9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

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Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
  6. El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:

3 de julio de 1871: tras el triunfo de la revolución liberal el 30 de junio de ese año aparece un artículo denunciando las riquezas de la Iglesia Católica

Plano del Palacio Arzobispal de la Nueva Guatemala de la Asunción.  Incluye el lujoso edificio adyacente a la Catedral Metropolitana y un convento, huerta y cementerio en lo que es hoy en día el Mercado Central.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La primera prueba que afrontó el presidente de facto provisorio Miguel García Granados inmediatamente después del triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871 fue mantener relaciones armoniosas con la Iglesia Católica, ya que de inmediato surgieron publicaciones anticlericales, que a su vez fueron atacadas por los escritores conservadores. Los autores de ambos bandos solían ocultar su identidad con ingeniosos pseudónimos para poder atacar la vida privada de sus rivales.

Ambos bandos hacían exigentes demandas.  Por ejemplo, un autor que firmaba simplemente como “Un Guatemalteco” publicó un artículo en que denunciaba la riqueza excesiva del clero, atacando directamente las propiedades del arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena, ya que éste era miembro de la poderosa familia Aycinena que había co-gobernado con el general Rafael Carrera desde que los conservadores recuperaron el poder en 1839 en Guatemala.  Por su parte, un escritor conservador escribió un artículo en que denunciaba la libertad de cultos aduciendo que esto podría conducir a que los librepensadores desecraran los elementos sagrados del culto católico.

Para tratar de evitar males mayores, el anciano presidente provisorio, quien provenía de una familia aristocrática y tenía lazos de consanguinidad con los Aycinena, emitió un decreto modificando la libertad de expresión, que decía así:

DECRETO NUM. 5.

Considerando:

  1. Que la libertad absoluta de la comunicación del pensamiento por medio de la palabra y la escritura, y cualquier expresión o signo, siempre que no ofenda a la conducta privada de los individuos, o excite directamente el uso de la fuerza contra la ley o las autoridades constituidas, es la garantía de los derechos que el hombre tiene con anterioridad á todo pacto social;  
  2. Que la ley de 30 de Abril de 1852 es incompatible con el régimen actual de libertad y progreso;
  3. Que entre tanto se reune la representación nacional, a cuya alta competencia corresponde definitivamente la ley de imprenta, se hace necesario dictar alguna providencia para evitar los abusos que puedan ocurrir;

DECRETO:

  1. Queda establecida la liberad absoluta de imprenta, y en consecuencia derogada la expresada ley de Abril de 1852.
  2. Bajo esta libertad no se permiten los  delitos declarados tales por las leyes existentes, y especialmente aquellos que afectan la vida privada
    de los individuos.
  3. En los casos de infracción, los jueces comunes procederán a la averiguación del delito y castigo del culpable, con arreglo a las leyes vigentes, debiendo preceder siempre acusaación de partes lejítimas.
  4. Para hacer efectiva la responsabilidad de que habla el artículo anterior, todas las publicaciones deben llevar la firma del autor; y en el caso de que se omita este requisito, la responsabilidad se hará efectiva contra la imprenta.
  5. Los directores de las imprentas en que se publique algún escrito sin la firma del autor, aun cuando este no contenga ninguna de las infracciones expresadas en el artículo 2.° serán multados con una cantidad que no exceda de cien pesos ni baje de diez, según las circunstancias del caso calificadas por los mismos Tribunales comunes.

Dado en Guatemala, á 7 de Julio de 1871

Miguel García Granados

El alcance del decreto anterior fue muy escaso, ya que luego de que se emitió, lo que se inició como ataques en publicaciones de reducida circulación, poco a poco fue escalando a publicaciones mayores, hasta que finalmente se empezaron a materializar medidas drásticas contra la Iglesia, las que incluyeron la expulsion del arzobispo Piñol y Aycinena, la de los jesuitas y la expropiación y disolución del resto de órdenes monásticas.  Eventualmente, el propio presidente de facto provisorio fue removido y sustuido por el mucho más joven y radical general J. Rufino Barrios.


BIBLIOGRAFIA:

7 de junio de 1872: el encargado de la presidencia provisoria, teniente general J. Rufino Barrios, decreta la expropiación de los bienes a las órdenes regulares de la Iglesia Católica

Acto de Crucifixión celebrado en una parroquia de Guatemala a finales del siglo XIX.  Aunque la élite criolla liberal se expulsó al clero regular y redujo al mínimo los privilegios del clero secular, las manifestaciones de fe entre la poblaciónse mantuvieron. Fotografía de Juan José de Jesús Yas, tomada de Wikimedia Commons.

Siendo teniente general del ejército y encargado de la presidencia del gobierno de facto provisorio de la República por ausencia del general Miguel García Granados, el 24 de mayo de 1872, J. Rufino Barrios confiscó algunas propiedades de los religiosos y suprimió a los jesuitas y a otras órdenes regulares. Siendo originario de San Marcos, Barrios era un criollo liberal descendiente de aquellos que intentaron formar el Estado de Los Altos cuando el gobierno conservador apoyado por el general Rafael Carrera tomó el poder en Guatemala; sabiendo que el principal aliado de los conservadores era el clero regular, decidió minar el poderío económico de la iglesia.

He aquí un resumen de las órdenes afectadas:

Orden Logo Tipo de clero Propiedades
expropiadas
Orden de Predicadores Orderofpreachears.png Regular
  • Conventos
  • Haciendas
  • Ingenios azucareros
  • Doctrinas y tierras de indios
Mercedarios Coat of Arms of the Mercedarians.svg Regular
  • Conventos
  • Haciendas
  • Ingenios azucareros
  • Doctrinas
Compañía de Jesús Ihs-logo.svg Regular Los jesuitas habían sido expulsados de Guatemala por el rey de España Carlos III en 1765, pero regresaron durante el gobierno de Rafael Carrera para encargarse de la educación. Cuando fueron expulsado en septiembre de 1871 no tenían mayores posesiones en Guatemala.
Recoletos Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum, Propaganda Fide seal.png Regular Conventos
Concepcionistas OrdoIC.jpg Regular Conventos y haciendas
Arquidiócesis de Guatemala Secular Colegio y Seminario Tridentino de Nuestra Señora de la Asunción
Congregación de San Felipe Neri S. F. Nerist.JPG Secular Templo y residencia en Ciudad de Guatemala destruidos hasta sus cimientos.

Cuando el pueblo católico protestó estas disposiciones, Barrios promulgó el siguiente decreto, por medio del cual el ejército ocupó los edificios de las órdenes regulares, y le dio el ultimátum a los religiosos que si querían permanecer en el país que fueran secularizados (es decir, que se convirtieran en curas párrocos y abandonaran el hábito de la orden regular a la que pertenecían):

Decreto N°. 64

Considerando: Que las comunidades de Religiosos carecen de objeto en la República, pues no son las depositarías del Saber, ni un elemento eficaz para morijerar las costumbres;

Que no pudiendo ya como en los siglos medios prestar importantes servicios a la sociedad, los trascendentales defectos inherentes a las asociaciones de esta clase, se hacen mas sensibles, sin que de modo alguno sean excusables;

Que dichos institutos son por naturaleza refractarios a las reformas conquistadas por la civilización moderna, que proscribe la teocracia en nombre de la libertad, del progreso y de la soberanía del pueblo;

Que sustrayéndose en el orden económico a las leyes naturales y bienhechoras de la producción y del consumo, constituyen una excepción injustificable que gravita sobre las clases productoras:

Que debiendo las referidas comunidades su existencia a la ley, a esta corresponde estinguirlas, y de consiguiente disponer en beneficio público de los bienes que poseen;

Y que atendiendo a los principios que presiden á la revolución democrática de Guatemala, es una consecuencia ineludible la extinción de las Comunidades de Religiosos, y al decretarla, un deber del gobierno proporcionar a éstos los medios necesarios para el sostenimiento de su nueva posición social, tengo á bien decretar y

DECRETO:

Art. 1. – Quedan extinguidas en la República las comunidades de Religiosos.

Art. 2. – Se declaran nacionales los bienes que poseen y usufructúan.

Art. 3. – Estos bienes y sus productos se dedicarán de preferencia a sostener y desarrollar la instrucción pública gratuita.

Art. 4. – Los Religiosos exclaustrados quedan en absoluta libertad de residir donde les convenga, o de salir de la República, si así lo quisieren. Podrán adquirir bienes, disponer de ellos en vida o por testamento, tratar y contratar y gozar de todos los derechos que las ley- conceden al resto de los habitantes, sin más limitaciones que las que impone su estado á los eclesiásticos seculares.

Art. 5. – A los Religiosos que deseen salir de la República, se les costeará el viático necesario, y los que prefieran residir en ella, quedan por el mismo hecho secularizados,
no podiendo usar hábito ni distintivo de religioso.

Art. 6. – Las iglesias de las comunidades se conservarán con sus respectivas advocaciones y títulos, lo mismo que con sus vasos sagrados, alhajas, ornamentos y todo cuanto
esté destinado al Culto. En cada una de dichas Iglesias se erigirá una parroquia, a cuyo sostenimiento contribuirá el Gobierno.

Art. 7. – Las librerías de los conventos pasarán a la Biblioteca de la Universidad.

Art. 8. – La hacienda pública pagará, durante un año, a los Religiosos exclaustrados, que aun no se hayan ordenado de Presbíteros, los impedidos de ejercer su ministerio por ancianidad o enfermedad, una pensión de veinticinco pesos al mes, entregándoles la primera mensualidad el mismo dia en que se verifique la exclaustración.

Art. 9.- El Ministro del ramo queda encargado de la ejecución de este decreto, dando al efecto las instrucciones convenientes al Jete Político de este departamento y al Administrador General de Rentas.

Dado en Guatemala, a siete de junio de mil ochocientos setenta y dos

  • J. Rufino Barrios, Teniente general del ejército y Encargado de la Presidencia del Gobierno Provisorio de la República
  • Marco Aurelio Soto, ministro del ramo

BIBLIOGRAFIA:

4 de junio de 1873: el general Miguel Garcia Granados entrega el poder al general J. Rufino Barrios

Retrato de Miguel García Granados que se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Guatemala.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El general Miguel García Granados y Zavala era un criollo muy particular, a quien algunos historiadores han definido como un “aristócrata liberal“. Don Miguel había nacido en Espana y pertenecía a las familias aristocráticas (conocidas en su época como “las familias” o “clan Aycinena“) que conformaron el partido conservador después de la Independencia de Centroamérica, combatió a las fuerzas de los liberales peleando bajo las órdenes de Manuel José Arce, y sufrió el despojo de buena parte de sus bienes por parte Francisco Morazán cuando éste invadió a Guatemala en 1829 y expulsó a los aristócratas del territorio de Centroamerica.  Pero, a diferencia de los Aycinena, a él y a su familia se le permitió permanecer en Guatemala;  en esa época se alió con los criollos liberales, encabezados por Francisco Barrundia  y poco a poco se fue ganando su confianza, ya que recelaban de él por ser aristócrata. 

Cuando los conservadores tomaron el poder en 1840, García Granados permanecio en Guatemala y era crítico de la labor del general presidente Rafael Carrera hasta que un día, luego de una fuerte crónica de don Miguel contra el presidente, durante un elegante almuerzo en el Palacio de Gobierno se produjo el siguiente dialogo entre el genral Carrera y el entonces teniente coronel José Víctor Zavala, quien por cierto, era primo de García Granados:

Estimado Coronel – dijo Carrera -, ¿usted cree que los suenos  nos avisan algo?

General – contestó Zavala, que era un hombre muy preparado – sé de buena fuente que ha habido estudios al respecto, y que en efecto, es posible que los sueños nos digan cosas.  Si me permite preguntarle, ¿por qué le interesan los suenos?

Es que figúrese Ud., coronel, que anoche en mi sueño yo tenía preso aquí en el Palacio a don Miguel, a quien tanto estimamos, y le ordenaba a mi guardia personal que lo condujera al paredón que está aquí detrás del comedor para que lo pasaran por las armas.  Me desperté muy sobresaltado por lo que había hecho y en eso me di cuenta de que se trataba solamente de un sueño.

Todos los presentes, incluyendo García Granados comprendieron a cabalidad el significado del supuesto sueño, pero nadie hizo comentario alguno al respecto.  Algunas horas después, uno de los criollos aristócratas presentes en el almuerzo llegó a la mansión de don Miguel y le dijo que lo más prudente era que partiera en el acto, o que de lo contrario, se cumpliría el sueño.  García Granados y su familia salieron a lomo de mula de Guatemala ese mismo día.

En el exilio, García Granados estrecho sus lazos con los criollos liberales y, logro un lugar preponderante entre ellos cuando propuso que, cuando se recobrara el poder en Guatemala, se hiciera una profunda reforma agrarian para establecer grandes plantaciones de café, y se utilizara a la enorme población indígena del país para la mano de obra que requería dicho cultivo a gran escala  Este plan quedó pospuesto por varios años, ya que Carrera tenía bajo control la situacion en Guatemala, Honduras y El Salvador, además de pactos con los líderes indígenas locales.  Pero tras la muerte del “Caudillo adorado de los pueblos” en 1865, y la de los principales criollos conservadores como el marqués Juan José de Aycinena, el poder del gobierno conservador se fue debilitando y finalmente los liberales recobraron el poder en 1871.  García Granados regresó a Guatemala después de la muerte de Carrera y encabezó movimientos rebeldes por lo que fue hecho prisionero en el Fuerte de San José durante un tiempo.

Como García Granados había propuesto el plan de la reforma agraria para el cultivo del café, fue nombrado como presidente provisorio de Guatemala en el Acta de Patzicía, a pesar de que ya contaba con una edad avanzada.  Sin embargo, dados sus fuertes lazos de consanguinidad con los criollos aristócratas y su escasa disciplina para atender los asuntos de estado (pues llegaba a su despacho pasado del medio día después de una larga noche de tertulia), las reformas que los liberales querían establecer no avanzaban con la prontitud deseada.  Esto no le pareció a sus correligionarios, en especial al joven e impetuoso J. Rufino Barrios, quienes decidieron sustituir al presidente.

Y así se hizo.  El 4 de junio de 1873, García Granados dejo el poder en manos de su joven sucesor, con instrucciones de que convocara a una Asamblea Constituyente lo antes posible para establecer una nueva constitución, ya que él no habia podido hacerlo debido a las constantes rebeliones en el oriente del pais (obviando en su solicitud mención alguna a su escasa aplicacion a los asuntos de Estado).  Ya en el poder, Barrios emprendió profundas reformas para favorecer el cultivo del café y la economía de sus correligionarios amparando en  el Acta de Patzicía, y por fin convoco a una Asamblea Constituyente en 1878.


BIBLIOGRAFIA:

3 de junio de 1871: los rebeldes liberales desconocen al gobierno constitucional del Mariscal Vicente Cerna y nombran presidente provisorio interino a Miguel García Granados en Patzicía


Finca El Naranjo, en las afueras de la Ciudad de Guatemala en la época en la que se firmó el Acta de Patzicia.  Imagen tomada de Wikimeida Commons.

Tras iniciar la invasion por el occidente de Guatemala en abril de 1871, el ejército liberal rebelde fue obteniendo fáciles victorias, y engrosado sus filas con numerosas deserciones, en especial porque esa región era en la que los criollos liberales habían intentado formar el Estado de Los Altos en 1838, por lo que era parcial a la causa.  El gobierno del Mariscal Vicente Cerna se había mantenido en el poder gracias a la fuerte presencia de carácter de su antecessor, el general Rafael Carrera, pero tras seis años de la muerte del “Caudillo adorado de los pueblos“, dicha presencia se había debilitado considerablemente.

Cuando llegaron a Chimaltenango, los liberales confiaban en una victoria segura, por lo que emitieron la siguientes Acta el 3 de junio:

En la Villa de Patzicía a tres de Junio de mil ochocientos setenta y uno, los Jefes y Oficiales del Ejército Libertador reunidos en Consejo, motu propio, y

CONSIDERANDO:

  1. Que el gobierno oligárquico y tiránico del Presidente Cerna se ha hecho intolerable a la Nación por sus repetidos actos arbitrarios y de crueldad y por la violación diaria de las leyes fundamentales de la República y en especial de la de garantías individuales.
  2. Que el Presidente Cerna es también usurpador, por cuanto se ha arrogado facultades que la ley de ninguna manera le concede, atacando la representación nacional y persiguiendo a sus miembros.
  3. Que ha arruinado la Hacienda pública y comprometido en 1o futuro la independencia del país, contratando un empréstito estranjero bajo bases ruinosas y sin facultades para ello,
  4. Que en tales casos los ciudadanos tienen no solamente el derecho sino también el deber de resistir la tiranía. Considerando además, que desde el mes de Abril hemos empuñado las armas con el loable objeto de libertar a la Nación de la tiranía que la oprime; todo bien considerado, hemos convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1°.

Desconocemos al gobierno del tirano y usurpador D. Vicente Cerna

ARTICULO 2°.

Nombramos Presidente Provisorio de la República al General Sr. D. Miguel García Granados, ampliamente facultado para organizar el pais bajo las bases que el mismo general ha proclamado en su manifiesto de ocho de mayo próximo pasado.

ARTICULO 3°.

Queda igualmente facultado para cuando las circunstancias lo permitan, reunir una Asamblea Constituyente, que decrete la Carta fundamental que deba rejir definitivamente a la Nación.

ARTICULO 4°.

Todos los Jefes y Oficiales nos comprometemos bajo juramento a no dejar las armas de la mano hasta no haber llevado a debido efecto todos los puntos contenidos en esta acta.

  • General de Brigada, Rufino Barrios
  • (Siguen las firmas de otros oficiales rebeldes)

Esta es el Acta de Patzicía, escrita por los criollos liberales, con la cual gobernó el gobierno provisorio de facto de Miguel García Granados de 1871 a 1873, y luego el gobierno de J. Rufino Barrios de 1873 a 1879, aduciendo que no tenían tiempo para reunir a la Asamblea Nacional Legislativa que la misma acta sugiera. De esta cuenta, cuando por fin se emitió la Constitución de 1879, Barrios llevaba seis años en el poder, y apenas inició su primer período constitucional en 1880.

Los cambios que introdujeron los liberales incluyeron:

  • la expulsión y expropiación de bienes de las órdenes regulares de la Iglesia Catolita, principales terratenientes y miembros del partido consevador
  • derogación de los pactos que el gobierno de Carrera estableció con los campesinos indígenas de la República
  • introducción de la producción de café a gran escala y construcción de infraestructura ferroviaria para facilitarla
  • subasta de tierras ejidales de las comunidades indígenas para favorecer la formación de grandes fincas cafetaleras.

Es conveniente indicar que la “crueldad y tiranía” de Cerna mencionadas en el Acta, estaban dirigidas hacia los criollos liberales (como el caso del Mariscal Serapio Cruz -Tata Lapo- quien murió en batalla y cuya cabeza fue exhibida como trofeo por las tropas gubernamentales), pero que luego palidecerían comparadas con lo ocurrido con los perseguidos políticos durante los gobiernos liberales de Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico.  Asimismo, la deuda incurrida con la casa extranjera sería una pequeña fracción de la enorme deuda que dejó el general José María Reina Barrios con los bancos ingleses al morir en 1898 tras el colapso del precio internacional del café y que obligaron a su sucesor, el licenciado Manuel Estrada Cabrera, a establecer una fuerte alianza con los Estados Unidos y evitar así una invasión inglesa para cobrar la deuda.  (Esa deuda la pagó el presidente Ubico el 30 de junio de 1944, luego de años de austeridad en el manejo de la cosa pública).


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