12 de febrero de 1971: Convenio con EXMIBAL

El Coordinador de la Comisión Negociadora del Gobierno de la República, Carlos Molina Mencos, y Joseph Borgatti, presidente de EXMIBAL, establecen las bases que normarán las actividades de la empresa para extracción de níquel en Izabal.

12abril1971
La región en donde se explota níquel en el municipio de El Estor a orillas del Lago de Izabal en Guatemala, otorgada en concesión a EXMIBAL en 1971. En el recuadro: una montaña explotada de donde se extrae níquel. Imágenes tomadas de Google Earth.

El 12 de febrero de 1971, la Comisión Negociadora del Gobierno firmó un convenio con EXMIBAL para la explotación de las minas de níquel en Izabal.  Para entonces, los representantes de la Universidad de San Carlos que formaban parte de la Comisión y que se habían opuesto rotundamente al convenio habían sido asesinados u obligados a salir al exilio.1

En la práctica, este convenio era lesivo para el país.  En primer lugar, no hubo una consulta a las comunidades indígenas, quienes pidieron suspensión de la mina, y en segundo, el poder político de la “International Nickel Company” (INCO)/EXMIBAL era considerable, al punto que sus representantes fueron los que redactaron una nueva ley de minería para Guatemala en 1962, argumentado que éste iba a estimular las inversiones en Guatemala.2

Luego de un convenio inicial en 1968, el presidente Julio César Méndez Montenegro pidió la Universidad de San Carlos de Guatemala que creara una comisión para analizar los detalles tras el otorgamiento de la concesión. Esta comisión fue presidida por Rafael Piedrasanta Arandi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y los otros miembros eran Adolfo Mijangos López, Julio Camey Herrera y Alfonso Bauer Paiz. Todos fueron víctimas de ataques poco después de que el general Carlos Arana Osorio tomara el poder.  Bauer Paiz relató así los ataques perpetrados en su contra: “varios de los profesionales que habíamos asumido la responsabilidad ciudadana de oponernos a esa concesión a EXMIBAL, fuimos víctimas de atentados: el primero, el abogado Julio Camey Herrera, quien fue asesinado; luego a mí se me quiso secuestrar y al resistirme fui acribillado a balazos y, milagrosamente sobreviví. También fue víctima de secuestro el economista Rafael Piedrasanta Arandi, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, quien pudo evadir esa acción criminal y tuvo que salir al destierro. Fue cruelmente asesinado el doctor en Derecho, Adolfo Mijangos, a pesar de su condición de incapacitado motriz“.2

De acuerdo con Bauer Paiz, las concesiones de explotación se otorgaron en una época en la que en el país no regía ninguna Constitución pues gobernaba el presidente de facto Enrique Peralta Azurdia, que fue el mismo que aprobó el Código de Minería que había INCO/EXMIBAL en 1965.  Según Bauer Paiz, “las anomalías que se registraron en el trámite de los expedientes; la vinculación indudable de algún funcionario de la Dirección de Minería con EXMIBAL: la gran importancia estratégica del níquel; la no disimulable preocupación de INCO en el texto del Código de Minería y la falta de conocimiento que tuvo la ciudadanía guatemalteca respecto a la preparación y puesta en vigor del Decreto-Ley 342, Código de Minería, son presunciones graves a favor de la tesis, de que tal legislación es […] hecha a la medida de EXMIBAL y sus afiliadas o matrices“.2

Bauer Paiz también indicó que entre las preocupaciones de la comisión de la Universidad estaba la necesidad de derogar el código minero y que se replantearan las condiciones de la concesión, ya que en el proceso de extracción de níquel Guatemala aportaría otros servicios como carreteras, agua, vigilancia y protección para la empresa. Además, denunciaron que la compañía usaría la mayor parte de un muelle que le costaría al país más de 6 millones de dólares y la falta de controles adecuados a las operaciones de la empresa, especialmente con relación a la cantidad de mineral extraído y qué metales contenía.2

Con estos antecedentes, reproducimos a continuación el convenio en mención:

Guatemala, 12 de febrero de 1971.

Convenio entre la Comisión Negociadora del Gobierno de la República de Guatemala y la Empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras Izabal, S.A. (EXMIBAL); 

Considerando: que EXMIBAL es una sociedad debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Guatemala y es titutlar de concesiones vigentes de explotación y de exploración minera, al amparo de la cual se extraerá y transformará níquel;

Considerando: que el Gobierno de guatemala, no obstante que EXMIBAL estaba en capacidad legal de iniciar de inmediato sus operaciones mineras se preocupó por mejorar en beneficio del país, las condiciones en que dicha empresa operaría en Guatemala, habiendo logrado obtener ventajas tales que el Gobierno, sin sacrificio fiscal, devendrá socio de esa empresa;

Considerando: que el Gobierno, como socio de la empresa tendrá participación directa en EXMIBAL, por lo que tiene interés en que se ponga en operación el proyecto de níquel de la misma, el que tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico y social de Guatemala;

Considerando: que habiéndose aceptado por EXMIBAL las indicadas condiciones adicionales, se han fijado con claridad los términos bajo los cuales operará dicha empresa, lo que le permitirá continuar sus esfuerzos para reunier el financimiento que se require a fin de que el proyecto pueda realizarse,

Por tanto, el Gobierno de la República y EXMIBAL cumplen con dejar asentados los puntos convenidos como resultado de las negociaciones realizadas, así:

      1. EXMIBAL reconoce que está sujeta sin discriminación ni preferencia algunas, a la legislación minera que rige sus actividades […]. Dentro de los límites de las áreas de su concesión minera, EXMIBAL observará los derechos y respetará las restricciones legales relacionadas con la tenencia de la tierra […]
      2. EXMIBAL asume la obligación de efectuar inversiones en instalaciones especiales y tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas y del aire […]
      3. EXMIBAL asume la obligación de ir sustituyendo las importaciones de materials primas […] así como de los servicios que contrate, por medio de la compra de productos y servicios centroamericanos […]
      4. EXMIBAL asume la obligación de rehabilitar las áreas minadas dentro de un lapso razonable […]
      5. EXMIBAL acepta que el Gobierno seleccione al azar muestras del mineral extraído de las minas comprendidas dentro de las concesiones otorgadas a su favor para determinar el contenido químico de los diferentes minerales.3
      6. EXMIBAL acepta que el Gobierno seleccione […] muestras al azar de cada embarque del níquel con el fin de determinar […] el contenido del producto exportado.  […]
      7. EXMIBAL se obliga a poner la escoria final resultante del refinamiento de níquel en un lugar conveniente próximo a su falta de transformación. […]
      8. EXMIBAL se obliga a permitir la revisión de la contabilidad y documentos de la empresa […] para constatar la exactitud del valor de las inversiones, de las exportaciones, de los estados financieros, de los costos, beneficios, etc.
      9. EXMIBAL se obliga a efectuar sus operaciones […] absteniéndose de hacer uso de compañías subsidiarias […] salvo que el Gobierno expresamente le autorizare […].
      10. EXMIBAL queda obligada a programar anualmente de acuerdo con el Ministerior de Economía las becas financiadas por la empresa […]
      11. EXMIBAL queda obligada a llevar a cabo programas de educación y a tomar medidas de carácter sanitario […], cuyo costo se calcula en cuatro millones trescientos mil quetzales, en el área de sus operaciones y fuera de ella […] 
      12. EXMIBAL se obliga a formular, de común acuerdo con el Ministerio de Economía, un mecanismo claro y sencillo […] para determinar el precio […] de la exportación de níquel de la empresa.
      13. EXMIBAL renuncia al 50% del monto de las exoneraciones del impuesto sobre la renta que le fueron otorgadas conforme al artículo 126 del Código de Minería, debiendo modificarse el respectivo acuerdo gubernativo para formalizar dicha renuncia y la consiguiente eliminación del artículo 5°. del mismo.  
      14. EXMIBAL acepta que el Gobierno de Guatemala participe en su capital por un monto equivalente al 30% del mismo. […]
      15. EXMIBAL se obliga a acumular depreciación cada año […]. Además del efectivo generado por sus operaciones gastará e invertirá lo suficiente para mantenimiento, reparaciones y reemplazo de maquinaria y equipo, a fin de conservar la planta de transformación siempre operando con eficiencia. […]
      16. EXMIBAL se obliga a que las remesas que haga por concepto de pagos al exterior, no excederán del monto de las divisas generadas por ella misma […] En todo caso, las operaciones de EXMIBAL deberán producir un beneficio neto a la balanza de pagos del país.
      17. Las operaciones cambiarias que EXMIBAL efectúe para cumplir con sus obligaciones ante los prestamistas del exterior se harán de acuerdo con lo establecido en la resolución número 6726 de la Junta Monetaria, de fecha 21 de enero de 1971.
      18. EXMIBAL queda obligada a formar un fondo de prestaciones laborales, con una aportación patronal equivalente al 8.34% del calor de cada una de sus planillas. […]
      19. EXMIBAL queda obligada a mantener depósitos en los Bancos del sistema con un saldo promedio no menor de dos millones de quetzales durante cada año calendario […]
      20. EXMIBAL queda obligada a formar una reserva de capital con el 5% de la utilidad de cada ejercicio […]
      21. Al completar su inversión EXMIBAL queda obligada a asignar para capital de trabajo, una suma no menor de 9 millones de quetzales. […]4
      22. El trasnporte de níquel desde la planta de EXMIBAL hasta el puerto de exportación, se efectuará por empresas constituidas en el país y de capital guatemalteco […]
      23. EXMIBAL queda obligada a no recurrir al financiamiento del sistema Bancario Nacional para la construcción de su planta ni para efectuar pagos al extranjero; salvo autorización expresa del Gobierno.
      24. EXMIBAL se compromete a celebrar un convenio con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), con respecto a la propiedad y operación de la planta de energía que se establecerá para la comunidad de El Estor y su correspondiente sistema de distribución. […]
      25. EXMIBAL se compromete a no incluir dentro de sus costos deducciones por el uso de patentes y marcas, excetp aquellas que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y su REglamento, hayan obteido opinión favorable del Ministerio de Economía.
      26. El Gobierno no participará en el financiamiento del proyecto mediante préstamos, avales o garantías directas, pero interpondrá sus buenos oficios y colaboración con el fin de que sea viable terminar el financimiento.  La ejecución del presente convenio dependerá de que se complete el financimiento requerido en condiciones aceptables para los accionistas de EXMIBAL y el Gobierno.
      27. En caso de que EXMIBAL dejara de cumplier cualquier de sus compromisos aquí contraídos, tal omisión no hará perder vigencia a otra smeidas contenidas en este convenio, pero EXMIBAL deberá subsanar la falta en el término que el Gobierno le fije, sin perjuicio de las sanciones que procedan de acuerdo con las leyes del país.
      28. […] La fecha en que deba de principiarse la construcción se fijará por el Gobierno en el acuerdo de aprobación de este convenio.
      29. Lo acordado en el presente convenio se elevará a la consideración del señor Presidente de la República para que se emita el correspondientes acuerdo gubernativo de aprobación.
      • Por el Gobierno de Guatemala: Carlos Molina Mencos, Viceministro de Economía
      • Por EXMIBAL: Joseph J. Borgatti, Presidente5

El convenio fue aprobado el 25 de febrero y publicado en el Diario Oficial al día siguiente.5

 


BIBLIOGRAFIA:

  1. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (13 de septiembre de 1971) Placa al Doctor Adolfo Mijangos López.  Guatemala.
  2. Nómada (2018). El desastre ocasionado por el níquel en Izabal (y la posibilidad de cerrar la mina). Guatemala: Nómada.
  3. Azurdia Alfaro, Roberto (1975) Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, 1970-1971. XC. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 686.
  4. Ibid., p. 687.
  5. Ibid., p. 688.

 

7 de febrero de 1923: firman el Tratado General de Paz y Amistad

En las Convenciones de Washington las repúblicas centroamericanas firman el Tratado General de Paz y Amistad para tratar de evitar que ocurran golpes de estado en la región.

7febrero1923
Edificio “Panamerican Union” en Washington, D.C. En este edificio se guardó el original del Tratado General de Paz y Amistad de los países Centroamericanos en 1923. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

A instancias del gobierno de los Estados Unidos, las naciones centroamericanas se reunieron en Washington para celebrar un Tratado General de Paz y Amistad.  Los Estados Unidos esperaban con este tratado mantener un mejor control de la región, intentando por este medio que no hubiera golpes de estado ni revoluciones.1 El Tratado estuvo vigente hasta 1934 y con base en él, el gobierno de los Estados Unidos no reconoció al gobierno de facto del general Manuel María Orellana, que asumió el poder el 17 de diciembre de 1930 luego de derrocar al presidente interino, Baudilio Palma,2 y el gobierno del general Jorge Ubico cerró sus fronteras a los campesinos que huían de El Salvador luego de un alzamiento comunista en ese país en 1932.3

El tratado se reproduce a continuación por su relevancia histórica:1

LAS CONVENCIONES DE WASHINGTON- TRATADO GENERAL DE PAZ Y AMISTAD

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, deseando continuar las buenas relaciones de amistad que han existido entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de una situación de paz en la América Central, han tenido a bien celebrar un Tratado General de Paz y Amistad, y, al efecto, han nombrado Delegados, a saber:

GUATEMALA, a los Excelentísimos señores Don Francisco Sánchez Latour y Licenciado Don Marcial Prem;[…]

En virtud de la invitación hecha al Gobierno de los Estados Unidos de América por los Gobiernos de las cinco Repúblicas de Centro América, estuvieron presentes en las deliberaciones de la Conferencia, como Delgados del Gobierno de los Estados Unidos de América, los Honorables Señores Charles E. Hughes, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y Sumner Welles, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.

Después de comunicarse sus respectivos plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, los Delegados de los cinco Estados de la América Central, reunidos en Conferencia sobre Asuntos Centroamericanos en Washington, han convenido en llevar a efecto el propósito indicado de la manera siguiente:

Artículo I: Las Repúblicas de Centro América consideran como el primordial de sus deberes, en sus relaciones mutuas, el mantenimiento de la paz; y se obligan a observar siempre la más completa armonía y a resolver los desacuerdos o dificultades que puedan sobrevenir entre ellas, de conformidad con las Convenciones que en esta fecha han suscrito para el establecimiento de un Tribunal Internacional Centroamericano y para el establecimiento de Comisiones Internacionales de Investigación.

Artículo II:  Deseando asegurar en las Repúblicas de Centro América los benéficos que se derivan de la práctica de las instituciones libres y contribuir al propio tiempo a afirmar su estabilidad y los prestigios de que deber rodearse, declarán que se considera amenazante a la paz de dichas Repúblicas todo acto, disposición o medida que altere en cualquiera de ellas el orden Constitucional, ya sea que proceda de algún Poder público, ya de particulares.

En consecuencia, los Gobiernos de las Partes Contratantes no reconocerán a ninguno que surja en cualquiera de las cinco Repúblicas por un golpe de estado o de una revolución contra un gobierno reconocido, mientras la representación del pueblo, libremente electa, no haya reorganizado el país en forma constitucional. Y aun en este caso se obliga a no otorgar el reconocimiento si alguna de las personas que resultaren electas Presidente, Vicepresidente o Designado estuviere comprendida en cualquiera de los casos siguientes:

    1. Si fuere el jefe o uno de los jefes del golpe de estado o de la revolución; o fuere por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente o hermano de alguno de ellos.
    2. Si hubiese sido Secretario de Estado o hubiese tenido alto mando militar al verificarse el golpe de estado o la revolución o al practicarse la elección, o hubiese ejercido ese cargo o mando dentro de los seis meses anteriores al golpe de estado, revolución o elección. (Nota de HoyHistoriaGT: esto hubiera dejado sin reconocimiento al presidente de  Guatemala, general José María Orellana, quien había llegado al poder por un golpe de estado patrocinado por la estadounidense United Fruit Company en 1921).

Tampoco será reconocido, en ningún caso, el gobierno que surja de elecciones recaídas en un ciudadano inhabilitado expresa e indubitablemente por la Constitución de su país para ser electo Presidente, Vicepresidente o Designado.

Artículo III  Las Partes Contratantes se obligan a constituir ante cada una de las otras agentes diplomáticos o consulares.

Artículo IV  Ningún Gobierno de Centro América podrá, en caso de guerra civil, intervenir a favor ni en contra del Gobierno del país donde la contienda tuviere lugar.

Artículo V  Las Partes Contratantes se obligan a mantener en sus respectivas Constituciones el principio de no reelección del Presidente y Vicepresidente de la República; y aquellos en cuya Constitución se permita esa reelección se obligan a provocar la reforma constitucional en ese sentido en la próxima reunión del Poder Legislativo después de la ratificación del presente Tratado. (Nota de HoyHistoriaGT: en Guatemala, a pesar de este tratado, el general Orellana buscaría su reelección en 1926, pero no la consiguió porque murió en circunstancias sospechosas en septiembre de ese año).

Artículo VI  Los nacionales de una de las Partes Contratantes, residentes en el territorio de cualquiera de las otras, gozarán de los mismos derechos civiles de que gozan los del propio país. Se considerarán como ciudadanos en el país de su residencia si manifestaren su voluntad de serlo y reuniesen las condiciones que exijan las correspondientes leyes constitutivas.

Los no naturalizados estarán exentos en todo tiempo de todo servicio militar. Tampoco podrán ser admitidos en dicho servicio sin el previo consentimiento de su Gobierno, salvo el caso de guerra internacional con un país no centroamericano. También estarán exentos de todo empréstito forzoso o requerimiento militar y no se les obligará por ningún motivo a pagar más contribuciones o impuestos ordinarios o extraordinarios que aquellos que pagan los naturales.

Artículo VII Los ciudadanos de los países signatarios que residan en el territorio de los otros gozarán del derecho de propiedad literaria, artística o industrial en los mismos términos y sujetos a los mismos requisitos que los naturales.

Artículo VIII  Las naves mercantes de cada uno de los países signatarios se considerarán en los mares, costas, y puertos de los otros como naves nacionales; gozarán de las mismas exenciones, franquicias, y concesiones que éstas y no pagarán otros derechos ni tendrán otros gravámenes que los establecidos para las embarcaciones del país respectivo.

Artículo IX Los Gobiernos de las Repúblicas Contratantes se comprometen a respetar la inviolabilidad del derecho de asilo a bordo de los buques mercantes de cualquiera nacionalidad surtos en sus aguas. No podrá extraerse de dichas embarcaciones sino a los reos de delitos comunes, por orden del Juez competente y con las formalidades legales. A los perseguidos por delitos políticos o delitos comunes conexos con los políticos, no se les podrá extraer en ningún caso.

Artículo X  Los Agentes diplomáticos y consulares de las Repúblicas Contratantes en los países extranjeros prestarán a las personas, buques y demás propiedades de los ciudadanos de cualquiera de ellas, la misma protección que a las personas, buques y demás propiedades de sus compatriotas, sin exigir por sus servicios otros o mayores derechos que los acostumbrados respecto de sus nacionales.

Artículo XI  Habrá entre las Partes Contratantes un canje completo y regular de toda clase de publicaciones oficiales.

Artículo XII  Los instrumentos públicos otorgados en una de las Repúblicas Contratantes serán válidos en las otras, siempre que estén debidamente autenticados y que en su celebración se hayan observado las leyes de la República de donde proceden.

Artículo XIII  Las autoridades judiciales de las Repúblicas Contratantes darán curso a las requisitorias en materia civil, comercial o criminal, concernientes a citaciones, interrogatorios y demás actos de procedimiento o instrucción, exceptuando las requisitorias en materia criminal cuando el hecho que las motive no constituya delito en el país requerido.

Los demás actos judiciales, en materia civil o comercial, procedentes de acción personal, tendrán en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes igual fuerza que los de los tribunales locales, y se ejecutarán del mismo modo, siempre que se declaren previamente ejecutoriados por el Tribunal Supremo de la República en donde han de tener ejecución lo cual se verificará si llenaren las condiciones esenciales que exige su respectiva legislación y conforme a las leyes vigentes en cada país para la ejecución de las sentencias.

Artículo XIV  Cada uno de los Gobiernos de las Repúblicas de Centro América, en el deseo de mantener una paz permanente, conviene en no intervenir, en ninguna circunstancia, directa o indirectamente, en los asuntos políticos internos de otra República Centroamericana, y en no permitir que persona alguna, ya sea nacional, centroamericana o extranjera, organice o fomente trabajos revolucionarios dentro de su territorio contra un Gobierno reconocido de cualquiera otra República Centroamericana. Ninguno de los Gobiernos Contratantes permitirá a las personas que estén bajo su jurisdicción que organicen expediciones armadas o tomen parte en las hostilidades que surjan en un país vecino o suministren dinero o pertrechos de guerra a las partes contendientes. Los Gobiernos Contratantes se comprometen a adoptar y dictar las medidas eficaces, compatibles con la Construcción política de su país, que fueren necesarias para evitar que se efectúen actos de esta naturaleza dentro de su territorio.

Inmediatamente después de ratificado este Tratado, los Gobiernos Contratantes se comprometen a presentar a sus respectivos Congresos los proyectos de ley necesarios para el debido cumplimiento de este artículo.

Artículo XV  Las Partes Contratantes se obligan a no celebrar entre ellas, por ningún motivo, pactos, convenios o acuerdos secretos y en tal virtud, todo pacto, convenio o acuerdo entre dos o más de las Partes Contratantes será publicado en el periódico oficial de cada uno de los Gobiernos interesados.

Artículo XVI  Estando resumidas o convenientemente modificadas en este Tratado las disposiciones de los firmados en diversas Conferencias Centroamericanas por los cinco Países Contratantes, se declara que todos quedan sin efecto y derogados por el actual cuando sea definitivamente aprobado y canjeado.

Artículo XVII  El presente Tratado entrará en vigor para las Partes que lo hayan ratificado desde que concurran las ratificaciones de por lo menos tres de los Estados firmantes.

Artículo XVIII  El presente Tratado estará en vigor hasta el primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro, no obstante denuncia anterior o cualquier otro motivo. Del primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro en adelante continuará vigente hasta un año después de la fecha en que una de las partes obligadas notifique a las otras su intención de denunciarlo. La denuncia de este Tratado por una o dos de dichas Partes obligadas lo dejará vigente para las que habiéndolo ratificado no lo hubieren denunciado siempre que éstas fueren por lo menos tres. Si dos o tres Estados obligados por este Tratado llegaren a formar una sola entidad política, el mismo Tratado se considerará vigente entre la nueva entidad y las Repúblicas obligadas que permanecieren separadas, mientras éstas sean por lo menos dos. Cualquiera de las Repúblicas de Centro América que dejare de ratificar este Tratado, podrá adherir a él mientras esté vigente.

Artículo XIX  El canje de las ratificaciones del presente Tratado se hará por medio de comunicaciones que dirigirán los Gobiernos al Gobierno de Costa Rica, para que éste lo haga saber a los demás Estados Contratantes. El Gobierno de Costa Rica les comunicará también la ratificación si la otorgare.

Artículo XX  El ejemplar original del presente Tratado, firmado por todos los delegados plenipotenciarios, quedará depositado en los archivos de la Unión Panamericana establecida en Washington. Una copia auténtica de él será remitida por el Secretario General de la Conferencia a cada uno de los Gobiernos de las Partes Contratantes.

Firmado en la ciudad de Washington, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos veintitrés.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (3 de marzo de 1923). Las Convenciones de Washington – Tratado de Paz y Amistad. Nicaragua.
  2. Department of State(1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 172-175.
  3. Taracena Arriola, Arturo (30 de mayo de 2011) “El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista de Centroamérica 1922-1932“. El Socialista Centroamericano.

19 de febrero de 1897: decretan la música del Himno Nacional

El gobierno del general presidente José María Reina Barrios decreta que sea la composición del maestro Rafael Alvarez la que se use para el Himno Nacional

19febrero1897
Música original del Himno Nacional de Guatemala, publicado en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.

El decreto en el que se oficializó el Himno Nacional de Guatemala dice textualmente así:1

Palacio del Poder Ejecutivo, 19 de febrero de 1897

Teniendo presente que por acuerdo del 24 de julio del año próximo anterior, fue convocado un concurso para premiar en público certamen el mejor himno nacional que se escribiera y la mejor música que a él se adaptara fijándose para cerrar, el que a las composiciones literarias se refiere, la fecha de 15 de octubre de ese año, y señalando como término para la presentación de composiciones musicales el 1.° de febrero del año en curso:

Habiéndose adoptado como letra el Himno, la que fija el decreto de 28 de octubre de 1896,2 que se hizo circular profusamente, y presentándose con posteridad varias composiciones musicales, las que fueron sometidas a un examen de Jurado competente para su calificación; con vista en el dictamen emitido por dicho jurado, el Presidente de la República1

ACUERDA:

    1. Que sea tenida como música del Himno Nacional la composición presentada anteriormente por el profesor guatemalteco don Rafael Alvarez, que mereció la calificación preferente
    2. Que por la respectiva secretaría se tomen las disposiciones necesarias y relativas a la adjudicación del premio que corresponde al autor de la música. que el autor de la letra manifesto renunciar a él deseando permanecer anónimo.

Comuníquese

El dictamente del jurado se encuentra en el acta siguiente:3

Acta del Jurado calificador de las composiciones musicales para el Himno Nacional

El infrascrito certifica: que en el libro respectivo se encuentra el acta que literalmente dice como sigue:

“En Guatemala, a trece de febrero de mil ochocientos noventa y siete, constituidos en uno de los salones del Instituto Nacional, los señores Disconzi, Arias y Soriano Sanchis, por comisión especial del señor Ministro de Instrucción Pública, con el fin de integrar el Jurado calificador de las composiciones musicales presentadas para el Himno Nacional, últimamente premiado por el Gobierno; y siendo las tres de la tarde, se dio principio al acto, de la manera siguiente:

      1. Se tuvieron á la vista doce composiciones que fueron estudiadas detenidamente, sin olvidar que la más adaptable será la que reúna las condiciones que requiere esta clase de composiciones y que corresponda a la versificación del mencionado himno, cuya letra también se tuvo presente; considerando que la presentada por el profesor guatemalteco don Rafael Alvarez, es sin duda la más ameritada porque reúne las condiciones especiales requeridas, unánimemente, se declaró como la más apropiada para el caso y que su adopción es la que conviene por encontrarse á la altura que reclaman los trabajos de esta índole;
      2. que de las otras composiciones merece mención la que tiene por contraseña “El Autor” sin embargo de ser inferior a la del señor Alvarez, y que para ser aceptada, tendría que sufrir dos importantes modificaciones;
      3. que de la presente acta se saque copia certificada por quien corresponda, para elevarla al señor Ministro del ramo, dándose así por terminado el acto.
            • M. Angelo Disconzi
            • Manuel Soriano.
            • Luis F. Arias.”

Y en cumplimiento de lo mandado, para remitirla al señor Ministro de Instrucción Pública, extiendo la presente, en Guatemala, á catorce de febrero de mil ochocientos noventisiete.

        • Luis F. Arias3

El 14 de marzo de 1897, los alumnos del Conservatorio Nacional, dirigidos por el propio maestro Álvarez Ovalle, cantaron por primera vez el himno oficial de Guatemala en el Teatro Colón con motivo de la inaguración de la Exposición Centroamericana, que sería el último acto grandioso del gobierno del general José María Reina Barrios.  Apenas unos pocos meses después, su exministro de Instrucción Pública, el licenciado Próspero Morales, encabezaría una de las revoluciones en su contra tras el colapso de la economía nacional.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Estrada Paniagua, Felipe (1908). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1896-1897 XV. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 519-520.
  2. Ibid., 322-324.
  3. Ibid., 518-519.
  4. Luján Muñoz, J. (2003). Las Revoluciones de 1897, La Muerte de J. M. Reina Barrios y la Elección de M. Estrada Cabrera. Guatemala: Artemis y Edinter. ISBN 9788489766990.

29 de febrero de 1528: Pedro de Angulo profesa en la Orden de Predicadores (Dominicos)

29febrero1528
La Catedral de Cobán en Alta Verapaz.  Nótese en la parte superior el escudo de la Orden de Predicadores, a la que perteneció Pedro de Angulo.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Fray Pedro de Angulo, O.D.P. fue uno de los primeros religiosos en llegar a Guatemala tras la conquista española. Nació en Burgos, y originalmente fue un aventurero más que vino a América a buscar fortuna en la década de 1520; pero tras la conquista de México tomó los hábitos en el convento de Santo Domingo que la Orden de Predicadores fundó en la ciudad, profesando el 29 de febrero de 1528.

Su primera misión fue junto con fray Bartolomé de Las Casas en Perú, para luego pasar a Nicaragua.  En 1835, el obispo Francisco Marroquín los llamó a Guatemala para que lo ayudaran a pacificar la provincia de Tezulutlán, que se resistía a ser conquistada.  Lo que había ocurrido es que entre 1530 y 1531 el capitán Alonso de Ávila accidentalmente en su ruta de Ciudad Real  hacia Acalán descubrió la laguna y peñol de Lacam-Tún. Los habitantes de esta zona que comerciaban con los pueblos previamente conquistados por los españoles evitaron un enfrentamiento directo utilizando la selva y la protección de las montañas de los Cuchumatanes como refugio. Hubo varios intentos por conquistar a los lacandones, desde Nueva España, desde la Península de Yucatán, desde Guatemala y desde Chiapa, pero todos fracasaron aunque lograron reducir a algunos poblados. De esta forma los mopones, tzeltales y choles fueron reubicados paulatinamente en pueblos de paz donde fueron evangelizados.

Los lacandones, por su parte, originalmente habían evitado la confrontación abierta, pero cambiaron de actitud y comenzaron el asalto de las localidades cercanas a los Cuchumatanes. Por esta razón aquella región se conoció como “Tezulutlán” o “zona de guerra“.

Las Casas y Angulo negociaron con el oidor de la Segunda Real Audiencia de México, licenciado Alonso de Maldonado (quien se encontraba reemplazando al adelantado Pedro de Alvarado mientras éste estaba atendiendo asuntos fuera de Guatemala), para conquistar pacíficamente los territorios insumisos por medio de los métodos de reducción y evangelización, los cuales serían llevados a cabo por los misioneros de la Orden de Predicadores.

Por este acuerdo, firmado el 2 de mayo de 1537, la “Tierra de Guerra” solo podría ser sometida por medios pacíficos y sus habitantes tendrían que acceder voluntariamente para convertirse en vasallos de la corona española y los indígenas no serían entregados por ningún motivo al sistema de encomiendas. Durante los primeros cinco años, tampoco sería permitida la entrada a ningún español so-pena de grandes sanciones, a excepción del propio gobernador quien además sería acompañado por los frailes.

Tras el éxito de las capitulaciones los lacandones se refugiaron más al norte en la selva del actual Petén, dejando el sur de sus antiguos territorios a los dominicos.  Los lacandones siguieron indómitos hasta 1697, mientras que la antigua región de Tezulutlán pasó ahora a llamarse “Vera-paz“, o “verdadera paz” por la tranquilidad que ahora reinaba.

Angulo fue instrumental en el éxito de aquella reducción pacífica y por ello fue nombrado Vicario General del convento de los dominicos en Guatemala en 1554, y luego fue nombrado el primer obispo de la Verapaz por recomendación de Fray Bartolomé de Las Casas en 1559. (Aquí es importante notar que Angulo fue nombrado obispo, es decir, jefe del clero secular, a pesar de ser un fraile regular; esto se debía a que prácticamente no había curas seculares en aquellos tiempos). De él dijo Las Casas: “nadie mejor que Angulo, que conoce toda  la región por haberla recorrido descalzo, y conoce muy bien el carácter de los naturales“. Pero los religiosos de la provincia de Guatemala se opusieron rotundamente al nombramiento, y el Presidente de la Real Audiencia tuvo que mandar que Angulo se alojara en las Casas Reales de Cobán para que frente a notario y testigos aceptara el obispado el 24 de abril de 1560.

Pero esto no evitó que siguieran el rechazo hacia Angulo, que tuvo que irse a México para evitar conflictos.  Hasta allá llegaron los despachos y las cédulas que le ordenaban que tomara las riendas de la diócesis en lo que llegaban las Bulas papales definitivas.  Por esta razón regresó a Guatemala, y cuando estaba en Salamá (actualmente en Baja Verapaz), murió repentinamente el miércoles después de la Pascua de 1562, sin haber sido oficialmente consagrado como obispo.


BIBLIOGRAFIA:

  • García Icazbalceta, Joaquín (1998). Biografías (Francisco Marroquín). México: Porrúa. ISBN 970-07-1217-6.
  • Juarros, Domingo (1808). Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala. Tomo I. Guatemala: Ignacio Beteta. 
  • — (1818). Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala II. Guatemala: Ignacio Beteta.
  • Pons Sáez, Nuria (1997). La conquista del Lacandón. México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-36-6150-5.
  • Ximénez, Francisco (1999). Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la orden de predicadores. Vol. I, libro II, capítulo=XII. Tuxtla Gutiérrez: Gobierno del estado de Chiapas. ISBN 968-5025-10-X.
  • Yáñez, Agustín (1992). Doctrina. Fray Bartolomé de las Casas. México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-36-2016-7.

 

28 de febrero de 1889: firman contrato para instalar cable telegráfico submarino

El gobierno del general Manuel Lisandro Barillas firma un contrato para instalar un cable telegráfico submarino en la costa del Atlántico

28febrero1889
Livingston, Izabal en 1890.  Aquí se hizo la instalación del cable submarino para el telégrafo ya que en esa época todavía no se había construido Puerto Barrios.  En el recuadro el general presidente Manuel Lisandro Barillas.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La comunicación telegráfica llegó a Guatemala la década de 1880.  Luego de la construcción de la línea del Pacífico, el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas aprobó el siguiente contrato para un cable submarino en la Costa del Atlántico el 28 de febrero de 1889:

“Contrato celebrado entre el Ministro de Fomento de la República de Guatemala y el señor V. cuenca Creus, para la construcción de un cable telegráfico submarino en la costa del Atlántico.

El Ministro de Fomento de la República de Guatemala, debidamente autorizado por el Presidente de la República por una parte, y por la otra el señor V. Cuenca Creus, han concluido el presente contrato:

  1. El Gobierno de la República de Guatemala concede al señor V. Cuenca Creus, concesionario del cable submarino entre Venezuela y los Estados Unidos, el permiso para establecer una comunicación telegráfica, por medio de uno o más cables submarinos, entre un punto de la costa de Guatemala sobre el mar Atlántico y las posesiones de las Antillas y Venezuela por una parte y con Nueva York y demás países del mundo por la otra, pudiendo dicho cable tocar en uno o varios puntos de Centro y Sur América que no tengan actualmente establecida la comunicación telegráfica submarina directa con Guatemala por el lado del Atlántico.
  2. Del punto de inmersión los referidos cables serán unidos por cuenta del contratista a las líneas terrestres de la República.
  3. El señor V. Cuenca Creus se compromete a unir el cable establecido en un punto de la costa Norte de Guatemala con el cable trasatlántico en proyecto entre la isla de Cuba y España y Francia por Canarias, así que se realice este proyecto.  El gobierno cederá a la Empresa, sin costo alguno, treinta varas cuadradas de terreno público para colocar sus estaciones en el lugar conveniente para el establecimiento del cable, teniendo la preferencia el Puerto de Livingston.  También cederá la parte que se require para la construcción de la casita en que se hará el examen eléctrico.
  4. El Gobierno de guatemala garantiza al señor V. Cuenca Creus la suma de veinticinco mil pesos fuertes de ingresos anuales, y en el caso de que el total de ingresos fuere inferior a esta suma, el Tesoro Nacional abonará al señor Cuenca el déficit que resultare hasta la cantidad garantizada.  Para el efecto la oficina telegráfica del Gobierno, con la cual está conexionada la del cable, llevará de acuerdo con ésta, la cuenta de cablegramas, cuenta que visada por la Superintendencia del Telégrafo Nacional, servirá al gobierno para la liquidación anual con la empresa del cable.
  5. El precio de los telegramas será fijada de común acuerdo entre las dos partes contratantes, según el desarrollo y productos que con el tiempo obtenga la empresa, no pudiendo exceder las tarifas que establezca el señor V. Cuenca Creus de los precios que abona actualmente el público por la línea del Pacífico.  El Gobierno pagará mensualmente a la empresa el valor de los cablegramas, tanto particulares como oficiales, que se transmitan por medio de su telégrafo.
  6. Los cablegramas oficiales, o sean los mensajes que el personal del Gobierno, sus empleados o agentes, hagan transmitir por razón del servicio público, gozarán de una rebaja de treinta y tres y tercio por ciento de la tarifa de los cables de la empresa.  Esta ventaja en favor del Gobierno y de sus funcionarios públicos, regirá mientras dure el presente contrato.  Si la empresa decidiere transmitir por cable noticias públicas, y al Gobierno conviniere recibirlas, pagará por copia de ellas cien pesos mensuales.  Se entiende que las noticias serán recibidas diariamente y contendrán lo esencial de los telegramas de la prensa de los Estados Unidos y Europa.
  7. Si por cualquier evento el servicio del cable se interrumpiere por más de tres días, el Gobierno descontará de la garantía la parte proporcional al tiempo que dure la interrupción.
  8. El Gobierno de la República procurará garantizar por convenios internacionales la neutralidad del cable submarino del Atlántico.
  9. La duración del presente contrato será de veinte años, a contar desde la fecha en que se inaugure la línea telefráfica submarina; pero se tendrá como caducado, si dicha inauguración no ha tenido efecto dentro de dos años, a partir de la fecha en que se firme.
  10. La inmersión del cable, o en caso de ser varios, del primer cable del Atlántico, deberá efectuarse en el plazo de dos años.
  11. Cualquier interrupción en la comunicación telegráfica garantizada por el presente contrato, que exceda de seis meses, será considerada como un abandono de la empresa, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificados.
  12. Toda cuestión que suscite entre las partes contratantes, con respecto a sus derechos y obligaciones, será sometida a la decisión de los tribunales de la República y resulta por sus leyes.
  13. El Gobierno de gutaemala hará extensivas al señor V. Cuenca Creus todas las ventajas concedidas o que se concedieorn a otras empresas de la misma naturaleza.
  14. El señor V. Cuenca Creus podrá traspasar el presente contrato a otra u otras personas, o a una sociedad legalmente establecida, dando oportuno aviso al Gobierno; pero en ningún caso a un Gobierno extranjero o a agentes o a representantes de éste.

En fe de lo cual, y para debida constancia se firman dos de un tenor en Guatemala, a veintiocho días de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.”


BIBLIOGRAFIA:


26 de febrero de 1842: asume la presidencia del Estado de Guatemala el licenciado José Venancio López

26febrero1842
La Iglesia del Cerrito del Carmen en la época en que ocurrieron estos hechos.  En el recuadro, el licenciado José Venancio López, quien fuera presidente del Estado de Guatemala, presidente de la Asamblea Legislativa, miembro del Consejo de Gobierno y Regente de la Corte Suprema de Justicia, todo bajo la tutela del general Rafael Carrera.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Agobiado por las exigencias del general Rafael Carrera para el mantenimiento de las tropas a su cargo, y ante la amenaza de que el general Francisco Morazán volviera a invadir a Guatemala tras regresar a Centroamérica en 1841, el Jefe del Estado de Guatemala, licenciado Mariano Rivera Paz, decidió que había tenido suficiente presentó su renuncia al cargo el 14 de diciembre de ese año.

La Asamblea Legislativa, presidida entonces por el historiador Alejandro Marure, conoció la renuncia del presidente del estado hasta el 14 de febrero de 1842, cuando reanudó sus funciones.  Para entonces, Marure había pasado de ser el político liberal que escribió documentos contra el partido conservador durante el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, a convertirse en un conservador incondicional a Carrera; así pues, el 25 de febrero, la Asamblea que él dirigía aceptó la renuncia de Rivera Paz por medio de un lacónico decreto que dice:

  1. Se admite la renuncia que de la presidencia del estado ha dirigido de mano el señor Mariano Rivera Paz
  2. El presidente de la Asamblea, a nombre de ésta le dará las debidas gracias por los importantes servicios prestados.

La Asamblea, por mayoría absoluta, eligió al licenciado José Venancio López, quien hasta entonces era el Regente de la Corte Suprema, era diputado y ya ha había sido presidente de la Asamblea Legislativa.   Aceptó la designación el 26 de febrero, a sabiendas de que enfrentaba una situación muy delicada, y la Asamblea lo confirmó de esta forma:

  1. Se faculta ampliamente al gobierno, para adoptar todas las medidas convenientes y necesarias a la seguridad interior y exterior del estado, levantando fuerzas, solicitando bajo el crédito del estado, recursos pecuniarios, por medio de contratos o empréstitos, para el sostenimiento de las mismas fuerzas; y aquellos arbitrios no fueren bastante, imponiendo contribuciones ocn el acuerdo del Consejo;
  2. En cuanto lo permitan las circurnstancias del estado, el gobierno prestará a los otros aliados, los auxilios de fuerza o pecuniarios que le fueron pediddos, cumplieando leal y fielmente con los tratados que existen. Y
  3. Continuará el Consejo del Gobierno, creado en virtud del 4 de octubre último; y sus atribuciones serán las mismas que antes tenía.

Guatemala, 26 de febrero de 1842.

Alejandro Marure, presidente

Afortunadamente para López la temida tercera invasión de Morazán nunca ocurrió, ya que el caudillo liberal fue fusilado en Costa Rica, donde era presidente, el 15 de septiembre de 1842.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (26 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 26 de febrero de 1842, Asume la presidentcia del Estado el Regente de la Corte Suprema”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

24 de febrero de 1836: Papa nombra un Vicario Capitular para Guatemala

Tras la expulsión del arzobispo Ramón Casaus y Torres en 1829, el Papa interviene para nombrar un Vicario Capitular para el Estado de Guatemala

24febrero1836
Así lucía la Catedral Metropolitana de Guatemala en la época en que Casaus y Torres fue expulsado y declarado traidor a la patria.  En el recuadro: el arzobispo en mención.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Los miembros de la Iglesia Católica, tanto del clero regular (frailes) como del clero secular (curas párrocos) no siempre estuvieron defendiendo las causas populares en Guatemala.  De hecho, esto apenas se inició con la Teología de la Liberación que empezó en 1968, luego de las profundas reformas llevadas a cabo por el Concilio Vaticano II.  Por el contrario, durante la colonia española y el gobierno de los 30 años, los miembros del clero eran los que más poder económico, político y diplomático tenían en la región.

Pero su poder se empezó a resquebrajar después de la Independencia en 1821.  Aunque en el Acta misma dice que esta región seguiría “siendo católica por los siglos de los siglos”, la verdad fue que apenas se separó Centro América del fracaso Primer Imperio Mexicano en 1823, y de inmediato se iniciaron los decretos anticlericales que buscaban mermar el poder de los religiosos.  Esto llevó a un golpe de estado en Guatemala en 1826, que puso en el poder al conservador Mariano de Aycinena, miembro de la familia más poderosa de la época colonial y con muchas conexiones con el clero.  Sus primos y sobrinos eran frailes u obispos, su hermana era una importante monja concepcionista que decía que sufría las estigmatas de Cristo y él mismo representaba el añejo poder aristocrático de la colonia.

El resto de los criollos de la región detestaba a los conservadores y a los religiosos por su poder económico y, con las ansias de quedárselo para ellos, abrazaron la causa liberal, el libre pensamiento y el progreso, atacando así a una religión que ya había quedado “obsoleta por el paso del tiempo“.  Así que el golpe de estado en Guatemala sirvió para encender la mecha de una guerra civil que terminó con la invasión del Estado por parte del líder liberal, el general Francisco Morazán, quien el 14 de abril de 1829 metió a la cárcel sin juicio a los Aycinena y sus familiares y colaboradores cercanos, después les confiscó sus bienes y por último los expulsó de la región centroamericana.  Y lo mismo hizo con los religiosos: expulsó a todas las órdenes de frailes, exceptuando a las hospitalarias y se quedó con sus numerosos bienes, los cuales repartió entre sus correligionarios o vendió a particulares, en especial a ciudadanos ingleses.  Y en cuanto al arzobispo Ramón Casaus y Torres, líder del clero secular, lo expulsó en junio de 1829.

Casaus y Torres, como la gran mayoría de eclesiásticos de su tiempo, era un hombre soberbio que estaba acostumbrado a mandar y no a que lo sacaran a media noche de sus aposentos, lo pusieran a lomos de mula y lo echaran de la ciudad.  Así que partió de muy mala gana hacia La Habana, Cuba, que todavía era colonia española y desde allí se dedicó a escribir documentos atacando sin miramientos a las nuevas autoridades liberales de Guatemala.  Esto no le sentó bien a los criollos liberales, que el 13 de junio de 1830 lo declararon traidor a la patria y le prohibieron el retorno al país, dejando así al país sin arzobispo.

Y aquí se inició la primera gran crisis de la Iglesia Católica en Guatemala pues la mayoría de frailes y monjas  habían sido expulsados y no había nadie al frente de la curia en el clero secular.  Casaus y Torres había dejado a varios señores a cargo de su arquidiócesis, pero de ellos únicamente el laico Diego Batres pudo hacerse cargo de la situación. Luego de un tiempo empezó a discutirse la posibilidad de que había que elegir a un nuevo arzobispo, y la opinión de las autoridades se dividió: unos decían que no hacía falta, porque Casaus y Torres había sido expulsado por las autoridades civiles y no por las eclesiásticas, mientras que otros decían que había que cambiarlo porque era traidor a la patria.  Prevaleció la opinión de los último, y quedó nombrado como vicario capitular Batres, a pesar de no ser religioso.

Aquello se volvió un gran problema, pues aunque las autoridades eran aniclericales, la mayoría de la población seguía siendo profundamente católica.  Y Batres pasó a ser el hazmereir de la ciudad, quedando en ridículo a donde iba, frente a los fieles católicos y, en especial, frente a las beatas que suspiraban por el retorno de Casaus y Torres.  Afortunadamente para Batres, la situación la zanjó el papa Gregorio quien lo confirmó como vicario capitular mediante la siguiente comunicación:

“Hace pocos días representaron a nuestro Smo. Padre Gregorio, por la divina Providencia Papa XVI algunos individuos del Cabildo de la Iglesia Metropolitana de Guatemala, cómo, habiendo sido el actual Arzobispo de la misma Iglesia separado de su grey por las turbulencias políticas, y hallándose en La Habana, decidió dicho Cabildo, atendidas las circunstancias y principalmente la distancia de los lugares, deber proceder a la elección de Vicario capitular; y que esta recayó en el doctor Diego Batres, desginado en tercer lugar entre los que había nombrado el Arzobispo, cuando iba a apartarse de Guatemala, para que en su ausencia hiciesen sus veces.  Pero como se suscitó duda sobre la legitimidad de la misma elección, acordaron consultar a la silla apostólica, así para que les dejase tranquila su conciencia, como para que oportunamente les prescribiese lo que debería hacerse en este asunto.  Por tanto, después de un maduro examen de todo, Su Santidad, a quien di cuenta yo el infrascrito Secretario de la Sagrada Congregación destinada a los negocios consistoriales, acogiendo benignamente esta súplica y sanando previamente, en cuando sea necesario, lo que el mismo Diego Batres haya practicado como vicario capitular de la referida Iglesia Metropolitana, le ha confirmado con la autoridad apostólica en este cargo, con las facultades que por derecho o costumbres competen a los Vicarios capitulares; concediendo además al Cabildo la potestad de subrogarle otro, cuantas veces aconteciere que falte, sin que obste en contrario cosa alguna.  Y mandó que se extendiese el presente decreto, y se insertase en las actas de la misma Sagrado congregación. Dado en Roma, el día 24 de febrero del año del Señor, 1836.

Luis Tregia, Arzobispo de Calcedonia, Secretario de la misma Sagrada Congregación”

La situación mejoró un tanto para los miembros del clero secular, pero apenas un año y medio después, el pueblo campesino católico se alzaría en armas, pidiendo que retornara el arzobispo y que se abriera la Catedral Metropolitana que había permanecido cerrada desde su marcha en 1829, pues no estaban conformes con el gobierno “hereje” que los liberales habían impuesto, entre otras razones.  Se iniciaba así una segunda época de bonanza que se inició en 1840 y terminó con la Revolución Liberal de 1871.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (25 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 25 de febrero de 1836, Un cisma en el cabildo y una carta del Papa”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

23 de febrero de 1863: derrota de Carrera en El Salvador

Las fuerzas salvadoreñas derrotan al ejército guatemalteco al mando del capitán general Rafael Carrera en Coatepeque, El Salvador.

23febrero1863
Batalla de Coatepeque, tal y como fue esculpida en el Monumento a Gerardo Barrios en El Salvador.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego de la batalla de La Arada el gobierno de Guatemala vivió tranquilamente, pues sus vecinos centroamericanos quedaron bajo su control, mientras que México estaba hundido en graves guerras civiles.  Pero hacia el final de la vida del general Rafael Carrera, el presidente Gerardo Barrios intentó deponer al fuerte gobierno conservador católico que se había establecido en Guatemala.

En 1863, el partido de los criollos liberales estaba decidido a acabar con el partido conservador en Nicaragua y, sobre todo, el aborrecido gobierno conservador de Carrera en Guatemala. Poco antes, el líder liberal Máximo Jerez había propuesto en Nicaragua que se hiciera una nueva república federal y que se le diera la presidencia de la misma a Carrera, estableciendo la capital nuevamente en la Ciudad de Guatemala.  Esto no fue del agrado de los liberales de los otros estados quienes soñaban con una Federación, pero sin los “cachurecos” (es decir, los conservadores guatemaltecos y sus aliados, los miembros del clero).  Entre aquellos destacaba el general Gerardo Barrios, presidente de El Salvador, quien atacó duramente la propuesta de Jerez, llegando a romper relaciones diplomáticas con los estados centroamericanos.

Carrera tomó aquello como una afrenta y dirigió a su ejército a la frontera con El Salvador e invadió Santa Ana.  De esta cuenta, a principios de febrero, el gobierno de Gerardo Barrios lanzó una dura proclama en contra del gobierno cachureco fanático de Carrera, diciendo que éste gobernaba con el rosario en la boca y la espada sangrienta en la mano y que era indispensable derrocar aquel “tirano”.  Y entonces, en respuesta, el 2 de febrero de 1863, al conmemorar el décimo segundo aniversario de la Batalla de La Arada, Carrera pasó revista a sus tropas en la calle frente al templo de San José en la Ciudad de Guatemala, y el 5 partió al frente de las mismas hacia Jutiapa, a donde llegó el 9 de febrero.

El 15 de febrero, estaban ya las tropas listas, desde Guatemala, Palencia, Mataquescuintla y Santa Rosa, comandadas, entre otros, por el general Serapio Cruz (“Tata Lapo”) y el también general José Víctor Zavala; solamente faltaba el destacamente de Chiquimula, comandado por el general Vicente Cerna.  El 16, fuerzas compuestas por quinientos hombres salieron para Ahuchapán y la tomaron ese mismo día, mientras que por la tarde, salió Zavala con los batallones de la capital y de Santa Rosa, para que, finalmente, al día siguiente saliera Carrera con el resto de las fuerzas guatemaltecas.

Aquello significó la declaratoria de guerra y las fuerzas de Carrera, en total de seis mil hombres, ocuparon Chalchuapa. Ya con Ahuachpán tomada, los guatemaltecos avanzaron hacia Santa Ana, en donde los salvadoreños abandonaron la plaza y salieron a atrincherarse a Coatepeque, desde donde atacaron a la retaguardia del ejéricto de Carrera que hacía un reconocimiento del terreno antes de la batalla.

Al día siguiente, 23 de febrero, a pesar de iniciar con ímpetu desde las cinco de la mañana, las fuerzas guatemaltecas no pudieron someter a Coatepeque, en donde comandaban la batalla Gerardo Barrios y Máximo Jerez, y los salvadoreños, disfrutando de un mejor posición, hicieron estragos entre los atacantes. Debido a la escacez de agua y el calor sofocante, los guatemaltecos tuvieron que emprender la retirada, dejando casi mil muertos y sufriendo una gran cantidad de deserciones.

Al día siguiente, ya con el resto de sus fuerzas reorganizadas, Carrera intentó un nuevo ataque, pero nuevamente fue repelido por los salvadoreños, pero de tal forma, que el ejército guatemalteco huyó en desbandada y Carrera tuvo que ordenar la retirada.  Los salvadoreños, no obstante el brillante triunfo, quedaron tan maltrechos, que no pudieron avanzar sobre la retaguardia y dejaron que se fueran los invasores.

Carrera regresó a la ciudad de Guatemala el 5 de marzo al frente de dos mil quinientos hombres, y fue recibido como que si hubiera derrotado al enemigo.  ¡Era tal el servilismo que imperaba!  Después de dos días de ausentarse de sus obligaciones como presidente por estar indispuesto, Carrera retomó su funciones y empezó a planificar su revancha, que a la larga se cumplió en forma absoluta: Barrios, vencido, tuvo que salir huyendo de su propio país, para caer luego en manos de sus enemigos, que lo ejecutaron sin piedad.  Y Máximo Jerez, que había ayudado a Barrios enormemente en la campaña de Coatepeque, evalentonado por la victoria sobre Carrera se fue a Nicaragua para acabar con los conservadores de esa región, pero solo alcanzó una terrible derrota tras la cual fue exiliado a Costa Rica.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (22 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 22 de febrero de 1863, Acción de Coatepeque”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

 

21 de febrero de 1954: “The New York Times” advierte sobre el comunismo en Guatemala

En base a la propaganda de la United Fruit Company, el periódico “The New York Times” afirma que “los comunistas estaban listos para asumir el control directo en Guatemala”

21febrero1954
Póster publicitario de la Reforma Agraria emprendida por el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 192.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

A principios de 1954 el gobierno del coronel Jacobo Arbenz expropió más de setenta mil hectáreas de las enormes concesiones de terreno que tenía la entonces poderosa compañía frutera estadounidense United Fruit Company (UFCO), la cual era para entonces la principal productora de bananos en el mundo. El banano era vital para la economía estadounidense dado que es la materia prima para la fabricación de compotas para los recién nacidos.1

Esta expropiación era el resultado de la aplicación del Decreto 900, por medio del cual se expropiaban las tierras ociosas y se le retribuía a los propietarios el valor por el que éstas habían sido declaradas ante el fisco guatemalteco.  Como era de esperarse, la UFCO había reportado el valor de los terrenos por una ínfima fracción de su valor real y quedó muy mal parada con el reembolso que le dió el gobierno guatemalteco.1

La United Fruit Company era una empresa muy poderosa y tenía un excelente departamento de relaciones públicas, el cual empezó a trabajar para influir en la opinión pública de los Estados Unidos.  Cuando el gobierno de Guatemala le ofreció los 582,000 dólares por los terrenos expropiados, que era el valor por el que estaban reportados, la UFCO replicó que valían por lo menos quince millones;  el Departamento de Estado apoyó la pretensión de la frutera, olvidando lo estipulado por el gobierno de Franklin D. Roosevelt sobre que “el gobierno de Estados Unidos había dejado de ser una agencia de combranzas” de las empresas norteamericanas.  Y es que lo que estaba ocurriendo, es que en el consejo administrativo de la compañía, con sede en Boston, Massachusetts, estuvieron el ahora Secretario de Estado John Foster Dulles, y su hermano y director de la temible Central de Inteligencia (CIA), Allen Dulles, además de otras importantes figuras políticas y financieras de los Estados Unidos.1,2

Y por esto, el 21 de febrero de 1954, el influyente periódico “The New York Times“, que hasta entonces se había mostrado cauteloso a la hora de referirse al gobierno guatemalteco tanto del Dr. Juan José Arévalo como del coronel Jacobo Arbenz,  publicó una nota que decía: “los comunistas estaban listos para asumir el control directo“.2

Si bien Arbenz llegó al poder y desde el principio dejó claro que estaba en contra de los intereses comerciales extranjeros en Guatemala y tenía un fuerte apoyo entre los sindicatos del país, eso no significaba que los comunistas estuvieran a punto de tomar el el control del país.   Es cierto que había comunistas muy influyentes en el círculo privado del presidente Arbenz, principando por José Manuel Fortuny, pero todavía estaban muy lejos de ser una fuerza política importante.1

Y aunque el gobierno arbencista no se quedó sin responder, acusando a los Estados Unidos de intromisión en sus asuntos internos (dado que ya se había descubierto la Operación PBSUCCESS que estaba buscando la ayuda de los gobiernos de extrema derecha en la región) y de estar utilizando armas biológicas en la guerra de Corea, de nada servirían sus débiles contrataques pues la operación PBSUCCESS ya estaba en marcha y el Departamento de Estado no se detendría sino hasta lograr el derrocamiento del gobierno guatemalteco en junio de ese año.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Cullater, Nick. (1994) The United States and Guatemala. 1952-1954. (en ingles). Washington, D.C.: Central Intelligence Agency. p. 84.
  2. Raymont, Henry (2007) “Vecinos en conflicto: la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica desde Franklin Delano Roosevelt hasta nuestros días.” Padilla, Luciano, Trad. México: Siglo Veintiuno.
  3. Árbenz, Jacobo; Fortuny, José Manuel (1954). «Discurso de renuncia de Árbenz (audio)»YouTube

20 de febrero de 1838: derogan las disposiciones anticlericales

Tras la caída del gobierno del Dr. Mariano Gálvez se emite un decreto que deroga las disposiciones anticlericales y anticonservadoras que emitió Francisco Morazán en 1829

20febrero1838
Mapa del Estado de Guatemala en 1832 sobre el que gobernó el Dr. Mariano Gálvez.  Sombreado a la izquierda aparece el territorio de lo que sería el Estado de Los Altos entre 1838 y 1840 (incluyendo parte del actual México) y sombreado a la izquierda el enclave británico en Belice que existía desde antes de la Independencia en 1821.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El final del gobierno del Dr. Mariano Gálvez y el del gobierno del general José María Reina Barrios guardan muchas similitudes.  Ambos gobernantes liberales tuvieron unos brillantes primeros años de gobierno, para luego caer víctimas de las crisis políticas o económicas que se produjeron hacia el final de su período presidencial no sin antes adoptar un gobierno despótico y dictatorial para internar mantenerse en el poder.  Si bien Gálvez no fue asesinado como Reina Barrios, no fue porque no tuviera enemigos, sino porque logró huir a tiempo.  Y, en ambos casos, ambos gobernantes dejaron un vacío de poder que resultaría en el establecimiento de férreas dictaduras:  la del general conservadorRafael Carrera y la del licenciado liberal Manuel Estrada Cabrera.

En el caso específico del Dr. Gálvez, aún mucho antes de su salida del gobierno, los criollos liberales que habían sido su apoyo estaban divididos y tenían problemas para enfrentar a su enemigo común: los campesinos católicos que se habían alzado contra el gobierno.  Los liberales no lograron ponerse de acuerdo a la hora de hacer gobierno y cometieron un grave error que, a la larga, les costó el poder durante 30 años.

He aquí lo que ocurrió:

El Dr. Pedro Molina, uno de los principales líderes liberales, se dió cuenta de que existían numerosas leyes que se habían establecido durante el gobierno de los 7 años de Gálvez que iban en contra de lo estipulado en la Constitución del Estado, y que estaban vigentes; entonces, elevó una solicitud a la Asamblea Legislativa para que se emitiera una resolución declarándolas inconstitucionales y, por lo tanto, automáticamente derogadas.

La Asamblea analizó la petición y viendo que el Dr. Molina tenía toda la razón, emitió el siguiente decreto el 20 de febrero de 1838:

  1. Ninguna ley evidentemente contraria a la Constitución, puede ni debe subsistir.
  2. Cuando se presente alguna ley notoriamente contraria a la Constitución, los tribunales deberán arreglarse en sus juicios, al sentido claro de la fundamental, informando en seguida al cuerpo legislativo.
  3. Con respecto a los casos dudosos de contradicciones, los tribunales y cualquier ciudadano pueden pedir a la Asamblea la declaratorio correspondiente, sin perjuicio de que dichos tribunales resuelvan desde luego, según entiendan de justicia y por su propio convencimiento.
  4. La declaratoria que haga el Cuerpo Legislativo solamente podrá aplicarse a los casos posteriores al que motivó la duda; y sin que pueda tener jamás efecto retroactivo.

En la práctica, el decreto se traducía en que se daba carta abierta a los criollos conservadores para que solicitaran que se derogaran las disposiciones que había dictado Francisco Morazán en 1829 cuando después de invadir guatemala, y que incluían:

  1. Confiscación de los bienes de los criollos aristócratas (especialmente de la familia Aycinena)
  2. Deportación de los criollos conservadores
  3. Expulsión del arzobispo Ramón Casaus y Torres
  4. Clausura de conventos
  5. Reforma social amparada en la separación de Iglesia y Estado

¡Es decir, los liberales destruyeron la obra reformadora de su propio líder, el general Morazán, quizá sin querer!  Pero el decreto del 20 de febrero ya estaba emitido y los conservadores, amparándose en él, pidieron a la Asamblea que derogara los siguientes decretos:

  1. Decreto del 4 de junio de 1829:  en éste se establecía claramente el nombre de las personas que no podían disfrutar de la gracia de un indulto que daba el gobierno liberal, mostrando una parcialidad atentatoria, claramente opuesta a los estipulado en la Constitución.
  2. Decreto del 22 de agosto de 1829: en éste el general Morazán, actuando como Jefe de Estado de Guatemala sin estar debidamente autorizado para ello, daba una larga lista de personas que serían deportadas, después de una injusta prisión.

Los conservadores se dieron cuenta del alcance del decreto del 20 de febrero, tal y como queda claro en el mensaje que le mandaron a la Asamblea:  “[…] usando del derecho de petición y con el debido respeto ocurrimos al cuerpo legislativo, no para implorar gracia, ni solicitar favor, sino para reclamar el cumplimiento de las garantías, violadas en nuestras personas, así como en las de otros muchos de nuestros conciudadanos que también han sido víctimas de medidas de circunstancias, que redujeron a completa nulidad las leyes fundamentales del estado y de la república“.

A pesar de ser una Asamblea liberal, y de que la petición fue analizada por doctores también liberales, la respuesta fue la siguiente: “Los legisladores que las dieron se olvidaron no sólo de que no tenían facultades para ello porque ninguna autoridad del estado es superior a la ley, sino hasta de su propia dignidad y delicadeza.  Ellos habían sido perseguidos y a su vez se convirtieron en enemigos facultados para autorizar la persecución, las prescripciones, la confiscación de bienes… Los mismos que con las armas habían recobrado sus destinos perdidos eran lo que erigiéndose en jueces de su propia causa, declararon nulos e intrusos a los que entraron a ocuparlos por su deserción vergonzosa, olvidándose de que ellos eran los verdaderos autores de ese desorden.”

La Asamblea, pues declaró nulos los decretos de Morazán y le envió a este el fuerte mensaje de que se había tomado atribuciones que no le correspondían.  De este punto ocurrieron dos cosas que llevarían a la caída de los liberales:  los conservadores exiliados pudieron retornar y se aliaron junto con los que ya residían en Guatemala con los campesinos católicos dirigidos por el general Rafael Carrera y, encencieron la cólera de Morazán, que llegó al Estado y destituyó a las autoridades sustituyéndolas, otra vez, por gente de su confianza.  Estos dos hechos llevarían al encuentro final entre Carrera y Morazán en marzo de 1840, en donde se selló el destino de ambos líderes.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.