Viernes de Dolores de 1956: el arzobispo Mariano Rossell amenaza con la excomunión a los participantes y asistentes al desfile bufo de la Huelga de Dolores

Viernesdolores1956
El Parque Central y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala a finales de la década de 1950.  En el recuadro, un sello conmerorativo del arzobipos Mariano Rossell.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En la cuaresma de 1956, se produjo un hecho que evidenció que el arzobispo metropolitano Mariano Rossell y Arellano pensó que, tras ayudar a la Contrarrevolución en 1954 y obtener privilegios para la Iglesia Católica en la Constitución promulgada en febrero de 1956, el clero había recuperado todo el poder que había perdido en 1872. Y es que en la época colonial y el gobierno de los 30 años, el poder de los eclesiásticos era prácticamente absoluto. Desafortunadamente para Rossell, pronto se dió cuenta de que los tiempos habían cambiado radicalmente y que ya no podía dominar la situación como lo habían hecho sus antecesores.

Lo que ocurrió fue que Rossell y Arellano condenó las actividades de la Huelga de Dolores, porque “parodiaban sacrílegamente la liturgia sagrada y [las] oraciones, inclusive el Credo y el Padre Nuestro“, aunque no dijo que le molestaba que la actividad de sátira y crítica política lo llamara “sor Pijije” y lo acusara de haberse prestado a los intereses de la United Fruit Company, combatiendo el “comunismo ateo” enarbolando al Cristo Negro de Esquipulas para recuperar los privilegios que la Iglesia Católica había perdido desde el régimen liberal de J. Rufino Barrios. Lo que dijo Rossell para justificar su molesta fue que “era ilícito toda burla a los credos religiosos, sobre todo en tiempos de democracia“.

Así pues, el arzobispo emitió un comunicado a toda su feligresía (que en esa época era la mayoría de la población guatemalteca) en el que decía: “advertimos a todos los católicos que no les es lícito autorizar con su presencia los actos de representaciones, desfiles, etc. de la llamada huelga de Dolores“. Rossell y Arellano llegó al extremo de amenazar con la excomunión a todo aquel que participara o presenciara el desfile, pues le parecía que era “incoherente el participar en la huelga de Dolores, burlarse de la liturgia y los símbolos católicos y luego participar piadosamente en las procesiones, las cuales se celebran días después de la Huelga, en Semana Santa.”

El Honorable Comité de Huelga de Dolores hace su desfile el Viernes de Dolores precisamente para criticar a las procesiones de Semana Santa, y por ello, respondió en un comunicado que no permitirían que los “ministros de la religión actuaran con hipocresía” y que la huelga se realizaría “quisieran o no“.

Al día siguiente del comunicado del arzobispo y de la respuesta de los estudiantes, hubo un mitin del “Comité de defensa moral pública” en el que hacían responsable al Gobierno “por los hechos de sangre que pudieran suceder, si los estudiantes persisten en ofender la religión“. Aquel comité estaba dirigido por el diputado José García Bauer (quien vivía frente a la Iglesia de La Recolección) y estaba conformado por miembros conservadores de la sociedad guatemalteca que creían que con el triunfo de la Operación PBSUCCESS de la CIA en 1954 habían regresado a la época del general Rafael Carrera.

Las advertencias del arzobispo y del Comité cayeron en oídos sordos, como ocurre siempre que hay una queja por faltas a la moral, ya que lo único que consiguen es que la curiosidad del público sea mucho mayor.  Así pues, cuando el desfile de la Huelga se realizó ese Viernes de Dolores las calles estaban abarrotadas; pero, poco después de haber iniciado su recorrido, cuando los estudiantes iban por la 12 calle entre segunda y cuarta avenidas de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, tres hombres elegantemente vestidos lanzaron una bomba sobre una carroza, causando una explosión que dejó a más de treinta personas lesionadas, entre estudiantes y espectadores. A pesar del pánico inicial, el desfile continuó como estaba programado.

Al darse cuenta de que no le hicieron caso, Rossell y Arellano montó en cólera y decidió suspender las procesiones de semana santa, cumpliendo con la amenaza de de sancionar a los que participaran en el desfile. Pero la presión por continuar con las procesiones fue muy fuerte, y el 26 de marzo el arzobispo, en una reunión en la Catedral, atendió la petición de los feligreses y miembros de todas las hermandades de que extendiera licencia para que las procesiones se realizaran “como de costumbre“. Y, dándose cuenta de que ya la Iglesia Católica no podía influir en la sociedad como lo había hecho en los siglos pasados, dijo simplemente que esperaba que los estudiantes recapacitaran y que el próximo año “si no había huelga decente no habrían procesiones“.


BIBLIOGRAFIA:


6 de febrero de 1956: se aprueba la nueva Constitución de la República de Guatemala tras el triunfo del Movimiento de Liberación Nacional en 1954

6febrero1956
La Basílica de Esquipulas en 1887.  Este templo fue muy importante para el Movimiento de Liberación Nacional, ya que el Cristo Negro fue nombrado comandante de la invasión y fue el estandarte del arzobispo Mariano Rossell.  Imagen tomada de Guatemala, the Land of Quetzal.  En el recuadro: el arzobispo Rossell.

El gobierno de facto liberacionista, dirigido por el coronel Carlos Castillo Armas, y que llegó al poder en Guatemala en 1954 luego del derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán con el apoyo de laOperación PBSUCCESS de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y el patrocinio de la United Fruit Company convocó a una Asamblea Constituyente que redactó una nueva constitución para la República, en sustitución de la aprobada por los gobiernos revolucionarios en 1945.

La nueva constitución fue aprobada el 6 de febrero de 1956 y luego promulgada el 1 de marzo de 1956; había sido escrita de forma que el país consiguiera una posición intermedia entre las reformas sociales y laborales que había decretado el período de la Revolución de Octubre y el retorno al sistema semifeudal que estaba vigente durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda.

Uno de los principales cambios fue que la nueva Carta Magna reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, con derecho a adquirir y disponer de sus bienes, autorizó el culto privado y público, admitió la enseñanza religiosa optativa en escuelas estatales y el derecho de asociación con propósitos religiosos pero con prohibición a intervención en política.  Todo esto, en reconocimiento a la intensa labor que desarrolló el arzobispo de Guatemala, Mariano Rossell y Arellano en contra de las políticas anticlericales de los liberales y del que él consideraba como comunismo ateo del gobierno de Arbenz.

Pero el cambio en la política hacia la religión permitió tambien el ingreso de numerosas iglesias protestantes, con sede en los Estados Unidos en su mayoría.  Estas iglesias han proliferado considerablemente desde entonces, al punto que aunque la religión católica sigue siendo el grupo cristiano mayoritario en el país, las iglesias protestantes en su conjunto representan el 50% de los creyentes en Guatemala.

La Constitución de 1956 fue derogada en 1963, tras el golpe de Estado que el Ministro de la Defensa Enrique Peralta Azurdia perpetró en contra del entonces presidente Miguel Ydígoras Fuentes cuando este último insinuó que permitiría al expresidente revolucionario Juan José Arévalo ser candidato presidencial en las elecciones que se avecinaban.


BIBLIOGRAFIA:


 

3 de septiembre de 1922: el gobierno de facto del general José María Orellana restablece los lineamientos liberales en Guatemala y expulsa al arzobispo Luis Javier Muñoz y Capurón

3septiembre1922
Sepelio del general José María Orellana en 1926.  Su repentina y misteriosa muerte no sirvió a la causa para conseguir el retorno del expulsado arzobispo, ya que Muñoz y Capurón murió en 1927.  Imagen tomada de Wkimedia Commons.

La situación de la Iglesia Católica en Guatemala durante los regímenes liberales que se sucedieron entre 1871 y 1944 fue precaria.   Los presidentes J. Rufino Barrios y Manuel Lisandro Barillas expulsaron a los arzobispos Bernardo Piñol Aycinena en 1872 y Ricardo Casanova y Estrada en 1887, respectivamente, y luego de la caída del presidente Manuel Estrada Cabrera en 1920, el arzobispo Riveiro tuvo que abandonar el país pues era detestado por la grey católica por haber sido nombrado por el derrocado presidente.

El sucesor de Estrada Cabrera, el ciudadano Carlos Herrera y Luna, inició una política de no renovación de las concesiones a la United Fruit Company, empresa estadounidense que había apoyado el gobierno cabrerista.   Ante situación, la UFCO patrocinó un golpe de estado dirigido por el general José María Orellana, ex-jefe del Estado Mayor de Estrada Cabrera, quien expulsó a Herrera y ratificó las concesiones de la frutera transnacional.

El recién nombrado arzobispo Luis Javier Muñoz y Capurón denunció esta situación, por lo que el 3 de septiembre de 1922 fue expulsado del país por el gobierno de Orellana, junto con numerosos curas párrocos y los sacerdotes jesuitas que habían retornado a principios del siglo XX. Por cierto que entre los expulsados estaba el futuro arzobispo Mariano Rossell y Arellano. A partir de ese momento, Orellana impuso las mismas restricciones anticlericales que habían existido durante el gobierno de Barrios y el de Barillas: el clero no tenia derecho a tener propiedades y se prohibió la entrada de las órdenes religiosas.

Aunque ya el partido conservador estaba muy debilitado tras ciencuenta años de control liberal y el fiasco que había resultado ser el Partido Unionista, la población permanecía mayoritariamente católica y la medida de la expulsión del arzobispo fue adversada por numerosas personas, en especial las mujeres de alta sociedad.    De hecho, rápidamente iniciaron las gestiones para que se repatriara al arzobispo, quien había ido inicialmente a El Salvador, de donde también fue expulsado.

Orellana murió en 1926 en circunstancias misteriosas mientras estaba en un hotel en Antigua Guatemala pero esto no sirvió a la causa del arzobispo, quien murió en el exilio en Colombia en 1927.

La situación de la Iglesia Católica en Guatemala mejoró durante el gobierno del general Jorge Ubico, pero no se recuperó del todo sino hasta luego de la caída del gobierno del coronel Jacobo Arbenz en 1954, en la que participó activamente el entonces arzobispo Mariano Rossell y Arellano.  Gracias a su activa participación, Rossell consiguió que en la Constitución de 1956 se permitiera nuevamente a la Iglesia Católica tener propiedades, que se restituyera la educación de la religión y que retornaran las órdenes religiosas.  Irónicamente, esto también benefició a las iglesias protestantes estadounidenses que empezaron a proliferar en el país desde entonces.


BIBLIOGRAFIA: