7 de junio de 1872: el encargado de la presidencia provisoria, teniente general J. Rufino Barrios, decreta la expropiación de los bienes a las órdenes regulares de la Iglesia Católica

Acto de Crucifixión celebrado en una parroquia de Guatemala a finales del siglo XIX.  Aunque la élite criolla liberal expulsó al clero regular y redujo al mínimo los privilegios del clero secular, las manifestaciones de fe entre la población se mantuvieron. Fotografía de Juan José de Jesús Yas, tomada de Wikimedia Commons.

Siendo teniente general del ejército y encargado de la presidencia del gobierno de facto provisorio de la República por ausencia del general Miguel García Granados, el 24 de mayo de 1872, J. Rufino Barrios confiscó algunas propiedades de los religiosos y suprimió a los jesuitas y a otras órdenes regulares. Siendo originario de San Marcos, Barrios era un criollo liberal descendiente de aquellos que intentaron formar el Estado de Los Altos cuando el gobierno conservador apoyado por el general Rafael Carrera tomó el poder en Guatemala; sabiendo que el principal aliado de los conservadores era el clero regular, decidió minar el poderío económico de la iglesia.

He aquí un resumen de las órdenes afectadas:

Orden Logo Tipo de clero Propiedades expropiadas
Orden de Predicadores Orderofpreachears.png Regular
  • Conventos
  • Haciendas
  • Ingenios azucareros
  • Doctrinas y tierras de indios
Mercedarios Coat of Arms of the Mercedarians.svg Regular
  • Conventos
  • Haciendas
  • Ingenios azucareros
  • Doctrinas
Compañía de Jesús Ihs-logo.svg Regular Los jesuitas habían sido expulsados de Guatemala por el rey de España Carlos III en 1765, pero regresaron durante el gobierno de Rafael Carrera para encargarse de la educación. Cuando fueron expulsado en septiembre de 1871 no tenían mayores posesiones en Guatemala.
Recoletos Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum, Propaganda Fide seal.png Regular Conventos
Concepcionistas OrdoIC.jpg Regular Conventos y haciendas
Arquidiócesis de Guatemala Secular Colegio y Seminario Tridentino de Nuestra Señora de la Asunción
Congregación de San Felipe Neri S. F. Nerist.JPG Secular Templo y residencia en Ciudad de Guatemala destruidos hasta sus cimientos.

Cuando el pueblo católico protestó estas disposiciones, Barrios promulgó el siguiente decreto, por medio del cual el ejército ocupó los edificios de las órdenes regulares, y le dio el ultimátum a los religiosos que si querían permanecer en el país que fueran secularizados (es decir, que se convirtieran en curas párrocos y abandonaran el hábito de la orden regular a la que pertenecían):

Decreto N°. 64

Considerando: Que las comunidades de Religiosos carecen de objeto en la República, pues no son las depositarías del Saber, ni un elemento eficaz para morijerar las costumbres;

Que no pudiendo ya como en los siglos medios prestar importantes servicios a la sociedad, los trascendentales defectos inherentes a las asociaciones de esta clase, se hacen mas sensibles, sin que de modo alguno sean excusables;

Que dichos institutos son por naturaleza refractarios a las reformas conquistadas por la civilización moderna, que proscribe la teocracia en nombre de la libertad, del progreso y de la soberanía del pueblo;

Que sustrayéndose en el orden económico a las leyes naturales y bienhechoras de la producción y del consumo, constituyen una excepción injustificable que gravita sobre las clases productoras:

Que debiendo las referidas comunidades su existencia a la ley, a esta corresponde estinguirlas, y de consiguiente disponer en beneficio público de los bienes que poseen;

Y que atendiendo a los principios que presiden á la revolución democrática de Guatemala, es una consecuencia ineludible la extinción de las Comunidades de Religiosos, y al decretarla, un deber del gobierno proporcionar a éstos los medios necesarios para el sostenimiento de su nueva posición social, tengo á bien decretar y

DECRETO:

Art. 1. – Quedan extinguidas en la República las comunidades de Religiosos.

Art. 2. – Se declaran nacionales los bienes que poseen y usufructúan.

Art. 3. – Estos bienes y sus productos se dedicarán de preferencia a sostener y desarrollar la instrucción pública gratuita.

Art. 4. – Los Religiosos exclaustrados quedan en absoluta libertad de residir donde les convenga, o de salir de la República, si así lo quisieren. Podrán adquirir bienes, disponer de ellos en vida o por testamento, tratar y contratar y gozar de todos los derechos que las ley- conceden al resto de los habitantes, sin más limitaciones que las que impone su estado á los eclesiásticos seculares.

Art. 5. – A los Religiosos que deseen salir de la República, se les costeará el viático necesario, y los que prefieran residir en ella, quedan por el mismo hecho secularizados,
no podiendo usar hábito ni distintivo de religioso.

Art. 6. – Las iglesias de las comunidades se conservarán con sus respectivas advocaciones y títulos, lo mismo que con sus vasos sagrados, alhajas, ornamentos y todo cuanto
esté destinado al Culto. En cada una de dichas Iglesias se erigirá una parroquia, a cuyo sostenimiento contribuirá el Gobierno.

Art. 7. – Las librerías de los conventos pasarán a la Biblioteca de la Universidad.

Art. 8. – La hacienda pública pagará, durante un año, a los Religiosos exclaustrados, que aun no se hayan ordenado de Presbíteros, los impedidos de ejercer su ministerio por ancianidad o enfermedad, una pensión de veinticinco pesos al mes, entregándoles la primera mensualidad el mismo dia en que se verifique la exclaustración.

Art. 9.- El Ministro del ramo queda encargado de la ejecución de este decreto, dando al efecto las instrucciones convenientes al Jete Político de este departamento y al Administrador General de Rentas.

Dado en Guatemala, a siete de junio de mil ochocientos setenta y dos

  • J. Rufino Barrios, Teniente general del ejército y Encargado de la Presidencia del Gobierno Provisorio de la República
  • Marco Aurelio Soto, ministro del ramo

BIBLIOGRAFIA:


21 de junio de 1839: se restablecen las órdenes religiosas en Guatemala luego de haber sido expulsadas por Francisco Morazán y los liberales en 1829

Iglesia del Colegio de Propaganda Fide en 1875, al fondo del paredón se ve el portón al Convento.  Estos edificios fueron retorandos a los miembros de la congregación religiosa en 1839 luego de que fueran expulsados en 1829.  Imagen de Eadweard Muybridge.

El 13 de abril de 1839 habían entrado los campesinos montañeses a la capital del Estado de Guatemala, comandados por el general mestizo Rafael Carrera.   Aunque los milicianos eran hombres duros y analfabetos con un acérrimo fanatismo católico, respetaban a su general, quien tenía un supremo don de mando.

La bandera de los campesinos era la religión: era en los asuntos de la Iglesia en donde más se hacía sentir el cambio radical en el gobierno del Estado.  Carrera ordenó al presinte Mariano Rivera Paz, hombre “de caráter débil pero de buen corazón“, que reuniera a la Asamblea Legislativa para que se hiciera un decreto que ordenara al gobernador eclesiástico que en todas las iglesias del Estado se hiciera un día de rogación por el acierto de los trabajos de la propia Asamblea.  Era el principio de lo que sería la simbiosis entre la Iglesia Católica y el Estado guatemalteco durante los próximos treinta años.

El cambio en el sentimiento religioso fue muy grande y contrastaba con todos los vejámenes y humillaciones que se le habían hecho a los curas y a los frailes durante el gobierno liberal que empezó en 1829.  Es más, desde ese año no había arzobispo, sino gobernador eclesiástico, porque al prelado Ramón Casaus y Torres lo habían expulsado los liberales sin mayores contemplaciones.

Una de las primeras medidas en favor de los sacerdotes católicos fue la autorización del retorno de las órdenes religiosas de San Francisco, Santo Domingo, y Colegio de Misiones de Propaganda Fide (La Recolección) (que era la preferida de la familia Aycinena y recibió trato preferencial) y que se les devolvieran sus iglesias y conventos.  En cuanto a los Jesuitas, éstos habían sido expulsado por las autoridades españolas desde 1767 y no poseían conventos ni haciendas en el país.

Los religiosos encontraron así en Guatemala un refugio a la persecución de que eran víctimas en todo el continente americano, pues se les miraba como un símbolo de la dominación española y un atraso en el progreso de los pueblos.  Pero gracias al férreo control de Rafael Carrera sobre el gobierno guatemalteco, pudieron desarrollarse tranquilamente en el país hasta 1871, cuando los liberales por fin retomaron el poder.

El decreto es el siguiente:

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE GUATEMALA, 21 DE JUNIO DE 1839, DECLARANDO INSUBSISTENTE EL DE 28 DE JULIO DE 1829, POR EL CUAL SE SUPRIMIERON LAS ORDENES MONÁSTICAS

  1. Se declara nulo e insubsistente él decreto de veintiocho de julio de mil ochocientos veintinueve, contraido á la supresión de las órdenes religiosas de San Francisco, Santo Domingo, Merced y Colegio de Misioneros de Propaganda Fide.
  2. En consecuencia el gobierno del estado, poniéndose de acuerdo con el goberno eclesiástico, y oyendo á la municipalidad de esta capital, proveerá lo conveniente para que desde luego tenga efecto el restablecimiento del Colegio de misioneros de Propaganda Fide proporcionando a los religiosos la devolución de su iglesia y convento; y haciendo para ello las indemnizaciones que fueren de
    justicia.
  3. Para el restablecimiento de las otras órdenes religiosas, el gobierno también de acuerdo con el ordinario eclesiástico, y oyendo á la corporación municipal, dispondrá lo conveniente; consultando á la asamblea cuando fuere necesaria alguna resolución legislativa.

BIBLIOGRAFIA: