Edificio de la Universidad de San Carlos en la Antigua Guatemala en 2019. En los recuadros: el escudo de Castilla y León, y el de los Estados Pontificios, indican que la universidad era Real y Pontifica. Imagen de HoyHistoriaGT.
La autorización para crear una universidad en la provincia de Guatemala fue un camino tortuoso y difícil que tardó más de cien años a partir del momento en que se fundó el colegio de Santo Tomás con la herencia que dejó para el efecto el obispo Francisco Marroquín al morir en 1563.
Aunque la universidad empezó a impartir clases el 7 de enero de 1681, no fue sino hasta el 20 de febrero de 1686 que el rey de España emitió la real cédula en que aparece el auto del consejo de Indias, aprobando los estatutos y constituciones de la Real Universidad de San Carlos. Unos meses más tarde, para poner orden en la administración de la institución que hasta ese momento había estado funcionando con profesores interinos, el 9 de junio de ese mismo año emitió una real cédula en la que nombró como primer rector de la universidad al Dr. José de Baños y Soto Mayor, e hizo los siguientes nombramientos de profesores propietarios de las cátedras primas:
Teología: Dr. José de Baños y Soto Mayor
Cánones: Lic. Pedro de Ozaeta y Oro
Leyes: Dr. Bartolomé de Amézquita
Medicina: Dr. Miguel Fernández
Asimismo, en dicha real cédula permitió que los frailes de San Francisco pudiera servir una cátedra ad honorem de la doctrina de Escoto en la universidad y prometió al doctor en medicina Miguel Fernández egresado del colegio médico, que pasados cinco años en la cátedra de medicina de la universidad, se le conferiría el título de protomédico general del Reino de Guatemala.
Por otro lado, el rey informó que había solicitado al papa Inocencio IX que se otorgara una bula confirmando la erección de la universidad de San Carlos con privilegio de otorgar grados mayores en la facultad de sagrada teología y cánones y que el rector y maestrescuela tuvieran la misma jurisdicción que la que gozaban los de las universidades de México y Lima. Esta bula fue emitida el 18 de junio de 1687, y por lo mismo a partir de ese momento pasó a ser la Real y Pontificia Universidad de San Carlos.
Por útimo, el rey ordenó que los capitales pertenencientes al fondo de la dotación de la universidad fueran recogidos y depositados en la caja real.
El 3 de enero de 1688 el doctor José de Baños y Soto Mayor fue confirmado en el cargo de rector y ese mismo día encargó al bachiller presbítero José de Lara, cura rector de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, que tradujera al español la bula del papa Inocencio XI, en la que éste confirmaba la erección de la universidad guatemalteca. Lara trabajó en dicho encargo y a las tres de la tarde del 15 de febrero de ese año, en el salón mayor de la universidad en la ciudad de Santiago de Guatemala, el presbítero Ignacio de Mármol leyó la bula en presencia del recién llegado presidente Jacinto de Barrios Leal, de los oidores, del cabildo eclesiástico, capiturales, miembros del clero regular y secular, y vecinos distinguidos.
La Catedral de la Ciudad de Guatemala, tal y como lucía en la época en que ocurrió el intento de asesinato contra Carrera. En el recuadro: el capitán general Rafael Carrera, y el poeta Juan Diéguez Olaverri, líder la conjura. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El día 26 de junio del año de 1846 se iban a celebrar las exequias fúnebres del arzobispo Ramón Casaus y Torres, quien había sido desterrado por Francisco Morazán en 1829, y cuyos restos habían sido traídos a Guatemala desde La Habana, en donde había vivido exiliado el clérigo. Era la voluntad del extinto arzobispo que fuera enterrado en el templo de Santa Teresa en la Ciudad de Guatemala, y el gobierno católico conservador no escatimó en gastos para cumplir con el deseo del finado.
La catedral estaba adornada con suntuosas colgaduras de luto y los restos del Arzobispo estaban colocados en un artístico y lujoso catafalco. Una numerosa concurrencia ocupaba el templo, entre ellos el “Protector de la Iglesia“, el general Rafael Carrera, quien en su uniforme de gala estaba bajo su dosel de Jefe de Estado, rodeado de autoridades civiles y militares y de los miembros de la familia Aycinena. El Dr. José María Castilla, ocupaba la cátedra sagrada, y hacía el elogio de las virtudes y de los méritos del arzobispo Casaus, muerto en el destierro.
De pronto, se situaron guardias en las puertas de la iglesia, y se formó en son de guerra una fuerza armada frente al templo, y se vio á un oficial ayudante entregarle al Jefe de Estado un par de pistolas, luego de cruzar unas breves palabras. Carrera, general guerrillero acostumbrado a los rigores de la batalla, guardó tranquilamente las armas y continuó presenciando las exequias, y tranquilamente marchó con la procesión que, a eso de las tres de la tarde, dejó los restos del Arzobispo en la iglesia de Santa Teresa.
La conspiración contra Carrera estaba descubierta, y los conjurados que habían planeado capturar á Carrera en el templo, y aún darle muerte en caso necesario, no tuvieron más que ocultarse o emprender la fuga. El Gobierno, como era de esperarse, capturó a los conjurados que no lograron huir, y persiguió a los que lo hicieron. Los hermanos Juan y Manuel Diéguez, líderes de la conjura, habían logrado huir y refugiase en la hacienda de Saltan, en Salamá, Baja Verapaz, propiedad del Presbítero J. Mariano Ocaña pero fueron descubiertos y capturados por un oficial de Carrera llamado Ruperto Montoya quien lo llevó a la cárcel del Castillo de San José, que era por aquel tiempo la prisión de Estado. Como muchos los conjurados eran estudiantes de la Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, el rector Juan José de Aycinena y Piñol, líder de la familia Aycinena, se apresuró a distanciarse cuanto pudo de la conjura por temor a serias represalias.
Tras el juicio que se les siguió, los hermanos Diéguez y algunos de sus cómplices, confesaron su culpabilidad. Dijeron que se habían propuesto “llevar á cabo un cambio político, establecer un gobierno sujeto al imperio de las instituciones, y para ello, en caso de resistencia o de necesidad, estaban dispuestos a quitar la vida al Jefe del Estado”. Pero en un extraño caso de magnanimidad, Carrera perdonó la vida a los conjurados condenados a muerte tras un penoso juicio, permitiéndoles salir al exilio tras tenerlos unos cuantos meses en prisión.
BIBLIOGRAFIA:
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Vela Salvatierra, David (1943). “Juan Diéguez Olaverri”, en Literatura guatemalteca. Guatemala: Unión Tipográfica. 2
El palacio de la Policía Nacional en la década de 1970, construido durante el gobierno del general Jorge Ubico. Imaen tomada de Wikimedia Commons.
El 1 de junio de 1944, el gobierno del general Jorge Ubico incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, pero solo para aquellos que ganaban menos de 15 quetzales mensuales, lo que dejaba fuera a los maestros, quienes reaccionaron con una serie de protestas pacíficas con el fin de ser beneficiados con ese aumento. Por su parte, los estudiantes universitarios iniciaron marchas pacíficas para exigir la destitución de sus decanos, ya que, durante el gobierno de Ubico, las Escuelas Facultativas eran dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y las autoridades eran nombradas directamente por el presidente de la República. Ubico accedió a cambiar a los decanos, pero los sustitutos, nombrados por el presidente, no fueron del agrado de los estudiantes, quienes en consecuencia redoblaron sus protestas.
Cuando el gobierno suprimió las garantías constitucionales luego de las protestas de los estudiantes universitarios un grupo de 311 ciudadanos le envió la siguiente misiva:
Señor Presidente de la República:
Los suscritos ciudadanos guatemaltecos, en ejercicio del derecho garantizado por el artículo 22 de la Constitución de la República, nos dirigimos a usted con las muestras de nuestro mayor respeto y exponemos:
El día de hoy promulgó su gobierno el Decreto No. 3114, que restringe las garantías constitucionales. La parte considerativa de esta disposición consigna que elementos disociadores de tendencias nazi-fascistas perturban gravemente la paz de la República procurando obstaculizar al gobierno el mantenimiento del orden. Es por todos conocida la génesis de ese decreto, y la propia Secretaría Presidencial, en un boletín dado a publicidad en la prensa, la funda en la acción de problemas de orden interno de la Universidad.
La opinión pública espontáneamente se ha solidarizado con las aspiraciones de los estudiantes en esta hora trágica en que la flor de la juventud de los países libres ofrendan sus vidas en defensa de los altos ideales de la humanidad y de la democracia, a cuya causa está afiliada nuestra patria.
Es por ello doloroso ver que el Primer Magistrado de la Nación, sin duda basado en informaciones inexactas, tendenciosas e interesadas, haya lanzado a la juventud el grave cargo de nazi-fascismo. La juventud, señor Presidente, jamás vibra al impulso de mezquinas tendencias y, por el contrario, interpreta y encarna los ideales más limpios y las más nobles aspiraciones. La de Guatemala no es en este caso una excepción. Convencidos de la pureza de los ideales de la juventud universitaria guatemalteca, nos sentimos obligados, como ciudadanos conscientes, a solidarizarnos plenamente con sus legítimas aspiraciones.
Es así como, movidos tan sólo por nuestro fervoroso patriotismo, venimos a rogar la ilustrada atención de usted acerca de los apremios de la hora actual y del imperativo del deber, sentido por todos, de que el Gobierno se encauce hacia metas prometedoras que aseguren el derecho y satisfagan las legítimas aspiraciones de la familia guatemalteca. El decreto de suspensión de garantías ha venido a crear una situación de intranquilidad y zozobra que agudiza la angustia de la hora en que vive la humanidad, en vez de asegurar la paz y el orden que pareció inspirarlo.
La restricción de garantías crea una situación de hecho, en la cual el pueblo carece de medios legales para manifestar sus justos anhelos y es susceptible de provocar consecuencias funestas que, como guatemaltecos conscientes, seríamos los primeros en deplorar.
Ante un régimen de derecho, la ciudadanía actúa dentro de la legalidad. Una situación de hecho engendra, tarde o temprano, una reacción de violencia. Con toda hidalguía reconocemos que la actual administración presidida por usted ha hecho, en lo material, obra constructiva. Empero, su labor, como todo lo humano, no ha llegado a satisfacer muchas aspiraciones populares por falta de medios de libre expresión.
Alrededor de los gobernantes actúan y medran fuerzas burocráticas e intereses creados que se fortalecen con el transcurso de los años y que llevan al mandatario visiones falseadas de la realidad ambiente. Por esta razón debe desconfiarse siempre de las “adhesiones” que, nacidas del temor o del interés, llegan hasta el gobernante a través del mecanismo oficial, las cuales jamás presentan el auténtico “sentimiento popular”. Seguramente corresponderá a usted aquilatar muy pronto el valor de tales “adhesiones”, a diferencia de la genuina sinceridad que nos anima.
Guatemala no puede substraerse a los imperativos democráticos de la época. Es imposible frustrar con medidas coercitivas los incontenibles impulsos de la generosa ideología que está reafirmándose en la conciencia universal a través de la más sangrienta de las luchas libradas entre la opresión y la libertad.
Estamos seguros, señor Presidente, de que su espíritu comprensivo acogerá la presente gestión con el mismo interés patriótico que nos mueve a dirigírsela. Confiados en él, pedimos lo siguiente:
El restablecimiento de las garantías suspendidas, para que el pueblo pueda gozar, sin demora, de la plenitud de sus derechos constitucionales; y
Dictar las disposiciones pertinentes a fin de que tales garantías tengan plena efectividad.
De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
Estrada, A. (1979). Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. pp. 559-574.
Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
Fuente de la Plaza Mayor de la Nueva Guatemala de la Asunción, que estaba frente al Palacio Colonial, en donde se realizó la primera reunión de la Asamblea Constituyente en el mismo salón en el que se firmó el Acta de Independencia en 1821. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La Primera Asamblea Constituyente de Centroamérica que había sido instalada el 24 de junio de 1823 inició sus sesiones el 29 de junio de ese año a instancias del jefe politico del extinto Primer Imperio Mexicano, el general Vicente Filísola. El primer acto que se hizo fue circular el acta inagurual de la Asamblea a todos los miembros de las Provincias Centroamericanas.
Reproducimos a continuación el acta, para que nuestros lectores se den cuenta de la enorme influencia que tenia el Ayuntamiento de los criollos aristócratas y la Iglesia Católica. Además, es importante destacar que la mayoría de los representantes era de Guatemala, seguidos de un número considerable de representantes de El Salvador y unos cuantos de Honduras. Las otras provincias no tenían representantes.
En la ciudad de Guatemala á veinticuatro de junio de mil ochocientos veintitrés, dia señalado para la instalación del congreso á que convocó el acta de 15 de setiembre de 1821, se reunieron en el palacio del gobierno los representantes cuyos poderes estaban aprobados, la diputación provincial, la audiencia territorial, el ayuntamiento, claustro de doctores, consulado, colegio de abogados, gefes militares y de rentas, y prelados regulares; y, presididos por el mismo geje político, se dirigieron á implorar el auxilio divino á la iglesia catedral, donde el muy reverendo arzobispo celebró de pontifical y se pronunció tambien un discurso análogo de las circunstancias, por el eclesiástico encargado de ello.
Después se procedió al juramento que debian prestar los diputados. El secretario de gobierno, usando de la fórmula prevenida en el ceremonial, les preguntó: “¿juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que los pueblos vuestros comitentes han puesto á vuestro cuidado, mirando en todo por el bien y prosperidad de los mismos pueblos?” contestaron: “sí juramos:” y pasaron á tocar el libro de los evangelios, que se hallaba al intento colocado en una mesa en el presbiterio.
De catedral salieron para el ediñcio del congreso acompañados de las mismas autoridades. Las calles del tránsito estaban guarnecidas de tropas, que hicieron los honores debidos á la representación nacional; un numeroso concurso esperaba el momento de la instalación, y en medio de sus demostraciones de regocijo, llegó la comitiva al salón de las sesiones.
El presidente de las juntas preparatorias tomó su asiento, y el gefe político que ocupaba el del lado izquierdo, hizo, antes de despedirse, un pequeño discurso, manifestando la complacencia que sentía al ver realizados en la instalación del congreso los votos de Guatemala, y congratulándose de haber contribuido á llenar tan justos deseos. Dio también un papel en que dijo estar consignados sus sentimientos.
El señor presidente le contestó: que los representantes estaban penetrados del interés que tomaba por la felicidad de estas provincias.
Las autoridades se despidieron con el gefe; y luego que regresó la comisión nombrada para acompañarlas, se anunció que iba a tratarse de la elección de presidente, vice-presidente y cuatro secretarios. Se procedió á la de presidente, y fué electo el señor Delgado con treinta y siete votos, teniendo dos el señor Dávila, y otros dos el señor Molina.
En la de vice-presidente reunió catorce votos el señor Dávila; once el señor Barrundia; ocho el señor Molina; siete el señor Barrutia, y uno el señor Cañas (don Simeón), y como ninguno obtuvo la mayoría se procedió á nueva elección entre los señores Dávila y Barrundia. De esta vez resultó electo el primero con veintisiete votos.
Por veintitrés fué nombrado para primer secretario el señor Sosa; el señor Gálvez habia tenido diez, el señor Córdova (don Mariano) seis, el señor Alcayaga uno, y otro el señor Córdova (don José Francisco).
Para segundo secretario resultó electo el señor Gálvez, por treinta y nueve votos. Tuvo los dos restantes el señor Córdova (don José Francisco.)
Para tercer secretario, el señor Córdova (don Mariano) que reunió treinta y tres votos. El señor Córdova (don José Francisco) tenia cuatro, el señor Dieguez tres, y uno el señor Cañas (don Antonio) . Por veintiséis fué nombrado cuarto secretario el señor Vasconcelos, teniendo cinco el señor Dieguez, tres el señor Cañas (don Antonio), igual número el señor Estrada, dos el señor Menéndez (don Isidro), uno el señor Sánchez V otro el señor Azmitia.
Publicadas estas elecciones, que merecieron aplausos de las galerías, el señor Dávila cedió el asiento de presidente al señor Delgado. Los señores Sosa y Gálvez siguieron ocupando los que tenían como secretarios de las preparatorias, y los señores Córdova y Vasconcelos toman los que les correspondan.
El señor presidente puesto en pié, como los demás representantes, pronunció: ”El Congreso está solemnemente constituido é instalado.”
A continuación nombró una comisión compuesta de los señores Valenzuela y Menéndez (don Marcelino) para que llevasen al gobierno el parte oficial concebido en estos términos: ‘El congreso general de estas provincias se ha declarado hoy 24 de junio de 1823, solemnemente constituido é instalado, después de haber elejido un presidente, un vice-presidente y cuatro Secretarios. Recayó el nombramiento de presidente en el señor don José Matías Delgado, diputadlo por el partido de San Salviulor. el de vice-presidente en el señor don Fernando Antonio Dávila, diputado por el de Sacatepéquez. y el de secretarios en los que suscribimos, y representamos por los de San Salvador, Totonicapam, Huehuetenango y San Vicente, según el orden de nuestras firmas.’
La comisión salió a palacio, previo aviso que se habia dado al jefe político para que se sirviera esperarla.
El congreso continuó reunido, hasta que, regresada la comisión, entregó la respuesta del gefe político, que uno de los secretaries leyó en la tribuna, y es como sigue: ”Con la más viva satisfacción, me he impuesto por el parte oficial de VV. SS. que he recibido en este momento, de quedar constituido e instalado solemnemente el congreso general de estas provincias, habiendo sido nombrado por su presidente el excelentísimo señor don José María Delgado, por vice-presidente el señor don Femando Antonio Dávila VV. SS. de secretarios. Ruego á VV. SS. se sirvan manifestar á su soberanía mi complacencia al ver realizados los votos de la opinión general, que tuve el honor de interpretar el 29 de marzo último, y felicitarla á mi nombre con la más cordial enhorabuena.”
El señor presidente dio por concluido el acto, señalando para la apertura y primera sesión del congreso, el domingo 29 del presente mes.
José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
El coronel Jacobo Árbenz Guzmán visitando comunidades en el interior de la República. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
De todos es sabido la polarización que existe en Guatemala alrededor la controversial figura del coronel Jacobo Árbenz Guzmán, quien fuera uno de los líderes de la Revolución de Octubre de 1944 que derrocó al general Federico Ponce Vaides, luego Ministro de la Defensa durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo y, finalmente, presidente de la República de 1951 a 1954.
Árbenz Guzmán renunció el 27 de junio 1954 tras la exitosa operación PBSUCCESS de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) patrocinada por la United Fruit Company (companía estadounidense que había controlado el país desde el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera y que fue la principal afectada por la Reforma Agraria establecida por el gobierno arbencista para hacer productivas las grandes cantidades de tierras ociosas que habia en el pais) ya que consideraban que la influencia de los elementos comunistas en el gobierno guatemalteco estaba decantando el poder en favor de sindicatos y obreros en detrimento de sus intereses, tal y como quedó confirmado cuando en 2003 el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos desclasificó una gran cantidad de documentos relacionados con del derrocamiento de Árbenz. En uno de dichos escritos se presenta el reporte que la CIA hizo del gobierno guatemalteco en marzo de 1952, el cual consideramos es el análisis más objetivo de la situación que se vivía en Guatemala poco antes de que se emitiera el Decreto 900 de Reforma Agraria:
En primer lugar, en el reporte se menciona que en 1952 la United Fruit Company, con sede en Nueva Orleans, Luisiana, contaba con grandes operaciones en nueve países de América Latina y dominaba en ese momento la producción bananera y el ferrocarril de Guatemala. Ademas, mediante su flota mercante, tenía un virtual monopolio del transporte marítimo de las exportaciones guatemaltecas. Poseía o rentaba grandes terrenos en Guatemala y era el segundo empleador del país, sólo detrás del gobierno. Por estas razones, la presencia de la empresa era una espina para los nacionalistas guatemaltecos, a pesar de que pagaba los mejores salarios en el país. De acuerdo a los agentes estadounidenses, cuando la Revolución de 1944 liberó a Guatemala del gobierno liberal del general Ponce Vaides, tenía en mente librarse del colonialismo económico de la UFCO y para 1952 el gobierno confiaba en el apoyo nacionalista en contra de la frutera.
Pero en ese momento la frutera estaba en crisis por la destrucción de sus principales plantaciones por tormentas tropicales en septiembre de 1951 y por una serie de problemas laborales que obligaron a la compañía a solicitar al gobierno que le asegurara que no habría futuros incrementos en el costo de mano de obra antes de comenzar la recuperación de sus plantaciones. Cuando el gobierno gobierno guatemalteco se negó a no incrementar salarios, la UFCO suspendió a cuatro mil de sus siete mil trabajadores, a lo que el gobierno contraatacó apoyando al sindicato (dirigido por miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo) que demandó que los trabajadores fueran reinstalados en sus puestos con el pago correspondiente a los meses que no trabajaron. El tribunal laboral falló en favor del sindicato, pero la compañía se negó a cumplir con la decisión del mismo y como consecuencia de su desafío, el gobierno le decomisó parte de sus terrenos para pagarle a los empleados obligando a la UFCO a resolver la situación fuera de los tribunales poco tiempo después.
Con respecto a la situación en el país en general, la CIA reportó lo siguiente:
Los comunistas del Partido Guatemalteco del Trabajo ya tenían una fuerte influencia en Guatemala, mucho mayor que lo que podría esperarse por su pequeño número de afiliados. Esta situación política en Guatemala afectaba a los intereses norteamericanos en el país y constituía una potencial amenaza al territorio de los Estados Unidos.
Los comunistas habían sido exitosos políticamente porque se habían identificado con los principios de la Revolución de 1944; de esta forman habían podido infiltrase en los partidos políticos y tomar el control de los sindicatos, de los que el gobierno dependía cada vez más.
La alianza política entre el gobierno y sus asesores comunistas era muy fuerte, y los agentes estadounidenses no percibían que hubiera una oposición efectiva. (Nota de hoyhistoriagt: El principal asesor de Arbenz era el reconocido comunista José Manuel Fortuny).
Los sucesos de los próximos años en Guatemala iban a depender directamente de cómo se resolviera el conflicto entre el gobierno y la United Fruit Company, consecuencia natural de la Revolución de 1944 y que los comunistas habían exagerado para sus propios fines.
Si la UFCO cediera a las demandas del gobierno arbencista, este se hubiera visto reforzado enormente. Incluso, se habría podido llegar a una situación en que el gobierno y los sindicatos, bajo influencia comunista y apoyados por un sentimiento nacionalista, empezarían a presionar a otras compañías estadounidense, todas ellas afiliadas a la UFCO. (Nota de hoyhistoriagt: Entre estas la principal era la International Railways of Central America (IRCA), que manejaba el ferrocarril y era afiliada de la UFCO).
Si la UFCO se hubiese retirado de Guatemala, la situación económica del país habría empeorado. Ahora bien, los agentes estadounidenses consideraban que esto no hubiese bastado para que hubiera inestabilidad política en 1952, a menos que también se hubiera dado una caída en los precios del mercado del café.
Cualquier debilitamiento en la economía o situación política del país hubiese servido para incrementar la dependencia del gobierno de los sindicatos, con el consecuente aumento de la influencia comunista. Sin embargo, se consideraba poco probable que los comunistas tomaran el poder en 1952, incluso en el caso de que el presidente Árbenz no hubiera podido continuar en el gobierno, su sucesor, Julio Estrada de la Hoz (presidente del Congreso de Guatemala) era favorable a los comunistas.
El ejército era leal al presidente guatemalteco, aunque estaba cada vez más molesto por la influencia comunista. Si los comunistas hubieran querido tomar el poder del país, el ejército lo hubiera impedido.
El mismo informe reportó que los principales bastiones anticomunistas en Guatemala eran:
La jerarquía católica: implacable anticomunista. Aunque su influencia era considerable, la iglesia estaba maniatada por la escasa presencia de sacerdotes desde 1873 y la falta de un programa social adecuado.
Los terratenientes y propietarios de grandes negocios, quienes estaban disfrutando un período de prosperidad en ese momento, aunque estaban molestos por el aumento de impuestos y del costo de la mano de obra. Sin embargo, hasta la fecha del informe (antes del Decreto 900) sus intereses no habían sido objeto de ningún ataque directo.
El fuerte sindicato de trabajadores ferrocarrileros, el cual no se quiso unir a la federación obrera dirigida por comunistas.
Un número considerable de estudiantes universitarios y miembros del magisterio guatemalteco.
Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
—; Read, Ian (2006). «Banana Boats and Baby Food: The Banana in U.S. History». En Topik, Steven; Marichal, Carlos; Frank, Zephyr. From Silver to Cocaine: Latin American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500-2000 (en inglés). Durham: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-3766-9.
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La respuesta del gobierno del general Jorge Ubico a la carta de los 311 que recibió el 22 de junio de 1944 con relación a las garantías constitucionales no fue positiva. Inicialmente había mandado a llamar a un grupo de representantes de los 311 para negociar una salida pacífica al problema de las protestas generalizadas que se estaban dando en la ciudad, pero no se llegó a ningun acuerdo, pues los ciudadanos querían la restitución de las garantías, mientras que el presidente y el gobierno se empecinaban en suspenderlas. El 25 de junio de 1944 el gobierno accedió a dialogar con los ciudadanos nuevamente, esta vez con el Cuerpo Diplomático como mediador pero mientras estaban reunidos en el Palacio Nacional la policía y el ejército dispararon indiscriminadamente contra los protestantes, hiriendo a la senora Julieta Castro de Rölz Bennett y matando a la profesora María Chinchilla Recinos.
Ante esta situacion, los miembros de la comision se dieron cuenta de que iban a ser perseguidos y enviaron una misiva al presidente el 26 de junio, en donde describían los hechos antes mencionados, aceptaban sus responsabilidades, y le exigían al presidente su renuncia al cargo como una “solución patriótica y conveniente“.
He aquí la carta de aquel 26 de junio:
Señor Presidente de la República:
El día sábado 24 de junio, a las dieciséis horas, se presentó a usted un memorial suscrito por más de trescientas personas pidiéndole: a) el restablecimiento, sin demora, de las garantías constitucionales; y b) la plena efectividad de tales garantías. Hicieron la entrega de ese memorial, en nombre de los firmantes, los licenciados Federico Carbonell y Jorge A. Serrano, quienes, al día siguiente en la mañana, fueron llamados al Palacio Nacional con el objeto de que reunieran a un grupo de personas firmantes de la solicitud, a fin de discutir la forma más conveniente y patriótica de conjurar la gravísima situación creada en el país. Atendiendo esa insinuación y guiados únicamente por móviles del más puro interés patriótico, celebramos una junta con los secretarios Salazar, Anzueto, Sáenz de Tejada, González Campo y Rivas, y como única gestión posible por nuestra parte ofrecimos acercarnos a los diversos sectores representados en las manifestaciones populares, con el objeto de conocer en forma precisa todas y cada una de sus aspiraciones y transmitirlas al Gobierno de la República. Con ese exclusivo propósito solicitamos que se nos otorgaran por escrito las garantías necesarias: seguridad personal, libertad de prensa, de asociación y de libre expresión de palabra. Ninguna de ellas nos fue concedida, y el acta, que principiaba a redactarse, quedó inconclusa ante la imposibilidad de conciliar dos criterios totalmente opuestos: el nuestro, que consideraba indispensable para solucionar la aguda crisis del país la obtención de los medios indicados; y el del Gobierno, que apelaba a mantener inalterable la situación de fuerza creada por la suspensión de garantías y que se negaba a otorgarnos en lo personal las seguridades por escrito que tan de buena fe le solicitábamos.
En vista de tales circunstancias, dimos por concluida nuestra misión.
En la tarde del propio día de ayer, el Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en el país se sirvió convocarnos al edificio de la embajada norteamericana para comunicarnos que el Gobierno de la República había solicitado abocarse con nosotros y conocer si estábamos en disposición de reanudar las conversaciones suspendidas esa mañana. Ante la situación, cada vez más tirante, y a pesar de que ya eran conocidos de todos los incalificables atropellos del mediodía, aceptamos la iniciativa del Gobierno y acudimos nuevamente a Palacio. Encontramos la misma actitud de intransigencia de parte de la Delegación del Gobierno, formada por algunos secretarios de Estado y de la Presidencia. Fueron inútiles todos nuestros razonamientos y esfuerzos por lograr del Gobierno las facilidades que pudieran acercarnos al éxito de la misión que se quería confiarnos y que, por aquellos deplorables sucesos, aparecía cada vez más remoto. Llegados a este punto, solicitamos entrevistarnos directamente con usted esperando encontrar mayor armonía con nuestro criterio.
Usted, señor Presidente, recordará todas nuestras observaciones: la insistencia sincera y razonada con que le hicimos ver el origen popular y espontáneo del movimiento reivindicador que conmueve al país, provocado por los largos años en que el pueblo se ha visto privado del ejercicio de sus derechos; la necesidad ingente de restablecer las garantías ciudadanas; el distanciamiento real en que se ha mantenido usted del pueblo, debido a la falta absoluta de medios de libre expresión; de haberse creado hacia usted, en el país, por su actuación y la de sus colaboradores, más que un sentimiento de respeto, uno de temor individual e inseguridad social; la inconveniente centralización de las funciones públicas; el desequilibrio que significa la existencia de un Gobierno rico frente a un Pueblo pobre; la justificada impaciencia del pueblo de Guatemala ante la inmutabilidad de su Gobierno por el largo espacio de catorce años; su sistema de gobierno en pugna con las realidades del presente; la resistencia de su Administración a realizar las necesarias reformas sociales; los abusos de autoridad reiteradamente cometidos durante su administración; los perturbadores intereses creados entre sus servidores que han contribuido a falsearle la realidad ambiente; y, en fin, señor Presidente, todas aquellas circunstancias que han llevado al país a la presente situación de unánime protesta pública. En un principio, nuestras esperanzas se vieron alentadas por la actitud receptiva de usted ante la franqueza de nuestras expresiones, ante la sinceridad de nuestros propósitos y ante el común interés patriótico que en usted suponíamos. Nos manifestó usted que la única forma de gobernar al país es la que usted ha puesto en práctica; que no restituiría las garantías constitucionales; que la libertad de imprenta suponía la inseguridad del Gobierno; que la organización de partidos políticos de oposición era incompatible con el orden público y que no los permitiría mientras estuviera en el poder; que el actual movimiento de opinión tiene su origen en corrientes ideológicas que vienen de fuera. Ante nuestra más profunda sorpresa afirmó usted que, por su prestigio y experiencia gubernativa, su alejamiento del poder significaría el caos para Guatemala, dándonos la impresión de conceptuarse insustituible al frente de los destinos del país. Le reiteramos la solicitud ya hecha al Gabinete, de todos los medios necesarios para ponernos en contacto con la opinión pública y traerle una clara expresión de los deseos ciudadanos. Accedió usted únicamente a que, sin hacer reunión de clase alguna, nos pusiéramos en contacto en forma individual con personas de los distintos sectores y le transmitiésemos las verdaderas aspiraciones del pueblo guatemalteco. Para el debido cumplimiento de nuestra gestión patriótica, y con la única garantía que nos fue concedida por usted, salimos del Palacio a cumplir la misión que voluntariamente nos habíamos impuesto.
¡Cuál sería nuestra sorpresa al darnos cuenta de que, mientras parlamentábamos en Palacio, y el Honorable Cuerpo Diplomático estaba dedicado a las nobles funciones de Mediador, la Policía y la tropa acribillaban a balazos a hombres, mujeres y niños que pacíficamente desfilaban por las calles, entre cuyas damas se contaba doña Julieta Castro de Rölz Bennett, esposa de uno de nosotros!
La indignación general por tan reprobables hechos era profunda e incontenible. La sangre de las víctimas robustecía las ansias de libertad. Considerábamos que la crueldad de la fuerza pública era insuperable obstáculo a nuestros propósitos, y así quedó confirmado al entrevistarnos con personas de los diferentes sectores sociales.
Con tan dolorosa convicción volvimos a presencia del Cuerpo Diplomático y le expusimos el fracaso de nuestras gestiones, debido a los últimos acontecimientos, de los cuales ya estaba enterado ese Honorable Cuerpo, cuyos sentimientos humanitarios fueron de nuevo evidenciados.
Esta mañana a las nueve horas fuimos llamados por el señor director general de Policía, quien, en cumplimiento de las instrucciones recibidas del señor Secretario de la Presidencia, nos notificó que la autorización que usted nos había otorgado quedaba sin efecto y que tendríamos que atenernos a las consecuencias emanadas del decreto de suspensión de garantías. La misión patriótica que habíamos aceptado quedaba definitivamente concluida por disposición del Gobierno.
Como obligada consecuencia de los hechos narrados, consideramos que es nuestro deber ineludible, según lo acordado con usted, llevar a su conocimiento la expresión inequívoca de los anhelos populares que hemos podido palpar y que son el verdadero origen de la situación angustiosa por que atraviesa Guatemala. Tales aspiraciones se concretan visiblemente, palmariamente y de manera incontrovertible en la necesidad sentida por todos, como única solución patriótica y conveniente, la de que usted renuncie de forma legal a la Presidencia de la República.
Protestamos al señor Presidente, en nuestra más alta calidad de ciudadanos, que lo que dejamos expuesto se ciñe por entero a la realidad de los hechos y del momento que vive nuestra Patria.
Salón de Actos de la Escuela Facultativa de Derecho y Notariado en 1896. En este mismo salón se reunió la primera Asamblea Constituyente en 1823. Imagen tomadad de “El Porvenir de Centro América“.
Tras la debacle del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, su gobernador para Centroamérica, el general Vicente Filísola se vió en la difícil situación de estar al frente de una región hostil sin alguien que lo respaldara. Ante esto, decidió que lo más prudente era salir de Centroamérica cuantos antes, y para ello convocó a una Asamblea Constituyente Centroamericana. Al contrario de su jefe, Agustín I, Filísola era un hombre prudente y sensato que apreció correctamente la situación que sobrevenía y actuó en consecuencia. Tan pronto como pudo se fue a la Ciudad de Guatemala, en donde reunió a la diputación provincial y les entregó el decreto por medio del cual convocaba a una Asamblea Constituyente.
La noticia de una nueva asamblea fue gozosa para los criollos, que regresaban así a la vida independiente luego de la anexión al Imperio Mexicano. Así pues, los habitantes convocaron a elecciones y cesaron de tajo las guerras entre los estados que se oponían a la anexión y los que no.
La Asamblea estuvo finalmente conformada el 26 de junio de 1823 con cuarenta y un representantes de las provincias quienes se reunieron en la Sala del Consejo de los Capitanes Generales, para luego salir a la Catedral en donde juraron fidelidad a la patria. Finalmente, iniciaron sus reuniones en el salón del edificio de la Universidad bajo la presidencia del padre y doctor José Matías Delgado.
El primer acto oficial de la Asamblea fue el decreto del 1 de julio de 1823, que ahora en el siglo XXI suena falaz, y que dice textualmente: “Que las provincias de que se componía el Reino de Guatemala, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo; y que no son, ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.”
Entre los diputados estuvieron algunos personas que fueron próceres de la Independencia, y que luego serían determinantes en la vida política de Guatemala; tal es el caso del Dr. Pedro Molina, del Dr. Mariano Gálvez, de José Francisco Barrundia y de Cirilo Flores, hijo del eminente médico José Felipe Flores.
Dice el historiador Alejandro Marure que el propósito de aquella primera Asamblea Constituyente era: “establecer el régimen de la libertad en un país que no había conocido más que el despotismo; sistemar una administración enteramente nueva ; fundir la antigua colonia de Guatemala, para convertirla en una nación soberana; establecer su crédito y sus relaciones en el exterior; darle una organización adecuada a las circunstancias y toda la importancia política a que le llamaba su ventajosa posición; y hacer todo esto en medio del empobrecimiento y desconcierto en que le había sumido la facción iturbidiana.”
Sin embargo, los nobles propósitos quedaron por un lado porque muy pronto los criollos se dividieron en dos bandos que habrían de desangrar la región y terminarían por desmembrarla y formar cinco débiles naciones: los liberales y los conservadores.
Retrato del historiador Alejandro Marure, tomado de Wikimedia Commons.
La documentación de la historia de Guatemala se inició con el gobierno del doctor Mariano Gálvez, quien nombró al licenciado Alejandro Marure como historiador oficial de su gobierno con el fin de mostrar todas las bondades del régimen liberal y de denostrar todo lo ejecutado por el partido conservador, al que Marure llegó incluso a llamar “Partido Opositor” en sus escritos.
Marure había sido educado en el Seminario Tridentino, como se acostumbraba en la época colonial para los varones de las élites sociales. Era hijo de Mateo Antonio Marure, quien muriera cuando su hijo solo contaba con seis años de edad durante el gobierno del capitán general José de Bustamante y Guerra. El padre de Marure había estado dos años en prisión tras ser acusado de independentista y murió cuando fue enviado a España, pues había una epidemia de fiebre amarilla en el puerto de La Habana, a donde llegó en una de las escalas de su viaje a la Península.
Por el resentimiento que tenía contra las autoridades españolas, tras la Independencia de Centroamérica se identificó con el partido liberal y por esto, fue llamado por el gobiero del Dr. Gálvez para fungir como juez y para escribir el bosquejo de las revoluciones de independentistas de 1811 y de la Guerra Civil Centroamericana post-independencia. Además fue nombrado como catedrático de Geografía e Historia de la recién fundada Academia de Ciencias y Estudios, entidad que sustituyó a la Pontificia Universidad de San Carlos durante el régimen de Gálvez, y cuya imprenta publicó sus primeras obras.
Tras el derrocamiento de los liberales en 1838, Marure escribió su obra de “Efemérides de los hechos notables acaecidos en la república de Centro América” la cual tiene un marcado sesgo liberal. Sin embargo, el general Rafael Carrera no lo persiguió por ello, sino que lo distinguió con su amistad y mantuvo su prestigio. Carrera le proporcionó las facilidades para que siguiera desarrollando su actividad historiadora y fue quien escribió la proclama por la cual Carrera declaró al Estado de Guatemala desglosado de la Federación Centroamericana.
Para 1841 su relación con Carrera era excelente, al punto que junto con el general campesino, el licenciado José Venancio López, y el aristócrata Luis Batres Juarros, fueron nombrados por la Asamblea como miembros del consejo de Gobierno, para “sustituir al presdiente del Estado” en caso necesario. En febrero de 1842 se presentó esta situación por la renuncia del licenciado Mariano Rivera Paz a la jefatura del gobierno, y Marure no pudo asumir la presidencia dado que fungía como presidente de la Asamblea Legislativa. Marure, en cambio, ratificó a José Venancio López en el gobierno con carta abierta para solicitar todos los recursos militares que fueran necesarios para contrarrestar la muy posible invasión de Francisco Morazán, que había retornado a Centroamérica tras ser derrotado por Carrera en Guatemala en 1840.
Desafortunadamente, Marure era un hombre enfermizo, quien tenía una constitución endeble y padecía de problemas intestinales. Aunque muy disciplinado en su trabajo, no logró terminar el segundo tomo de la Historia de Centroamérica ni la Recopilación de Leyes, obras que le encomendara el gobierno, ya que la muerte lo sorprendió cuando contaba apenas con cuarenta y seis años de edad.
El lector interesado encontrará aquí algunas de las obras de Marure:
Reproducimos a continuación algunos artículos del reglamento de 1885, los cuales llaman la atención ya que muestran la enorme diferencia en tecnología y las costumbres que existe entre la época en que se estableció la Biblioteca y la época actual de buscadores por internet y libros virtuales.
DECRETO NUM. 335.
MANUEL L. BARILLAS General de División y Encargado de la Presidencia de la República de Guatemala,
Considerando: que la Biblioteca Nacional ha sido considerablemente mejorada, en virtud de las últimas disposiciones dictadas por la Secretaría de Instrucción Pública; y que por lo mismo es conveniente reglamentar aquel útil establecimiento para que produzca los beneficiosos resultados que el Gobierno ha tenido en mira al establecerlo, decreto: el siguiente reglamento de la Biblioteca Nacional.
CAPITULO I.
Disposiciones varias.
Art. 1.°— La Biblioteca Nacional de Guatemala es un establecimiento destinado á servir al público, proporcionando a los suscritores de la Sala de lectura los libros que quieran consultar y los datos bibliográficos que soliciten.
Art. 2.° — Habrá socios contribuyentes y honorarios: los primeros son los que se suscriban con tal carácter, y pagarán por suscrición anual seis pesos adelantados, cuatro por un semestre, ó dos pesos cincuenta centavos por un trimestre. Estos podrán sacar del establecimiento las obras que necesiten, entendiéndose que cada socio recibirá un solo tomo, bajo conocimiento y por un plazo que no exceda de treinta días.
Art. 3.° — En caso de que la obra no sea restituida al Director de la Biblioteca en el plazo fijado en el artículo anterior, se impondrá al socio una multa que no baje de cincuenta centavos, y se le exijirá por medios coactivos la devolución.
Art. 4.° — Son socios honorarios los directores y profesores de Instrucción Pública, y podrán asistir á la Sala de lectura durante las horas de servicio; pero no podrán llevar obras a domicilio.
Art. 5.° — Nadie podrá entrar á las salas interiores sino acompañado por uno de los empleados de la Biblioteca.
Art. 6.° — Si alguno de los concurrentes ocultare un libro ó lo devolviere en mal estado, se dará inmediato aviso de lo ocurrido al Secretario de Instrucción Pública; y sin perjuicio de la responsabilidad que se exija por el daño causado, no volverá quien tal hiciere a ser admitido en la Sala de lectura y al efecto se dejará constancia de su nombre y señas.
Art. 7.° — Tampoco podrán los empleados sacar, ni prestar particularmente libros pertenecientes á la Biblioteca. El Director pedirá al Gobierno la inmediata destitución del emplado que hubiere incurrido en tal falta.
Art. 8. ° —Podrá el Director conceder a las personas que lo soliciten, permiso para sacar copias en las salas interiores.
Art. 9.° — La Biblioteca estará abierta todos los dias de las once de la mañana a las tres de la tarde, y de las cinco de la misma a las nueve de la noche.
Art. 10.° — Los directores de los establecimientos tipográficos de la República deberán remitir a la Biblioteca dos ejemplares de todo folleto, periódico y libro que editen.
CAPITULO II. De la sala de lectura.
Art. 11.° — Los catálogos alfabéticos y movibles estarán á disposición de las personas que quieran consultarlos.
Art. 12.° — Los asistentes tienen derecho á pedirlos datos bibliográficos que necesiten, y que los empleados puedan proporcionarles, en cualquiera investigación científica ó literaria; y dejarán por escrito la consulta, cuando de pronto no pudiere satisfacerse á sus deseos.
Art. 13.° — Es deber de los empleados ser urbanos y atentos con los lectores y proporcionarles facilidades para los fines plausibles que se indican en el artículo anterior.
Art. 14.° — No se atenderá a peticiones que tengan por objeto entretener la ociosidad en vez de fomentar el estudio.
Art. 15.° — No se podrán leer obras pornográficas de la Biblioteca Nacional por personas que tengan menos de diez y ocho años de edad.
Art. 16.° — Los concurrentes guardarán silencio. Toda dificultad que ocurra, se propondrá y satisfará en voz baja, a fin de no perturbar la atención de los leyentes.
Art. 17.°— Es prohibido fumar en la sala de lectura.
Art. 18.° —Pueden los lectores sacar apuntes con lápiz, no con tinta, y cuidando de no colocar sobre el libro el papel en que se escribe. Por lo mismo es prohibido hacer calcos.
Art. 19.° — Cuando los suscriptores notaren algún daño en hojas ó láminas, deben advertirlo inmediatamente al empleado respectivo, para evitar la responsabilidad que pudiera atribuírseles.
[…]
Art. 44.° — El presente reglamento deroga el de 9 de Mayo de 1884, y queda encargado de su ejecución el Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública.
Dado en el Palacio Nacional: en Guatemala, a 22 de Junio de 1885.
Anuncio del servicio de vapores que ofrecia la United Fruit Company en todo el Caribe. La compania tenia el monopolio de las rutas y del uso de los puertos de la region. Imagen tomada de la revista “Latin-America” publicada por la empresa frutera.
El apoyo del gobierno de los Estados Unidos, y en especial de la United Fruit Company, para el del licenciado Manuel Estrada Cabrera era inmenso. Frecuentemente aparecían artículos sobre el presidente guatemalteco en la revista “Latin-America” publicada por la frutera transnacional; es así que, para darle una idea al lector, reproducimos a continuación un artículo que apareció el 19 de junio de 1915 practicamente asegurando su próxima reelección, y que muestra cómo se le hacía propaganda al presidente guatemalteco. (Por cierto, este artículo contrasta de manera radical con la imagen que se da del presidente guatemalteco en obras como “Ecce Pericles!“, del conservador Rafael Arévalo Martínez):
350 clubs políticos se han establecido en este país para sostener la candidatura del esclarecido ciudadano Manuel Estrada Cabrera, y 348 municipalidades, es decir, la totalidad de ayuntamientos existentes en el país la adoptaron incondicionalmente. Debe, pues, considerarse como un hecho la elección de aquel distinguido patriota, para Presidente Constitucional de la República de Guatemala durante el próximo período de 1917 a 1923. Es inusitado el contento que se advierte en todas las clases sociales, sin distinción de nacionales y extranjeros, lo cual significa una paz completa y un perfecto bienestar que contrasta con las noticias de la mala situación que guardan otros países, transmitidas por cable.
El lisonjero estado en que esta República se halla, lo demuestra un hecho muy sencillo, pero también de mucha trascendencia para el porvenir de los venturosos pueblos que han tenido la fortuna de que en su seno naciera un ciudadano de la talla de Estrada Cabrera, sin cuyas poderas facultades habría sido imposible encarrilar este país hacia el futuro bonancible que con razonable fundamento le espera.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico dio cuenta a la Asamblea Legislativa de que las entradas al Erario habian llegado al doble de las sumas invertidas en los gastos de la Nación, no obstante las fuertes cantidades erogadas para la construcción de numerosas o importantes obras publicas, para el sostenimiento de más de 20 casas de beneficencia distribuidas en la capital y en las cabeceras departamentales y sobre todo para pagar los intereses de la Deuda Exterior, anticipadamente hasta el mes de junio del año entrante de 1916. Los periodicos ingleses, pues en la Gran Breana es donde existen los Tenedores de Bonos de esta Deuda, han dedicado frases halaguenas al buen crédito de Guatemala que hoy, a pesar de la guerra de Europoa y de otras circunstancias desfavorables como el estado revolucionario de la vecina Republica de México, ha cumplido fielmente sus compromisos y hasta ha adelantado sumas de importancia, lo que anteriores gobiernos no habían podido hacer. Por eso extrana que “La Cotización Española” revista hispano-americana político-financiera, que se edita en Madrid, en su numero 546 de 20 de abril proximo pasado, al querer tomar la defense del crédito financiera de Guatemala, contra ataques que indudablemente son de enemigos apasionados y envidiosos del buen nombre de esta Republica, diga: ‘Si no se han continuado estas remesas de fondos (las del valor de los intereses de la deuda) no ha sido ciertamente por falta de voluntad y de los buenos deseos, pues el Gobierno guatemalteco se ha visto imposibilitado, como la mayor parte de los gobiernos de Europa y de Sur América a adoptar el sistema de moratorias y aplazamientos, tanto para los compromisos bancarios del interior, como para cubrir las atenciones de sus presupuestos y gastos de administración del interior y del exterior. Dada la gravedad de la crisis que por todas las plazas mundiales se deja sentir, es muy discutible la conducta que forzosamente ha tenido que adoptar el Gobierno de Guatemala, que desde el prinicpio de la Administración del señor Estrada Cabrera, ha dado evidentes pruebas de su rectitud y de su escrupulosidad en el cumplimiento de las obligaciones y en el respeto y defensa de los más altos intereses y crédito del Estado’.
[…]
Irónicamente, en este reportaje adulador para el presidente guatemalteco, se menciona a quien luego sería su más conocido biografo y detractor: el escritor Rafael Arévalo Martínez:
Fecunda ha sido también lo que va corrido de este año en la literatura y ciencias; aquí han aparecido buenos y bellos libros, como los de ‘Instrucción Moral y Cívica’ y ‘Floricultura Humana’ de Máximo Soto Hall, el de aritmética demostrada del ingenerio Victor Manuel Argueta, el de Geometría del ingeniero Pedro Zamora Castellanos, el de Filosofía del licenciado Adrián Recinos, los de Historia de Centro América de los lienciados J. Antonio Villacorta y F. Ernesto Sandoval y una novela, ya juzgada por la crítica, del poeta Rafael Arévalo Martínez.
BIBLIOGRAFIA:
Arévalo Martínez, Rafael (1945). ¡Ecce Pericles!. Guatemala: Tipografía Nacional.
