8 de febrero de 1982: sale a la luz pública la URNG

Las agrupaciones guerrilleras guatemalteca, Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) hacen saber que han formado la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 7 de febrero de 1982.

8febrero1982
El mercado de “La Terminal” en la ciudad de Guatemala en 1982. En el recuadro: la primera plana de “Prensa Libre” del 27 de enero de 1982, que muestra a Edgar Palma Lau, ex-presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien murió en un reducto guerrillero en Utatlán II, en la ciudad de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y la Hemeroteca de Prensa Libre.

En octubre de 1980, los grupos guerrilleros guatemaltecos conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional (URN), luego de firmar acuerdos de unidad ideológica, política y estratégica para llevar a cabo lo que ellos llamaron una revolución de masas.1  Esos grupos fueron: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)-Núcleo.  Sin embargo, debido a las constantes derrotas que estaban sufriendo en el frente militar y a la destrucción de sus reductos guerrillos en la Ciudad de Guatemala, el EGP y la ORPA decidieron congelar los acuerdos indefinidamente.1

Tras varias reuniones y discusiones, en enero de 1982 se retomaron las reuniones de los grupos guerilleros y finalmente el 7 de febrero de 1982 se formó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) cuando los principales grupos guerrilleros de Guatemala decidieron formar un solo frente, a fin de tomar el poder y realizar una revolución política y social en Guatemala.2

Para dar a conocer esta nueva agrupación, los miembros de la guerrilla detonaron bombas panfleteras con propaganda comunista que anunciaba la unión de las agrupaciones izquierdistas y provocaron el incendio de un conocido restaurante de comida rápida en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, además de la quema de una fábrica de café y la de varios camiones y vehículos en la capital.  Si bien no hubo víctimas mortales en esos hechos, por la violencia imperante en la época los bomberos reportaron el ametrallamiento de cuatro personas ese noche.3

Los guerrilleros también ocuparon las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde hicieron un mitin con los estudiantes, a quienes invitaron a unirse a la revolución armada. Finalmente, el 9 de febrero, grupos de guerrilleros tomaron las instalaciones de tres conocidas radioemisoras de la época en la Ciudad de Guatemala para transmitir un mensaje en el que hicieron el anuncio.  Las emisoras fueron: “Radio Rumbos“, “Fabuestereo” y “Radio Progreso“, en donde luego de obligar al personal a transmitir el mensaje, lo dejaron encerrado en sus propios instalaciones antes de huir.3

Todo esto ocurrió exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de marzo de ese año, en las que se presentaron cuatro candidatos de la extrema derecha:4

  1. El general Angel Aníbal Guevara, ex-Ministro de la Defensa del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, postulado por el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente de Unidad Nacional (FUN)4
  2. El licenciado Mario Sandoval Alarcón, ex-vipresidente de la República y ex-presidente del Congreso, y uno de los miembros del ejército mercenario del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en 1954.5 Fue postulado por el MLN.4
  3. El arquitecto Gustavo Anzueto Vielman, hijo del general Roderico Anzueto Valencia, quien fuera la mano derecha del general Jorge Ubico durante cuyo gobierno fungió como Jefe de la Policía y Ministro de la Guerra.6  Anzueto Valencia también fue el cadete que delató a sus compañeros cuanto éstos planeaban secuestrar al presidente Manuel Estrada Cabrera en 1908.7  Anzueto Vielman fue postulado por la Central Auténtica Nacionalista, que era el partido del ex-presidente general Carlos Arana Osorio.4
  4. Alejandro Maldonado Aguirre, postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Nacional Renovador (PNR).4 Maldonado Aguirre llegaría a la presidencia de la República a finales de 2015, tras la renuncia del general Otto Pérez Molina luego de un golpe blando en su contra.

En los comicios fue declarado vencedor el general Guevara, ante lo cual hubo fuertes protestas de fraude de parte de los otros candidatos que protestaron en el centro de la ciudad, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos, a pesar de pertenecer a la élite económica nacional.4  Pocos días después, el 23 de marzo de 1982, el gobierno de Lucas García fue derrocado por un golpe de estado y las elecciones declaradas nulas.  El nuevo gobierno, a cargo del general evangélico Efraín Ríos Mont, fortaleció la lucha con la recién establecida URNG.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Movimiento Amplio de Izquierda (28 de enero de 2012). Treinta años de lucha por una democracia real y participativa. Guatemala: Albedrío.
  2. Lemus, Silvia (15 de agosto de 2015). URNG, el Partido de la Insurgencia. Guatemala. Prensa Libre.
  3. LEMUS (9 de febrero de 1982). Se unen los grupos guerrilleros de Guatemala y llaman a la revolución.  México: Diario de Colima. XXIX (8894). p. 1.
  4. Hemeroteca PL (6 de marzo de 2018). «1982: cuando el general Guevara no pudo asumir la presidencia». Prensa Libre (Guatemala)
  5. Cullather, Nicholas (2006). Secret History: The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala 1952-54 (en inglés) (2ª edición). Stanford University Press. ISBN 9780804754682
  6. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  7. Unión Tipográfica (1920). Principales jefes del Cabrerismo. Guatemala: Unión Tipográfica.
  8. El País (24 de marzo de 1982). «Golpe de Estado militar en Guatemala»El País (Madrid).

12 de diciembre de 1996: firman acuerdo para retorno de la URNG a la legalidad

En Madrid, España, el gobierno de Alvaro Arzú y los comandantes guerrilleros firman un acuerdo que permite la incorporación de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN) a la legalidad

Palacio Nacional de la Cultura
Palacio Nacional de la Cultura en la Ciudad de Guatemala en 2016. En 1996 todavía era l sede del gobierno. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En octubre de 1996 las conversaciones de paz entre el Estado de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) estaban bastante avanzados y se pensaba llegar pronto a un Acuerdo de Paz Firme y Duradera.  Sin embargo, el 19 de octubre las fuerzas de seguridad del Estado capturaron al comandante Isaías, de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), porque éste estaba involucrado en el secuestro de la empresaria Olga Alvarado de Novella, miembro de una de las familias más poderosas en el país, y a quien las autoridades canjearon por el detenido, bajo la premisa de que existía riesgo para la vida de su vida en una acción “humanitaria”.  Por esta razón, el 28 de octubre el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, informó que se suspendía el encuentro que debía realizarse en la ciudad de México entre la Comisión de Paz (COPAZ) y la Comandancia General de la URNG.

El Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dirigido por el ex-presidente general Efraín Ríos Mont (y entonces el principal partido de oposición tras perder por escaso margen las elecciones presidenciales de 1996), se apresuró a desprestigiar el proceso de paz y acusaron al presidente y a los ministros de Defensa y Gobernación de violación del mandato constitucional por el canje de la empresaria y el guerrillero. Sectores del Ejército pidieron la suspensión de la desmovilización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que se estaban dando como parte de los acuerdos que ya se habían logrado, y también solicitaron que se movilizaran efectivos militares.1

Las organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles, sindicales, campesinas, la Alianza Contra la Impunidad y la Oficina de Información del Arzobispado exigieron explicaciones a la URNG, quien reconoció el 30 de octubre que “asumía la responsabilidad política a razón de que quienes habían realizado el secuestro pertenecían a una de sus organizaciones. Pero no puede en rigor asumir la responsabilidad de algo que estuvo totalmente fuera de su control”. Además, para salvar su imagen, la URGN y la ORPA expulsaron al comandante Isaías de sus filas, y pidieron disculpas a la sociedad guatemalteca reconociendo que habían puesto en peligro el proceso de paz. También pidieron al Ejecutivo abordar de inmediato el tema del Cese al Fuego Definitivo, el cual es firmado el 4 de diciembre de 1996, en Oslo.1

La URNG siguió dando muestras de buena voluntad ya que tres días después, el comandante Gaspar Ilom, (cuyo verdadero nombre era Rodrigo Asturias, hijo del fallecido escritor Miguel Angel Asturias) máximo responsable de ORPA, se retiró voluntariamente de la mesa de negociaciones para “contribuir a allanar dificultades y garantizar condiciones ecuánimes y favorables en la culminación del proceso” y fue sustituido por Jorge Edilberto Rosal Meléndez.1

De esta forma, el 12 de diciembre, en Madrid, los representantes del gobierno guatemalteco y de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de URNG a la Legalidad. A partir de ese momento, la Comandancia General, antes compuesta por un miembro de cada una de las cuatro organizaciones integrantes, ahora añadió a cinco del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), a tres de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), a dos de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y a uno del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), en proporción al número de militantes que poseían cada una en el momento de la fusión.1

Con la actitud del Gobierno y del Ejército a dar la oportunidad a la URNG de rectificar ante el secuestro de la empresaria finalmente hubo buena voluntad de ambas partes de llegar por a una paz definitiva. El Partido de Avanzada Nacional, del presidente Alvaro Arzú adoptó una posición conciliadora con la guerrilla y con los grupos extremistas del Ejército aunque siempre adoptando una política económica y social extremadamente neoliberal que se decanta totalmente a favor de las élites sociales.2

Por su parte, a partir de este momento, el gobierno de los Estados Unidos inicialmente adoptó una posición en que la no apoyaría ningún golpe de Estado militares e incluso lo haría fracasar, pero conforme las potencias emergentes de China y Rusia empezaron a mostrar un mayor interés en la región centroamericana, el gobierno estadounidense empezó a implementar políticas para realizar golpes de estado blandos, creando la Comisión Internacional internacionales contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), la cual, aprovechando las eternas diferencias entre los grupos élites guatemaltecos y haciéndole creer a la población que sus débiles manifestaciones en una plaza frente a un Palacio vacío convertido en Museo han obligado a los gobiernos de turno a cambiar de rumbo o a renunciar.  De esta forma, el gobierno estadounidense mantiene un rígido control sobre los gobiernos locales y evita el ingreso de otras potencias en el país.3

Las partes principales de aquel Acuerdo se reproducen a continuación:4

Considerando que el origen del enfrentamiento armado interno que durante más de tres décadas ha vivido Guatemala estuvo determinado por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática, y la adopción de medidas de represión política en contra de personas y organizaciones que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado en 1954;

Considerando que frente a una situación de injusticia social y económica, incluyendo prácticas discriminatorias en contra de los pueblos indígenas, y la negación sistemática de los derechos y garantías individuales y sociales, asiste a los pueblos el derecho a buscar las transformaciones democráticas necesarias;

[…] Considerando que el proceso de negociación para la búsqueda de la solución política al enfrentamiento armado interno lleva implícito para su culminación el establecimiento de una serie de medidas para la incorporación de la URNG a la legalidad;

Reconociendo la determinación de la URNG de convertir sus fuerzas político militares en un partido político debidamente acreditado y cuya acción se enmarque dentro del ordenamiento jurídico nacional;

[…]Llamando al Estado en su conjunto, a todos los sectores de la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional a que acompañen y contribuyan a la realización del proceso de incorporación de la URNG;

El Gobierno de Guatemala y la URNG (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente:

I. Definiciones

1. Se entiende por incorporación de la URNG a la legalidad, el proceso mediante el cual sus miembros se integrarán a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.

2. El proceso de incorporación de los miembros de la URNG se iniciará con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y deberá desembocar en su incorporación sostenible a la vida ciudadana del país. […]

3. La fase de incorporación inicial comprende dos regímenes en función de la situación de los miembros de la URNG:

(a) El régimen aplicable a los integrantes de los distintos frentes guerrilleros y a otros combatientes […]

(b) El régimen aplicable a los demás miembros de la URNG, integrantes de la estructura política interna y guatemaltecos integrantes de la estructura internacional de apoyo que no sean sujetos al proceso de desmovilización. 

4. El Gobierno de Guatemala y la URNG se comprometen a hacer lo necesario para el cumplimiento de la etapa de incorporación inicial y solicitan para ello el apoyo de la cooperación internacional. Para llevar a cabo el programa […] se establecerá una Comisión Especial de Incorporación con la participación del Gobierno de Guatemala, de la URNG así como de los donantes y cooperantes, estos últimos con carácter consultivo. […]

5. Después de un año […] los beneficiarios de ambos regímenes podrán acceder a servicios de más largo plazo que ofrezca el Gobierno […] destinados a asegurar una incorporación sostenible a la vida económica, social y cultural del país, en igualdad de condiciones que el resto de la población guatemalteca. […]

6. Se entiende por programa de incorporación de la URNG el conjunto de medidas y disposiciones legales, políticas, económicas y de seguridad, así como subprogramas y proyectos que deben asegurar el éxito del proceso de incorporación. […]

II. Objetivos y principios

7. El programa de incorporación buscará establecer las mejores condiciones para la incorporación de los miembros de la URNG a la vida […] del país en un marco de seguridad y dignidad.

8. La fase de incorporación inicial buscará dotar a los miembros de la URNG […] de los medios necesarios para iniciar su incorporación sostenible […]

10. El Gobierno de Guatemala se compromete a garantizar las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad, y promover las condiciones sociales y económicas necesarias para hacer posible la realización del programa de incorporación.

III. Componentes del programa de incorporación

A. Area Jurídica

17. El Gobierno de la República promoverá ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional cuyo objetivo será […] promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, al mismo tiempo que preserve los derechos fundamentales de las víctimas, como condiciones indispensables para una paz firme y duradera.

18. Se reconoce el derecho inalienable de toda sociedad a conocer la verdad, por lo que la Ley de Reconciliación Nacional encargará a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca […]

19. Con base en el principio de que toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener reparación e impone al Estado el deber de reparar, la Ley dispondrá que una entidad estatal tenga a su cargo una política pública de resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La entidad encargada tomará en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

20. Con miras a favorecer la reconciliación nacional, sin desatender la necesidad de combatir la impunidad, la Ley de Reconciliación Nacional incluirá una figura legal que permita la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad.

21. En relación con la figura legal indicada en el párrafo anterior, la Ley de Reconciliación Nacional declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos […] y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, y contra la administración pública.

Delitos comunes conexos

22. […]la Ley de Reconciliación Nacional declarará igualmente la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos […], entendiéndose por tales aquéllos que directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de los cuales no se demuestre que tuvieron como móvil un fin personal.

23. Para quienes por mandato institucional estuvieron involucrados en el enfrentamiento armado interno, la Ley de Reconciliación Nacional contendrá disposiciones específicas […] en el sentido de que declararán la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes perpetrados con la finalidad de impedir, frustrar, reprimir o sancionar la comisión de delitos políticos y comunes conexos […] siempre que no fuere probado que no existe relación entre el hecho delictivo y la finalidad preceptuada.

24. Las disposiciones contenidas en la referida Ley de Reconciliación Nacional, que declaren la extinción de la responsabilidad penal, en ningún caso incluirán aquellos delitos que son imprescriptibles o que no admiten la extinción de la responsabilidad penal […]

28. Para el cumplimiento del proceso de desmovilización de los miembros de la URNG, pactado en el Acuerdo sobre definitivo cese al fuego, la Ley de Reconciliación Nacional establecerá la extinción total de la responsabilidad penal de los autores, cómplices y encubridores de los delitos […] que cometieren dichos miembros hasta el día en que concluyan su desmovilización, conforme a los términos, condiciones y plazos convenidos en el referido Acuerdo. […]

29. Como consecuencia de las condiciones en que se ha desenvuelto el enfrentamiento armado interno, una gran parte de miembros de la URNG carecen de documentación personal. […] Para facilitar una inmediata solución a este problema, el Gobierno de la República se compromete a promover ante el Congreso de la República las reformas que correspondan […] 

31. Se agilizarán los trámites para la nacionalización de los hijos de guatemaltecos miembros de la URNG nacidos en el extranjero.

B. Area política

34. Con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, los miembros de la URNG, al igual que todo ciudadano, gozarán del pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales […], comprometiéndose ellos al cumplimiento de todos sus deberes y obligaciones.

35. El Gobierno de la República considera que la transformación de la URNG en un partido político debidamente acreditado ante los organismos respectivos constituye un aporte al fortalecimiento del Estado de derecho y al afianzamiento de una democracia pluralista.

C. Area de Seguridad

36. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas y a garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos ciudadanos de los miembros de la URNG, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física. 

37. El Gobierno prestará particular atención a toda denuncia acerca de hechos atentatorios contra la seguridad de los miembros de la URNG

D. Area socieconómica

40. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas necesarias para el reconocimiento, homologación, validación y legalización de los estudios […] realizados por los miembros de la URNG, mediante mecanismos adecuados de evaluación y nivelación.

42. Como parte de los subprogramas de incorporación, los miembros de la URNG podrán ser acreedores de becas, bolsas de estudio o cualquier otro mecanismo de apoyo para la continuidad de sus estudios, con la cooperación del Gobierno […]

F. Subprogramas especiales

50. Como consecuencia del enfrentamiento armado interno, existe un sector de la población discapacitado, considerado entre los más vulnerables y afectados por el conflicto, el cual requiere de una atención específica y prioritaria dentro del programa previsto en el presente Acuerdo.

53. Las Partes convienen en adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible la reunificación de los miembros de la URNG con sus familias. El Gobierno de la República se compromete a brindar todas las facilidades para el efecto.

54. El Gobierno de la República se compromete a colaborar con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en lo relativo al tema de los detenidos y desaparecidos de la URNG y a aportar todos los elementos, medidas pertinentes e información que conduzcan a la recuperación de los restos de miembros de la URNG, incluyendo sus combatientes caídos en combate.

IV. Arreglos institucionales

55. Esta fase será financiada con recursos del Gobierno de la República y contribuciones de la comunidad internacional.

56. Las Partes convienen en la creación de la Comisión Especial de Incorporación, que estará integrada por un número igual de representantes del Gobierno de la República y de la URNG, y representantes de los donantes, cooperantes y agencias de cooperación internacional, estos últimos con carácter consultivo […]

V. Disposiciones finales.

Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último […]

Madrid, 12 de diciembre de 1996.

Por el Gobierno de Guatemala:
    • Gustavo Porras Castejón
    • General de Brigada, Otto Pérez Molina
    • Richard Aitkenhead Castillo
    • Raquel Zelaya Rosales

Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca:

    • Comandante Pablo Monsanto
    • Comandante Rolando Morán
    • Carlos González
    • Jorge Rosal

Por las Naciones Unidas:

  • Jean Arnault

BIBLIOGRAFIA:

  1. Sicher Moreno, Gonzalo (). Fracasos con gobiernos reformistas y éxito con la derecha en los diálogos de paz de Guatemala. Afers Internacionals, núm. 42, p. 138.
  2. Ibid., p.139.
  3. Porras Castejón, Gustavo (junio de 2015). «Los Estados Unidos y su nueva forma de colonialismo en la que no hay necesidad de tropas»Plaza Pública (Guatemala). Archivado desde el original el n.d.
  4. Gobierno de Guatemala, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (12 de diciembre de 1996) Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. Madrid.

8 de octubre de 1992: se firma acuerdo entre las Comisiones Permanentes de refugiados guatemaltecos en México y el gobierno de Guatemala

8octubre1992
Mapa que muestra la Franja Transversal del Norte y el departamento de Petén, región de donde procedían los refugiados guatemaltecos en Chiapas. Nótese que la región es selvática y que se encuentra al norte de los Cuchumatanes. En el recuadro: el logo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien medió en el acuerdo de 1992. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Debido a los cruentos combates entre el Ejército y el Ejército Guerrillero de los Pobres y las Fuerzas Armadas Rebeldes en las regiones petroleras de la Franja Transversal del Norte y de La Libertad en el Petén, así como la política de tierra arrasada que implementaron los gobiernos de Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Mont entre 1980 y 1982 para hacerse con las regiones petroleras, muchos campesinos guatemaltecos tuvieron que salir huyendo de las comunidades que habitaban y se refugiaron en Chiapas, México.1-3

Los campesinos guatemaltecos estuvieron en calidad de refugiados hasta que finalmente se firmó un acuerdo entre las Comisiones Permanentes de los representantes de los Refugiados y el gobierno de Guatemala, cuyos princiaples puntos fueron:4

    1. El retorno de los refugiados tiene que ser una decisión voluntaria, expresada individualmente, llevado a cabo en forma colectiva y organizada, en condiciones de seguridad y dignidad.
    2. Reconocimiento del derecho de libre asociación y organización de los retornados.
    3. Acompañamiento del retorno. Este consistiría en la persencia física del Procurador de los Derechos Humanos, la Iglesia, el Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Grupo de Apoyo Internacional para el Retorno de Regugiados Guatemaltecos (GRICAR) conforme a sus respectivos mandatos, y organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.
    4. Libre locomoción dentro del país, salida y entrada del mismo, de los retornados y miembros de las Comisiones Permanentes.
    5. Derecho a la vida e integridad personal y comunitaria.
    6. Acceso a la tierra. A los retornados se les conferiría títulos provisionales o definitivos extendidos por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) u otra depdnencia del Estado. En caso de que a un retornado le fuera muy difícil reivindicar su derecho de propiedad, renunciaría a su derecho y el gobierno de Guatemala le suministraría otra tierra financiada a través del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) o el Fondo Nacional para la Tierra (FONATIERRA).
    7. Mediación, seguimiento y verificación: el gobierno de Guatemala manifestó su voluntad de mantenerse abierto a la solución de los problemas que se produjeran durante el retorno, mediante la Comisión Especial para la Atención de Refugiados y Desplazados (CEAR) y las Comisiones Permanentes.4

Aquel convenio fue el primer paso para llevar a cabo el retorno que se efectuó en 1995, y fue firmado por las siguientes personas:4

Institución Representantes
Gobierno de Guatemala
    • Presidente Jorge Serrano Elías
    • Sergio Mollinedo Buckely, Director Ejecutivo de CEAR
Comisiones Permanentes
    • Nicolás Rafael Cardona
    • Ricardo Curtz M. Francisco
    • Miguel Ordóñez Felip
    • Santos Juan Pedro
    • Herminio Cardona Díaz
    • Juan Coc Tut
    • Hermitaneo Monzón de León
    • José Sales Ramírez
    • Antonio Mosquera Aguilar, Asesor Jurídico
    • Alfonso Bauer Paiz, Asesor Jurídico
Instancia Mediadora
    • Ramiro de León Carpio, Procudador de los Derechos Humanos de Guatemala
    • Michel Gabuadan, Encargado de la Misión del Alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados
    • Toribio Pineda, Comisión de Derechos Humanos de Guatemala
    • Jorge Mario Avila del Aguila, Presidente de la Instancia Mediadora
GRICAR
    • Patricia Fuller, Segundo Secretario, Embajada de Canadá en Guatemala
    • Gilbert Faulques, Asuntos Humanitarios, Embajada de Francia en Guatemala
    • Michael Fruhlinh, Primer Secretario, Embajada de Suecia en Guatemala
    • Cecilia Olmos, Representante de ICVA

BIBLIOGRAFIA:

  1. Citation Resources (2013). «Guatemalan Oil Production and Exploration»Oil Council (en inglés) (Perth, Washington, Estados Unidos). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  2. Collectif (2011). «PERENCO: explotar petróleo, cueste lo que cueste»Collectif Guatemala (Guatemala). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  3. Solano, Luis (2012). Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN). Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG. Archivado desde el original el 31 de noviembre de 2014.
  4. Acuerdos de Paz (1992). Acuerdo suscrito entre las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México y el Gobierno de Guatemala. Colección IDIES.

5 de junio de 1982: tras ser casi derrotada por la ofensiva militar encabezada por el general Benedicto Lucas García antes del golpe de estado del 23 de marzo, la guerrilla destruye un puente vital para la comunicación entre Guatemala y México

5junio1982
Desfile militar de patrulleros civiles indígenas en la ciudad de Cobán en 1980.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Para 1982, los grupos guerrilleros estaban en una situación precaria después del éxito de la ofensiva antiguerrillera dirigida por el general Benedicto Lucas García, durante el gobierno de su hermano, el también general Fernando Romeo Lucas García. Esta ofensiva había incluído el uso de un software que ya había utilizado exitosamente la Junta Militar en Argentina para localizar y destruir los reductos guerrilleros en los centros urbanos; este programa de computadora identificaba aquellas residencias en donde había uso excesivo de agua potable y de electricidad y el Ejército las marcaba como posibles objetivos guerrilleros.  Dichos reductos ya habían dado muestras de su poder, como cuando colocaron una bomba de alto poder en un tragante en el parque central ubicado en la esquina opuesta al despacho presidencial en el Palacio Nacional en septiembre de 1980, y cuando detonaron potentes bombas que dañaron considerablemente las instalaciones del Banco Industrial en la zona 4, el Banco del Café en la Avenida Reforma y frente al Instituto de Previsión Militar, a tan solamente una cuadra del Palacio Nacional.

Entre 1980 y 1981 se produjeron varios combates en reductos guerrilleros en varias zonas de la Ciudad de Guatemala, los cuales fueron destruidos por completo por el Ejército; estos reductos estaban diseminados en varios puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo áreas de clase alta como Vista Hermosa, de clase media como la colonia Utatlán y una casa situada a apenas una cuadra del Palacio Nacional. Al mismo tiempo, se estaba emprendiendo fuertes ofensivas contra las posiciones guerrilleras en las regions rurales, en especial en la Franja Transversal del Norte; puede decirse que para principios de 1982, la guerrilla estaba contra las cuerdas y tuvo que cambiar de estrategia radicalmente.

Así fue como los grupos guerrilleros ejecutaron lo que ellos denominaron “recuperaciones económicas“, y que no eran otra cosa que actos de delincuencia común para obtener fondos para subsistir: impuestos de guerra, secuestros para obtener rescates (como por ejemplo, el del periodista Alvaro Contreras Vélez del periódico Prensa Libre), y asaltos a comercios y autobuses. Además, para alarmar a la población y hacer presencia, cometían actos terrotistas, como derribar torres de transmisión eléctrica desde Chixoy y que provocaban prolongados apagones, o como el atentado perpetrado el 5 de junio de 1982, cuando zapadores del Frente “Ernesto Guevara” del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) dinamitaron el Puente San Juan, de 55 metros de longitud, que se encuentra sobre la carretera Interamericana a la altura del kilómetro 280, lo que interrumpió el tránsito de Guatemala hacia México.

Otros atentados perpetrados por la guerrilla en esa época fueron:

  • 26 de agosto de 1982: secuestro y asesinato de patrulleros civiles que estaban en la aldea Pajuil País del municipio de Aguacatán, Huehuetenango, quienes fueron enterrados en una fosa común.
  • 25 de junio al 21 de julio de 1982: la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), incendió las fincas El Matasano, en El Quetzal; Panorama, en San Rafael Pie de la Cuesta; Carolina y Platanillo, en el Tumbador, San Marcos por colaborar con el Ejército.
  • 18 de diciembre de 1982: el Ejército Guerrillero de los Pobles (EGP) voló dos puentes en la carretera que pasa por el Parcelamiento Santo Tomás en el municipio selvático de Ixcán, Quiché, en el área petrolera de la Franja Transversal del Norte. Esta acción impidió la movilización de vehículos militares en Playa Grande.

Para combatir el auge del terrorismo guerrillero, el gobierno de facto del general Efraín Ríos Mont, con la asesoría militar del gobierno del presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos emprendió una contraofensiva de tierra arrasada similar a las utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Vietnam, resultando en masacres en diferentes aldeas y caceríos, en especial en la región selvática y aislada del Ixcán en la Franja Transversal del Norte, la cual estaba aislada del resto del país por la barrera natural de Los Cuchumatanes.


BIBLIOGRAFIA:


31 de enero de 1980: mueren 37 personas en la quema de la Embajada de España en Guatemala

31enero1980
Sitios de proyectos gubernamentales, campos petroleros y masacres ocurridas en la Franja Transversal del Norte entre 1978 y 1982.  imagen tomada de Wikimedia Commons.

La Franja Transversal del Norte (FTN) fue creada durante el Gobierno del general Carlos Arana Osorio en 1970, pues se reconocía que la región tenía un gran potencial agropecuario y era idónea para la explotación de maderas preciosas. Sin embargo, en 1974 se empezó a explotar petróleo en la región a raíz de los descubrimientos de las petroleras Basic Resources y Shenandoah Oil, que operaban en el campo petrolero de Rubelsanto en Alta Verapaz y en 1976, el presidente Kjell Laugerud García llegó a visitar la cooperativa Mayalán en el sector de Ixcán en QuichéQuiché, en la Franja Transversal del Norte, dijo: “Mayalán está asentada en la cima del oro”. Con estas palabras dejó entrever que aquella región ya no sería dedicada a la agricultura ni al movimiento cooperativista, sino a la explotación estratégica de recursos naturales.

Tras esa visita presidencial, las compañías petroleras extranjeras realizaron exploraciones en Xalbal, muy cerca de Mayalán, en el Ixcán, donde perforaron el pozo San Lucas, pero los resultados fueron infructuosos. Esas exploraciones, que abrieron el camino para futuros experimentos petroleros en Ixcán y en el resto de la Franja Transversal del Norte, fueron el principal motivo para la construcción de la carretera de terracería que atraviesa la región. Shenandoah Oil, el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y el Batallón de Ingenieros del Ejército se coordinaron para construir ese corredor entre 1975 y 1979, lo que a la postre permitió que políticos, militares y empresarios poderosos de la época se adueñaran de muchas de las tierras de la zona, de gran riqueza maderera y potencial petrolero.

En 1980, aprovechando el auge que tenían las células de la guerrilla urbana en la Ciudad de Guatemala, un grupo de indígenas se movilizó desde el interior de la República con el fin de llamar la atención del mundo sobre las deficientes condiciones de trabajo en el departamento del Quiché.  Este grupo estaba asesorado por los intelectuales de las organizaciones guerrilleras aglutinados en grupos como el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora de Pobladores, y miembros del Frente Estudiantil Robin García.   El grupo de campesinos había sido invitado por el embajador de España en Guatemala, quien había llegado hacía poco a Guatemala y recientemente había visitado la region de la Franja Transversal del Norte.

El embajador español Máximo Cajal urdió un plan para proporcionar una plataforma a los campesinos, que no podían expresar sus opiniones en la prensa por la fuerte censura gubernamental.  Cajal invitó a los renombrados intelectuales guatemaltecos Eduardo Cáceres Lehnhoff (ex-vicepresidente de Guatemala) y Adolfo Molina Orantes (ex-canciller de Guatemala) a llegar a la embajada el 31 de enero de 1980 para tener una reunión sobre un Instituto de Cultura Hispánica.  El plan del embajador era muy simple:  estando los distinguidos profesionales en la embajada, los campesinos podrían tomar las instalaciones y aprovechar el espacio soberano de la sede diplomática para expresar sus opiniones sin sufrir las represalias de las fuerzas de seguridad del Estado, que en esos días eran sumamente letales.

El problema con que no contaba el embajador era que el presidente de Guatemala, el general Fernando Romeo Lucas García tenía intereses económicos muy fuertes en la Franja Transversal del Norte, pues tenía tierras cultivables en Fray Bartolomé de las Casas y era socio de la Shenandoah Oil, compañía que estaba explorando petróleo en Ixcán.

A eso del mediodía, luego de que los campesinos tomaron la embajada, las fuerzas de seguridad se presentaron e invadieron territorio soberano español, ignorando las leyes y convenios internacionales. Esto forzó a los ocupantes y a los rehenes a refugiarse en una habitación del segundo nivel del edificio y tras un intenso asedio se inició el incendio. El origen del fuego es fuente de discusiones incluso hasta hoy: los representantes de la izquierda guatemalteca indican que fue provocado por lanzallamas y por el uso de fósforo blanco, mientras que el gobierno guatemalteco de entonces enfatizó que los ocupantes de la embajada se auto-inmolaron con las bombas molotov que llevaban.

El resultado no pudo ser más catastrófico:  prácticamente todos los rehenes y campesinos murieron en el incendio y solamente sobrevivieron el embajador español y el campesino Gregorio Yuxá Xoná. La prensa española publicó fotografías de un policía con un lanzallamas, además de las pruebas testimoniales y periciales que confirmarían que varias víctimas habían sido baleadas. Incluso, según la testigo presencial Odette Arzú, adscrita a la Cruz Roja Guatemalteca, la mayoría de las víctimas estaban quemadas solo de la cintura hacia arriba.

Todas las versiones concuerdan en que los cuerpos de socorro tuvieron vedado el ingreso al edificio para sofocar el incendio hasta que éste se apagó por sí solo y no les quedó más que entrar a rescatar los cadáveres.

Como represalia a esto, se rompieron las relaciones entre Guatemala y España, y el país quedó prácticamente aislado de la comunidad internacional.  En Guatemala los ataques de la guerrilla se incrementaron, con atentados dinamiteros en contra de oficinas del gobierno, edificios de poderosas empresas guatemaltecas y destrucción de puentes y de torres de transmisión eléctrica.  Es más, el 5 de septiembre de 1980 en un arranque de temeridad, la guerrilla urbana perpetró un atentado dinamitero en la esquina opuesta al despacho presidencial en el Palacio Nacional de la ciudad.

Los hechos exactos todavía no se han aclarado, dado que el ambiente politico en el país es muy sesgado, evitando un análisis objetivo de los acontecimientos. Aunque de todo esto surgió un personaje que se convirtió en el estandarte de la izquierda guatemalteca:  Rigoberta Menchú, quien era hija de uno de los campesinos que murió en la Embajada y que apareció en la película documental “When the mountains tremble“, que estuvo censurada en Guatemala.


BIBLIOGRAFIA:


6 de diciembre de 2003: fallece el general Carlos Arana Osorio, presidente de Guatemala de 1970 a 1974

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El entonces coronel Arana Osorio conversando con asesores militares estadounidenses en 1965.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El general Carlos Arana Osorio, quien falleciera el 6 de diciembre de 2003, gobernó durante la época de los llamados “gobiernos militares” que estuvieron en el poder en Guatemala cuando los Estados Unidos promovían el establecimiento de dictaduras militares en América Latina y las apoyaban con logística y con la Escuela de las Américas, en la que entrenaban a los ejércitos de la región en estrategia contrainsurgente aprendida durante la Guerra de Vietnam.

Arana Osorio nació en Barberena, Santa Rosa, y fue militar de escuela, director de la Escuela Politécnica de Guatemala, y masón, alcanzando el grado 33, último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y llegó al poder con el apoyo de una coalición de partidos políticos de ultraderecha anticomunista.   Durante su gobierno el vicepresidente fue el licenciado Eduardo Cáceres Lehnhoff​, quien posteriormente murió quemado en la toma de la Embajada de España en Guatemala en 1980.  Entre sus ministros estuvieron Kjell Eugenio Laugerud García, como ministro de la Defensa y Alejandro Maldonado Aguirre como ministro de Educación, ambos futuros presidentes de Guatemala (Laugerud lo fue de 1974 a 1978 y Maldonado Aguirre en 2015-2016).  El mismo Arana tenía fuertes lazos con otras dictaduras militares de la region, pues había sido embajador de Guatemala en Nicaragua durante el gobierno de Anastasio Somoza.

El Movimiento de Liberación Nacional, partido por el que fue electo, se formó para derrocar al gobierno del coronel Jacobo Arbenz y estaba conformado por fervientes anticomunistas que reconocían a Arana Osorio por sus notables triunfos contra la guerrilla en el oriente guatemalteco en la década de los sesenta. Esta alianza estratégica favoreció que durante su gobierno proliferaran los grupos paramilitares de extrema derecho como el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), la Nueva Organización Anticomunista (NOA), el Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG), el Comité de Represión Antiguerrillera (CRAG), la Mano Blanca y el Movimiento de Acción Nacionalista Organizado (MANO), los cuales empezaron a cometer todo tipo de acciones en contra de cualquier persona considerada como comunista.

A pesar de que para cuando tomó posesión la actividad insurgente era mínima, Arana Osorio impuso el Estado de Sitio en noviembre de 1970; además, impuso un toque de queda de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. en el que todo tráfico peatonal y vehicular (incluyendo ambulancias, bomberos y Cruz Roja) tenían prohibido circular. El Estado de Sitio dio lugar a un incremento en los secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de los que se consideraban opositores al régimen.  El estado de sitio se mantuvo vigente hasta el final de 1972, cuando el régimen de Arana Osorio anunció oficialmente la derrota de la insurgencia. ​

El gobierno de Arana creó numerosas instituciones gubernamentales, entre ellas la Franja Transversal del Norte, creada oficialmente mediante el Decreto 60-70 en el Congreso de la República, para el establecimiento de desarrollo agrario.​ Altos oficiales guatemaltecos (incluyendo el presidente Fernando Romeo Lucas García y el expresidente Kjell Eugenio Laugerud García) se convirtieron entonces en grandes terratenientes e inversionistas aprovechando las políticas de traslado de campesinos, acceso a información privilegiada, ampliación del crédito público y grandes proyectos de desarrollo; de hecho, la oficilidad guatemalteca formó el Banco del Ejército, y diversificó sus fondos de pensión.​  Pero la presencia del Ejército Guerrillero de los Pobres en Quiché, especialmente en la región petrolera de Ixcán, hizo que la guerra civil se recrudeciera en el área y los proyectos no se llevaran a cabo.

También hizo concesiones a empresas internacionales, como la canadiense EXMIBAL.  Ya desde el gobierno de Julio César Méndez Montenegro se discutió la posibilidad de ceder las minas de níquel en Izabal a la empresa «Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal, S.A.» (EXMIBAL); sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse durante ese gobierno. Tan pronto como Arana Osorio inició su gestión, reabrió el caso de EXMIBAL y empezó a trabajar para cederle la concesión, pero numerosos sectores sociales se opusieron a dicha concesión, ya que argumentaban que resultaría muy onerosa para el país. Uno de los principales opositores fue la Comisión que la Universidad de San Carlos creó para analizar el asunto. Entre los miembros de la comisión estaba el licenciado Oscar Adolfo Mijangos López, para entonces diputado en el Congreso y respetado intelectual guatemalteco, quien se opuso rotundamente a las condiciones de la concesión que propuso el Gobierno a EXMIBAL. El 13 de enero de 1971 fue asesinado por desconocidos cuando salía de su oficina en la 4a. avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala​ y el 8 de mayo de 1971 el gobierno de Arana Osorio finalmente otorgó la concesión a EXMIBAL.


BIBLIOGRAFIA: