Con el fin de retirar al Dr. Pedro Molina de la Jefatura del Estado de Guatemala, la Asamblea Legislativa convoca a elección de nuevas autoridades.
Calle real de Jocotenango en la ciudad de Guatemala a principios del siglo XX. En los recuadros: los líderes liberales Pedro Molina, José Francisco Barrundia y Mariano Gálvez. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Pensamiento Centroamericano.
A principios de 1830 ya gobernaba el Estado de Guatemala el líder liberal y médico Pedro Molina, pero los mismos liberales dentro de la Asamblea Legislativa le abrieron un expediente y tuvo que delegar el poder al vicejefe de Estado, Antonio Rivera Cabezas. Como era frívola la acusación, cuando ésta fue tramitada por la Corte Superior de Justicia se determinó que no había motivo para proceder contra Molina. Sin embargo, los diputados estaban empeñados en salir del jefe de Estado y cerraron sus sesiones ordinarias antes de conocer el dictamente de la Corte Superior.1
Molina apeló ante el Congreso de la República Federal de Centro América —el cual en ese entonces se reunía en la Nueva Guatemala de la Asunción— y éste le pidió un informe a la Comisión Permanente de la Asamblea, forzándola a reiniciar sus sesiones. Los diputados del Estado, empecinados en salir de Molina, formularon nuevas acusaciones en su contra y, comprendiendo que la Corte Superior de Justicia iba a desestimar el caso, decidieron dictar un decreto mandando a que se eligieron nuevas autoridades para el Estado.2
Esa era la situación cuando se produjo el terremoto del 23 de abril de 1830, que dañó severamente a la ciudad, y que forzó a las autoridades a trasladarse al poblado de Jocotenango, que entonces era un poblado indígena que estaba alejado del centro de la Nueva Guatemala de la Asunción, y que en el siglo XXI es parte de la zona 2 del Centro Histórico de la ciudad.3
Pero ni los sismos hicieron desistir a los diputados en su afán de salir de Molina. Y así, el 4 de mayo de ese año suscribieron el siguiente Decreto en Jocotenango:4
La Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala, teniendo presente:
1°.— Lo dispuesto en los artículos 86, 87, 115 y 199 de la Constitución del Estado;
2°.— Que el artículo 138 y el 139 de la misma, establecen que en falta del primero y segundo Jefe, antes de la época constitucional los designados para subrogarles no duren en sus funciones sino el tiempo que faltaba a los subrogados para la renovación ordinaria.
3°.— Que la de los ciudadanos Juan Barrundia y Cirilio Flores por un efecto de circunstancias, debía de verificarse hasta en las próximas elecciones, y los nuevos nombrados empezar a fungir en el año de 1831.
4°.— Que en tal concetp las funciones del primero y segundo Jefe, ciudadanos Pedro Molina y Antonio Rivera, deben termina en el mismo año, ha tenido a bien decretar y decreta:
Artículo 1°.— Se procederá a las elecciones de los representantes, consejeros, primero y segundo Jefe, y magistrados de la Corte Superior de Justicia, que deben renovarse con arreglo a las disposiciones de la materia y a la adjunta tabla y en los días que señala la Constitución.
Artículo 3°.— Las juntas electorales de los departamentos de Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula y Verapaz, procederán cada una a nombrar un Consejero propietario y un suplente.
Artículo 4°.— Todas las del Estado procederán a sufragar para primero y segundo Jefe y para cuatro magistrados propietarios de la Corte Superior de Justicia y tres suplentes.
Artículo 5°.— La legislatura de 1831 procederá en la renovación del primero y segundo jefe y magistrados de la Corte Superior de Justicia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4°. del decreto de la Asamblea Constituyente de 25 de octubre de 1825.
En las elecciones resultó electo José Francisco Barrundia, quien no aceptó el cargo y se hizo a un lado, dejando el camino para que el Dr. Mariano Gálvez fuera prácticamente nombrado como Jefe de Estado el 24 de agosto 1831.5
Con el apoyo de los Estados Unidos y de la United Fruit Company, el generalJorge Ubico asume como presidente de Guatemala.
Cortejo presidencial del general Jorge Ubico durante uno de los actos oficiales de su gobierno. Nótese que los soldados estaban descalzos. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El general Jorge Ubico Castañeda es uno de los gobernantes guatemaltecos más conocidos. Muchos hablan con añoranza de su gobierno imaginando que fue un período de paz, tranquilidad y estabilidad económica en el que se perseguía a los delincuentes sin misericordia y no había abuso del erario público1, mientras que otros lo defenestran porque su gobierno fue tiránico y represivo en el que no había libertad ni de pensamiento, ni de expresión.2 Y aún más, la mayoría desconoce los lazos que tenía con la colonia alemana en la Verapaz3 y sus fuertes vínculos con su principal benefactor y soporte: la todopoderosa transnacional estadounidense United Fruit Company.4-8
Para poner en contexto un período tan importante en la historia de Guatemala, es necesario decir que el general Ubico era hijo del licenciado Arturo Ubico Urruela, poderoso cafetalero propietario de la Hacienda de San Agustín Las Minas, y quien fue Ministro de Estado del general J. Rufino Barrios y luego presidente de la Asamblea Nacional Legislativa durante los veintidós años del régimen del licenciado Manuel Estrada Cabrera.9 Gracias a la influencia de su padre, Ubico tuvo una meteórica carrera política y militar, a pesar de haberse dado de baja en la Escuela Politécnica tan solo tres semestres después de haber iniciado sus estudios.10 Posteriormente, durante el régimen de Estrada Cabrera fue nombrado Jefe Político de Retalhuleu y de Verapaz, y hacia el final del gobierno fue nombrado Ministro de Fomento, cargo en el que estuvo pocos días antes de renunciar ante la inminente caída del presidente en 1920.11
Tras la caída de Estrada Cabrera Ubico volvió a la política apoyando el golpe de estado que derrocó al presidente Carlos Herrera.12 En compensación por su ayuda, el presidente de facto, general José María Orellana, lo nombró Ministro de la Guerra. Posteriormente renunció, y tras la misteriosa muerte del general Orellana en septiembre de 1926, se postuló como candidato presidencial.13 Sin embargo, Ubico perdió las elecciones, gracias a que el primer designado, general Lázaro Chacón utilizó fondos públicos para promocionar su candidatura, y que el periodista Clemente Marroquín Rojas desde su periódico «La Hora» publicó una serie de artículos llamados «Desnudando al ídolo«, en donde denunciaba los abusos que Ubico había cometido durante su gestión como Jefe Político en Retalhuleu y Verapaz.14
El último año del gobierno del general presidente Lázaro Chacón fue de una crisis constante debido a la Gran Depresión. De hecho, se llegó al punto de que los comerciantes estaban quemando sus propios negocios para cobrar el seguro pues no podían susbistir en medio de los graves problemas económicos,15 y el gabinete de gobierno renunció en pleno varias veces.16 Y, para colmo, a principios de diciembre de 1930, en medio de esta vorágine de problemas se produjo una fuerte explosión en el polvorín militar de «El Aceituno» (hoy Brigada «Mariscal Zavala»), el cual no solamente mató a muchos de los soldados de la guarnición sino que, aparentemente, borró numerosas pruebas de hechos ilícitos.17
La salud del presidente Chacón no resistió más y sufrió un derrame cerebral el 12 de diciembre de 1930, haciendo que el país entrara entonces en una profunda crisis política.18 El licenciado Baudilio Palma, segundo designado a la presidencia, asumió como presidente interino ya que el primer designado, el general Mauro De León, no podía tomar el cargo por haber sido nombrado Ministro de la Guerra apenas unas semanas antes. Pero, tal y como había ocurrido cuando el licenciado Manuel Estrada Cabrera se quedó en el poder en 1898, los militares no estuvieron de acuerdo con que un civil se queda en la presidencia y se produjo un golpe de estado, aduciendo que era el general Mauro De León a quien le correspondía la presidencia y que no había evidencia fidedigna de que el presidente Chacón estuviera imposibilitado. Misteriosamente, durante la refriega en las afueras del Palacio Colonial, resultó muerto De León y el general Manuel María Orellana asumió la presidencia de facto del país.19
En ese momento, la Legación de los Estados Unidos acogió al general Jorge Ubico, aduciendo que éste tenía derecho al asilo porque existía una fuerte posibilidad de que lo asesinaran sus enemigos. Al mismo tiempo, la transnacional frutera y el gobierno estadounidense reclamaron que se eligiera un hombre fuerte para dirigir los destinos del país, dadas sus fuertes inversiones en el enclave bananero de Izabal y la difícil situación económica que atravezaban. Y por ello, amparándose en el Tratado General de Paz y Amistad suscrito por los paíes centroamericanos en Washington D.C. en 1923, desconocieron al presidente Orellana y le exigieron que entregara el poder al licenciado José María Reina Andrade, a quien le ordenaron que llamara elecciones lo antes posible. Los Estados Unidos y la UFCO ya habían decidido que Ubico fuera el nuevo gobernante, y fue así, como en esas elecciones realizadas, éste fue electo unánimamente y tomó posesión casi inmediatamente, el 14 de febrero de 1931, en contra de los estipulado por la constitución de 1879, vigente en ese momento.20
En esa época, la United Fruit Company era el verdadero poder detrás del trono de muchos gobiernos en América Latina, al punto que era apodada «El Pulpo» o «Mamita Yunai«. La producción de fruta en terrenos tropicales era de vital importancia para la fabricación de compotas para millones de bebés estadounidenses y era necesario que en los países en donde existían grandes plantaciones hubiera regímenes favorables a la frutera. En Guatemala, la compañía y sus subsidiarias tenían entonces el control de grandes extensiones de terreno en Izabal, manejaban las línea férreas del país por medio de su subsidiaria International Railways of Central America, y tenían el monopolio del transporte de mercadería y pasajeros desde y hacia Puerto Barrios por medio de su marina mercante, la Great White Fleet. A cambio del apoyo para llegar al poder, Ubico garantizó que no hubiera problemas laborales para la UFCO y sus subsidiarias y además le otorgó una generosa concesión territorial en Tiquisate a cambio de acciones en la compañía.4-8
En cuanto a la producción de café, para paliar la drástica caída del precio del grano, el gobierno de Ubico redujo los costos de producción mediante la derogación del Reglamento de Jornaleros, que había obligado a los indígenas a trabajar en las fincas cafetaleras como colonos desde la época de J. Rufino Barrios. En lugar de este reglamento, Ubico instituyó la Ley de Vagancia y la Ley de Vialidad, las que hacían aun más estricto y menos remunerado el trabajo de los campesinos jornaleros en las fincas cafetaleras.21,22
La administración ubiquista atacó la crisis económica en la ciudad reduciendo a la mitad el salario de los empleados públicos y cancelando una serie de programas que había iniciado el gobierno de Lázaro Chacón. Para que el pueblo no protestara, el gobierno instituyó una política de cero tolerancia contra los desórdenes públicos y eliminó el derecho a libre locomoción, libre emisión del pensamiento y libertad de prensa. Los periódicos de la época solamente publicaban lo que quería el gobierno, y éste se encargó de idealizar la imagen presidencial por medio de reportes cinematográficos, artículos de prensa y relatos de los viajes presidenciales al interior de la República.22
En cuanto al Tratado General de Paz y Amistad, los gobiernos de Centroamérica lo denunciaron en 1934, para poder reconocer al gobierno golpista salvadoreño del general Maximiliano Hernández Martínez, a pesar de la masacre que éste había perpetrado en contra de campesinos que protestaban contra las terribles condiciones de trabajo a que estaban sometidos y que fueron asesinados con la excusa de que eran comunistas.23
BIBLIOGRAFIA:
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— (29 de agosto de 1930) “El gabinete presentó su renuncia hoy” Guatemala: Nuestro Diario.
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El gobierno del mariscal Vicente Cerna y Cerna eleva al rango de departamento a los distritos de San Marcos, Huehuetenango, Petén, Izabal y Amatitlán
Lago de Amatitlán en 1892, publicado por Guatemala Ilustrada. En el recuadro: retrato del mariscal Vicente Cerna, tomada de Wikimedia Commons.
La formación de los departamento de Guatemala ha obedecido principalmente a cuestiones administrativas, lo que en un principio se hizo siguiendo la división administrativa los curatos que las órdenes regulares habían establecido para impartir la doctrina cristiana a los indígenas locales; tras la Independencia de 1821, las autoridades criollas utilizaron los curatos para agrupar a las poblaciones y cuando éstas aumentaron en número de habitantes poco a poco fueron estableciendo nuevos departamentos.1
Tras la muerte del general Rafael Carrera el 14 de abril de 1865, su sucesor y antiguo compañero de armas, el mariscal Vicente Cerna, lo sustituyó en la presidencia de la República tras ser electo para el efecto por la Cámara de Representantes el 3 de mayo de ese mismo año. El 8 de abril de 1866, Cerna dispuso salir a realizar un recorrido por el occidente del país, pidiéndole a los pobladores que le indicaran cuales eran los problemas que los aquejaban.2 En todos lados fue recibido muy bien por las autoridades civiles y eclesiásticas, quienes lo agasajaron con banquetes, fiestas y celebraciones religiosas.3 Ante las necesidades expuestas ante él durante su visita, Cerna dispuso elevar a categoría de departamentos a varios de los distritos de la República. Todos, excepto Amatitlán, eran todavía distritos dependientes de otros departamentos debido a su lejanía de la capital de Guatemala: San Marcos y Huehuetenango por ser fronterizos con México al occidente, y Petén e Izabal por lo inhóspito de su territorio.1
El decreto por el cual se constituyeron en departamentos estos territorios dice textualmente:
Palacio de Gobierno
Guatemala 8 de mayo de 1866,
Habiendo tomado en consideración la solicitud hecha por la municipalidad de San Marcos, para que el distrito de este nombre fuese elevado al rango de departamento: atendiendo a que el nombre de distrito que llevan hasta el día de hoy algunas divisiones territoriales de la república, la que tuvo su origen en un sistema que ya no existe; y
Considerando así mismo, que el régimen político militar, judicial y económico es actualmente uniforme en la república.
El Presidente
En uso de las facultades que le da el decreto del 9 de septiembre de 1839, tiene a bien acordar:
Que los territorios de San Marcos, Huehuetenango, Petén, Izabal y Amatitlán, que han conservado la denominación de distritos, se les dé en lo sucesivo la de departamento, debiendo en consecuencia sus autoridades tomar las mismas denominaciones que usan las de los otros departamentos de la república, sin que ninguno de ellos conserve dependencia de otro en su régimen político y administrativo.
Comuníquese a quien corresponda y publíquese en la Gaceta Oficial.
Un comando urbano de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) secuestra al embajador de Alemania Occidental, Karl von Spreti
Monumento a Cristóbal Colón, obra de Tomás Mur, cuando fue inagurado en la Plaza de Armas de Guatemala en 1896, con motivo del IV centenario de Descubrimiento de América. Fotografía de «La Ilustración Guatemala», tomada de Wikimedia Commons.
Tras la derrota contrainsurgente en el Oriente de Guatemala en 1968, la cual fue encabezada por el coronel Carlos Arana Osorio —a quien apodaron «El Chacal de Oriente» por sus métodos militares— la guerrilla quedó muy debilitada y casi eliminada. Para contrarrestar esto, el commando urbano de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) realizó misiones muy ambiciosas, como el fallido secuestro del embajador de los Estados Unidos, John Gordon Mein, quien murió asesinado en la Avenida de la Reforma en agosto de 1968 año cuando se resitió a ser secuestrado.1
El 31 de marzo de 1970, en las postrimerías del gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, cerca del monumento a Cristóbal Colón en la Avenida de las Américas de la Ciudad de Guatemala, secuestraron al embajador de Alemania Occidental, el conde Karl von Spreti. El 1 de abril las FAR confirmaron que el embajador estaba en su poder y exigieron la liberación de numerosas personas detenidas que, a juicio de los insurgentes, corrían peligro de ser asesinadas; y agregaron como exigencia el pago de US$700,000. Establecieron como plazo para cumplir estas condiciones las tres de la tarde del 4 de abril y manifestaron que de lo contrario «procederían a ajusticiar al autor intelectual y material de la política imperialista». Hasta ese momento, parecía que la situación se iba a resolver favorablemente para el embajador, quien incluso envió una nota escrita a su hijo Alessandro, de 11 años de edad, diciéndole que lo estaban tratando bien y que esperaba regresar pronto a su casa. El conde, de 62 años, padecía del corazón.2
Pero el 5 de abril, los plagiarios señalaron que el plazo estaba agotado y en la noche la policía descubrió el cadáver del diplomático en San Raimundo, un municipio cercano a la capital guatemalteca, con cuatro disparos en su sien izquierda. Los restos del diplomático fueron identificados por Gerhard Mikesch, el encargado de negocios de Alemania Occidental en Guatemala. Dos horas antes de que encontraran el cuerpo, los miembros de las FAR llamaron por teléfono al Nuncio Apostólico, Girolamo Prigione, y le advirtieron que si no les daban los US$700,000 que exigían, y que si no liberaran a 22 prisioneros políticos el embajador sería asesinado. El Nuncio le avisó de inmediato a los miembros de la embajada alemana y al gobierno guatemalteco, que ya había avisado que no iba a ceder a las demandas de las FAR.2
En El Paso, Texas, el canciller de Alemani Occidental, Willy Brandt, criticó al gobierno guatemalteco, por «haber fallado en darle a su embajador la seguridad necesaria«. Además dijo que el gobierno alemán estaba dispuesto a pagar los US$700,000 de rescate. Por su parte, la esposa del embajador, la condesa Helena Sabine von Spreti voló desde Lisboa aproximadamente a la misma hora en que encontraron el cuerpo de su esposo.2
En represalia, el 7 de abril la MANO, un grupo paramilitar de extrema derecha, secuestró al activista comunista César Montenegro Paniagua y lo asesinó a golpes, dejando su cuerpo cerca de donde apareció el cadáver de von Spreti, con la advertencia de que aquél sería el primero de una serie de crímenes en venganza por la muerte del diplomático alemán. Un dirigente de las FAR declaró años más tarde a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas: «El Gobierno no accedió a las presiones y el comando de la región urbana ejecuta al embajador para demostrar que no estaban jugando y que hablaban en serio».3
Nota aclaratoria: en Guatemala existe mucha confusión acerca de los crímenes cometidos por la guerilla durante la guerra civil de 1960-96 —ahora llamada Conflicto Armado Interno luego de la firma de los Acuerdos de Paz— y esto ha sido utilizado por grupos radicales tanto de derecha y como de izquierda para desvirtuar el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas. La confusión provierne del hecho de que dicho informe acusa al Ejército de haber cometido violaciones a los Derechos Humanos, mientras que a la guerrilla la acusa de haber cometido hechos de violencia. Por las definiciones empleadas en el informe, se desprende que los crímenes cometidos por el ejército contra la población civil constituyen violaciones a los derechos humanos porque el Estado estaba en la obligación de velar por esos derechos de sus ciudadanos; por su parte, de acuerdo al informe, la guerrilla cometió crímenes atroces pero no violaciones de los derechos humanos porque ese grupo operaba al margen de la ley y no tenía obligación de velar por los derechos de la población.4 En resumen: ambos bandos durante la guerra civil de 1960-1996 cometieron crímenes, pero la tipicación del delito cometido es diferente debido a las convenciones internacionales existentes. Sin embargo, es innegable que existe un marcado sesgo en perseguir las violaciones a los derechos humanos, y no los hechos de violencia cometidos por la guerrilla.
Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Vol. IV,2 (1999). «Atentados contra la libertad» (edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
