6 de septiembre de 1882: el presidente interino José María Orantes acepta la renuncia del embajador en Estados Unidos, Lorenzo Montúfar, quien se oponía a que el presidente Barrios renunciara al reclamo de Chiapas y Soconusco

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Fronteras de Guatemala antes del Tratado Herrera-Mariscal por el que el gobierno de Barrios renunció a sus reclamos sobre Chiapas y Soconusco.  En los retratos: el general Barrios (arriba) y el licenciado Lorenzo Montúfar.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En 1882, el licenciado Lorenzo Montúfar había sido nombrado como Ministro Plenipotenciario en Washington para tratar el asunto de los límites con México.​ Barrios viajó a Washington en ese año y dejó finalizados los preliminares de un arreglo entre México y Guatemala, que se debía firmar en Nueva York, a donde se dirigió después.  Entre tanto, en Guatemala el general José María Orantes quedó a cargo de la presidencia interina.

Pero Montúfar no estuvo de acuerdo con los términos del tratado pues se cedía México Soconusco y gran parte de Chiapas y partió para Nueva York, dirigiéndole a Barrios una nota, que anticipadamente dio a la prensa, indicando que no estaba de acuerdo con e tratado. Es más, tras sus desavenencias por el tratado de límites con México, el doctor Montúfar, muy molesto por el caráter despótico del general Barrios, envió la siguiente misiva de renuncia al presidente en funciones de Guatemala, general Orantes:

Señor Presidente de la repú​blica de Guatemala, General Orantes:

Lorenzo Montúfar, enviado Extraordinario y Ministro plenipotenciario de Guatemala en Washington, D.C., ante Ud. respetuosamente digo que no tengo el honor de estar de acuerdo con el señor general Don J. Rufino Barrios en muchos y muy importantes puntos de la política de Centroamérica, ni me es posible continuar sufriendo por más tiempo el trato que el expresado general da a muchas personas, sin exceptuar a sus más leales servidores.

Por tanto, renuncio al cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario y protestando mi lealtad a Guatemala y a Centroamérica, a Ud. pido se digne admitir la renuncia.

Nueva York, 2 de Agosto de 1882

Lorenzo Montúfar

Aquella carta de Montúfar fue recibida con enorme sorpresa en Guatemala, en donde el servilismo que caracterizó a todos los gobiernos dictatoriales (desde el del conservador Rafael Carrera hasta el del liberal Jorge Ubico) era la norma.  Las respuestas a semejante temeridad no se hicieron esperar.

Primero, el president interion respondió en los siguientes términos:

Palacio Nacional: Guatemala, 6 de septiembre de 1882

Vista la renuncia que ha hecho el Dr. Lorenzo Montúfar del cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Guatemala en los Estados Unidos de América y los términos en que está concebida, el general encargado de la Presidencia, rechaza los motivos calumniosos en que la funda, reprueba la insidiosa y pérfida conducta que con notable abuso de confianza ha tenido el Doctor Montúfar, y admite su dimisión.

Comuníquese

José María Orantes

Luego, el gabinete completo del general Barrios publicó un documento en defensa de la política de Barrios y atacando a Montúfar, llamándolo traidor y calumniador injurioso que estaba tratando de “manchar la alta reputación del general Barrios”.

Y a continuación, muchos otros oficiales del gobierno liberal a nivel municipal en incluso de institutos públicos fundados por Barrios dieron muestras de un profundo servilismo, publicando sendos mensajes de adhesión al dictador liberal, defendiendo el tratado de límites con México -sin importar la gran pérdida de territorio guatemalteco- llamando todos ingrato, traidor e incluso estúpido​ a Montúfar, alegando que era mejor dejarlo en el olvido​ por sus injustificados ataques contra el “Benemérito” general Barrios.

Eestos documentos quedaron recogidos en el documento llamado “La Traición del doctor Lorenzo Montúfar juzgado por los pueblos.​ Entonces salieron a la luz supuestos problemas que el Dr. Montúfar habría tenido en sus gestiones como ministro de Estado en Costa Rica y El Salvador: en Costa Rica habría sido acusado de haberse apropiado de forma indecorosa de una valiosa finca– y luego en el gobierno del general Gerardo Barrios en El Salvador habría habido dudas sobre su administración.

Barrios retornó a Guatemala a principios de noviembre de 1882, y fue recibido con nuevas muestras de servilismo, con documentos de adhesión en donde se le felicitaba por su regreso y por haber llevado a feliz término el tratado de límites con México.

Un análisis objetivo de dicho tratado de límites, que lleva el nombre de Tratado Herrera-Mariscal, es el siguiente:

Este convenio de límites, con el que se culminó un largo período de negociaciones y el ulterior trazado de la frontera, que fue su consecuencia, constituyeron para Guatemala hechos fundamentales en su historia de finales del siglo XIX. Por este tratado, Guatemala renunció no solamente a discutir sus derechos sobre Chiapas y Soconusco, sino a los derechos mismos. Se cerró definitivamente la oportunidad para posteriores reclamos, sin siquiera pedir absolutamente nada a cambio; este convenio cerró herméticamente la puerta a toda posterior reclamación, en virtud de que, al Guatemala ceder Chiapas y Soconusco, renunció expresa y categóricamente a toda compensación o indemnización. Este es un ejemplo singular, en los anales del Derecho Internacional, de un arreglo entre dos países en el que uno de ellos llegó a hacer generosa entrega de sus posiciones y clausuró definitivamente la puerta de posteriores reclamos, sin pedir a cambio absolutamente nada.

Sara Solís Castañeda

BIBLIOGRAFIA:

3 de septiembre de 1887: el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas expulsa al arzobispo Ricardo Casanova y Estrada por publicar edictos y disposiciones pontificias

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Antiguo Palacio de Gobierno en la Ciudad de Guatemala, visto desde el Parque Central. Estaba en donde ahora está el Parque Centenario.  En las fotografías: el arzobispo Casanova y Estrada y el presidente Manuel Lisandro Barillas. Imágenes tomada de Wikimedia Commons.

Reproducimos a continuación el decreto del gobierno del general Manuel Lisandro Barillas en el que se expulsa al entonces arzobispo de Guatemala, Ricardo Casanova y Estrada.   Por medio del decreto 380, se había el orden constitucional, prohibiendo la libertad de imprenta ni permitía la libre circulación de impresos, a pesar de lo cual, el arzobispo lanzó una pastoral en la que reprobaba la política del gobierno y llamaba a los pueblos que no acataran sus disposiciones.  Además, el arzobispo se puso en abierta oposición, dirigiendo una dura protesta contra el gobernante. En virtud de esto, Barillas expulsó al arzobispo.  Entre los ministros firmantes estaba el general Calixto Mendizábal como Ministro de la Guerra y el licenciado Lorenzo Montúfar, Ministro de Relaciones Exteriores.

DECRETO NUM. 399

MANUEL L. BARILLAS, general de division y presidente de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

  1. Que ninguna nación puede ser independiente si carece de la facultad de constituirse de la manera que le plazca y de dictar las leyes que juzgue conveniente a su organización
  2. Que es in deber de todo gobierno cumplir y hacer cumplir las leyes existentes
  3. Que nuestras leyes, de conformidad con las que rigen en las naciones católicas del mundo, prohiben la publicación de editos y disposiciones pontificias sin el correspondiente pase de la autoridad civil
  4. Que el Arzobispo don Ricardo Casanova y Estrada sostiene que es permitido a los obispos publicar dichas disposiciones sin permiso del gobierno, en virtud de la autonomía que atribuye al poder eclesiástico
  5. Que tambien se opone al cumplimiento de una ley vigente que, haciendo extensivo un artículo del Código Penal, prohibe la publicación de las disposiciones eclesiásticas que emanen de cualquiera curia sin previo permiso del gobierno
  6. Que en comunicación dirigida al Ejecutivo, con fecha 2 del corriente, a la observancia de las leyes llama someterse a una servidumbre vergonzosa y culpable, y agrega que el gobierno no debe de esperar que él se someta
  7. Que el expresado Arzobispo, insistiendo en su negativa a dar cumplimiento a dichas leyes, protestas contra ellas y asegura que ninguna autoridad civil tiene poder para coartarle la libertad de entenderse, como lo crea conveniente, con su clero y con su pueblo
  8. Que esta protesta es un atentado contra la autoridad, que el Jefe de la Nación está en la necesidad de sostener firmemente
  9. Que aunque no estuviera suspense la Constitución y facultado omnímodamente el Ejecutivo, la misma Constitución lo autorizaría para proceder enérgicamente porque ella prohibe al clero ejercer actos subversivos o practices incompatibles con la paz y el orden público y oponerse al cumplimiento de las leyes.

Todo esto considerado y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

DECRETO:

Artículo 1: Se expulse del territorio de la República, por todo el tiempo que el Poder Ejecutivo lo juzgue indispensable, al Arzobispo don Ricardo Casanova y Estrada

Artículo 2: El Ministerio de la Guerra queda encargado del cumplimiento de esta disposición, la cual será puesta en conocimiento de la Asamblea en su oportunidad.

Dado en el Palacio del Gobierno, a tres de septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.

M.L. Barillas

BIBLIOGRAFIA: