26 de mayo de 1973: masacre en Sansirisay, Jalapa

26mayo1973
Montaña de Santa María Xalapán, en Jalapa.  En el recuadro: el escudo del municipio de Sansare, El Progreso, que conlinda con la comunidad de indígena de Santa María Xalapán.  Imágenes tomadas de “Somos Xincas” y de Wikimedia Commons.

Una de las primeras masacres que ocurrieron en Guatemala en la época de la Guerra Civil de 1960-96 (ahora llamado Conflicto Armado Interno) fue la que se produjo el 26 de mayo de 1973 en Sansirisay, un caserío de la aldea en Jalapa, contiguo a la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio.1 En esa ocasión murieron entre 14 y 19 personas, en un confuso incidente relacionado con la disputa de tierras que la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán y el poblado de Sansare, en El Progreso, reclamaban como suyas.1

Debido al conflicto en Sansirisay, por medio del Decreto Legislativo 23-1974 se autorizó al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) para que comprara las fincas rústicas Sansirisay y Amoltepeque, en Sanarate, municipio del departamento de El Progreso, con un área total de 14 caballerías para que le fueran adjudicadas a la comunidad indígena a título gratuito.1  Aquellas fincas que compró el INTA eran parte de la finca Sansirisay y Amoltepeque que fue remedida en 1910 por el Ing. Luis Samayoa y que en ese momento fue reportada con 32 caballerías, 36 manzanas y 2385 varas cuadradas.Finalmente, el INTA declaró que el problema agrario había quedado finalmente resuelto el 20 de agosto de 1981, cuando fueron medidas y unificadas las fincas Alutate, Tatasirire, Pontezuelas, Sanchico y Arloroma, propiedad de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán y que tenían una extensión de 395 caballerías en total.2

Pero, ¿cómo se originó aquel conflicto entre la Comunidad de Santa María y el poblado de Sansare?

Durante la época colonial se adjudicaron a la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán los siguientes terrenos:

  1. Ejidos de Alutate: adjudicados en 1712 en calidad de ejidos y confirmado por Real Cédula del Rey Felipe V.  Tiene una extensión de 41 caballerías.
  2. Tatasirire, Pontezuelas y Sanchico: pagada en 1757 con una extensión de 278 caballerías.
  3. Arloroma: comprada en 1757, con una extensión de 8 caballerías.3

Estos terrenos originalmente tenían 327 caballerías pero cuando fueron remedidos después de la Independencia se encontraron varias discrepancias:

  1. Ejidos de Alutate: en 1889 tenían una extensión de 204.12 caballerías.
  2. Tatasirire, Pontezuleas y Sanchico: en 1899 tenían 185,65 caballerías.
  3. Arloroma: una medición de 1920 reportó una extensión de 4.55 caballerías.3

Ahora bien, hubo fuertes disputas por las tierras que correspondían al poblado y sus alrededores, denominados “Llanos de Jalapa” o “La Circunvalación“, entre el común de ladinos, el común de indígenas y otras personas individuales.  Este terreno había sido adjudicado inicialmente en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de “Comunidad de Jalapa”  con base a una medida de 1826 y un título emitido por el gobierno del Jefe de Estado Mariano Gálvez.3 Pero por nuevos Acuerdo Gubernativos y procesos de Titulación Supletoria se emitieron posteriormente otros títulos a favor de personas individuales, generando problemas por las posiciones y, sobre todo, por los  traslapes.4

Por su parte, en 1575 le otorgaron las tierras del pueblo de Sansare a Alonso de Hidalgo, quien las heredó a Isabel Escobar, su viuda, al morir en 1600. Cuando la viuda midió la extensión del terreno, determinó que tenía 154 caballerías. Tiempo después, las tierras pasaron a ser propiedad de Lorenzo Marroquín de Mendoza, y finalmente, en 1904, las tierras fueron inscritas en el Registro del Propiedad a favor de los herederos de Marroquín Mendoza. El poblado de Sansare ha solicitado que el terreno de la finca de los Marroquín Mendoza les fuera otorgado como ejidos, pero no fue posible por ya tener propietarios particulares, aunque eso no ha impedido que las autoridades ediles han realizado titulaciones supletorias de algunos predios de dicha finca a su favor.4

Esta maraña de reclamos sobre la misma tierra desencadenó el conflicto que resultó en la muerte de al menos quince personas en Sansirisay el 26 de mayo de 1973. El incidente fue tan confuso y censurado que algunas fuentes indican que los fallecidos eran de origen xinca, mientras que otras señalan que eran campesinos ladinos,5 y hasta hay otros grupos que dudan de la versión oficial y llegan a señalar que hubo cientos de fallecidos, pero sin contar con pruebas o evidencias.  En lo que sí están todos de acuerdo, es que la masacre ocurrió cuando miembros de la Policía Militar Ambulante intentaron poner orden, y que el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Efraín Ríos Mont, llegó en helicóptero al lugar de los hechos y verificó que la situación ya estaba bajo control después de haber sobrevolado el área.5 Y es importante mencionar que ese mismo mes, ya habían sido asesinados unos comuneros de Santa María Xalapán y su abogado Gregorio Fuentes.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Secretaría de Asuntos Agrarios (31 de marzo de 2015). Investigación histórico-catastral de los conflictos territoriales entre la comunidad indígena de Santa María Xalapán, Jalapa, con vecinos de la cabecera y aldeas de Sansare, El Progreso. Guatemala: Presidencia de la República. p. 33.
  2. Ibid, p. 37.
  3. Ibid, p. 41
  4. Figueroa Ibarra, Carlos (7 de febrero de 2013). Ríos Mont, el ocaso del centauro. En Albedrío. 9. Guatemala: Albedrío.
  5. Arcón Puzul, María Catalina (noviembre de 2008). Situación Socioeconómica de los desplazados internos, víctimas del Conflicto Armado Interno. Guatemala: Escuela de Trabajo Social, Universidad de San Carlos. p. 18.

15 de mayo de 1935: el presidente Jorge Ubico convoca a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1879

15mayo1935
Plaza Central de Guatemala en 1945.  La construcción del Palacio Nacional de Guatemala y la remodelación de la Plaza de Armas fueron emprendidas por el gobierno del general Jorge Ubico para fomentar la economía y paliar los efectos d ela Gran Depresión en el país.  En el recuadro: retrato autografia del general Ubico.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El l de abril de 1935, el presidente general Jorge Ubicopresentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de modificar 27 artículos de la Constitución de 1879, con el fin de “suprimir las restricciones que dificultan el libre ejercicio de la iniciativa presidencial” y, como todo fue aprobado, el 15 de mayo de 1935 convocó a una Asamblea Constituyente que conformó entre sus partidarios para que aceptara las reformas propuestas.1

La principal reforma que le interesaba al gobernante era cambiar las disposiciones hechas en 1927, durante el gobierno del general Lázaro Chacón, y que prohibían la reelección del presidente. Para legalizar esta reforma el gobernante convocó a un plebiscito, en que el que obtuvo la aprobación de la población para su reelección. Pero hubo otras modificaciones importantes:1

  • Dejó en suspenso el Artículo 66 que dice “El período de la Presidencia será de seis años3 y dispuso que el período como Presidente Constitucional de general Ubico terminara el 15 de marzo de 1943.1
  • Estableció la Ley de Probidad que estableció controles que prohibieron el enriquecimiento de los funcionarios y limitó su autoridad y funciones; hasta entonces, el artículo 17 decía: “todo poder reside originariamente la Nación: los funcionarios no son dueños sino depositarios de la autoridad, sujetos y jamás superiores a la ley y siempre responsables por su conducta oficial”.4
  • Artículo 26: “es libre la emisión del pensamiento por la palabra, por escrito y también por la prensa, sin previa censura“. 5 El gobierno de Ubico limitó la libertad de prensa prohibiendo prohibió los ataques de los periodistas a los funcionarios públicos.
  • Artículo 28: “la propiedad es inviolable, sólo por causa de interés público legalmente comprobado, puede decretarse la expropiación; y en este caso, el dueño antes de que su propiedad sea ocupada, recibirá en moneda efectiva su justo valor“. 5 Este artículo fue modificado porque se introdujo un sistema de imposición fiscal sobre aquellas haciendas cuyo rendimiento no fuera adecuado a su extensión y condiciones.1
  • Artículo 25:  “se garantiza el derecho de asociación y de reunirse pacíficamente y sin armas; pero se prohibe el establecimiento de congregaciones conventuales y de toda especia de instituciones o asociaciones monásticas”.  Las reformas ampliaron la prohibición para incluir a aquellas agrupaciones que procuren el cambio de las instituciones por medios violentos o ilegales, refiriéndose a las organizaciones comunistas y, posteriormente, fascistas.1
  • Artículo 96:  “la ley organiza las Municipalidades sin alterar el principio de elección popular directa y designa las facultades que le corresponden.”6  Este artículo fue totalmente modificado, ya que los organismos locales pasaron a depender del ejecutivo, sustituyendo a los Alcaldes por los Intendentes nombrados por el poder central.2
  • Se restringieron algunos de los derechos individuales, y se ampliaron las facultades del ejecutivo, hasta eliminar el Consejo de Ministros, aunque este siempre había sido una figura decorativa conformada casi siempre por los diputados de más confianza del gobernante de turno.2

En 1941, se reunió la Asamblea del Partido Liberal Progresista, el partido fundado por Ubico, a fin de convocar a una constituyente con el sólo objeto de reformar el artículo primero transitorio de la Constitución de 1935, de manera que permitiera la reelección del gobernante una vez más. Como resultado, en julio de ese mismo año se convocó a una Asamblea Constituyente, que en sólo dos días aprobó, con un sólo voto en contra, la reforma del artículo transitorio, autorizando la reelección de Ubico para el período siguiente, que terminaría el 15 de marzo de 1949, dejando nuevamente en suspenso el artículo 66. La justificación a la que aludió la Constituyente, conformada casi en su totalidad por personal de Partido Liberal Progresista, fue el apoyo popular de la ciudadanía y la obra realizada en las circunstancias difíciles con que encontró el gobierno en 1931, y que se debían a la Gran Depresión que empezó en 1929.2


BIBLIOGRAFIA:

  • Valladares de Ruiz, Mayra (Agosto de 1995). Los gobiernos liberales y sus fuerzas políticas 1871-1944. En Estudios del IIHAA, 2 (95). Guatemala: Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Universidad de San Carlos. p. 106.
  • Ibid, p. 107.
  • Asamblea Legislativa (1879). Constitución de la República de Guatemala.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 11.
  • Ibid, p. 3.
  • ibid, p. 4.
  • Ibid, p. 17.

 

3 de mayo de 1865: la Cámara de Representantes elige al Mariscal Vicente Cerna como presidente de Guatemala

3mayo1865
El Mercado central de la Ciudad de Guatemala, construido por el gobierno del Mariscal Vicente Cerna y destruido por el terremoto de 1976.  En el recuadro: el Mariscal Cerna.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El licenciado Pedro de Aycinena asumió la presidencia provisoria tras la muerte del Capitán General Rafael Carrera el 14 de abril de ese año, ya que de acuerdo a la constitución vigente a él le correspondía por ser el minismo más antiguo.  Su primer acto oficial fue enviar una proclama a la población anunciado la elección del nuevo presidente a la brevedad posible.    (Nota de HoyHistoriaGT: es importante destacar que debido a que Carrera había si nombrado presidente vitalico en 1854, la constitución tuvo que ser modificada para regresar al sistema de presidentes electos cada cuatro años.) 1,2

El decreto de Aycinena dice así:

Pedro de Aycinena,

Ministro de Relaciones Exteriores, encargado interinamente del Gobierno;

Por cuanto: ha llegado el caso previsto en los Artículos 5° y 9° del Acta Constitutiva de la República, con motivo del fallecimiento del Excmo. Sr. Capitán General D. Rafael Carrera, Presidente de la República;

POR TANTO:

Con presencia de lo dispuesto en dichos Artículos, y oído el parecer del Consejo de Estado,

TIENE A BIEN DECRETAR Y DECRETA:

Art. 1.° — Se convoca d la Cámara de Representantes, para que constituyéndose en Asamblea general, con la concurrencia de los funcionarios que al efecto designa el Art. 5° se verifique la elección de Presidente Constitucional de la República.

Art. 2° — Con tal objeto, la Cámara abrirá su sesión extraaordinaria el dia 1.° de Mayo próximo entrante; celebrando una Junta preparatoria el dia 28 del corriente.

Art. 3° — El Ministro de Gobernación queda encargado de la Ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio del Gobierno, en Guatemala, á catorce de abril de mil ochocientos sesenta y cinco.

El Ministro de Gobernación,

M. Echeverría.

Y por disposición del Sr. Ministro encargado interinamente del Gobíerno, se imprime publica y circula.— Guatemala, Abril 14 de 1865.

Echeverría.3

La elección fue realizada el 3 de mayo de 1865 por los miembros de la Cámara de Representantes que, al igual que como ocurriría con las Asambleas Legislativas que hubo en los gobiernos liberales, estaba compuesta por allegados del fallecido presidente.  Los candidatos que se presentaron fueron el Mariscal Vicente Cerna y el general Manuel González.4   El Mariscal Cerna era de origen mestizo y había sido uno de los correligionarios de Carrera desde la época en que ambos peleaban juntos durante el alzamiento católico campesino que derrocó al gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez en 1838.  Gracias a su amistad con Carrera tuvo puestos de importancia en la administración del gobierno, siendo el Corregidor del entonces vasto departamento de Chiquimula y llegando al máximo escalafón del ejército guatemalteco.  Por otra parte, el general González era descendiente de una de las familias criollas del país, pero quien acababa de regresar de México tras una larga ausencia.4

El Mariscal Cerna resultó electo, y desde su toma de posesión fue llamado “Huevo Santo” por el pueblo guatemalteco dada su parsimonia, la falta de vivacidad en su caráter y, sobre todo, por las estudiadas práticas jesuitas de piedad y catolicismo con el que el nuevo presidente se presentó ante la sociedad.5  También se dice que fue nombrado así porque, a diferencia de Carrera, no acostumbraba a tener agasajos con jovencitas durante sus viajes a los diferentes poblados que visitaba.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. p. 87.
  2. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Pineda e Ibarra. p. 4.
  3. Aycinena, Pedro de (14 de abril de 1865). Decreto del Ministro de Relaciones Exteriores, Encargado Interinamente de la Presidencia. Guatemala: Imprenta de la Paz. p. 1.
  4. Ibid, p. 5.
  5. Ibid, p. 6.

1 de mayo de 1947: durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo entra en vigencia el decreto 330 del Congreso de la República: el Código de Trabajo

1mayo1947
Escenas de la producción cafetalera en Guatemala grabadas en madera con base a las fotografías realizas por Eadweard Muybridge en 1875.  Aquel era el trabajo tradicional de los indígenas guatemaltecos hasta 1947.  En el recuadro: el presidente de Guatemala, Dr. Juan José Arévalo.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Hasta 1947, las leyes vigentes en Guatemala favorecían grandemente a los patronos, en especial a todos aquellos que establecieron sus fincas cafetaleras o de otra índole durante el gobierno del general J. Rufino Barrios y los gobiernos liberales que le siguieron.  Leyes como el Reglamento de Jornaleros redactado por el ministro de Fomento del general Barrios, el licenciado Manuel María Herrera Moreno,1 o la Ley de Vagancia y la Ley de Vialidad emitidas durante el gobierno del general Jorge Ubico,2 tenían como único propósito proporcionar de mano de obra indígena casi gratuita a los grandes cafetaleros a fin de impulsar la economía nacional.

Los cambios globales que se produjeron hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, impulsados por el fin del fascismo y el establecimiento del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos produjeron una oleada de leyes que mejoraban las condiciones de los trabajados en todo el mundo.3  En Guatemala gobernaba el Dr. Juan José Arévalo, quien llegó al poder en las primeras elecciones que se realizaron tras el gobierno de 14 años del general Jorge Ubico, que fue el último gobernante liberal en la región.  En Guatemala, tanto el período liberal, que duró de 1871 a 1944, como el conservador, que fue de 1838 a 1871, se caracterizaron porque los presidentes eran dictadores prácticamente dueños de vidas y haciendas que se perpetuaron en el poder y que sólo salieron de la presidencia muertos o derrocados, con la única excepción del general Manuel Lisandro Barillas en 1892.4

Los cambios sociales que se observaron durante la época revolucionaria (1944-1954) obedecieron a las transformaciones globales que se produjeron por la caída de los regímenes fascistas de Hitler en Alemania y de Mussolini en Italia.  En Guatemala, los principales cambios que se dieron incluyeron la implementación de un Instituto de Seguro Social y la de leyes que ofrecieran un mínimo de protección a los trabajadores. Así pues, el Decreto 330 del Congreso de la República fue enviado al ejecutivo el 8 de febrero de 1947 y aprobado por el presidente, Dr. Juan José Arévalo, el 20 de febrero, entrando en vigor el 1 de mayo de eso año para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.5

Desde entonces, el Código ha sufrido varias y serias reformas. Por ejemplo, luego del triunfo de la Operación PBSUCCSS de la CIA estadounidense que derrocó al presidente de Guatemala, coronel Jacobo Arbenz Guzmán, el presidente Carlos Castillo Armas emitió el Decreto Presidencial 570 el 28 de febrero de 1956, el cual modificó 97 artículos del Código de Trabajo y derogó 7 de ellos. Posteriormente, durante el gobierno del general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, se aprobó la reforma contenida en el Decreto 1441 del Congreso de la República del 29 de abril de 1961, que constituyó prácticamente una
sustitución total del Decreto 330, por lo que desde entonces, se considera al Decreto 1441 como el Código de Trabajo.6 Desde entonces se han venido dando otras reformas para actualizar la ley a las nuevas formas de trabajo que han surgido en las últimas décadas.5


BIBLIOGRAFIA:


4 de febrero de 1976: catastrófico terremoto asola a Guatemala, causando veintitres mil muertos y setentisiete mil heridos

4febrero1976
Derrumbe de una  residencia a la orilla de un barranco en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.  En el recuadro: una vivienda de adobe derrumbada en el Centro Histórico de la ciiudad.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 4 de febrero de 1976 a las 3:03:33 am, un poderoso terremoto azotó a Guatemala. La zona más afectada cubría alrededor de 30.000 km², y comprendía a varios departamentos del país. Al igual que como ocurrió durantes los terremotos de 1917-18, aparecieron grietas en el suelo en muchos lugares del país, y algunas llegaron a medir hasta un metro de ancho; también la cima de algunos cerros se agrietó y luego los cerros se desmoronaron, soterrando poblados enteros y vías de acceso. Numerosos derrumbes en los taludes de relleno y en los taludes de corte en las carreteras​ dejaron numerosas comunidades incomunicadas, especialmente en la carretera al Atlántico, la carretera entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala y la carretera CA-I entre Patzún y Panajachel. Muchos puentes, torres de alta tensión, postes de luz y de teléfonos colapsaron o se destruyeron. Los rieles de las líneas de los ferrocarriles se retorcieron como culebras.

El sismo dañó prácticamente a todo el país, aunque los lugares más afectados fueron:

  • Chimaltenango: fue el departamento más afectado, registrando la mayoría de decesos.
    • San Martín Jilotepeque: quedó completamente en ruinas y únicamente sobrevivió la fuente colonial de la plaza central.​
    • Carretera CA-I (carretera Interamericana): sufrió severos daños entre Patzicía, Patzún, Godínez y Panajachel. En el punto intermedio entre Godínez y Patzún, en el lugar conocido como Los Chocoyos, hubo un derrumbe de tal magnitud que sepultó a varias casas con todo y sus habitantes.
    • Mixco Viejo: estas ruinas precolombinas sufrieron serios daños estructurales.
  • Departamento de Guatemala:
    • Ciudad de Guatemala: la ciudad y sus alrededores sufrieron graves daños, debido a la sobrepoblación y a lo precario de las viviendas, a pesar de estar lejos del epicentro del terremoto. La periferia de la ciudad quedó más destruida que el centro debido a que las casas estaban hechas de adobe. Al igual y como ocurrió con los terremotos de 1917-18 los templos católicos resultaron seriamente afectados: en la Catedral Metropolitana colapsó la cúpula elíptica que tenía,​ la Iglesia la Recolección y la Ermita del Carmen en el cerro del mismo nombre sufrieron daños considerables. Los centros de salud se quedaron pronto sin medicinas de primeros auxilios y sin alimentos, pues el sismo cortó el suministro de agua potable​ y los alimentos se agotaron rápidamente pues tanto las tiendas de abarrotes como las panaderías permanecieron cerradas. Los damnificados tuvieron que permanecer en las calles ya que hasta los hospitales dejaron afuera a sus pacientes, pues los edificios estaban en malas condiciones​ y se percibía el olor nauseabundo que provenía de desagües rotos.
    • San Juan Sacatepéquez, la municipalidad se derrumbó parcialmente.
    • Mixco: la estación de policía quedó inhabitable pero continuó operando; los agentes de la policía en las primeras horas que siguieron al terremoto encontraron ciento cincuenta muertos y doscientos heridos. Ante la gravedad de la situación y que la estructura del recinto estaba colapsada, el juez de la localidad autorizó a que los detenidos que tuvieran faltas leves fueran liberados.
  • El Progreso:
    • Carretera al Atlántico, la principal vía de comunicación del país, sufrió daños principalmente entre el kilómetro cero en el palacio Nacional y el kilómetro 80 -en El Rancho de San Agustín dejando incomunicados a Sanarate, Guastatoya y los poblados intermedios con la ciudad de Guatemala.​
  • Sacatepéquez :
    • Antigua Guatemala: el Palacio de los Capitanes Generales (que había sido reconstruido a finales de la década de 1880) resistió el temblor con algunos daños y únicamente hubo que demoler el muro de la fachada oriental. También hubo destrozos en la Parroquia de San José Catedral, el palacio del Ayuntamiento, las iglesias del Carmen, La Compañía de Jesús(que entonces albergaba un mercado), San Francisco y San Sebastián, así como casas de valor arquitectónico.
    • La carretera entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala también resultó seriamente dañada.
  • Izabal:
    • Puerto Barrios: las instalaciones de la portuaria quedaron seriamente dañadas
    • Los Amates: varias estelas mayas de Quiriguá se cayeron.

Aunque inicialmente el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García reportó que las pérdidas de vidas humanas eran mínimas para calmar a la población, a medida que se recuperaban los cuerpos de las víctimas la verdadera magnitud del desastre quedaba al descubierto. El gobierno tuvo que enterrar a numerosas víctimas como XX en fosas comunes, debido a la enorme cantidad de muertos y era la única forma de evitar una epidemia. El resultado final, indicó que hubo veintitrés mil personas fallecidas, setentisiete mil gravemente heridas, mientras que alrededor de doscientos cincuenta y ocho mil casas fueron destruidas, dejando a cerca de 1,2 millones de personas desplazadas. Y es que, a diferencia de lo ocurrido en 1917-18, no hubo un sismo inicial que advirtiera a la población y muchos murieron soterrados por sus propias viviendas; los sobrevivientes armaron albergues temporales en las calles junto a paredes inestables, que cedieron con las fuertes réplicas del sismo, provocando aún más víctimas mortales, cuando les cayeron paredes de edificios dañados. Después de eso las personas movieron sus albergues al centro de las calles, a parques o al primer terreno baldío que pudieron encontrar.

El riesgo de una epidemia de fiebre tifoidea se logró evitar porque cuando se suspendió el servicio de agua potable, el gobierno emitió boletines radiales de información sobre como prevenir enfermedades derivadas del consumo de agua sin tratamiento.​ Tampoco hubo un incremento en problemas psicosomáticos entre los sobrevivientes, a pesar de la experiencia traumática que padecieron. Los problemas que sí hubo fueron: diarrea, problemas pulmonares y oculares, estos últimos por la cantidad de polvo que se levantó de los escombros debido a las frecuentes réplicas.

El pillaje también se desató, y ante la falta de elementos de seguridad pues éstos estaban ocupados con las labores de ayuda, se organizaron patrullas civiles para evitarlo;. Los miembros de las patrullas eran vecinos voluntarios que estaban armados como podían y no llevaban a los capturados a las autoridades sino que ellos mismos se encargaban de escarmentarlos.

A diferencia del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera que fue totalmente inepto para afrontar la catástrofe de 1917-18, el gobierno del general Laugerud García afrontó la situación eficientemente y recuperó al país en cuestión de dos años.


BIBLIOGRAFIA:

 

 


7 de mayo de 1934: obligado por la Gran Depresión, el presidente Jorge Ubico deroga el Reglamento de Jornaleros instuido por J. Rufino Barrios en 1877

7mayo1934
Una finca de café en las inmediaciones de Antigua Guatemala a principios del siglo XX en una fotografía de Juan José de Jesús Yas.  En el recuadro: el pago a los jornaleros; obsérvese la presencia de niños trabajadores.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 7 de mayo de 1934, enfrentando una severa crisis económica derivada de la Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, el gobierno del general Jorge Ubico derogó el “Reglamento de Jornaleros“, que había sido instituido durante el gobierno de J. Rufino Barrios y que había sido uno de los principales motores económicos de los terratenientes liberales por décadas.

El “Reglamento de Jornaleros” fue redactado por el ministro de Fomento y poderoso azucarero de la región de Escuintla, el licenciado Manuel María Herrera Moreno (quien además era tío del presidente Jorge Ubico ya que estaba casado con Ernestina Ubico Urruela), y no era más que la legalización del trabajo forzado de los pobladores indígenas en las grandes fincas cafetaleras que recién se habían establecido por los liberales en Guatemala y que requerían de grandes cantidades de mano de obra para ser rentables.1,2 Por medio del decreto 177 del 3 de abril de 1877, el gobierno de Barrios emitió mencionado reglamento, y a partir de ese momento se permitió a los propietarios particulares de las fincas cafetaleras solicitar a los jefes políticos de los departamentos “mandamientos de jornaleros” para trabajar en sus propiedades.1,2

Estas “propiedades” se originaron tras una reforma del sistema de propiedad de la tierra que los liberales guatemaltecos implementarion tras el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.  Por este método, pretendían convertir a todos sus allegados en propietarios individuales e iniciaron la venta de las tierras baldías, o tierras “realengas“, de las grandes haciendas confiscadas a las antiguamente ponderosas  órdenes regulares de la Iglesia Católica, y las tierras comunales que tenían las comunidades indígenas.  Los principales favorecidos fueron los criollos liberales (entre ellos el padre del general Ubico, el licenciado Arturo Ubico Urruela, que poseía la importante hacienda cafetalera de San Agustín Las Minas en jurisdicción de Villa Canales3,4,5,6), y los ciudadanos alemanes que se establecieron en la región de la Verapaz.7

Ya anteriormente, en 1829 tras la invasión del general Francisco Morazán y la expulsión de la familia Aycinena y de las órdenes regulares del territorio centroamericano, se habían expropiado por primera vez propiedades rurales para ser rematadas en subasta, principalmente a los socios ingleses del general Morazán.  El principal ejemplo fue la Hacienda de San Jerónimo, ubicada en el municipio de dicho nombre en la Verapaz, y que fue expropiada a los Dominicos y entregada a un ciudadano inglés. Sin embargo, los conservadores recuperaron el poder en 1840 y devolvieron muchas de esas propiedades a las órdenes.

A fin de reactivar la economía durante la Gran Depresión, el general Ubico le dió un impulso a la exportación del café, único producto del país, por medio de la “Ley de Vialidad“, que fue el decreto 1974 emitido en 1933.8 Dado que los fondos nacionales estaban en niveles mínimos, y era necesario construir caminos de terracería que comunicaran a las fincas productoras del grano con los puertos o estaciones del ferrocarril más cercanas, esta ley establecía que todo hombre indígena apto estaba obligado a trabajar en la construcción y mantenimiento de carreteras, con base a un censo proporcionado por cada una de las jefaturas políticas al Ministerio de Agricultura; posteriormente la Dirección de Caminos establecía el plan de trabajo en base a la información del censo. Aquellas personas que no quisieran realizar estos trabajos podían conmutarlo a razón de Q1.00 por semana, y dichos fondos debían utilizarse para la construcción de carreteras. Los únicos hombres indígenas aptos que estaban eximidos de esta obligación eran los profesores, para que no dejaran sus escuelas desatendidas durante las dos semanas que estaban obligados a trabajaren la construcción de caminos. De esta forma, con esta mano de obra gratuita, Guatemala pasó de tener aproximadamente 2,200 Km en carreteras en 1930 a tener 10,200 Km cuando el general Ubico presentó su renuncia el 1 de julio de 1944.9

Por medio del Reglamento de Jornaleros se trataba a los trabajadores casi como esclavos, teniéndolos en una situación de servidumbre similar a la de la época de la colonia. Y es que como el reglamento señalaba que el patrono podía adelantarle parte de su sueldo al trabajador, los patronos idearon un sistema por el cual muchos campesinos poco a poco se fueron endeudado con el dueño de la finca hasta que dicho endeudamiento era ya impagable y tenían que mantenerse a perpetuidad en dichas tierras ya que no podían dejar su trabajo sin haber saldado completamente la deuda adquirida. A esto se sumaba que las deudas eran heredadas de padres a hijos, por lo que estos último ya estaban obligados a permanecer en la finca en que habían trabajados sus padres. Y, por si esto no fuera poco, la mayoría de las fincas pagaban con su moneda propia, la cual podían intercambiar únicamente en la tienda de la finca por los productos que allí se encontraban, los cuales eran vendidos a altos precios.10

Poco antes de derogar el Reglamento de Jornaleros, Ubico promulgó el Decreto No. 1995, el cual señalaba en su único considerando que los “anticipos restringen la libertad de trabajo y convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes contratan sus servicios”. En ese decreto, el presidente dio un plazo de dos años para que los terratenientes cobraran a sus jornaleros lo adeudado, transcurridos los cuales todo adeudo quedaba saldado y los empleados empezaban a trabajar de cero o podían irse de la finca. Adicionalmente, el pago ya no podría hacerse por anticipado, sino por tarea, día o semana trabajada.10

Sin embargo, la Ley de Vialidad y el Reglamento de Jornaleros no eran suficientes para sostener la economía nacional, por lo que el gobierno de Ubico derogó el Reglamento el 7 de mayo de 1934 y a los tres días, emitió el Decreto 1996 conocido como la “Ley de Vagancia“, la cual tenía dos temas centrales: evitar la proliferación de vagabundos en el país y suplir de mano de obra a las fincas cafetaleras.10  Por supuesto, no incluía a los miembros de las élites locales, sino que se aplicaba únicamente a los indígenas y mestizos pobres. Todo aquel que era detenido en la calle por vagancia era obligado a ponerse a trabajar o se iba preso (aunque de todos modos terminaba trabajando para el Estado de manera gratuita).<sup>10</sup>

Al iniciar una nueva relación laboral entra en vigor la Ley Contra la Vagancia, que es el Decreto 1996, la cual en su artículo 2 señalaba los distintos casos en los cuales se podían aplicar las penas establecidas:

  • Los que no tienen oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia.
  • Los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en fincas, ni cultiven, con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas anuales en zona cálida; cuatro manzanas de maíz en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos, en cualquier zona.11

La ley también dinciada que tanto las autoridades como los particulares estaban en la obligación de denunciar estos casos para que la persona en cuestión fuera procesada.  Y las penas que se imponían eran:

  • Las penas iniciales eran de 30 días de prisión las cuales iban aumentando en caso de reincidencia señalaba que toda persona que no pudiera comprobar que tenía ingresos para mantenerse sin trabajo, tenía que trabajar un mínimo de 150 días al año y que el pago de dichos servicios se haría al terminar el trabajo y no por anticipado.
  • Si la persona poseía una pequeña parcela de tierra y la cultivaba para su subsistencia, únicamente debía trabajar 100 días al año.11

A la larga, la Ley de Vagancia permitió continuar proveyendo a los terratenientes de mano de obra, sobre todo en la época de cosecha, pues eran muy pocos los campesinos que poseían los medios necesarios de subsistencia que eran requeridos para no ser considerado vago.

Al final, el efecto que esperaba Ubico de estas leyes laborales rindió sus frutos al cabo de varios años, cuando despegó la economía del país (en especial la de los cafetaleros, entre los que se incluía el propio presidente, quien había heredado la Hacienda San Agustín Las Minas a la muerte de su padre en 1927) y poco a poco se pasó de la crisis económica, hasta llegar a un superávit.11


BIBLIOGRAFIA:

  1. Barrios, J. Rufino (1877). «Decreto número 177: Reglamentos de jornaleros». El Guatemalteco (Guatemala). Archivado desde el original el 8 de mayo de 2015.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1 de febrero de 1907) Votos por la educación popular. Guatemala: La Locomotora. II (24). p. 1.
  4. Ibid. (1908). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1900-1901.  XIX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 124-125.
  5. Ibid, (1909). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1905-1906XX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 4-6.
  6. Matta, Juan (1912). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala, 1910-1911 XXIX. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 296.
  7. Caso Barrera, Laura (Diciembre 2014). Viajeros alemanes en Alta Verapaz en el siglo XIX. Su aportación al conocimiento de las lenguas y cultura mayas. Revista Brasileria de Lingüística Antropológica. 6 2. p. 414.
  8. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  9. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5.
  10. Ibid, p. 6.
  11. Ibid, p. 7.