9 de agosto de 1561: se solicita al rey Felipe II que establezca la Compañía de Jesús en Santiago de los Caballeros de Guatemala

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Ruinas de la Iglesia de la Compañía de Jesús en la Antigua Guatemala en 1875, luego del terremoto del 3 de septiembre de 1874. En el recuadro: el rey Felipe II. Imágenes de Wikimedia Commons.

En la segunda mitad del siglo XVI la orden de la Compañía de Jesús era muy poderosa en Europa y fueron solicitados por las autoridades del Reino de Guatemala a través de una cédula del 9 de agosto de 1561, pero ésta fue denegada por el rey Felipe II por considerar que los miembros de la orden eran más necesarios para encabezar la Contrarreforma contra los movimientos protetantes que se extendían en Europa. A pesar de esto, cinco años después el propio Felipe II solicitó el envío de veinticuatro jesuitas a América, pero esto no pudo materializar. Luego, en 1580, regresando de visitar colegios de la orden en Perú, pasó por Guatemala el Padre Maestro Juan de la Plaza quien hizo peticiones reiteradas junto con el Ayuntamiento criollo. Finalmente, en 1607 llegaron los primeros jesuitas y se establecieron en la Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.1

Los jesuitas se hospedaron inicialmente en la casa de Lucas Hurtado y, como era su costumbre, se centraron en la enseñanza como principal misión de la orden.  De esta cuenta, abrieron su primer centro educativo, el Colegio San Lucas, el cual se inauguró el 18 de octubre de 1607.  Los sacerdotes le pusieron este nombre a su establecimiento en honor a Lucas Hurtado por todo su apoyo inicial y porque en esa fecha la Iglesia Católica celebra la fiesta del evangelista San Lucas.2

La primera iglesia que construyeron los jesuitas era pequeña, y construida de adobe y con techo rústico; sin embargo, a pesar de estar alejada del centro era reclamada por los vecinos para muchas celebraciones religiosas. En 1610 la Real Audiencia envió un informe al Rey solicitando que se asignara una renta anual al Colegio de los Jesuitas para ayudarlo en sus gastos. Luego, en 1611 Leonor Celada (viuda del escribano real Juan de Guevara) donó a los jesuitas una casa muy cerca de la plaza central, en la manzana que pertenecía a los descendientes del cronista Bernal Díaz del Castillo,​ a únicamente trescientos metros de la fachada de la Catedral, en el flanco poniente de la Plaza de Armas. Gracias a esto, los se mudaron a una posición privilegiada con respecto a las demás órdenes que tenían edificaciones en la ciudad.2

Para 1615 había en la ciudad una efervescencia por construir edificios con mayor tamaño que los existentes hasta el momento y los jesuitas iniciaron la construcción de su iglesia definitiva. Entre 1610 y 1620 se amplió la actividad docente del Colegio de San Lucas y la economía de la orden mejoró; parte del dinero ingresado se empleaba en construir, la casa y la iglesia, que fueron concluidas el 18 de julio de 1626.3

Los jesuitas prosperaron en Guatemala y tuvieron mucha influencia política y económica hasta que fueron expulsados de todos los territorios del Imperio Español por medio de la Pragmática Sanción del rey Carlos III el 2 abril de 1767.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2008). Apuntes sobre las obras de rehabilitación del Colegio de la Compañía de Jesús. Guatemala. Archivado desde el original el 4 de junio de 2014. p. 5.
  2. Ibid., p. 6.
  3. Johnston Aguilar, Rene (2001). «Proyecto arqueológico en el claustro norponiente de la Compañia de Jesús, Antigua Guatemala»Academia. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2015.
  4. Real Gobierno de España (18050 [1775]. Novísima Recopilación de las Leyes de España mandada formar por el señor don Carlos IV. Madrid. pp. 181-183.

2 de abril de 1767: el rey Carlos III decreta la pragmática sanción para expulsar a la Compañía de Jesús de todos sus dominios y expropiar sus bienes

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Ruinas del abandonado convento de la Compañía de Jesús en 1875 en la Antigua Guatemala.  Los jesuitas lo tuvieron que abandonar en 1767 y pasó a poder de los mercedarios, hasta el terremoto de 1773.  En el recuadro: el rey Carlos III, quien firmó la pragmática sanción de 1767.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El enorme poder político y económico de la orden de la Compañía de Jesús, o de los Jesuitas, empezó a disminuir en el siglo XVIII, con la difusión del jansenismo, que era una doctrina de una fuerte carga antijesuítica, y de la Ilustración a lo largo de ese siglo. Se empezó a pensar que los métodos educativos de la Compañía, y su concepto de la autoridad y del Estado eran ya anticuados. Además, la monarquía española estaba cada vez más laicizada y más absolutista, y empezó a considerar a los jesuitas ya no como colaboradores útiles, sino como competidores molestos por su oposición al regalismo. Y encima de todo esto, se mantenían vigentes los ancestrales conflictos que los jesuitas tenían con las órdenes religiosas tradicionales.1

La llegada al trono del nuevo rey Carlos III en 1759 supuso un duro golpe para el poder y la influencia de la Compañía, pues el nuevo monarca, a diferencia de sus dos antecesores, no era nada favorable a los jesuitas, ya que estaba influido por su madre, la reina Isabel de Farnesio, y por el ambiente antijesuítico que predominaba en la corte de Nápoles de donde provenía.2

Aunque el rey en su pragmática sanción del 2 de abril de 1767 menciona que hay gravísimas razones que lo obligan a expulsar a los jesuitas, también dice que se reserva para sí explicar cuales eran.3  En realidad, los jesuitas consistían la máxima oposición al regalismo absoluto que Carlos III aspiraba, ya que esta doctrina política defiendía el derecho del estado nacional a intervenir, recibir y organizar las rentas de sus iglesias nacionales y chocaba frontalmente con la absoluta lealtad de los jesuitas hacia el Papa. Tras el motín de Esquilache en 1766, el rey vió la oportunidad que esperaba para salir de la orden y solicitó al fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, que abrira una pesquisa secreta sobre el asunto; Campomanes enseguida dirigió su atención hacia los jesuitas a partir de la evidencia de la participación de algunos de ellos en la revuelta mediante la violación del correo, informes de autoridades, delaciones, y confidencias de espías.4

Con la documentación acumulada Campomanes, quien era un antijesuita acérrimo, presentó su Dictamen ante el Consejo de Castilla en enero de 1767 y acusó a los jesuitas de ser los responsables de los motines con los que pretendían cambiar la forma de gobierno. En sus argumentos inculpatorios recurrió a todo el arsenal antijesuítico que se había acumulado en los dos siglos desde su creación, incluyendo su apoyo al tiranicidio (por su supuesta relación con los intentos de magnicidio en Francia y Portugal), relajada moral, su afán de poder y riquezas, y su malos manejos en América. El presidente del Consejo de Castilla, el conde de Aranda, formó un Consejo extraordinario que emitió una consulta en la que consideraba probada la acusación y proponía la expulsión de los jesuitas de España y sus Indias. Para tener mayor seguridad, Carlos III convocó un consejo o junta especial presidida por el duque de Alba e integrada por los cuatro Secretarios de Estado y del Despacho, el cual ratificó la propuesta de expulsión y recomendó al rey no dar explicaciones sobre los motivos de la misma. Tras la aprobación de Carlos III, y a lo largo del mes de marzo de 1767, el Conde de Aranda dispuso con el máximo secreto todos los preparativos para proceder a la expulsión de la Compañía.5

Luego de la expulsión de los jesuitas la corona reformó los estudios y aprovechó para modificar los planes de estudio tanto en las universidades como en los seminarios. La mayoría de los obispos, en aquellos lugares donde no se había cumplido el decreto de Trento (como el caso del Reino de Guatemala), erigieron seminarios aprovechando las casas de los jesuitas para instalarlos. En estos nuevos seminarios el rey obligó a seguir las líneas doctrinales que había impuesto en las facultades de Teología y de Cánones de las distintas universidades reales y pontificias, que tenían gran influjo jansenista y, por ende, en las que habían sido prohibidos los autores jesuitas.6

Inicialmente se pensó que aquella orden real había sido el inicio de la expansión del espíritu ilustrado, pues se consideraba que se veía constreñido por la poderosa acción regresiva y reaccionaria de los jesuitas. Pero un estudio posterior demostró que las otras órdenes religiosas beneficiadas a corto plazo con la expulsión y con los bienes de los jesuitas no fueorn ni más abiertas ni  progresistas. Es más, para hacer cumplir la orden que prohibía la difusión de las “perniciosas” doctrinas jesuíticas, el rey incromentó la censura y la aplicó desde entonces en otros temas.7

Casi medio siglo después, en el contexto de la Restauración de 1814, el papa Pío VII emitió la bula “Solicitudo omnium Ecclesiarum“, que restauraba la Compañía de Jesús. En España, el nieto de Carlos III, el rey Fernando VII, autorizó inmediatamente su vuelta.

Reproducimos a continuación la pragmática sanción decretada por el rey Carlos III el 2 de abril de 1767, llamada “Extrañamiento de los Regulares de la Compañía de Jesús de todos los dominios de España e Indias, y ocupación de sus temporalidades“:3

Habiéndome conformado con el parecer de los de mi Consejo Real, en el extraordinario que se celebra con motivo de las resultas de las ocurrencias pasadas, en consulta de 29 de enero de 1767, y de lo que sobre ella, conviniendo en el mismo dictamen, me han expuesto personas del más elevado carácter y acreditada experiencia; estimulado de gravísimas causas, relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinaci~n, tranquilidad y justicia mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias, que reservo en mi Real ánimo; usando de la suprema autoridad económica que el Todo-poderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos, y respeto de mi Corona, he venido en mandar extrañar de todos mis dominios de España e Indias, e islas Filipinas y demás adyacentes a los Regulares de la Compañía, así Sacerdotes como Coadjutores, o Legos que hayan hecho la primera profesión, y a los novicios que quisieren seguirles; y que se ocupen toda las temporalidades de la Compañía en mis dominios: y para la ejecución uniforme en todos ellos he dado plena y privativa comisión y autoridad por otro mi Real decreto de 27 de Febrero al Presidente del mi Consejo, con la facultad de proceder desde luego a tomar las providencias correspondientes.

  1. Y he venido asimismo en mandar, que el Consejo haga notoria en todos estos reinos la citada mi Real determinación; manifestando a las demás Ordenes Religiosas la confianza, satisfacción y aprecio que me merecen por su fidelidad y doctrina, observancia de vida monástica, ejemplar servicio de la Iglesia, acreditada instrucción de sus estudios, y suficiente número de individuos para ayudar a los Obispos y Párrocos en el paso espiritual de las almas, y por su abstracción de negocios de Gobierno, como ajenos y distantes de la vida ascética y monacal.
  2. Igualmente dará a entender a los Reverendos Prelados diocesanos, Ayuntamientos, Cabildos eclesiásticos y demás estamentos o cuerpos políticos del reino, que en mi real persona quedan reservados los justos y graves motivos que a pesar mío han obligado mi Real ánimo a esta necesaria providencia, valiéndome únicamente de la económica potesetad, sin proceder por otros medios, siguiendo en ello el impulso de mi Real benignidad como padre y protector de mis pueblos.
  3. Declaro, que en la ocupación de temporalidades de la Compañía se comprehenden sus bienes y efectos, así muebles como raíces, o rentas eclesiásticas que legítimamente posean en el reino; sin perjuicio de sus cargas, mente de los fundadores, y alimentos vitalicios de los individuos, que serán de cien pesos durante su vida a los Sacerdotes, y noventa a los Legos, pagaderos de la masa general que se forme de los bienes de la Compañía.
  4. En estos alimentos vitalicios no serán comprehendidos los Jesuitas extranjeros que indebidamente existen en mis dominios dentro de sus Colegios, o fuera de ellos, o en casas particulares, vistiendo la sotana, o en traje de abates, y en cualquier destino en que se hallaren empleados: debiendo todos salir de mis reinos sin distinción alguna.
  5. Tampoco serán comprehendidos en los alimentos los Novicios que quisieren voluntariamente seguir a los demás, por no estar aún empeñados con la profesión, y hallarse en libertad de separarse.
  6. Declaro, que si algun Jesuita saliere del Estado eclesiástico (adonde se remiten todos), o diese justo motivo de resentimiento a la Corte con sus operaciones o escritos, lo cesará desde luego la pensión que le va asignada; y aunque no debe presumir que el cuerpo de la Compañía, faltando a las más estrechas y superiores obligaciones, intente o permita, que alguno de sus individuos escriba contra el respecto y sumisión debida a mi resolución, con título o pretexto de apologías o defensorios dirigidos a perturbar la paz de mis reinos, o por medio de emisarios secretos conspire al mismo fin, en tal caso, no esperado, cesará la pensión a todos ellos.
  7. De seis en seis meses se entregará la pensión anual a los Jesuitas por el banco del giro, con intervención de mi Ministro en Roma, que tendrá particular cuidado de saber los que fallecen o decaen por su culpa de la pensión, para rebatir su importe.
  8. Sobre la administración y aplicaciones equivalentes de los bienes de la Compañía en obras pías, como es dotación de Parroquias pobres, Seminarios conciliares, casas de misericordia y otros fines piadosos, oidos los Ordinarios eclesiásticos en lo que sea necesario y conveniente, reservo tomar separadamente providencias; sin que en nada se defraude la verdadera piedad, ni perjudique la causa pública o derecho de tercero.
  9. Prohibo por ley y regla general, que jamás pueda volver a admitirse en todos mis reinos en particular a ningun individuo de la Compañía, ni en cuerpo de Comunidad, con ningun pretexto ni colorido que sea, ni sobre ello admitirá el mi Consejo ni otro Tirbunal instancia alguna; antes bien tomarán a prevención las Justicias las más severas providencias contra los infractores, auxiliadores y cooperantes de semejante intento, castigándolos como perturbadores del sosiego público.
  10. Ningún vasallo mío, aunque sea Eclesiástico secular o Regular, podrá pedir carta de hermandad al General de la Compañía ni a otro en su nombre; pena de que se le tratará como a reo de Estado, y valdrán contra él igualmente las pruebas privilegiadas.
  11. Todos aquellos que las tuvieren al presente deberán entregarlas al Presidente del mi Consejo, o a los Corregidores y Justicias del reino, para que las remitan y archiven, y no se use en adelante de ellas, sin que les sirve de óbice el haberlas tenido en el pasado, con tal que puntualmente cumplan con dicha entrega; y las Justicias mantendrán en reserva los nombres de las personas que las entregaren, para que de este modo no les cause nota.
  12. Todo el que mantuviere correspondencia con los Jesuitas, por prohibirse general y absolutamente, será castigado a proporción de su culpa.
  13. Prohibo expresamente, que nadie pueda escribir, declamar o conmover con pretexto de estas providencias en pro ni en contra de ellas; antes impongo silencio en esta materia a todos mis vasallos; y mando, que a los contraventores se les castigue como reos de lesa Majestad.
  14. Para apartar altercaciones o malas inteligencias entre los particulares, a quines no incumbe juzgar ni interpretar las órdenes del Soberano, mando expresamente, que nadie escriba, imprima ni expenda papeles u obras concernientes a la expulsión de los Jesuitas de mis dominios, no teniendo especial licencia del Gobierno: e inhibo al Juez de imprentas, a sus Subdelegados, y a todas las Justicias de más reinos de conceder tales permisos o licencias, por deber correr todo esto bajo de las órdenes del Presidente y Ministros de mi Consejo con noticia de mi Fiscal.
  15. Encargo muy estrechamente a los revenrendos Prelados diocesanos, y a los Superiores de las Ordenes Regulares, no permitan que sus súbditos escriban, impriman, ni declamen sobre este asunto, pues se les haría responsables de la no esperada infracción de parte de cualquiera de ellos: la cual declaro comprehendida en la ley del Señor Don Juan el I, y Real Cédula expedida circularmente por mi Consejo en 18 de Septiembre del año pasado para su más puntual ejecución, a que todos deben conspirar, por lo que interesa el orden público, y la reputación de los mismos individuos, para no atraerse los efectos de mi Real desagrado.
  16. Ordeno al mi Consejo, que con arreglo a lo que va expresado haga expedir y publicar la Real pragmática más estrecha y conveniente para que llegue a noticia de todos mis vasallos, y observe inviolablemente, publique, y ejecuten por las Justicias y Tribunales territoriales las penas, que van declaradas contra los que quebrantaren estas disposiciones, para su puntual, pronto e invariable cumplimiento; y dará a este fin todas las órdenes necesarias con preferencia a otro cualquier negocio, por lo que interesa mi Real Servicio: en inteligencia de que a los Consejos de Inquisición, Indias, Ordenes y hacienda he mandado remitir copias de mi Real decreto para su respectiva inteligencia y cumplimiento.  Y para su puntual e invariable observancia en todos mis dominios, habiéndose publicado en Consejo pleno este día el Real decreto de 27 de marzo que contiene la anterior resoluci~n, que se mando guardar y cumplir segun y como en él se expresa, fue acordado expedir la presente en fuerza de ley y pragmática sanción, como si fuese hecha y promulgada en Cortes, pues quiere se esté y pase por ella sin contravenirla en manera alguna, para lo cual, siendo necesario, derogo y anulo todas las cosas que sean o ser puedan contrarias a ésta; por la cual encargo a los muy reverendos Arzobispos, Obispos, Superiores de todas las Ordenes Regulares Mendicantes y Monacales, Visitadores, Provisores, Vicarios y demás Prelados y Jueces eclesiásticos de estos mis reinos, observen la expresada ley y pragmática como en ella se contiene, sin permitir que con ningun pretexto se contravenga en  manera alguna a cuanto en ella se ordena: y mando a los del mi Consejo, Presidente y Oidores, Alcaldes de mi Casa y Corte, y de mis Audiencias y Cancillerías, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores y ordinarios, y demás Jueces y Justicias de todos mis dominios, guarden cumplan y ejecuten la ticata ley y pragmática sanción, y la hagan guardar y observar en todo y por todo; dando para ello las providencias que se requieran, sin que sea necesaria otra declaración alguna más de esta, que ha de tener su puntual ejecución desde el día que se publique en Madrid, y en las ciudades, villas y lugares de estos mis reinos en la forma acostumbrada, por convenir así a mi Real servicio, tranquilidad, bien y utilidad de lacausa pública de mis vasallos.3

BIBLIOGRAFIA:

  1. Domínguez Ortiz, Antonio (2005) [1988]. Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-5970-3. pp. 135-137.
  2. Ibid., pp. 137-138.
  3. Real Gobierno de España (18050 [1775]. Novísima Recopilación de las Leyes de España mandada formar por el señor don Carlos IV. Madrid. pp. 181-183.
  4. Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, pp. 138-139.
  5. Ibid., pp. 139-140.
  6. Mestre, Antonio; Pérez García, Pablo (2004). «La cultura en el siglo XVIII español». En Luis Gil Fernández y otros, ed. La cultura española en la Edad Moderna. Historia de España XV. Madrid: Istmo. ISBN 84-7090-444-2. p. 524.
  7. Capel Martínez, Rosa Mª; Cepeda Gómez, José (2006). El Siglo de las Luces. Política y sociedad. Madrid: Síntesis. ISBN 84-9756-414-6. p. 275.

28 de agosto de 1871: solicitan la expulsion de los Jesuitas de toda la República

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Vista general de Quetzaltenango en 1896.  En esta ciudad fue en donde se exigió inicialmente la expulsión de los jesuitas. Imagen publicada por “La Ilustración Guatemalteca

Tras la Reforma Liberal de 1871 aparecieron numerosos clubes liberales en favor de una reforma radical y rápida, entre los que sobresalían los de la Ciudad de Guatemala y los de Amatitlán. Estos clubes, que se autodenominaban “Junta Patriótica”, eran imitaciones de los iniciados durante el movimiento de la independencia en la década de 1810, aunque las juntas de 1871 eran anticlericales y, de acuerdo a algunos historiadores, dominadas por los masones. Entre los miembros de la junta de la capital se contaban figuras políticas como las de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, quienes luego desmempeñarían papeles politicos prominentes después de que J. Rufino Barrios llegara a la presidencia en 1873. Rosa, por su parte, alcanzó gran notoriedad a través de sus escritos anticlericales. De hecho, todos los miembros de estos grupos eran figuras políticas sobresalientes en la comunidad y ardientes partidarios de Barrios,  que opinaban que con el liderazgo moderado de Miguel García Granados no podría llegarse a la reforma radical que exigían.

Cuando la Junta de Quetzaltenango empezó a exigir la expulsión de los jesuitas de su localidad, algunos escritores respaldaron la expulsión de la compañía de toda la república; por ejemplo, el 28 de agosto de 1871 Inés Ramírez, uno de los miembros de las juntas, acusó a la Compañía de Jesús de acoger “miembros hipócritas, vanidosos, orgullosos y fanáticos empeñados en impedir el progreso y en matener al mundo entero en la ignorancia”. La demanda de Ramírez seguía la de la Junta Patriótica en la capital, la cual había hecho circular un escrito en el que enfatizaba el hecho de que la demanda de expulsión de la república “no implicaba que se considerara un destino similar para las otras sociedades religiosas”; de hecho, la Junta “encontraba mucho que alabar en estas últimas, ya que a través de sus enseñanzas de principios morales ayudaban significativamente a la civilización del pueblo”.

Las Juntas consideraban, que los jesuitas “ponían en peligro la estabilidad política a causa de su riqueza, porque pervertían la inteligencia de la juventud; oprimían al clero religioso nacional, cuya misión evangélica era la caridad y la paz, y desviaban a través del fanatismo a los elementos más débiles e inocentes de la sociedad, a quienes los jesuitas habían convencido que religión y jesuita tenían el mismo significado”.  Se llegó a decir que esta acción había sido reconocida en todos los países civilizados y aun por el Papa Clemente XIV y se urgía a los superiores religiosos a “apaciguar las mentes perturbadas de los ciudadanos quienes habían sido agitados por los jesuitas para evitar su exilio”.

Como quedó demostrado apenas un año más tarde, lo que a las Juntas les interesaba no era el bienestar de los ciudadanos y evitar el fanatismo, sino salir del más incómodo de sus rivales: las órdenes regulares de la Iglesia Católica, por ser ellos los propietarios de las mejores haciendas, trapiches e ingenious de la República.  Los jesuitas fueron los primeros en ser expulsados, seguidos de las demás órdenes en 1872.  Acto seguido, los liberales fueron tras las propiedades comunales de los indígenas, a quienes les despojaron de éstas por medio de hábiles ardides legales en los que hizo una subasta de los ejidos y tierras comunales y no se le permitió ofertar a las comunidades indígenas.  De esta forma, surgieron los grandes latifundios cafetaleros y ganaderos que caracterizaron a la economía guatemalteca del período liberal.


BIBLIOGRAFIA:

 


5 de abril de 1700: el Visitador Francisco Gómez de la Madriz anuncia su presencia en Santiago de los Caballeros de Guatemala con un toque de entredicho en la Iglesia de la Compañía de Jesús

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Interior del Templo Jesuita en 1880, mostrando los daños ocasionados por el terremoto del 3 de septiembre de 1874. Fotografía de Agostino Someliani.

La presencia del visitador Francisco Gómez de la Madriz, (o licenciado Tequeli, como era llamado también según explica Domingo Juarros en su obra “Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala1), causó gran division y muchas tribulaciones al capitán general Gabriel Sánchez de Berrospe2 quien gobernaba el Reino de Guatemala desde el 26 de marzo de 1696.3

Las fuerzas de Berrospe habían logrado conquistar la región de Petén en abril de 1697,4 la cual se había mantenido independiente del dominio español desde 1524,5 pero esto no impidió que tuviera enemigos entre los criollos locales que aprovecharon la llegada del Visitador para provocar una gran tensión en la región y que se formaran dos bandos: los Berrospistas y los Tequelíes.6

Aunque el historiador Juarros no detalla por qué llegó el licenciado Tequeli como Visitador, sí indica que éste llegó a la ciudad de Santiago de los Caballeros a principios de 1700, pero desde el principio su prepotencia y arrogancia causó conflictos con las autoridades locales.7  Ya para la Semana Santa, la situación era muy difícil, y el domingo de Ramos, los oidores Gregorio Carrillo y Pedro de Eguaras fueron a la casa del Visitador y le exigieron que no inquietase ni perturbase más a la ciudad y que exhibiese sus despachos en el Real Acuerdo de su nombramiento.  El Visitador se refugió ese mismo domingo juntos con su séquito en el Colegio de la Compañía de Jesús, en donde los sacerdotes de la ciudad llegaron a reunirse con él con la excusa de estar de guardia toda la noche para proteger la inmunidad del licenciado Tequeli.7

Al día siguiente, Lunes Santo 5 de abril, a las 9 de la mañana, los jesuitas tocaron a entredicho provocando un gran alboroto en la ciudad, ya que este toque era utilizado únicamente bajo circunstancias muy graves.  Para calmar la situación, el capitán general Berrospe ordenó que la guardia protegiera el Real Palacio y la Plaza Mayor.7  Por fin, cansada de tanto abuso, la Real Audiencia expulsó al Visitador, quien tuvo que huir de la ciudad y se fue a Soconusco; pero sus seguidores no se calmaron y continuaron haciendo “papeles satíricos” contra el gobierno de Berrospe,7 y no pararon hasta que el obispo Andrés de las Navas los obligó a desistir so-pena de excomunción.8

Tequeli intentó repetir la misma situación en Soconusco, pero fue expulsado nuevamente por los reales ejércitos. Y fue tal el caos provocado por el licenciado Tequeli, que ya nunca más hubo otro Visitador en el Reino de Guatemala.  Por su parte, Sánchez de Berrospe quedó muy afectado de salud por todos estos acontecimientos y murió en enero de 1702.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Juarros, Domingo (1818). Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala II. Guatemala: Ignacio Beteta. p. VIII
  2. —(1808). Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala. Tomo I. Guatemala: Ignacio Beteta. p. 355
  3. Pardo, J. Joaquín (1944). Efemérides de la Antigua Guatemala. 1541-1779. Guatemala: Unión Tipográfica. p. 93
  4. Ibid. p. 94
  5. Juarros, Domingo. Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala, Tomo I. p. 267
  6. Ibid. p. 268
  7. Juarros, Domingo. Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala, Tomo II. p. IX

23 de enero de 1752: se emite la Bula Papal designando a Francisco José de Figueredo y Victoria como el segundo arzobispo de Guatemala

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Ruinas de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Antigua Guatemala.  El arzobispo Figueredo y Victoria protegió mucho a esta orden durante su gestión.  Fotografía de Eadweard Muybridge tomada en 1875.  En el recuadro: el arzobispo Figueredo y Victoria.

Francisco José de Figueredo y Victoria fue el segundo arzobispo y XVIII obispo de Guatemala.  Era originario de Granada y fue nombrado obispo de Popayano en 1740, y luego arzobispo de Guatemala en 1751. La Bula Papal que lo confirmó se expidió el 23 de enero de 1752 y llegó a la Capitanía Generalel 13 de mayo de 1753.  La ceremonia en que se le impuso el palio fue en la iglesia de Cuajiniquilapa.

Lo más importante de su gestión fue poner en práctica la orden Real por la que se despojó a las órdenes religiosas regulares de sus doctrinas y pasarlas al control del clero secular, aunque en la práctica la poderosa orden de los Dominicos conservaron sus grandes docrinas en la Verapaz (incluyendo el sur del territorio del moderno departamento del Quiché).

Figueredo y Victoria era ya de edad avanzada cuando se hizo cargo de la mitra guatemalteca, pero eso no le impidió visitarla ni apoyar en todo cuando pudo a otra orden muy poderosa, la de los Jesuitas, a quienes ayudó mucho con su colegio en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.

El arzobispo quedó ciego a los 80 años de edad y pidió al rey que le asignaran un coadjutor que le ayudara en su ministerio.  El Rey asignó al guatemalteco  Miguel de Cilieza y Velasco, quien era Maestrescuela de la Catedral, pero la autorización llegó al Reino después del fallecimiento del arzobispo, que ocurrió el 24 de junio de 1765.

Los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios del Rey de España apenas dos años después, en 1767, como parte de la Pragmática Sanción que los obligó a salir de todos los territorios del Imperio Español.


BIBLIOGRAFIA:


9 de noviembre de 1812: las cortes españolas eximen a los indígenas de la prestación de servicios y raciones a los curas párrocos, y los obliga a pagar diezmo como el resto de pobladores coloniales

9noviembre1812Si bien hubo un cambio en la orientación de la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II en la década de 1960 cuando se puso mucho énfasis en el servicio social de los eclesiásticos, anteriormente sus miembros habían gozado de amplios privilegios y eran propietarios de grandes haciendas, monasteries y lujos.

Durante la época colonial, por ejemplo, el clero secular estaba obligado a tener bajo su cuidado las diferentes parroquias de poblados indígenas, a cambio de los cual recibía servicios y alimentos gratuitamente por parte de los pobladores.  Este beneficio era tan deseado por el clero, que las órdenes regulares que formaron las doctrinas originales en el siglo XVI, se resistieron a entregarlas a las parroquias seculares hasta la segunda mitad del siglo XVIII y solamente porque las relaciones entre la Corona y la Iglesia se resquebrajaron.

La época turbulenta que vivió España en la década de 1810 luego de la invasión napoleónica favoreció que se emitieran leyes que modificaran muchas de las prestaciones que tenían los eclesiásticos. Si bien muchos de los diputados a las Cortes de Cádiz eran miembros de la Iglesia, muchos de los cambios propuestos prosiguieron y llegaron a convertirse en leyes, entre ellos la eliminación del trabajo gratuito que los pobladores indígenas hacían para sus curas párrocos.

Cuando el rey Fernando VII recuperó el trono en 1814 derogó las leyes de las cortes, hizo prisioneros a los diputadores y restableció muchos de los privilegios de la Iglesia.  En Guatemala, tras la Independencia de Centroamérica los eclesiásticos mantuvieron su posición de élite hasta 1829, en que el partido conservador fue derrotado por los ejércitos liberales de Francisco Morazán quien expulsó a todos los frailes de Centroamérica y le quitó todos los privilegios al clero secular.

Tras la derrota de Morazán a manos de Rafael Carrera en la Ciudad de Guatemala en 1840, el gobierno conservador se restructuró en el Estado de Guatemala y debido a que la revolución que encabezó Carrera era eminentemente católica, restableció todos los privilegios que la Iglesia había tenido hasta 1829.  Dichos beneficios se mantuvieron vigentes hasta el proceso de Reforma Liberal iniciado por J. Rufino Barrios en 1872.


BIBLIOGRAFIA: