14 de septiembre de 1878: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta la ley contra la vagancia, para obtener mano de obra gratuita para la construcción de carreteras

La Penitenciaría Central de la Ciudad de Guatemala, construida durante el gobierno del general J. Rufino Barrios.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Los gobiernos liberales introdujeron el cultivo del café a gran escala en 1871.  Para el efecto, era necesario disponer de cuatro cosas:  grandes extensiones de tierra, abundancia de mano de obra, convenientes vías de comunicación y ferrocarriles.  A fin de conseguir que el nuevo cultivo tuviera éxito, se emprendió una profunda reforma agraria por medio de la cual se expropiaron las haciendas de las órdenes religiosas y las tierras comunales de las comunidades indígenas;  el proceso se hizo mediante una subasta, pero dejó a los indígenas sin posibilidades de competir por sus propios terrenos, y los perdieron.

El segundo punto se zanjó mediante el reglamento de Jornaleros, el cual fue establecido en 1875 y por él se obligó a comunidades indígenas completas a trasladarse de una hacienda cafetalera a otra como mozos colonos.  Y, finalmente, para la construcción de caminos y vías de acceso se promulgó la ley de vagancia el 14 de septiembre de 1878.

He aquí la transcripción íntegra de dicha ley, para que el lector juzgue por sí mismo el alcance que tuvo el mismo:

DECRETO NUM. 222

J. Rufino BARRIOS, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que es un deber de la autoridad dictar todas las providencias que conduzcan al sostenimiento de la moral pública y á reprimir oportunamente los vicios que, rebajando la dignidad personal y pervirtiendo los sentimientos de pundonor, producen por consecuencia necesaria, la relajación de las costumbres y determinan la perpetración de los delitos:

Que la vagancia, considerada como un hecho punible, ha sido comprendida como tal en la legislación de los pueblos civilizados:

Que el Código Penal de la República, dejó á las lejas de policía lo relativo á la reglamentación y á las penas con que aquella debe reprimirse y, finalmente:

Que así como no es debido imputar la responsabilidad del cargo de vagancia á los que justamente e impedidos de trabajar, tampoco debe permitirse que bajo protestos de
invalidez, se guarezca la impunidad de los vagos; en uso de las facultades de que estoy investido, he tenido á bien decretar y

DECRETO:

Art. 1. ° — Serán considerados como vagos: 

1. ° —Los que no tienen profesion, oficio, renta, sueldo, ocupación ó medios lícitos de que vivir.

2.° — Los que teniendo oficio, profesión ó industria no trabajen habitualmente en ellos, y no se les conozca otros medios lícitos de adquirir la subsistencia.

3. ° — Los que teniendo renta, pero insuficiente para subsistir, no se dedican á una ocupación lícita, concurren ordinariamente a casas de juego ó tabernas.

4. ° — Los que sin ejercer habitualmente otra ocupación honesta emplean en la cuestación de limosnas para objetos piadosos.

5. ° — Los mendigos no patentados, mientras no acrediten en debida forma alguna de las causales que los hagan acreedores a la beneficencia pública.

Art. 2 : Se consideran circunstancias agravantes en todo juicio de vagancia:

1.° —La embriagues consuetudiliaria.

2.°— Detenerte en las esquinas, en las calles, en los atrios ú otros lugares públicos, infiriendo molestia á los transeúntes.

3. °— El hallarse en las lumias, tabernas ó billares á las lunas en que éstos establecimientos deben estar cerrados, conforme a las leyes de policía

4. °— Tener una condenatoria anterior por cualquier delito.

5. °— Ejercer la mendicación con una patente falsificada o perteneciente a otro individuo.

Art. 3. °— Para los efectos de esta ley, los Jefes políticos abrirán un libro destinado esclusivamente al registro de las personas dé ambos sexos que, por impedimento físico o 
por decrepitud ostensible, se hallaren en la absoluta necesidad de ocurrir a la beneficencia pública para proveer á su subsistencia

Art. 4. °— Los que se encuentren en el caso de que habla el artículo anterior, se presentarán dentro de treinta días, contados desde la publicación de esta ley, a la Jefatura respectiva, con el objeto de inscribirse; y previo el examen de un facultativo,
ó en su defecto de dos personas competentes, nombradas por el Jefe político, éste, encontrando justas las causales de invalidez, hará extender la inscripción que corresponde, haciendo constar en ella, no solo los impedimentos que la motivan, sino también el nombre, procedencia, edad que represente el peticionario, el oficio en que con anterioridad se haya ejercitado, si hubiese tenido alguno, y si sabe leer y escribir. En consecuencia, se expedirá á su favor una patente en que conste la partida
de inscripción. Si por el contrario, no se estimase justificado el impedimentó alegado, el Jefe Político hará al solicitante un serio apercibimiento en que si no comprueba dentro de quince dias haberse dedicado á la ocupación honesta, serán denunciados como vagos a la autoridad competente, para que se proceda a lo que haya lugar.

Art. 5. °— Los que después de treinta días de la publicación de esta ley fueren encontrados en las calles y demás lugares públicos ejercitando la mendicación, sin llevar consigo la patente de invalidez, serán recogidos por la policía y puestos a disposición de la autoridad competente en en calidad de presuntos vagos; mas si al iniciarse el juicio de vagancia, comprobaren legítimo impedimento por los medios establecidos en el artículo que precede, el Juez de Paz ó Alcalde respectivo, los remitirá á la Jefatura política para que se haga el asiento de inscripción y sedé á los interesados el atestado que corresponde.

Art. 6. °— La patente de invalidez producirá los efectos legales de una excepción perentoria en el juicio de vagancia.

Art. 7. °— Los Jueces de paz ó en su defecto los alcaldes Municipales, después de recibir ó de tener informes de quienes son vagos, los llamarán y amonestarán seriamente para que, en un término no menor de ocho días ni mayor de quince, comprueben estar ya dedicados a alguna ocupación lícita. De dicha amonestación se dejará constancia en un libro que se llevará al efecto.

Art. 8. °— Si los que aparecen como vagos son hijos de familia o menores de edad, la amonestación prevenida en el artículo anterior, se hará tambien a los padres o encargados para que, en el término designado, cuiden de que se les dedique a alguna ocupación.

Art. 9. ° — La amonestación previa al juicio de vagancia solo tendrá lugar en favor de los simplemente vagos; mas ese requisito deberá excusarse respecto de los que lo fueren
con algunas de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo 2. °

Art, 10. — Los simplemente vagos serán condenados por primera vez á la pena de cuarenta dias de trabajo en los talleres del Gobierno, en las casas de corrección, en servicio de hospitales, en la limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles u otros establecimientos, ó bien al trabajo de caminos, según las circunstancias de la persona y de cada lugar, cuidando de que el penado se mantenga en seguridad.

Art. 11. — Fuera de los casos de segunda reincidencia en que la pena será inconmutable, en los demás, á juicio del Juez y atendidas las circunstancias de la persona, podrá conmutarse en todo ó en parte á razón de dos reales diarios, siempre que una persona distinta del reo se presentare a solicitarlo, garantizando: que toma á su cargo y bajo su dirección á la persona del reo y que se obliga á suministrarle la subsistencia mientras que le proporciona ó busca trabajo ó colocación conveniente.

Art. 12. — Si la vagancia estuviere agravada con alguna de las circunstancias que se contienen en el artículo 2.° , la pena será, de sesenta días con el mismo destino que el de los penados por vagancia simple.

Art. 13. — Por cada reincidencia se aumentará la pena con la mitad de la sufrida en la condena anterior.

Art. 14.  —La cesantía en empleo, colocación, servicio ó trabajo, no son excusas legítimas del cargo de vagancia, sino durante el término de quince días contados desde que la persona fue retirada del destino o trabajo que desempeñaba.  Igual término se require para tener por consumada la reincidencia, contado desde el día en que el penado fue puesto en libertad.

Art. 15. Par acreditar que se ejerce algun oficio, no se admitirá como prueba la declaración del maestro o director, si se limita a decir que el sindicado de vagancia ha ocurrido al taller o al trabajo uno u otro día de la semana, sino que debe probarse la asistencia diaria, ya a un taller, ya a otro, o a cualquiera otra ocupación honesta.

Art. 16. — Los Jueces de paz ó alcaldes siempre serán competentes para conocer cualquier juicio de vagancia, aun cuando por razón de reiteradas reincidencias, hubiere que imponerse una pena mayor que la determinada para el procedimiento en juicio verbal.

Art. 17. —En el juicio de vagancia no es admisible la excepción de fuero privilegiado.

Art. 18. — Las conmutaciones pecuniarias tendrán el mismo destino que la ley señala a’ las multas impuestas en juicio verbal.

Art. 19.— Cuando el vago resalte reo de otro delito, la vagancia se estimará como circunstancia agravante y la causa se continuará por el .luez a’ quien correspondiere el juzgado del delito principal

Art. 20. — Loa vagos pueden denunciados por cualquiera del pueblo y la causa seguirse de oficio sin necesidad de denuncia.

Art. 21. — Los Jefes políticos están obligados á denunciar ante los Jueces de paz o a los Alcaldes respectivos á loa vagos que existan en el territorio de su jurisdicción; y estos
deberán proceder á la secuela del procedimiento sin tardanza, bajo la pena de cinco á veinticinco pesos de multa, en caso de omisión culpable.

Art. ’22. — Los mismos Jefes políticos darán estrechas órdenes á la policía para que proceda á la captura de todos los que. sin permiso de autoridad competente y con pretexto piadoso, anduvieren colectando limosnas, y, obtenida aquella, darán cuenta á los Jueces de paz ó alcaldes respectivos para que procedan á lo que lia va lugar. Las darán, así mismo, para que la policía cuide de impedir que los ciegos y demás mendigos, molesten al público con incesantes oraciones e imprecaciones en alta voz.

Art. 23. — Los vagos que hayan cumplido sus condenas, quedarán sujetos á la vigilancia de la autoridad.

Art. 24. — Los juicios de vagancia se seguirán verbalmente por los Jue:es de paz, ó Alcaldes municipales en la forma que dispone el Código de procedimientos criminales, y se otorgará el recurso de apelación en la manera que el mismo Código dispone.

Art. 25. — En todo juicio de vagancia en que no deba procederse sin previa amonestación, se hará constar la que aparezca consignada en el libro de que habla el artículo 7.  

Art. 26. Contra la sentencia dictada en 2a.  instancia solo habrá recurso de responsabilidad contra el Juez que hubiere dictado el fallo definitivo. De este recurso conocerá la Sala de Apelaciones respectiva.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a catorce de septiembre de mil ochocientos setenta y ocho.

J. Rufino Barrios.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

 

6 de septiembre de 1882: el presidente interino José María Orantes acepta la renuncia del embajador en Estados Unidos, Lorenzo Montúfar, quien se oponía a que el presidente Barrios renunciara al reclamo de Chiapas y Soconusco

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Fronteras de Guatemala antes del Tratado Herrera-Mariscal por el que el gobierno de Barrios renunció a sus reclamos sobre Chiapas y Soconusco.  En los retratos: el general Barrios (arriba) y el licenciado Lorenzo Montúfar.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En 1882, el licenciado Lorenzo Montúfar había sido nombrado como Ministro Plenipotenciario en Washington para tratar el asunto de los límites con México.​ Barrios viajó a Washington en ese año y dejó finalizados los preliminares de un arreglo entre México y Guatemala, que se debía firmar en Nueva York, a donde se dirigió después.  Entre tanto, en Guatemala el general José María Orantes quedó a cargo de la presidencia interina.

Pero Montúfar no estuvo de acuerdo con los términos del tratado pues se cedía México Soconusco y gran parte de Chiapas y partió para Nueva York, dirigiéndole a Barrios una nota, que anticipadamente dio a la prensa, indicando que no estaba de acuerdo con e tratado. Es más, tras sus desavenencias por el tratado de límites con México, el doctor Montúfar, muy molesto por el caráter despótico del general Barrios, envió la siguiente misiva de renuncia al presidente en funciones de Guatemala, general Orantes:

Señor Presidente de la repú​blica de Guatemala, General Orantes:

Lorenzo Montúfar, enviado Extraordinario y Ministro plenipotenciario de Guatemala en Washington, D.C., ante Ud. respetuosamente digo que no tengo el honor de estar de acuerdo con el señor general Don J. Rufino Barrios en muchos y muy importantes puntos de la política de Centroamérica, ni me es posible continuar sufriendo por más tiempo el trato que el expresado general da a muchas personas, sin exceptuar a sus más leales servidores.

Por tanto, renuncio al cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario y protestando mi lealtad a Guatemala y a Centroamérica, a Ud. pido se digne admitir la renuncia.

Nueva York, 2 de Agosto de 1882

Lorenzo Montúfar

Aquella carta de Montúfar fue recibida con enorme sorpresa en Guatemala, en donde el servilismo que caracterizó a todos los gobiernos dictatoriales (desde el del conservador Rafael Carrera hasta el del liberal Jorge Ubico) era la norma.  Las respuestas a semejante temeridad no se hicieron esperar.

Primero, el president interion respondió en los siguientes términos:

Palacio Nacional: Guatemala, 6 de septiembre de 1882

Vista la renuncia que ha hecho el Dr. Lorenzo Montúfar del cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Guatemala en los Estados Unidos de América y los términos en que está concebida, el general encargado de la Presidencia, rechaza los motivos calumniosos en que la funda, reprueba la insidiosa y pérfida conducta que con notable abuso de confianza ha tenido el Doctor Montúfar, y admite su dimisión.

Comuníquese

José María Orantes

Luego, el gabinete completo del general Barrios publicó un documento en defensa de la política de Barrios y atacando a Montúfar, llamándolo traidor y calumniador injurioso que estaba tratando de “manchar la alta reputación del general Barrios”.

Y a continuación, muchos otros oficiales del gobierno liberal a nivel municipal en incluso de institutos públicos fundados por Barrios dieron muestras de un profundo servilismo, publicando sendos mensajes de adhesión al dictador liberal, defendiendo el tratado de límites con México -sin importar la gran pérdida de territorio guatemalteco- llamando todos ingrato, traidor e incluso estúpido​ a Montúfar, alegando que era mejor dejarlo en el olvido​ por sus injustificados ataques contra el “Benemérito” general Barrios.

Eestos documentos quedaron recogidos en el documento llamado “La Traición del doctor Lorenzo Montúfar juzgado por los pueblos.​ Entonces salieron a la luz supuestos problemas que el Dr. Montúfar habría tenido en sus gestiones como ministro de Estado en Costa Rica y El Salvador: en Costa Rica habría sido acusado de haberse apropiado de forma indecorosa de una valiosa finca– y luego en el gobierno del general Gerardo Barrios en El Salvador habría habido dudas sobre su administración.

Barrios retornó a Guatemala a principios de noviembre de 1882, y fue recibido con nuevas muestras de servilismo, con documentos de adhesión en donde se le felicitaba por su regreso y por haber llevado a feliz término el tratado de límites con México.

Un análisis objetivo de dicho tratado de límites, que lleva el nombre de Tratado Herrera-Mariscal, es el siguiente:

Este convenio de límites, con el que se culminó un largo período de negociaciones y el ulterior trazado de la frontera, que fue su consecuencia, constituyeron para Guatemala hechos fundamentales en su historia de finales del siglo XIX. Por este tratado, Guatemala renunció no solamente a discutir sus derechos sobre Chiapas y Soconusco, sino a los derechos mismos. Se cerró definitivamente la oportunidad para posteriores reclamos, sin siquiera pedir absolutamente nada a cambio; este convenio cerró herméticamente la puerta a toda posterior reclamación, en virtud de que, al Guatemala ceder Chiapas y Soconusco, renunció expresa y categóricamente a toda compensación o indemnización. Este es un ejemplo singular, en los anales del Derecho Internacional, de un arreglo entre dos países en el que uno de ellos llegó a hacer generosa entrega de sus posiciones y clausuró definitivamente la puerta de posteriores reclamos, sin pedir a cambio absolutamente nada.

Sara Solís Castañeda

BIBLIOGRAFIA:

3 de septiembre de 1874: fuerte terremoto destruye el poblado de Parramos y echa por tierra varios edificios de Antigua Guatemala que habían sobrevivido el terremoto de Santa Marta

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Ruinas de la Iglesia de la Congreación de Cristo Crucificado de Propaganda Fide (La Recolección) en 1840 y en 1875.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Los conquistadores y colonos españoles quedaron maravillados por la topografía de Guatemala, y decidieron construir sus principales ciudades al pie de enormes volcanes sin medir las consecuencias.  Como resultado, la capital del Reino de Guatemala, Santiago de los Caballeros, fue destruida por deslaves, y varios terremotos, además de ser periódicamente afectada por inundaciones provocadas por el aumento del caudal del río Pensativo.

Luego de ser finalmente abandonada en 1778 después de los terremotos de Santa Marta de 1773 y la subsiguiente epidemia de tifo, la otrora majestuosa ciudad fue presa de la rapiña y abandono y se convirtió en una simple villa con escasos habitantes.   A pesar de ello, sus magníficos edificios todavía tenían vestigios de lo que alguna vez fueron.

Pero el 3 de septiembre de 1874, muchos de ellos fueron arruinados completamente por lo que el periódico estadounidense The New York Times, el terremoto más devastador de los que se registraron en ese año en todo el mundo.​ No solamente se destruyó lo que quedaba de los edificios en Antigua Guatemala, sino que borró del mapa los poblados de Parramos y de San Miguel Dueñas,​ e incluso hubo bandas de forajidos armados con cuchillos y otras armas punzocortantes que intentaron asaltar a los damnificados y robarles lo poco que les quedaba; afortunadamente.  Eran los tiempos del gobierno de J. Rufino Barrios, las bandas fueron capturadas por la policía del gobierno y ejecutadas sumariamente.

Los sismos se iniciaron en agosto, pero nadie les puso atención pues la población estaba acostumbrada a que temblara con cierta frecuencia; es más, no impidieron que se celebrara una gran gala en honor al enlace matrimonial del presidente Barrios con su joven esposa, Francisca Aparicio.

Los poblados afectados aparte de Antigua Guatemala, Dueñas, Parramos y Patzicía, fueron Jocotenango, San Pedro Sacatepéquez, Ciudad Vieja y Amatitlán.  De hecho, hubo ciento dieciséis muertos y ochenta y cinco heridos en Patzicía, que fue el epicentro del terremoto.​ Por su parte, en Parramos se reportaron cerca de doscientos fallecidos, ya que dos ríos que bajan de los volcanes cercanos se salieron de sus causes y arrastraron veinte chozas que estaban a las orillas de los mismo, matando a veinte de sus ocupantes.

BIBLIOGRAFIA:

10 de agosto de 1871: el gobierno de facto del presidente Miguel Garcia Granados cambia el escudo de la República de Guatemala instituyendo el que se utiliza actualmente

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Todos los escudos utilizados por el Estado o la República de Guatemala desde la Independencia.  Los últimos dos fueron instituidos por el gobierno conservador de Rafael Carrera, y en ellos los colores amarillo y rojo son referencias a España y la Iglesia Católica.  Imagen tomada de Wikipedia en español.

La llamada “Reforma Liberal de 1871” se caracterizó desde un principio por su distanciamiento con los miembros de Partido Conservador que había gobernado a Guatemala desde 1838.  Los criollos liberales esperaron a que el líder conservador Rafael Carrera falleciera y luego otros seis años más para al fin hacerse del poder nuevamente en el país.

La revolución que finalmente obtuvo la victoria se inició en 1871, cuando J. Rufino Barrios y cuarenta y cinco voluntarios invadieron Guatemala desde México armados con modernos fusiles que les proporcionó el gobierno liberal anticlerical de Benito Juárez.  Disponiendo de mucho mejor armamento, pero tambien aprovechando el descontento de la tropa guatemalteca, los liberales pronto ganaron numerosas plazas venciendo a regimientos de más de doscientos hombres y consiguiendo más y más aliados conforme avanzaban.

El 30 de junio entraron triunfalmente en la Ciudad de Guatemala, y nombraron como presidente provisorio a Miguel Garcia Granados, quien se autonombró capitán general, y nombró a J. Rufino Barrios como teniente general.  A partir de ese momento empezaron los grandes cambios que ocurrieron con el gobierno liberal;  el principal fue que se introdujo el cultivo del café, el cual requería grandes cantidades de terreno y mucha disponibilidad de mano de obra, por lo que se emprendió una Reforma Agraria que eventualmente despojó a las órdenes religiosas y a las comunidades indígenas de grandes extensiones de territorio para formar fincas cafetaleras y se establecieron leyes, como el Reglamento de Jornaleros, para obligar a los indígenes a trabajar como colonos en dichas fincas.

Otro frente fue contra la Iglesia Católica, en especial contra las órdenes religiosas, las cuales habían recuperado mucho poder en el país con el gobierno de Carrera, luego de que éste les permitió retornar después de que los liberales de Francisco Morazán los expulsaran en 1829.

Como ocurre en la política nacional, hubo importantes cambios de partido. El líder liberal, Miguel Garcia Granados, quien era de origen español, había sido uno de los mayores afectados por la expropiación hecha por los criollos liberales en 1829, pero al no tener espacio politico durante el gobierno de Carrera, se hizo liberal y terminó siendo líder de la revolución de 1871.  Por sus lazos de amistad y parentezco con los miembros del partido conservador, sus reformas fueron tibias y paulatinas, lo que exasperó a los liberales quienes lo sustituyeron por el mucho más joven e impetuoso J. Rufino Barrios en la presidencia interina en 1873.

Para demostrar su orientación liberal que incluía un acercamiento a una Centroamérica unida bajo la política liberal y un marcado alejamiento de la Iglesia Católica, el gobierno del presidente provisorio emitió el decreto de 10 de agosto de 1871 en el cual se cambiaba el escudo conservador, que incluía numerosas referencias a la Iglesia, por uno con el Quetzal y ramas de olivo, que representaba la tendencia liberal.

BIBLIOGRAFIA:

28 de mayo de 1872: el encargado de la presidencia, teniente general J. Rufino Barrios, expropia una hacienda que tenían los dominicos en el municipio de Palencia

 

Iglesia de Santo Domingo en la Nueva Guatemala de la Asunción en 1875.  El convento aledaño también fue expropiado a los dominicos por Barrios y convertido de la Dirección de Rentas. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

 

La relación entre Miguel García Granados y J. Rufino Barrios ha sido romantizada en los libros de los historiadores liberales que han sido la base de los libros de historia que se utilizan en la actualidad.  En dichos libros se dice que ambos eran colaboradores y que el traspaso de poder de uno al otro fue totalmente planificado y sin problemas.  Pero no hay nada más lejos de la realidad.

Miguel García Granados era originario de España y tenía muchos lazos de parentesco con los miembros de la familia Aycinena, recién derrocada por la Reforma Liberal de 1871. Por su parte, J. Rufino Barrios era oriundo de San Marcos, es decir, del Estado de Los Altos (que incluía desde Soconusco hasta Suchitepéquez y Sololá) y por ende, era un liberal de la nueva guardia que aborrecía a los conservadores.  Una vez que éstos fueron derrocados, García Granados empezó una política de acercamiento para iniciar cambios graduales, a los que se oponían Barrios y sus adláteres rotundamente.

Es por esa razón que cada vez que García Granados se retiraba de la capital para atender asuntos militares contra rebeliones o invasiones, Barrios se quedaba como encargado de la presidencia y tomaba medidas drásticas en ausencia del presidente provisorio.  Tras dos años de esta situación, los liberales decidieron cambiar definitivamente a García Granados y colocar en su lugar a Barrios y así realiar todos los cambios que querían.

Uno de los cambios que hizo Barrios mientras estaba encargado de la presidencia fue la expropiación de una de las haciendas que tenían los monjes dominicos en Palencia, el 28 de mayo de 1872.  La Guatemala de Rafael Carrera había sido el único estado centroamericano que permitió a las órdenes regulares nuevamente en su territorio, y el único que les permitió tener posesiones materiales.  De esta cuenta, para 1871, las  órdenes que habían regresado al país eran poseedores no solo de grandes monasterios sino que también lo eran de grandes extensiones de tierra.  Una de las más grandes órdenes eran los dominicos, y a ellos les expropiaron esta hacienda, que ya había pertenecido al general Rafael Carrera, pero que les vendió en 1849 cuando tuvo que salir temporalmente exiliado hacia México.

La expropiación de las grandes haciendas de las órdenes regulares apenas empezaba y una vez que Barrios se hizo del poder en 1873, fueron completadas.

BIBLIOGRAFIA:

7 de mayo de 1934: obligado por la Gran Depresión, el presidente Jorge Ubico deroga el Reglamento de Jornaleros instutido por J. Rufino Barrios en 1877

 

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Pago a los Jornaleros.  Obsérvese la presencia de niños trabajadores.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

 

El 7 de mayo de 1934, enfrentando una severa crisis económica derivada de la Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, el gobierno del general Jorge Ubico derogó el Reglamento de Jornaleros, que había sido instituido durante el gobierno de J. Rufino Barrios y uno de los principales motores económicos de los terratenientes liberales por décadas.

El Reglamento de Jornaleros no era más que la legalización del trabajo forzado de los pobladores indígenas en las grandes fincas cafetaleras que recién se habían establecido por los liberales en Guatemala y que requerían de grandes cantidades de mano de obra para ser rentables. Por medio del decreto 177 del 3 de abril de 1877, el gobierno de Barrios emitió mencionado reglamento, y a partir de ese momento se permitió a los propietarios particulares de las fincas cafetaleras solicitar a los jefes políticos de los departamentos “mandamientos de jornaleros” para trabajar en sus propiedades.

Estas “propiedades” se originaron tras una reforma del sistema de propiedad de la tierra que los liberales guatemaltecos implementarion tras el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.  Por este método, pretendían convertir a todos sus allegados en propietarios individuales e iniciaron la venta de las tierras baldías, o tierras “realengas”, de las grandes haciendas confiscadas a las antiguamente ponderosas  órdenes regulares de la Iglesia Católica, y las tierras comunales que tenían las comunidades indígenas.  Los principals favorecidos fueron los criollos liberales, y ciudadanos alemanes que se establecieron en la región de la Verapaz.
Ya en 1829, tras la invasión de Morazán y la expulsión de la familia Aycinena y de las órdenes regulares del territorio centroamericano, se expropiaron por primera vez propiedades rurales para hacer rematadas en subasta, principalmente a los socios ingleses del general Morazán.  El principal ejemplo fue la Hacienda de San Jerónimo, ubicada en el municipio de dicho nombre en la Verapaz, y que fue expropiada a los Dominicos y entregada a in ciudadano inglés. Sin embargo, los conservadores recuperaron el poder en 1840 y devolvieron muchas de esas propiedades a las órdenes.
Debido a que el Reglamento de Jornaleros no era suficiente para sostener la economía nacional, el gobierno de Ubico lo derogó y a los tres días, en sustitución de este reglamento, en el Decreto 1996 se promulgó la Ley contra la Vagancia y la Ley de Vialidad. Por medio de esta ley se tenía por «vagos» a los jornaleros indígenas que no pudieran demostrar haber prestado servicios por montos de entre cien y ciento cincuenta jornales en las fincas de los terratenientes, por lo cual se los enviaba a romper piedra a los caminos sin paga alguna. De esta forma, ya no había necesidad de retenerlos en las fincas a la fuerza, pues a partir de entonces, con tal de evitar el trabajo en los caminos, se ofrecían voluntariamente para trabajar como jornaleros.
BIBLIOGRAFIA:

30 de abril de 1876: J. Rufino Barrios derroca al presidente Andrés Valle y al general González en El Salvador, y coloca al doctor Rafael Zaldívar en su lugar

 

Penitenciaría Central de la Ciudad de Guatemala.  Fue construida por el gobierno de J. Rufino Barrios y en ella murieron muchos de sus opositores.  Quienes lograban huir, se refugiaban en El Salvador y Honduras desde donde dirigían intentos de invasion.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

 

Durante el siglo XIX Guatemala no era el débil estado que es ahora.  Por el contrario, sus gobernantes tenían mano de hierro y una voluntad inquebrantable que solamente la muerte pudo detener.  Tanto el conservador Rafael Carrera como el liberal J. Rufino Barrios gobernaron hasta el final de sus días e impusieron su voluntad ante quien fuera.

Ambos presidentes tuvieron en común que pusieron y quitaron presidentes en Honduras y en El Salvador para tener aliados afines a sus estilos de gobierno y evitar invasiones de exiliados guatemaltecos contrarios al gobierno.   Y ambos se ponían al frente de sus tropas y no rehuían el combate cuerpo a cuerpo.

Ya cuando había colocado en la presidencia de Honduras al doctor Marco Aurelio Soto, quien había fungido como Ministro de Relaciones Exteriores y de Instrucción Pública en Guatemala, Barrios se enfocó en El Salvador, en donde su principal rival era el general González, quien como habían hecho sus antecesores, daba asilo a los emigrados guatemaltecos.

El Salvador había tenido elecciones y en ellas resultó nombrado don Andrés Valle como presidente de la República, aunque el general González mantuvo el poder tras el trono.  Eso no le gusto a Barrios e invadió El Salvador hasta derrotarlo y obligar a los vencidos a pactar la paz y a nombrar a un sucesor.   En esas negociaciones estaban cuando se presentó el doctor Rafael Zaldívar con el apoyo de varios vecinos solicitando que él fuera designado como president salvadoreño.   A Barrios le simpatizó el personaje y estuvo de acuerdo.

De esa forma, Zaldívar llegó a la presidencia salvadoreña el 30 de abril de 1876 en las convención de Santa Ana.  Pero hubo una ironía sobre todo esto:  la conferencia inicial de paz se celebró en Chalchuapa, donde el general Barrios caería muerto el 2 de abril de 1885, en una batalla contra las fuerzas del presidente Zaldívar, quien no tardaría mucho más en el poder, pues a pesar de haber sido reelecto tres veces de 1876, fue derrocado el 14 de mayo de ese año.

BIBLIOGRAFIA: