25 de noviembre de 1894: el gobierno del general José María Reina Barrios expande el presupuesto anual de Instrucción Pública en $66,270

25noviembre1894
Ciudad de Guatemala vista desde el Cerrito del Carmen en 1895 en una fotografía de Fernández Valdeavellano. Se aprecia la Iglesia de la Mercer y al fondo el Teatro Colón. En el recuadro: el general presidente José María Reina Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 25 de noviembre de 1894 el gobierno del general presidente José María Reina Barrios tuvo que expander el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública, que entonces ascendía a un millón ciento veinte mil pesos debido al aumento de los precios de los muebles y útiles escolares.1

Reproducimos a continuación el decreto en mención,1 que debe compararse con la partida de 18 milllardos de quetzales que se tienen presupuestados para los profesores el presupuesto de 2021.2

Decreto Número 507

José María Reina Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala

Considerando: Que la cantidad de un millón ciento veinte mil pesos en que fijó la Asamblea Nacional Legislativa el Presupuesto de Instrucción Pública para el año económico de 1 de julio de 1894 a 30 de junio de 1895, no fué ni es en manera alguna suficiente para atender, como se debe, a los gastos que tan importante ramo ocasiona, ya que por las circunstancias económicas del país no pueden reducirse inconsideradamente los sueldos de los profesores, y que por el alto precio que han alcanzado los muebles y los útiles de enseñanza, no es posible, sin que medien grandes sacrificios, mantener los establecimientos de Instrucción Pública a la altura que su importancia y el buen nombre de la Nación reclaman;

Que el Gobierno, para concretar sus gastos á la cantidad votada por la Asamblea, se vio en la necesidad extraordinaria, contra sus principios y acatando únicamente los mandatos de una voluntad superior, de hacer modificaciones y alteraciones en el presupuesto establecido por la experiencia y fundado en los justos reclamos de la Nación;

Que el actual orden de cosas, en lo que respecta al ramo de que se trata, no corresponde a lo que el país tiene derecho a esperar y a lo que el Gobierno está obligado a hacer, y que, sólo por una anormal circunstancia, pudo entorpecerse en parte;

POR TANTO,

De acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, en uso de las facultades que me concede la Constitución, aplicando como se debe los principios de mi programa político, y teniendo en cuenta que por insignificante que sea un lugar, la escuela primaria ejerce en él decisiva influencia, por cuanto civiliza y eleva el sentimiento moral del individuo, he tenido á bien decretar y decreto:

    • Artículo 1°. Desde el día 1 de enero de 1895, quedan establecidas las plazas y escuelas de que se hará mérito en los lugares que expresa la lista que se acompaña.
    • Artículo 2°. Las cantidades necesarias para su sostenimiento durante el primer semestre de 1895, se tomarán de la suma que aparece como superávit en el presupuesto vigente.
    • Artículo 3°. El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, queda encargado de la ejecución de este decreto y de dar cuenta de él a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones.

Dado en Guatemala, en el Palacio del Poder Ejecutivo, á los veinticinco días del mes de noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.

    • José María Reina Barrios
    • El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Manuel Cabral1

Sigue una tabla con todos los poblados en los que se crearon nuevas plazas de maestros. He aquí un ejemplo tomado de dicha tabla con los sueldos que se le pagaban a los maestros en 1894:3

Plantel Puesto/Costo Cantidad Sueldo
Escuela elemental de varones Director 1 $45.00
Profesor de grado 1 $30.00
Alquiler de casa $20.00

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1896). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1894-95 XIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 142-143
  2. Ministerio de finanzas Públicas (2021). Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2021. Guatemala: Ministerio de Finanzas.
  3. Gobierno de Guatemala, Recopilación de Leyes, p. 145

 

9 de diciembre de 1897: el general presidente José María Reina Barrios modifica el inicio del ciclo escolar de 1898 moviéndolo hasta mayo

9diciembre1897
La Escuela de Medicina y Farmacia, cuando estaba en el convento confiscado a los monjes Paulinos por J. Rufino Barrios. Allí funcionó hasta los terremotos de 1917-18. En el recuadro: el general presidente José María Reina Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En diciembre de 1897 el gobierno del general presidente José María Reina Barrios estaba en una situación estable, pero muy delicada.  Acababa de terminar con dos violentas revoluciones en su contra que estallaron en septiembre1 luego de que se erigiera en dictador y prolongara su período presidencial hasta 19022, y se enfrentaba con la aguda crisis económica producto del desplome del precio internacional del café, único producto de exportación del país en ese momento.

De hecho, a principios de diciembre tuvo que solicitar un aumento de la deuda pública, había decretado un aumento de la carga impositiva y había establecido medidas de austeridad, porque el costo de repeler las revoluciones de Occidente y de Oriente había aumentado considerablemente los gastos de la Administración Pública y provocado una baja considerablemente en la recaudación tributaria.3

Continuado con las medidas de austeridad, el 9 de diciembre, Reina Barrios emitió el decreto 546, por medio del cual corría el inicio del ciclo escolar de 1898 de enero al 1 de mayo, y despedía a todos los maestros y catedráticos universitarios a partir del 31 de diciembre, a fin de ahorrarse los sueldos de cuatro meses.  Este decreto dice así:4

Decreto N.° 546

José María Reina Barrios

General de División y Presidente de la República de Guatemala

Considerando: que entre los preceptos de la higiene pedagógica está el de escogitar como período de vacaciones aquella época del año que conforme el clima de cada país sea la más adecuada para dar tregua a los trabajos intelectuales y favorecer al mismo tiempo el organismo físico de los educandos, y que los meses de marzo y abril son entre nosotros los más calurosos del año;

Considerando: Que por otra parte ha sido costumbre dar feriado a los empleados en los últimos días de diciembre y primero de enero;

Por tanto, en uso de las facultades que me confiere el Decreto número 4, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de agosto último, 

Decreto:

    • Artículo 1°. El año escolar en los establecimientos de Instrucción Pública principiará el 1 de mayo y terminará el 14 de marzo del año siguiente, siendo en consecuencia las vacaciones del 15 de marzo al último de abril.
    • Artículo 2°. Serán también días feriados en los mismos establecimientos los comprendidos desde el 22 de diciembre al 6 de enero inclusive.
    • Artículo 3°. Las inscripciones deberán efectuarse en los primeros diez días del año escolar.
    • Artículo 4°. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo: en Guatemala, a nueve de diciembre de mil ochocientos noventa y siete.

      • José María Reina Barrios
      • El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Mariano Cruz4

Aunado a este decreto, Reina Barrios también emitió la nueva organización de la Instrucción Pública, a fin de ahorrarse los sueltos de enero a abril. Dicha organización quedó así:5

Deseando organizar la instrucción pública de la manera más conveniente en el próximo año escolar, el Presidente de la República acuerda:

    1. Todos los nombramientos del personal de las Juntas Directivas de las Facultades, de profesores y empleados de los establecimientos de enseñanza, sea primera, secundaria, normal o profesional, y de sus dependencias, quedarán sin efecto alguno, el día último del corriente mes.
    2. De conformidad con el decreto número 288 y el que se ha dictado con fecha de hoy, se procederá por quien corresopnda, del 15 al 30 de abril de 1898, a la organización del personal de los establecimientos de enseñanza de la República, nombrándose los empleados para llenar las vacantes provenientes de la disposición anterior.5

Esta última adenda del decreto 546 fue la que en la práctica cerró todas las escuelas e institutos públicos, y las Escuelas Facultativas de Medicina, Farmacia y de Derecho y Notariado.  El decreto fue derogado el 11 de febrero de 1898, por el presidente interino, licenciado Manuel Estrada Cabrera,6 tan sólo tres días después del asesinato del general Reina Barrios no tanto porque ya se hubiera resuelto la situación económica, sino porque así empezaba su propaganda para las elecciones presidencial del 1 de agosto de 1898 que él mismo había convocado un día antes.7


BIBLIOGRAFIA:

  1. Nuestro Diario (12 de enero de 1926).  Retazos de nuestra historia: el movimiento revolucionario de Castillo.  Guatemala: Nuestro Diario. p. 1.
  2. Luján Muñoz, J. (2003). Las Revoluciones de 1897, La Muerte de J. M. Reina Barrios y la Elección de M. Estrada Cabrera. Guatemala: Artemis y Edinter. ISBN 9788489766990.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1908). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1897-1898 XVI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 609.
  4. Ibid., p. 623.
  5. Ibid., p. 624.
  6. Ibid., p. 705.
  7. Ibid., p. 704.

15 de noviembre de 1879: la administración de los cementerios pasa a la autoridad municipal

15noviembre1879
Pórtico del entonces majestuoso Cementerio General de la Ciudad de Guatemala en 1896. En el recuadro, la tumba casi abandonada del ex-presidente mariscal Vicente Cerna en 2014, y que se encuentra en la misma calle principal del Cementerio General. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La secularización de las instituciones guatemaltecas se inició en 1829 con la invasión de Francisco Morazán, pero no se pudo establecer completamente por la revolución católico-campesina de 1837-38.  No fue sino hasta durante el gobierno del general J. Rufino Barrios (1873-1885) que se completó definitivamente la separación de Iglesia y Estado en el país; por supuesto, aquella separación no fue instantánea, y más bien tardó varios lustros en completarse, ya que se fue haciendo paso a paso debido a la arraigada fé católica de los guatemaltecos.

Aunque la expulsión de las órdenes regulares y del arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena fue prácticamente instantánea tras el triunfo de la reforma liberal en 1871, el clero secular se mantuvo en el país y todavía tenía a su cargo muchos aspectos administrativos, como el registro de recién nacidos en las actas de bautismo, matrimonios religiosos y defunciones.

Con la expulsión de las órdenes regulares terinó la costumbre de enterrar a los criollos en las catacumbas y columnas de los principales templos de los poblados y ciudades, y el 15 de noviembre de 1879, el gobierno del general Barrios retiró los cementerios a los curas párrocos, mediante el siguiente decreto:

DECRETO NÚM. 248
J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: 

    • Que por no haber estado los lugares públicos de enterramientos sujetos a la inmediata inspección y administracíon de la autoridad civil, carecen los cementerios de las condiciones indispensables para conservar la salubridad pública, no se observan en las inhumaciones y exhumaciones las reglas de la higiene, y se encuentran en su mayor parte abandonados.

DECRETO:

    • Art. 1.° La construcción, admistración é inspección de los cementerios de la  República, quedan a car go exclusivo de la autoridad municipal.
    • Art. 2.° Las Municipalidades ejercerán su intervención en los cementerios
      por medio de las comisioness de policía é higiene que establece el artículo 92 de su ley reglamentaria.
    • Art. 3.° Los derechos de sepultura serán exclusivamente destinados á los gastos de conservación y mejora de los cementerios.
    • Art. 4. Un reglamento especial determinará las bases de la administración, régimen y buen servicio de los cementerios.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a quince de noviembre de mil ochocientos setenta y nueve.

    • J. Rufino Barrios
    • Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, A. Ubico Urruela1

Ese mismo día se emitió el Reglamento respectivo, del cual se reproducen aquí algunos artículos importantes:2

    • Art. 1.° Todo cadáver deberá ser enterrado en cementerio público establecido con autorización previa, siendo prohibidas las inhumaciones dentro de poblado.
    • Art. 2.° En lo sucesivo, para la situación de los cementerios, se elijirán lugares secos, ventilados, a una distancia conveniente de las poblaciones en rumbos apartados de los vientos domiuantes, y que en lo posible
      reúnan las mejores condiciones higiénicas. No podrá determinarse el lugar sin oír la opinión de expertos.
    • Art. 10.° Habrá en el cementerio cinco clases de enterramientos: el primero es el de capillas: el segundo en mausoleos; el tercero en nichos; el cuarto de fábrica media; y el quinto de fábrica común en el suelo; a cuyo efecto el terreno estará dividido en otras tantas secciones proporcionadas .
    • Art. 11.° Las capillas se construirán por cuenta de los interesados, en una área cuya extensión no podrá exceder de 61 varas cuadradas, cubriéndose el valor de éstas con arreglo al adjunto arancel.2
    • Artículo 12.° en los laterales destinados a este objeto: en los cementerios se delineará y numerará el orden de los mausoleos, teniendo cada uno tres varas de largo y vara y media de ancho, formando calles de Oriente a Poniente y de Norte a Sur.
    • Art. 13.° Cada lugar de mausoleo se venderá con su cimiento de piedra, ladrillo y mezcla, puesto al nivel del terreno, por el precio del arancel y como sepultura perpetua.
    • Art. 14.° El que haya comprado un lugar de mausoleo puede edificar o permitir que se edifiquen para sus parientes ó amigos tres sepulcros á mas del primero, uno sobre otro; y cada uno de ellos que se vaya fabricando se pagará una tercera parte de lo que se pagó por el anterior.
    • Art. 15.° Los nichos se seguirán fabricando en las paredes de los cementerios y en la forma que ahora se ha adoptado sin perjuicio de las reformas que la experiencia y el buen gusto vayan indicando.
    • Art. 16.° Los entierros que se hagan en ellos, deben comenzar por una línea de abajo á arriba ocupando primero el de más abajo, y sucesivamente el que le sigue sin pasar a otra línea sin que esté cubierto el ultimo sepulcro de la anterior. 
    • Art. 18. La sepultura en nichos no se vende a perpetuidad para un cadáver, porque a los seis años siendo adulto, puede exhumarse para conducir los restos a los osarios, pero los parientes o amigos del sepultado pueden evitar esta exhumación pagando una tercera parte menos de lo que se ha pagado los seis años anteriores; y cada vez que se cumpla este término, pueden hacer igual rescate. Siendo un párvulo el cadáver, el período será de cinco años.
    • Art. 20. Para los enterramientos de fábrica media é ínfima, el cementerio se dividirá en cuatro cuadros pequeños que corresponden a los cuatro ángulos del cuadrado grande, dejando dos calles, que los dividan ó se crucen en el centro, la una de Oriente á Poniente y la otra de Norte a Sur, prohibiéndose hacer entierros en ellas.
    • Art. 21. Para delinear mejor estas calles, se demarcarán, fabricando dos paredes de nichos para párvulos, cuya altura no excederá de dos varas, dejándose encima un canal para llenarlo de tierra bien preparada y cultivar un jardín que sirva de adorno del cementerio.3

No es casualidad que el cementerio de la Ciudad de Guatemala haya sido construido en 1881, dos años después de la emisión de este decreto.  El cementerio original de la ciudad estaba al este de la Catedral Metropolitana, en donde después se construyó el Mercado Central.  Luego, se trasladó a la par del Hospital San Juan de Dios, y allí estuvo hasta que fue trasladado al nuevo local, entonces totalmente alejado de la población en 1881.  Fotografías antiguas del local muestran que antes de los terremotos de 1917-18, el cementerio general cumplía con lo estipulado con el reglamento de 1879.  Desfortunadamente, luego de esos terremotos el cementerio general entró en un declive permanete al punto que en el siglo XXI se encuentra a la par del colector de basura más grande de la Ciudad de Guatemala (aparte de los ríos que le sirven desagüe a la metrópoli), y ha caído en completo abandono.3


  1. BIBLIOGRAFIA:
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 315.
  3. Ibid., p. 317.
  4. Ibid., p. 318.

9 de noviembre de 1878: tras gobernar de facto desde 1873, el general J. Rufino Barrios convoca a una Asamblea Constituyente

9noviembre1878
Monumento al general J. Rufino Barrios en su ubicación original, al final del Paseo de la Reforma, en 1915. En el recuadro, retrato del presidente guatemalteco, con la mano en la Constitución de 1879. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Luego de la Revolución Liberal que triunfó el 30 de junio de 1871, el presidente provisorio, general Miguel García-Granados y Zavala, y su sucesor, el general J. Rufino Barrios, gobernaron de facto, ya que no había una constitución vigente en el país.  Para poder justificar sus actos, se ampararon en el Acta de Patzicía, documento en el que ellos mismos y sus correligionarios habían desconocido la autoridad del presidente constitucional, mariscal Vicente Cerna y Cerna.

El hecho de gobernar de facto le confirió a Barrios amplios poderes, pudiendo gobernar a su capricho.  Sin embargo, convencido de que una constitución hecha a su medida le permitiría extenderse en el poder, convocó a una Asamblea Constituyente el 9 de noviembre de 1878, por medio del siguiente decreto:1

Decreto No. 225

Considerando:

    • Que la República está en plena paz, sin que por ninguna parte apa rezca amenazado el orden;
    • Que no obstante que la Asamblea Constituyente, en su decreto de 23 de octubre de 1876 declaró que por las circunstancias difíciles en que entonces se hallaba el país, no convenía emitir la ley fundamental, invistiéndome con facultades omnímodas para ejercer el Poder Ejecutivo, durante el período de cuatro años, también me autorizó para convocar la Legislatura antes, si lo estimaba conveniente;
    • Que la dictadura no está de acuerdo con los principios republicanos, y si la acepté fué por las circunstancias difíciles en que se encontraba el país, pero con la intención de no hacer uso de ella, sino para mantener la paz y tranquilidad publicas, mientras que el Estado pudiera darse por medio de sus legítimos representantes la ley fundamental que asegura los derechos y garantías de los ciudadanos:
    • Que consecuente con los principios democráticos que declaré desde que fui elevado al poder, considero que ha llegado la época feliz de restablecer el orden constitucional, renunciando las facultades omnímodas y el tiempo que me fué concedido para ejercerlas;
    • Que la Asamblea convocada en 21 de octubre de 1876, tuvo en mira el mantenimiento del orden público, confiriéndome los amplios poderes de que se ha hecho mérito, por ser el sentimiento general de los pueblos que representaban entonces; pero las circunstancias de paz y bienestar que ahora se disfrutan, exigen el que se decrete la Constitución de la República, que tanto se desea;
    • Que debiendo esta ley ser la expresión genuina de los pueblos, conviene que éstos estén representados por mayor número de delegados para que las difíciles cuestiones que pueda comprender la ley fundamental, sean mejor debatidas.

DECRETO:

    • Art. 1. Se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta de sesenta y un representantes de los pueblos de la República, que se elegirán cu la proporción que establece la adjunta tabla.
    • Art. 2. Las elecciones se harán de completa conformidad con lo establecido en decreto de 21 de octubre de 75, comenzándose a verificar el 10 de enero del 79.
    • Art. 3. La Asamblea Constituyente se instalará el día l5 de marzo del año próximo de 1879 con la solemnidad que prescribe su reglamento.
    • Art. 4. Este alto cuerpo ocupará esclusivamente de dar á la Nación la ley fundamental y de resolver todos los asuntos que el Gobierno presente á su deliberación.
    • Art. 5. Cualquier ciudadano podrá ser electo diputado, con excepción de los Jefes políticos, Administradores de rentas, Administradores y contadores de aguardientes, Jueces de 1ra. instancia y comandantes de armas, por el departamento ó distrito electoral en que ejercen sus funciones. Tampoco podrán serlo, los párrocos ni coadjutores por el distrito en que estén situadas sus parroquias; entendiéndose modificado en estos términos el artículo respectivo de la ley citada de 21 de octubre de 1875.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, el nueve de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.

    • J. Rufino Barrios.
    • El Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos, J. Barberena.1

TABLA1

De los distritos electorales en que se divide la República para la elección de diputados a la Asamblea Constituyente, convocada por decreto de 9 de noviembre del año de 1878, con expresión de las cabeceras de círculos; en donde deberán ser calificados los electores comprendidos en ellas y en sus anexiones filiales; de las ciudades, villas y pueblos que forman los distritos; del número de diputados señalado a cada uno de ellos, con advertencia de que la primera población de las designadas a cada distrito, es la cabecera del mismo, en donde deben practicarse las elecciones.

Departamento No. de
Diputados
Guatemala 9
Sacatepéquez 5
Chimaltenango 3
Sololá 3
Quiché 2
Totonicapán 3
Huehuetenango 4
San Marcos 3
Quetzaltenango 4
Suchitepéquez 1
Retalhuleu 1
Escuintla 2
Amatitlán 2
Santa Rosa 2
Jutiapa 1
Jalapa 2
Chiquimula 5
Zacapa 3
Izabal 1
Alta Verapaz 3
Baja Verapaz 3
Petén 1
TOTAL 61

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 209-216.

 

3 de noviembre de 1998: el poderoso huracán Mitch, ya debilitado, afecta gravemente a Guatemala tras azotar a Honduras y Nicaragua

3noviembre1998
La trayectoria completa del huracán Mitch desde su formación como tormenta tropical hasta que se disipó al norte de las Islas Británicas. En el recuadro: fotografía satelital del huracán cuando alcanzó la categoría 5. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El huracán Mitch en su apogeo alcanzó una velocidad de entre 290 y 320 km/h, y pasando América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Océano Atlántico de 1998. La tormenta se formó en el oeste del mar Caribe el 22 de octubre,​ y gracias a las condiciones extremadamente favorables, alcanzó la categoría 5 en la escala de huracanes de Saffir-Simpson el 26 de ese mismo mes.1  Se registró que la presión de este huracán bajó hasta los 905hPa (26.73 inHg), una de las presiones más bajas registradas en un huracán del Atlántico.​ A partir de ese momento, el ojo del huracán se movió muy lentamente de forma paralela a la costa de Nicaragua y Honduras.1

Después de desplazarse hacia el suroeste al mismo tiempo que se debilitaba, el huracán golpeó Honduras como un huracán de categoría 4; pero debido a su lento movimiento (quedando prácticamente estacionario entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre), el huracán Mitch dejó cantidades históricas de precipitaciones en Honduras y Nicaragua, con informes no oficiales de hasta 1900 mm, y provocó fuertes lluvias que causaron deslizamientos de tierra y graves inundaciones en Guatemala, las cuales destruyeron cerca de seis mil casas y dañaron otras varias decenas de miles, obligando a más de cien mil personas a evacuar sus hogares. Además, destruyeron veintisiete escuelas y dañaron otras doscientas noventa. Las inundaciones también causaron severos daños a los cultivos y los deslizamientos destruyeron tierra cultivable en todo el país; los cultivos domésticos más severamente dañados fueron los de tomate, plátano, maíz, frijoles y café.2

Desde su toma de posesión en 1996, el gobierno del presidente Alvaro Arzú Yrigoyen se había propuesto mejorar la infraestructura de carreteras en todo el país (las cuales habían mejorado considerablemente gracias a los Q30 millardos otorgados a Sigma Constructores para la construcción de las mismas durante ese gobierno3) pero las inundaciones provocadas por el huracán Mitch la dañaron provocando la pérdida de treinta y siete puentes y la destrucción de total o parcial de mil trescientos kilómetros de carreteras, de los que seiscientos fueron secciones de autopistas importantes que habían sido remodeladas poco antes.2

En total, el huracán Mitch causó directamente doscientas sesenta y ocho muertes en Guatemala y once muertes indirectas cuando un avión se estrelló durante la tormenta, así miles de muertes en el resto de los países del Istmo, ocasionadas por las catastróficas inundaciones (aproximadamente veinte mil personas fallecieron y alrededor de ocho mil se reportaron como desaparecidas).4

Después del desastre causado por el Huracán Mitch, muchos países hicieron significativas donaciones, totalizando US$6.3 mil millones; pero también se perdieron puestos de trabajo en la agricultura (que los gobiernos de Honduras y El Salvador paliaron con el TPS otorgado por el gobierno de los Estados Unidos, algo a lo que se opuso el presidente de Guatemala, Alvaro Arzú argumentando que el país no necesitaba ese tipo de ayuda3) y se produjeron brotes de enfermedades en toda la región, incluyendo cólera, leptospirosis y dengue. Guatemala fue la más afectada por el cólera, donde la mayoría de las muertes se produjeron debido al consumo de alimentos contaminados. También hubo muchos casos de dengue reportados, aunque no se informó de muertes por esta enfermedad5.


BIBLIOGRAFIA:

  1. National Hurricane Center (1998). «Hurricane Mitch Tropical Cyclone Report». (en inglés) Archivado desde NHC Mitch Report el original el 23 de noviembre de 2015
  2. Inter-American Development Bank (2004). «Central America After Hurricane Mitch- Guatemala». (en inglés) Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2005
  3. Zamora, José Rubén (23 de octubre de 2017). Arzú, a la distancia.  Guatemala: El Periódico.
  4. BBC (1998) Mitch: A path of destruction. Inglaterra: BBC.
  5. Pan-American Health Organization (s.f.). «Disease Threat following Hurricane Mitch»

 

26 de octubre de 1874: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta que todos los habitantes estaban obligados a trabajar en caminos públicos tres días al año

26octubre1874
Plaza y catedral de Cobán, Alta Verapaz, en 1880, aproximadamente. En el recuadro: retrato del general presidente J. Rufino Barrios, rodeado de los elementos liberales: el quetzal y la bandera azul y blanco establecida en 1871. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde que llegó al poder 1873, el gobierno de J. Rufino Barrios enfocó sus esfuerzos en crear una infraestructura eficiente para poder comunicar las principales zonas agrícolas en que empezó a cultivar el café a gran escala con los centros urbanos y los puertos y fronteras. 1

Para conseguir los trabajadores necesarios para la construcción y conservación de caminos, el gobierno liberal estableció la modalidad del trabajo forzoso, aunque los pobladores con mayores recursos tenían la opción de pagar en efectivo a cambio de no realizar el trabajo.  En la práctica, fueron los indígenas más empobrecidos los que realizaron el trabajo, no solamente porque no tenían dinero alguno para pagar para no hacerlo, sino porque las autoridades departamentales tendían a obligarlos a prestar trabajos pesados.2

El primer decreto de trabajo forzoso fue el Decreto N.°  126, del 26 de octubre de 1874, el cual decía así:3

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala

Considerando:

    • Que no se da cumplimiento al decreto de la Asamblea Legislativa de 17 de abril de 1830, que impone la obligación a todos los habitantes de la República, de trabajar en los caminos públicos cada año, durante tres días, cuya obligación se ha hecho pesar hasta hoy sobre la clase menesterosa.3 (Nota de HoyHistoriaGT:  todo lo actuado por aquella Asamblea Legislativa fue derogado por el gobierno del Jefe de Estado Mariano Rivera Paz en 18384, luego de la caída del gobierno del Dr. Mariano Gálvez.  Además, nótese que no se excluye a las habitantes mujeres.)
    • Que no es posible dar ensanche y desarrollo al comercio y agricultura del país, sin vías de comunicación que faciliten el tránsito, las cuales no pueden mantenerse en buen estado, ni mejorarse como el Gobierno se propone, sin el auxilio general de los habitantes de la República, ya sea con su trabajo personal o con la compensación correspondiente.
    • Que es un deber del Gobierno reformar las disposiciones de beneficio público, como la de que se trata, decretada hace 44 años, para que esté en relación con las circunstancias actuales del país, y resolver, al mismo tiempo, las dudas que ella ofrece en su ejecución y que han sido consultados.
    • Que la retribución de dos reales diarios que establece, para los que no quieran prestar su servicio personal, no es proporcionada al precio a que han llegado los jornales en la actualidad; y 
    • Que la expresada ley carece de sanción para los que, estando comprendidos en ella, y sin causa justificada, pretenden eximirse de su cumplimiento, siendo indispensable determinar la apena en que incurran los contraventores o remisos, para que no quede ilusoria una disposición de observancia general.  En uso de las facultades de que me hallo investido, tengo a bien decretar y

Decreto:

Art. 1.° Todo vecino está obligado a trabajar personalmente en los caminos públicos, tres días en cada año, o pagar el jornal que corresponde, teniéndose por vecino para los efectos de esta ley, al que tenga un año de residencia en cualquiera punto de la República.

Art. 2.° Están exceptuados de esta obligación: los militares que se hallen en activio servicio y cuyo sueldo no pase de cincuenta pesos; los enfermos habituales, y los menores de catorce años y mayores de cincuenta, si estos últimos fueren jornaleros o artesanos y no tuvieren un capital que llegue a mil pesos. 

Art. 3.° Para hacer efectiva aquella obligación, se formarán por las municipalidades registros o listas de todos los vecinos de su jurisdicción a quienes comprende la presente ley.

Art. 4.° Todo vecino que desée exonerarse de prestar personalmente ese servicio, puede hacerlo satisfaciendo en dinero efectivo, el valor correspondiente al jornal de los tres días a razón de tres reales diarios y ocurriendo precisamente del día 1.° al 5 de octubre de cada año, en las cabeceras de departamento, a la Jefatura política y en las demás poblaciones, a la respectiva Municipalidad a hacer el entero que corresponde. (Nota de HoyHistoriaGT: los ricos comerciantes, cafetaleros y oficiales del ejército tenían recursos más que suficientes para pagar por esta exoneración, al contrario de la población indígena, que es incapaz de hacerlo.)

Art. 5.° Los que, debiendo prestar su servicio personalmente por no satisfacer el jornal establecido en el artículo que antecede, no ocurrieren después de la primera reconvención al lugar que se les designare, quedan obligados a trabajar durante cuatro días, en vez de tres, o a pagar la compensación de dichos cuatro días, como se previene en el artículo anterior; haciéndose efectiva esta obligación por la vía de apremio.

Art. 6.° Debiendo procedrese en el mes de octubre de cada año, a la compostura general de los caminos públicos con el servicio que esta ley establece, las municipalidades cuidarán de publicarla por bando en los dos primeros domingos de septiembre de cada año, en el pueblo o pueblos de su jurisdicción, lo mismo que en las aldeas y caseríos, a fin de darle toda publicidad y que nose alegue ignorancia por los obligados a su cumplimiento.

Art. 7.° La Municipalidad de cada lugar, formará una lista con dos columnas de todos los vecinos a quienes comprende esta ley; en la primera columna se colocará a los que estén dispuestos a pagar el jornal correspondiente a los tres días de servicio; y en la segunda a los que opten por prestarlo personalmente.  Dicha lista será remitida a la jefatura política a más tardar el primero de octubre de cada año, para que la autoridad departamental pueda saber el número de operarios efectivos con que cuenta para los trabajos y los fondos disponibles. […]

Art. 15.° El Ministro de Fomento queda encargado de la ejecución del presente decreto.

Dado en Guatemala, a veintiseis de octubre de mil ochocientos setenta y cuatro.

    • J. Rufino Barrios
    • El Ministro de Fomento, José María Samayoa3

Pero esa ley no bastó. El 30 de mayo de 1877 fue reformada, disponiendo que todo veicno estaba obligado a contribuir anualmente con la suma de dos pesos para atender a la reparación y conservación de los caminos públicos; y nuevamente fue reformada el 21 de marzo de 1878, porque la modificación de 1877 era muy gravosa para los pobladores.2

Sea como fuere, el gobierno de Barrios, gracias a estos decretos, tuvo a su disposición suficiente mano de obra barata para construir y darle mantenimiento a los caminos, a expensas de las comunidades indígenas del país.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Cazalia Avila, Augusto (1976) El desarrolo del cultivo del café y su influencia en el régimen de trabajo agrícola; época de la Reforma Liberal (1871-1885). p. 49.
  2. Ibid., p. 50.
  3. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 304-306.
  4. Woodward, Ralph Lee, Jr. (2002). Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871 (Edición en línea) (en inglés). Athens, Georgia EE.UU.: University of Georgia Press.

8 de octubre de 1992: se firma acuerdo entre las Comisiones Permanentes de refugiados guatemaltecos en México y el gobierno de Guatemala

8octubre1992
Mapa que muestra la Franja Transversal del Norte y el departamento de Petén, región de donde procedían los refugiados guatemaltecos en Chiapas. Nótese que la región es selvática y que se encuentra al norte de los Cuchumatanes. En el recuadro: el logo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien medió en el acuerdo de 1992. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

 

Debido a los cruentos combates entre el Ejército y el Ejército Guerrillero de los Pobres y las Fuerzas Armadas Rebeldes en las regiones petroleras de la Franja Transversal del Norte y de La Libertad en el Petén, así como la política de tierra arrasada que implementaron los gobiernos de Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Mont entre 1980 y 1982 para hacerse con las regiones petroleras, muchos campesinos guatemaltecos tuvieron que salir huyendo de las comunidades que habitaban y se refugiaron en Chiapas, México.1-3

Los campesinos guatemaltecos estuvieron en calidad de refugiados hasta que finalmente se firmó un acuerdo entre las Comisiones Permanentes de los representantes de los Refugiados y el gobierno de Guatemala, cuyos princiaples puntos fueron:4

  1. El retorno de los refugiados tiene que ser una decisión voluntaria, expresada individualmente, llevado a cabo en forma colectiva y organizada, en condiciones de seguridad y dignidad.
  2. Reconocimiento del derecho de libre asociación y organización de los retornados.
  3. Acompañamiento del retorno. Este consistiría en la persencia física del Procurador de los Derechos Humanos, la Iglesia, el Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Grupo de Apoyo Internacional para el Retorno de Regugiados Guatemaltecos (GRICAR) conforme a sus respectivos mandatos, y organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.
  4. Libre locomoción dentro del país, salida y entrada del mismo, de los retornados y miembros de las Comisiones Permanentes.
  5. Derecho a la vida e integridad personal y comunitaria.
  6. Acceso a la tierra. A los retornados se les conferiría títulos provisionales o definitivos extendidos por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) u otra depdnencia del Estado. En caso de que a un retornado le fuera muy difícil reivindicar su derecho de propiedad, renunciaría a su derecho y el gobierno de Guatemala le suministraría otra tierra financiada a través del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) o el Fondo Nacional para la Tierra (FONATIERRA).
  7. Mediación, seguimiento y verificación: el gobierno de Guatemala manifestó su voluntad de mantenerse abierto a la solución de los problemas que se produjeran durante el retorno, mediante la Comisión Especial para la Atención de Refugiados y Desplazados (CEAR) y las Comisiones Permanentes.4

Aquel convenio fue el primer paso para llevar a cabo el retorno que se efectuó en 1995, y fue firmado por las siguientes personas:4

Institución Representantes
Gobierno de Guatemala
  • Presidente Jorge Serrano Elías
  • Sergio Mollinedo Buckely, Director Ejecutivo de CEAR
Comisiones Permanentes
  • Nicolás Rafael Cardona
  • Ricardo Curtz M. Francisco
  • Miguel Ordóñez Felip
  • Santos Juan Pedro
  • Herminio Cardona Díaz
  • Juan Coc Tut
  • Hermitaneo Monzón de León
  • José Sales Ramírez
  • Antonio Mosquera Aguilar, Asesor Jurídico
  • Alfonso Bauer Paiz, Asesor Jurídico
Instancia Mediadora
  • Ramiro de León Carpio, Procudador de los Derechos Humanos de Guatemala
  • Michel Gabuadan, Encargado de la Misión del Alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados
  • Toribio Pineda, Comisión de Derechos Humanos de Guatemala
  • Jorge Mario Avila del Aguila, Presidente de la Instancia Mediadora
GRICAR
  • Patricia Fuller, Segundo Secretario, Embajada de Canadá en Guatemala
  • Gilbert Faulques, Asuntos Humanitarios, Embajada de Francia en Guatemala
  • Michael Fruhlinh, Primer Secretario, Embajada de Suecia en Guatemala
  • Cecilia Olmos, Representante de ICVA

BIBLIOGRAFIA:

  1. Citation Resources (2013). «Guatemalan Oil Production and Exploration»Oil Council (en inglés) (Perth, Washington, Estados Unidos). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  2. Collectif (2011). «PERENCO: explotar petróleo, cueste lo que cueste»Collectif Guatemala (Guatemala). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  3. Solano, Luis (2012). Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN). Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG. Archivado desde el original el 31 de noviembre de 2014.
  4. Acuerdos de Paz (1992). Acuerdo suscrito entre las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México y el Gobierno de Guatemala. Colección IDIES.

6 de octubre de 1926: sale una comisión del ministerio de Agricultura para acabar con los criaderos de langostas o chapulines en las márgenes del Usumacinta

6octubre1926
Una langosta migratoria femenina sentada en una rama con un menor de edad a un lado. En Guatemala a este insecto se le conoce también como “chapulín”. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En 1926 Guatemala se vió azotada por una plaga de langosta (o chapulín) la cual afectó considerablemente la cosecha de maíz, obligando al gobierno a importar ese grano básico desde el extranjero, y causando indirectamente una merma en la exportación de café dada la sequía que se produjo.  El gobierno del general José María Orellana en vez de enfrentar directamente el problema, se enfocó en distanciarse de la opinión pública y en promocionar su reelección, además de mantener a los miembros de su gabinete, en los que ya no confiaba la población y, para evitar toda crítica, en suspender las garantías constitucionales decretando estado de sitio el 25 de mayo de ese año.1

Cuando la muerte sorprendió al general Orellana el 26 de septiembre de ese año, su sucesor, el general Lázaro Chacón, restituyó las garantías mediante el decreto número 929 y de inmediato la prensa empezó a publicar sobre el problema de la plaga de langosta.  De esta forma, se informó que el 6 de octubre de ese año salió una expedición del Ministerio de Agricultura hacia los departamentos de Alta Verapaz, Quiché y Petén en busca de los criaderos de la langosta, la cual estaba presidida por Gustavo S. Muñoz (antiguo miembro de la comisión mexicana que se encargo de buscar y eliminar los criaderos de langosta), e integrada por Ignacio Aponte y José María Méndez.  La comisión estaba debidamente documentada y autorizada para recibir apoyo logístico en la gira que emprendieron para hacer las revisiones y mediciones de madera en los departamentos mencionados.2

El objetivo principal de la comisión era descrubir todos los criaderos de langosta que hubiera en las márgenes de los ríos Usumacinta, Negro o Salinas, y Pasión, entre otros, ya que se suponía que era allí en donde más abundaban.  Para el efecto, siguieron la siguiente ruta: de la Ciudad de Guatemala a Salamá, en donde se les unió el inspecto de agricultura Arturo Flores Chavarría, y allí se dividieron en dos: un grupo tomó por las riberas de río Negro o Chixoy hasta la confluencia de éste con el río La Pasión; el otro grupo siguió hacia Cobán, y de allí hasta el río La Pasión, para recorrer las márgenes del río buscando criaderos.  Para finalizar, ambas grupos se iban a reunir en la confluencia de La Pasión con el río Chixoy, y de allí iban a seguir por las riberas del río Usumacinta hasta llegar al territorio de los Lacandones.  En todo el trayecto se adentraron a ambos lados de los ríos para buscar más criaderos con la ayuda de los indígenas que habitaban aquellas inhóspitas regiones del país.2


BIBLIOGRAFIA:

  1. Padilla, Faustino (5 de junio de 1926). El licenciado Fuastino Padilla juzga la situación recién pasada). Guatemala: El Imparcial, Unión Tipográfica.
  2. Vela, David (7 de octubre de 1926). Sale otra expedición a El Petén. Guatemala: El Imparcial, Unión Tipográfica.

21 de septiembre de 1845: se emite un decreto para las elecciones municipales que iban a realizarse cada año

21septiembre1845
Retrato del capitán general Rafael Carrera, presidente de la República de Guatemala. A su derecha está el entonces general José Víctor Zavala, y a la derecha el alcalde la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de la Revista Conservadora del pensamiento centroamericano.

En 1845, se había convocado una vez más a una Asamblea Constituyente para que redactara una constitución para el Estado de Guatemala.  Ésta ardua tarea fue quedando pospuesta año tras año debido a la anarquía que imperaba en Guatemala, no solamente por los destrozos ocurridos tras las guerras entre Rafael Carrera y Francisco Morazán, sino que por la injerencia de los estados liberales vecinos, en especial Honduras y El Salvador, quienes patrocinaban rebeliones en contra del gobierno conservador de Guatemala.1 No fue sino hasta qu Carrera destrozó a los liberales en la Batalla de La Arada el 2 de febrero de 1851 que se consiguió un paz relativamente estable, la cual permitió que firnalmente se redactara una constitución.2

Una de las leyes emitidas por una de aquellas constituyentes el 21 de septiembre de 1845 se convirtió en el primer intento para tener elecciones democráticas en las municipalidades guatemaltecas.  He aquí dicha ley:3

El congreso constituyente del Estado de Guatemala, considerando:

1°— Que la administración municipal es el ramo más importante al gobierno político de los pueblos, porque a ella le está confiada cardinalmente la instrucción, la salubridad, el ornato, la comodidad de las poblaciones y aun su asiento:

2°— Que bajo este respecto, los ciudadanos municipales en los gobiernos democrátícos deben ser una emanación del pueblo, constituidos por é inmediatamente, para que sus individuos reunan la confianza pública, estén penetrados de los intereses, necesidades y opiniones del pueblo, y puedan obrar en consonancia con sus comitentes;

3°— Y que el sistema de elecciones municipales adoptado en el decreto de 2 de octubre de 1839, desviándose de estos principios, contrajo el voto activo en ellas solo al pequeño número de personas que han obtenido cargos municipales en los años anteriores, privando a la generalidad de los ciudadanos del sufragio activo que les correspondiera; decreta:

1°— El primer domingo del mes de diciembre del corriente año se convocará a los pueblos para la elección de sus respectivas municipalidades, la que se celebrará el inmediato domingo del mismo mes.[…]

3°— La votación se practicará diciendo en alta voz cada sufragante las personas por quienes vota, designándolas separadamente para los cargos del alcaldes, regidores y síndicos: escribiéndolos el secretario en una lista, que leerá en alta a cada votante, para que se cerciore éste y cualquiera otra persona de la junta que lo solicite.

4° — El directorio estará abierto por ocho horas; y concluida la votación, no bajando de treinta votos concunentes por lo menos, se hará el escrutinio en público, y se declararán electos alcaldes, regidores y síndicos los que obtengan mayoría de sufragios para los respectivos destinos.— Si no se reunieren cinco votos conformes, no habrá elección, y se repetirá el acto bajo el mismo directorio el dia festivo inmediato siguiente. — Si algunas personas reunieren igual número de votos para el mismo cargo, los ciudadanos presentes en el acto del escrutinio elegirán solo entre ellos, y si ya no hubiere concurrencia, lo ejecutará solo el directorio.

5°— Los recursos sobre cohecho ó soborno, y las reclamaciones sobre nulidad serán resueltos en el acto por el directorio y diez ciudadanos presentes que hayan votado.[…]

— Tendrán voto en estas elecciones todos los ciudadanos en ejercicio de sus derechos caificados anteriormente para la elección de diputados.[…]

8°— La renovación anual de la municipalidad se practicará en los mismos dias que expresa el artículo primero; y en la parte que disponen las leyes existentes.

9°— Cuando vaque algún empleo municipal, registrará la corporación las listas de sufragios, y llamará á subrogar á la persona que haya reunido mayoría después de la que se retiró, y ella debe sin excusa alguna entrar á servir el cargo; pero si no hubiere obtenido por lo menos cinco votos, se convocará al pueblo á nueva elección para reponer al municipal que falte.

10°— No se admitirán renuncias á los miembros de la municipalidad sin causas legales. — Conocerá de ellas el corregidor, previo informe de la municipalidad respectiva; y tal resolución se pondrá en noticia del síndico, á fin de que pueda hacer el reclamo conveniente al supremo gobierno caso de no hallarla arreglada.

11°— Se deroga el capítulo 4° de la ley de 2 de octubre de 1839, sobre gobierno político de los departamentos, en cuanto se oponga al presente decreto.3

Aquella bien intencionada ley, no pudo llevarse a la práctica porque, como tal y como ocurrió con los Códigos de Livingston de Mariano Gálvez y José Francisco Barrundia, no se aplicaban a la realidad de las poblaciones rurales del país.4 Era específicamente el artículo 6° el que echaba por tierra la buena intención del decreto, pues solamente eran ciudadanos aquellos que supieran leer y escribir o que tuvieran un oficio propio;  esto dejaba a la gran mayoría de los campesinos indígenas marginados del derecho al voto. De esta cuenta, el presidente de Guatemala, general Rafael Carrera, quien había fundado la República el 21 de marzo de 1847, emitió un decreto en noviembre de ese año, derogando el anterior:

El decreto [del 21 de setiembre de 1845], no ha podido ser ejecutado en muchos pueblos, ni observado en todos exactamente, por contrariar las costumbres de los indios, y exigir en su artículo 6° los votos de ciudadanos cuyos derechos estén calificados con anterioridad para la elección de diputados, calificación que, además de no existir, presenta graves dificultades para hacerse.1


BIBLIOGRAFIA:


 

19 de agosto de 1837: se promulga la ley del matrimonio civil, llamada popularmente la “Ley del Perro”

19agosto1839
Calvario antiguo de la Ciudad de Gutaemala en la década de 1930. En el recuadro: retrato del Jefe del Estado de Guatemala, Dr. Mariano Gálvez. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Los efectos nefastos de los Códigos de Livingston, que entraron en vigor el 1 de enero de 1837, puede considerarse como una de las principales causas de la caída del gobierno liberal del Jefe de Estado, Dr. Mariano Gálvez. Estos códigos fueron suspendidos el 13 de marzo de 1838,1 ya cuando Gálvez había renunciado, el Estado de Los Altos estaba prácticamente conformado y las Huestes de Mita de Rafael Carrera sembraban caos en los poblados de la república.2

Pero no solamente los códigos fueron los que crearon el descontento popular que estalló en 1837. Fueron todas las leyes que mermaban lo estipulado por la Iglesia Católica las que mayor impacto tuvieron en los pobladores, especialmente los campesinos que todavía eran educados por los curas párrocos del clero secular, a pesar de que estos quedaron muy debilitados tras la expulsión del arzobispo Ramón Casaus y Torres en 1829. Una de estas leyes fue la del matrimonio civil, la cual fue propuesta el 3 de agosto de 1837 mediante este escueto decreto:

  1. La ley solo considera los matrimonios como un contrato civil.
  2. Todo el que se declare divorciado con las solemnidades del decreto de 20 de agosto del año próximo anterior, queda hábil para contraer nuevo matrimonio.3

El decreto entró en vigor el 19 de agosto de 1839 y, como era de esperarse, los curas párrocos criticaron duramente a los liberales “herejes” que proponían semejante cosa que contravenía el matrimonio para toda la vida que ordenaba la Iglesia Católica. La población en general, desconcertada por el novedoso concepto, bautizó al decreto como “Ley del perro“.1

El 28 de septiembre, se emitió la ley definitiva, de la cual presentamos los principales artículos:4

Artículo 1.° – La ley no considera el matrimonio sino como un contrato civil.

Artículo 2.° – La ley establece: la manera de contraer el matrimonio; los efectos legales y las consecuencias del matrimonio; las causasy el modo de disolver el matrimonio.

Artículo 3.° – La ley no reconoce otros matrimonios que los contraidos y solemnizados conforme a las reglas por ella establecidas.

Artículo 4.° – El matrimionio es un contrato que en su origen está destinado a durar hasta la muerte de una de las partes contrayentes; sin embargo este contrato puede ser disuelto antes de la muerte de uno de los esposos por las causas establecidas por la ley.

Artículo 7.° – Es prohibido a los oficiales civiles y a los ministros de los cultos autorizados para celebrar matrimonios en el estado, casar a los varones menores de quince años y a las hembras menores de trece años, bajo la pena, para los oficiales civiles, de destitución de su empleo, y para los ministros de los cultos, de quedar privados para siempre del derecho de celebrar matrimonios en el estado.

Artículo 10.° – Entre colaterales el matrimonio es prohibido entre hermano y hermana, ya sean de padre y madre, o solo de padre o de madre, ya legítimos o ilegítimos. El matrimonio es igualmente prohibido entre tío y sobrina, o entre tía y sobrino.

(Nota de HoyHistoriaGT: este artículo iba dirigido específicamente a las familias aristocráticas, que acostumbraban los matrimonios endogámicos. Por ejemplo, el general Miguel García Granados se casó con su sobrina Cristina, hija de la poetisa Josefa García Granados).

Artículo 12.°- Todo menor de ambos sexos que no tenga la edad competente para casarse, que será en los varones de veintires años, y en las hembras la de veinte años, está obligado a solicitar el consentimiento de su padre y de su madre, o del que sobreviva de entre ellos, y si ambos hubieren muerto, el de su curador. Tanto el varón como la hembra deben exhibir la prueba de este consentmiento, ante el juez a quien se dirijan para obtener el permiso de matrimonio.4

Artículo 14.° – Todo sacerdote o ministro de una secta religiosa, domiciliado en uno de los circuitos del estado, tendrá el derecho de celebrar matrimonios en él.

(Nota de HoyHistoriaGT: este fue otro artículo que provocó problemas al gobierno con la Iglesia Católica, ya que los curas párrocos aprovecharon esta coyuntura para acusar al gobierno liberal de ser “hereje” al permitir que los ministros protestantes proliferaran en el Estado).

Artículo 16.° – Ningun matrimonio será celebrado sin un permiso especial del juez del circuito, ya sea para que tenga efecto por un sacerdote o ministro o por un juez de paz.5

Artículo 29°. Toda otra causa de nulidad establecida por las antiguas leyes queda abolida.6

Artículo 35.° – La mujer está obligada a habitar con su marido, y a seguirlo al lugar en donde él juzgue conveniente residir: el marido está obligado a acogerla y suministrarle todo lo que sea preciso para las necesidades de la vida, segun su estado y facultades.

Artículo 36.° – La mujer no puede presentarse en juicio sin permiso de su marido, aun cuando sea tratante pública, o tenga bienes separados de los del marido.7

Artículo 46.° – El matrimonio se divuelve: 1) Por la muerte de los esposos; 2) por el divorcio legalmente pronunciado; 3) por sentencia definitiva contra uno de los esposos a prisión perpetua; 4) por ausencia de seis años sin que haya tenido noticia en todo este tiempo del esposo ausente.

Artículo 47.° – El marido y la mujer pueden pedir recíprocamente el divorcio por causa de adulterio.

Artículo 48.° – Los esposos pueden pedir también recíprocamente el divorcio por excesos, malos tratamientos o injurias graves de uno de ellos respecto del otro.8

(Nota de HoyHistoriaGT: estos tres artículo contravenían directamente las enseñanzas de la Iglesia Católica).

El matrimonio civil fue suspendido el 28 de julio de 1838, en medio de la anarquía provocada por la guerra civil católico-campesina, mediante un escueto decreto que se reproduce a continuación:

Se suspenden los decretos de 20 de agosto de 1836, 10 de abril y 19 de agosto de 1837, 20 de febrero de 1843 y el artículo 3.° del de 28 de julio de 1829.9


BIBLIOGRAFIA:

  1. Luján Muñoz, Jorge (2001). Del derecho colonial al derecho nacional: el Caso de Guatemala. En: Jarhbuch für Geshichte Lateinamerikas. Colonia, Alemania: Böhlau Verlag. p. 95.
  2. Woodward, Ralph Lee, Jr. (2002). «Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821-1871»Serie monográfica (CIRMA y Plumsock Mesoamerican Studies) (12). ISBN 0-910443-19-X.
  3. Pineda de Mont, Manuel (1872). Recoplicación de las Leyes de Guatemala. III. Guatemala: Imprenta de la Paz. p. 300.
  4. Ibid., p. 301.
  5. Ibid., p. 302.
  6. Ibid., p. 303.
  7. Ibid., p. 304.
  8. Ibid., p. 305.
  9. Ibid., p. 309.