10 de julio de 1980: en medio de la tensión laboral entre el Embotelladora Guatemalteca y su sindicato de trabajadores, aparece asesinado en la zona 18 un trabajador con una credencial de miembro del servicio de Inteligencia Militar

10julio1980
La fuente de Carlos III, que originalmente estaba en la Plaza Central, ahora localizada en la Plazuela España en la Ciudad de Guatemala, con el adorno de Coca-Cola en diciembre de 2013.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Hubo una época en que se decía que en Guatemala preferíamos Pepsi en vez de Coca-Cola.  Y esto ocurrió porque esta última cerró sus operaciones en 1984, en medio de la Guerra Civil de Guatemala (llamada “Conflicto Armado Interno” por cuestiones diplomáticas y legales luego de las negociaciones que llevaron a los Acuerdos de Paz en 1996).  He aquí un resumen de por qué Coca-Cola cerró temporalmente:

Coca-Cola ha estado presente en Guatemala desde 1939, y el sindicato de la embotelladora surgió en 1948 durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo, aunque fue disuelto en 1954 tras el derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Luego de veinte años, en 1974, la empresa “Embotelladora Guatemalteca, S.A.” indemnizó a casi todos sus obreros para recontratar a la mayoría, con lo que los trabajadores perdieron su antigüedad en la compañía y el 25% de sus prestaciones, provocando que los trabajadores se organizaran y formaran el sindicato nuevamente, con la asesoría de la Central Nacional de Trabajadores.

El 26 de enero de 1976, ya durante el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García, luego de que ciento cincuenta y cuatro trabajadores fueron despedidos, el sindicato tomó las instalaciones de la empresa. Los sindicalistas fueron violentamente expulsados por la policía, resultando en doce heridos y catorce detenidos, lo que dió origen a un fuerte movimiento sindical en el país que dió origen al Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS).  Este movimiento realizó varias campañas de movilización que lograron que se reconociera el “Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A.” y que la empresa aceptar dicsutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo tras reinstalar a los despedidos.

Ahora bien, este movimiento sindical era izquierdista y tenía vinculaciones con la Federación Autónoma Sindical de Guatemala y los proscritos Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).  Para contrarrestar esto, los administradores de la empresa tenían una relación estrecha con las fuerzas de seguridad del Estado, en especial el coronel Germán Chupina Barahona; de hecho, varios miembros de las fuerzas de seguridad tenían puestos administrativos y contrataron a la Policía Militar Ambulante para encargarse de la seguridad.

Entre 1977 y 1978 hubo varios atentados contra miembros del sindicato con ataques armados que resultaron en varios heridos y hasta amenazas del Ejército Secreto Anticomunista (una especia de guerrila de extrema derecha), pero a pesar de todo, lograron que se firmara el pacto colectivo de condiciones de trabajo.  Pero a partir de allí, hubo asesinatos y desapariciones de miembros del sindicato, algunos de ellos a plena luz del día cuando los trabajadores estaban repartiendo bebidas en los camiones, mientras que otros fueron secuestrados durante manifestaciones y aparecieron muertos con señales de tortura.  Esta violencia ocurría al mismo tiempo que el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García implementaba un ataque frontal a las organizaciones izquierdistas que se habían reforzado y organizado durante el gobierno de Laugerud.

Ante esta violencia, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines, con sede en Ginebra, Suiza inició campañas internacionales con la finalidad de presionar a los dueños de la franquicia en Guatemala y a las autoridades del país.  Pero también hubo violencia contra los administradores de la empresa, que habían separado la embotelladora en doce entidades, entre ellas la reconocida “Embotelladora Central”.  El jefe de personal y teniente retirado Francisco Javier Rodas Flores fue “ajusticiado” por las Fuerzas Armadas Rebeldes que lo ametrallaron cuando iba hacia su casa, mientras que el trabajador Justiniano Vargas Casasola apareció muerto en la zona 18 con un carnet del servicio de Inteligencia Militar en su bolsillo.

Todo este caos llevó a boicots a la Coca-Cola en algunos países y a presión a la sede de la corporación en Atlanta, resultando en que la embotelladora repentinamente se declarara en quiebra y despidiera a todos sus trabajadores, cesando sus operaciones en Guatemala en febrero de 1984, durante el gobierno de facto del general Oscar Humberto Mejía Víctores.  El 18 de febrero de 1984 los trabajadores ocuparon la planta como medida de presión y allí permanecieron hasta que ésta se volvió a abrir en 1987.


BIBLIOGRAFIA:


31 de marzo de 1970: comando urbano de las Fuerzas Armadas Rebeldes secuestra al embajador de Alemania Occidental, Karl von Spreti

31marzo1970
Monumento a Colón, obra de Tomás Mur, cuando fue inagurado en la Plaza de Armas de Guatemala en 1896, con motivo del IV centenario de Descubrimiento de América.  Fotografía de “La Ilustración Guatemala”, tomada de Wikimedia Commons.

Tras la derrota contrainsurgente en el Oriente de Guatemala en 1968, la cual fue encabezada por el coronel Carlos Arana Osorio (a quien apodaron “El Chacal de Oriente” por sus métodos militares) la guerrilla quedó muy debilitada y casi eliminada.  Para contrarrestar esto, el commando urbano de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) realizó misiones muy ambiciosas, como el fallido secuestro del embajador de los Estados Unidos, John Gordon Mein, quien murió asesinado en la Avenida de la Reforma en agosto de ese año al resistirse.

El 31 de marzo de 1970, en las postrimerías del gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, cerca del monumento a Cristóbal Colón en la Avenida de las Américas de la Ciudad de Guatemala, secuestraron al embajador de Alemania Occidental, Karl von Spreti. El 1 de abril las FAR confirmaron que el embajador estaba en su poder y exigieron la liberación de numerosas personas detenidas que, a juicio de los insurgentes, corrían peligro de ser asesinadas; y agregaron como exigencia el pago de US$700,000. Establecieron como plazo para cumplir estas condiciones las tres de la tarde del 4 de abril y manifestaron que de lo contrario “procederían a ajusticiar al autor intelectual y material de la política imperialista”.​ El 5 de abril, los plagiarios señalaron que el plazo estaba agotado y en la noche la policía descubrió el cadáver del embajador en las cercanías de San Pedro Ayampuc, a diecisiete kilómetros de la capital. Un dirigente de las FAR declaró años más tarde a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas: “El Gobierno no accedió a las presiones y el comando de la región urbana ejecuta al embajador para demostrar que no estaban jugando y que hablaban en serio”.


BIBLIOGRAFIA:

  • Batres Villagrán, Ariel (13 de noviembre de 2013). «Somos los jóvenes rebeldes; memorias de un guerrillero». Monografías.<
  • Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Vol. IV,2 (1999). «Atentados contra la libertad» (edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
  • Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Caso No. 47 (1999). «Caso ilustrativo No. 47» (edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 26 de mayo de 2013.
  • Monsanto, Pablo (2013). Somos los jóvenes rebeldes, Guatemala insurgente. Guatemala: F&G Editores.