24 de febrero de 1836: tras la expulsión del arzobispo Ramón Casaus y Torres en 1829, el Papa interviene para nombrar un Vicario Capitular para el Estado de Guatemala

24febrero1836
Así lucía la Catedral Metropolitana de Guatemala en la época en que Casaus y Torres fue expulsado y declarado traidor a la patria.  En el recuadro: el arzobispo en mención.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Los miembros de la Iglesia Católica, tanto del clero regular (frailes) como del clero secular (curas párrocos) no siempre estuvieron defendiendo las causas populares en Guatemala.  De hecho, esto apenas se inició con la Teología de la Liberación que empezó en 1968, luego de las profundas reformas llevadas a cabo por el Concilio Vaticano II.  Por el contrario, durante la colonia española y el gobierno de los 30 años, los miembros del clero eran los que más poder económico, político y diplomático tenían en la región.

Pero su poder se empezó a resquebrajar después de la Independencia en 1821.  Aunque en el Acta misma dice que esta región seguiría “siendo católica por los siglos de los siglos”, la verdad fue que apenas se separó Centro América del fracaso Primer Imperio Mexicano en 1823, y de inmediato se iniciaron los decretos anticlericales que buscaban mermar el poder de los religiosos.  Esto llevó a un golpe de estado en Guatemala en 1826, que puso en el poder al conservador Mariano de Aycinena, miembro de la familia más poderosa de la época colonial y con muchas conexiones con el clero.  Sus primos y sobrinos eran frailes u obispos, su hermana era una importante monja concepcionista que decía que sufría las estigmatas de Cristo y él mismo representaba el añejo poder aristocrático de la colonia.

El resto de los criollos de la región detestaba a los conservadores y a los religiosos por su poder económico y, con las ansias de quedárselo para ellos, abrazaron la causa liberal, el libre pensamiento y el progreso, atacando así a una religión que ya había quedado “obsoleta por el paso del tiempo“.  Así que el golpe de estado en Guatemala sirvió para encender la mecha de una guerra civil que terminó con la invasión del Estado por parte del líder liberal, el general Francisco Morazán, quien el 14 de abril de 1829 metió a la cárcel sin juicio a los Aycinena y sus familiares y colaboradores cercanos, después les confiscó sus bienes y por último los expulsó de la región centroamericana.  Y lo mismo hizo con los religiosos: expulsó a todas las órdenes de frailes, exceptuando a las hospitalarias y se quedó con sus numerosos bienes, los cuales repartió entre sus correligionarios o vendió a particulares, en especial a ciudadanos ingleses.  Y en cuanto al arzobispo Ramón Casaus y Torres, líder del clero secular, lo expulsó en junio de 1829.

Casaus y Torres, como la gran mayoría de eclesiásticos de su tiempo, era un hombre soberbio que estaba acostumbrado a mandar y no a que lo sacaran a media noche de sus aposentos, lo pusieran a lomos de mula y lo echaran de la ciudad.  Así que partió de muy mala gana hacia La Habana, Cuba, que todavía era colonia española y desde allí se dedicó a escribir documentos atacando sin miramientos a las nuevas autoridades liberales de Guatemala.  Esto no le sentó bien a los criollos liberales, que el 13 de junio de 1830 lo declararon traidor a la patria y le prohibieron el retorno al país, dejando así al país sin arzobispo.

Y aquí se inició la primera gran crisis de la Iglesia Católica en Guatemala pues la mayoría de frailes y monjas  habían sido expulsados y no había nadie al frente de la curia en el clero secular.  Casaus y Torres había dejado a varios señores a cargo de su arquidiócesis, pero de ellos únicamente el laico Diego Batres pudo hacerse cargo de la situación. Luego de un tiempo empezó a discutirse la posibilidad de que había que elegir a un nuevo arzobispo, y la opinión de las autoridades se dividió: unos decían que no hacía falta, porque Casaus y Torres había sido expulsado por las autoridades civiles y no por las eclesiásticas, mientras que otros decían que había que cambiarlo porque era traidor a la patria.  Prevaleció la opinión de los último, y quedó nombrado como vicario capitular Batres, a pesar de no ser religioso.

Aquello se volvió un gran problema, pues aunque las autoridades eran aniclericales, la mayoría de la población seguía siendo profundamente católica.  Y Batres pasó a ser el hazmereir de la ciudad, quedando en ridículo a donde iba, frente a los fieles católicos y, en especial, frente a las beatas que suspiraban por el retorno de Casaus y Torres.  Afortunadamente para Batres, la situación la zanjó el papa Gregorio quien lo confirmó como vicario capitular mediante la siguiente comunicación:

“Hace pocos días representaron a nuestro Smo. Padre Gregorio, por la divina Providencia Papa XVI algunos individuos del Cabildo de la Iglesia Metropolitana de Guatemala, cómo, habiendo sido el actual Arzobispo de la misma Iglesia separado de su grey por las turbulencias políticas, y hallándose en La Habana, decidió dicho Cabildo, atendidas las circunstancias y principalmente la distancia de los lugares, deber proceder a la elección de Vicario capitular; y que esta recayó en el doctor Diego Batres, desginado en tercer lugar entre los que había nombrado el Arzobispo, cuando iba a apartarse de Guatemala, para que en su ausencia hiciesen sus veces.  Pero como se suscitó duda sobre la legitimidad de la misma elección, acordaron consultar a la silla apostólica, así para que les dejase tranquila su conciencia, como para que oportunamente les prescribiese lo que debería hacerse en este asunto.  Por tanto, después de un maduro examen de todo, Su Santidad, a quien di cuenta yo el infrascrito Secretario de la Sagrada Congregación destinada a los negocios consistoriales, acogiendo benignamente esta súplica y sanando previamente, en cuando sea necesario, lo que el mismo Diego Batres haya practicado como vicario capitular de la referida Iglesia Metropolitana, le ha confirmado con la autoridad apostólica en este cargo, con las facultades que por derecho o costumbres competen a los Vicarios capitulares; concediendo además al Cabildo la potestad de subrogarle otro, cuantas veces aconteciere que falte, sin que obste en contrario cosa alguna.  Y mandó que se extendiese el presente decreto, y se insertase en las actas de la misma Sagrado congregación. Dado en Roma, el día 24 de febrero del año del Señor, 1836.

Luis Tregia, Arzobispo de Calcedonia, Secretario de la misma Sagrada Congregación”

La situación mejoró un tanto para los miembros del clero secular, pero apenas un año y medio después, el pueblo campesino católico se alzaría en armas, pidiendo que retornara el arzobispo y que se abriera la Catedral Metropolitana que había permanecido cerrada desde su marcha en 1829, pues no estaban conformes con el gobierno “hereje” que los liberales habían impuesto, entre otras razones.  Se iniciaba así una segunda época de bonanza que se inició en 1840 y terminó con la Revolución Liberal de 1871.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (25 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 25 de febrero de 1836, Un cisma en el cabildo y una carta del Papa”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

20 de febrero de 1838: tras la caída del gobierno del Dr. Mariano Gálvez se emite un decreto que deroga las disposiciones anticlericales y anticonservadoras que emitió Francisco Morazán en 1829

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Mapa del Estado de Guatemala en 1832 sobre el que gobernó el Dr. Mariano Gálvez.  Sombreado a la izquierda aparece el territorio de lo que sería el Estado de Los Altos entre 1838 y 1840 (incluyendo parte del actual México) y sombreado a la izquierda el enclave británico en Belice que existía desde antes de la Independencia en 1821.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El final del gobierno del Dr. Mariano Gálvez y el del gobierno del general José María Reina Barrios guardan muchas similitudes.  Ambos gobernantes liberales tuvieron unos brillantes primeros años de gobierno, para luego caer víctimas de las crisis políticas o económicas que se produjeron hacia el final de su período presidencial no sin antes adoptar un gobierno despótico y dictatorial para internar mantenerse en el poder.  Si bien Gálvez no fue asesinado como Reina Barrios, no fue porque no tuviera enemigos, sino porque logró huir a tiempo.  Y, en ambos casos, ambos gobernantes dejaron un vacío de poder que resultaría en el establecimiento de férreas dictaduras:  la del general conservadorRafael Carrera y la del licenciado liberal Manuel Estrada Cabrera.

En el caso específico del Dr. Gálvez, aún mucho antes de su salida del gobierno, los criollos liberales que habían sido su apoyo estaban divididos y tenían problemas para enfrentar a su enemigo común: los campesinos católicos que se habían alzado contra el gobierno.  Los liberales no lograron ponerse de acuerdo a la hora de hacer gobierno y cometieron un grave error que, a la larga, les costó el poder durante 30 años.

He aquí lo que ocurrió:

El Dr. Pedro Molina, uno de los principales líderes liberales, se dió cuenta de que existían numerosas leyes que se habían establecido durante el gobierno de los 7 años de Gálvez que iban en contra de lo estipulado en la Constitución del Estado, y que estaban vigentes; entonces, elevó una solicitud a la Asamblea Legislativa para que se emitiera una resolución declarándolas inconstitucionales y, por lo tanto, automáticamente derogadas.

La Asamblea analizó la petición y viendo que el Dr. Molina tenía toda la razón, emitió el siguiente decreto el 20 de febrero de 1838:

  1. Ninguna ley evidentemente contraria a la Constitución, puede ni debe subsistir.
  2. Cuando se presente alguna ley notoriamente contraria a la Constitución, los tribunales deberán arreglarse en sus juicios, al sentido claro de la fundamental, informando en seguida al cuerpo legislativo.
  3. Con respecto a los casos dudosos de contradicciones, los tribunales y cualquier ciudadano pueden pedir a la Asamblea la declaratorio correspondiente, sin perjuicio de que dichos tribunales resuelvan desde luego, según entiendan de justicia y por su propio convencimiento.
  4. La declaratoria que haga el Cuerpo Legislativo solamente podrá aplicarse a los casos posteriores al que motivó la duda; y sin que pueda tener jamás efecto retroactivo.

En la práctica, el decreto se traducía en que se daba carta abierta a los criollos conservadores para que solicitaran que se derogaran las disposiciones que había dictado Francisco Morazán en 1829 cuando después de invadir guatemala, y que incluían:

  1. Confiscación de los bienes de los criollos aristócratas (especialmente de la familia Aycinena)
  2. Deportación de los criollos conservadores
  3. Expulsión del arzobispo Ramón Casaus y Torres
  4. Clausura de conventos
  5. Reforma social amparada en la separación de Iglesia y Estado

¡Es decir, los liberales destruyeron la obra reformadora de su propio líder, el general Morazán, quizá sin querer!  Pero el decreto del 20 de febrero ya estaba emitido y los conservadores, amparándose en él, pidieron a la Asamblea que derogara los siguientes decretos:

  1. Decreto del 4 de junio de 1829:  en éste se establecía claramente el nombre de las personas que no podían disfrutar de la gracia de un indulto que daba el gobierno liberal, mostrando una parcialidad atentatoria, claramente opuesta a los estipulado en la Constitución.
  2. Decreto del 22 de agosto de 1829: en éste el general Morazán, actuando como Jefe de Estado de Guatemala sin estar debidamente autorizado para ello, daba una larga lista de personas que serían deportadas, después de una injusta prisión.

Los conservadores se dieron cuenta del alcance del decreto del 20 de febrero, tal y como queda claro en el mensaje que le mandaron a la Asamblea:  “[…] usando del derecho de petición y con el debido respeto ocurrimos al cuerpo legislativo, no para implorar gracia, ni solicitar favor, sino para reclamar el cumplimiento de las garantías, violadas en nuestras personas, así como en las de otros muchos de nuestros conciudadanos que también han sido víctimas de medidas de circunstancias, que redujeron a completa nulidad las leyes fundamentales del estado y de la república“.

A pesar de ser una Asamblea liberal, y de que la petición fue analizada por doctores también liberales, la respuesta fue la siguiente: “Los legisladores que las dieron se olvidaron no sólo de que no tenían facultades para ello porque ninguna autoridad del estado es superior a la ley, sino hasta de su propia dignidad y delicadeza.  Ellos habían sido perseguidos y a su vez se convirtieron en enemigos facultados para autorizar la persecución, las prescripciones, la confiscación de bienes… Los mismos que con las armas habían recobrado sus destinos perdidos eran lo que erigiéndose en jueces de su propia causa, declararon nulos e intrusos a los que entraron a ocuparlos por su deserción vergonzosa, olvidándose de que ellos eran los verdaderos autores de ese desorden.”

La Asamblea, pues declaró nulos los decretos de Morazán y le envió a este el fuerte mensaje de que se había tomado atribuciones que no le correspondían.  De este punto ocurrieron dos cosas que llevarían a la caída de los liberales:  los conservadores exiliados pudieron retornar y se aliaron junto con los que ya residían en Guatemala con los campesinos católicos dirigidos por el general Rafael Carrera y, encencieron la cólera de Morazán, que llegó al Estado y destituyó a las autoridades sustituyéndolas, otra vez, por gente de su confianza.  Estos dos hechos llevarían al encuentro final entre Carrera y Morazán en marzo de 1840, en donde se selló el destino de ambos líderes.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

 

18 de febrero de 1835: el Dr. Mariano Gálvez rechaza la reelección al cargo de Jefe de Estado de Guatemala

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Escuintla en la época en que Gálvez estuvo allí de vacaciones mientras los diputados le rogaban que aceptara la reelección como Jefe de Estado.  Grabado de Frederick Caterwood.  En el recuadro: retrato del Dr. Mariano Gálvez.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En la historia de Guatemala, muy pocos han sido los gobernantes que no se han corrompido en el poder y han extendido, o intentado extender, su mandato presidencial.  Durante el gobierno de los conservadores pro-católicos el general Rafael Carrera fue declarado presidente vitalicio y durante los regímenes liberales anticlericales, solamente el general Manuel Lisandro Barillas entregó la presidencia a su sucedor, el también general José María Reina Barrios; todos los demás gobernantes murieron en el poder o fueron derrocados por revoluciones tras largos años de dictadura, siendo reelectos varias veces por “voluntad de los pueblos“.   Tras la época revolucionaria, que fue truncada por la revolución del Movimiento de Liberación Nacional, los gobernantes no corrieron mejor suerte: Carlos Castillo Armas murió en el poder, y el general Miguel Ydígoras Fuentes fue derrocado por un golpe de estado.  Finalmente, los militares establecieron un sistema por medio del cual, el ministro de la Defensa llegaba a la presidencia y, de esta forma, una camarilla se perpetuaba en el poder.  Esta sistema tambén fue eliminado por un golpe de estado en 1982, y luego cambiado por el sistema supuestamente democrático que impera en el siglo XXI, y en que, como diría un político de la época del presidente Carlos Herrera, “el presidente tiene menos poder que un alcalde de pueblo”.

En la Primera Época Liberal, conocida también como el “Gobierno de los 7 Años“, se destacó la figura del Dr. Mariano Gálvez, quien tomó acertadas medidas cuando fungió como Jefe de Estado entre 1831 y 1835.  Pero, a partir de ese momento, el poder hizo de las suyas y Gálvez empezó a tomar medidas que desembocaron en una terrible guerra civil en que los campesinos católicos se alzaron contra el gobierno antlicerical y terminaron por derrocarlo en 1838.  Y la primera medida equivocada que tomó Gálvez fue la de fingir que no aceptaba su reelección como Jefe de Estado el 18 de febrero de 1835, como un ardid para que sus aduladores llegaran a extremos serviles para rogarle que siguiera en el poder.

Su plan fue el siguiente: poco antes de las elecciones se retiró a disfrutar de unas vacaciones en Escuintla dejando encargado del gobierno al comerciante Juan Antonio Martínez, y desde allí manejó los hilos de la situación, pues contaba con gran apoyo entre la sociedad de la Ciudad de Guatemala pues era muy localista y defendía los intereses de Guatemala ante el resto de Centroamérica, al que los guatemaltecos llamaban despectivamente “guanacos“.  (Esto quedó demostrado cuando forzó a las autoridades federales a dejar la Ciudad de Guatemala y trasladarse a Sonsonate en 1834).  Y como Gálvez esperaba, su triunfo en las elecciones de la Asamblea fue rotundo.

Los diputados que le eran parciales, se regocijaron por el triunfo y a Escuintla, en donde se movía toda la intriga del doctor Gálvez, llegó la notificación de que había sido electo nuevamente como Jefe de Estado.  Y aquí fue donde Gálvez quiso hacerse el indispensable, enviando la siguiente respuesta:

“Escuintla, 18 de febrero de 1835.

A los ciudadanos diputados y secretarios de la Asamblea.  Tuve el honor de recibir la comunicación de ustedes, datada el 9 del corriente, acompañándome el decreto de la misma fecha, que menciona la elección de primero y segundo jefe del Estado.  En mi mensaje dirigido a la Asamblea en la apertura de sus sesiones yo he manisfestado mi reconocimiento por lo honra de la reelección para primer jefe, así como la decisión que tenía y que tengo de retirarme a la vida privada; ahora reitero esto mismo, porque así entiendo que está en los intereses públicos. La ley no me obliga a servir en un segundo período, y la voz de mi conciencia me habla en este concepto.  Debo seguirla, y esto decido a pesar de mis deseos de oir la de los patriotas que me exigen la continuación de mi gobierno. Tengan ustedes ciudadanos secretarios, la dignación de poner esta mi respuesta en el alto conocimiento de la Asamblea, que no dudo servirá admitir la renuncia que hago de la primera magistratura del Estado.  Yo ofrezco a ustedes mis respetos y la perfecta consideración con que soy de ustedes atento servidor.

Mariano Gálvez”

El jefe de Estado sabía de antemano que los diputados, a quienes controlaba no le iban a aceptar la renuncia, y así fue.  Los diputados unánimamente pidieron al doctor Gálvez que continuara en el poder y “que se sacrificara en aras de la patria ante la voluntad manifiesta de los pueblos“.  Y aquí la situación se puso más teatral:  Gálvez se dió el lujo de rechazar la elección dos veces más, encantando de que los diputados le rogaran y suplicaran que siguiera al frente del gobierno enviándole correos hasta Escuintla, en donde seguía de vacaciones.  Y llegó al colmo de intentar darle largas al asunto, viajando a Amatitlán y luego a Antigua Guatemala, pero debía tomar posesión el 25 de marzo de 1835 y allí terminó el teatro.

¡Qué lejos estaba Gálvez de imaginar que su segundo gobierno sería un completo desastre y que tres años después, en lugar de que le rogaran que siguiera en el gobierno, tendría que salir huyendo del país, odiado y despreciado por sus enemigos y sus antiguos aliados en medio de una sangrienta guerra civil!


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (18 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 18 de febrero de 1835 el Dr. Gálvez rechaza la Reelección”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

7 de febrero de 1835: la ciudad de San Salvador es convertida en el Distrito Federal de la debilitada República Federal de Centro América en sustitución de Sonsonate

7febrero1835
La ciudad de San Salvador en 1840.  Allí estuvo el Distrito Federal de la Federación Centroamericana hasta su colapso en 1839.  En el recuadro: el general liberal Francisco Morazán, presidente de la Federación cuando la capital estuvo en San Salvador.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Debido a los conflictos personales entre el presidente federal Francisco Morazán y el jefe del Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, la capital de la República Federal de Centro América había sido trasladada de la Ciudad de Guatemala al poblado de Sonsonate el 6 de febrero de 1834.  Pero los conflictos que se estaban viviendo ya en todos los estados de la República provocaron el rápido debilitamiento de la misma.

Ante esta situación, el presidente federal Morazán consiguió que el 28 de enero la legislatura del estado de El Salvador cediera la ciudad de San Salvador y algunos pueblos aledaños para que en ella se erigiera el Distrito Federal, quedando así elevada al rango de capital de la República con residencia de las principales autoridades de la Federación.

El 9 de marzo de 1836 se extendió el territorio del Distrito Federal a Zacatecoluca, y así se mantuvo hata el 3 de mayo de 1839, cuando la Asambla de El Salvador ordenó reincorporar al territorio de aquel Estado tod el que había cedido para distrito federal.


BIBLIOGRAFIA:

 

 


6 de febrero de 1834: las autoridades de la República Federal de Centro América dejan la Ciudad de Guatemala y se mudan a Sonsonate en El Salvador

6febrero1834
El Palacio Arzobispal de la Ciudad de Guatemala en 2010.  Durante la época de la República Federal, este edificio sirvió de sede al gobierno del Estado de Guatemala tras la expulsión del arzobispo Ramón Casaus y Torres, debido a que el gobierno federal ocupaba el Palacio Colonial.  En el recuadro: el jefe de estado Mariano Gálvez.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Cuando se estableció la Constitución de la República Federal de Centro América, se olvidó establecer un Distrito Federal que satisfaciera a todos los estados miembros y cometieron el grave error de dejar a la Ciudad de Guatemala como la capital del estado del mismo nombre y la capital federal.  Este error había sido ya cometido en los Estados Unidos, hasta que finalmente fue subsanado con la fundación de la ciudad de Washington en el Distrito de Columbia en un área neutral entre los estados de Virginia y Maryland, pero en Centroamérica no dió tiempo a arreglarse.1

En la naciente federación el presidente federal y jefe del estado de Guatemala siempre estuvieron en franco enfrentamiento. Por ejemplo, durante el gobierno de Manuel José Arce, el jefe de estado Juan Barrundia no se toleraban, llegando incluso a recriminarse asuntos tan insignificantes como quién iba a ocupar el dosel más alto durante una función solemne en la Catedral Metropolitana.1

Cuando los criollos conservadores dieron el golpe de estado contra Barrundia en 1826 debido a todos los decretos anticlericales que estaba emitiendo, las autoridades  de Guatemala pensaron en trasladar la capital a Antigua Guatemala y Chimaltenango, para luego trasladarse a San Martín Jilotepeque, desde donde propusieron trasladarse a Quetzaltenango.2  Pero cuando el vicejefe de estado, Cirilo Flores, fue a la ciudad altense para arreglar el traslado, fue linchado por el pueblo frente al convento de los franciscanos.3

Tras la expulsión de los conservadores y frailes en 1829, el general liberal Francisco Morazán se hizo con la presidencia de Centroamérica ocupando el Palacio Colonial, y el Dr. Mariano Gálvez con la jefatura del estado de Guatemala, ocupando el Palacio Arzobispal tras la expulsión del arzobispo Ramón Casauz y Torres.  Y las rencillas entre ambos fueron notorias.  Gálvez era un hombre muy preparado, mientras que Morazán era un general de línea que llegó al poder por la fuerza de las armas. Eso sí, aunque no se llevaban bien en lo absoluto, eran muy diplomáticos en su trato en público y sus diferencias no eran tan notorias como las que había entre Arce y Barrundia.4

Para 1833, la prensa morazanista tenía una campaña de desprestigio contra Gálvez, dirigidos por Francisco Barrundia y el señor Rivera Cabezas, quienes no estaban de acuerdo con las políticas adoptadas por el jefe de estado.  Por su parte, Gálvez no podía hacer valer su voluntad debido a que las autoridades federades estaban en la misma Ciudad de Guatemala; no obstante, emitió el siguiente comunicado:

“Una es la voz de los estados pidiendo que las supremas autoridades fijen su residencia fue del estado de Guatemala.  La Aamblea y el gobierno han acordado pedir al Congreso que atienda a aquellos votos.  No se ha expresado en esto un deseo que fuera poco atento con huéspedes tan respetables, sino una necesidad de obsequiar el pronunciamiento determinante de la nación”.5

 

En otras palabras, en una forma muy sutil estaba mandando a las autoridades federales a que buscaran otro sitio que los hospedara. Pero a pesar del tono, los morazanista lo acusaron de localista y de que tenía impulsos de tirano pretendiendo quedarse al mando de la Federación.  Como Morazán había partido para El Salvador en marzo de ese año, el encargado del estado era José Gregorio Salazar, quien el 14 de octubre emitió un decreto ordenando que las autoridades federales se trasladaran a Sonsonate, en la provincia de El Salvador.6

Y finalmente, el 6 de febrero de 1834, las autoridades federales se fueron a Sonsonate, a lomos de mula y con patachos que cargaban archivos, muebles y útiles necesarios para el funcionamiento del gobierno. Los criollos liberales que apoyaban a Gálvez estaban eufóricos, mientras que los que apoyaban al gobierno federal se quejaron de la situación. Pero los criollos conservadores fueron los más preocupados, pues se dieron cuenta de que Guatemala perdía así su preponderancia y la hegemonía sobre el resto de la Federación.7

Pero la nueva capital no tardó mucho en Sonsonate.  Debido a los problemas que había en El Salvador, Morazán trasladó la capital a San Salvador el 7 de febrero de 1835, dando inicio a un rápido declive que terminó con el rompimiento federal antes de que se terminara la década de 1830.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (6 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 6 de febrero de 1834, las autoridades federales se trasladan a Sonsonate”. Guatemala: Nuestro Diario.
  2. Asamblea Legislativa and Guatemala. Departamento de Guerra (22 de septiembre de 1826), Hoja suelta-Decreto, S. Martin Xilotepeque, Guatemala, 22 de septiembre 1826 San Martin Xilotepeque, Guatemala.
  3. Marure, Alejandro (1844). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la república de Centro América, desde el año de 1821 hasta el de 1842. Guatemala: Imprenta La Paz
  4. Hernández de León, Federico. El capítulo de las efemérides: 6 de febrero de 1843, las autoridades federales se trasladan a Sonsonate.
  5. Ibid.
  6. Ibid.
  7. Ibid.
  8. Ibid.

26 de enero de 1838: en medio de la guerra civil contra el gobierno liberal de Mariano Gálvez, se subleva la guarnición de “La Concordia” en la Ciudad de Guatemala

26enero1838
El antiguo Calvario, situado en el entonces extremo sur de la Ciudad de Guatemala; por esa área ingresaron tropas provenientes de Antigua Guatemala para reprimir la sublevación del Batallón “La Concordia”.  En el recuadro: el jefe de estado, doctor Mariano Gálvez.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El gobierno del del Jefe del Estado de Guatemala, doctor Mariano Gálvez, colapsó gradualmente debido a sus fallidas políticas económicas y sociales.  En primer lugar restituyó el impuesto individual a los indígenas, que había existido en la época colonial, y que los dejó práticamente en la miseria; luego, se asoció con los ingleses, a quienes los curas párrocos se encargaron de difamar diciéndole a los indígenas de sus parroquias que eran herejes y que el gobierno también. Y, por último, impuso leyes laices inspiradas en el código de Livingston, que se había establecido con éxito en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, pero que no se pudo aplicar en Guatemala, ya que los conceptos de juicios con jurados, matrimonio laico y divorcio eran ajenos a la idiosincracia nacional.

Acostumbrados s soportar vejámenes e injusticias desde la conquista, los pobladores indígenas no protestaron por todo esto, pero como no estaban para nada conformes, un grupo se alzó en armas en Mataquescuintla cuando el gobierno les prohibió acceder a sus fuentes de agua como medida de prevención sanitaria contra la epidemia de cólera morbus a mediados de mayo de 1837.  Se regó el rumor de que era el mismo gobierno el que estaba envenando las fuentes de agua y el descontento estalló en una rebelión armada.

Inicialmente, las fuerzas gubernamentales prevalecieron en Mataquescuintla el 15 de junio de 1837, derrotando a los sublevados dirigidos por el entonces desconocido Rafael Carrera, pero se extralimitaron tras someter a los alzados, cometiendo contra ellos todo tipo de vejámenes, dando como resultado que ya no se pudiera resolver la situación por la vía pacífica.

A partir de ese momento, el gobierno del doctor Gálvez empezó a desmoronarse. El 16 de junio de ese año se reunió en una sesión extraordinaria la Asamblea Legislativa, y durante esa agitada jornada se formaron los partidos “Ministerial” y “Opositor” los cuales se enfrentaron violentamente en los siguientes meses. Como no podían ponerse de acuerdo, y la amenaza de la rebelión aumentaba entre los campesinos, Gálvez dió cabida en su gabinete a dos miembros del partido Opositor, Juan José de Aycinena y Marcial Zebadúa, para intentar calmar los ánimos, pero luego de solo un mes, tuvo que pedirles la renuncia y sustituirlos por un Ministro Imparcial el 13 de diciembre, debido a la gran cantidad de insultos que los mencionados ministros recibieron en la prensa local.  Aquel ministerio también duró poco, y el gobierno quedó prácticamente desmantelado, con el partido Opositor y los campesinos alzados exigiendo la salida de Gálvez.

Y la situación empeoró aún más.  El 13 de enero el gobierno tuvo que declarar a los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez en estado de rebelión lo que mantuvo a todos los poblados bajo el régimen militar y sin ninguna garantía constitucional; como respuesta, la ciudad de Antigua Guatemala desconoció al Jefe del Estado y nombró a un gobierno provisorio el 18 de ese mes, seguida de Chiquimula el 25 y de Salamá el 30.  Esto, aunado a la rebelión campesina, dejó a todo el estado sumido en la anarquía.

El 26 de enero, el batallón “La Concordia” se alzó en armas contra las autoridades del estado exigiendo que se restituyera el Ministerio Imparcial y que se mantuviera al doctor Gálvez en la jefatura del Estado, contra los deseos de los Opositores. Aquel alzamiento no hizo más provocar el ataque a la ciudad de Guatemala por parte de las fuerzas de Antigua Guatemala, que la invadieron entrando por el Calvario en la noche del 29 al 30 de enero.  Tras una batalla que se prolongó por cuatro días, los soldados de “La Concordia” se rindieron, y con ello terminó el gobierno de Gálvez quien renunció dejando el poder en manos del vice-jefe de Estado, Pedro Valenzuela, en una situación por demás precaria.


BIBLIOGRAFIA:


4 de septiembre de 1832: se remata en subasta pública la Hacienda San José de Palencia, la que eventualmente se convertiría en el municipio de Palencia en el departamento de Guatemala

4septiembre1832
La Iglesia de Santo Domingo en 1859.  Para ese año, los dominicos eran los propietarios de la Hacienda de Palencia, la cual habían adquirido del general Rafael Carrera, cuando éste tuvo que salir al exilio en 1848.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Tras la conquista de Guatemala, el lugar que actualmente ocupa el municpio de Palencia era la Hacienda San José, la cual fue adquirida por Mathías de Palencia en 1624, por lo que fue conocida como la “Hacienda de Palencia”.

Tras la Independencia en 1821 y la Guerra Civil Centroamericana que resultó en la expulsión de las órdenes regulares más influyentes y de los miembros de la familia Aycinena, la Hacienda de Palencia fue rematada el 4 de septiembre de 1832 a solicitud de Juan José Guerra. En la subasta fue adquirida por Manuel José Jáuregui y Juan Nepomuceno Asturias, por un valor de $200.00 pesos por cada caballería. Poco después en 1836 fue adjudicada a uno de los distritos de la Nueva Guatemala de la Asunción para la administración de justicia por medio de los juicios de jurados que implentó el Jefe de Estado Mariano Gálvez, y en 1837 apareció en la división administrativa oficial, con 2,245 habitantes.

Tras el derrocamiento de Gálvez y el triunfo de la revolución campesino-católica liderada por Rafael Carrera, tanto las órdenes regulares como algunos de los Aycinena retornaron a Guatemala y poco a poco fueron recuperando o adquiriendo nuevas propiedades. El propio general Carrera, ya siendo Jefe de Estado desde 1844 y presidente de la República desde 1847 adquirió la Hacienda de Palencia. Pero en 1848, cuando los criollos le pidieron la renuncia por la inestabilidad en que vivía Guatemala y tuvo que salir al exilio, el ex-jefe de Estado Mariano Rivera y Paz, en representación de la Orden de Predicadores, se presentó ante el general Carrera y le solicitó que la vendiera al Gobierno de Guatemala, para que la Asamblea Legislativa se las cediera a los dominicos en propiedad para su “fomento y adelanto”. Para entonces, la Hacienda de Palencia contaba con los anexos de Agua Caliente, Plan Grande, Los Cubes, el Cangrejito y Lo de Silva, y Carrera la vendió por la suma de $15,000 pesos, pagados $10,000 al contado y el resto en el término de cinco  meses, con la sugerencia de no venderla a terceros y reunir a la población dispersa para formar un pueblo. Cuando Carrera regresó al poder en 1849 los dominicos conservaron la hacienda que le habían comprado.

Tras la revolución liberal de 1871, J. Rufino Barrios confiscó todas las propiedades de las órdenes regulares, entre ellas la Hacienda de Palencia que expropió en mayo de 1872 y que por medio de un Decreto del 19 de marzo de 1873, adjudicó al municipio de Palencia.


BIBLIOGRAFIA:


 

30 de julio de 1823: la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América elimina los títulos y tratamientos de distinción que se utilizaban hasta entonces

30julio1823
Fuente del patio interior del desaparecido Palacio Colonial de la Ciudad de Guatemala en 1875.  Imagen de Eadweard Muybridge, archivo de Foto Rex, tomada de Wikimedia Commons.

Tras la declaración de la Independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio de 1823 luego del colapso del Primer Imperio Mexicano, los miembros de la Asamblea constiuyente que se estableció en la región a instancias del gobernador mexicano Vicente Filísola establecieron los lineamientos para redactar la Constitución de la Federación.

Como se consideraba que habían sido los criollos aristócratas quienes habían fomentado la malograda anexión al Imperio de Iturbide en 1822, y siguiendo el ejemplo de los liberales que forzaron al rey Fernando VII a aceptar nuevamente la constitución de Cádiz en 1820, la nueva asamblea emitió el siguiente decreto, eliminando el trato preferencial que se les daba hasta entonces:

La asamblea nacional constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, considerando:

Que los tratamientos y títulos de distinción son ajenos de un sistema de igualdad legal, en que los funcionarios y ciudadanos no deben tener otro título que el que sea propio de las funciones que ejercen, ni más distintivo que el que merezcan por sus virtudes cívicas; ha tenido a bien decretar y decreta:

  1. Quedan abolidos todos los tratamientos de “majestad”, “alteza”, “excelencia”, “señoría” y demás que se han usado hasta hoy.
  2. Las autoridades, corporaciones y empleados públicos no se denominarán con otro título, que el que diere la ley al destino o empleo que ejerzan.
  3. Queda abolida la distinción del “don”.
  4. Esta asamblea se denominará “asamblea nacional constituyente”.
  5. El poder ejecutivo, “supremo poder ejecutivo”.
  6. El tribunal que se organice, equivalente al supremo de justicia que establece la constitución española, alta corte de justicia.
  7. Los jefes políticos y diputaciones provinciales conservarán estos nombres.
  8. Los tribunales de las audiencias se denominarán “cortes territoriales de justicia”.
  9. Los ayuntamientos “municipalidades”.
  10. Los prelados diocesanos, tendrán el título de “padre”, unido a la denominación de “arzobispo” u “obispo”.
  11. Los cabildos eclesiásticos continuarán con este nombre.

Esta ley fue modificada el 15 de octubre de 1844 (cuando los aristócratas habían recuperado el poder en Guatemala, tal y como había ocurrido también en España en 1823 cuando Fernando VII recuperó el poder absoluto) renovando los títulos de “Excelencia” para el presidente de la República y otras autoridades, y el de “Su Ilustrísima” para los obispos, hasta que los títulos fueron removidos oficialmente por el gobierno provisorio del general Miguel García Granados poco después de la Revolución Liberal de 1871.


BIBLIOGRAFIA:


22 de julio de 1838: el jefe de Estado Interino Pedro Valenzuela entrega el poder a Mariano Rivera Paz

22julio1838
Licenciado Mariano Paz cuando era Jefe del Estado de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Tras el fracaso de la política de restituir el impuesto personal para la población indígena y el desastre que provocó la implementación de los Códigos de Livingston con sus juicios de jurados y el matrimonio civil, el gobierno del Dr. Mariano Gálvez estaba en una situación difícil. Pero cuando se presentó la epidemia de cólera en 1837 y el gobierno intentó establecer cordones sanitarios que impedían a los pobladores llegar a sus fuentes de agua la situación estalló.

La guerra civil entre los campesinos alzados liderados por Rafael Carrera y las fuerzs del gobierno de Gálvez fueron cruentas y llevaron al jefe del Estado a renunciar el 2 de febrero de 1838 siendo sustituido provisionalmente por Pedro Valenzuela quien pasó la tormenta lo mejor que pudo hasta que sustittuido el 22 de julio del mismo año por Mariano Rivera Paz.

En 1859, siendo Consejero de Estado del capitán general Rafael Carrera, se opuso al Tratado Wyke-Aycinena, indicando que en un convenio de límites no debía hacerse cesión y venta de territorio guatemalteco, que el gobierno no era más que un administrador de los bienes nacionales, sin facultad alguna para enajenarlos, ya que el presidente había jurado conservar la integridad de la República. Además, señaló que la cláusula compensatoria, además de ser ambigua e indefinida, imponía al gobierno guatemalteco obligaciones para cuyo cumplimiento no estaba autorizado. También afirmó que el Gobierno británico no ofrecía ninguna garantía en relación con el compromiso de pagar la mitad de los costos de la carretera proyectada. Valenzuela comentó, además, que no se podía confiar en la buena fe de los ingleses, por la forma en que habían violado los tratados angloespañoles y que el instrumento en cuestión violaba el Tratado Clayton-Bulwer.  A pesar de los sólidos argumentos de Valenzuela, el gobierno de Carrera estuvo obligado a hacer esa concesión territorial para pagar a la Gran Bretaña por las armas que la Corona le había proporcionado para repeler una nueva invasión del filibustero William Walker.


BIBLIOGRAFIA:


13 de julio de 1837: el jefe del Estado Mariano Gálvez envía una circular para reforzar la recaudación de fondos para la Academia de Ciencias y Estudios

13julio1837
El patio del edificio en el que funcionó la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.  La universidad abandonó el edificio en 1773, tras los terremotos, pero el mismo fue utilizado como bodega y como parroquia por el clero secular.  Imagen tomada Juan José de Jesús Yas.

Es frecuente escuchar que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene problemas administrativos por falta del pago por parte del gobierno del 5% del presupuesto nacional asignado en la Constitución de la República, lo que hace pensar que éste es un problema generado con la constitución redactada en 1985. Por otra parte, también es frecuente que se diga que los fondos públicos son malversados por las autoridades de turno y que lo recaudado no llega a su destino final, algo que también se atribuye al desorden administrativo de los últimos tiempos.

Sin embargo, en diversas épocas de la vida independiente de Guatemala tanto el financiamiento de la educación superior como el manejo de los fondos públicos ha tenido graves problemas. Por ejemplo, cuando fue creada la Academia de Ciencias y Estudios en sustitución de la Pontificia Universidad de San Carlos en 1832, el gobierno liberal del Estado emitió un decreto que estipulaba cómo iba a ser su financiamiento. Sin embargo, para julio de 1837 había habido tantas anomalías en la reducación de esos fondos por parte de los funcionarios gubernamentales y eclesiásticos encargados de ello que el gobierno tuvo que emitir la siguiente circular:

El jefe del estado no olvidando que la instrucción pública es el primero de los bienes que debe procurar al estado: que ella no puede ser continuada bajo los establecimientos que ha decretado si no hay fondos para sostenerlos. Que los asignados en su decreto de 1°. de diciembre de 1835, son más que suficientes, si no se descuida su recaudación; ha tenido á bien acordar:

  • Que se reimprima el mencionado decreto, de que acompaño a usted un ejemplar.
  • Que sea circulado de nuevo a todos los funcionarios del orden judicial, gubernativo y de hacienda, y a los párrocos por la parte que les respecta.
  • Que los empleados de hacienda, estando encargados de la recaudación de los ramos que forman los de la academia, por el descuido respecto de ellos, sean responsables del importe perdido o defraudado, y que la misma responsabilidad recaiga sobre los párrocos y funcionarios que debiendo dar los avisos necesarios por lo que hace a fallecimientos, conforme al artículo 20 del citado decreto, por falta de ellos, se verifique la pérdida o defraudación.
  • Que los que se apropien bienes de los que, por mostrencos, ó por testamentos ó intestados, pertenecen á la instrucción pública, sean tratados como criminales por hurto, o falsa suposición, o por el título con que hayan hecho la apropiación ilegal.
  • Que aquellos funcionarios que apliquen los bienes mostrencos o que no tienen dueño conocido, á otros objetos, distrayéndolos de su destino queden obligados á reponer su importe a la Academia de Estudios con su propio peculio.
  • Que ningún albacea entre a ejercer funciones de tal, ni a asegurar o inventariar los bienes, sin exhibir al juez del circuito el testamento en que conste su nombramiento, y si lo hiciere se le repute, como intruso, y se proceda a costa de dicho albacea a lo que haya lugar, y aun a procesarle en su caso.
  • Que a los que denuncien cualesquiera intereses de la Academia que le toquen desde 1°. de marzo de 1832 hasta 5 de junio de este año, se le abone un dos por ciento mas del prevenido en el decreto de diciembre, a costa de los ocultadores o usurpadores.
  • Que en los casos en que el juez del circuito sea administrador de rentas y deba intervenir en sus operaciones este funcionario, nombre un representante específico por la Academia de Estudios.
  • Que lo que en dicho decreto de diciembre se encargaba a los jefes departamentales, se entienda ahora con los magistrados ejecutores, los cuales quedan con el deber de velar muy especialmente en que no se defrauden y descuiden los intereses que pertenecen a la Academia.

De más está indicar que la circular no tuvo ningún efecto positivo, no solamente por la negligencia de las autoridades competentes, sino por la revuelta campesina que estalló poco después y que eventualmente llevó al derrocamiento del régimen liberal en 1838. El gobierno conservador que sustityó a Gálvez restituyó a la Pontificia Universidad de San Carlos en 1840.


BIBLIOGRAFIA: