11 de junio de 1829: las nuevas autoridades liberales obligan al arzobispo Ramón Casaus y Torres y a la mayoría de ordenes regulares a salir al exilio

Antigua fuente que se encontraba en el atrio de la Iglesia de La Recoleccion en la Ciudad de Guatemala.  Fotografía de Alberto G. Valdeavellano.

El general Francisco Morazán invadió a Guatemala luego de que el presidente Federal Manuel José Arce se aliara con los conservadores guatemaltecos y fuera separado de su cargo por estos tras el desastre militar de Milingo en 1827. Morazán se alzó con el triunfo el 12 de abril de 1829 y pocos meses después, dispuso salir de los principales aliados de los aristócratas: los frailes regulares y la cúpula del clero secular.

La noche del 10 al 11 de junio de 1829, llegaron sigilosamente los delegados de la autoridad al Palacio Arzobispal y sacaron al arzobispo Ramón Casaus y Torres todavía en camisa de dormir, lo obligaron a empacar y lo sacaron camino a la costa del Norte montado en una mula.  No les importó en lo más mínimo que la mañana era nebulosa y amenazaba lluvia.

Igual suerte corrieron los frailes de Santo Domingo, La Recolección y San Francisco; todos fueron enviados a Omoa, en fueron embarcados con destino a la Isla de Cuba, que todavía era posesión española y los recibió con los brazos abiertos.  Solamente se salvaron los frailes de la Merced y los hospitalarios de Belén quienes no participaban activamente en política.

Cuando llegó a la Habana Casaus y Torres se dedicó a buscar todos los medios para atacar a los liberales en el poder. Y fue tal la agitación causada en Guatemala gracias a la distribución de las pastorales que escribiera por los curas párrocos que predicaban en el área rural, que hubo revueltas indígenas en San Agustín Acasaguastlán y Zacapa.  La autoridad se vio así en un grave problema y tuvo que expedir un decreto por el declara al arzobispo enemigo de la Patria el 13 de junio de 1830:

1. — Se declara traidor a la patria al Arzobispo de Guatemala, fray Ramón Casaus.

2. — Se declara que el mismo Arzobispo ha perdido los derechos de ciudadano, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, artículo 20 de la Constitución federal.

3. — En consecuencia queda extrañado perpetuamente del territorio del Estado, y su silla
vacante.

4. — Mientras se provee canónicamente el Arzobispado, sus rentas entrarán a la tesorería.  Los bienes particulares de fray Ramón, serán ocupados con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 23 de noviembre último.

5. — El Cabildo eclesiástico nombrará Vicario y Gobernador general del Arzobispado, arreglándose a lo dispuesto en el derecho canónico;  pero el que así fuere nombrado, no entrará a ejercer su cargo sin aprobación previa del gobierno.

6. — Es prohibida, de hoy en adelante toda comunicación con el expresado fray Ramón Casaus, a quien se considerará enemigo público.

7. — El gobierno cuidará de informar a Su Santidad sobre todo lo ocurrido, activando las
disposiciones prevenidas en el decreto de 5 de diciembre del año próximo pasado.

8. — El mismo gobierno hará imprimir y publicar los documentos principales que demarcan la conducta hostil del Arzobispo, a quien se le intimará el presente decreto.

Este decreto tambien dejo sin el beneficio del diezmo obligatorio al clero secular, dejando a los curas párrocos en situación muy difícil.  Pero a pesar de todo esto, siguieron azuzando el ánimo de los campesinos indígenas. Conforme pasó el tiempo el gobierno liberal fue poniendo de su parte para facilitar la labor de los curas; primero, cuando hizo negocios con los ingleses protestantes, y luego cuando estableció un impuesto individual excesivo para los indígenas y cuando promulgó los códigos de Livingston que autorizaban el matrimonio civil y el divorcio. Todo eso, aunado al resentimiento por la expulsión del arzobispo, hizo que estallara la revolución campesina en 1837 cuando el gobierno quiso imponer unos cinturones sanitarios para evitar la propagación de la epidemia del cólera, impidiendo que las comunidades rurales tuvieran acceso a sus fuentes de agua.


BIBLIOGRAFIA:


7 de junio de 1872: el encargado de la presidencia provisoria, teniente general J. Rufino Barrios, decreta la expropiación de los bienes a las órdenes regulares de la Iglesia Católica

Acto de Crucifixión celebrado en una parroquia de Guatemala a finales del siglo XIX.  Aunque la élite criolla liberal expulsó al clero regular y redujo al mínimo los privilegios del clero secular, las manifestaciones de fe entre la población se mantuvieron. Fotografía de Juan José de Jesús Yas, tomada de Wikimedia Commons.

Siendo teniente general del ejército y encargado de la presidencia del gobierno de facto provisorio de la República por ausencia del general Miguel García Granados, el 24 de mayo de 1872, J. Rufino Barrios confiscó algunas propiedades de los religiosos y suprimió a los jesuitas y a otras órdenes regulares. Siendo originario de San Marcos, Barrios era un criollo liberal descendiente de aquellos que intentaron formar el Estado de Los Altos cuando el gobierno conservador apoyado por el general Rafael Carrera tomó el poder en Guatemala; sabiendo que el principal aliado de los conservadores era el clero regular, decidió minar el poderío económico de la iglesia.

He aquí un resumen de las órdenes afectadas:

Orden Logo Tipo de clero Propiedades expropiadas
Orden de Predicadores Orderofpreachears.png Regular
  • Conventos
  • Haciendas
  • Ingenios azucareros
  • Doctrinas y tierras de indios
Mercedarios Coat of Arms of the Mercedarians.svg Regular
  • Conventos
  • Haciendas
  • Ingenios azucareros
  • Doctrinas
Compañía de Jesús Ihs-logo.svg Regular Los jesuitas habían sido expulsados de Guatemala por el rey de España Carlos III en 1765, pero regresaron durante el gobierno de Rafael Carrera para encargarse de la educación. Cuando fueron expulsado en septiembre de 1871 no tenían mayores posesiones en Guatemala.
Recoletos Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum, Propaganda Fide seal.png Regular Conventos
Concepcionistas OrdoIC.jpg Regular Conventos y haciendas
Arquidiócesis de Guatemala Secular Colegio y Seminario Tridentino de Nuestra Señora de la Asunción
Congregación de San Felipe Neri S. F. Nerist.JPG Secular Templo y residencia en Ciudad de Guatemala destruidos hasta sus cimientos.

Cuando el pueblo católico protestó estas disposiciones, Barrios promulgó el siguiente decreto, por medio del cual el ejército ocupó los edificios de las órdenes regulares, y le dio el ultimátum a los religiosos que si querían permanecer en el país que fueran secularizados (es decir, que se convirtieran en curas párrocos y abandonaran el hábito de la orden regular a la que pertenecían):

Decreto N°. 64

Considerando: Que las comunidades de Religiosos carecen de objeto en la República, pues no son las depositarías del Saber, ni un elemento eficaz para morijerar las costumbres;

Que no pudiendo ya como en los siglos medios prestar importantes servicios a la sociedad, los trascendentales defectos inherentes a las asociaciones de esta clase, se hacen mas sensibles, sin que de modo alguno sean excusables;

Que dichos institutos son por naturaleza refractarios a las reformas conquistadas por la civilización moderna, que proscribe la teocracia en nombre de la libertad, del progreso y de la soberanía del pueblo;

Que sustrayéndose en el orden económico a las leyes naturales y bienhechoras de la producción y del consumo, constituyen una excepción injustificable que gravita sobre las clases productoras:

Que debiendo las referidas comunidades su existencia a la ley, a esta corresponde estinguirlas, y de consiguiente disponer en beneficio público de los bienes que poseen;

Y que atendiendo a los principios que presiden á la revolución democrática de Guatemala, es una consecuencia ineludible la extinción de las Comunidades de Religiosos, y al decretarla, un deber del gobierno proporcionar a éstos los medios necesarios para el sostenimiento de su nueva posición social, tengo á bien decretar y

DECRETO:

Art. 1. – Quedan extinguidas en la República las comunidades de Religiosos.

Art. 2. – Se declaran nacionales los bienes que poseen y usufructúan.

Art. 3. – Estos bienes y sus productos se dedicarán de preferencia a sostener y desarrollar la instrucción pública gratuita.

Art. 4. – Los Religiosos exclaustrados quedan en absoluta libertad de residir donde les convenga, o de salir de la República, si así lo quisieren. Podrán adquirir bienes, disponer de ellos en vida o por testamento, tratar y contratar y gozar de todos los derechos que las ley- conceden al resto de los habitantes, sin más limitaciones que las que impone su estado á los eclesiásticos seculares.

Art. 5. – A los Religiosos que deseen salir de la República, se les costeará el viático necesario, y los que prefieran residir en ella, quedan por el mismo hecho secularizados,
no podiendo usar hábito ni distintivo de religioso.

Art. 6. – Las iglesias de las comunidades se conservarán con sus respectivas advocaciones y títulos, lo mismo que con sus vasos sagrados, alhajas, ornamentos y todo cuanto
esté destinado al Culto. En cada una de dichas Iglesias se erigirá una parroquia, a cuyo sostenimiento contribuirá el Gobierno.

Art. 7. – Las librerías de los conventos pasarán a la Biblioteca de la Universidad.

Art. 8. – La hacienda pública pagará, durante un año, a los Religiosos exclaustrados, que aun no se hayan ordenado de Presbíteros, los impedidos de ejercer su ministerio por ancianidad o enfermedad, una pensión de veinticinco pesos al mes, entregándoles la primera mensualidad el mismo dia en que se verifique la exclaustración.

Art. 9.- El Ministro del ramo queda encargado de la ejecución de este decreto, dando al efecto las instrucciones convenientes al Jete Político de este departamento y al Administrador General de Rentas.

Dado en Guatemala, a siete de junio de mil ochocientos setenta y dos

  • J. Rufino Barrios, Teniente general del ejército y Encargado de la Presidencia del Gobierno Provisorio de la República
  • Marco Aurelio Soto, ministro del ramo

BIBLIOGRAFIA:


24 de abril de 1560: fray Pedro Angulo, O.D.P., acepta el obispado de la Verapaz en las Casas Reales de Cobán pese al rechazo de los religiosos de la Provincia

Interior de la Catedral de Cobán en 1884. Grabado del libro Guatemala, the land of quetzal de William T. Brigham, publicado en 1887; nótese que todavía aparecen retablos en los muros laterales.

La Iglesia de la Verapaz la fundaron los frailes dominicos, y al principio estuvo bajo la jurisdicción del obispo de Guatemala hasta 1558, en que pasó al obispado de Chiapa, y luego fue convertida en diócesis por el papa Paulo IV en 1559.  El primer obispo fue el fraile Pedro de Angulo, O.D.P., que era originario de Burgos y llegó a América en 1524, en donde participó en la conquista y pacificación de algunas provincias de Nueva Espana antes de tomar los hábitos de la Orden de Predicadores.

En 1556 llegó al convento de Guatemala, y fue uno de los fundadores de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, y participó en la conquista pacífica de Tezulutlán, que luego se convertiría en la Verapaz.

A principios de 1560 llegó a Guatemala la noticia de que se fundaba la nueva diócesis y del nombramiento del padre Angulo como obispo.  Pero los religiosos de la provincia de Guatemala se opusieron rotundamente al nombramiento, y el Presidente de la Real Audiencia tuvo que mandar que Angulo se alojara en las Casas Reales de Cobán para que frente a notario y testigos aceptara el obispado el 24 de abril de 1560.

Pero esto no evitó que siguieran el rechazo hacia Angulo, que tuvo que irse a México para evitar conflictos.  Hasta allá llegaron los despachos y las cédulas que le ordenaban que tomara las riendas de la diócesis en lo que llegaban las Bulas papales definitivas.  Por esta razón regresó a Guatemala, y cuando estaba en Salamá (actualmente en Baja Verapaz), murió repentinamente el miércoles después de la Pascua de 1562, sin haber sido oficialmente consagrado como obispo.


BIBLIOGRAFIA:


 

21 de febrero de 1768: arriba a la ciudad de Santiago de los Caballeros don Pedro Cortés y Larraz, tercer arzobispo de Guatemala

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Descripción gráfica de los curatos de San Pedro, Sololá, Panajachel y Atitlan según lo report el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en 1770.  Imagen tomada del Archivo General de Indias.

Fue el arzobispo Pedro Cortés y Larraz uno de los que más labor realize durante su trabajo episcopal, recibiendo una arquidiócesis casi en ruinas producto de las rencillas entre las poderosas órdenes regulares de los dominicos y los franciscanos, y de la debilidad en que quedaron las doctrinas de indígenas cuando éstas pasaron de las órdenes regulares a un clero secular muy mal preparado.

Cortés y Larraz emprendió un viaje por toda su arquidiócesis para conocerla de primera mano y dejó para la posteridad una excelente descripción de la vida en el Reino de Guatemala en 1770.  Luego, tras el terremoto de Santa Marta de 1773, organizó al clero secular y rechazó el traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción que ordenó el Capitán General Martín de Mayorga, hasta que fue expulsado de la mitra en 1778.  Y también fue responsible de las únicas medidas sanitarias sensatas tomadas para reducir los nefastos efectos de la epidemia de tifo encemático que se produjo luego del terremoto en la destruida ciudad de Santiago de los Caballeros.

Cortés y Larraz no quería venir a Guatemala originalmente.  Para que el lector se de una idea de por qué, a continuación reproducimos la narración que hace el historiador Federico Hernández de León de la llegada del arzobispo a su arquidiócesis:

“El prelado había llegado a Guatemala desde la triste y soñolienta Zaragoza en España, de cuya catedral era reverendo canónigo. Por cierto que la noticia de su nombramiento le sonó a escopetazo disparado a mansalva.  Conversaba una tarde otoñal de 1766 con otro de los canónigos zaragozanos, cuando fue llamado violentamente al palacio arzobispal.  Acudió presuroso y allí fue notificado que Su Santidad, como premio a sus virtudes y talentos, lo agraciaba con la mitra guatemalteca.

No tenía muy buena fama la diócesis designada, por las noticias de alborotos y enredos que levantaban los mismos frailes, en sus rivalidades de dominicos y franciscanos, poniéndose de por medio los jesuitos, atizando los rencores de las dos comunidades magnas.  Por esto, a la muerte del arzobispo, doctor don Francisco José de Figueredo y Victoria, un viejecito ciego, de más de ochenta años, fue designado para sustituirlo el doctor don Pedro Marrón, doctoral de Toledo.  Pero el reverendo señor Marrón no aceptó y, de esa cuenta, la pedrada había sido dirigida al señor Cortés y Larraz.

Dejó el señor Cortés y Larraz la quietud beatífica de Zaragoza y se dirigió a México en donde fue consagrado.  Luego enfiló sus pasos a nuestras tierras y el 21 de febrero de 1768 entraba en la capital del reino, bajo el simbólico palio, a lomos de una burra pensativa y escoltado por una larga muchedumbre que le aclamaba a cada paso de la burra.  Salió a recibirlo hasta la puerta del palacio episcopal el señor dean y doctor don Francisco de Palencia, que fuera el encargado de soportar el peso arzobispal, desde la muerte de Figueredo y Victoria, en junio del año 65.  Al llegar el nuevo arzobispo, al lugar de su residencia, levantó en alto la mano con la señal de la cruz, y bendijo a la muchedumbre apiñada a su alrededor.”


BIBLIOGRAFIA:


27 de enero de 1553: se celebra el primer capítulo provincial de la Orden de Predicadores en Guatemala

La catedral de Cobán, en Alta Verapaz, en 1887.  En lo alto de la fachada se puede observer hoy en día el escudo de la Orden de Predicadores, ya que esta fue una de sus principals ubicaciones en Guatemala.  Imagen tomada del libro “Guatemala, The land of Quetzal“.

La conquista de Guatemala no pudo ser menos glamorosa:  invasiones de unas cuantas decenas de aventureros españoles sin ningun futuro en su tierra natal acompañados de miles de indígenas tlaxcaltecas y cholultecas que se habían aliado a los invasores europeos para dominar a sus vecinos tanto en México como en Guatemala.

Como resultado, los pueblos conquistados fueron sometidos a una serie de vejámenes y esclavitud por parte de los invasores, cuya codicia era desenfrenada, lo que motivó a que llegaran a la región frailes y sacerdotes de las órdenes regulares para intentar poner un poco de orden a la situación.

Una de las primeras órdenes en llegar a la region fue la poderosa Orden de Predicadores, conocida también como la Orden de los Dominicos la cual una vez establecida realizó su primer capítulo provincial el 27 de enero de 1553.  A partir de allí sus esfuerzos fueron encaminados a la conquista pacífica de indígenas por medio de la Capitulación de Tezulutlán en 1537, resultando en la formación de la region de la Vera Paz. Intentaron también pacificar a los itzáes en Petén, pero no pudieron y varios de los frailes murieron en el intento.

Una vez establecidas las otras órdenes en la región, se dividieron el área de Guatemala en la cual establecieron sus doctrinas (poblados de indígenas a quienes impartían la religion católica a cambio de que trabajaran en sus enormes haciendas); de esta forma, los mercedarios se establecieron en la region de Chiapas, Soconusco, Huehuetenango y San Marcos,  los Franciscanos en la costa sur del país y los Dominicos en Quiché, Escuintla, Sacatepéquez, y la Vera Paz.  Es posible todavía ver los vestigios de la enorme hacienda de San Jerónimo que los dominicos poseyeron en el valle en donde hoy en día se encuentran los poblados de Salamá y San Jerónimo en Baja Verapaz.

Los dominicios fueron los únicos frailes que no tuvieron que entregar sus doctrinas al clero secular en la segunda mitad del siglo XVIII gracias a su enorme influencia en la corona española, pero finalmente fueron expulsados del país y perdieron sus propiedades cuando Francisco Morazán invadió a Guatemala en 1829, ocho años después de la Independencia de Centroamérica.


BIBLIOGRAFIA:

23 de enero de 1752: se emite la Bula Papal designando a Francisco José de Figueredo y Victoria como el segundo arzobispo de Guatemala

Ruinas de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Antigua Guatemala.  Fotografía de Eadweard Muybridge tomada en 1875.

Francisco José de Figueredo y Victoria fue el segundo arzobispo y XVIII obispo de Guatemala.  Era originario de Granada y fue nombrado obispo de Popayano en 1740, y luego arzobispo de Guatemala en 1751. La Bula Papal que lo confirmó se expidió el 23 de enero de 1752 y llegó a la Capitanía General el 13 de mayo de 1753.  La ceremonia en que se le impuso el palio fue en la iglesia de Cuajiniquilapa.

Lo más importante de su gestión fue poner en práctica la orden Real por la que se despojó a las órdenes religiosas regulares de sus doctrinas y pasarlas al control del clero secular.  Aunque en la práctica la poderosa orden de los Dominicos conservaron sus grandes docrinas en la Verapaz y en el Quiché.

Figueredo y Victoria era ya de edad avanzada cuando se hizo cargo de la mitra guatemalteca, pero eso no le impidió visitarla ni apoyar en todo cuando pudo a otra orden muy poderosa, la de los Jesuitas, a quienes apoyó mucho con su colegio en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.

Figueredo y Victoria quedó ciego a los 80 años de edad y pidió al rey que le asignaran un coadjutor que le ayudara en su ministerio.  El Rey asignó al guatemalteco  Miguel de Cilieza y Velasco, quien era Maestrescuela de la Catedral, pero la autorización llegó al Reino después del fallecimiento del arzobispo, que ocurrió el 24 de junio de 1765.

Irónicamente, los jesuitas serían expulsados de todos los territorios del Rey de España en 1767, como parte de la Pragmática Sanción.


BIBLIOGRAFIA:

 

23 de septiembre de 1915: el municipio de “Pueblo Viejo” es renombrado como “San Joaquín Villa Canales” en honor a Joaquina Cabrera, fallecida madre del presidente Manuel Estrada Cabrera

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Joaquina Cabrera, madre del presidente Manuel Estrada Cabrera, fallecida en 1908. Durante el gobierno de su hijo, muchos lugares e instituciones fueron bautizados con su nombre, aun después de su muerte. Imagen tomada de “La Locomotora“.

Tras la conquista española, el territorio que actualmente ocupa el municipio de Villa Canales era parte del convento de Amatitlán, dirigido por la Orden de Predicadores.  Estos tuvieron que entregar sus doctrinas al clero secular en 1754, aunque este no estaba preparado para hacerse cargo de ellas, como lo reporta el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en su informe del estado de su arquidiócesis en 1770.

Tras la Independencia, las nuevas autoridades utiliaron la organización que tenían las doctrinas católicas para establecer la division política de los nuevos Estados centroamericanos.  Posteriormente, ya en el año de 1839 la asamblea constituyente del estado de Guatemala, decreta formar el distrito de Amatitlán, formado por la ciudad de Amatitlán, y los poblados de San Cristóbal, Palín, Villa Nueva, San Miguel y Santa Inés Petapa y Pueblo Viejo. Posteriormente, en 1866, Amatitlán fue elevado a la categoría de departamento.

El 3 de junio de 1912 Pueblo Viejo fue convertido en municipio y el 21 de agosto de 1915 la corporación municipal se reunió con el entonces presidente, licenciado Manuel Estrada Cabrera, para cambiar el nombre del municipio por el de “San Joaquín Villa Canales”, en conmemoración del natalicio de la madre del presidente, Joaquina Cabrera quien había fallecido en 1908.

El cambio de nombre fue aprobado el 23 de septiembre de 1915, y fue oficial hasta que el presidente Estrada Cabrera fue derrocado en abril de 1920.  El nuevo presidente, el ciudadano Carlos Herrera y Luna, emitió un acuerdo gubernativo el 3 de mayo de 1920, ordenando suprimir los nombres del expresidente y de sus familiares de cualquier lugar que los tuvieran.  Esto incluía municipios, la Universidad Nacional, numerosas instituciones y establecimientos educativos. De esta forma, el municipio que nos ocupa pasó a llamarse simplemente “Villa Canales”.

El departamento de Amatitlán fue suprimido por decreto legislativo 2081 del 29 de abril e 1935 durante el gobierno del general Jorge Ubico como parte de una reorganización administrativa del país para ahorrar recursos debido a la Gran Depresión. Con este cambio, Villa Canales pasó a la jurisdicción del Departamento de Guatemala.


BIBLIOGRAFIA:


21 de junio de 1839: se restablecen las órdenes religiosas en Guatemala luego de haber sido expulsadas por Francisco Morazán y los liberales en 1829

Iglesia del Colegio de Propaganda Fide en 1875, al fondo del paredón se ve el portón al Convento.  Estos edificios fueron retorandos a los miembros de la congregación religiosa en 1839 luego de que fueran expulsados en 1829.  Imagen de Eadweard Muybridge.

El 13 de abril de 1839 habían entrado los campesinos montañeses a la capital del Estado de Guatemala, comandados por el general mestizo Rafael Carrera.   Aunque los milicianos eran hombres duros y analfabetos con un acérrimo fanatismo católico, respetaban a su general, quien tenía un supremo don de mando.

La bandera de los campesinos era la religión: era en los asuntos de la Iglesia en donde más se hacía sentir el cambio radical en el gobierno del Estado.  Carrera ordenó al presinte Mariano Rivera Paz, hombre “de caráter débil pero de buen corazón“, que reuniera a la Asamblea Legislativa para que se hiciera un decreto que ordenara al gobernador eclesiástico que en todas las iglesias del Estado se hiciera un día de rogación por el acierto de los trabajos de la propia Asamblea.  Era el principio de lo que sería la simbiosis entre la Iglesia Católica y el Estado guatemalteco durante los próximos treinta años.

El cambio en el sentimiento religioso fue muy grande y contrastaba con todos los vejámenes y humillaciones que se le habían hecho a los curas y a los frailes durante el gobierno liberal que empezó en 1829.  Es más, desde ese año no había arzobispo, sino gobernador eclesiástico, porque al prelado Ramón Casaus y Torres lo habían expulsado los liberales sin mayores contemplaciones.

Una de las primeras medidas en favor de los sacerdotes católicos fue la autorización del retorno de las órdenes religiosas de San Francisco, Santo Domingo, y Colegio de Misiones de Propaganda Fide (La Recolección) (que era la preferida de la familia Aycinena y recibió trato preferencial) y que se les devolvieran sus iglesias y conventos.  En cuanto a los Jesuitas, éstos habían sido expulsado por las autoridades españolas desde 1767 y no poseían conventos ni haciendas en el país.

Los religiosos encontraron así en Guatemala un refugio a la persecución de que eran víctimas en todo el continente americano, pues se les miraba como un símbolo de la dominación española y un atraso en el progreso de los pueblos.  Pero gracias al férreo control de Rafael Carrera sobre el gobierno guatemalteco, pudieron desarrollarse tranquilamente en el país hasta 1871, cuando los liberales por fin retomaron el poder.

El decreto es el siguiente:

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE GUATEMALA, 21 DE JUNIO DE 1839, DECLARANDO INSUBSISTENTE EL DE 28 DE JULIO DE 1829, POR EL CUAL SE SUPRIMIERON LAS ORDENES MONÁSTICAS

  1. Se declara nulo e insubsistente él decreto de veintiocho de julio de mil ochocientos veintinueve, contraido á la supresión de las órdenes religiosas de San Francisco, Santo Domingo, Merced y Colegio de Misioneros de Propaganda Fide.
  2. En consecuencia el gobierno del estado, poniéndose de acuerdo con el goberno eclesiástico, y oyendo á la municipalidad de esta capital, proveerá lo conveniente para que desde luego tenga efecto el restablecimiento del Colegio de misioneros de Propaganda Fide proporcionando a los religiosos la devolución de su iglesia y convento; y haciendo para ello las indemnizaciones que fueren de
    justicia.
  3. Para el restablecimiento de las otras órdenes religiosas, el gobierno también de acuerdo con el ordinario eclesiástico, y oyendo á la corporación municipal, dispondrá lo conveniente; consultando á la asamblea cuando fuere necesaria alguna resolución legislativa.

BIBLIOGRAFIA:


28 de mayo de 1872: el encargado de la presidencia, teniente general J. Rufino Barrios, expropia una hacienda que tenían los dominicos en el municipio de Palencia

Iglesia de Santo Domingo en la Nueva Guatemala de la Asunción en 1875.  El convento aledaño también fue expropiado a los dominicos por Barrios y convertido de la Dirección de Rentas. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La relación entre Miguel García Granados y J. Rufino Barrios ha sido idealizada en los libros de los historiadores liberales, y que que han sido la base de los libros de historia que se utilizan en la actualidad en la educación guatemalteca.  En dichos libros se dice que ambos eran colaboradores y que el traspaso de poder de uno al otro fue totalmente planificado y sin problemas; pero no hay nada más lejos de la realidad.

Miguel García Granados era originario de España y tenía muchos lazos de parentesco con los miembros de la familia Aycinena, recién derrocada por la Revolución Liberal de 1871. Por su parte, J. Rufino Barrios era oriundo de San Marcos, es decir, del Estado de Los Altos (que incluía desde Soconusco hasta Suchitepéquez y Sololá) y por ende, era un liberal de la nueva guardia que aborrecía a los conservadores.  Una vez que éstos fueron derrocados, García Granados empezó una política de acercamiento para iniciar cambios graduales, a los que se oponían Barrios y sus adláteres rotundamente.

Es por esa razón que cada vez que García Granados se retiraba de la capital para atender asuntos militares contra rebeliones o invasiones, Barrios se quedaba como encargado de la presidencia y tomaba medidas drásticas en ausencia del presidente provisorio.  Tras dos años de esta situación, los liberales decidieron cambiar definitivamente a García Granados y colocar en su lugar a Barrios y así realizar todos los cambios que querían.

Uno de los cambios que hizo Barrios mientras estaba encargado de la presidencia fue la expropiación de una de las haciendas que tenían los frailes dominicos en Palencia, el 28 de mayo de 1872, que había pertenecido al general Rafael Carrera, pero que se las vendió en 1849 cuando tuvo que salir temporalmente exiliado hacia México.  (Por cierto que la Guatemala de Carrera había sido el único estado centroamericano que permitió a las órdenes regulares nuevamente en su territorio, y el único que les permitió tener posesiones materiales.  De esta cuenta, para 1871, las  órdenes que habían regresado al país eran poseedoras no solo de grandes monasterios sino que también lo eran de grandes extensiones de tierra).

La expropiación de las grandes haciendas y bienes materiales de las órdenes regulares apenas empezaba.


BIBLIOGRAFIA: