5 de junio de 1849: el presidente Paredes decreta el regreso del general Carrera

El presidente interino, general Mariano Paredes, decreta que es nulo el decreto legislativo que había impuesto la pena de muerte al expresidente Rafael Carrera si este osaba retornar del exilio en México.

Detalle de la fuente de Jocotenango en 1875. Al fondo, la avenida Simeón Cañas. Fotografía de Eadweard Muybridge, tomada de la recopilación de Luis Luján Muñoz.

El 5 de junio de 1849 gobernaba Guatemala como presidente interino el general Mariano Paredes, quien había llegado al poder el 1 de enero de ese año, luego de que el teniente general Rafael Carrera renunciara al poder en agosto, y que los presidentes Juan Antonio Martínez y Bernardo Escobar apenas estuvieran por muy breves períodos en el poder. Los criollos pensaron que iban a poder hacerse cargo de la situación con la salida de Carrera, y la prensa que manejaban se había dedicado a insultar al ex-presidente exiliado en México, ya que la anarquía que imperaba en el país lo había obligado a separarse del cargo.1

Pero la situación empeoró de tal forma, que el 19 de mayo los miembros de la Asamblea pidieron a Paredes que derogara el decreto del 13 de octubre de 1848, en el que habían declarado a Carrera reo de muerte si intentaba regresar a Guatemala.2 Así pues, el presidente interino emitió el siguiente decreto el 5 de junio, el cual fue publicado por bando a través de un tiraje de hojas sueltas:3

Decreto Número 35

El Presidente interino de la República de Guatemala, facultado por orden especial de la Asamblea Constituyente de 24 de abril último, para obrar respecto del señor General don Rafael Carrera, conforme lo demandan las circunstancias, hasta el completo restablecimiento de la paz; y tiendo en consideración que los artículos 4 y 5 del Decreto de 13 de octubre de 1848, son contrarios a lo que dispone la Ley Constitutiva de Garantías de 5 de diciembre de 1839; oído el dictamente del Consejo Consultivo, decreta:

Artículo 1°.— Se declaran insubsistentes los artículos 4 y 5 del Decreto legislativo de 13 de octubre del año próximo pasado, que prohiben al teniente general don Rafael Carrera, regresar al territorio de la República.3

Artículo 2°.— El gobierno dirigirá, por medio de su Ministro Plenipotenciario, al de la República mexicana, poniendo en su conocimiento el presente decreto para los efectos consiguientes.

Dado en el Palacio de Guatemala, a 5 de junio de 1849.  

        • Mariano Paredes
        • El Ministro de la Guerra, Francisco Cáscara4

Los diputados liberales, ya viendo que el retorno del caudillo es inminente, y sabiendo que había establecido pactos con los líderes indígenas de la región occidental de Guatemala durante su retorno, temían que se desatara una carnicería contra los criollos, como ya estaba ocurriendo en Yucatán.5 Muchos de los liberales se ocultaron, como el joven Lorenzo Montúfar y Rivera —quien era secretario de la Asamblea cuando se firmó el decreto que declaraba a Carrera como reo de muerte— se escondió en la casa del ingeniero Julián Rivera, pariente suyo, y luego huyó del país disfrazado de clérigo. Y no sólo los liberales temían el retorno de Carrera, pues habían sido los criollos conservadores y los miembros del clero los que le habían pedido la renuncia al ex-presidente el 15 de agosto de 1848.6

Y como la situación del país siguiera en completo caos, el 3 de agosto Paredes nombró a Carrera como Comandante General de las Armas de la República por medio de otro bando.  Ahora, la prensa guatemalteco dió un giro completo y en vez de vilipendiar al general Carrera, lo llamaba «general invicto«, «salvador de Guatemala«, «hombre providencial«, «estratega genial y maravilloso«. Y no solamente la prensa se apresuró a adularlo; Quetzaltenango —que poco antes había intentado formar nuevamente el Estado de Los Altos— no solamente firmó un tratado de paz con él, sino que se apresuró a brindarle a los miembros de su ejército para que combatiera a su lado.7

Carrera entró triunfalmente el 8 de agosto, y una comitiva con el presidente Mariano Paredes a la cabeza salió a recibirlo mientras los liberales huían, y los conservadores, que no eran bien recibidos en el resto de Centro América por aristócratas, tuvieron que pactar con él sabiendo que tenía fuertes alianzas con los líderes indígenas y temiendo que los lanzara en su contra.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (1963) [1926]. El libro de las Efemérides: capiítuylos de la Historia de la América Central. VI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 394.
  2. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. I. Guatemala: Editorial del Ejército. p. 266.
  3. Hernández de León, El libro de las Efemérides, p. 395.
  4. Ibid., p. 396.
  5. Casares G. Cantón, Raúl; Duch Colell, Juan; Antochiw Kolpa, Michel; Zavala Vallado, Silvio et ál (1998). Yucatán en el tiempo. Mérida, Yucatán. ISBN 970 9071 04 1.
  6. Coronado Aguilar, Apuntamientos para la Historia de Guatemala, p. 258.
  7. Paredes, Mariano; Guzman, Agustin (1849). Convenio. Antigua Guatemala.

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31 de mayo de 1952: Arbenz anuncia la Reforma Agraria por cadena radial

En un comunicado radial por cadena nacional, el presidente de Guaatemala, teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán anuncia la implementación de la Reforma Agraria.

Indígenas jornaleras en una plantación cafetalera en la costa sur guatemalteca en 1875. Fotografía de Eadweard Muybridge tomada de Wikimedia Commons. En el recuadro: el presidente Arbenz con un campesino. Fotografía de Edgar Ruano Najarro tomada de Aprende Guatemala.

Los resultados del censo de Guatemala de 1950 reflejó que el 2.3% de la población poseía el 72% del total del suelo mientras que el 76% de los guatemaltecos ocupaban sólo un 9% de ella. En base a esto, el presidente, teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán elevó al Congreso de la República el proyecto la ley de Reforma Agraria.1 Previendo el impacto que tendría la misma, designó a un hombre de negocios que aceptaba la política social del Gobierno arbencista como Ministro de Economía. De hecho, Fanjul era uno de los elementos identificados con los sectores más fuertes de la industria y de las finanzas del país” por lo que su palabra tenía peso y despertaba confianza.2

Ya con el proyecto firme y listo para su aprobación final, Arbenz emitió un comunicado radial por cadena nacional el 31 de mayo de 1952, en el que comunicó la “histórica ley”, diciendo que era una «trascripción fiel de las convicciones por él expresadas a lo largo y lo ancho de todo el territorio de la república durante su campaña, y recordando que constituía un “indeclinable compromiso”. Y es que, de acuerdo al gobierno, las escasas tierras que podían utilizarse para la producción agrícola merecían una distribución más ecuánime.3

De acuerdo al presidente, la reforma agraria tenía por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo que se había reforzado con las reformas agracias y laborales implementadas por los gobiernos liberales —especialmente con el de J. Rufino Barrios— para poder desarrollar métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Además, declaró que de allí en adelante quedaban abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y […] prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos de indígenas.3 En otras palabras, eliminaba las leyes laborares como la de vagancia, la de vialidad y el reglamento de jornaleros,4 que le habían permitido a los grandes cafetaleros incluyendo a expresidente como Barrios y Jorge Ubico, amasar grandes fortunas.5 Y es que cuando los gobiernos liberales introdujeron la producción del café a gran escala, requerían de amplias extensiones de tierra y para su cosecha requerían de grandes cantidades de mano de obra barata. Por ello, hubo expropiación de las tierras comunales a los indígenas y de las órdenes religiosas y se promulgaron las leyes ya mencionadas.3

Ahora bien, no toda la tierra se vería afectada pues que además de las fincas de propiedad estatal -que incluían las fincas que se le habían expropiado a los ciudadanos alemanes durante los gobiernos de Jorge Ubico y Federico Ponce Vaides-, la reforma abarcaba aquellas cuya extensión fuera mayor a 270 hectáreas y que permanecía ociosa sin que se planificara ninguna actividad productiva. También se incluían entre la misma categoría aquellas tierras que tenían entre 90 y 270 hectáreas y cuyas dos terceras partes no tuvieran actividad agrícola alguna. En caso contrario, esas fincas no eran susceptibles de ser repartidas, así como tampoco lo eran las menores a 90 hectáreas, cultivadas o no, así como las tierras de las empresas agrícolas dedicadas a cultivos técnicos; uso que debía comprobarse ante el Estado.3 Eso sí, esta disposición afectaba directamente los intereses económicos de la principal propietaria de tierras en Guatemala: la transnacional estadounidesne United Fruit Company.6

Arbenz explicó que iba a haber una sencilla estructura de autoridades en tres niveles: el Presidente de la República y el Consejo Nacional Agrario; los Consejos Agrarios Departamentales y, en la base, los Comités Agrarios Locales (CAL). Y también explicó que había dos aspectos no menos esenciales:7

  • la tierra sería dada en usufructo vitalicio a los beneficiarios evitando que los finqueros pudieran comprársela y recuperar rápidamente su poder y,
  • la totalidad del trámite podía completarse en solo seis semanas.7

Así pues, el propósito era desmantelar la arcaica estructura rural, creando un mercado local con capacidad para consumir que fuera capaz de sostener el crecimiento industrial, en un sistema en que el Estado, y la figura presidencial en última instancia, ocupaban un lugar central en la propuesta. En otras palabras: una estrategia socialista para alcanzar fines capitalistas.7

Puede decirse que con aquel discurso del 31 de mayo empezaron dos corrientes opuestas en Guatemala: la verdadera revolución socialista del gobierno y la reacción de la derecha que lo empezó a acusar de comunismo. Los grandes propietarios comprendieron inmediatamente que estaban ante un abierto desafío al orden social establecido, completamente novedoso no solamente para Guatemala sino para región.  Como la reforma buscaba modificar drásticamente el sistema de tenencia de la tierra buscando la justicia social, se abrió la pauta para que ésta fuera acusada de comunista.  Y eso sin contar el fuerte rechazo que enfrentaría por parte de la poderosa transnacional frutera estadounidense y las influencias de ésta en el gobierno del general Dwight Eisenhower en los Estados Unidos.8

A pesar de sus buenos propósitos, la Reforma Agraria significó el principio del fin del gobierno arbencista y de todos sus proyectos, y el retorno al sistema previo a la revolución de 1944, con el agregado de que la Iglesia Católica recuperaría muchos de los privilegios perdidos en 1871 y que Guatemala pasaría a ser prácticamente una colonia de los Estados Unidos.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Azurdia Alfaro, Roberto (1959) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1952-1953. LXXI. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 20-21.
  2. García Ferreira, Roberto (2012). La Revolución Guatemalteca y el legado del Presidente Arbenz. En: Anuario de Estudios Centroamericanos. 38. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. p. 38.
  3. Ibid., p. 39.
  4. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 69.
  5. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición aumentada). Guatemala: Tipografía de «El Renacimiento». p. 3-20.
  6. (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
  7. García Ferreria, La Revolución Guatemalteca y el legado de Arbenz, p. 40.
  8. Cullater, Nick. (1994) The United States and Guatemala. 1952-1954. (en ingles). Washington, D.C.: Central Intelligence Agency. p. 84.

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23 de marzo de 1885: J. Rufino Barrios parte para combatir contra El Salvador

El general presidente J. Rufino Barrios parte de la Ciudad de Guatemala para ponerse al frente de las tropas guatemaltecas en la campana de unificación centroamericana.

23marzo1885
La Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala en una fotografía de Eadweard Muybridge de 1875. En el recuadro: J. Rufino Barrios y Rafael Zaldívar, presidente de Guatemala y de El Salvador en 1885, respectivamente. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El general presidente J. Rufino Barrios había estado preparando el proceso de la Unión Centroamericana por varios años, colocando presidentes a su antojo en El Salvador y en Honduras desde 1876, y pensando que con el apoyo de ambos gobiernos tomar Nicaragua y Costa Rica sería sencillo.1

Los obstáculos para la empresa unionista de Barrios no eran internos, sino externos: el gobierno del general Porfirio Díaz en México se oponía la Unión porque no le convenía que existiera un estado fuerte en la región que estuviera aliado con los Estados Unidos; por su parte, el gobierno estadounidense prefería un débil gobierno en Nicaragua al cual podría manejar a su antojo para construir el canal interoceánico.  Así pues, ambos países reprobaron la Proclama Unionista que había lanzado Barrios el 28 de  febrero y le advirtieron que considerarían la acción militar como un acto hostil contra países amigos.2

Pero el 9 de marzo empezaron los problemas internos.  Ese día, Barrios lanzó una aclaración de su proclama, tratando con ello de tranquilizar a México.3  Ese mismo día, mientras el presidente de Honduras, Luis Bográn, se adhería a la proclama de la Unión y había sido nombrado Benemérito de la Patria Centro-americana por la Asamblea Legislativa de Guatemala,4 el presidente de El Salvador, Rafael Zaldívar, le respondió evasivamente diciendo que tenía que esperar el permiso del Congreso para adherirse a la proclama.5

Barrios se dió cuenta que Zaldívar lo iba a traicionar y, en efecto, el 22 de marzo, se consumó la traición del presidente salvadoreño cuando en Santa Ana se firmó el Tratado de Alianza entre Nicaragua, Costa Rica y El Salvador para oponerse a Barrios, a quien llamaban «el salvaje de San Marcos«.4  En vista de esto, al presidente guatemalteco no le quedó otra opción que ponerse al frente de sus tropas y marchar hacia El Salvador, contando únicamente con el apoyo del presidente de Honduras, Luis Bográn, a quién el mismo Barrios había colocado en la presidencia, al igual que a Zaldívar.1

Envalentonado por el reciente pacto con Nicaragua y Costa Rica, Zaldívar arengaba a sus soldados diciendo: 

Embriagado con la copa en que liban los opresores de las naciones, el general Barrios, sin razón y contra derecho, intenta predominar sobre todos, orpimiento a los pueblos con el abrumador peso de la conquista; pero antes se inundará de sangre el pueblo salvadoreño, y veremos cubiertas de ruinas nuestras ciudades, que aceptar el yugo de una servidumbre que nos deshonraría ante las naciones del mundo y ante la historia.6

La movilización del ejército guatemalteco hacia la frontera ya había empezado y el lunes 23 de marzo de 1885, Barrios se levantó a las 4 de la mañana y se vistió para salir de la ciudad de Guatemala a reunirse con sus tropas.  Antes de partir redactó el siguiente manifiesto:

Consecuente con la promesa formal y solemne que tengo hecha a mis compatriotas, los hijos de Centro América, salgo hoy de esta capital a reunirme a las fuerzas que se hallan escalonadas en las fronteras de oriente y que he movilizado con el propósito de proteger y apoyar la unidad de Centro América.  Marcho con la conciencia de que voy a poner cuanto soy y cuanto valgo, al servicio del más grande de los deberes que el destino ha querido hacer pesar sobre mis hombros.6

A las 7 de la mañana salió Barrios montado en su yegua junto con sus hombres por la Barranquilla camino de la Villa de Guadalupe.   Entre quienes iban con él estaban: el mariscal José Víctor Zavala, el general Pedro Rómulo Negrete, el general José Beteta, el coronel Andrés Téllez; el coronel Fernando Alvarez, el teniente coronel Francisco Vachet, el teniente coronel Miguel Montenegro, el teniente coronel Tomás Terán y el comandante primero Jorge Tejada.7

La comitiva llegó a Cerro Redondo al mediodía, y allí almorzaron para emprender nuevamente la marcha hasta llegar a Barberena en donde pasaron la noche.7


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El Libro de las Efemérides, capítulos de la Historia de la América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 474.
  2. Carregha Lamadrid, Luz (Mayo/Agosto 2018) Mirando al sur sin perder de vista el norte. México frente a la Unión de Repúblicas Centroamericanas, 1885. Región y sociedad, 30, (72) Hermosillo: Región y sociedad. doi: 10.22198/rys.2018.72.a901 ISSN: 1870-3925
  3. Guerra, Viviano (1886). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1883-85 IV. Guatemala: Tipografía de Pedro Arenales. pp. 339-340.
  4. Ibid., p. 682.
  5. Selva, Buenaventura; Durán, José; Zaldívar, Rafael (Septiembre 1938) Tratado de alianza: entre Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, oponerse al general Justo Rufino Barrios que amenazaba la soberanía e independencia de aquellas repúblicas en 1885. Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. 2, (4), 425-428 Managua: Academia de Geografía e Historia de Nicaragua.
  6. Hernández de León, El Libro de las Efemérides, p. 475.
  7. Ibid., p. 476.

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7 de marzo de 1885: Barrios decreta la libertad de prensa en Centroamérica

El general J. Rufino Barrios, en calidad de haberse autonombrado Jefe Supremo del Ejército de la Unión Centroamericana, declara que habrá libertad de prensa en toda la región.

7marzo1885
La Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala en 1875 en una fotografía de Eadweard Muybridge. A la derecha la fuente de Carlos III en donde Barrios hizo fusilar a los supuestos implicados en un complot en su contra en 1877. En el recuadro: el general J. Rufino Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Al momento de embarcarse en su ambicioso proyecto de lograr la Unión Centroamericana, el estado mental del general J. Rufino Barrios estaba sumido en una obsesión en contra de los autores de un atentando en su contra que había ocurrido el 13 de abril de 1884, al punto que, según su ministro de Fomento Francisco Lainfiesta, solamente de eso hablaba en las reuniones de Ministros.

De acuerdo a Lainfiesta, aquellas reuniones transcurrían de esta manera:1

Se paseaba el general Barrios por su despacho con las manos asidas por detrás; allí estábamos los seis ministros con los brazos cruzados, lo más del tiempo silenciosos. Barrios hablaba y hablaba de los asesinos, de la ramerita de [Guillermo] Rodríguez, del chicherito, etcétera y repentinamente se acercaba a decirnos: «Si ustedes quieren, saquen a esa tal Rodríguez sáquenlo, sáquenlo; pónganlo en libertad… pero yo le mando pegar antes mil palos.»

Esto decía y repetía con frecuencia, como respondiendo a objeciones que él imaginaba se le hacían en favor de Rodríguez; o como para prevenir que se le hicieran, y era en aquellos arranques, cuando solía agarrarse la cabeza, diciendo: «Si esto no acaba pronto, voy a parar en loco».

Santos Soto [otro de los acusados] recibió orden de permanecer en el interior y en la hora del movimiento de Palacio, frente a la entrada de la casa, para que todos le viesen entrar y fuese como un fantasma funesto que a muchos había de causar susto. […] Además, pasaba Soto algunas horas en el despacho presidencial, sentado allí entre los ministros, lo que parecía expresamente dispuesto así por Barrios en son de burla o menosprecio de sus altos funcionarios.1

A don Juan Rodríguez lo hizo trasladar al Palacio Nacional, frente por frente de la casa de la presidencia, ocupando el lujoso saloncito destinado al despacho del presidente. Allí encontré a Rodríguez inesperadamente […] Por la noche le hacía pasar Barrios a la casa y permanecer hasta las nueve, […] tomando parte en la terturlia que allí formaban algunos de los ministros. Yo estuve una vez en esa terturlia.2

Concluye Lainfiesta su relato diciendo: «Si no fue mediando un verdadero trastorno mental, ¿sería posible imaginar procedimientos tan torcidos y extravagantes como los relacionados?»2

Con respecto a la situación en el país a principios de 1885, dice Lainfiesta:

El país se encuentra como desmayado o detenido en su anterior derrotero de movimiento y acción. El precio del café es desfavorable y esto desalienta a los agricultores; la Hacienda Pública, entregada a las más ruinosas transacciones para sobrellevar a medias el peso de las necesidades; el crédito de los ministros de Barrios a excepción de Cruz y Díaz Mérida, y el de varios particulares, comprometidos en fianzas a favor del Tesoro Nacional, arrancadas en son de companerismo y amitad; y la atmósfera general, pesada y oscura a cauas de las crueles zozobras y sufrimientos del ano fatal recién pasado. Y Barrios delirando siempre con la bomba y con nuevos proyectos de asesinato de su persona; hasta concluir con que era indispensable llevar a cabo la Unión Nacional, único recurso, decía «que nos queda para asegurar la tranquiidad y las conquistas de la revolución de 1871».3

En medio de esta situación, ante las críticas contra su idea de unión que se estaban dando en Nicaragua, Honduras y El Salvador, y que se referían a él como «el salvaje de San Marcos«, Barrios emitió un decreto aduciendo que iba a permitir la libertad de prensa en toda Centroamérica, tal y como supuestamente lo había estado haciendo en Guatemala bajo los principios liberales.4 Por supuesto, aquello era propaganda para su proyecto unionista, porque en Guatemala no había tal libertad de expresión; basta solamente el ejemplo de la renuncia en 1882 del embajador de Guatemala ante los Estados Unidos, licenciado Lorenzo Montúfar, para darse cuenta de que lo que se publicaba en el país era únicamente alabanzas a favor del presidente.5

Reproducimos a continuación aquel decreto unilateral que emitió Barrios el 7 de marzo de 1885 para que el lector juzgue su contenido:

J. Rufino Barrios, General de División y Supremo Jefe Militar de la Unión de Centro-América,

Considerando: que proclamada la Unión de las Repúblicas de la América Central debe tratarse de alcanzar desdo luego un sus más impotantes objetos, el que sean amplias, electivas y prácticas las garantías de que los ciudadanos, eficazmente amparados por la autoridad y por la ley, han de gozar bajo un régimen verdaderamente liberal;

Que el Jefe de la Unión se ha esforzado por establecer y consolidar en la República de Guatemala tales garantías, y entre ellas, muy principalmente, la libertad de la prensa, sin la que no puede decirse que haya instituciones de- mocráticas ni que el ciudadano sea libre, cuando no tiene el ejercicio de uno de sus más sagrados derechos; pero, ó no se han comprendido é interpretado debidamente los propósitos que a este respecto le inspiran los principios que profesa; ó no han podido secundarse a causa de la incertidumbre y pequeñez en que la desunión ha mantenido a estos pueblos, pequeñez que así como no ha permitido que adquieran riqueza y prosperidad material, tampoco les ha hecho sentir la necesidad de usar de aquellos derechos indispensables en una República realmente digna de este título y formada de hombres libres;

Que hoy es tiempo de que la prensa, sacudiendo todo temor, use de toda la libertad que necesita para ser provechosa y fecunda, y para constituirse en vigorso auxiliar é intérprete de la opinión y en poderosa palanca del progreso; y es tiempo de que comprendiéndose rectamente la intención del Jefe de la Unión de sostener por todos los medios á su alcance, la libertad y respeto de esa salvadora institución; le ayuden todos aprovechándose de ella y procurando los beneficios que de su amplio ejercicio han de resultar;

Que de ese modo se darán á conocer y podrán cor regirse los desmanes en que incurran las personas revestidas de autoridad; y por lo mismo, es preciso impedir severamente que éstas, puedan en algún caso, abusar de su posición, y salirse de los límites que fijan las leyes actuales para el ejercicio de esa libertad, que solo son propiamente los de no emplearla para ejecutar un delito, DECRETA:

Art. 1.° — El Jefe Supremo de la Unión, bajo su más estrecha responsabilidad, ampara, protege y sostiene en todo Centro-América la amplia libertad de la prensa, sin previa censura y sin otras restricciones qne las de la ley vigente.

Art. 2.° — Lejos de oponerse a que se comenten ó censuren sus propios actos oficiales, o los de cualquiera otra autoridad o empleado, excita a todos a que públicamente externen sus opiniones a este respecto, y las defiendan sin ningún miramiento o reserva.

Art. 3.° — Cualquiera autoridad o empleado que, de hecho o abusivamente, fuera de los casos, o sin la forma y garantías que la ley establece,proceda en cualquier sentido, contra periodistas o escritores que por la prensa censu- ren sus actos ó los del Gobierno ó sus agentes, incurrirá en destitución inmediata de su cargo ó empleo é inhabilitación perpetua para ejercerlo.

Dado en Guatemala, a 7 de marzo de 1885,

        • J. Rufino Barrios
        • Fernando Cruz6

A pesar de este decreto y otro emitido el 9 de marzo en el que aseguraba que no buscaba la presidencia de la región para sí, Nicaragua y Costa Rica se pusieron en pie de guerra, y México reforzó su frontera. Finalmente, el 22 de marzo se firmó el tratado de alianza entre Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, y se declaró la guerra contra Guatemala.4 Irónicamente, el tratado se firmó en El Salvador, cuyo presidente Rafael Zaldívar había sido títere de Barrios desde que éste lo había puesto en el poder en 1876.7


BIBLIOGRAFIA:

  1. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Pineda e Ibarra. p. 325.
  2. Ibid, p. 326.
  3. Ibid, p. 354.
  4. Selva, Buenaventura; Durán, José; Zaldívar, Rafael (Septiembre 1938) Tratado de alianza: entre Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, oponerse al general Justo Rufino Barrios que amenazaba la soberanía e independencia de aquellas repúblicas en 1885. Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. 2, (4), 425-428 Managua: Academia de Geografía e Historia de Nicaragua.
  5. Gobierno de Guatemala (1882). La traición del doctor Lorenzo Montúfar juzgada por los pueblos. Guatemala: El Progreso. pp. 3 y siguientes.
  6. Guerra, Viviano (1886). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1884-1885. IV. Guatemala: Imprenta de la Unión. pp. 338-339.
  7. Lainfiesta, Apuntamientos para la Historia de Guatemala. p. 176.

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21 de diciembre de 1949: la «Ley de arrendamiento forzoso»

Durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo se emite el decreto 712, conocido como la «Ley de arrendamiento forzoso»

21diciembre1949
Vistas de las entonces nuevas plantaciones de café en Guatemala en 1875. Grabados realizados con base en fotografías tomadas por Eadweard Muybridge. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La cuestión de la tenencia de la tierra en Guatemala ha sido un tema complicado desde la época colonial.  Durante la dominación española las grandes órdenes regulares de la Iglesia Católica eran propietarias de enormes haciendas, en donde utilizaban la mano de obra de los indígenas que vivían en las doctrinas a su cargo, y la de esclavos negros que habían hecho venir para el efecto. Por otra parte, los criollos hacendados habían heredado las encomiendas de los conquistadores, y los criollos aristócratas en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Nueva Guatemala de la Asunción se encargaban de comercializar los productos de los hacendados con la península española, obteniendo grandes ganancias e influencia política en el proceso.  Los indígenas por su parte, si bien no poseían terrenos propios, sí tenían tierras ejidales comunitarias en todos los poblados en donde estaban las doctrinas y encomiendas.1

Luego de la Independencia, el sistema de tenencia de tierra no cambió, pero sí lo hizo el poder de los criollos hacendados, quienes hartos de la dominación de los aristócratas, se rebelaron en contra de ellos, utilizando como excusa el golpe de estado dado a Juan Barrundia en el Estado de Guatemala en septiembre de 1826.  Allí se inició la Guerra Civil Centroamericana, en la que los criollos hacendados, aglutinados en el partido liberal, utilizaron la bandera de la Ilustración para  atarcar a los religiosos y a los aristócratas, esto últimos agrupados en el partido conservador.2

Tras la victoria de los liberales en 1829, los aristócratas y los religiosos fueron expulsados de Centroamérica,3 y las grandes fincas de los frailes pasaron a manos de los hacendados liberales, quienes las vendieron o arrendaron a los ingleses que los habían apoyado durante la guerra civil.1 Esto, junto con el impuesto personal para los campesinos y las leyes anticlericales que se impusieron hiceron que estallara una revolución campesino-católica contra el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, quien fue derrocado en 1838 y sustituido por Mariano Rivera Paz, quien se alió con los conservadores que regresaron de su exilio.4

Los conservadores también hicieron negocios con los ingleses y dieron concesiones a los belgas en Izabal,5 pero la estructura de la tenencia de la tierra no se modificó significativamente.1 No fue sino hasta después del triunfo de la Revolución Liberal de 1871 que las leyes se reformaron drásticamente ya que se introdujo la producción del café a gran escala, lo cual requería de grandes extensiones de tierra y de una cantidad considerable de mano de obra barata.  De esta forma, tras expulsar nuevamente a los frailes y confiscar sus bienes,6 también se subastaron las tierras ejidales y comunes de las poblaciones indígenas, resultando en la formación de grandes fincas cafetaleras, que pasaron a manos de los colaboradores del general presidente J. Rufino Barrios y a las del mismo gobernante.7

El sistema de tenencia de la tierra se mantuvo sin mayor alteración durante los gobiernos liberales que se sucedieorn hasta 1944, y fue hasta en el gobierno del Dr. Juan José Arévalo que se empezaron a hacer pequeños cambios en la estructura de la misma.8 La constitución de 1945 era muy diferente a la constitución de 1879,9 bajo la cual se formaron las fincas cafetaleras en el país, ya que en 1945 se declaró que era responsabilidad del Estado desarrollar actividades agrícolas, y que los beneficios de las mismas deberían ir a los productores. De hecho, el artículo 90 de esta Constitución indicaba que la propiedad privada debía ser reconocida y garantizada solamente si la misma llenaba su función social.9 Además, estipuló la expropiación cuando fuera de beneficio público, la abolición de los contratos de servidumbre en las fincas (establecidos por el Reglamento de Jornaleros de Barrios10 y las leyes de Vagancia y de Vialidad de Ubico11), y la autorización de la organización y sindicalización de los campesinos y jornaleros. Es decir, con un marco constitucional favorable a los campesinos, se pudieron promulgar leyes con la finalidad de aliviar la situación de la población campesina. De esta forma, en 1945 se puso en vigor la Ley de Titulación Supletoria, que establecía un mecanismo por medio del cual el título de propiedad de la tierra trabajada durante diez años por lo menos, podía ser concedido a aquellos que la habían trabajado12 y, por otra parte, en 1947 fue aprobado el Código de Trabajo, que prohibía la sindicalización en la fincas que tuvieran menos de treinta trabajadores, pero lo permitía en las grandes plantaciones.13

El 20 de diciembre de 1949, tras un temporal que daño la agricultura nacional, el gobierno aprobó  el Decreto Legislativo No. 712, llamado «Ley de arrendamiento forzoso«, la cual obligaba a los propietarios que hubiesen dado parcelas en arrendamiento durante los últimos cuatro años a seguir arrendándolas por dos años más, así como exigía a los prpoiertarios a arrendar tierras ociosas y a no cobrar más del 5 por ciento del valor de la cosecha que se obtuviera.8 Aquel fue el primer intento de realizar una reforma agraria en el país, la cual fue impulsada a mayor escala poco tiempo después por el régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán y que eventualmente le costaría la presidencia en 1954, ya que aquella reforma agraria no solamente afectó a los terranientes locales sino que a la mayor propietaria de tierra en el país: la compañía transnacional estadounidense United Fruit Company.14

A continuación se reproduce la sección de los considerandos de aquella ley aprobada el 21 de diciembre de 1949, por su importancia histórica:15

Decreto Legislativo No. 712

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando: que es notoria la resistencia de algunos propietarios de fincas rústicas a seguir dando parcelas en arrendamiento a labriegos que han probado plenamente su capacidad para hacer producir la tierra y para responder a sus compromisos contractuales. Que esta negativa de parte de los propietarios, sólo obedece a un concepto excesivo del derecho de propiedad, tanto más dañino para los intereses colectivos cuanto que por costumbre han venido dando en arrendamiento sus tierras, las cuales sólo se han hecho productivas mediante el trabajo de los susodichos labriegos;

Considerando: que algunos propietarios de fincas rústicas, por razones y en circunstancias similares a las ya mencionadas, están expulsando a los labriegos de parcelas que arriendan desde hace varios años, ya por vías de hecho o por procedimientosjudiciales;

Considerando: que los menoscabos ocasionados a la República con motivo del recién pasado temporal hacen imperativa una política de fomento intensivo y extensivo de la producción agrícola, política que compete orientar al Estado de conformidad con el artículo 88 de la Constitución, en beneficio primordial de los que hacen producir la tierra y por ende, contribuyen más directamente al acrecentamiento de la riqueza nacional;

Considerando: que están plenamente establecidos la necesidad y utilidad públicas, y el interés nacional que median para limitar el derecho de propiedad privada de algunos propietarios de fincas rústicas que al pretender dejarlas improductivas en una época de emergencias serias como la actual, no hacen cumplir a esas fincas con su función social, según el espíritu del artículo 90 de la Constitución de la República.15


BIBLIOGRAFIA:

  1. Woodward, Ralph Lee, Jr. (1993). Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871  (en inglés). Athens, Georgia EE.UU.: University of Georgia Press.
  2. Mencos Franco, Agustín (1893). Rasgos biográficos de Francisco Morazán: apuntes para la historia de Centro América. Guatemala: Tipografía El Comercio. p. 32.
  3. La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829).  Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7)  Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
  4. Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  5. Compagnie Belge de Colonisation (1844). «Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union»Collection de renseignements publiés ou recueillis par la Compagnie (en francés) (Original held and digitised by the British Library): 31-44.
  6. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala: Período de veinte años corridos del 14 de abril de 1865 al 5 de abril de 1885. Guatemala: José de Pineda e Ibarra. p. 117-123.
  7. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición). Guatemala: Tipografía de “El Renacimiento”. pp. 1-26.
  8. Godínez Juárez, Ingrid Elizabeth (2014). Análisis jurídico del fideicomiso de apoyo financiero para los productores del sector cafetalero guatemalteco, otorgado a favor de la comunidad agraria Chocolá del municipio de San Pablo Jocopilas en el Departamento de Suchitepéquez. Guatemala: Universidad Mariano Gálvez, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. pp. 40-41.
  9. Asamblea Nacional Constituyente (1899). Ley constitutiva de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879 y reformada por el mismo Alto Cuerpo en 5 de noviembre de 1887 y 30 de agosto de 1897; para uso de las escuelas. Guatemala: Tipografía Nacional.
  10. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  11. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  12. Gobierno de Guatemala (1945). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1944-1945, LXIII, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 444-445.
  13. Colmenares Arandi, Rodolfo (2007). Código de Trabajo, 1947-2007. Edición conmemorativa. Guatemala: Ministerio de Trabajo y Previsión Social. p. 1.
  14. Árbenz, Jacobo; Fortuny, José Manuel (1954). «Discurso de renuncia de Árbenz (audio)». YouTube
  15. Congreso de la República de Guatemala (1949). Ley de Arrendamiento Forzoso. Decreto Legislativo No. 712. Guatemala: El Guatemalteco.

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22 de julio de 1826: cierran el Consulado de Comercio

La Asamblea constituyente ordena el cierre del Consulado de Comercio en el Estado de Guatemala, el cual era un organismo muy importante para los criollos aristócratas del partido conservador.

22julio1826
Vista de la ciudad de Guatemala desde el Cerrito del Carmen en 1875. Se observan las iglesias de Candelaria y de la Parroquia. Fotografía de Eadweard Muybridge tomada de Wikimedia Commons.

El Real Consulado de Guatemala se fundó por real Cédula del 11 de diciembre de 1793 y defendía una concepción monopolista del comercio internacional del Reino de Guatemala. Su finalidad era contraria a las tendencias liberales que adoptaron los criollos rurales, en oposición a las de los criollos aristócratas, y buscaron por todos los medios eliminar dicha institución.1

Así, luego de la independencia el 15 de septiembre de 1821, se creó una adminstración de las aduanas marítimas para suplir las deficiencias del Consulado, que había perdido toda legitimidad y razón de ser al crearse la nación independiente. Luego de la anexión y posterior separación del efímero Primer Imperio Mexicano en 1823, la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, miembro de la recién formada República Federal de Centro América, ordenó el 15 de enero de 1825 que el Consulado de Comercio de la ciudad no podía intervenir en los asuntos mercantiles pertenecientes a los restantes estados de la República, hasta que, finalmente, lo abolieron formalmente el 22 de julio de 1826.1

Sin embargo, debido al golpe de estado de los criollos conservadores en contra del Jefe de estado, el liberal Juan Barrundia el 22 de septiembre de 1826,2 se derogó ésta y otras medidas que atacaban a los intereses de los aristócratas y de la iglesia, lo que mantuvo vigente al Consulado de Comercio hasta el 14 de abril de 1829, en que el general liberal Francisco Morazán invadió Guatemala y derrocó al gobierno Federal y al Jefe de Estado, Mariano de Aycinena.3 En mayo de ese año, el Consulado fue ordenado a entregar los documentos que aún estaban en su poder, y poco después se dispuso que la casa que el consulado había ocupado fuera convertida en un cuartel.1

El Consulado de Comercio fue restablecio el 13 de agosto de 1839, ya cuando había triunfado la revolución católica campesina que había derrocado al gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez que había ayudado a los conservadores a retomar el poder,4 aduciendo que con ello se producirían grandes beneficios por estar encargado de dirimir las disputas de comercio, y de sentenciar pleitos por el principio de verdad sabida y buena fe guardada, además de promover y ejecutar la construcción de bodegas en los puertos, la de puentes, caminos y calzadas, y de fomentar al mismo tiempo los ramos de la industria nacional.5

Durante el régimen de los 30 años y la presidencia vitalicia del capitán general Rafael Carrera, el consulado se transformó en una agencia gubernamental que funcionó para regular el comercio de los criollos conservadores.1

En 1871, luego del triunfo de la Revolución Liberal, el Consulado de comercio fue definitivamente suprimido, y en su lugar se creó el Ministerio de Fomento, el que eventualmente se convirtió en los Ministerios de Comunicaciones y de Economía.


BIBLIOGRAFIA

  1. Bertrand, Michel (s.f.) El consulado colonial de Guatemala: fuentes para su historia. pp. 33-51.
  2. Marure, Alejandro (1844). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la república de Centro América, desde el año de 1821 hasta el de 1842. Guatemala: Imprenta La Paz.
  3. Hernández de León, Federico (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. II. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  4. — (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.
  5. Pineda de Mont (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República. I. Guatemala: Imprenta de La Paz.

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22 de enero de 1855: muere Mariano de Aycinena

Muere Mariano de Aycinena, jefe de estado de Guatemala entre 1826 y 1829 y ex-líder del partido conservador

22enero1855
Fotografía de Eadweard Muybridge mostrando la finca «El Naranjo», propiedad de la familia Aycinena, en 1875. En ese entonces la finca estaba en las afueras de la ciudad de Guatemala; actualmente es el área ocupada por la colonia Villa Linda y el puente del mismo nombre en la zona 7.  En el recuadro: Mariano de Aycinena, jefe de Estado de Guatemala entre 1826 y 1829.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Muchos de los miembros del partido conservador fueron demonizados por los historiadores liberales luego de la revolución de 1871.  Uno de ellos fue Mariano de Aycinena, quien fue prácticamente borrado de los libros de historia, a pesar de haber sido líder del ayuntamiento criollo que pactó con el capitán general Gabino Gaínza la firma de la Independencia de Centroamérica en 1821.1,2

Aycinena fue jefe Estado de Guatemala de 1826 a 1829, luego de que los criollos conservadores y religiosos dieran un golpe de estado contra el gobierno liberal de Juan Barrundia, debido a la serie de edictos anticlericales que su gobierno estaba decretando.3 Aquel golpe de estado fue la chispa que encendió la Guerra Civil Centroamericana, cuyo primer episodio terminó el 14 de abril de 1829 cuando Francisco Morazán expulsó a los miembros de la familia Aycinena y los del clero regular de toda Centroamérica tras haber invadido a Guatemala y derrocado a su gobierno conservador.4

Pero en Guatemala aquella guerra se prolongó hasta 1851, cuando Rafael Carrera derrotó a los criollos liberales en La Arada y obligó a los conservadores a pactar con él para seguir en Guatemala, ya que no los querían en ningún otro estado por su orientación política y Carrera tenía numerosos pactos con las poblaciones indígenas locales con lo que logró evitar que lincharan a los conservadores como estaban haciendo los indígenas en Yucatán en esa época.5 Aycinena regresó a Guatemala, pero ya no participó en política, dejando el liderazgo de la familia a su sobrino, el obispo Juan José Aycinena, quien era hijo de Vicente, hijo mayor de Juan Fermín de Aycinena, y quien heredó el marquesado.6

De la muerte de Aycinena dice el historiador Federico Hernández de León en su columna «El Capítulo de las Efemérides» del 22 de enero de 1926: «a las cinco menos cuarto de la mañana, [murió] don Mariano de Aycinena […], después de sufrir por algunas semanas de una afección pulmonar que le causara fuertes dolores. A la hora [de su muerte] contaba el prócer sesenta y cinco años y cuatro meses de edad, se hallaba alejado de la política y sus actividades las dedicaba a las obras [religiosas].»6

Y es que la familia Aycinena y el partido conservador estaba íntimamente ligados con los principales personajes del clero desde la época colonial, dado el poder político y económico que la iglesia tuvo durante ese período y que todavía mantenía a pesar de haber sido considerablemene debilitada durante la segunda parte del siglo XVIII cuando los reyes de la familia Borbón que asumieron la corona de España.  Mariano de Aycinena, por su parte, era el último hijo sobreviviente del tercer matrimonio de Juan Fermín de Aycinena, quien fuera el marqués de Aycinena, único título nobiliario que había en Centroamérica.7

Por si esto no fuera poco, en 1855 el gobierno de Guatemala estaba  a cargo del capitán general Rafael Carrera, quien ya había firmado con la Santa Sede un Concordato8 otorgándole numerosos privilegios a los miembros del clero en 1852.  La República se había convertido así en un estado católico que sirvió de refugio para las órdenes religiosas que eran perseguidas en muchas otras naciones de América Latina por los gobiernos liberales anticlericales que en ellas se establecieron.7

Con estos antecedentes, se entiende mejor lo que cuenta Hernández de León: «todo el día 22 se mantuvo el cuerpo de don Mariano expuesto en su propia casa Nota a, por donde desfilaran los representantes de todas las congregaciones; el 23 de  las seis de la mañana fue llevado en hombros de frailes a la iglesia del Carmen; se le recitaron misas a porrillo, hasta las ocho que se cantó la misa de cuerpo presente.  A las cuatro y media de la tarde, con un inmenso acompañamiento de particulares, salió de la Catedral el Venerable Cabildo eclesiástico, su cohorte de coros y colegio, la hermandad de San Juan de Dios, los miembros del Ayuntamiento y el déan don José María Barrutia. Terminadas las funciones en el Carmen, al caer la tarde del 23, fue sacado de nuevo el cádaver con dirección al Hospital, de donde salió la hermandad a recibirlo y conducirlo a la capilla que se le preparara.  Pasó allí la noche del 23 entre salmos y rezos y el 24, después de la misa mayor, todos los sirvientes de la casa de caridad tomaron de nuevo el cadáver y lo trasladaron a la capilla del cementerio, en donde fué sepultado.»6


NOTAS:

  • a: ubicada en donde hoy en el siglo XXI se encuentra el Edificio «El Centro» en la Ciudad de Guatemala.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Montúfar y Rivera, Lorenzo (1887). Reseña Histórica de Centro-América. VI Guatemala: Tipografía La Unión.
  2. — (1887). Reseña Histórica de Centro-América. VII Guatemala: Tipografía La Union.
  3. Asamblea Legislativa and Guatemala. Departamento de Guerra (22 de septiembre de 1826), Hoja suelta-Decreto, S. Martin Xilotepeque, Guatemala, 22 de septiembre 1826 San Martin Xilotepeque, Guatemala.
  4. La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829). Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7) Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
  5. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. Guatemala: Editorial del Ejército. p. 229.
  6. Hernández de León, Federico (22 de enero de 1926). «El Capítulo de las Efemérides. 1855, 22 de enero: muere don Mariano de Aycinena«. Guatemala: Nuestro Diario, Talleres SELCA.
  7. Woodward, Ralph Lee, Jr. (1993). Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871 (en inglés). Athens, Georgia EE.UU.: University of Georgia Press.
  8. La Gaceta (10 de noviembre de 1854). No oficial. Edicto. Guatemala. Imprenta de La Paz.

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18 de abril de 1885: se firma la paz en Centroamérica tras la muerte de Barrios

Tras el fracaso de la Unificación de Centroamérica emprendida por J. Rufino Barrios, se firma el tratado de paz con los estados vecinos gracias a la intervención del cuerpo diplomático

18abril1885
Así lucía la Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala en la época de la muerte de J. Rufino Barrios en 1885. Fotografía de Eadweard Muybridge.

Muerto el general presidente J. Rufino Barrios en Chalchuapa el 2 de abril de 1885, se desmoronaron todos los planes de conseguir una unificación centoramericana por la fuerza. Le tocó al general Manuel Lisandro Barillas hacerse cargo de la situación y estabilizar no solamente la crisis interna en que se encontraba Guatemala, sino la crisis militar que había con los otros estados centoramericanos.

Fue gracias a la intervención del cuerpo diplomático que se alcanzó la paz en la región, tal como queda registrado en el acta de la Asamblea Legislativa de Guatemala que fue ratificada por el entonces presidente interino Barillas el 18 de abril de 1885:

DECRETO NUM.101.

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala

Considerando: que por el órgano de la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha comunicado á la Asamblea el Decreto que el Ejecutivo, en uso de las facultades de que está investido, emitió el 15 del actual, declarando que desde la fecha expresada la República de Guatemala vuelve al estado de paz con la del Salvador y sus aliadas Nicaragua y Costa-Rica:

Que á tan plausible acontecimiento ha contribuido efícazmente con su amistosa intervención el Honorable Cuerpo Diplomático, acreditado en Centio-América:

Que el citado decreto denota los verdaderos intereses de la Nación, asegurando una paz honrosa, a cuya sombra puedan continuar desarrollándose los múltiples elementos de la prosperidad pública; decreta:

Artículo único. -Se aprueba el Decreto que el Ejecutivo, en uso de las facultades de que está investido, emitió el 15 del presente mes; y se consigna un voto de gracias al Excelentísimo Señor Don Enrique C. Hall, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América, al Excelentísimo Señor Don Werner von Bergen, Ministro Residente del Imperio Alemán, al Excelentísimo Señor Don J- P. Harris Gastrell, Ministro Residente de S. M. Británica, al Excelentísimo Señor Don Melchor Ordoñez, Ministro Residente de S. M. el Rey de España, al Honorable Señor Don J. F. A. Le Brun. Encargado de Negocios de la República Francesa y al Honorable Señor Don Angel Muttini, encargado de la Legación de Italia.

Pase, al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones, en Guatemala, á diez y ocho de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco.

        • José Salazar. Presidente
        • Manuel Cabral, Secretario

Palacio del Gobierno: Guatemala. 18 de Abril de 1885.

Cúmplase

        • M.L. Barillas

BIBLIOGRAFIA:


23 de octubre de 1876: Asamblea Constituyente mantiene a Barrios como dictador

Debido a las circunstancias difíciles en que se hallaba Guatemala, la Asamblea Constituyente pospone la emisión de la nueva ley constitutiva y mantiene al presidente Barrios como dictador

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Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala.  Se observan la Catedral Metropolitana, la Fuente Colonial, el Colegio de Infantes y el Portal del Comercio. Fotografía de Eadweard Muybridge, tomada en 1875, el año en que Barrios fue nombrado dictador.

El 21 de octubre de 1875 la Asamblea Constituyente que había convocado el presidente J. Rufino Barrios entre sus correligionarios decidió conferirle al presidente guatemalteco amplios poderes de los que «se había hecho mérito» entre los pueblos que ellos representaban, con miras a mantener el orden público; de esta cuenta, el presidente Barrios gobernó como dictador con poderes absolutos a partir de ese momento.

Luego, el 23 de octubre de 1876, por considerar que las circunstancias no habían mejorado, la Asamblea convocada ese año consideró que las circunstancias difíciles se mantenían y por ello consideraron que no era conveniente emitir todavía la Constitución de la República por los próximos cuatro años.

Sin embargo, en 1878 Barrios convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente compuesta por sesenta y un representantes de los pobladores de Guatemala, ya que consideraba que el país estaba finalmente en paz y era momento de regresar a la constitucionalidad. Solamente los Jefes Políticos, Comandantes de armas y curas párrocos eran quienes no podían ser diputados constituyentes; pero debe aclararse que en esa época solamente los varones que supieran leer y escribir o que fueran soldados eran considerados como ciudadanos.

De esta cuenta, Barrios gobernó sin una constitución vigente desde que tomó el poder en 1873 hasta que fue electo como primer presidente constitucional en 1879, momento en el que fue elegido para un período de seis años. Todo ese tiempo había gobernado amparándose en el Acta de Patzicía, y queda claro que, con constitución o sin ella, el general Barrios —al igual que había hecho el capitán general Rafael Carrera antes que él— gobernó el país a su sabor y antojo.


BIBLIOGRAFIA:


25 de septiembre de 1876: Barrios decreta ley castigando a ladrones de café

El gobierno de J. Rufino Barrios decreta una ley castigando severamente a quienes hurten plantas de café de los cultivos a gran escala

Plantación de café en Guatemala en 1875, en una fotografía tomada por Eadweard Muybridge. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El auge económico que vivió Guatemala durante el gobierno del general J. Rufino Barrios estuvo íntimamente ligado a la producción a gran escala del café, razón por la cual aquellos que se dedicaron a su cultivo tuvieron grandes concesiones y protección de parte del gobierno.  Esto se pone en evidencia en el decreto de Barrtios del 25 de septiembre de 1876, en el que textualmente dice: «Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección».  De hecho, las penas impuestas a quienes robasen o comprasen las plantas de café no eran de cárcel sino de trabajos forzados en los caminos rurales, para así beneficiar las comunicaciones para la exportación del grano.1

No solamente la economía del país, sino que la personal del general Barrios mejoraron considerablemente con el cultuvo del café.  Barrios pasó de poseer una finca en Malacatán, San Marcos, a tener numerosas fincas, entre las que estaban:

Se calcula que la herencia que recibió la viuda del expresidente, Francisca Aparicio de Barrios, tras la muerte del general en 1885 ascendió a más de treinta y tres millones de pesos de la época, de los cuales cuatro millones correspondieron a la venta de sus exportaciones de café por diez años hasta 1884 y otros dos millones por el ahorro en el pago de sus administradores, mayordomos, caporales y mozos, cuyo pago salía del presupuesto militar y por lo estipulado en la ley de vialidad que él mismo implementó.2 Además se incluía todo lo que ahorró en pago de mano de obra gracias a las leyes laborales que implementó su gobierno y que incluían, entre otras, el Reglamento de Jornaleros en 18773 y la Ley de Vagancia en 18784.

El decreto contra el hurto de café textualmente dice:

Decreto Número 163

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección:

Que son reiterados los informes que se reciben de las autoridades de algunos departamentos acerca de los frecuentes hurtos de almácigos y árboles de café, sin que hasta ahora haya sido dable evitar tan graves perjuicios con las medidas preventivas y económicas que se han puesto en práctica, ni con los procedimientos judiciales encaminados a ese fin; y

Que para impedir la comisión del indicado delito cuya gravedad debe apreciarse, no en proporción al valor de lo hurtado, sino a los perjuicios causados al incremento de las plantaciones de café, se hace indispensable imponer penas que por su severidad sean capaces de reprimirlo.

DECRETA:

      1. Se declara que para la apreciación de la gravedad del hurto de que se trata, no debe atenderse al valor de la cosa sino a la calidad especial del delito.
      2. A los que hurtaren o destruyeren en la propiedad ajena, semilleros, almácigos o plantillas de café en número de uno a cien plantas, sea cual fuera el tamaño de estas, así como a los que las vendan sin poder justificar su propiedad, se les impondrá con calidad de inconmutable, la pena de cuatro meses de obras públicas.
      3. En el caso del artículo anterior, se procederá en juicio verbal, conforme a las reglas comunes de ese procedimiento.
      4. Si el hurto se cometiere en una escala mayor respecto del número de plantas destruidas, hurtadas o vendidas, se impondrá al reo o reos la pena de un año de obras públicas, de que solo podrá, a juicio del Juez, permitirse la conmutación de la mitad del tiempo a razón de diez pesos mensuales, previa indemnización del perjudicado.
      5. En este ultimo caso, conocerán de la causa, los Jueces de 1ra. instancia, y en grado la Corte de Apelaciones; el recurso se sustanciarán con señalamiento de día para la vista, la que tendrá lugar con asistencia del Fiscal y Procurador de pobres y en la audiencia inmediata se pronunciará la sentencia de que no habrá ulterior recurso.
      6. Por el solo hecho de no justificarse la procedencia legítima de las plantas vendidas, y aun cuando no proceda querella de parte, se tendrá por convicto al vendedor de que hablan los artículos 2do. y 4to. de esta ley.
      7. Serán tenidos como cómplices del hurte de que se trata y castigados con las mismas penas que los reos principales, no solo los que compren a sabiendas de la mala procedencia de las plantas, sino tambien cuando traten con personas desconocidas o sospechosas y concurran las circunstancias de bajo precio y entrega furtive de la cosa.
      8. El conocimiento de los delitos a que se refiere esta ley, corresponde exclusivamente a la autoridad ordinaria y sin excepción de fuero privilegiado.
      9. Se derogan las disposiciones anteriores que se opongan a las contenidas en el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos setenta y seis.

        • J. Rufino Barrios
        • J. Barberena, Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos5

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 450.
  2. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición). Guatemala: Tipografía de «El Renacimiento». 
  3. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  4. Ibid., pp. 201-204.
  5. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Las leyes emitidas por el Gobierno, 1871-1876. pp. 450-452.

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