14 de septiembre de 1878: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta la ley contra la vagancia, para obtener mano de obra gratuita para la construcción de carreteras

14septiembre1878

Los gobiernos liberales introdujeron el cultivo del café a gran escala en 1871.  Para el efecto, era necesario disponer de cuatro cosas:  grandes extensiones de tierra, abundancia de mano de obra, convenientes vías de comunicación y ferrocarriles.  A fin de conseguir que el nuevo cultivo tuviera éxito, se emprendió una profunda reforma agraria por medio de la cual se expropiaron las haciendas de las órdenes religiosas y las tierras comunales de las comunidades indígenas;  el proceso se hizo mediante una subasta, pero fue manipulado de tal forma que dejó a los indígenas sin posibilidades de competir por sus propios terrenos.

El segundo punto se zanjó mediante el reglamento de Jornaleros, el cual fue establecido en 1875 y por él se obligó a comunidades indígenas completas a trasladarse de una hacienda cafetalera a otra como mozos colonos.  Y, finalmente, para la construcción de caminos y vías de acceso se promulgó la ley de vagancia el 14 de septiembre de 1878.

He aquí la transcripción íntegra de dicha ley, para que el lector juzgue por sí mismo el alcance que tuvo el mismo:

DECRETO NUM. 222

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que es un deber de la autoridad dictar todas las providencias que conduzcan al sostenimiento de la moral pública y á reprimir oportunamente los vicios que, rebajando la dignidad personal y pervirtiendo los sentimientos de pundonor, producen por consecuencia necesaria, la relajación de las costumbres y determinan la perpetración de los delitos:

Que la vagancia, considerada como un hecho punible, ha sido comprendida como tal en la legislación de los pueblos civilizados:

Que el Código Penal de la República, dejó á las lejas de policía lo relativo á la reglamentación y á las penas con que aquella debe reprimirse y, finalmente:

Que así como no es debido imputar la responsabilidad del cargo de vagancia á los que justamente e impedidos de trabajar, tampoco debe permitirse que bajo protestos de
invalidez, se guarezca la impunidad de los vagos; en uso de las facultades de que estoy investido, he tenido á bien decretar y

DECRETO:

Art. 1. ° — Serán considerados como vagos: 

  1. Los que no tienen profesion, oficio, renta, sueldo, ocupación ó medios lícitos de que vivir.
  2. Los que teniendo oficio, profesión ó industria no trabajen habitualmente en ellos, y no se les conozca otros medios lícitos de adquirir la subsistencia.
  3. Los que teniendo renta, pero insuficiente para subsistir, no se dedican á una ocupación lícita, concurren ordinariamente a casas de juego ó tabernas.
  4. Los que sin ejercer habitualmente otra ocupación honesta emplean en la cuestación de limosnas para objetos piadosos.
  5. Los mendigos no patentados, mientras no acrediten en debida forma alguna de las causales que los hagan acreedores a la beneficencia pública.

Art. 2 : Se consideran circunstancias agravantes en todo juicio de vagancia:

  1. La embriagues consuetudinaria.
  2. Detenerse en las esquinas, en las calles, en los atrios ú otros lugares públicos, infiriendo molestia á los transeúntes.
  3. El hallarse en las lumias, tabernas ó billares á las lunas en que éstos establecimientos deben estar cerrados, conforme a las leyes de policía.
  4. Tener una condenatoria anterior por cualquier delito.
  5. Ejercer la mendicación con una patente falsificada o perteneciente a otro individuo.

Art. 3. °— Para los efectos de esta ley, los Jefes políticos abrirán un libro destinado esclusivamente al registro de las personas dé ambos sexos que, por impedimento físico o por decrepitud ostensible, se hallaren en la absoluta necesidad de ocurrir a la beneficencia pública para proveer á su subsistencia

Art. 4. °— Los que se encuentren en el caso de que habla el artículo anterior, se presentarán dentro de treinta días, contados desde la publicación de esta ley, a la Jefatura respectiva, con el objeto de inscribirse; y previo el examen de un facultativo, ó en su defecto de dos personas competentes, nombradas por el Jefe político, éste, encontrando justas las causales de invalidez, hará extender la inscripción que corresponde, haciendo constar en ella, no solo los impedimentos que la motivan, sino también el nombre, procedencia, edad que represente el peticionario, el oficio en que con anterioridad se haya ejercitado, si hubiese tenido alguno, y si sabe leer y escribir. En consecuencia, se expedirá á su favor una patente en que conste la partida de inscripción. Si por el contrario, no se estimase justificado el impedimentó alegado, el Jefe Político hará al solicitante un serio apercibimiento en que si no comprueba dentro de quince dias haberse dedicado á la ocupación honesta, serán denunciados como vagos a la autoridad competente, para que se proceda a lo que haya lugar.

Art. 5. °— Los que después de treinta días de la publicación de esta ley fueren encontrados en las calles y demás lugares públicos ejercitando la mendicación, sin llevar consigo la patente de invalidez, serán recogidos por la policía y puestos a disposición de la autoridad competente en en calidad de presuntos vagos; mas si al iniciarse el juicio de vagancia, comprobaren legítimo impedimento por los medios establecidos en el artículo que precede, el Juez de Paz ó Alcalde respectivo, los remitirá á la Jefatura política para que se haga el asiento de inscripción y sedé á los interesados el atestado que corresponde.

Art. 6. °— La patente de invalidez producirá los efectos legales de una excepción perentoria en el juicio de vagancia.

Art. 7. °— Los Jueces de paz ó en su defecto los alcaldes Municipales, después de recibir ó de tener informes de quienes son vagos, los llamarán y amonestarán seriamente para que, en un término no menor de ocho días ni mayor de quince, comprueben estar ya dedicados a alguna ocupación lícita. De dicha amonestación se dejará constancia en un libro que se llevará al efecto.

Art. 8. °— Si los que aparecen como vagos son hijos de familia o menores de edad, la amonestación prevenida en el artículo anterior, se hará tambien a los padres o encargados para que, en el término designado, cuiden de que se les dedique a alguna ocupación.

Art. 9. ° — La amonestación previa al juicio de vagancia solo tendrá lugar en favor de los simplemente vagos; mas ese requisito deberá excusarse respecto de los que lo fueren con algunas de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo 2. °

Art, 10. — Los simplemente vagos serán condenados por primera vez á la pena de cuarenta dias de trabajo en los talleres del Gobierno, en las casas de corrección, en servicio de hospitales, en la limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles u otros establecimientos, ó bien al trabajo de caminos, según las circunstancias de la persona y de cada lugar, cuidando de que el penado se mantenga en seguridad.

Art. 11. — Fuera de los casos de segunda reincidencia en que la pena será inconmutable, en los demás, á juicio del Juez y atendidas las circunstancias de la persona, podrá conmutarse en todo ó en parte á razón de dos reales diarios, siempre que una persona distinta del reo se presentare a solicitarlo, garantizando: que toma á su cargo y bajo su dirección á la persona del reo y que se obliga á suministrarle la subsistencia mientras que le proporciona ó busca trabajo ó colocación conveniente.

Art. 12. — Si la vagancia estuviere agravada con alguna de las circunstancias que se contienen en el artículo 2.° , la pena será, de sesenta días con el mismo destino que el de los penados por vagancia simple.

Art. 13. — Por cada reincidencia se aumentará la pena con la mitad de la sufrida en la condena anterior.

Art. 14.  —La cesantía en empleo, colocación, servicio ó trabajo, no son excusas legítimas del cargo de vagancia, sino durante el término de quince días contados desde que la persona fue retirada del destino o trabajo que desempeñaba.  Igual término se require para tener por consumada la reincidencia, contado desde el día en que el penado fue puesto en libertad.

Art. 15. Par acreditar que se ejerce algun oficio, no se admitirá como prueba la declaración del maestro o director, si se limita a decir que el sindicado de vagancia ha ocurrido al taller o al trabajo uno u otro día de la semana, sino que debe probarse la asistencia diaria, ya a un taller, ya a otro, o a cualquiera otra ocupación honesta.

Art. 16. — Los Jueces de paz ó alcaldes siempre serán competentes para conocer cualquier juicio de vagancia, aun cuando por razón de reiteradas reincidencias, hubiere que imponerse una pena mayor que la determinada para el procedimiento en juicio verbal.

Art. 17. —En el juicio de vagancia no es admisible la excepción de fuero privilegiado.

Art. 18. — Las conmutaciones pecuniarias tendrán el mismo destino que la ley señala a las multas impuestas en juicio verbal.

Art. 19.— Cuando el vago resulte reo de otro delito, la vagancia se estimará como circunstancia agravante y la causa se continuará por el juez a quien correspondiere el juzgado del delito principal.

Art. 20. — Los vagos pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo y la causa seguirse de oficio sin necesidad de denuncia.

Art. 21. — Los Jefes políticos están obligados á denunciar ante los Jueces de paz o a los Alcaldes respectivos á loa vagos que existan en el territorio de su jurisdicción; y estos
deberán proceder á la secuela del procedimiento sin tardanza, bajo la pena de cinco á veinticinco pesos de multa, en caso de omisión culpable.

Art. ’22. — Los mismos Jefes políticos darán estrechas órdenes á la policía para que proceda á la captura de todos los que. sin permiso de autoridad competente y con pretexto piadoso, anduvieren colectando limosnas, y, obtenida aquella, darán cuenta á los Jueces de paz ó alcaldes respectivos para que procedan á lo que lia va lugar. Las darán, así mismo, para que la policía cuide de impedir que los ciegos y demás mendigos, molesten al público con incesantes oraciones e imprecaciones en alta voz.

Art. 23. — Los vagos que hayan cumplido sus condenas, quedarán sujetos á la vigilancia de la autoridad.

Art. 24. — Los juicios de vagancia se seguirán verbalmente por los Jueces de paz, ó Alcaldes municipales en la forma que dispone el Código de procedimientos criminales, y se otorgará el recurso de apelación en la manera que el mismo Código dispone.

Art. 25. — En todo juicio de vagancia en que no deba procederse sin previa amonestación, se hará constar la que aparezca consignada en el libro de que habla el artículo 7.  

Art. 26. Contra la sentencia dictada en 2a.  instancia solo habrá recurso de responsabilidad contra el Juez que hubiere dictado el fallo definitivo. De este recurso conocerá la Sala de Apelaciones respectiva.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a catorce de septiembre de mil ochocientos setenta y ocho.

J. Rufino Barrios.


BIBLIOGRAFIA:


7 de mayo de 1934: obligado por la Gran Depresión, el presidente Jorge Ubico deroga el Reglamento de Jornaleros instuido por J. Rufino Barrios en 1877

7mayo1934
Una finca de café en las inmediaciones de Antigua Guatemala a principios del siglo XX en una fotografía de Juan José de Jesús Yas.  En el recuadro: el pago a los jornaleros; obsérvese la presencia de niños trabajadores.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 7 de mayo de 1934, enfrentando una severa crisis económica derivada de la Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, el gobierno del general Jorge Ubico derogó el “Reglamento de Jornaleros“, que había sido instituido durante el gobierno de J. Rufino Barrios y que había sido uno de los principales motores económicos de los terratenientes liberales por décadas.

El “Reglamento de Jornaleros” fue redactado por el ministro de Fomento y poderoso azucarero de la región de Escuintla, el licenciado Manuel María Herrera Moreno (quien además era tío del presidente Jorge Ubico ya que estaba casado con Ernestina Ubico Urruela), y no era más que la legalización del trabajo forzado de los pobladores indígenas en las grandes fincas cafetaleras que recién se habían establecido por los liberales en Guatemala y que requerían de grandes cantidades de mano de obra para ser rentables.1,2 Por medio del decreto 177 del 3 de abril de 1877, el gobierno de Barrios emitió mencionado reglamento, y a partir de ese momento se permitió a los propietarios particulares de las fincas cafetaleras solicitar a los jefes políticos de los departamentos “mandamientos de jornaleros” para trabajar en sus propiedades.1,2

Estas “propiedades” se originaron tras una reforma del sistema de propiedad de la tierra que los liberales guatemaltecos implementarion tras el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.  Por este método, pretendían convertir a todos sus allegados en propietarios individuales e iniciaron la venta de las tierras baldías, o tierras “realengas“, de las grandes haciendas confiscadas a las antiguamente ponderosas  órdenes regulares de la Iglesia Católica, y las tierras comunales que tenían las comunidades indígenas.  Los principales favorecidos fueron los criollos liberales (entre ellos el padre del general Ubico, el licenciado Arturo Ubico Urruela, que poseía la importante hacienda cafetalera de San Agustín Las Minas en jurisdicción de Villa Canales3,4,5,6), y los ciudadanos alemanes que se establecieron en la región de la Verapaz.7

Ya anteriormente, en 1829 tras la invasión del general Francisco Morazán y la expulsión de la familia Aycinena y de las órdenes regulares del territorio centroamericano, se habían expropiado por primera vez propiedades rurales para ser rematadas en subasta, principalmente a los socios ingleses del general Morazán.  El principal ejemplo fue la Hacienda de San Jerónimo, ubicada en el municipio de dicho nombre en la Verapaz, y que fue expropiada a los Dominicos y entregada a un ciudadano inglés. Sin embargo, los conservadores recuperaron el poder en 1840 y devolvieron muchas de esas propiedades a las órdenes.

A fin de reactivar la economía durante la Gran Depresión, el general Ubico le dió un impulso a la exportación del café, único producto del país, por medio de la “Ley de Vialidad“, que fue el decreto 1974 emitido en 1933.8 Dado que los fondos nacionales estaban en niveles mínimos, y era necesario construir caminos de terracería que comunicaran a las fincas productoras del grano con los puertos o estaciones del ferrocarril más cercanas, esta ley establecía que todo hombre indígena apto estaba obligado a trabajar en la construcción y mantenimiento de carreteras, con base a un censo proporcionado por cada una de las jefaturas políticas al Ministerio de Agricultura; posteriormente la Dirección de Caminos establecía el plan de trabajo en base a la información del censo. Aquellas personas que no quisieran realizar estos trabajos podían conmutarlo a razón de Q1.00 por semana, y dichos fondos debían utilizarse para la construcción de carreteras. Los únicos hombres indígenas aptos que estaban eximidos de esta obligación eran los profesores, para que no dejaran sus escuelas desatendidas durante las dos semanas que estaban obligados a trabajaren la construcción de caminos. De esta forma, con esta mano de obra gratuita, Guatemala pasó de tener aproximadamente 2,200 Km en carreteras en 1930 a tener 10,200 Km cuando el general Ubico presentó su renuncia el 1 de julio de 1944.9

Por medio del Reglamento de Jornaleros se trataba a los trabajadores casi como esclavos, teniéndolos en una situación de servidumbre similar a la de la época de la colonia. Y es que como el reglamento señalaba que el patrono podía adelantarle parte de su sueldo al trabajador, los patronos idearon un sistema por el cual muchos campesinos poco a poco se fueron endeudado con el dueño de la finca hasta que dicho endeudamiento era ya impagable y tenían que mantenerse a perpetuidad en dichas tierras ya que no podían dejar su trabajo sin haber saldado completamente la deuda adquirida. A esto se sumaba que las deudas eran heredadas de padres a hijos, por lo que estos último ya estaban obligados a permanecer en la finca en que habían trabajados sus padres. Y, por si esto no fuera poco, la mayoría de las fincas pagaban con su moneda propia, la cual podían intercambiar únicamente en la tienda de la finca por los productos que allí se encontraban, los cuales eran vendidos a altos precios.10

Poco antes de derogar el Reglamento de Jornaleros, Ubico promulgó el Decreto No. 1995, el cual señalaba en su único considerando que los “anticipos restringen la libertad de trabajo y convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes contratan sus servicios”. En ese decreto, el presidente dio un plazo de dos años para que los terratenientes cobraran a sus jornaleros lo adeudado, transcurridos los cuales todo adeudo quedaba saldado y los empleados empezaban a trabajar de cero o podían irse de la finca. Adicionalmente, el pago ya no podría hacerse por anticipado, sino por tarea, día o semana trabajada.10

Sin embargo, la Ley de Vialidad y el Reglamento de Jornaleros no eran suficientes para sostener la economía nacional, por lo que el gobierno de Ubico derogó el Reglamento el 7 de mayo de 1934 y a los tres días, emitió el Decreto 1996 conocido como la “Ley de Vagancia“, la cual tenía dos temas centrales: evitar la proliferación de vagabundos en el país y suplir de mano de obra a las fincas cafetaleras.10  Por supuesto, no incluía a los miembros de las élites locales, sino que se aplicaba únicamente a los indígenas y mestizos pobres. Todo aquel que era detenido en la calle por vagancia era obligado a ponerse a trabajar o se iba preso (aunque de todos modos terminaba trabajando para el Estado de manera gratuita).<sup>10</sup>

Al iniciar una nueva relación laboral entra en vigor la Ley Contra la Vagancia, que es el Decreto 1996, la cual en su artículo 2 señalaba los distintos casos en los cuales se podían aplicar las penas establecidas:

  • Los que no tienen oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia.
  • Los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en fincas, ni cultiven, con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas anuales en zona cálida; cuatro manzanas de maíz en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos, en cualquier zona.11

La ley también dinciada que tanto las autoridades como los particulares estaban en la obligación de denunciar estos casos para que la persona en cuestión fuera procesada.  Y las penas que se imponían eran:

  • Las penas iniciales eran de 30 días de prisión las cuales iban aumentando en caso de reincidencia señalaba que toda persona que no pudiera comprobar que tenía ingresos para mantenerse sin trabajo, tenía que trabajar un mínimo de 150 días al año y que el pago de dichos servicios se haría al terminar el trabajo y no por anticipado.
  • Si la persona poseía una pequeña parcela de tierra y la cultivaba para su subsistencia, únicamente debía trabajar 100 días al año.11

A la larga, la Ley de Vagancia permitió continuar proveyendo a los terratenientes de mano de obra, sobre todo en la época de cosecha, pues eran muy pocos los campesinos que poseían los medios necesarios de subsistencia que eran requeridos para no ser considerado vago.

Al final, el efecto que esperaba Ubico de estas leyes laborales rindió sus frutos al cabo de varios años, cuando despegó la economía del país (en especial la de los cafetaleros, entre los que se incluía el propio presidente, quien había heredado la Hacienda San Agustín Las Minas a la muerte de su padre en 1927) y poco a poco se pasó de la crisis económica, hasta llegar a un superávit.11


BIBLIOGRAFIA:

  1. Barrios, J. Rufino (1877). «Decreto número 177: Reglamentos de jornaleros». El Guatemalteco (Guatemala). Archivado desde el original el 8 de mayo de 2015.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1 de febrero de 1907) Votos por la educación popular. Guatemala: La Locomotora. II (24). p. 1.
  4. Ibid. (1908). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1900-1901.  XIX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 124-125.
  5. Ibid, (1909). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1905-1906XX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 4-6.
  6. Matta, Juan (1912). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala, 1910-1911 XXIX. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 296.
  7. Caso Barrera, Laura (Diciembre 2014). Viajeros alemanes en Alta Verapaz en el siglo XIX. Su aportación al conocimiento de las lenguas y cultura mayas. Revista Brasileria de Lingüística Antropológica. 6 2. p. 414.
  8. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  9. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5.
  10. Ibid, p. 6.
  11. Ibid, p. 7.