12 de marzo de 1828: el «ataque del Viernes Santo» en San Salvador

Las fuerzas federales guatemaltecas atacan San Salvador para tratar de conquistar la plaza que se había rebelado a la autoridad federal tras el golpe de estado contra Juan Barrundia en 1826.

12marzo1828
San Salvador en la década de 1830. En el recuadro: Mariano de Beltranena, quien era el presidente federal en funciones en la Ciudad de Guatemala que ordenó el ataque a San Salvador el viernes santo 12 de marzo de 1828. Imágenes tomadas de EfemeridesSV y Ecured, respectivamente.

En el marco de la Guerra Civil Centroamericana que se inició con la prisión del jefe de Estado de Guatemala, el liberal Juan Barrundia, en septiembre de 1826,1 se produce el llamado «Ataque del Viernes Santo» por parte de fuerzas guatemaltecas a las fuerzas salvadorenas que se habían levantado en armas en contra del gobierno del presidente federal Manuel José Arce y Fagoaga,2 a quien consideraban traidor a la causa liberal por haberse aliado a las causas de los aristócratas guatemaltecos que habían perpetrado el golpe de estado contra Barrundia debido a los decretos que éste había aprobado y que afectaban directamente sus intereses.

Ya para 1828 la guerra civil llevaba dos años y Arce se había separado del gobierno, dejándolo en manos del vice-presidente, Mariano de Beltranena, luego del desastre que sufrieran sus tropas contra los salvadoreños en Milingo en 1827.3 Los Estados de Guatemala y El Salvador habían entablado varias sangrientas batallas, aunque sin resultado favorable para ninguno de los dos.4  Los guatemaltecos llamaban «herejes«, «fiebres» y «anarquistas» a los salvadoreños, mientras que éstos llamaban a los guatemaltecos «serviles» por decir que defendían la defensa de la religión y el mantenimiento de las tradiciones coloniales.5

El 1 de marzo se enfrentaron las fuerzas de ambos estados en la Batalla de Chalchuapa.  El comandante de las tropas federales guatemaltecas era el brigadier Manuel Arzú, mientras que el salvadoreño era el mercenario ecuatoriano Rafael Merino, un individuo borracho y fanfarrón que fue vencido categóricamente por las fuerzas guatemaltecas.  La noticia fue recibida en Guatemala con gran algarabía, que incluyó el repique de campanas, quema de cohetillos y hasta monjas que prendieron velas a las ánimas del purgatorio.6

Los salvadoreños no se quedaron de brazos cruzados y se prepararon para el asalto de la ciudad de San Salvador.  El 11 de marzo recibieron una propuesta de parte de Arzú para firmar la paz, pero la rechazaron por considerarla inaceptable así se prepararon para el asalto final, en el día supuestamente más sagrado para los atacantes que defendían la religión: el Viernes Santo 12 de marzo.7

Arzú llevaba a los coroneles Montúfar, Domínguez y Aycinena al frente de sus cuerpos del ejército y decidió atacar San Salvador por tres puntos diferentes. El ataque de los guatemaltecos fue salvaje y cruel, dejando tras de sí toda clase de crímenes y desolación.  El mismo Arzú dijo en un manifiesto:

«Se pinta al ejército federal incendiando los pueblos, violando la honestidad de las vírgenes y la santidad de los altares, talando los campos y reduciéndolo todo a polvo.  Esta es, en efecto, la imagen de la guerra; y estos son los males que los gobernantes sin patriotismo atraen sobre su país… Para tomar una ciudad es la más de las veces indispensable destruirla: todos los elementos de la guerra son de destrucción.»7

Los salvadoreños, por su parte, hacían añicos a cualquier federal guatemalteco que cayera en sus manos.7

A las once de la mañana del Viernes Santo los guatemaltecos estaban en la ciudad y se entabló un feroz combate que se prolongó por varias.  Arzú, que entonces tenía más de sesenta años de edad pasó tomando licor toda la batalla y ya totalmente embriagado ordenó el cese al fuego a las cinco de la tarde.8 Los salvadoreños habían logrado resistir e incluso incendiaron el parque de los invasores,2 que tuvieron que retirarse a Mejicanos y enviar emisarios para llegar a un acuerdo de paz, mientras en la ciudad de Guatemala pasaron de la euforia a la recriminación.8

Fue aquel el principio del fin para los aristócratas guatemaltecos, que el 14 de abril de 1829 tuvieron que rendirse a las fuerzas invasoras del liberal Francisco Morazán, que los redujo a prisión, les confiscó todos sus bienes, y expulsó a la mayoría de ellos de la región centroamericana.9


BIBLIOGRAFIA:

  1. Mencos Franco, Agustín (1893). Rasgos biográficos de Francisco Morazán: apuntes para la historia de Centro América. Guatemala: Tipografía El Comercio. p. 32-35.
  2. Marure, Alejandro (1844). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la república de Centro América, desde el año de 1821 hasta el de 1842. Guatemala: Imprenta La Paz en el Palacio. p. 46.
  3. García Granados, Miguel (1894). Memorias del general Don Miguel García Granados.  1. Guatemala. Tipografia Nacional.
  4. Marure, Efemérides de los hechos notables, pp. 44-45.
  5. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El libro de las Efemérides; Capítulos de la Historia de la América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 410.
  6. Ibid, p. 411.
  7. Ibid, p. 412.
  8. Ibid, p. 413.
  9. La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829).  Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7)  Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.

12 de febrero de 1971: Convenio con EXMIBAL

El Coordinador de la Comisión Negociadora del Gobierno de la República, Carlos Molina Mencos, y Joseph Borgatti, presidente de EXMIBAL, establecen las bases que normarán las actividades de la empresa para extracción de níquel en Izabal.

12abril1971
La región en donde se explota níquel en el municipio de El Estor a orillas del Lago de Izabal en Guatemala, otorgada en concesión a EXMIBAL en 1971. En el recuadro: una montaña explotada de donde se extrae níquel. Imágenes tomadas de Google Earth.

El 12 de febrero de 1971, la Comisión Negociadora del Gobierno firmó un convenio con EXMIBAL para la explotación de las minas de níquel en Izabal.  Para entonces, los representantes de la Universidad de San Carlos que formaban parte de la Comisión y que se habían opuesto rotundamente al convenio habían sido asesinados u obligados a salir al exilio.1

En la práctica, este convenio era lesivo para el país.  En primer lugar, no hubo una consulta a las comunidades indígenas, quienes pidieron suspensión de la mina, y en segundo, el poder político de la «International Nickel Company» (INCO)/EXMIBAL era considerable, al punto que sus representantes fueron los que redactaron una nueva ley de minería para Guatemala en 1962, argumentado que éste iba a estimular las inversiones en Guatemala.2

Luego de un convenio inicial en 1968, el presidente Julio César Méndez Montenegro pidió la Universidad de San Carlos de Guatemala que creara una comisión para analizar los detalles tras el otorgamiento de la concesión. Esta comisión fue presidida por Rafael Piedrasanta Arandi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y los otros miembros eran Adolfo Mijangos López, Julio Camey Herrera y Alfonso Bauer Paiz. Todos fueron víctimas de ataques poco después de que el general Carlos Arana Osorio tomara el poder.  Bauer Paiz relató así los ataques perpetrados en su contra: «varios de los profesionales que habíamos asumido la responsabilidad ciudadana de oponernos a esa concesión a EXMIBAL, fuimos víctimas de atentados: el primero, el abogado Julio Camey Herrera, quien fue asesinado; luego a mí se me quiso secuestrar y al resistirme fui acribillado a balazos y, milagrosamente sobreviví. También fue víctima de secuestro el economista Rafael Piedrasanta Arandi, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, quien pudo evadir esa acción criminal y tuvo que salir al destierro. Fue cruelmente asesinado el doctor en Derecho, Adolfo Mijangos, a pesar de su condición de incapacitado motriz«.2

De acuerdo con Bauer Paiz, las concesiones de explotación se otorgaron en una época en la que en el país no regía ninguna Constitución pues gobernaba el presidente de facto Enrique Peralta Azurdia con poderes dictatoriales amparado únicamente por una Carta de Gobierno, quien aprobó el Código de Minería que habían redactado personeros de INCO/EXMIBAL en 1965.  Según Bauer Paiz, «las anomalías que se registraron en el trámite de los expedientes; la vinculación indudable de algún funcionario de la Dirección de Minería con EXMIBAL; la gran importancia estratégica del níquel; la no disimulable preocupación de INCO en el texto del Código de Minería y la falta de conocimiento que tuvo la ciudadanía guatemalteca respecto a la preparación y puesta en vigor del Decreto-Ley 342, Código de Minería, son presunciones graves a favor de la tesis, de que tal legislación es […] hecha a la medida de EXMIBAL y sus afiliadas o matrices«.2

Bauer Paiz también indicó que entre las preocupaciones de la comisión de la Universidad estaba la necesidad de derogar el código minero y que se replantearan las condiciones de la concesión, ya que en el proceso de extracción de níquel Guatemala aportaría otros servicios como carreteras, agua, vigilancia y protección para la empresa. Además, denunciaron que la compañía usaría la mayor parte de un muelle que le costaría al país más de 6 millones de dólares y la falta de controles adecuados a las operaciones de la empresa, especialmente con relación a la cantidad de mineral extraído y qué metales contenía.2

Con estos antecedentes, reproducimos a continuación el convenio en mención:

Guatemala, 12 de febrero de 1971.

Convenio entre la Comisión Negociadora del Gobierno de la República de Guatemala y la Empresa «Exploraciones y Explotaciones Mineras Izabal, S.A. (EXMIBAL); 

Considerando: que EXMIBAL es una sociedad debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Guatemala y es titutlar de concesiones vigentes de explotación y de exploración minera, al amparo de la cual se extraerá y transformará níquel;

Considerando: que el Gobierno de guatemala, no obstante que EXMIBAL estaba en capacidad legal de iniciar de inmediato sus operaciones mineras se preocupó por mejorar en beneficio del país, las condiciones en que dicha empresa operaría en Guatemala, habiendo logrado obtener ventajas tales que el Gobierno, sin sacrificio fiscal, devendrá socio de esa empresa;

Considerando: que el Gobierno, como socio de la empresa tendrá participación directa en EXMIBAL, por lo que tiene interés en que se ponga en operación el proyecto de níquel de la misma, el que tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico y social de Guatemala;

Considerando: que habiéndose aceptado por EXMIBAL las indicadas condiciones adicionales, se han fijado con claridad los términos bajo los cuales operará dicha empresa, lo que le permitirá continuar sus esfuerzos para reunier el financimiento que se require a fin de que el proyecto pueda realizarse,

Por tanto, el Gobierno de la República y EXMIBAL cumplen con dejar asentados los puntos convenidos como resultado de las negociaciones realizadas, así:

      1. EXMIBAL reconoce que está sujeta sin discriminación ni preferencia algunas, a la legislación minera que rige sus actividades […]. Dentro de los límites de las áreas de su concesión minera, EXMIBAL observará los derechos y respetará las restricciones legales relacionadas con la tenencia de la tierra […]
      2. EXMIBAL asume la obligación de efectuar inversiones en instalaciones especiales y tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas y del aire […]
      3. EXMIBAL asume la obligación de ir sustituyendo las importaciones de materials primas […] así como de los servicios que contrate, por medio de la compra de productos y servicios centroamericanos […]
      4. EXMIBAL asume la obligación de rehabilitar las áreas minadas dentro de un lapso razonable […]
      5. EXMIBAL acepta que el Gobierno seleccione al azar muestras del mineral extraído de las minas comprendidas dentro de las concesiones otorgadas a su favor para determinar el contenido químico de los diferentes minerales.3
      6. EXMIBAL acepta que el Gobierno seleccione […] muestras al azar de cada embarque del níquel con el fin de determinar […] el contenido del producto exportado.  […]
      7. EXMIBAL se obliga a poner la escoria final resultante del refinamiento de níquel en un lugar conveniente próximo a su falta de transformación. […]
      8. EXMIBAL se obliga a permitir la revisión de la contabilidad y documentos de la empresa […] para constatar la exactitud del valor de las inversiones, de las exportaciones, de los estados financieros, de los costos, beneficios, etc.
      9. EXMIBAL se obliga a efectuar sus operaciones […] absteniéndose de hacer uso de compañías subsidiarias […] salvo que el Gobierno expresamente le autorizare […].
      10. EXMIBAL queda obligada a programar anualmente de acuerdo con el Ministerior de Economía las becas financiadas por la empresa […]
      11. EXMIBAL queda obligada a llevar a cabo programas de educación y a tomar medidas de carácter sanitario […], cuyo costo se calcula en cuatro millones trescientos mil quetzales, en el área de sus operaciones y fuera de ella […] 
      12. EXMIBAL se obliga a formular, de común acuerdo con el Ministerio de Economía, un mecanismo claro y sencillo […] para determinar el precio […] de la exportación de níquel de la empresa.
      13. EXMIBAL renuncia al 50% del monto de las exoneraciones del impuesto sobre la renta que le fueron otorgadas conforme al artículo 126 del Código de Minería, debiendo modificarse el respectivo acuerdo gubernativo para formalizar dicha renuncia y la consiguiente eliminación del artículo 5°. del mismo.  
      14. EXMIBAL acepta que el Gobierno de Guatemala participe en su capital por un monto equivalente al 30% del mismo. […]
      15. EXMIBAL se obliga a acumular depreciación cada año […]. Además del efectivo generado por sus operaciones gastará e invertirá lo suficiente para mantenimiento, reparaciones y reemplazo de maquinaria y equipo, a fin de conservar la planta de transformación siempre operando con eficiencia. […]
      16. EXMIBAL se obliga a que las remesas que haga por concepto de pagos al exterior, no excederán del monto de las divisas generadas por ella misma […] En todo caso, las operaciones de EXMIBAL deberán producir un beneficio neto a la balanza de pagos del país.
      17. Las operaciones cambiarias que EXMIBAL efectúe para cumplir con sus obligaciones ante los prestamistas del exterior se harán de acuerdo con lo establecido en la resolución número 6726 de la Junta Monetaria, de fecha 21 de enero de 1971.
      18. EXMIBAL queda obligada a formar un fondo de prestaciones laborales, con una aportación patronal equivalente al 8.34% del calor de cada una de sus planillas. […]
      19. EXMIBAL queda obligada a mantener depósitos en los Bancos del sistema con un saldo promedio no menor de dos millones de quetzales durante cada año calendario […]
      20. EXMIBAL queda obligada a formar una reserva de capital con el 5% de la utilidad de cada ejercicio […]
      21. Al completar su inversión EXMIBAL queda obligada a asignar para capital de trabajo, una suma no menor de 9 millones de quetzales. […]4
      22. El trasnporte de níquel desde la planta de EXMIBAL hasta el puerto de exportación, se efectuará por empresas constituidas en el país y de capital guatemalteco […]
      23. EXMIBAL queda obligada a no recurrir al financiamiento del sistema Bancario Nacional para la construcción de su planta ni para efectuar pagos al extranjero; salvo autorización expresa del Gobierno.
      24. EXMIBAL se compromete a celebrar un convenio con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), con respecto a la propiedad y operación de la planta de energía que se establecerá para la comunidad de El Estor y su correspondiente sistema de distribución. […]
      25. EXMIBAL se compromete a no incluir dentro de sus costos deducciones por el uso de patentes y marcas, excetp aquellas que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y su REglamento, hayan obteido opinión favorable del Ministerio de Economía.
      26. El Gobierno no participará en el financiamiento del proyecto mediante préstamos, avales o garantías directas, pero interpondrá sus buenos oficios y colaboración con el fin de que sea viable terminar el financimiento.  La ejecución del presente convenio dependerá de que se complete el financimiento requerido en condiciones aceptables para los accionistas de EXMIBAL y el Gobierno.
      27. En caso de que EXMIBAL dejara de cumplier cualquier de sus compromisos aquí contraídos, tal omisión no hará perder vigencia a otra smeidas contenidas en este convenio, pero EXMIBAL deberá subsanar la falta en el término que el Gobierno le fije, sin perjuicio de las sanciones que procedan de acuerdo con las leyes del país.
      28. […] La fecha en que deba de principiarse la construcción se fijará por el Gobierno en el acuerdo de aprobación de este convenio.
      29. Lo acordado en el presente convenio se elevará a la consideración del señor Presidente de la República para que se emita el correspondientes acuerdo gubernativo de aprobación.
      • Por el Gobierno de Guatemala: Carlos Molina Mencos, Viceministro de Economía
      • Por EXMIBAL: Joseph J. Borgatti, Presidente5

El convenio fue aprobado el 25 de febrero y publicado en el Diario Oficial al día siguiente.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (13 de septiembre de 1971) Placa al Doctor Adolfo Mijangos López.  Guatemala.
  2. Nómada (2018). El desastre ocasionado por el níquel en Izabal (y la posibilidad de cerrar la mina). Guatemala: Nómada.
  3. Azurdia Alfaro, Roberto (1975) Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, 1970-1971. XC. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 686.
  4. Ibid., p. 687.
  5. Ibid., p. 688.

12 de diciembre de 1996: firman acuerdo para retorno de la URNG a la legalidad

En Madrid, España, el gobierno de Alvaro Arzú y los comandantes guerrilleros firman un acuerdo que permite la incorporación de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN) a la legalidad

Palacio Nacional de la Cultura
Palacio Nacional de la Cultura en la Ciudad de Guatemala en 2016. En 1996 todavía era l sede del gobierno. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En octubre de 1996 las conversaciones de paz entre el Estado de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) estaban bastante avanzados y se pensaba llegar pronto a un Acuerdo de Paz Firme y Duradera.  Sin embargo, el 19 de octubre las fuerzas de seguridad del Estado capturaron al comandante Isaías, de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), porque éste estaba involucrado en el secuestro de la empresaria Olga Alvarado de Novella, miembro de una de las familias más poderosas en el país, y a quien las autoridades canjearon por el detenido, bajo la premisa de que existía riesgo para la vida de su vida en una acción «humanitaria«.  Por esta razón, el 28 de octubre el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, informó que se suspendía el encuentro que debía realizarse en la ciudad de México entre la Comisión de Paz (COPAZ) y la Comandancia General de la URNG.

El Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dirigido por el ex-presidente general Efraín Ríos Mont —y entonces el principal partido de oposición tras perder por escaso margen las elecciones presidenciales de 1996—, se apresuró a desprestigiar el proceso de paz y acusaron al presidente y a los ministros de Defensa y Gobernación de violación del mandato constitucional por el canje de la empresaria y el guerrillero. Sectores del Ejército pidieron la suspensión de la desmovilización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que se estaban dando como parte de los acuerdos que ya se habían logrado, y también solicitaron que se movilizaran efectivos militares.1

Las organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles, sindicales, campesinas, la Alianza Contra la Impunidad y la Oficina de Información del Arzobispado exigieron explicaciones a la URNG, quien reconoció el 30 de octubre que “asumía la responsabilidad política a razón de que quienes habían realizado el secuestro pertenecían a una de sus organizaciones. Pero no puede en rigor asumir la responsabilidad de algo que estuvo totalmente fuera de su control”. Además, para salvar su imagen, la URGN y la ORPA expulsaron al comandante Isaías de sus filas, y pidieron disculpas a la sociedad guatemalteca reconociendo que habían puesto en peligro el proceso de paz. También pidieron al Ejecutivo abordar de inmediato el tema del Cese al Fuego Definitivo, el cual es firmado el 4 de diciembre de 1996, en Oslo.1

La URNG siguió dando muestras de buena voluntad ya que tres días después, el comandante Gaspar Ilom, —cuyo verdadero nombre era Rodrigo Asturias, hijo del fallecido escritor Miguel Angel Asturias— máximo responsable de ORPA, se retiró voluntariamente de la mesa de negociaciones para “contribuir a allanar dificultades y garantizar condiciones ecuánimes y favorables en la culminación del proceso” y fue sustituido por Jorge Edilberto Rosal Meléndez.1

De esta forma, el 12 de diciembre, en Madrid, los representantes del gobierno guatemalteco y de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de URNG a la Legalidad. A partir de ese momento, la Comandancia General, antes compuesta por un miembro de cada una de las cuatro organizaciones integrantes, ahora añadió a cinco del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), a tres de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), a dos de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y a uno del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), en proporción al número de militantes que poseían cada una en el momento de la fusión.1

Con la actitud del Gobierno y del Ejército a dar la oportunidad a la URNG de rectificar ante el secuestro de la empresaria finalmente hubo buena voluntad de ambas partes de llegar por a una paz definitiva. El Partido de Avanzada Nacional, del presidente Alvaro Arzú adoptó una posición conciliadora con la guerrilla y con los grupos extremistas del Ejército aunque siempre adoptando una política económica y social extremadamente neoliberal que se decanta totalmente a favor de las élites sociales.2

Por su parte, a partir de este momento, el gobierno de los Estados Unidos inicialmente adoptó una posición en que la no apoyaría ningún golpe de Estado militares e incluso lo haría fracasar, pero conforme las potencias emergentes de China y Rusia empezaron a mostrar un mayor interés en la región centroamericana, el gobierno estadounidense empezó a implementar políticas para realizar golpes de estado blandos, creando la Comisión Internacional internacionales contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), la cual, aprovechando las eternas diferencias entre los grupos élites guatemaltecos y haciéndole creer a la población que sus débiles manifestaciones en una plaza frente a un Palacio vacío convertido en Museo han obligado a los gobiernos de turno a cambiar de rumbo o a renunciar.  De esta forma, el gobierno estadounidense mantiene un rígido control sobre los gobiernos locales y evita el ingreso de otras potencias en el país.3

Las partes principales de aquel Acuerdo se reproducen a continuación:4

Considerando que el origen del enfrentamiento armado interno que durante más de tres décadas ha vivido Guatemala estuvo determinado por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática, y la adopción de medidas de represión política en contra de personas y organizaciones que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado en 1954;

Considerando que frente a una situación de injusticia social y económica, incluyendo prácticas discriminatorias en contra de los pueblos indígenas, y la negación sistemática de los derechos y garantías individuales y sociales, asiste a los pueblos el derecho a buscar las transformaciones democráticas necesarias;

[…] Considerando que el proceso de negociación para la búsqueda de la solución política al enfrentamiento armado interno lleva implícito para su culminación el establecimiento de una serie de medidas para la incorporación de la URNG a la legalidad;

Reconociendo la determinación de la URNG de convertir sus fuerzas político militares en un partido político debidamente acreditado y cuya acción se enmarque dentro del ordenamiento jurídico nacional;

[…]Llamando al Estado en su conjunto, a todos los sectores de la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional a que acompañen y contribuyan a la realización del proceso de incorporación de la URNG;

El Gobierno de Guatemala y la URNG (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente:

I. Definiciones

1. Se entiende por incorporación de la URNG a la legalidad, el proceso mediante el cual sus miembros se integrarán a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.

2. El proceso de incorporación de los miembros de la URNG se iniciará con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y deberá desembocar en su incorporación sostenible a la vida ciudadana del país. […]

3. La fase de incorporación inicial comprende dos regímenes en función de la situación de los miembros de la URNG:

(a) El régimen aplicable a los integrantes de los distintos frentes guerrilleros y a otros combatientes […]

(b) El régimen aplicable a los demás miembros de la URNG, integrantes de la estructura política interna y guatemaltecos integrantes de la estructura internacional de apoyo que no sean sujetos al proceso de desmovilización. 

4. El Gobierno de Guatemala y la URNG se comprometen a hacer lo necesario para el cumplimiento de la etapa de incorporación inicial y solicitan para ello el apoyo de la cooperación internacional. Para llevar a cabo el programa […] se establecerá una Comisión Especial de Incorporación con la participación del Gobierno de Guatemala, de la URNG así como de los donantes y cooperantes, estos últimos con carácter consultivo. […]

5. Después de un año […] los beneficiarios de ambos regímenes podrán acceder a servicios de más largo plazo que ofrezca el Gobierno […] destinados a asegurar una incorporación sostenible a la vida económica, social y cultural del país, en igualdad de condiciones que el resto de la población guatemalteca. […]

6. Se entiende por programa de incorporación de la URNG el conjunto de medidas y disposiciones legales, políticas, económicas y de seguridad, así como subprogramas y proyectos que deben asegurar el éxito del proceso de incorporación. […]

II. Objetivos y principios

7. El programa de incorporación buscará establecer las mejores condiciones para la incorporación de los miembros de la URNG a la vida […] del país en un marco de seguridad y dignidad.

8. La fase de incorporación inicial buscará dotar a los miembros de la URNG […] de los medios necesarios para iniciar su incorporación sostenible […]

10. El Gobierno de Guatemala se compromete a garantizar las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad, y promover las condiciones sociales y económicas necesarias para hacer posible la realización del programa de incorporación.

III. Componentes del programa de incorporación

A. Area Jurídica

17. El Gobierno de la República promoverá ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional cuyo objetivo será […] promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, al mismo tiempo que preserve los derechos fundamentales de las víctimas, como condiciones indispensables para una paz firme y duradera.

18. Se reconoce el derecho inalienable de toda sociedad a conocer la verdad, por lo que la Ley de Reconciliación Nacional encargará a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca […]

19. Con base en el principio de que toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener reparación e impone al Estado el deber de reparar, la Ley dispondrá que una entidad estatal tenga a su cargo una política pública de resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La entidad encargada tomará en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

20. Con miras a favorecer la reconciliación nacional, sin desatender la necesidad de combatir la impunidad, la Ley de Reconciliación Nacional incluirá una figura legal que permita la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad.

21. En relación con la figura legal indicada en el párrafo anterior, la Ley de Reconciliación Nacional declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos […] y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, y contra la administración pública.

Delitos comunes conexos

22. […]la Ley de Reconciliación Nacional declarará igualmente la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos […], entendiéndose por tales aquéllos que directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de los cuales no se demuestre que tuvieron como móvil un fin personal.

23. Para quienes por mandato institucional estuvieron involucrados en el enfrentamiento armado interno, la Ley de Reconciliación Nacional contendrá disposiciones específicas […] en el sentido de que declararán la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes perpetrados con la finalidad de impedir, frustrar, reprimir o sancionar la comisión de delitos políticos y comunes conexos […] siempre que no fuere probado que no existe relación entre el hecho delictivo y la finalidad preceptuada.

24. Las disposiciones contenidas en la referida Ley de Reconciliación Nacional, que declaren la extinción de la responsabilidad penal, en ningún caso incluirán aquellos delitos que son imprescriptibles o que no admiten la extinción de la responsabilidad penal […]

28. Para el cumplimiento del proceso de desmovilización de los miembros de la URNG, pactado en el Acuerdo sobre definitivo cese al fuego, la Ley de Reconciliación Nacional establecerá la extinción total de la responsabilidad penal de los autores, cómplices y encubridores de los delitos […] que cometieren dichos miembros hasta el día en que concluyan su desmovilización, conforme a los términos, condiciones y plazos convenidos en el referido Acuerdo. […]

29. Como consecuencia de las condiciones en que se ha desenvuelto el enfrentamiento armado interno, una gran parte de miembros de la URNG carecen de documentación personal. […] Para facilitar una inmediata solución a este problema, el Gobierno de la República se compromete a promover ante el Congreso de la República las reformas que correspondan […] 

31. Se agilizarán los trámites para la nacionalización de los hijos de guatemaltecos miembros de la URNG nacidos en el extranjero.

B. Area política

34. Con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, los miembros de la URNG, al igual que todo ciudadano, gozarán del pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales […], comprometiéndose ellos al cumplimiento de todos sus deberes y obligaciones.

35. El Gobierno de la República considera que la transformación de la URNG en un partido político debidamente acreditado ante los organismos respectivos constituye un aporte al fortalecimiento del Estado de derecho y al afianzamiento de una democracia pluralista.

C. Area de Seguridad

36. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas y a garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos ciudadanos de los miembros de la URNG, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física. 

37. El Gobierno prestará particular atención a toda denuncia acerca de hechos atentatorios contra la seguridad de los miembros de la URNG

D. Area socieconómica

40. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas necesarias para el reconocimiento, homologación, validación y legalización de los estudios […] realizados por los miembros de la URNG, mediante mecanismos adecuados de evaluación y nivelación.

42. Como parte de los subprogramas de incorporación, los miembros de la URNG podrán ser acreedores de becas, bolsas de estudio o cualquier otro mecanismo de apoyo para la continuidad de sus estudios, con la cooperación del Gobierno […]

F. Subprogramas especiales

50. Como consecuencia del enfrentamiento armado interno, existe un sector de la población discapacitado, considerado entre los más vulnerables y afectados por el conflicto, el cual requiere de una atención específica y prioritaria dentro del programa previsto en el presente Acuerdo.

53. Las Partes convienen en adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible la reunificación de los miembros de la URNG con sus familias. El Gobierno de la República se compromete a brindar todas las facilidades para el efecto.

54. El Gobierno de la República se compromete a colaborar con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en lo relativo al tema de los detenidos y desaparecidos de la URNG y a aportar todos los elementos, medidas pertinentes e información que conduzcan a la recuperación de los restos de miembros de la URNG, incluyendo sus combatientes caídos en combate.

IV. Arreglos institucionales

55. Esta fase será financiada con recursos del Gobierno de la República y contribuciones de la comunidad internacional.

56. Las Partes convienen en la creación de la Comisión Especial de Incorporación, que estará integrada por un número igual de representantes del Gobierno de la República y de la URNG, y representantes de los donantes, cooperantes y agencias de cooperación internacional, estos últimos con carácter consultivo […]

V. Disposiciones finales.

Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último […]

Madrid, 12 de diciembre de 1996.

Por el Gobierno de Guatemala:
  • Gustavo Porras Castejón
  • General de Brigada, Otto Pérez Molina
  • Richard Aitkenhead Castillo
  • Raquel Zelaya Rosales

Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca:

  • Comandante Pablo Monsanto
  • Comandante Rolando Morán
  • Carlos González
  • Jorge Rosal

Por las Naciones Unidas:

  • Jean Arnault

BIBLIOGRAFIA:

  1. Sicher Moreno, Gonzalo (s.f.). Fracasos con gobiernos reformistas y éxito con la derecha en los diálogos de paz de Guatemala. Afers Internacionals, núm. 42, p. 138.
  2. Ibid., p.139.
  3. Porras Castejón, Gustavo (junio de 2015). «Los Estados Unidos y su nueva forma de colonialismo en la que no hay necesidad de tropas»Plaza Pública (Guatemala). Archivado desde el original el n.d.
  4. Gobierno de Guatemala, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (12 de diciembre de 1996) Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. Madrid.

12 de octubre de 1856: heroismo del coronel Zavala

El coronel José Víctor Zavala, comandante de las fuerzas guatemaltecas, atraviesa el campo de batalla para arrebatar la bandera a los filibusteros de William Walker en Nicaragua.

12octubre1856
Acción de Granada durante la Guerra Nacional de Nicaragua. En el recuadro: retrato del mariscal José Víctor Zavala que se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Durante la Guerra Nacional de Nicaragua, en la que las nacionales centroamericanas dejaron por un lado sus divisiones entre conservadores y liberales y formaron el Ejército Aliado Centroamericano, el oficial guatemalteco José Víctor Zavala se destacó por su valentía y arrojo.

El 12 de octubre de 1856 tuvo lugar la acción más temeraria de Zavala en toda la campaña.  Ese día, arrancó la bandera cubana de la casa que ocupaban los filibusteros de William Walker en la ciudad de Granada en medio de fuego nutrido de las balas enemigas.  Dicha bandera era un ultraje para el patriotismo centroamericano pues era el símbolo de la presencia del filibustero estadounidense y sus mercenarios cubanos intentando convertir a Nicaragua en una colonia esclavista para los Estados Unidos.1

El historiador guatemalteco Federico Hernández de León, describe así aquel hecho:2

«El general Zavala mostraba a cada paso, en los momentos de mayor peligro y en los instantes de vacilación su carácter alborotado y antojadizo, cubierto por el escudo de su valor temerario.  Era el arrojo que dispone los grandes jefes de soldados en lucha, para imprimir valor a sus subordinados.  En este incidente de la toma de Granada, puso en evidencia el general Zavala el valor personal de que disponía, realizando una empresa que no vaciló en juzgar de heroísmo, como que se jugaba la vida en forma abierta.

A eso del mediodía los libertadores ocuparon la plaza de Granada, dejando al margen la iglesia.  Desde las alturas de Jalteva, los filibusteros no cesaban de hacer disparos.  Zavala dispuso atravesar la plaza, solo, para llegar hasta la casa que ocupaba personalmente Walker y apropiarse de una bandera revolucionaria.  Como lo pensó lo hizo.  Atravesó la plaza con e paso ordinario de un hombre que va a paseo, en tanto que una granizada de balas le rodeaba.  Llegó a la casa y tomó la bandera.  Luego, sin alterar los movimientos se volvió al lado de sus soldados que, parapetados en las vías vecinas, esperaban ver caer a su jefe, acribillado por los impactos del enemigo. 

Continuó serenamente Zavala su camino, cuando recibió un tiro en la propia bandera, luego un segundo tiro en el abrigo que llevaba puesto.  No se alteró y llegó hasta integrarse a las filas de sus compañeros, que lo recibieron con las hurras más justificadas. Zavala se limitó a gritarles: ‘¡Ya ven, las balas filibusteras no matan!'»2

Después de vencer a los filibusteros de Walker y expulsarlos de las tierras centroamericanas, Zavala retornó a Guatemala cubierto de gloria. Años después, cuando el cuartel del Aceituno fue convertido en la Brigada Mariscal Zavala en su honor, la bandera filibustera y la espada que portaba en aquella memorable ocasión fueron expuestas durante el acto de inauguración.1


BIBLIOGRAFIA:

  1. Zavala Urtecho, Joaquín (1970). Huellas de una familia vasca-centroamericana en cinco siglos de historia 2 (112). Managua, Nicaragua.
  2. Hernández de León, Federico (1930). El libro de las efemérides: capítulos de la historia de América Central. III. Sánchez y de Guise. p. 486.

12 de agosto de 1975: CIDH recomienda investigar las desapariciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al gobierno de Guatemala investigar la desaparición de cientos de personas ocurridas desde 1970

12agosto1975
La zona 9 de la Ciudad de Guatemala en 1971. En el recuadro: el general Carlos Arana Osorio, presidente de la República en esa época. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En Guatemala, el comunismo ha sido definido no como su definición teórica lo dice —una lucha por la reivindicación de las clases obreras— sino como una ideología enemiga a los grupos de poder que han dominado la economía nacional desde el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.1  Así pues, todo aquel que intente modificar las leyes que favorecen a las grandes transnacionales que tienen enclaves en el país o a los intereses económicos de los grandes cafetaleros nacionales es inmediatamente definido como comunista, y todo aquel que combata esta tendencia, es anticomunista.2

En este contexto, el gobierno del general Carlos Arana Osorio fue de marcada tendencia anticomunista.  Por esta razón, durante este gobierno se estableció un estado de sitio el 12 de noviembre de 1970 y de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el 5 de febrero de 1971 se había recibido una denuncia de entidades sindicales y políticas izquierdistas, de que aproximadamente setecientas muertes ocurridas a manos de grupos que «gozan de la total protección gubernamental y, por lo tanto, actúan con total impunidad«;  luego, el 28 de julio de 1972 hubo una denuncia de 296 muertes entre noviembre de 1971 y los primeros de meses de 1972, y, por último, para el 30 de septiembre de ese mismo año se reportó que habían ocurrido detenciones arbitrarias de numerosas personas sin que surtieran efecto los recursos de exhibición personal interpuestos por sus abogados.3

El 24 de abrl de 1972 el gobierno respondió a las repetidas solicitudes de la CIDH acerca de las denuncias al ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arenales Catalán, indicando que el gobierno era ajeno a los asesinatos ocurridos y sostuvo que se trataba de luchas entre facciones extremistas que estaban «empeñadas en destruirse mutuamente«; es más, aunque agregó que cada vez que las fuerzas de seguridad del estado lograban capturar al responsable de tales hechos lo ponían a disposición de la justicia, no suministró información específica sobre los casos concretos que estaban incluidos en las denuncias originales.3

Ante esta respuesta, la CIDH solicitó más información a las entidades denunciantes, y recibió dos listas de nombres.  La primera tenía el nombre de cincuentisiete personas desaparecidas o capturadas y un resumen de lo ocurrido a cada una de ellas; la segunda lista era menos precisa y solo tenía el vago título de «nómina de personas desaparecidas«.  La CIDH trasladó estas listas al gobierno guatemalteco en septiembre de 1972, a lo que este respondió el 1 de diciembre proporcionando información sobre únicamente ocho personas incluidas en la primera lista; al respecto de los demás indicó que era común que muchas personas «desaparecieran sin dejar rastro» y otras que eran reportadas incorrectamente como desaparecidas.   Cuando la CIDH insistió en un informe más detallado, el gobierno de Guatemala respondió el 4 se septiembre de 1973 que consideraba que sus informes anteriores eran lo suficientemente amplios y explícitos y que no le era posible rendir más información sobre las investigaciones en curso porque iba en detrimento del proceso normal de las mismas.3

Debido a la gravedad y cantidad de denuncias, el 1 de noviembre de 1973 la CIDH solició al gobierno de Arana que se permitiera al relator recoger información para determinar si exitía mérito en las denuncias indicadas; pero el gobierno guatemalteco negó la anuencia solicitada el 3 de noviembre. 3

La CIDH concluyó que debido a la actitud del gobierno de no suministrar la información correspondiente y de no permitir que se realizara una investigación de campo por un relator, los actos violentos reportados eran perpetrados por agentes del gobierno de Guatemala, o por personas que han contaban con la protección o la tolerancia del mismo.  Por esta razón recomendó al gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García, que había tomado posesión el 1 de julio de 1974, para que promoviera e investigara de forma «rigurosamente fehaciente» si se habían cometido o no los hechos que la CIDH ahora consideraba como verdaderos.  El nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Lauregud respondió lo siguiente:

«Me encuentro ante una situación que considero difícil de solucionar en forma favorable para las peticiones de la Comisión.  Efectivamente, la Resolución […] se refiere a una serei de sucesos que ocurrieron en el gobierno anterior y a una serie de denuncias sobre desaparecimiento de personas cuya investigación y búsqueda correspondía a dicho gobierno«.3

El 12 de agosto de 1975, la CIDH finalmente envió la siguiente resolución al gobierno de Guatemala:

  1. Observar al Gobierno de Guatemala que los hechos denunciados a la Comisión configuran graves violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona; al derecho de justicia; al derecho de protección contra la detención arbitraria y al derecho a proceso regular […]
  2. Incluir esta resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización [de Estados Americanos]
  3. Hacer este acuerdo del conocimiento del Gobierno de Guatemala y de los reclamantes3

Como era de esperarse, y como la CIDH no tenía mayor poder más que solicitar que se realizaran investigaciones, esta solicitud no llegó a nada y la situación en el país empeoraría, especialmente durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, quien tomó posesión en sustitución de Laugerud el 1 de julio de 1978. 4 Para entonces, y con la nefasta intervención de las fuerzas de seguridad del estado en la quema de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, el país quedó aislado de la comunidad internacional,5 la cual inició una campaña de desprestigio a las autoridades guatemaltecas y que continúa hasta la fecha.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Taracena, Arturo (1999). Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena, Los Altos de Guatemala: de región a Estado, 1740-1871. Guatemala: CIRMA.
  2. Sabino, Carlos (2008). Guatemala, la Historia silenciada (1944-1989): El dominó que no cayó. Tomo II. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.
  3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1975). Caso 1702, 1748 y 1755. Guatemala. Organización de los Estados Americanos.
  4. Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Agudización (1999). «Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985)»(edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
  5. Associació de Amistat amb el Poble de Guatemala (2005). «Venciendo al olvido. 31 de enero de 1980; masacre en la embajada de España en Guatemala»Cuadernos de Guatemala (6).

12 de julio de 1820: reconocen a Atanasio Tzul como rey

Los principales de Totonicapán desconocen a las autoridades españolas y reconocen a Atanasio Tzul y a su esposa como reyes.

12julio1820
El valle de Totonicapán en 1887.  En el recuadro: una pintura del siglo XIX que representa a Atanasio Tzul, el calpul k’iche’ de Totonicapán que dirigió el alzamiento contra las autoridades coloniales.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Atanasio Tzul, miembro de la nación k’iche’ en Totonicapán, era originario del Cantón Paquí y provenía de una familia de jaboneros que habitaban el Barrio Linkah. Su esposa era Felipa Soc y aunque no existen datos oficiales acerca de su fecha de nacimiento y muerte, generalmente se admite que nació en el siglo XVIII y murió en la primera parte del siglo XIX.1

Tzul inició su vida política en 1813, cuando llegó a ser calpul (Principal) de la Parcialidad de Linkah.2 Por ese entonces, el Imperio Español estaba atravezando una grave crisis derivada de la Invasión de Napoleón y luego el establecimiento de las Cortes de Cádiz, cuando obligaron al rey Fernando VII a renunciar al absolutismo. En Cádiz se reunieron representantes de todas las regiones de España y de las colonias, y lograron redactar una Constitución que reflejaba mejor las necesidades de los habitantes del Imperio. Cuando los principales de San Miguel Totonicapán, encabezados por Atanasio Tzul y el macehual Lucas Aguilar, se enteraron que la Constitución de Cádiz de 1812 otorgaba a los indígenas los mismos derechos que a los españoles y ladinos, eliminando el trabajo gratuito que los pobladores indígenas hacían para sus curas párrocos, los principales y concejales de San Miguel Totonicapán, encabezados por Tzul, primer calpul y por el macehual Lucas Aguilar, escribieron a Fernando VII para agradecérselo pues creyeron que él era quien lo había decidido.3

En 1816, Tzul, al servir el cargo de Alcalde de San Miguel Totonicapán se limitó a exigir únicamente siete reales como pago de los impuestos de comunidad y para los sueldos del cura párroco y de las autoridades.3

Pero en la cuaresma de 1820 la situación política cambió nuevamente, cuando se supo que Fernando VII había puesto nuevamente en vigencia la Constitución absolutista, derogando la de 1812. Para entonces, Tzul ya era reconocido como representante no oficial de las parcialidades de Linkah, Pachah, Uculjuyub, Chiché y Tinamit, y volvió a unir fuerzas con Lucas Aguilar ante el interés del pueblo que representaban por acabar con los trabajos grautidos para los eclesiásticos y el tributo real que ya habían sido suprimidos por las cortes de Cádiz en 1811, pero que fueron restituidos por Fernando VII. Tzul y Aguilar hicieron entonces un frente común contra el Capitán General Carlos Urrutia, el arzobispo de Guatemala, Ramón Casaus y Torres, las órdenes regulares, la élite criolla local y los caciques de Totonicapán.1-3

Lo primero que hicieron Aguilar y Tzul fue realizar gestiones ante el Alcalde Mayor para verificar lo hecho por Fernando VII, y cuando lo confirmaron, prepararon un alzamiento.  De esta forma, el 9 de julio, durante la celebración de la nueva constitución, Tzul asistió a la ceremonia vestido a la española, con casaca, sombrero al tres, espadín, bastón y medalla al cuello, pero el 12 de julio por la noche, los principales y los líderes de la revuelta reconocieron como reyes a Tzul y a su esposa, y simbólicamente les impusieron las coronas de San José y Santa Cecilia. La debilidad política y militar del imperio español, los primeros intentos por una autonomía política y la competencia entre oficiales españoles fueron clave para el éxito del levantamiento,2​ que rechazó el tributo, removió al Alcalde Mayor, José Manuel Lara de Arrese e impuso el gobierno de Tzul.1​  Al menos durante unos días entre julio y agosto de 1820, Tzul actuó como el representante más destacado del gobierno indígena.2

Pero el alzamiento fue de corta duración, y el líder k’iche’ sería azotado durante nueve días1​ y encarcelado más tarde en Quetzaltenango, después de que el movimiento fuera reprimido por alrededor de mil milicianos ladinos provenientes de San Carlos Sija.​ El 25 de enero de 1821, él y otros dirigentes solicitaron la gracia del indulto, el cual les fue concedido el 1 de marzo de 1821, después de una manifestación de individuos totonicapenses.1

Aquel alzamiento fue decisivo para que los criollos aristócratas negociaran la Independencia con el capitán general Gabino Gaínza y mantuvieran el sistema tributario pero ahora en beneficio del gobierno local, como lo evidencia ​el siguiente párrafo del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821:

«Que siendo la Independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Móbil, A. (1991). 100 Personajes Históricos de Guatemala. Guatemala: Serviprensa Centroamericana.
  2. AFEHC. «Atanasio Tzul»Historia centroamericana. Archivado desde el original el 25 de junio de 2010.
  3. Castro Gutiérrez, Petrona del Rosario; Alonzo Alvarado, Natalia Marina; Herrera Juárez, Maridalia; Méndez Lacayo, Luis Fernando (2011). La rebelión de Atanasio Tzul: legado histórico en Paqui, Totonicapán. Quetzaltenango, Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente. Archivado desde el original el 7 de mayo de 2015.
  4. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 1-4.

12 de junio de 1883: establecen servicio de vapores en Livingston

El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios establece un servicio de vapores con un mínimo de tres barcos al mes en el puerto de Livingston, Izabal

12junio1883
Una familia de Livingston en 1883, en una fotogrfía publicada en 1887 en la obra «Guatemala, Land of Quetzal».  En el recuadro: una familia de Livingston en 2005.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Hasta antes de la construcción de Puerto Barrios en Izabal, el principal puerto del Atlántico en Guatemala era Livingston, cuyo dilapidado muelle funcionaba sobre aguas que estaban a una profundidad de apenas treinta centímetros, haciendo que las embarcaciones grandes no pudieran acercarse.1​ La aduana y las oficinas del puerto estaban en la parte baja del poblado, de espaldas a escarpadas pendientes, al final de las cuales se erguía el resto del poblado,1​ y en donde también estaba el cementerio de la localidad. Las calles estaban construidas en una disposición de tablero de ajedrez, pero no estaban pavimentadas ni acondicionadas, de modo que se convertían en lodo durante la época lluviosa; y todas las casas estaban construidas de adobe o paja y recubiertas con calicanto.2

Livingston era la aduana principal del país en la costa atlántica, mientras que Santo Tomás y el futuro Puerto Barrios (ambos localizados en la bahía de Amatique) eran puertos menores bajo la jurisdicción de Livingston.3

En 1894 aumentó considerablemente el tráfico marítimo a la costa atlántica, y se empezó a aprovechar las ventajas que Puerto Barrios, ofrecía: excelente posición y un moderno muelle.4 Por su parte, Livingston estaba comunicado con el puerto fluvial de Panzós por medio de una línea de vapores, que sacaban los productos de la Verapaz hacia el puerto de la costa atlántica.5

El 20 de mayo de 1883, se suscribió el siguiente contrato entre Enrique Toriello, Comandante del puerto de Livingston, y el Capitán James Leitch, agente de las navieras que arribaban a dicho puerto:

El comandante del puerto de Livingston, autorizado por el Gobierno de la república de Guatemala, por una parte, y el capitán James Leitch, ciudadano americano, por la otra, han convenido en el siguiente contrato:

Artículo 1.° El Capitán Leitch se compromete a que los vapores de que hoy es agente y cualesquiera otros de que lo sea durante el término de este contrato, toquen tres veces al mes en el puerto de Livingston;

Artículo 2.° A no alterar, sin previa autorización del Gobierno, la tarifa de fletes y pasajes hoy vigentes;

Artículo 3.° A que los vapores permanezcan en la rada el tiempo que exijan los intereses del comercio, y a las horas de reglamento; haciendo la descarga durnate el día, y no pudiendo hacerla de noche, sino  en casos excepcionales, y con previa licencia de las autoridad es de este puerto. Lo dicho no obsta para que los vapores sigan tomando la fruta, aun fuera de las horas de reglamento, cuando, por falta de tiempo, no puedan hacerlo de otro modo;

Artículo 4.° A llevar y traer gratuitamente la correspondencia de Nueva Orleans y Belice que se encuentre lista a la salida de los vapores;

Artículo 5.° A llevar libres de pasajes a los oficiales del Gobierno que viajaren, con carácter diplomático y a sus agregados y secretarios.

Artículo 6.° A pagar las frutas que compre en Livingston, en igualdad de circunstancias, al mismo precio a que las paga en los demás puertos.

Artículo 7.° El comandante del puerto de Livingston, a nombre del gobierno de la República, se compromete a pagar al Capitán James Leitch, por el término de dos años una subvención anual de cinco mil pesos, en moneda de guatemala, que serán pagados por trimestres vencidos de mil doscientos cincuenta pesos cada uno, que se contarán desde el día en que se apruebe este contrato.

Artículo 8.° El Capitán Leitch pagará una multa de icncuenta pesos por cada día de atraso no justificado en la llegada de los vapores, si no vinieren el día señalado en el itinerario, o por lo menos, durante las ochenta y seis horas subsiguientes; y en caso de omitor del todo la llegada de un vapor, perderá la suma de ciento treinta pesos ochenta y ocho centavos, que se deducirán de la subvención.6

El general presidente J. Rufino Barrios aprobó el contrato por medio del siguiente decreto, firmado también por su ministro de Fomento, el poderoso Manuel María Herrera Moreno:

Traído a la vista el anterior contrato, y hallándolo conforme con las instrucciones que para su celebración se comunicaron al Comandante del puerto de Livingston, el general presidente acuerda:

Aprobar los ocho artículos de que se compone.  

Comuníquese.

        • Barrios
        • Herrera6

Como resultado de este contrato, el servicio al puerto lo hacían tres líneas de vapores, con destinos a Nueva Orleáns, Nueva York y Londres; además, entre Livingston, Belice y la costa norte de Honduras, había varios servicios de buques de vela.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Brigham, William T. (1887). Guatemala, the land of the Quetzal (en inglés). Londres: T. Fisher Unwin. p. 26.
  2. Ibid, p. 28.
  3. Méndez, Joaquín (1895). Guía del inmigrante en la República de Guatemala. Guatemala: Tipografía y encuadernación Nacional. p. 41.
  4. Ibid, p. 43.
  5. Ibid. p. 50.
  6. Guerra, Viviano (1883). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1881-83 III. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 402-403.

12 de febrero de 1823: Filísola se entera de la caída de Iturbide

Poco después de haber sometido a la rebelde provincia de El Salvador, el oficial italiano Vincenzo Filísola, quien estaba al servicio del Primer Imperio Mexicano, se entera de la caída del Imperio de Agustín de Iturbide

12febrero1823
Coronación de Agustín de Iturbide como el Emperador Agustín I, en la Catedral de la Ciudad de México.  En el recuadro: el emperador mexicano.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

De todas las provincias centroamericanas, la única que se opuso rotundamente a la Anexión a México el 5 de enero de 1822 fue la de El Salvador, llegando incluso al extremo de declararse un estado más de la Unión Americana con tal de no estar sujetada al poder de Agustín de Iturbide.  Cuando Gabino Gaínza no logró tomar el control de la situación, fue llamado con engaños a México y en su lugar fue enviado el brigadier Vicente Filísola, quien tomó el poder en la ciudad de Guatemala en junio de 1822,1 y luego partió hacia El Salvador, tomando la región por la fuerza el 10 de febrero de 1823. Como las fuerzas de El Salvador eran solamente un grupo de patriotas que encima perdió a su líder Manuel José Arce cuando éste cayó enfermo, no fueron capaces de hacer frente al disciplinado contingente de Filísola.2

Cuando por fin las fuerzas de Iturbide habían tomado el control de toda Centroamérica, el 12 de febrero  llegó a Filísola por correo expreso, una copia del Acta de Casa Mata, en la que se desconocía al emperador Iturbide.   En México, la situación había degenerado en cuestión de semanas; Iturbide se había convertido en el emperador Agustín I y había disuelto el congreso, proclamando su autoridad sobre todas las cosas.  El poder lo había cegado y los desaciertos en que incurrió daban muestras de que estaba fuera de control.  Iturbide destituyó al general Satan Anna del mando militar, quien empezó a levantar las ánimos de sus tropas contra el Emperador, a quien tildaba – y no sin razón – de ser un «loco caprichoso«.  Santa Anna trazó su plan de Veracruz en el que desconocía a Iturbide como emperador y reorganizaba a los ejércitos, dando inicio a una guerra civil.

Al enterarse de esto, Iturbide giró órdenes de detener a Santa Anna y puso al general Echevarri al mando supremo del ejército.  Pero en lugar de ayudar al Emperador, Echevarri se alió con Santa Anna y junto los demás jefes y oficiales del Estado Mayor, firmaron el Acta de Casa de Mata el 31 de enero de 1823, en la que decían:

    1. Siendo que la soberanía reside exclusivamente en la nación, se instalará el congreso a la mayor posible brevedad;
    2. La convocatoria se hará bajo las bases prescritas para las primeras.
    3. Respecto a que los señores diputados que formaron el extinguido congreso, hubo algunos que por sus ideas liberales y firmeza de carácter se hicieron acreedores al aprecio público, al pso que otros no correspondieron debidamente a la confianza que en ellos se depositó, tendrán las provincias la libre facultar de reelegir los primeros y sustituir a los segundos con sujetos más idóneos para el desempeño de sus arduas obligaciones.
    4. Luego que se reúnan los representantes de la nación, fijarán su residencia en el lugar o pueblo que estimen por más conveniente, para dar principios a sus sesiones.
    5. El ejército no atentará contra la persona del emperador, pues lo contempla decidido para la representación nacional.3

Inmediatamente se buscaron correos que repartieran copias del Acta y que se leventara a los pueblos en el desconocimiento del emperador, llegando a Filísola el 12 de febrero.  Al contrario de Iturbide, Filísola era un hombre inteligente y al leer el Acta de Casa de Mata, salió a perseguir a los salvadoreños que habían resistido a la invasión y habían huído a Honduras;  de esta forma, Filísola no levantó sospechas entre los hombres a su mando ni entre sus enemigos en Centroamércia, y como pudo empezó a trazar su plan de retirada en forma adecuada.  Pero las noticias que se recibieron desde México en los siguientes días eran alarmantes y no le dejaron duda de que la caída de Iturbide era inminente; por ello, al regresar a la Ciudad de Guatemala convocó a una Asamblea Constituyente Centroamericana el 24 de junio de ese año y le entregó el poder para poder regresar a México tan pronto como le fue posible.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Pastor, Rodolfo (1971). La anexión de Centroamérica a México (Documentos escritos de 1821 a 1822). Tomo II. México: Porrúa.
  2. Hernández de León, Federico (1963) [1926]. El libro de las Efemérides; capítulos de la historia de la América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 229.
  3. – (12 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 12 de febrero de 1823, Filísola recibe copia del Acta de Casa de Mata”. Guatemala: Nuestro Diario.
  4. Hernández de León, El libro de las efemérides, pp. 178-180.

12 de enero de 1926: conflicto limítrofe entre la United y la Cuyamel Fruit Cos.

Se agrava conflicto limítrofe entre Guatemala y Honduras promovido por los intereses de las compañías fruteras estadounidenses United Fruit Company y Cuyamel

12enero1926.jpg
Ingreso a las plantaciones de BANDEGUA, junto al sitio arqueológico Quiriguá en Izabal, Guatemala.  BANDEGUA es parte de Del Monte Fresh Produce, una de las compañías que se formó cuando el gobierno de Estados Unidos obligó a la United Fruit Company a cerrar en la década de 1970.  En el recuadro: el diplomático Virgilio Rodríguez Beteta, quien evitó la guerra entre Guatemala y Honduras en 1928. Imágenes tomada de Wikimedia Commons.

El papel que jugó la compañía frutera transnacional United Fruit Company en los gobiernos liberales del siglo XX ha sido borrado de la historia oficial, al punto que los largos gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico han sido representados como altamente nacionalistas, cuando en realidad obedecían a los intereses de la UFCO, que era su principal apoyo económico.  Esto convertió a Guatemala en una típica República Bananera del siglo XX.

En la época en mención la línea divisoria de la inhóspita región entre Guatemala y Honduras no estaba claramente definida; de hecho, el ilustre teniente coronel e ingeniero Francisco Vela, constructor del Mapa en Relieve de Guatemala, murió en 1909 víctima del paludismo que contrajo mientras trabajaba en la comisión de límites con Honduras.  Y es que el conflicto se originaba porque para Guatemala, la línea divisoria era la cima de la cordillera del Merendón, mientras que para los hondureños, lo era la margen derecha del río Motagua y los mapas oficiales de dicha república mostrabran como suyos los territorios disputados entre las márgenes derechas del río Polochic y el Lago de Izabal y las del río Motagua.  En otras palabras, la costa Atlántica de Guatemala se reducía únicamente a los pocos kilómetros comprendidos entre Livingston y Sarstún, por lo que perdería dos mil millas cuadradas de territorio.1

Para 1918, la estadounidense «Cuyamel Fruit Company«, con sede en Honduras, intentó obtener una concesión del gobierno guatemalateco  la costa norte de Honduras estaba en poder de compañías extranjeras, y la región en disputa con Guatemala estaba ocupado por la United Fruit Company.  Y es que mientras Honduras utilizaba como argumento que la regió había sido de Honduras desde la época colonial, el gobierno guatemalteco había otorgado hasta ese fecha setenta y un concesiones a compañías extranjeras, sin que Honduras hubiera protestado hasta ese momento.2

Pero cuando la Cuyamel, que sólo tenía concesiones en Honduras, no logró la concesión del gobierno del licenciado Estrada Cabrera para construir 30 millas de ferrocarril en la región, empezó a hacer propaganda en sus periódicos adoptando una posición radical sobre el derecho que Honduras tenía sobre ese territorio.  La UFCO, que tenía muchas de las concesiones otorgadas por el gobierno liberal guatemalteco en el lugar, tuvo una actitud más prudente y se declaró neutral.2

El conflicto llegó hasta el gobierno de los Estados Unidos, quien decidió unilateralmente que la zona disputada quedaría bajo la administración directa de la UFCO, con sede en Guatemala y de la Cuyamel Fruit Company, con sede en Honduras, ¡sin que los gobiernos de Honduras y Guatemala pudieran entrometerse en dichas zonas!  Mientras los políticos liberales guatemaltecos  celebraron aquel logro, los políticos hondureños protestaron airadamente pues comprendieron que era el principio del dominio real de los estadounidenses en la región.2

La situación lejos de mejorar fue escalando y el 12 de enero de 1926, el periódico «Nuestro Diario» de la Ciudad de Guatemala escribió un artículo detallado sobre la situación imperante en la región, exponiendo cómo los gobiernos locales no tenían el control sino que eran las fruteras estadounidenses.2

El problema llegó a su climax en 1928, cuando ambas naciones estuvieron a punto de irse a la guerra entre sí por el conflicto limítrofe, a pesar de que los gobiernos locales no tenían jurisdicción en la región en disputa.  Gracias a la oportuna intervención del diplomático y escritor guatemalteco Virgilio Rodríguez Beteta (padre del también escritor Virgilio Rodríguez Macal y quien fungía como embajador de Guatemala en Honduras), la guerra se evitó; Rodríguez Beteta relató cómo resolvió esta situación en su obra «No es guerra de hermanos, sino de bananos; cómo evité la guerra en Centroamérica en 1928«.3

Aquel reclamo territorial hondureño terminó definitivamente el 23 de enero de 1933, con el Laudo de Hughes, que resolvió diplomáticamente la situación, principalmente debido a que en 1929 la United y la Cuyamel se fusionaron en una sola empresa, dejando el camino libre para que la situación se resolviera mediante el arbitraje.4

Como nota curiosa, el editorial de «Nuestro Diario» de 1926 fue escrito por el periodista Federico Hernández de León, quien era el secretario de la Asamblea Legislativa que en 1933 emitió el decreto que definió la frontera con Honduras.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1933) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1932-1933LI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 576.
  2. Hernández de León, Federico (13 de enero de 1926) «Problemas Centroamericanos: nuestra cuestión de límites con Honduras«. Guatemala: Nuestro Diario, Talleres SELCA.
  3. Rodríguez Beteta, Virgilio (1969) «No es guerra de hermanos sino de bananos; cómo evité la guerra en Centroamérica en 1928«. Guatemala: Universidad de San Carlos.
  4. Méndez, Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, pp. 631-633.

12 de noviembre de 1695: fallece el capitán general Jacinto de Barrios Leal

Fallece el capitán general Jacinto de Barrios Leal, en medio de un período turbulento de la Capitanía General de Guatemala, en el que los miembros de la Real Audiencia y el presidente estaban inmersos en graves acusaciones de corrupción.

12noviembre1695
Castillo de San Felipe de Lara.  Ubicado en Bodegas, Izabal a las orillas de Río Dulce y el Lago de Izabal, el castillo fue destruido por los piratas en varias ocasiones.  El Capitán General Barrios Leal ordenó que fuera reconstruido luego de que él mismo fuera asaltado por piratas a su llegada al Reino en 1687. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La gestión del Capitán General Jacinto de Barrios Leal estuvo marcada por acusaciones de corrupción en su contra y en contra de los oidores de la Real Audiencia, y por conflictos con los criollos locales, lo que hizo que se nombrara al Juez Pesquisidor, licenciado Fernando López Ursino, quien lo destituyó y envió a Patulul y luego a Santa Ana, mientras investigaba lo que estaba ocurriendo en el Reino de Guatemala.1 

Después de un largo litigio, el asunto se resolvió cuando el rey restituyó a Barrios Leal en 1693, y desde ese momento éste se puso en marcha el plan para conquistar la región del Lacandón en Verapaz y Petén. El mismo Barrios de Leal se puso al frente de las tropas que habrían de participar en aquella campaña militar, pero el 18 de mayo de 1695 tuvo que regresar a Santiago de los Caballeros porque se había enfermado de gravedad y ya había empezado la temporada de lluvias que en la zona en donde se encontraba es muy copiosa.2

El 3 de noviembre de 1695 escribió una carta al rey, informándole que no había podido acabar con la coligación de los oidores Antonio de Navia y Bolaños, Francisco Valenzuela Venegas y Manuel Baltodano —quienes pedían soborno para sus fallos judiciales— a pesar que había desterrado a de Navia a tres leguas de la ciudad, porque «este ministro siempre ha antepuesto sus conveniencia y utilidad propia a la pública y de [Su] Majestad; y por lograr esto fomentaba y apadrinaba injusticias, procurando con gran conato atraer la voluntad de los demás ministros a la suya2

También le señaló en detalle que estaba organizando una nueva entrada hacia Petén Itzá, partiendo desde Cobán y atravesando el territorio de los choles.  Y concluyó la carta con una despedida: «bien que al presente yo no trato más que de disponerme para una buena muerte, respecto de hallarme bien apretado de achaque molesto que más ha de un año padezco, y este pliego con los autos de dicha sumaria los dejo prevenidos para que se remitan a Vuestra Majestad si Dios Nuestro Señor fuere servido de llevarme para si asegurando con la verdad que debo a Vuestra Majestad y según el peligro de muerte en que me hallo que así en este negocio como en todos he atendido con muy sana intención el mayor servicio de Vuestra Majestad a que estoy y he estado obligado, anteponiendo éste a todas conveniencias propias; y ruego a Dios Nuestro Señor guarde la real y católica persona de Vuestra Majestad con mayores aumentos de reinos y señoríos como la cristiandad ha menester.2

Sabiendo que el Capitán General estaba por fallecer, el capitán Lorenzo de Montúfar, solicitó al Ayuntamiento criollo de Santiago de los Caballeros que lo invistiera como Caballero de la Orden de Calatrava, el 6 de noviembre de 1695, en la Sala del Real Acuerdo.2

Barrios Leal falleció el 12 de noviembre de 1695, día en que la Iglesia Católica celebra a San Diego y fue sepultado al pie del altar de Nuestra Señora del Socorro, en la Catedral. En su testamento dejó mil pesos para la Compañía de Jesús, pero la Audiencia se los otorgó al Colegio de Cristo Crucificado de Propaganda Fide —La Recolección, lo que provocó fuertes diferencias entre las dos instituciones religiosas.2

Francisco Ximénez,O.D.P., quien llegara a Guatemala con el Juez Pesquisidor López Ursino, indicó en su crónica que Barrios Leal «murió con muy buenas disposiciones, y pidiendo perdón á todos los que había agraviado, yporque no se hallaba allí el Oidor Dn. Antonio de Navia á quien tenía retirado, mandó que le diesen el Santo Cristo con que el moría, en señal de la paz que deseaba tener con él, y de pedirle perdón de los agravios que le había hecho«.2

Por su parte, el oidor Scals logró ser nombrado presidente provisorio en lugar de Valenzuela Venegas, quien era el decano de los oidores y a quien le correspondía el nombramiento, iniciando así un problema de usurpación de funciones que se extendería hasta la llegada del siguiente presidente, Gabriel de Sánchez y Berrospe, el 27 de marzo de 1696.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Cabezas Carcache, Horacio (2017) Gobernantes de Guatemala en el siglo XVII. Guatemala. p. 143.
  2. Ibid, p. 149.
  3. Juarros, Domingo (1818). Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala. II. Guatemala: Ignacio Beteta. p. 140.