28 de febrero de 1889: el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas firma un contrato para instalar un cable telegráfico submarino en la costa del Atlántico

28febrero1889
Livingston, Izabal en 1890.  Aquí se hizo la instalación del cable submarino para el telégrafo ya que en esa época todavía no se había construido Puerto Barrios.  En el recuadro el general presidente Manuel Lisandro Barillas.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La comunicación telegráfica llegó a Guatemala la década de 1880.  Luego de la construcción de la línea del Pacífico, el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas aprobó el siguiente contrato para un cable submarino en la Costa del Atlántico el 28 de febrero de 1889:

“Contrato celebrado entre el Ministro de Fomento de la República de Guatemala y el señor V. cuenca Creus, para la construcción de un cable telegráfico submarino en la costa del Atlántico.

El Ministro de Fomento de la República de Guatemala, debidamente autorizado por el Presidente de la República por una parte, y por la otra el señor V. Cuenca Creus, han concluido el presente contrato:

  1. El Gobierno de la República de Guatemala concede al señor V. Cuenca Creus, concesionario del cable submarino entre Venezuela y los Estados Unidos, el permiso para establecer una comunicación telegráfica, por medio de uno o más cables submarinos, entre un punto de la costa de Guatemala sobre el mar Atlántico y las posesiones de las Antillas y Venezuela por una parte y con Nueva York y demás países del mundo por la otra, pudiendo dicho cable tocar en uno o varios puntos de Centro y Sur América que no tengan actualmente establecida la comunicación telegráfica submarina directa con Guatemala por el lado del Atlántico.
  2. Del punto de inmersión los referidos cables serán unidos por cuenta del contratista a las líneas terrestres de la República.
  3. El señor V. Cuenca Creus se compromete a unir el cable establecido en un punto de la costa Norte de Guatemala con el cable trasatlántico en proyecto entre la isla de Cuba y España y Francia por Canarias, así que se realice este proyecto.  El gobierno cederá a la Empresa, sin costo alguno, treinta varas cuadradas de terreno público para colocar sus estaciones en el lugar conveniente para el establecimiento del cable, teniendo la preferencia el Puerto de Livingston.  También cederá la parte que se require para la construcción de la casita en que se hará el examen eléctrico.
  4. El Gobierno de guatemala garantiza al señor V. Cuenca Creus la suma de veinticinco mil pesos fuertes de ingresos anuales, y en el caso de que el total de ingresos fuere inferior a esta suma, el Tesoro Nacional abonará al señor Cuenca el déficit que resultare hasta la cantidad garantizada.  Para el efecto la oficina telegráfica del Gobierno, con la cual está conexionada la del cable, llevará de acuerdo con ésta, la cuenta de cablegramas, cuenta que visada por la Superintendencia del Telégrafo Nacional, servirá al gobierno para la liquidación anual con la empresa del cable.
  5. El precio de los telegramas será fijada de común acuerdo entre las dos partes contratantes, según el desarrollo y productos que con el tiempo obtenga la empresa, no pudiendo exceder las tarifas que establezca el señor V. Cuenca Creus de los precios que abona actualmente el público por la línea del Pacífico.  El Gobierno pagará mensualmente a la empresa el valor de los cablegramas, tanto particulares como oficiales, que se transmitan por medio de su telégrafo.
  6. Los cablegramas oficiales, o sean los mensajes que el personal del Gobierno, sus empleados o agentes, hagan transmitir por razón del servicio público, gozarán de una rebaja de treinta y tres y tercio por ciento de la tarifa de los cables de la empresa.  Esta ventaja en favor del Gobierno y de sus funcionarios públicos, regirá mientras dure el presente contrato.  Si la empresa decidiere transmitir por cable noticias públicas, y al Gobierno conviniere recibirlas, pagará por copia de ellas cien pesos mensuales.  Se entiende que las noticias serán recibidas diariamente y contendrán lo esencial de los telegramas de la prensa de los Estados Unidos y Europa.
  7. Si por cualquier evento el servicio del cable se interrumpiere por más de tres días, el Gobierno descontará de la garantía la parte proporcional al tiempo que dure la interrupción.
  8. El Gobierno de la República procurará garantizar por convenios internacionales la neutralidad del cable submarino del Atlántico.
  9. La duración del presente contrato será de veinte años, a contar desde la fecha en que se inaugure la línea telefráfica submarina; pero se tendrá como caducado, si dicha inauguración no ha tenido efecto dentro de dos años, a partir de la fecha en que se firme.
  10. La inmersión del cable, o en caso de ser varios, del primer cable del Atlántico, deberá efectuarse en el plazo de dos años.
  11. Cualquier interrupción en la comunicación telegráfica garantizada por el presente contrato, que exceda de seis meses, será considerada como un abandono de la empresa, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificados.
  12. Toda cuestión que suscite entre las partes contratantes, con respecto a sus derechos y obligaciones, será sometida a la decisión de los tribunales de la República y resulta por sus leyes.
  13. El Gobierno de gutaemala hará extensivas al señor V. Cuenca Creus todas las ventajas concedidas o que se concedieorn a otras empresas de la misma naturaleza.
  14. El señor V. Cuenca Creus podrá traspasar el presente contrato a otra u otras personas, o a una sociedad legalmente establecida, dando oportuno aviso al Gobierno; pero en ningún caso a un Gobierno extranjero o a agentes o a representantes de éste.

En fe de lo cual, y para debida constancia se firman dos de un tenor en Guatemala, a veintiocho días de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.”


BIBLIOGRAFIA:


4 de febrero de 1976: catastrófico terremoto asola a Guatemala, causando veintitres mil muertos y setentisiete mil heridos

4febrero1976
Derrumbe de una  residencia a la orilla de un barranco en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.  En el recuadro: una vivienda de adobe derrumbada en el Centro Histórico de la ciiudad.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 4 de febrero de 1976 a las 3:03:33 am, un poderoso terremoto azotó a Guatemala. La zona más afectada cubría alrededor de 30.000 km², y comprendía a varios departamentos del país. Al igual que como ocurrió durantes los terremotos de 1917-18, aparecieron grietas en el suelo en muchos lugares del país, y algunas llegaron a medir hasta un metro de ancho; también la cima de algunos cerros se agrietó y luego los cerros se desmoronaron, soterrando poblados enteros y vías de acceso. Numerosos derrumbes en los taludes de relleno y en los taludes de corte en las carreteras​ dejaron numerosas comunidades incomunicadas, especialmente en la carretera al Atlántico, la carretera entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala y la carretera CA-I entre Patzún y Panajachel. Muchos puentes, torres de alta tensión, postes de luz y de teléfonos colapsaron o se destruyeron. Los rieles de las líneas de los ferrocarriles se retorcieron como culebras.

El sismo dañó prácticamente a todo el país, aunque los lugares más afectados fueron:

  • Chimaltenango: fue el departamento más afectado, registrando la mayoría de decesos.
    • San Martín Jilotepeque: quedó completamente en ruinas y únicamente sobrevivió la fuente colonial de la plaza central.​
    • Carretera CA-I (carretera Interamericana): sufrió severos daños entre Patzicía, Patzún, Godínez y Panajachel. En el punto intermedio entre Godínez y Patzún, en el lugar conocido como Los Chocoyos, hubo un derrumbe de tal magnitud que sepultó a varias casas con todo y sus habitantes.
    • Mixco Viejo: estas ruinas precolombinas sufrieron serios daños estructurales.
  • Departamento de Guatemala:
    • Ciudad de Guatemala: la ciudad y sus alrededores sufrieron graves daños, debido a la sobrepoblación y a lo precario de las viviendas, a pesar de estar lejos del epicentro del terremoto. La periferia de la ciudad quedó más destruida que el centro debido a que las casas estaban hechas de adobe. Al igual y como ocurrió con los terremotos de 1917-18 los templos católicos resultaron seriamente afectados: en la Catedral Metropolitana colapsó la cúpula elíptica que tenía,​ la Iglesia la Recolección y la Ermita del Carmen en el cerro del mismo nombre sufrieron daños considerables. Los centros de salud se quedaron pronto sin medicinas de primeros auxilios y sin alimentos, pues el sismo cortó el suministro de agua potable​ y los alimentos se agotaron rápidamente pues tanto las tiendas de abarrotes como las panaderías permanecieron cerradas. Los damnificados tuvieron que permanecer en las calles ya que hasta los hospitales dejaron afuera a sus pacientes, pues los edificios estaban en malas condiciones​ y se percibía el olor nauseabundo que provenía de desagües rotos.
    • San Juan Sacatepéquez, la municipalidad se derrumbó parcialmente.
    • Mixco: la estación de policía quedó inhabitable pero continuó operando; los agentes de la policía en las primeras horas que siguieron al terremoto encontraron ciento cincuenta muertos y doscientos heridos. Ante la gravedad de la situación y que la estructura del recinto estaba colapsada, el juez de la localidad autorizó a que los detenidos que tuvieran faltas leves fueran liberados.
  • El Progreso:
    • Carretera al Atlántico, la principal vía de comunicación del país, sufrió daños principalmente entre el kilómetro cero en el palacio Nacional y el kilómetro 80 -en El Rancho de San Agustín dejando incomunicados a Sanarate, Guastatoya y los poblados intermedios con la ciudad de Guatemala.​
  • Sacatepéquez :
    • Antigua Guatemala: el Palacio de los Capitanes Generales (que había sido reconstruido a finales de la década de 1880) resistió el temblor con algunos daños y únicamente hubo que demoler el muro de la fachada oriental. También hubo destrozos en la Parroquia de San José Catedral, el palacio del Ayuntamiento, las iglesias del Carmen, La Compañía de Jesús(que entonces albergaba un mercado), San Francisco y San Sebastián, así como casas de valor arquitectónico.
    • La carretera entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala también resultó seriamente dañada.
  • Izabal:
    • Puerto Barrios: las instalaciones de la portuaria quedaron seriamente dañadas
    • Los Amates: varias estelas mayas de Quiriguá se cayeron.

Aunque inicialmente el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García reportó que las pérdidas de vidas humanas eran mínimas para calmar a la población, a medida que se recuperaban los cuerpos de las víctimas la verdadera magnitud del desastre quedaba al descubierto. El gobierno tuvo que enterrar a numerosas víctimas como XX en fosas comunes, debido a la enorme cantidad de muertos y era la única forma de evitar una epidemia. El resultado final, indicó que hubo veintitrés mil personas fallecidas, setentisiete mil gravemente heridas, mientras que alrededor de doscientos cincuenta y ocho mil casas fueron destruidas, dejando a cerca de 1,2 millones de personas desplazadas. Y es que, a diferencia de lo ocurrido en 1917-18, no hubo un sismo inicial que advirtiera a la población y muchos murieron soterrados por sus propias viviendas; los sobrevivientes armaron albergues temporales en las calles junto a paredes inestables, que cedieron con las fuertes réplicas del sismo, provocando aún más víctimas mortales, cuando les cayeron paredes de edificios dañados. Después de eso las personas movieron sus albergues al centro de las calles, a parques o al primer terreno baldío que pudieron encontrar.

El riesgo de una epidemia de fiebre tifoidea se logró evitar porque cuando se suspendió el servicio de agua potable, el gobierno emitió boletines radiales de información sobre como prevenir enfermedades derivadas del consumo de agua sin tratamiento.​ Tampoco hubo un incremento en problemas psicosomáticos entre los sobrevivientes, a pesar de la experiencia traumática que padecieron. Los problemas que sí hubo fueron: diarrea, problemas pulmonares y oculares, estos últimos por la cantidad de polvo que se levantó de los escombros debido a las frecuentes réplicas.

El pillaje también se desató, y ante la falta de elementos de seguridad pues éstos estaban ocupados con las labores de ayuda, se organizaron patrullas civiles para evitarlo;. Los miembros de las patrullas eran vecinos voluntarios que estaban armados como podían y no llevaban a los capturados a las autoridades sino que ellos mismos se encargaban de escarmentarlos.

A diferencia del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera que fue totalmente inepto para afrontar la catástrofe de 1917-18, el gobierno del general Laugerud García afrontó la situación eficientemente y recuperó al país en cuestión de dos años.


BIBLIOGRAFIA:

 

 


12 de enero de 1926: se agrava conflicto limítrofe entre Guatemala y Honduras promovido por las compañías fruteras estadounidenses United Fruit Company y Cuyamel

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Ingreso a las plantaciones de BANDEGUA, junto al sitio arqueológico Quiriguá en Izabal, Guatemala.  BANDEGUA es parte de Del Monte Fresh Produce, una de las compañías que se formó cuando el gobierno de Estados Unidos obligó a la United Fruit Company a cerrar en la década de 1970.  En el recuadro: el diplomático Virgilio Rodríguez Beteta, quien evitó la guerra entre Guatemala y Honduras en 1928. Imágenes tomada de Wikimedia Commons.

El papel que jugó la compañía frutera transnacional United Fruit Companyen los gobiernos liberales del siglo XX ha sido borrado de la historia oficial, al punto que los largos gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico han sido representados como altamente nacionalistas, cuando en realidad obedecían a los intereses de la UFCO, que era su principal apoyo económico.

En la época en mención la línea divisoria de la inhóspita región entre Guatemala y Honduras no estaba claramente definida; de hecho, el ilustre teniente coronel e ingeniero Francisco Vela, constructor del Mapa en Relieve de Guatemala, murió en 1907 víctima del paludismo que contrajo mientras trabajaba en la comisión de límites con Honduras.  Y es que el conflicto se originaba porque para Guatemala, la línea divisoria era la cima de la cordillera del Merendón, mientras que para los hondureños, lo era la margen derecha del río Motagua y los mapas oficiales de dicha república mostrabran como suyos los territorios disputados entre las márgenes derechas del río Polochic y el Lago de Izabal y las del río Motagua.  En otras palabras, la costa Atlántica de Guatemala se reducía únicamente a los pocos kilómetros comprendidos entre Livingston y Sarstún, por lo que perdería dos mil millas cuadradas de territorio.

Para 1918, la estadounidense “Cuyamel Fruit Company”, con sede en Honduras, intentó obtener una concesión del gobierno guatemalateco  la costa norte de Honduras estaba en poder de compañías extranjeras, y la región en disputa con Guatemala estaba ocupado por la United Fruit Company.  Y es que mientras Honduras utilizaba como argumento que la regió había sido de Honduras desde la época colonial, el gobierno guatemalteco había otorgado hasta ese fecha setenta y un concesiones a compañías extranjeras, sin que Honduras hubiera protestado hasta ese momento.

Pero cuando la Cuyamel, que sólo tenía concesiones en Honduras, no logró la concesión del gobierno del licenciado Estrada Cabrera para construir 30 millas de ferrocarril en la región, empezó a hacer propaganda en sus periódicos adoptando una posición radical sobre el derecho que Honduras tenía sobre ese territorio.  La UFCO, que tenía muchas de las concesiones otorgadas por el gobierno liberal guatemalteco en el lugar, tuvo una actitud más prudente y se declaró neutral.

El conflicto llegó hasta el gobierno de los Estados Unidos, quien decidió unilateralmente que la zona disputada quedaría bajo la administración directa de la UFCO, con sede en Guatemala y de la Cuyamel Fruit Company, con sede en Honduras, ¡sin que los gobiernos de Honduras y Guatemala pudieran entrometerse en dichas zonas!  Mientras los políticos liberales guatemaltecos  celebraron aquel “logro”, los políticos hondureños protestaron airadamente pues comprendieron que era el principio del dominio real de los estadounidenses en la región.

La situación lejos de mejorar fue escalando y el 12 de enero de 1926, el periódico “Nuestro Diario” de la Ciudad de Guatemala escribió un artículo detallado sobre la situación imperante en la región, exponiendo cómo los gobiernos locales no tenían el control sino que eran las fruteras estadounidenses.

El problema llegó a su climax en 1928, cuando ambas naciones estuvieron a punto de irse a la guerra entre sí por el conflicto limítrofe, ¡a pesar de que los gobiernos locales no tenían jurisdicción en la región en disputa!  Gracias a la oportuna intervención del diplomático y escritor guatemalteco Virgilio Rodríguez Beteta (padre del también escritor Virgilio Rodríguez Macal y quien fungía como embajador de Guatemala en Honduras), la guerra se evitó; Rodríguez Beteta relató cómo resolvió esta situación en su obra “No es guerra de hermanos, sino de bananos; cómo evité la guerra en Centroamérica en 1928“.

Aquel reclamo territorial hondureño terminó definitivamente en 1931, ya que en 1929 la United Fruit Company y la Cuyamel se fusionaron en una sola empresa, dejando el camino libro para que la situación se resolviera mediante el arbitraje.


BIBLIOGRAFIA:

 

  • Funes, Matías (2000) “Los deliberantes; el poder militar en Honduras“. Honduras: Guaymuras.
  • Hernández de León, Federico (13 de enero de 1926) “Problemas Centroamericanos: nuestra cuestión de límites con Honduras“. Guatemala: Nuestro Diario, Talleres SELCA.
  • Rodríguez Beteta, Virgilio (1969) “No es guerra de hermanos sino de bananos; cómo evité la guerra en Centroamérica en 1928“. Guatemala: Universidad de San Carlos.

 


27 de diciembre de 1954: la Asamblea del gobierno de Castillo Armas se reúne de emergencia para restablecer los contratos leoninos que favorecían a la United Fruit Company

28diciembre1954
Tramo del Ferrocarril de Guatemala en la década de 1940.  En esa época el monopolio del ferrocarril lo tenía la companía International Railways of Central America, la cual era una subsidiaria de la United Fruit Company.  En el recuadro: el coronel Carlos Castillo Armas.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 27 de septiembre de 1954 se solicitó a la Asamblea del gobierno de facto del coronel Carlos Castillo Armas que se revisaran los contratos suscritos con la United Fruit Company con el gobierno de Lázaro Chacón el 25 de mayo de 1930 y con el gobierno de Jorge Ubico, el 3 de marzo de 1936.   Por medio de estos contraros, la compañía frutera, y sus subsidiarias (la ferrocarrilera IRCA y la generadora de electricad Electric Bond and Share) fueron exoneradas del pago de impuestos, y habían quedado en una posición privilegiada frente a otras empresas nacionales y extranjeras.  De hecho, los enclaves bananeros en Tiquisate, Escuintla y Bananera, Izabal, estaban unidos por el único ferrocarril que existía en el país, y que era controlado por la IRCA, la cual tenía también el uso exclusivo de los puertos de Champerico, San José y Puerto Barrios por medio de su flota mercante, la Great White Fleet. (Este monopolio del transporte de pasajeros y carga hacía que la UFCO, además de la exoneración de impuestos, fuera la que verdaderamente mandara en el país, y la llevó a un enfrentamiento directo con los gobiernos revolucionarios, especialmente el del coronel Jacobo Arbenz Guzmán).

Al recibir la solicitud, la Asamblea eligió a una comisión específica conformada por los diputados David Vela (quien era director del periódico “El Imparcial“), Oscar Nájera Farfán, Abraham Cabrera Cruz, Ramiro H. Alfaro, Luis Padilla y Guillermo Flores Avendaño (quien luego sería presidente de la República), para que estudiaran los contratos y dictaminaran al respecto.

Al día siguiente, 28 de diciembre, la comisión inusualmente presentó su dictamen de aprobación, junto con contratos adicionales que habían sido firmados el día anterior entre el gobierno de Castillo Armas y la United Fruit Company, los cuales de inmediato fueron enviados de vuelta a la Asamblea para su aprobación final, ya que era urgente para el gobierno liberacionista cumplir sus compromisos con su principal patrocinador antes de que terminara el año.

Así, por medio de aquellos contratos, que en realidad fueron simples modificaciones de los de 1930 y 1936, la UFCO:

  1. Dió por terminado el reclamo que había presentado contra el gobierno de la República por la aplicación de la reforma agraria y la expropiación de parte de sus tierras ociosas.
  2. Daba al Estado otras tierras de menor calidad que quedarían como reserva, y con la condición de que ninguna reforma agraria futura podría afectarlas bajo ningún concepto.
  3. Ya no tenía el compromiso de construir un puerto en el litoral Pacífico, pero quedaba obligada a pagar un impuesto del 30% de las utilidades netas que obtuviere con motivo de todas las actividades que realizare en Guatemala.

La cuestión del pago de impuestos fue crucial en este nuevo decreto.  A pesar de que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos tenían intereses económicos en la UFCO (como el propio secretario de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles, y del embajador de los EEUU ante las Naciones Unidas, John Cabot Lodge), fue muy delicado para el gobierno estadounidenses enterarse que la UFCO no pababa impuestos sobre utilidades en Guatemala, pues iba en contra de la imagen que quería proyectar de libertad y prosperidad.  Por ello, le hizo ver a la UFCO y a Castillo Armas que no iba a permitir la exoneración de impuestos y que tenían que encontrar la manera de llegar a un acuerdo para resarcir a la frutera por los embargos hechos durante la reforma agraria y de que ésta pagara impuestos al estado guatemalteco.


BIBLIOGRAFIA:


28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

24 de noviembre de 1890: el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas se reserva todos los terrenos baldíos en las orillas de los cuerpos de agua del departamento de Izabal

24noviembre1890
La entrada a Río Dulce en 1887, en un grabado del libro “Guatemala, the Land of Quetzal”.  En el recuadro, retrato oficial del presidente Barrilas que se conserva en el Museo Nacional de Historia.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

A fin de contar con la suficiente infraestructura para uso público en la costa Atlántica, a las orillas de los ríos navegables y del lago de Izabal, el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas emitió el siguiente decreto:

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de noviembre de 1890:

Considerando:

Que es conveniente que el Estado pueda disponer en las riberas del lago de Izabal, en las márgenes de los ríos navegables y en las costas, de los terrenos indispensables para usos públicos, el Jefe del Poder Ejecutivo, en observancia del artículo 595 del Código Fiscal,

Acuerda:

Artículo 1.°: El Estado se reserva, para usos públicos, el dominio de los terrenos baldíos comprendidos dentro de las zonas siguientes:

  1. De 200 metros de ancho, contados alrededor y desde la orilla del lago de Izabal;
  2. De 100 metros a cada lado de los ríos navegables, contados desde sus márgenes;
  3. De 500 metros de ancho en las cosas del Atlántico contados desde sus playas.

Artículo 2.°: En consecuencia, en toda escritura de enajenación de terrenos baldíos adyacentes a dichas zonas, se harán constar las reservas del anterior artículo.

Comuníquese.

  • Barillas
  • Anguiano

Con este decreto, práticamente se aseguraba tener a su disposición todos los terrenos a las orillas de los cuerpos de agua del departamento de Izabal, que estaba por convertirse en un importante destino comercial con la construcción de Puerto Barrios y del Ferrocarril del Norte.


BIBLIOGRAFIA:


19 de noviembre de 1844: como parte de la formación de la Compañía Belga de Colonización, se ratifica el tratado sobre sucesión y adjudicación de bienes entre ciudadanos de Guatemala y súbditos de Bélgica

19noviembre1844.png
Mapa del territorio que iba a ocupar la Compañía Belga de Colonización autorizada en 1844.  En el recuadro: la portada del documento donde se formaliza dicha colonia.  Imágenes tomadas de Amérique centrale. Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation. Collection de renseignements publiés ou recueillis par la Compagnie 

Por consejo del obispo Juan José de Aycinena y Piñol, el jefe de Estado de Guatemala, Mariano Rivera Paz le dió a la Compañía Belga de Colonización la región de Izabal en 1843 a perpetuidad a cambio de que la compañía pagara dieciséis mil pesos cada año al gobierno de Guatemala.​ Los colonos tenían que convertirse al catolicismo y adoptar la ciudadanía guatemalteca, pero tenían el privilegio de tener su propio gobierno;​ también se comprometieron a dar al gobierno guatemalteco dos mil fusiles, a construir un puente de metal sobre el río Motagua y a construir un puerto en la bahía de Amatique, en la localidad de Santo Tomás de Castilla. Además de las obras de infraestructura, Aycinena consideraba que la colonia de belgas católicos era una buena contención a las pretensiones de los británicos protestantes y su contrabando comercial en Belice.​

Para facilitar el intercambio de bienes para los colonos belgas, el gobierno de Rivera Paz y del rey de Bélgica suscribieron el siguiente convenio:

La asamblea constituyente del estado de Guatemala,

Habiendo tomado en consideración el tratado celebrado en diez y nueve de julio del corriente año entre su excelencia el presidente del estado, y su majestad el rey de los belgas, cuyo tenor es el siguiente:

Convenio celebrado entre su excelencia el presidente del estado de Guatemala y su majestad el rey de los belgas, para arreglar la manera de suceder y adquirir bienes los naturales de uno y otro pais.

Su excelencia el presidente del estado de Guatemala en Centro América por una parte, y por la otra su majestad el rey de los belgas, deseando arreglar por estipulaciones formales los derechos de los ciudadanos respectivos de ambos países, en cuanto a la trasmisión de bienes, han conferido a este efecto sus plenos poderes, su excelencia el presidente del estado de Guatemala al señor Marcial Zebadúa, decano de la suprema corte de justicia; y su majestad el rey de los belgas, al señor Marcial Cloquet, su cónsul en Guatemala, quienes después de haberse comunicado sus plenos poderes y hallándolos en debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Aitículo 1°. —Los ciudadanos del estado de Guatemala gozarán en toda la extensión del territorio de la Bélgica, el derecho de recoger y trasmitir las herencias ab intestato o testamentarias, de la misma manera que los súbditos belgas, y sin estar sujetos, en razón de su calidad de extranjeros, á ninguna deducción ó impuesto que no sea debido por los naturales.

Recíprocamente, los ciudadanos belgas gozarán en toda la extensión del territorio del estado de Guatemala, del derecho de recoger y trasmitir las herencias ab instestato o testamentarias, de la misma manera que los súbditos de Guatemala, y sin estar sujetos, en razón de su calidad de extranjeros, a ninguna deducción ó impuesto que no sea debido por los naturales. La misma reciprocidad entre los subditos de los dos países existirá en cuanto á las donaciones entre vivos y cualquiera otra manera de adquirir conforme a las leyes. (Nota de HoyHistoriaGT: se prepara aquí entonces el camino para que los belgas en la Colonia de Izabal puedan poseer bienes en el resto del Estado de Guatemala).

Artículo 2°.— -A la exportación de los bienes adquiridos por cualquier título que sea, ya por ciudadanos del estado de Guatemala en la Bélgica, ya por ciudadanos belgas en el territorio del estado de Guatemala, no se exigirá sobre estos bienes, ni en el estado de Guatemala, ni en el reino de la Bélica derecho alguno de los conocidos con los
nombres de ‘jus detractus, gabella hereditaria y census emigrationis’, ni otro cualquiera al que los naturales no estén obligados.

Artículo 3°. — Lo convenido en los artículos anteriores, se extiende no solamente a los derechos allí mencionados que pueden pertenecer al fisco, sino también á todos aquellos cuya percepción correspondiese a algun individuo, comunidad o fundaciones públicas. (Nota de HoyHistoriaGT: obviamente se hace referencia aquí a la Compañía Belga de Colonización que se estableció en Izabal).

Artículo 4°. — El presente convenio será ratiticado por su excelencia el presidente del estado de Guatemala y por su majestad el rey de los belgas, y canjeadas las ratificaciones dentro del término de ocho meses, ó mas pronto si ser pudiere.

En fé de lo cual, los plenipotenciarios respectivos han firmado y sellado el presente convenio, por duplicado original, en la ciudad de Guatemala, el dia diez y nueve de julio del año de gracia de mil ochocientos cuarenta y tres.

  • Marcial Zebadúa.
  • Marcial Cloquet.

Encontrándolo útil y conveniente a los intereses de los habitantes del estado; y de conformidad con el dictámen de la comisión de gobierno, ha decretado: Se aprueba el tratado celebrado entre su excelencia el presidente del estado, y su majestad el rey de los belgas el diecinueve de julio del corriente año.

Pase al gobierno para su publicacion y cumplimiento.

Dado en el salón de sesiones.

Guatemala, nueve de agosto de mil ochocientos cuarenta y tres.

  • José Mariano Rodríguez, presidente.
  • Andrés Andreu, secretario.
  • Manuel Ubico, secretario.
  • Palacio del gobienio. Guatemala, 19 de noviembre de 1844.

Por tanto: ejecútese.

Y por disposición del excelentísimo señor presidente del estado, se imprime, publica y circula.

Guatemala, noviembre 19 de 1844— Pavón.

Sin embargo, las condiciones del área eran inhóspitas y empezaron a mermar rápidamente la salud de los belgas.​ Para 1853, la colonia ya había fracasado, las obras de infraestructura prometidas no se construyeron, y los colonos belgas se habían dispersado al interior de la República de Guatemala, aprovechando el decreto arriba mencionado para hacerse de bienes en la misma.


BIBLIOGRAFIA:


12 de noviembre de 1695: fallece el capitán general Jacinto de Barrios Leal

12noviembre1695
Castillo de San Felipe de Lara.  Ubicado en Bodegas, Izabal a las orillas de Río Dulce y el Lago de Izabal, el castillo fue destruido por los piratas en varias ocasiones.  El Capitán General Barrios Leal ordenó que fuera reconstruido luego de que él mismo fuera asaltado por piratas a su llegada al Reino en 1687. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El Maestre de Campo y General de Artillería Jacinto de Barrios Leal arribó a Puerto Caballos en el Reino de Guatemala el 19 de noviembre de 1687, para tomar posesión como Capitán General del Reino. Barrios Leal había salido de Cádiz, el 3 de septiembre de ese mismo año con una comitiva muy numerosa que incluía a treinta frailes dominicos encabezados por Ambrosio de Ipenza, además de su esposa María Bernabela Morales y Galinas, su médico y varios colaboradores y criados.

Barrios Leal había nacido en Cádiz en 1656 y entre 1672 y 1677, durante la guerra en que España en unión de Holanda, enfrentó a Francia, Barrios Leal combatió primero en Flandes y después en Cataluña, donde fue herido y hecho prisionero en la Batalla de Espolla. El año siguiente, después de la firma de la paz, ingresó a la Carrera de Indias, como integrante del cuerpo militar que acompañaba a las flotas, y donde ascendió a los grados de Maestre de Campo y General de Artillería, no tanto por méritos sino por compra, algo usual durante el reinado de Carlos II.

A pesar que Barrios Leal había arribado el 19 de noviembre, fue hasta el 24 de ese mes que escribió al Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros para anunciar su arribo y solicitarle excusar todo gasto en su recibimiento. Permaneció en Puerto Caballos hasta el 28 de diciembre, esperando que se terminara la construcción de dos barcas luengas para trasladar a Bodegas del Golfo a la mayoría de viajeros, así como un buen número de frangotes o pacas con mercancías. El Gobernador de Puerto Caballos intentó que Barrios Leal no partiera y aguardara un par de días, para que tres navíos de guerra que saldrían hacia Santo Tomás de Castilla los acompañaran y los protegieran contra piratas. Sin embargo, Barrios Leal, fiado en su valor y vanagloriándose de haber combatido en Flandes, no quiso esperar, partiendo en las barcas luengas, artilladas con pedreros y con cincuenta y cinco hombres armados.

Después de surcar el Río Dulce y el Lago de Izabal, llegaron a Bodegas, en Izabal, y, dejando las barcas cargadas con todas las riquezas de los viajeros, celebraron una gran fiesta en tierra. Como no habían dejado ni un centinela, los piratas que estaban en el área se acercaron sigilosamente y les dispararon, sin acertarles. Como habían dejado todo en las embarcaciones, Barrios Leal y su comitiva salieron huyendo para ponerse a resguardo de los atancantes, pero perdieron un total de trescientos mil pesos. Entre las mercaderías, Barrios Leal traía consigo mil armas de fuego, con autorización real para venderlas entre los vecinos con un recargo del 50% del precio de costo, pero los piratas las descubrieron y sólo pudo salvar 65 escopetas y 15 arcabuces. Para evitar ser hechos prisioneros por los piratas, Barrios Leal y su comitiva se mantuvieron escondidos por la Montaña del Mico, en donde fueron restacatos por un bastimento que habían enviado las autoridades provinciales para recibir a los frailes dominicos.

Finalmente, el Presidente Enrique Enríquez de Guzmán hizo entrega del mando a Barrios Leal, el 26 de enero de 1688. Es importante destacar que aunque el cargo de Presidente de Audiencia no se encontraba entre los oficios vendibles y renunciables, el nombramiento de Jacinto de Barrios Leal aparece asociado con un préstamo de 80,000 pesos que su padre Diego de Barrios Soto hizo con urgencia a la Monarquía, con un gravamen del 6% anual, cuya entrega garantizaba apenas se realizara la venta de azogue que ya tenía almacenado en Veracruz.

Todavía presa del pánico provocado por el ataque pirata en Bodegas del Golfo, en Izabal, pocos días después de tomar posesión, el 30 de enero de 1688, hizo Junta deGuerra y Hacienda y consiguió reunir entre los vecinos de Santiago de los Caballeros de Guatemala mil pesos para la reedificación del Castillo de San Felipe que hacía cuatro años había sido destruido por un ataque pirata. La obra se realizó a toda prisa, entejando el techo que hasta entonces había sido de manaca o palma, y  sacando la artillería que los piratas habían echado al agua. El 15 de mayo de 1688, el Castillo ya estaba listo, equipado con tres piezas de artillería, veinte milicianos armados, cuatro artilleros, ocho piezas de artillería de poco porte y con una asignación anual de 6,500 pesos, en la que se incluía el salario del Alcalde Mayor de Amatique, el cura y los vigías.

El 28 de mayo de 1688, el Juez Superintendente de la Real Aduana, el Oidor Pedro Enríquez de Selva, un individuo cruel que maltrataba hasta a su esposa, sufrió en la puerta de su casa un atentado criminal, cuando le dispararon un carabinazo porque intentaba exigir pago de los impuestos de la alcabala y almojarifazgo a todos los comerciantes que entraban y salían de Santiago de los Caballeros. Esto era el resultado de que Enríquez de Selva estaba intentanto hacer cumplir la ley de cobro de impuestos, a lo que se oponían los grandes comerciantes criollos. Los ánimos de la ciudad se exaltaron entre las autoridades peninsulares y los criollos, hasta que el 31 de agosto de 1689, el rey Carlos II tuvo que intervenir, admitiendo la renuncia de Enríquez de Selva (a quien ordenó expulsar de Guatemala) y desaprobando la innovación decretada en los aforos de las mercaderías, y la violación de la costumbre de permitir su salida sin pagar de contado los derechos.

Para colmo de males, a los problemas con los piratas y los enfrentamientos entre criollos comerciantes y el Superintendente Real de Aduana se sumaron los destrozos provocados por el terremoto del 12 de febrero de 1689, el cual destruyó el Real Palacio, las Casas Consistoriales y varios templos, en especial el del Convento de San Francisco, lo que incidió en un incremento de las construcciones y del trabajo artístico.  Por esa misma época, en forma lícita e ilícita, Perú vendía varios productos al Reino de Guatemala por un valor de 200,000 pesos.

Toda esta situación con los piratas, los problemas de impuestos y el contrabando con Perú hizo que el Juez Pesquisidor Fernando López de Ursiño el 13 de marzo de 1690 fuera nombrado para que “secreta y extrajudicialmente” verificara si Barrios Leal estuvo incolucrado en el en contrabando entre Guatemala y el Perú tras el terremoto de 1689, además de la agresión sufrida por Enríquez de Selva en 1688 y el acoso al Oidor Francisco de Valenzuela. En su camino para Santiago de los Caballeros, López de Ursiño pasó por Chiapas y le pidió al fraile historiador Francisco de Ximénez que lo acompañara a la ciudad como su capellán. Los ánimos políticos de la ciudad estaban muy caldeados con fuertes bandos contra el presidente y las autoridades peninsulares. López de Ursiño tomó el poder y envió a Barrios Leal a reclusió primero a Patulul y luego a Santa Ana, y al cabo de un tiempo presentó serias acusasiones contra el Presidente, las cuales fueron refutadas por éste. En medio de ese problema legal, la corrupción en los asuntos de la Corona properó por el descuido del presidente y del pesquisidor, y por el poder que ya ostentaban los criollos locales que retaban a las autoridades peninsulares.

Finalmente, el asunto se resolvió con la restitución de Barrios Leal, en 1694, y desde ese momento se puso en marcha el plan para conquistar la región del Lacandón en Verapaz y Petén. Tras sus primeras victorias, dispuso continuar con el avance, pero lo sorprendió la muerte el 12 de noviembre de 1695.


BIBLIOGRAFIA:


19 de septiembre de 1598: llega a Santiago de los Caballeros de Guatemala el presidente Alonso Criado de Castilla

19septiembre1598
La region de Izabal, en donde se descubrió la ensenada en donde está el Puerto de Santo Tomás en 1604, y que en honor al presidente de la Real Audiencia fue llamado “de Castilla”.  Imagen tomada del reporte de la Compañía Belga de Colonización de 1840.

El presidente de la Real Audiencia de Guatemala entre 1598 y 1611 fue Alonso Criado de Castilla, quien era hijo de Andrés Criado y de Marina Castilla, y originario de Andújar en España. Entró en el Colegio de Maese Rodrigo en la Universidad de Sevilla en 1568, estudió en la Universidad de Salamanca y obtuvo un doctorado.

En 1573 fue nombrado oidor de la Audiencia de Panamá, en donde se casó con Casilda de Vera de Mucientes, hija de Diego de Vera de Madrid, presidente de la Audiencia de Panamá y de María Barrasa de Mucientes. En 1573 fue nombrado para reemplazar al doctor Robles como oidor de México por consulta de 21 de noviembre de 1580 y título de 15 de diciembre de 1580. Sin embargo, inmediatamente recibió el mismo puesto en Lima por consulta de 13 de mayo y título de 5 de junio de 1581, para reemplazar al difunto Valdés de Cárcamo y se dirigió al Perú.

El 20 de junio de 1598 fue nombrado presidente de la Audiencia de Guatemala el 20 de junio de 1598 e hizo su entrada en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala el 19 de septiembre de ese año.. Gobernó con toda equidad, pero tuvo algunas altercaciones con el Ayuntamiento criollo de la Ciudad, por haberle quitado el Corregimiento del valle.

En 1604, se descubrió y comenzó á usar el puerto de Santo Tomás de Aquino, que se conoce como “Santo Tomás de Castilla” en su honor.  El 13 de septiembre de 1608 fue ascendido al Consejo de Indias como ministro togado, “a pesar de su mal gobierno en Guatemala”. Sin embargo, concluyó su Presidencia hasta en 1611; y cuando estaba dando su residencia, falleció y fué sepultado en la Iglesia Catedral.

Su viuda regresó a España, en donde el Rey reconoció los servicios de Criado de Castilla ayudando á su hijo Andrés de Castilla, quien nació en Lima en 1587, a obtener el hábito de la orden de Santiago en 1617.


BIBLIOGRAFIA:


12 de septiembre de 1839: tras la separación del Estado de Los Altos, el estado de Guatemala se ve obligado a reorganizar su división administrativa

12septiembre1839
Versión estilizada del escudo del Estado de Los Altos, mostrando el Volcán Santa María y un Quetzal.  Actualmente es utilizado como escudo en Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, y comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual de Soconusco, (que ahora es parte del estado de Chiapas, en México).  El decreto por el que se creó el Estado de Los Altos dice así:

La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana en sesión plenaria celebrada el cinco de junio del año de 1838 habiéndose tomado en consideración la necesidad de crear un Sexto Estado se acuerda:

1. Crear el Estado de Los Altos, teniendo como capital a la ciudad de Quetzaltenango conformada por una junta de gobierno provisional, de la siguiente manera:

  • Marcelo Molina Mata, electo Gobernador del Estado de Los Altos.
  • José M, Gálvez
  • José Antonio Aguilar
  • General Agustín Guzmán Comandante en Jefe del Ejército del Estado de Los Altos.

2. El Estado comprenderá los siguientes territorios: Quetzaltenango, TotonicapánSololá, Suchitepéquez y Soconusco.

Procédase a trabajar de inmediato en el desarrollo del puerto del Pacífico por orden del Señor Gobernador del estado Federal de los Altos, José M. Gálvez y a mejorar las relaciones con el Gobierno Federal de San Salvador.

Nótese en el decreto anterior tres aspectos importantes:

  1. Desde el principio el Estado tenía la intención de mejorar las relaciones con el gobierno Federal de San Salvador, lo que quiere decir, con el moribundo régimen liberal del general Francisco Morazán, el cual se había visto muy reducido por la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y por la reciente guerra civil que derrocó a Mariano Gálvez en Guatemala.  Los liberales guatemaltecos estaban interesados en coneguir esta alianza con el fin de dejar a la Guatemala conservadora en medio de dos gobiernos liberales.
  2. También desde un principio, tenían la intención de construir su propio puerto en Champerico con miras a establecer una economía completamente independiente de Guatemala.
  3. El Estado no estaba desvalido, sino que contaba con su propio ejército, el cual estaba a cargo del general mexicano Agustín Guzmán.

Por su parte, el Estado de Guatemala estaba muy débl luego de la guerra civil contra Mariano Gálvez y la posteriores guerras, por lo que luego de la separación del Estado de Los Altos, la Asamblea Constituyente de Guatemala tuvo que dividir al Estado en siete departamentos y dos distritos, de acuerdo al siguiente decreto del 12 de septiembre de 1839:

La Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala:

Habiendo tomado en consideración la necesidad que hay de hacer una nueva y conveniente división del territorio, después de la separación de los departamentos que componen el Estado de Los Altos. Con presencia de los datos e informes que ha presentado el gobierno sobre el particular, ha decretado:

  1. El estado de Guatemala se divide en siete Departamentos: ChimaltenangoChiquimula, Escuintla, Guatemala, Mita, Sacatepéquez, y Verapaz.
  2. También componen dos Distritos: Izabal y Petén.
  3. Los departamentos y distritos referidos, comprenden las poblaciones y lugares que se señalan en la tabla que acompaña a esta ley.
  4. Mientras se reúnan datos más exactos, con presencia de los padrones que deben formarse para hacer por otra ley la división permanente del territorio, el gobierno queda autorizado para poder agregar o segregar de unos a otros, los pueblos o lugares que lo soliciten, con causa fundada en el mejor servicio y bien de los mismos pueblos, previo al informe de los jefes respectivos.
  5. El mismo gobierno, en las providencias que tome, para la demarcación del territorio de los departamentos, procurará en lo que sea posible, que sea la misma la de los curatos y sus comprensiones, a fin de evitar embarazos y facilitar en todo el mejor servicio público.

En este decreto se puede apreciar el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la región americana que estuvo bajo el control espanol, ya que la división administrativa de los países y estados se hizo en base a los curatos existentes, los cuales eran los poblados de indígenas que estaban a cargo del clero secular.  Estos curatos habían sido hasta 1750, aproximadamente, las doctrinas que estaban a cargo de las otrora poderosas órdenes regulares, las cuales poseían  grandes extensiones de tierra en las que sus “doctrinados” trabajaban para ellos a cambio de la evangelización que les proporcionaban. Para poner un ejemplo, he aquí un listado de las doctrinas que poseían los dominicos en el Reino de Guatemala en 1638:

Convento Doctrinas Convento Doctrinas
Guatemala
  • Chimaltenango
  • Jocotenango
  • Sumpango
  • San Juan Sacatepéquez
  • San Pedro Sacatepéquez
  • Santiago Sacatepéquez
  • Rabinal
  • San Martín Jilotepeque
  • Escuintla
  • Milpas Altas
  • Milpas Bajas
  • San Lucas Sacatepéquez
  • Barrio de Santo Domingo
Amatitlán
  • Amatitlán
  • Petapa
  • Mixco
  • San Cristóbal
Verapaz
  • Cahabón
  • Cobán
  • Chamelco
  • San Cristóbal
  • Tactic
Sonsonate
  • Nahuizalco
  • Tacuxcalco
San Salvador
  • Apastepeque
  • Chontales
  • Cojutepeque
  • Cuscatlán
  • Milpas Bajas
  • Tonacatepeque
Sacapulas
  • Sacapulas
  • Cunén
  • Nebaj
  • Santa Cruz
  • San Andrés Sajcabajá
  • Zacualpa

BIBLIOGRAFIA: