9 de diciembre de 1944: se deroga la constitución de 1879, según el decreto 18 de la Junta Revolucionaria de Gobierno

9diciembre1944
Los triunviros de la Junta Revolucionaria de Gobierno: ciudadano Jorge Toriello, teniente coronel Francisco Javier Arana y mayor Jacobo Arbenz. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Tras la revolución de octubre de 1944 que derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, la Junta revolucionaria emitió el decreto 18, derogando la constitución de 1879 el 28 de noviembre de 1944, y la Asamblea Legislativa lo aprobó el 9 de diciembre de ese mismo año, convocando a una Asamblea Constituyente que emitió la nueva constitución de la República el 15 de marzo de 1945.

En ese decreto, se dejaron vigentes los títulos I, II, III, V y VI de la constitución de 1879, tal y como estaban antes de las reformas que hizo el general Jorge Ubico el 11 de julio de 1935 mientras se escribía la nueva constitución.  Los títulos indicados eran los siguientes:

  • Título I: de la Nación  y sus Habitantes
  • Título II: de las Garantías
  • Título III: del Poder Legislativo
    • Sección 1a.: organización del poder legislativo
    • Sección 2a.: atribuciones del poder legislativo
    • Sección 3a.: de la formación y sanción de la ley
    • Sección 4a.: de la comisión permanente
  • Título V: del Poder Judicial
  • Título VI: del Gobierno de los Departamentos y de las Municipalidades

Se reproducen las porciones más importantes del decreto Número 18 por su importancia histórica:

La Junta Revolucionaria de Gobierno,

Considerando:

Que de acuerdo con la Declaración de Principios hecha el día de hoy en Decreto número diecisiete, procede dictar las medidas a que debe sujetarse la organización política-administrativa del país,

Por tanto, decreta:

Artículo 1.°: se deroga totalmente la Constitución de la República.

Artículo 2.°: mientras la Asamblea Nacional Constituyente dicta la nueva Carta fundamental, se claran en vigor los títulos I, II, III, V y VI de la Constitución existente antes de las reformas del once de julio de mil novecientos treinta y cinco, con las siguientes modificaciones:

Artítulo 3°.: el Artículo 8°., Título I queda así: “Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de diez y ocho años que sepan leer y escribir o tengan renta, industria, oficio o profesión que les proporcione medio de subsistencia”. […]

Artículo 5°.:  el Artículo 18.° del mismo título, queda así: “La instrucción primera es obligatoria; la sostenida por la Nación es laica y gratuita. La Universidad Nacional es autónoma.”

Artículo 6.°: la fracción 2a. del artículo 22, del mismo título, queda así: “La fuerza arma es una institución apolítica, no puede ejercer los derechos de petición y de sufragio, ni deliberar, salvo en los asuntos relativos a su propia organización y demás que autorice la Ley Constitutiva del Ejército.” […]

Artículo 11.°: el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio Nacional: ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Publíquese y cúmplase.

El 9 de diciembre de 1944, la Asamblea Legislativa, entonces presidida por el dramaturgo Manuel Galich y Alfonso Bauer Paiz, ratificó este decreto y convocó a elecciones de una Asamblea Legislativa para redactar la nueva constitución política de la República.


BIBLIOGRAFIA:


3 de mayo de 1946: el Congreso de la República aprueba la Ley de Titulación Supletoria

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Los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno ingresando al Congreso de la Republica para el acto de toma de posesion del president electo, Dr. Juan José Arévalo Bermejo en 1945.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 5 de marzo de 1945 la Junta Revolucionaria de Gobierno que gobernaba a Guatemala tras el derrocamiento del general Federico Ponce Vaides anunció la Ley de Titulación Supletoria, la cual fue aprobada por el Congreso de la República según decreto 232 del 3 de mayo de 1946, ya cuando gobernaba el presidente Juan José Arévalo Bermejo. Esta ley, cuya intención buscaba favorecer a las personas carentes de título legal de propiedad, habia sido propuesta originamente en 1925 y fue retomada por los gobiernos revolucionarios con el fin de dar a las personas que carecen de título legal “todas las facilidades necesarias para que puedan titular las tierras que poseen y trabajan legítimamente, siempre que no se lesionen los derechos de terceros“, y siempre que comprueben ante un tribunal “su posesión legítima, continua, pacífica y pública, durante un término no menor de diez años“.

En la práctica, la ley buscaba crear los mecanismos legales para garantizar la posesión de la tierra a quienes la cultivasen desde hacía al menos diez años, y contenía un procedimiento relativamente fácil:

  1. Presentar ante el Tribunal de Primera Instancia una solicitud con informaciones sobre la superficie, situación y condiciones de adquisición de la tierra.
  2. Cuando la solicitud había sido aceptada, el tribunal se encargaba de pasar en el diario oficial tres publicaciones en un intervalo de un mes.
  3. Paralelamente, la municipalidad que aseguraba la jurisdicción de la tierra verificaba si la información presentada por el solicitante era o no exacta.
  4. Una vez todo estaba en orden, la confirmación de la atribución definitiva del título de propiedad concernía al Ministerio Público.

Aunque la titulación supletoria aprobada por los revolucionarios no se circunscribía a los campesinos, la amplitud de los preceptos del decreto 232 en lo relativo al tamaño de las posesiones sujetas a titulación, dejan ver con claridad que, salvo las comunidades campesinas, los únicos poseedores de grandes extensiones de tierra como las que señala la ley, no podían ser campesinos.

La parte conducente de la ley decía así:

Artículo 1º—El poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el Registro de la Propiedad Inmueble, puede solicitar en la vía voluntaria su titulación ante un Juzgado de Primera Instancia, probando plenamente su posesión legítima, continua, pacífica y pública, durante un término no menor de diez años. El interesado podrá agregar la posesión de su antecesor o antecesores a la que él tenga en la fecha de su solicitud.

No podrá extenderse título supletorio de extensiones de terreno mayores de quinientas hectáreas (11 caballerías y 1/10), salvo que se trate de terrenos labrados o cultivados, en cuyo caso el título supletorio podrá amparar cualquier extensión, siempre que esta no exceda de 4,502 hectáreas (100 caballerías).

Las personas extranjeras, naturales o jurídicas, deberán, para obtener título supletorio, probar además que los inmuebles que deseen titular, ya sean rústicos o urbanos, están destinados exclusivamente al desarrollo o incremento de su negocio principal.

Después del golpe de Estado de Carlos Castillo Armas en 1954, la Ley de titulación supletoria produjo efectos opuestos a los buscados originalmente, al punto que durante los años setenta, numerosos conflictos entre campesinos y hacendados estallaron en la Franja Transversal del Norte (los departamentos del Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango e Izabal), que era un área en donde los gobiernos militares que gobernaron Guatemala entre 1970 y 1982 encontraron grandes reservas de minerales y de petróleo y fue en donde se produjeron los hechos más violentos durante la Guerra Civil de Guatemala.


BIBLIOGRAFIA:

  • Collectif (2011). «PERENCO: explotar petróleo, cueste lo que cueste». Collectif Guatemala (Guatemala). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  • Gobierno de Guatemala (1937). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1935-1936, LIV, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 1075-1076.
  • (1938). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1936-1937, LV, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 674.
  • (1942). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1940-1941, LIX, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 452-453.
  • (1945). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1944-1945, LXIII, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 444-445.
  • (1949). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1946-1947, LXV, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 731.
  • Solano, Luis (2012). Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN). Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG. Archivado desde el original el 31 de noviembre de 2014.