En la Batalla del Espíritu Santo, el general Francisco Morazán obtiene una contundente victoria sobre los invasores de Honduras y Nicaragua en el territorio de El Salvador
Cuadro que representa la Batalla del Espíritu Santo. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Cuando inició 1839 los estados de Nicaragua y Honduras tenían una actitud hostil contra el estado de El Salvador debido a la profunda animadversión de éstos para con el ex-presidente federal, Francisco Morazán, quien para entonces era el comandante de Armas de El Salvador. El pacto de la República Federal se había roto en 1838 cuando Morazán no convocó a elecciones para elegir a su sucesor,1 y como la capital federal estaba en San Salvador, el ex-presidente se había quedado en aquel Estado.
Honduras y Nicaragua dieron muestra de querer ir a la guerra, por lo que el Jefe de Estado de El Salvador, Diego Vigil, pidió a Morazán que se preparara para combatir a sus vecinos. Pero no le dió tiempo suficiente al Comandante de Armas, pues sin declaración de guerra previa, el general nicaragüense Bernardo Méndez invadió a El Salvador por el lado de San Miguel al mando de mil soldados; el general hondureño Francisco Ferrera, por su parte, iba marchas forzadas para reunirse con los hombres de Méndez y acabar con la resistencia salvadoreña lo más pronto posible.2
Pero frente a ellos tenían a uno de los mejores genios militares de Centroamérica.
Morazán llegó al frente de ochocientos efectivos y acampó en la hacienda de San Francisco, en la margen del río Lempa opuesta a donde estaba el cuartel general de los nicaragüenses en Corlantique. Allí estaban cuando el comandante de las fuerzas salvadoreñas se enteró de que Ferrera iba marchando sobre El Salvador, y decidió salir a su encuentro. Pero cuando Morazán partió, Méndez atacó y derrotó a una de las divisiones salvadoreñas, por lo que Morazán tuvo que regresar a rehacerse.
Los nicaragüenses ya habían ocupado San Vicente —que en ese entonces era la capital del Estado de El Salvador, puesto que San Salvador todavía era la capital federal— y estaban amenazando con tomar Cojetepeque. Morazán entonces partió hacia Cojutepeque, buscando que se unieran más hombres a su ejército.
Mediante varias maniobras que distrajeron a los invasores, Morazán los llevó a la hacienda del Espíritu Santo, en donde se libró una de las batallas más emblemáticas de la carrera del caudillo liberal. El 5 de abril por la tarde llovió copiosamente, pero la lluvia amainó al caer la noche y los invasores decidieron atacar a Morazán, creyendo que estaba desprevenido. Pero el comandante de las fuerzas salvadoreñas dio la señal de alerta y empezó un nutrido tiroteo entre ambos ejércitos. La llovizna seguía y como la noche era oscura, el combate fue a quemarropa y muchas veces entre los mismos correliginarios.3
El coronel Benítez —Jefe del Estado Mayor del Ejército de El Salvador— se aproximó a lo más crudo de la batalla y cuando se dió cuenta de que no se podía reconocer a nadie en medio de la oscuridad y los fogonazos de los tiros, gritó su nombre para servir de punto de reunión, lo que fue aprovechado por uno de sus enemigos para atacarlo con la bayoneta. Como pudo regresó con Morazán que le recriminó su imprudencia aunque sintió profundamente la herida de Benítez quien falleció poco después.
Morazán, en medio de la oscuridad, tomó a veinticinco escoltas y se fue a donde estaba el combate. A cada uno de los que encontraba le preguntaba si era soldado de Morazán, y si le contestaban que no, entonces los hacían prisioneros en el acto. De esta forma, logró capturar a 29 soldados enemigos, y cuando aclaró la mañana del 6 de abril concentró a sus fuerzas en el edificio de la hacienda desde donde podía dispararle al enemigo fácilmente y en donde tenía sus reservas.4
Sin embargo, los invasores rodearon la hacienda por la retaguardia, expulsando a Morazán y a sus hombres. En este momento, el comandante salvadoreño tomó la decisión de arremeter contra sus enemigos y gritó blandiendo su espada: «¡El que tenga valor que siga a su general!» La arremetida resultante sorprendió a los invasores que fueron derrotados en poco tiempo y se dieron a la fuga en todas direcciones.
Al final de la acción, cuando se estaba haciendo el recuento de los graves daños y pérdidas que tuvieron ambos ejércitos, Morazán en persona salió a perseguir al enemigo. A los pocos pasos encontrarona diez hombres que presentaron las armas con las culatas hacia arriba para rendirse; sin embargo, cuando reconocieron a Morazán uno de ellos gritó: «¡Este es el general Morazán!» y cambiaron de posición sus armas para dispararle al general, hiriéndolo en el brazo derecho. Los que acompañaban al comandante salvadoreño mataron a los atacantes con sus bayonetas y con golpes de culata y cuando ya estaban muertos, todavía llegó otro grupo a golpearlos.5
Esta victoria fue uno de los mayores triunfos de la carrera militar de Morazán, y en ese momento todo parecía sonreirle, pues acababa de derrotar a las principales amenazas contra la reunificación de Centroamérica, que además eran los principales aliados del teniente coronel Rafael Carrera. En cuanto a Carrera, el mismo Morazán lo había reducido junto con sus huestes campesinas a las serranías de Mita; y, por si fuera poco, el Estado de Los Altos era incondicional a su persona y en Guatemala gobernaba el general Carlos Salazar, a quien Morazán había puesto en lugar de Mariano Rivera Paz el 30 de enero de ese año.6
Pero la suerte de Morazán iba a cambiar radicalmente apenas una semana después de la batalla del Espíritu Santo, ya que sabiendo de la alianza de Honduras y Nicaragua contra el ex-presidente federal, las huestas de Carrera dieron el golpe de estado en contra de Carlos Salazar en Guatemala,7 lo que desencadenó una seria de hechos violentos que terminaron no solo con el Estado de Los Altos, sino con la derrota definitiva del caudillo liberal en la Ciudad de Guatemala a manos de Carrera el 19 de marzo de 1840.8
Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. p. 90.
La Catedral colonial de Tegucigalpa, Honduras. En los recuadros: Dionisio de Herrera, jefe de Estado de Honduras y teniente coronel Justo Milla, jefe de las tropas sitiadores guatemaltecas. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Morazán influía considerablemente en las decisiones del Jefe de Estado quien se había convertido en un dictador benévolo, ya que la primera Asamblea Legislativa que se formó había nombrado a Herrera en el poder y luego había sido disuelta. Además no había consejo de Estado y la Corte de Justicia no estaba conformada porque los miembros electos no habían tomado posesión de sus cargos. Esta situación no le parecía en lo absoluto al prsbítero Irías, quien por su carácter fuerte y autoritario se oponía radicalmente a lo que disponía Herrera. Aquella situación llegó al punto en que Irías pidió a los fieles católicos que se opusieran a todo lo que decretaba Herrera, a quien llamaba «hereje» y «francmasón«; es más, incluso le pidió a los feligreses que no obedecieran las leyes estatales en lo absoluto. Herrera, por su parte, robusteció el poder público lo que hizo que los ánimos entre los conservadores católicos y los liberales anticlericales se agitaran y bastara una excusa para llegar a la guerra.3
En ese estado de cosas, un día hicieron disparos contra la casa del jefe de Estado, y mientras los liberales acusaron a los conservadores de atacarlos, los liberales acusaron a los primeros de haber hecho una pantomima burda para alborotar los ánimos. Herrera ordenó que redujeran a prisión al presbítero Irías en Comayagua, pero éste logró escaparse y acusó al Jefe de Estado de abuso de autoridad, lanzando pronunciamientos en la región de Occidente y hasta en Olancho, y excolmulgó a Herrera aduciendoque tenían influencia masónica y herética. Es más, vendió algunas joyas de las imágenes religiosas para comprar armas en Belice, mientras organizaba a varios cuerpos del ejército que desertaron.4
Cuando las noticias de lo que estaba ocurriendo eh Honduras llegaron a la Nueva Guatemala de la Asunción —entonces capital de la República Federal de Centro América— el presidente Arce envió al teniente coronel José Justo Milla Pineda —padre del escritor José Milla y Vidaurre— para que pusiera orden en el estado hondureño. 4 Sin embargo, como Milla era aristócrata, en lugar de reducir al orden al presbítero Irías, se puso de acuerdo con él y el 4 de abril de 1827 marchó sobre la ciudad de Tegucigalpa e inició el sitio de la misma.5
El sitio que hizo Milla fue brutal: hubo saqueos, incendios y tierra arrasada en los alrededores de la capital hondureña durante treinta y seis días. Herrera, viéndose perdido, propuso la paz a Milla varias veces, pero éste no aceptó diciendo que solamente arreglaría con el Jefe de Estado si éste se rendía incondicionalmente y le entregaba las armas. Por supuesto, ante semejantes condiciones, Herrera prefirió luchar hasta la muerte, pero fue traicionado por un hondureño de apellido Fernández, quien negoció secretamente con Milla y entregó la plaza. Herrera fue hecho prisionero y llevado a Guatemala bajo fuerte escolta, mientras que varios liberales fueron enviados a prisión a Omoa y a otros reclusorios en varias partes de Honduras.5
Sin embargo, el triunfo ante Herrera le saldría muy caro a los aristócratas, al presidente Arce y al clero encabezada por Irías Midencia, pues el secretario de Herrera, el líder liberal Francisco Morazán, quedó profundamente resentido por aquella acción y decidió vengarla a la primera oportunidad. En primer lugar, el 11 de noviembre de 1827 Morazán venció al ejército de Milla en la Batalla de la Trinidad, y se convirtió en el nuevo Jefe de Estado de Honduras, obligando al ostentoso Irías Midence a salir al exilio, huyendo de los liberales.6
Y luego, al mando del «Ejéricto protecto de la ley» invadió Guatemala, derrotando a las autoridades federales y estatales tras el sitio de la capital, a las que redujo a prisión el 14 de abril de 1829 y eventualmente envió al exilio en septiembre de ese mismo año.7 Entre los exiliados estaban todos los aristócratas de la familia Aycinena, el teniente coronel Justo Milla, los frailes regulares de la Iglesia Católica y el arzobispo Ramón Casaus y Torres. Y en venganza a lo hecho por Milla en Tegucigalpa, permitió que sus tropas saquearan las riquezas de los exiliados y cometieran toda clase de atropellos contra los pobladores de la Nueva Guatemala de la Asunción.
Oyuela, Leticia (1989). «Historia Mínima de Tegucigalpa» En: Colección Códices. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Guaymuras. p. 70.
La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829). Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7) Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
El general J. Rufino Barrios, en calidad de haberse autonombrado Jefe Supremo del Ejército de la Unión Centroamericana, declara que habrá libertad de prensa en toda la región.
La Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala en 1875 en una fotografía de Eadweard Muybridge. A la derecha la fuente de Carlos III en donde Barrios hizo fusilar a los supuestos implicados en un complot en su contra en 1877. En el recuadro: el general J. Rufino Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Al momento de embarcarse en su ambicioso proyecto de lograr la Unión Centroamericana, el estado mental del general J. Rufino Barrios estaba sumido en una obsesión en contra de los autores de un atentando en su contra que había ocurrido el 13 de abril de 1884, al punto que, según su ministro de Fomento Francisco Lainfiesta, solamente de eso hablaba en las reuniones de Ministros.
De acuerdo a Lainfiesta, aquellas reuniones transcurrían de esta manera:1
Se paseaba el general Barrios por su despacho con las manos asidas por detrás; allí estábamos los seis ministros con los brazos cruzados, lo más del tiempo silenciosos. Barrios hablaba y hablaba de los asesinos, de la ramerita de [Guillermo] Rodríguez, del chicherito, etcétera y repentinamente se acercaba a decirnos: «Si ustedes quieren, saquen a esa tal Rodríguez sáquenlo, sáquenlo; pónganlo en libertad… pero yo le mando pegar antes mil palos.»
Esto decía y repetía con frecuencia, como respondiendo a objeciones que él imaginaba se le hacían en favor de Rodríguez; o como para prevenir que se le hicieran, y era en aquellos arranques, cuando solía agarrarse la cabeza, diciendo: «Si esto no acaba pronto, voy a parar en loco».
Santos Soto [otro de los acusados] recibió orden de permanecer en el interior y en la hora del movimiento de Palacio, frente a la entrada de la casa, para que todos le viesen entrar y fuese como un fantasma funesto que a muchos había de causar susto. […] Además, pasaba Soto algunas horas en el despacho presidencial, sentado allí entre los ministros, lo que parecía expresamente dispuesto así por Barrios en son de burla o menosprecio de sus altos funcionarios.1
A don Juan Rodríguez lo hizo trasladar al Palacio Nacional, frente por frente de la casa de la presidencia, ocupando el lujoso saloncito destinado al despacho del presidente. Allí encontré a Rodríguez inesperadamente […] Por la noche le hacía pasar Barrios a la casa y permanecer hasta las nueve, […] tomando parte en la terturlia que allí formaban algunos de los ministros. Yo estuve una vez en esa terturlia.2
Concluye Lainfiesta su relato diciendo: «Si no fue mediando un verdadero trastorno mental, ¿sería posible imaginar procedimientos tan torcidos y extravagantes como los relacionados?»2
Con respecto a la situación en el país a principios de 1885, dice Lainfiesta:
El país se encuentra como desmayado o detenido en su anterior derrotero de movimiento y acción. El precio del café es desfavorable y esto desalienta a los agricultores; la Hacienda Pública, entregada a las más ruinosas transacciones para sobrellevar a medias el peso de las necesidades; el crédito de los ministros de Barrios a excepción de Cruz y Díaz Mérida, y el de varios particulares, comprometidos en fianzas a favor del Tesoro Nacional, arrancadas en son de companerismo y amitad; y la atmósfera general, pesada y oscura a cauas de las crueles zozobras y sufrimientos del ano fatal recién pasado. Y Barrios delirando siempre con la bomba y con nuevos proyectos de asesinato de su persona; hasta concluir con que era indispensable llevar a cabo la Unión Nacional, único recurso, decía «que nos queda para asegurar la tranquiidad y las conquistas de la revolución de 1871».3
En medio de esta situación, ante las críticas contra su idea de unión que se estaban dando en Nicaragua, Honduras y El Salvador, y que se referían a él como «el salvaje de San Marcos«, Barrios emitió un decreto aduciendo que iba a permitir la libertad de prensa en toda Centroamérica, tal y como supuestamente lo había estado haciendo en Guatemala bajo los principios liberales.4 Por supuesto, aquello era propaganda para su proyecto unionista, porque en Guatemala no había tal libertad de expresión; basta solamente el ejemplo de la renuncia en 1882 del embajador de Guatemala ante los Estados Unidos, licenciado Lorenzo Montúfar, para darse cuenta de que lo que se publicaba en el país era únicamente alabanzas a favor del presidente.5
Reproducimos a continuación aquel decreto unilateral que emitió Barrios el 7 de marzo de 1885 para que el lector juzgue su contenido:
J. Rufino Barrios, General de División y Supremo Jefe Militar de la Unión de Centro-América,
Considerando: que proclamada la Unión de las Repúblicas de la América Central debe tratarse de alcanzar desdo luego un sus más impotantes objetos, el que sean amplias, electivas y prácticas las garantías de que los ciudadanos, eficazmente amparados por la autoridad y por la ley, han de gozar bajo un régimen verdaderamente liberal;
Que el Jefe de la Unión se ha esforzado por establecer y consolidar en la República de Guatemala tales garantías, y entre ellas, muy principalmente, la libertad de la prensa, sin la que no puede decirse que haya instituciones de- mocráticas ni que el ciudadano sea libre, cuando no tiene el ejercicio de uno de sus más sagrados derechos; pero, ó no se han comprendido é interpretado debidamente los propósitos que a este respecto le inspiran los principios que profesa; ó no han podido secundarse a causa de la incertidumbre y pequeñez en que la desunión ha mantenido a estos pueblos, pequeñez que así como no ha permitido que adquieran riqueza y prosperidad material, tampoco les ha hecho sentir la necesidad de usar de aquellos derechos indispensables en una República realmente digna de este título y formada de hombres libres;
Que hoy es tiempo de que la prensa, sacudiendo todo temor, use de toda la libertad que necesita para ser provechosa y fecunda, y para constituirse en vigorso auxiliar é intérprete de la opinión y en poderosa palanca del progreso; y es tiempo de que comprendiéndose rectamente la intención del Jefe de la Unión de sostener por todos los medios á su alcance, la libertad y respeto de esa salvadora institución; le ayuden todos aprovechándose de ella y procurando los beneficios que de su amplio ejercicio han de resultar;
Que de ese modo se darán á conocer y podrán cor regirse los desmanes en que incurran las personas revestidas de autoridad; y por lo mismo, es preciso impedir severamente que éstas, puedan en algún caso, abusar de su posición, y salirse de los límites que fijan las leyes actuales para el ejercicio de esa libertad, que solo son propiamente los de no emplearla para ejecutar un delito, DECRETA:
Art. 1.° — El Jefe Supremo de la Unión, bajo su más estrecha responsabilidad, ampara, protege y sostiene en todo Centro-América la amplia libertad de la prensa, sin previa censura y sin otras restricciones qne las de la ley vigente.
Art. 2.° — Lejos de oponerse a que se comenten ó censuren sus propios actos oficiales, o los de cualquiera otra autoridad o empleado, excita a todos a que públicamente externen sus opiniones a este respecto, y las defiendan sin ningún miramiento o reserva.
Art. 3.° — Cualquiera autoridad o empleado que, de hecho o abusivamente, fuera de los casos, o sin la forma y garantías que la ley establece,proceda en cualquier sentido, contra periodistas o escritores que por la prensa censu- ren sus actos ó los del Gobierno ó sus agentes, incurrirá en destitución inmediata de su cargo ó empleo é inhabilitación perpetua para ejercerlo.
Tras la Anexión al Primer Imperio Mexicano el 5 de enero de 1822, se disuelve la Junta Provisional Consultiva establecida por el acta del 15 de septiembre de 1821.
Palacio Colonial de la Ciudad de Guatemala a principios del siglo XX. aquí se firmó el acta de Independencia y la Anexión a México. En el recuadro: retrato que se cree que corresponde al brigadier Gabino Gaínza. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
8.° — Que el señor Jefe Político, brigadier don Gavino Gainza, continúe con el gobierno superior político y militar que este tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, se forme una junta provisional consultiva, compuesta de los señores individuos de esta diputación provincial y de los señores don Miguel Lárreynaga, ministro de esta audiencia; don José del Valle, auditor de Guerra; marqués de Aycinena; doctor don José Valdez, tesorero de esta santa iglesia; doctor don Ángel Maria Candina; y licenciado don Antonio Robles, alcalde tercero constitucional: el primero por la provincia de León, el segundo por la de Comayagua, el tercero por Quezaltenango, el cuarto por Solóla y Chimaltenango, el quinto por Sonsonate, y el sexto por Ciudad Real de Chiapa.2
En la junta consultiva estaba, en primer lugar, el brigadier Gabino Gaínza, que había traicionado a España al pactar con los criollos aristócratas la independencia de la región, seguido por el Marqués de Aycinena, quien era el líder de dichos criollos aristócratas. También estaba José Cecilio del Valle, quien publicaba «El Amigo de la Patria«, periódico de los aristócratas y quien redactara el Acta de Indepndencia, y el tesorero de la arquidiócesis. En otras palabras, los principales miembros de la Junta eran todos antiguos funcionarios o influyentes personajes del gobierno colonial. Ahora bien, el problema con esto, es que el resto de criollos del antiguo Reino de Guatemala no veía con buenos ojos a los criollos aristócratas de la capital, ya que sabían que éstos tenían los mejores puestos en las administraciones civiles y religiosas —que eran entonces un gran privilegio en términos económicos—, y además consideraban que los aristócratas no les daban un trato justo con respecto al comercio del producto de sus haciendas.3
La Asamblea Constituyente declaró la independencia absoluta de la región el mismo 1 de julio y nombró a la región provisionalmente Provincias Unidas del Centro de América en un acta en la que el artículo 1.° específicamente dice que la región no es propiedad de ninguna familia en particular, en alusión directa a los criollos aristócratas guatemaltecos:
Que las provincias de que se componía el Reino de Guatemala, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo; y que no son, ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.5
Dado que la Junta Consultiva el 21 de febrero de 1822 había aprobado la anexión a México, los criollos rurales se aglutinaron en la causa liberal y acusaron a los aristócratas de haberla promovido y les recriminaron el desastroso estado en que quedó la región luego de la caída de Iturbide. Por eso, muchos de los decretos emitidos por las Asambleas de Centroamérica y del Estado de Guatemala iban dirigidos a restar los privilegios a los aristócratas y a los eclesiásticos,6 hasta que llegó el momento en que los aristócratas no soportaron más y dieron el golpe de estado contra Juan Barrundia en septiembre de 1826,7 iniciando la Guerra Civil Centroamericana que, en el caso de Guatemala, se extendión hasta 1851 y retrasó el desarrollo del país considerablemente.
Trabajos de construcción al final de la Avenida de La Reforma y Calle Real de Pamplona para el monumento a Los Próceres en 1934. En el recuadro: el presidente de facto de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez, por quien los gobiernos centroamerianos denunciaron el Pacto de Amistad de 1923 que prohibía reconocer gobiernos de facto. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La situación cambió drásticamente en 1932, luego del golpe de estado en El Salvador que llevó al general Maximiliano Hernández Martínez al poder y la masacre que éste perpetró en contra de miles de campesinos que habían participado en un alzamiento campesino en contra de las deplorables condiciones de trabajo a que eran sometidos por los hacendados cafetaleros locales y la severa crisis económica que asolaba al país tras el inicio de la Gran Depresión en 1929. El gobierno de facto de Hernández Martínez, los hacendados criollos y los intelectuales de la capital hicieron ver que el alzamiento no era debido a las difíciles condiciones económicas que afectaban a los campesinos, sino que a las ideas comunistas que se habían infiltrado en el país. Si bien es cierto que sí hubo participación de los elementos comunistas salvadoreños, y del Socorro Rojo Internacional comandado por Farabundo Martí, la rebelión fue mucho mayor de lo que aquellos pequeños grupos podrían haber organizado.4
En base al Acuerdo de Paz y Amistad el gobierno de Hernández Martínez todavía no era reconocido por el de los Estados Unidos, como había ocurrido con el régimen de Manuel María Orellana en Guatemala en diciembre de 1930, pero la situación política internacional cambió drasticamente con la llegada al poder del presidente Franklin D. Roosevelt en sustitución del presidente Hoover en los Estados Unidos y cuando el gobierno británico reconoció al régimen de Hernández Martínez en septiembre de 1933.4
Ya con el reconocimiento británico y el cambio de gobierno estadounidense al paratido demócrata, Costa Rica denunció el Pacto de Amistad el 23 de diciembre de 1933, seguido del régimen de facto en El Salvador pocos días después. Finalmente, los regímenes militares de Jorge Ubico en Guatemala, Tiburcio Carías Andino en Honduras y del licenciado Juan Bautista Sacasa en Nicaragua —este último bajo la sombra del director de la Guardia Nacional, general Anastasio Somoza García— lo denunciaron simultáneamente el 24 de enero de 1934, forzando así a Roosevelt a denunciarlo el 26 de enero.4
En su mensaje a la Asamblea Legislativa durante la apertura de las sesiones ordinarias de ésta en marzo de 1935, el general Ubico dijo lo siguiente al respecto del Acuerdo de Paz: «En cuanto a los asuntos intercentroamericanos, tengo la satisfacción de informaros que en enero último se reanudaron en forma oficial, las relaciones diplomáticas con el Gobierno de la hermana República de El Salvador, en virtud de acuerdo con los Gobiernos de Nicaragua y Honduras, firmantes del Tratado General de Paz y Amistad de 1923 y en cumplimiento de la política de Buen Vecio que cuidadosamente he puerto en práctica desde el 14 de febrero de 1931. Tengo el agrado de informaros que el Excelentísimo señor Presidente de Nicaragua, en nombre de los Gobiernos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, especialmente facultados para ello, invitó a los gobiernos de El Salvador y Costa Rica para que concurran a la Primera Conferencia Centroamericana, que se reunirá en esta ciudad el día 15 del corriente mes, Conferencia que tiene por fin primordial determinar las relaciones futuras de los Gobiernos y Pueblos Centroamericanos y cimentar la fraternidad entre ellos, sobre bases de positiva conveniencia y de recíproco apoyo para conservar la paz entre los cinco Estados, desarrollar su progreso efectivo y realizar las nobles aspiraciones de sus respectivos pueblos.» En otras palabras: el gobierno denunció el Acuerdo de Paz y Amistad de 1923 y estaba buscando establecer uno nuevo que aceptara gobiernos de facto.5
Con este movimiento de piezas, los Estados Unidos habían colocado gobiernos militares en la región para defender sus intereses económicos, principalmente los de la gigantesca corporación transnacional United Fruit Company, cuya subsidiaria International Railways of Central America tenía el monopolio del transporte ferroviario en Guatemala y El Salvador. Y, por ello, no es casualidad que los regímenes de Hernández Martínez y de Ubico cayeran en cuestión de dos meses el uno del otro en 1944 luego de que la frutera quedara muy debilitada por el hundimiento de su flota mercante durante la Segunda Guerra Mundial.
Department of State. (1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 172-179.
Se define la frontera entre Guatemala y Honduras por medio del Laudo de Hughes. El conflicto inició como un problema entre la United y la Cuyamel Fruit Companies.
Mapa de Guatemala y Honduras mostrando la línea divisoria definida por el Laudo de Hughes en 1933. En los recuadros, certificados de acciones de bolsa de la United Fruit Company y de la Cuyamel Fruit Company, que iniciaron el conflicto limítrofe antes de fusionarse en 1929. Imágenes tomadas de Google Earth y 7 Day Adventurer.
La región comprendida al sureste del río Motagua fue disputada por Honduras en 1918 -aunque más específicamente por la Cuyamel Fruit Company– para poder extender sus plantaciones de banano en ese región. Por su parte, el gobierno de Guatemala -o más bien la United Fruit Company (UFCO)- no estuvo de acuerdo con el reclamo, por ser la región de primera calidad para las plantaciones bananeras en Izabal. El asunto estuvo a punto de provocar una guerra entre ambos países en 1926, pero la situación se solucionó gracias a la intervención del embajador guatemalteco en Honduras, Virgilio Rodríguez Beteta en 1928,1 aunque luego de que la Cuyamel y la UFCO se fusionaran en 1929, prevaleció la idea de que se resolviera mediante una corte arbitral neutra en los Estados Unidos.2
Guatemala envió una representación dirigida por el licenciado Carlos Salazar, y con los licenciados Adrián Recinos y Manuel Echeverría y Vidaurre como colaboradores; el embajador Charles Cheney Hyde como consejero; el coronel Lawrence Martin como geógrafo; los ingenieros Lisandro Sandoval y Angel H. Balcárcel como técnicos y el licenciado Alfonso Carrillo como Secretario.2
Las sesiones se iniciaron en la ciudad de Washington el 15 de diciembre de 1931, y el tribunal estuvo integrado por Charles Evans Hughes, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y por los doctores Luis Castro Ureña de Costa Rica y Emilio Bello Codesido de Chile. Como Juez auxiliar, Hughes contó con Frederick C. Fisher, quien había sido juez en las Filipinas (entonces colonia estadounidense) y quien conocía perfectamente el derecho español.3
El alegato hondureño -ya sin el patrocinio de la Cuyamel Fruit Co.- era una reproducción de la realizada por el doctor Policarpo Bonilla en 1918 y que pretendía adquirir Puerto Barrios y el lago de Izabal hasta el río Sarstún, basándose principalmente en una Real Cédula de 1745 cuando el coronel Juan de Vera fue nombrado gobernador de Honduras con jurisdicción privativa para combatir piratas y corsarios desde las costa de Yucatán hasta el Cabo de Gracias a Dios. Como segunda prueba, aunque de menor importancia, la frutera estadounidense presentó el nombramiento de Diego López de Salcedo el 31 de agosto de 1526 como gobernador del golfo de las Higueras y el Cabo de Honduras.4
En base a esas pruebas, la representación de Honduras afirmaba que Izabal había pertenecido a la provincia de Honduras hasta 1863, hasta que el corregidor Juan B. Peralta expulsó a los hondureños de la región, y presentaba a Guatemala como usurpadora del Golfo Dulce, explicando que fue hasta que se construyó el Ferrocarril del Norte entre 1883 y 1908 que Guatemala desarrolló la región del Valle del Motagua.5
Por su parte, la representación de Guatemala ante la comisión arbitral se vió con la dificultad de que durante la época colonial la región del Motagua, al igual que el sur de Belice, era una selva que permaneció sin explorar. Solamente los habitantes de Gualán en Zacapa llegaban a la región para pescar o realizar algunas siembras de vez en cuando, pero la mayor tiempo la región se mantuvo aislada, impenetrable y desierta. Sin embargo, la delegación guatemalteco demostró que el capitán Pedro Truco había transitado por la región tras recibir autorización del cabildo de la ciudad de Guatemala para construir un camino entre ésta y el puerto de Omoa en Honduras en 1755, y también que se realizaron numerosos viajes comerciales guatemaltecos por el río Motagua, basados en la organización de la Compañía de Navegación del Motagua que se estableció en 1796. Asimismo, demostró que había constancia de esto documentada por el diputado guatemalteco Manuel Micheo ante las cortes de Cádiz en 1814.6
Tras un extenso proceso legal, la resolución del Tribunal Especial de Límites -conocida como el Laudo de Hughes- fue emitida el 23 de enero de 1933 y en base a ella, la Asamblea Legislativa de la República emitió el decreto 1898 por medio del cual definió la frontera con Honduras. Se reproduce aquí parcialmente dicho decreto:7
Decreto Número 1898
La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala
Considerando: que en cumplimiento del Tratado de Arbitraje entre Guatemala y Honduras, el 16 de julio de 1930, el Tribunal Especial de Límites resolvió la cuestión de fronteras entre ambos países, fijando detalladamente la línea divisoria y queda sólo pendiente la demarcación sobre el terreno de la línea fijada por el Laudo, lo cual debe realizarse de conformida con el Pacto Adicional que fue firmado en igual fecha, y que en su oportunida mereció la aprobación de la Asamblea;
Considerando: que el Tribunal Especial de Límites, que dirimió la controversia pendiente, es acreedor a la gratitud nacional por el concienzudo estudio que hizo de la cuetión y el tino y sabiduría que tuvo para resolverla, por tanto, decreta:
Artículo 1°. De conformida con el Laudo emitido en la ciudad de Washington el 23 de enero de 1933, por el Tribunal Especial de Límites creado en virtud del Tratado de 16 de julio de 1930, el límite entre las Repúblicas de Guatemala y de Honduras es el siguiente:
A partir de la frontera salvadoreña [sigue aquí la descripción detallada de la frontera] y desde aquí siguiendo la ribera derecha del río Motagua al nivel de las aguas de las crecidas ordinarias, río abajo hasta su desembocadura en el Golfo de Honduras. Conforme queda descrito, el límite se fija en las riberas derechas de los ríos Tinto y Motagua al nivel de las aguas crecidas ordinarias, y, en caso de alteraciones de dichos rís en el transcurso del tiempo, sea por el depósito de aluvión, o por corrosión, o por mutación de cauce, el límite seguirá la línea del nivel de las aguas de las crecidas ordinarias en las riberas derechas efectivas de ambos. Los puntos anteriores están descritos conforme aparecen en el mapa preliminar del reconocimiento aéreo, que acompañan y declara parte de este Decreto.
Artículo 2°. El Poder Ejecutivo velará por el exacto cumplimiento de la Convención Adicional, a efecto de que cuanto antes sea posible, se fijen sobre el terreno los mojones que marquen la frontera entre ambos países, de entero acuerdo con la línea antes descrita.
Artículo 3°. En nombre de la República de Guatemala se otorga un voto de agradecimiento a los Excelentísimos señores Charles Evans Hughes, Presidente de la Corte Suprema de Justica de los Estados Unidos de América y Doctores Luis Castro Ureña, de Costa Rica, y Emilio Bello Codesido, de Chile,que formaron el Tribunal de Arbitraje que fijó la línea divisoria, debiendo el Poder Ejecutivo, por el órgano de Relaciones Exteriores, expresarlo adecuadamente y en lo particular, a cada una de las personas mencionadas por estar ya desintegrado dicho Tribunal.
Artículo 4°. El presente Decreto entrará en vigor desde la fecha de su publicación.
Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el cinco de abril de mil novecientos treinta y tres.
Juan J. Ortega, presidente
C. Enrique Larraondo, secretario
F. Hernández de León, secretario7
BIBLIOGRAFIA:
Rodríguez Beteta, Virgilio (1969) “No es guerra de hermanos sino de bananos; cómo evité la guerra en Centroamérica en 1928“. Guatemala: Universidad de San Carlos.
El presidente de El Salvador, Doroteo Vasconcelos, nombrado general en Jefe
La ciudad de Santa Ana en El Salvador, próxima a la frontera con Guatemala. Desde aquí envió el presidente salvadoreño Doroteo Vasconcelos el oficio declarando la guerra a Guatemala. En el recuadro: retrato de Vasconcelos que aparece en una estampilla postal de El Salvador. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras la conferencia con Juan Lindo en Ocotopeque el 4 de enero de 1851 en la que sellaron su alianza contra el gobierno conservador de Mariano Paredes en Guatemala, se reunieron allí los militares liberales que tenían resentimiento en contra el Comandante de las Fuerzas de Guatemala, el general Rafael Carrera, entre ellos el francés Isidoro Saget, y los generales Santos Guardiola y Francisco Ferrera.1
Mientras tanto en Metapán, en el lado salvadoreño de la frontera con Guatemala, se reunieron los generales Trinidad Cabañas y Gerado Barrios, quienes habían participado en la fallida invasión de Francisco Morazán contra Guatemala en marzo de 1840. Estos militares estaban ansiosos por entrar como vencedores a la Ciudad de Guatemala tras la derrota que sufrieron frente a las tropas de Carrera en ese oportunidad.1
La prensa salvadoreña estimulaba los ánimos contra el gobierno guatemalteco, y las proclamas de los gobernantes de El Salvador y Honduras enardecieron los patriotismos aún más. Ambos países estaban seguros de que iban a ganar la batalla que se aproximaba, pues contaban con diez jefes militares, entre mariscales y generales, que tomaron el mando de las diferentes divisiones, mientras que el presidente salvadoreñ, Doroteo Vasconcelos, quedaba al frente del mando supremo.1
Así pues, ya con todos estos preparativos listos, Vasconcelos envió el siguiente oficio a la Cancillería Guatemalteca, el cual partió el 16 de enero:
«Ejército unido de Honduras y El Salvador. Del General en Jefe. Santa Ana, enero 15 de 1851.
Señor Ministro de Relaciones del Supremo Gobierno de Guatemala.
He llegado a esta ciudad a hacerme cargo del mando en jefe del ejército conforme a la Constitución de El Salvador, y vengo plenamente autorizada para entenderme con su gobierno en todo lo que conduzca al objeto que ha puesto en armas a los de estos Estados.
En tal concepto, y para manifestar a esa administración los motivos de esta conducta, y de proponer los medios de evitar la confusión de sangre, dirigiré a usted un oficio en que se expliquen con claridad. Irá conduciéndolo un oficial, para el cual espero se digne usted expedir un salvo conducto, si es que su gobierno está anuente a recibir la citada explicación. Y en tal caso, la contestación y el pasaporte podrá venir por extraordinario violento, dirigido a la Administració de correos de esta ciudad en donde será pagado. Tengo el honor de suscribirme de Ud.,
Doroteo Vasconcelos2
Pero el correo que portaba el oficio de Vasconcelos llegó a la Ciudad de Guatemala hasta el 21 de enero, y para entonces ya las tropas del Ejército Unido de El Salvador y Honduras se había movilizado a la frontera con Guatemala, a la que invadieron al día siguiente, entrando por Chingo en la frontera en Jutiapa y El Salvador.3
El general presidente Paredes encomendó entonces la tarea de defender a Guatemala al Comandante de las Fuerzas Armadas, quien salió de inmediato con sus tropas a detener a los invasores. Se preparaba entonces el escenario para la Batalla de la Arada, que ocurrió el 2 de febrero.3
En las Convenciones de Washington las repúblicas centroamericanas firman el Tratado General de Paz y Amistad para tratar de evitar que ocurran golpes de estado en la región.
Edificio «Panamerican Union» en Washington, D.C. En este edificio se guardó el original del Tratado General de Paz y Amistad de los países Centroamericanos en 1923. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
A instancias del gobierno de los Estados Unidos, las naciones centroamericanas se reunieron en Washington para celebrar un Tratado General de Paz y Amistad. Los Estados Unidos esperaban con este tratado mantener un mejor control de la región, intentando por este medio que no hubiera golpes de estado ni revoluciones.1 El Tratado estuvo vigente hasta 1934 y con base en él, el gobierno de los Estados Unidos no reconoció al gobierno de facto del general Manuel María Orellana, que asumió el poder el 17 de diciembre de 1930 luego de derrocar al presidente interino, Baudilio Palma,2 y el gobierno del general Jorge Ubico cerró sus fronteras a los campesinos que huían de El Salvador luego de un alzamiento comunista en ese país en 1932.3
El tratado se reproduce a continuación por su relevancia histórica:1
LAS CONVENCIONES DE WASHINGTON- TRATADO GENERAL DE PAZ Y AMISTAD
Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, deseando continuar las buenas relaciones de amistad que han existido entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de una situación de paz en la América Central, han tenido a bien celebrar un Tratado General de Paz y Amistad, y, al efecto, han nombrado Delegados, a saber:
GUATEMALA, a los Excelentísimos señores Don Francisco Sánchez Latour y Licenciado Don Marcial Prem;[…]
En virtud de la invitación hecha al Gobierno de los Estados Unidos de América por los Gobiernos de las cinco Repúblicas de Centro América, estuvieron presentes en las deliberaciones de la Conferencia, como Delgados del Gobierno de los Estados Unidos de América, los Honorables Señores Charles E. Hughes, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y Sumner Welles, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.
Después de comunicarse sus respectivos plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, los Delegados de los cinco Estados de la América Central, reunidos en Conferencia sobre Asuntos Centroamericanos en Washington, han convenido en llevar a efecto el propósito indicado de la manera siguiente:
Artículo I: Las Repúblicas de Centro América consideran como el primordial de sus deberes, en sus relaciones mutuas, el mantenimiento de la paz; y se obligan a observar siempre la más completa armonía y a resolver los desacuerdos o dificultades que puedan sobrevenir entre ellas, de conformidad con las Convenciones que en esta fecha han suscrito para el establecimiento de un Tribunal Internacional Centroamericano y para el establecimiento de Comisiones Internacionales de Investigación.
Artículo II: Deseando asegurar en las Repúblicas de Centro América los benéficos que se derivan de la práctica de las instituciones libres y contribuir al propio tiempo a afirmar su estabilidad y los prestigios de que deber rodearse, declarán que se considera amenazante a la paz de dichas Repúblicas todo acto, disposición o medida que altere en cualquiera de ellas el orden Constitucional, ya sea que proceda de algún Poder público, ya de particulares.
En consecuencia, los Gobiernos de las Partes Contratantes no reconocerán a ninguno que surja en cualquiera de las cinco Repúblicas por un golpe de estado o de una revolución contra un gobierno reconocido, mientras la representación del pueblo, libremente electa, no haya reorganizado el país en forma constitucional. Y aun en este caso se obliga a no otorgar el reconocimiento si alguna de las personas que resultaren electas Presidente, Vicepresidente o Designado estuviere comprendida en cualquiera de los casos siguientes:
Si fuere el jefe o uno de los jefes del golpe de estado o de la revolución; o fuere por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente o hermano de alguno de ellos.
Si hubiese sido Secretario de Estado o hubiese tenido alto mando militar al verificarse el golpe de estado o la revolución o al practicarse la elección, o hubiese ejercido ese cargo o mando dentro de los seis meses anteriores al golpe de estado, revolución o elección. (Nota de HoyHistoriaGT: esto hubiera dejado sin reconocimiento al presidente de Guatemala, general José María Orellana, quien había llegado al poder por un golpe de estado patrocinado por la estadounidense United Fruit Company en 1921).
Tampoco será reconocido, en ningún caso, el gobierno que surja de elecciones recaídas en un ciudadano inhabilitado expresa e indubitablemente por la Constitución de su país para ser electo Presidente, Vicepresidente o Designado.
Artículo III Las Partes Contratantes se obligan a constituir ante cada una de las otras agentes diplomáticos o consulares.
Artículo IV Ningún Gobierno de Centro América podrá, en caso de guerra civil, intervenir a favor ni en contra del Gobierno del país donde la contienda tuviere lugar.
Artículo V Las Partes Contratantes se obligan a mantener en sus respectivas Constituciones el principio de no reelección del Presidente y Vicepresidente de la República; y aquellos en cuya Constitución se permita esa reelección se obligan a provocar la reforma constitucional en ese sentido en la próxima reunión del Poder Legislativo después de la ratificación del presente Tratado. (Nota de HoyHistoriaGT: en Guatemala, a pesar de este tratado, el general Orellana buscaría su reelección en 1926, pero no la consiguió porque murió en circunstancias sospechosas en septiembre de ese año).
Artículo VI Los nacionales de una de las Partes Contratantes, residentes en el territorio de cualquiera de las otras, gozarán de los mismos derechos civiles de que gozan los del propio país. Se considerarán como ciudadanos en el país de su residencia si manifestaren su voluntad de serlo y reuniesen las condiciones que exijan las correspondientes leyes constitutivas.
Los no naturalizados estarán exentos en todo tiempo de todo servicio militar. Tampoco podrán ser admitidos en dicho servicio sin el previo consentimiento de su Gobierno, salvo el caso de guerra internacional con un país no centroamericano. También estarán exentos de todo empréstito forzoso o requerimiento militar y no se les obligará por ningún motivo a pagar más contribuciones o impuestos ordinarios o extraordinarios que aquellos que pagan los naturales.
Artículo VII Los ciudadanos de los países signatarios que residan en el territorio de los otros gozarán del derecho de propiedad literaria, artística o industrial en los mismos términos y sujetos a los mismos requisitos que los naturales.
Artículo VIII Las naves mercantes de cada uno de los países signatarios se considerarán en los mares, costas, y puertos de los otros como naves nacionales; gozarán de las mismas exenciones, franquicias, y concesiones que éstas y no pagarán otros derechos ni tendrán otros gravámenes que los establecidos para las embarcaciones del país respectivo.
Artículo IX Los Gobiernos de las Repúblicas Contratantes se comprometen a respetar la inviolabilidad del derecho de asilo a bordo de los buques mercantes de cualquiera nacionalidad surtos en sus aguas. No podrá extraerse de dichas embarcaciones sino a los reos de delitos comunes, por orden del Juez competente y con las formalidades legales. A los perseguidos por delitos políticos o delitos comunes conexos con los políticos, no se les podrá extraer en ningún caso.
Artículo X Los Agentes diplomáticos y consulares de las Repúblicas Contratantes en los países extranjeros prestarán a las personas, buques y demás propiedades de los ciudadanos de cualquiera de ellas, la misma protección que a las personas, buques y demás propiedades de sus compatriotas, sin exigir por sus servicios otros o mayores derechos que los acostumbrados respecto de sus nacionales.
Artículo XI Habrá entre las Partes Contratantes un canje completo y regular de toda clase de publicaciones oficiales.
Artículo XII Los instrumentos públicos otorgados en una de las Repúblicas Contratantes serán válidos en las otras, siempre que estén debidamente autenticados y que en su celebración se hayan observado las leyes de la República de donde proceden.
Artículo XIII Las autoridades judiciales de las Repúblicas Contratantes darán curso a las requisitorias en materia civil, comercial o criminal, concernientes a citaciones, interrogatorios y demás actos de procedimiento o instrucción, exceptuando las requisitorias en materia criminal cuando el hecho que las motive no constituya delito en el país requerido.
Los demás actos judiciales, en materia civil o comercial, procedentes de acción personal, tendrán en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes igual fuerza que los de los tribunales locales, y se ejecutarán del mismo modo, siempre que se declaren previamente ejecutoriados por el Tribunal Supremo de la República en donde han de tener ejecución lo cual se verificará si llenaren las condiciones esenciales que exige su respectiva legislación y conforme a las leyes vigentes en cada país para la ejecución de las sentencias.
Artículo XIV Cada uno de los Gobiernos de las Repúblicas de Centro América, en el deseo de mantener una paz permanente, conviene en no intervenir, en ninguna circunstancia, directa o indirectamente, en los asuntos políticos internos de otra República Centroamericana, y en no permitir que persona alguna, ya sea nacional, centroamericana o extranjera, organice o fomente trabajos revolucionarios dentro de su territorio contra un Gobierno reconocido de cualquiera otra República Centroamericana. Ninguno de los Gobiernos Contratantes permitirá a las personas que estén bajo su jurisdicción que organicen expediciones armadas o tomen parte en las hostilidades que surjan en un país vecino o suministren dinero o pertrechos de guerra a las partes contendientes. Los Gobiernos Contratantes se comprometen a adoptar y dictar las medidas eficaces, compatibles con la Construcción política de su país, que fueren necesarias para evitar que se efectúen actos de esta naturaleza dentro de su territorio.
Inmediatamente después de ratificado este Tratado, los Gobiernos Contratantes se comprometen a presentar a sus respectivos Congresos los proyectos de ley necesarios para el debido cumplimiento de este artículo.
Artículo XV Las Partes Contratantes se obligan a no celebrar entre ellas, por ningún motivo, pactos, convenios o acuerdos secretos y en tal virtud, todo pacto, convenio o acuerdo entre dos o más de las Partes Contratantes será publicado en el periódico oficial de cada uno de los Gobiernos interesados.
Artículo XVI Estando resumidas o convenientemente modificadas en este Tratado las disposiciones de los firmados en diversas Conferencias Centroamericanas por los cinco Países Contratantes, se declara que todos quedan sin efecto y derogados por el actual cuando sea definitivamente aprobado y canjeado.
Artículo XVII El presente Tratado entrará en vigor para las Partes que lo hayan ratificado desde que concurran las ratificaciones de por lo menos tres de los Estados firmantes.
Artículo XVIII El presente Tratado estará en vigor hasta el primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro, no obstante denuncia anterior o cualquier otro motivo. Del primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro en adelante continuará vigente hasta un año después de la fecha en que una de las partes obligadas notifique a las otras su intención de denunciarlo. La denuncia de este Tratado por una o dos de dichas Partes obligadas lo dejará vigente para las que habiéndolo ratificado no lo hubieren denunciado siempre que éstas fueren por lo menos tres. Si dos o tres Estados obligados por este Tratado llegaren a formar una sola entidad política, el mismo Tratado se considerará vigente entre la nueva entidad y las Repúblicas obligadas que permanecieren separadas, mientras éstas sean por lo menos dos. Cualquiera de las Repúblicas de Centro América que dejare de ratificar este Tratado, podrá adherir a él mientras esté vigente.
Artículo XIX El canje de las ratificaciones del presente Tratado se hará por medio de comunicaciones que dirigirán los Gobiernos al Gobierno de Costa Rica, para que éste lo haga saber a los demás Estados Contratantes. El Gobierno de Costa Rica les comunicará también la ratificación si la otorgare.
Artículo XX El ejemplar original del presente Tratado, firmado por todos los delegados plenipotenciarios, quedará depositado en los archivos de la Unión Panamericana establecida en Washington. Una copia auténtica de él será remitida por el Secretario General de la Conferencia a cada uno de los Gobiernos de las Partes Contratantes.
Firmado en la ciudad de Washington, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos veintitrés.
Department of State. (1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 172-175.
Se firma el tratado de paz en el buque «Marblehead», con el que Guatemala ratifica su hegemonía en el Istmo, y se inicia de hecho la injerencia de los Estados Unidos en la región.
Los representantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, reunidos con el embajador de los Estados Unidos Leslie Combs y con el de México, Federico Gamboa, a bordo del crucero estadounidense «Marblehead» para la firma del tratado de paz de 1906. En el recuadro: el embajador Combs, de los Estados Unidos. Imágenes tomadas de «La Locomotora«.
Tras la fortuita victoria del ejército guatemalteco sobre las fuerzas salvadoreñas comandadas por el general Tomás Regalado el 9 de julio de 1906, la situación del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera fue inmejorable.1 Hasta ese momento, las potencias de Norteamérica, Estados Unidos y México, (en donde gobernaban los presidentes Theodore Roosevelt y Porfirio Díaz, respectivamente) tenían un gran interés en mantener el control de la región centroamericana, y por ello el gobierno de Díaz había apoyado las invasiones desde El Salvador y desde el propio México para derrocar al gobierno de Estrada Cabrera, el cual se había aliado a los Estados Unidos desde el principio para contrarrestar la amenaza de una invasión inglesa.2 Dicha invasión, era una fuerte posibilidad, dado el grave endeudamiento que dejó su antecesor, el fallecido general José María Reina Barrios, debido a los grandiosos proyectos que había emprendido durante su gobierno y que quedaron inconclusos tras el desplome de la economía guatemalteca en 1897.3
Con el triunfo de las armas de Guatemala, la posición del presidente Roosevelt en la región quedó consolidada; aunque ya era más poderosa después del triunfo de los Estados Unidos contra España por las islas de Cuba y Puerto Rico en 1898, y por la construcción del Canal Interoceánico después de independizar a Panamá de Colombia, todavía no había controlado al resto de países centroamericanos, que hasta 1906 habían estado más allegados al régimen porfirista que al de los Estados Unidos. De hecho, a los presidentes centroamericanos les llamaban despectivamente «porfiritos«.4
Reconociendo su derrota, Díaz no tuvo más remedio que convocar a una reunión en aguas neutrales entre los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, junto con enviados de los Estados Unidos y México. Dicha reunión se llevó a cabo en el crucero estadounidense «Marblehead» en presencia del embajador Leslie Combs, de los Estados Unidos, y del embajador Federico Gamboa, de México, y los delegados firmaron un convenio que terminaba la contienda suscitada por la invasión de Regalado.5 Esto significó un gran triunfo para los Estados Unidos y para Estrada Cabrera, ya que los primeros y sus poderosas transnacionales impusieron sus condiciones en la región, mientras que el segundo, seguiría siendo presidente de Guatemala hasta que ya no le sirvió a los intereses norteamericanos en 1920.6
La Ilustración Guatemalteca (15 de mayo de 1897). «Resumen quincenal». La Ilustración Guatemaleca (Guatemala: Siguere, Guirola y Cía) I (20).
Buchenau, In the Shadow of the Giant, p. 57.
Estrada Paniagua, Felipe (28 de julio de 1906). «Paz». La Locomotora (Guatemala: Pacheco) I (2) pp. 1,2.
Dosal, Paul (1995). Doing Business with the Dictators: A Political History of United Fruit in Guatemala, 1899-1944 (en inglés). Nueva York: Rowman and Littlefield.
La Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América emite un decreto separando oficialmente los tres poderes públicos.
Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala aproximadamente en 1885. Si bien los diputados constituyentes separaron los poderes del Estado en 1823, hicieron éfasis en que la única religión oficial era la Católica. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
En un afán por establecer un gobierno similar al que pusieron las trece colonias inglesas que formaron los Estados Unidos inicialmente, en el que había balance de poderes, los diputados ante la Asamblea Nacional constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América emitieron el siguiente decreto separando los poderes públicos de la recién independizada región:1
Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, en consecuencia de la solemne declaración que hemos pronunciado en primero del corriente, confirmando y sancionando el inconcuso e imprescriptible derecho de los puestos nuetros comitentes a su absoluta libertad e independencia e todo extraño poder; en el nombre y por la autoridad de los mismos pueblos; nos declaramos legítimamente constituidos en asamblea nacional constituyente, y que en ella reside el ejercicio de la soberanía.
Declaramos igualmente:
Que los altos poderes de este estado deben ser y son divididos en la manera que sigue:
Residirá en esta asamblea indivisiblemente el ejercicio del poder legislativo.
El del poder ejecutivo, en la persona o personas en quienes se delerage, y conforme al reglamento que al efecto se expedirá.
El del poder judicial, en los tribunales y juzgados establecidos o que se establezcan.
Que la religión de las provincias unidas, es la católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquiera otra. En cuya consecuencia se manifestará oportunamente a la santa sede apostólica, por una misión especial, o del modo que más convenga: que nuestra separación de la antigua España, en nada perjudica ni debilita nuestra unión a la santa sede, en todo lo concerniente a la religión santa de Jesucristo.
Que los diputados de esta asamblea son inviolables por sus opiniones, y en ningun tiempo ni por autoridad alguna, podrán ser molestados ni reconvenidos, por las que durante su encargo manifestaren, de palabra o por escrito.
Que las provincias unidas reconocerán la deuda pública nacional; y la asamblea hipotecará, para garantir los capitales y el pago de los interes, los ramos de rentas y fincas que se acuerden, luego de que esté formada la liquidación de dicha deuda.
Ratificamos y confirmamos el acuerdo del 15 de septiembre de 1821, que dispuso se continuase observando la constitución, decretos y leyes de la antigua España, en todo lo que no sean opuestos a la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes y en todo lo que sea adaptable con arreglo a los principios sancionados en la declaración solemne, pronunciada en 1 del corriente, y en el presente decreto; entendiéndose todo por ahora, y mientras la asamblea no disponsa otra cosa.1
El hecho de que la religión oficial era la religión católica, y que no se aceptaba ninguna otra no fue un asunto que pudiera tomarse a la ligera en la vida de la nueva república centroamericana. Cuando el pensamiento liberal empezó a cobrar fuerza entre los criollos no-aristócratas, los privilegios de los clérigos fueron atacados, y llegó un momento en que hubo un golpe de estado en Guatemala en 1826, para remover a las autoridades liberales y poner en su lugar a gobernantes conservadores afines al clero. Este golpe de estado desencadenó la Guerra Civil Centroamericana, que resultó en la invasión del general liberal Francisco Morazán en abril de 1829, que no solamente destituyó a las autoridades federales y a las estatales de Guatemala, sino que los redujo a prisión, les confiscó sus bienes, y los envió al exilio, junto con los miembros del clero regular y el arzobispo Ramón Casaus y Torres.3 A partir de ese momento, los curas párrocos empezaron a atacar a los liberales como «enemigos de la verdadera religión» y al cabo de ocho años, debido a los desaciertos legales del gobierno de Mariano Gálvez (en especial sus Códigos de Livingston que promovían el matrimonio civil y el divorcio) y a los negocios que tenían con los «herejes británicos» estalló una guerra campesino-católica en contra del gobierno liberal.4
Por otra parte, el uso de la constitución, decretos y leyes de la antigua España que se menciona en el inciso 5.°, significaba que se iba a mantener la misma administración, la cual afectaba los intereses de la población indígena, tal y como lo fue durante la época colonial.
— (24 de marzo de 1926) “El capítulo de las efemérides: 24 de febrero de 1838, Informe de las Conferencias de Mataquescuintla”. Guatemala: Nuestro Diario.
