, diplomático y politico estadounidense que escribió un código legislativo que los criollos liberales guatemaltecos pretendieron implementar con resultados desastrozos.  En su honor, el distrito ubicado en la desembocadura de Río Dulce fue nombrado “Livingston“.  Imagen de Library of Congress, Washington, D.C..

Durante la época colonial el comercio con la Península Ibérica se hacía desde el Puerto de Omoa, ubicado en la costa de la moderna Honduras.  El territorio que actualmente ocupa la República de Guatemala no tenía puertos comerciales de salida hacia el Océano Atlántico y eso fue algo que los gobiernos tardaron décadas en arreglar, debido a las constantes guerras que se sucedieron.  Al mismo tiempo, los ingleses aprovecharon ese abandono de la costa noreste de Guatemala para reforzar su posición en el asentamiento de Belice, que entonces se extendía desde Yucatán hasta el río del mismo nombre.

El 26 de noviembre de 1831 se produce el primer intento para establecer una ruta comercial en el norte de Guatemala y para ello se crea el distrito de Livingston en el departamento de Chiquimula de aquel entonces, y que sería eventualmente el departamento de Izabal.

Se reproduce a continuación el decreto de formación de dicho distrito:

El jefe del Estado de Guatemala con autorización del cuerpo legislativo, y con el objeto de arreglar, bajo el orden legal, las poblaciones establecidas, y que se establezcan en las costas del norte entre los límites del estado, decreta:

  1. Las poblaciones establecidas, y que se establezcan en las costas del norte de este estado, formarán un distrito del departamento de Chiquimula.
  2. Se erige en cabecera de este distrito la que ha levantado el ciudadano Marcos Monteros en la desembocadura del río que sale del golfo dulce.
  3. Y para que el distrito y su cabecera sean un monumento a la legislación y la libertad; para honrar la memoria del legislador patriota Americano, cuyo sistema penal se propone adoptar el Estado, y como anuncio de seguridad y protección, tendrán por nombre Livingston.

¡Qué lejos estaban los criollos liberales de imaginar que ese mismo sistema legislativo que intentaron imponer en el Estado sería el principio de su fin!  Edward Livinston fue un legislador estadounidense que escribió un código para el Estado de Luisiana, en los Estados Unidos (basado en el código de Napoleón), el cual fue traducido al español por el liberal José Francisco Barrundia y transformado en la ley del Estado de Guatemala pocos años después.  Pero tenia el problema de que era totalmente anticlerical, aprobando el divorcio, el matrimonio civil y estableciendo novedosos juicios de jurados para los que se habría necesita tener una población altamente educada.  No pasó mucho tiempo para que se iniciaran las revueltas contra el nuevo sistema judicial al que los curas párrocos (que tenían gran influencia entre los campesinos guatemaltecos) acusaron de herético.


BIBLIOGRAFIA:


5 de octubre de 1892: el gobierno del general presidente José María Reina Barrios acuerda cambiar el nombre del municipio de “Chingo” por el de “Jerez”

5octubre1892
 Mapa de Guatemala de 1887.  Obsérvese los volcanes y cadenas montañosas.  Jerez está localizada en la frontera con El Salvador (que en el mapa aparece como “San Salvador”) y al pie del volcán Chingo ( que en el mapa aparece como “V. Chonco”) en Jutiapa.  Mapa publicado en “Guatemala: Land of Quetzalen 1887.

El municipio de Chingo, localizado en Jutiapa y en la region fronteriza entre Guatemala y El Salvador, fue muy importante durante el gobierno liberal de J. Rufino Barrios.

El municipio se estableció formalmente poco después de la Independencia de Centroamérica en 1821, cuando la constitución del Estado de Guatemala promulgada el 11 de octubre de 1825 estableció los circuitos para la administración de justicia en el territorio del Estado y menciona que Chingo era parte del Circuito de Mita en el Distrito N.º 3 del mismo nombre en el departamento de Chiquimula, junto con Asunción, Achuapa, Agua Blanca, Quequesque, San Antonio, Anguiatú, Las Cañas, Limones, Mongoy, Espinal, Hermita, Jutiapa, Santa Catarina, Atescatempa, Yupiltepeque, Zapotitlán, Papaturro y San Diego.

Tras la Guerra Civil de 1838-1840 y el establecimiento definitivo del gobierno conservador de Rafael Carrera en 1844, la República de Guatemala fue fundada por Carrera el 21 de marzo de 1847 para que el hasta entonces Estado de Guatemala pudiera realizar intercambios comerciales libremente con naciones extranjeras. Poco después, el 25 de febrero de 1848 la región de Mita fue segregada de Chiquimula, convertida en departamento y dividida en tres distritos: Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa.​ Específicamente, el distrito de Jutiapa incluyó a Jutiapa como cabecera, Yupiltepeque, Asunción y Santa Catarina Mita y los valles aledaños que eran Suchitán, San Antonio, Achuapa, Atescatempa, Zapotitlán, Contepeque, Chingo, Quequesque, Limones y Tempisque; además, incluía a Comapa, Jalpatagua, Asulco, Conguaco y Moyuta.

En 1876 el gobierno conservador de José María Medina en Honduras se estaba desmoronando, principalmente con el escándalo de los empréstitos para la construcción del Ferrocarril Nacional de Honduras y el desaparecimiento de representantes de Honduras en el extranjero. Los liberales hondureños solicitaban cambios en la administración pública del Estado y el presidente guatemalteco, general J. Rufino Barrios aprovechó la oportunidad para establecer un régimen liberal en Honduras que fuera afín a sus intereses de Unión Centroamericana. Así pues, tras las elecciones en El Salvador en que resultó electo Andrés Valle, Barrios se reunió con éste en Chingo donde acordaron apoyar la invasión de Honduras para instalar al licenciado Marco Aurelio Soto como presidente de Honduras, quien hasta entonces había fungido como Ministro de Relaciones Exteriores y de Instrucción Pública en Guatemala.

Barrios y Valle se comprometieron a poner mil hombres para dicha causa, pero los hechos políticos se precipitaron en contra Valle, especialmente luego de que Barrios se diera cuenta de que su vice-presidente, el general Santiago Gonzalez, estaba dando asilo a los emigrantes guatemaltecos, enemigos de su gobierno. Tras la Junta de Santa Ana, en donde se reunieron alrededor de doscientos incipientes cafetaleros, terratenientes, comerciantes, políticos, militares y juristas salvadoreños, se acordó junto con el presidente guatemalteco elegir como presidente de El Salvador al doctor Rafael Zaldívar, quien apoyó el nombramiento de Soto como presidente hondureño.​

Algunos años después, cuando ya Barrios había derrocado a Soto en Honduras y estaba en pleno apogeo la campaña unionista en 1885, el cadete Adolfo V. Hall luchó en primera línea en El Coco y en la frontera con El Salvador, por lo que Barrios, necesitado de jefes y oficiales decididos que comandaran las tropas guatemaltecas, lo llamó y le dijo “¡Cadete: los galones que lleva en el brazo, páseselos a la manga!“, ascendiendo así a Hall al grado de Teniente Coronel del Ejército en Campaña.  El nuevo coronel redobló su coraje para el avance, pero fue alcanzado por una bala de cañón, que lo dejó horriblemente mutilado y confundido con los restos de sus compañeros de batallón.​ Las acciones posteriores, incluyendo la muerte del propio general Barrios, impidieron recuperar el cadáver del joven coronel de 19 años quien fue sepultado en alguna fosa común de la población de Chingo.

En 1892, la municipalidad de Chingo solicitó al gobierno del general José María Reina Barrios que se cambiara el nombre por el de “Jerez”; Reina Barrios, por cierto, había organizado la retirada de las fuerzas guatemaltecas tras la muerte del general J. Rufino Barrios en 1885.  He aquí el decreto autorizando la solicitud de cambio de nombre:

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 5 de octubre de 1892

Con presencia de la solicitud de la Municipalidad de Chingo, relative a que se cambie el nombre de “Chingo Abajo” por el de “Jerez”, y el de “Chingo Arriba” por el de Emeralda, y el de “Hueviapa” por el Miramar; el presidente Constitucional de la República tiene a bien acordar de conformidad.

Comuníquese.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Depacho de Gobernación y Justicia: Manuel Estrada C.” 


BIBLIOGRAFIA: