16 de noviembre de 1854: el arzobispo de Guatemala, amparándose en las leyes coloniales de Indias, solicita al gobierno del general Rafael Carrera que se restablezca el cobro del diezmo a la cochinilla

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Retrato official del Arzobispo Francisco de Paulo Garcia y Peláez, quien fuera quizá el ultimo arzobispo guatemalteco que verdaderamente tuvo poder económico y politico en el país.  Luego de él, los arzobispos fueron expulsados varias veces del país y solamente recuperaron parte de su antigua gloria luego del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954.  Fotografía de Juan José de Jesús Yas.

El gobierno conservador del general Rafael Carrera se caracterizó por la fuerte influencia que tuvo la Iglesia Católica en Guatemala.  No solamente se permitió el retorno de los frailes de las otrora poderosas órdenes regulares (incluyendo a los jesuitas que habían sido expulsados por los propios españoles en 1787), sino que también por el apoyo económico al clero secular, dirigido por el Arzobispo.

Un ejemplo es la restitución del diezmo a la cochinilla (tinte que entonces era el principal producto de exportación de Guatemala) que fue solicitado a Carrera por el arzobispo Francisco de Paula Garcia y Peláez el 16 de noviembre de 1854; este gravamen había sido eliminado por el gobiero liberal el 21 de abril de 1831, pero el arzobispo argumentó que “se debía entender la obligación general de pagar el diezmo, que segun la ley 4a., título 16, libro 1o. de la Recopilación de Indias (es decir, leyes coloniales), se satisfice por todos los frutos de la tierra.”

El gobierno de Carrera accedió a entregar el diezmo solicitado, pero solamente 4 reales sobre cada tercio de ciento cincuenta libras y no doce como estaba antes de la derogación de 1831, debido a que en ese momento el precio del producto estaba pasando una crisis considerable.

La imposición tomó vigencia a partir del 1 de enero de 1855 y para facilitar su recaudación y ayudar al clero secular a cobrarla, se autorizó a las administraciones de rentas para cobrar el diezmo indicado con comisiones del cabildo.  Todo esto, amparado en el Concordato que se había establecido con la Santa Sede en 1852 y ratificado en 1854.


BIBLIOGRAFIA: