El proceso que llevó al general presidente Jorge Ubico a presentar su renuncia el 1 de julio de 1944 se inició justamente un mes antes, el 1 de junio, cuando el presidente incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, pero solo para aquellos que ganaban menos de 15 quetzales mensuales. Como esto dejaba fuera a los maestros, éstos reaccionaron con una serie de protestas pacíficas con el fin de ser beneficiados con ese aumento.
Por su parte, los estudiantes de las Escuelas Facultativas (que en ese entonces estaban separadas y eran dependientes del Ministerio de Instrucción Pública) también iniciaron marchas pacíficas para exigir la destitución de sus decanos, ya que éstos eran nombradas directamente por el presidente de la República. Ubico accedió a cambiar a los decanos, pero los sustitutos nombrados, no fueron del agrado de los estudiantes, quienes redoblaron sus protestas.
El gobierno reprimió las protestas y suspendió las garantías constitucionales, y ante esto, los organizadores de las protestas le enviaron la llamada “Carta de los 311” el 22 de junio, la que incluía trescientas once firmas, principalmente de jóvenes universitarios y ciudadanos conservadores que participaron en el derrocamiento del licenciado Manuel Estrada Cabrera. El documento (que incluye referencias a la Segunda Guerra Mundial y recriminaciones al presidente por haber hecho solamente obra física sin mejoras para la sociedad) fue escrito en la residencia del doctor Julio Bianchi y entre los firmantes estuvieron Eduardo Cáceres Lehnhoff, futuro vicepresidente de la República, los escritores Manuel Galich y Flavio Herrera, el futuro presidente Julio César Méndez Montenegro, el doctor Carlos Federico Mora y el periodista David Vela. Fueron los licenciados Federico Carbonell y Jorge A. Serrano (este último padre del presidente Jorge Serrano Elías) los encargados de llevar personalmente la carta al presidente.
El documento dice así:
Señor Presidente de la República:
Los suscritos ciudadanos guatemaltecos, en ejercicio del derecho garantizado por el artículo 22 de la Constitución de la República, nos dirigimos a usted con las muestras de nuestro mayor respeto y exponemos:
El día de hoy promulgó su gobierno el Decreto No. 3114, que restringe las garantías constitucionales. La parte considerativa de esta disposición consigna que elementos disociadores de tendencias nazi-fascistas perturban gravemente la paz de la República procurando obstaculizar al gobierno el mantenimiento del orden.
Es por todos conocida la génesis de ese decreto, y la propia Secretaría Presidencial, en un boletín dado a publicidad en la prensa, la funda en la acción de problemas de orden interno de la Universidad.
La opinión pública espontáneamente se ha solidarizado con las aspiraciones de los estudiantes en esta hora trágica en que la flor de la juventud de los países libres ofrendan sus vidas en defensa de los altos ideales de la humanidad y de la democracia, a cuya causa está afiliada nuestra patria.
Es por ello doloroso ver que el Primer Magistrado de la Nación, sin duda basado en informaciones inexactas, tendenciosas e interesadas, haya lanzado a la juventud el grave cargo de nazi-fascismo. La juventud, señor Presidente, jamás vibra al impulso de mezquinas tendencias y, por el contrario, interpreta y encarna los ideales más limpios y las más nobles aspiraciones. La de Guatemala no es en este caso una excepción.
Convencidos de la pureza de los ideales de la juventud universitaria guatemalteca, nos sentimos obligados, como ciudadanos conscientes, a solidarizarnos plenamente con sus legítimas aspiraciones.
Es así como, movidos tan sólo por nuestro fervoroso patriotismo, venimos a rogar la ilustrada atención de usted acerca de los apremios de la hora actual y del imperativo del deber, sentido por todos, de que el Gobierno se encauce hacia metas prometedoras que aseguren el derecho y satisfagan las legítimas aspiraciones de la familia guatemalteca.
El decreto de suspensión de garantías ha venido a crear una situación de intranquilidad y zozobra que agudiza la angustia de la hora en que vive la humanidad, en vez de asegurar la paz y el orden que pareció inspirarlo.
La restricción de garantías crea una situación de hecho, en la cual el pueblo carece de medios legales para manifestar sus justos anhelos y es susceptible de provocar consecuencias funestas que, como guatemaltecos conscientes, seríamos los primeros en deplorar. Ante un régimen de derecho, la ciudadanía actúa dentro de la legalidad. Una situación de hecho engendra, tarde o temprano, una reacción de violencia. Con toda hidalguía reconocemos que la actual administración presidida por usted ha hecho, en lo material, obra constructiva. Empero, su labor, como todo lo humano, no ha llegado a satisfacer muchas aspiraciones populares por falta de medios de libre expresión.
Alrededor de los gobernantes actúan y medran fuerzas burocráticas e intereses creados que se fortalecen con el transcurso de los años y que llevan al mandatario visiones falseadas de la realidad ambiente. Por esta razón debe desconfiarse siempre de las “adhesiones” que, nacidas del temor o del interés, llegan hasta el gobernante a través del mecanismo oficial, las cuales jamás presentan el auténtico “sentimiento popular”. Seguramente corresponderá a usted aquilatar muy pronto el valor de tales “adhesiones”, a diferencia de la genuina sinceridad que nos anima.
Guatemala no puede substraerse a los imperativos democráticos de la época. Es imposible frustrar con medidas coercitivas los incontenibles impulsos de la generosa ideología que está reafirmándose en la conciencia universal a través de la más sangrienta de las luchas libradas entre la opresión y la libertad.
Estamos seguros, señor Presidente, de que su espíritu comprensivo acogerá la presente gestión con el mismo interés patriótico que nos mueve a dirigírsela. Confiados en él, pedimos lo siguiente:
- El restablecimiento de las garantías suspendidas, para que el pueblo pueda gozar, sin demora, de la plenitud de sus derechos constitucionales; y
- Dictar las disposiciones pertinentes a fin de que tales garantías tengan plena efectividad.
Guatemala, 22 de junio de 1944
Las respuesta del gobierno no fue positiva. Inicialmente había mandado a llamar a un grupo de representantes de los 311 para negociar una salida pacífica al problema de las protestas, pero no se llegó a ningun acuerdo, pues los ciudadanos quería la restitución de las garantías, mientras que el presidente y el gobierno se empecinaban en suspenderlas. El 25 de junio de 1944 el gobierno accedió a dialogar con los ciudadanos nuevamente, esta vez con el Cuerpo Diplomático como mediador pero mientras estaban reunidos en el Palacio Nacional la policía y el ejército dispararon indiscriminadamente contra los protestantes, hiriendo a la senora Julieta Castro de Rölz Bennett y matando a la profesora María Chinchilla Recinos.
Ante esta situacion, los miembros de la comision se dieron cuenta de que iban a ser perseguidos y enviaron una misiva al presidente el 26 de junio, en donde describían los hechos antes mencionados, aceptaban sus responsabilidades, y le exigían al presidente su renuncia al cargo como una “solución patriótica y conveniente”.
Tras unos cuantos días más de protestas, Ubico renunció el 1 de julio.
BIBLIOGRAFIA:
- De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
- Estrada, A. (1979). Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. pp. 559-574.
- González, José Miguel (2009). «La muerte de Alejandro Córdova». El blog chapín. Guatemala. Archivado desde el original el 17 de abril de 2014.
- Palma, Claudia (15 de junio de 2015). «Jorge Ubico, el excéntrico “señor 25″». Prensa Libre. Archivado desde el original el 9 de junio de 2015.
