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4 de agosto de 1883: el presidente Gral. J. Rufino Barrios emite un decreto solicitando a los guatemaltecos financiar la construcción del Ferrocarril del Norte

Mapa que muestra ls estaciones del Ferrocarril del Norte, el cual corría paralelo al río Motagua. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El presidente general J. Rufino Barrios pensó unir a la Ciudad de Guatemala con la costa del Atlántico por medio de un ferrocarril, en igual forma como se había hecho con la costa del Pacífico, por lo que el 4 de agosto de 1883 emitió un decreto «excitando el patriotismo de los guatemaltecos», a efecto de que con sus propios recursos se construyera el Ferrocarril del Norte como una empresa nacional. Para tal efecto, se imponía una suscripción anual y obligatoria de cuatro pesos durante 10 años, que debían pagar todas las personas que devengaban más de ocho pesos mensuales, con derecho a ser accionistas y así llevar a cabo la obra con fondos de los propios guatemaltecos.

El principal beneficiado con esta nueva línea de ferrocarril sería el Gral. Barrios ya que no solamente tendría bonos, acciones y dividendos de la compañía constructora, sino qu el tren le sería de enorme utilidad para transportar los productos de sus fincas cafetaleras, ganaderas y de otros productos.

He aquí el decreto:

A los guatemaltecos.

Conciudadanos:

El Decreto emitido en esta fecha, os impone de la resolución que he adoptado con el objeto de hacer efectiva con los recursos propios del pais, la obra importantísima del camino de hierro, que debe abrir á la República, para su prosperidad y engrandecimiento, la ruta del Norte; llamada á dar pronta salida á nuestros productos, llamada á promover y sostener el cultivo de inmensos terrenos, hoy abandonados; llamada, en fin, á traernos por las corrientes del Atlántico, los progresos de la civilización en grande escala.

Al tomar esa resolución, y al imponeros el pequeño sacrificio de hacer un corto ahorro anual, que os será devuelto con creces
por la misma obra á que se destina, creo haber interpretado el sentimiento nacional que en diversas ocasiones se ha hecho ostensible en favor de este pensamiento, que libra al pais do los costosos sacrificios que regularmente originan las concesiones privilegiadas á compañías extranjeras.

La obra que vá á emprenderse no es superior á nuestros recursos; y ejecutada per nuestra propia cuenta, habrá de parecemos excesivamente barata, cuando llevada á término, nos encontremos
disfrutando de sus inapreciables
beneficios. Esta pues es la herencia que podemos legar á nuestros hijos, porque de ella depende la riqueza del porvenir; y
será dentro de breve tiempo una
halagadora realidad, si el espíritu y la convicción que me asisten al emprenderla, encuentran, como lo espero, el auxilio y la cooperación eficaz de mis conciudadanos.

La forma adoptada para reunir el capital que demanda la construcción del ferrocarril al Norte, distribuyendo en largos plazos la pequeña suma que habrá de pagarse por suscrición, está combinada con la mira de que la clase pobre pueda cubrirla fácilmente, al mismo tiempo que sin esfuerzo, irá formando con esas cortas sumas un ahorro, que al finalizar la obra, le será de gran provecho. La misma combinación se presta para que las clases acomodadas puedan concurrir a la empresa, según la escala de sus fortunas.

A unas y otras clases, hago, pues, el llamamiento mas enérgico, en nombre del porvenir de la Patria, para que inspirados en el deseo de su grandeza y felicidad, trabajemos resueltamente en esa obra del ferrocarril del Norte, que encierra para nuestra querida Guatemala, las mas hermosas esperanzas: conquistemos la gloria de ser justamente bendecidos por las generaciones venideras, cuando la historia les recuerde que al espíritu patriótico de los guatemaltecos de 1883 deben el primer paso de la locomotora desde el Atlántico al Pacífico.

jConciudadanos! Dia de inmensa gloria y regocijo será aquel en que el grito estridente del vapor, viniendo del Norte, llame á las puertas de nuestra bella Capital: apresuremos pues la llegada de ese grandioso dia, por la unión de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo.

Guatemala, Agosto 4 de 1883.
Vuestro conciudadano y amigo.
J. Rufino Barrios.

Pero la construcción del Ferrocarril del Norte era mucho más larga y difícil que la del Pacífico y cuando el General Barrios murió en 1885, los trabajos del ferrocarril se suspendieron; para entonces solamente se habían tendido 32 kilómetros de rieles. No obstante, Barrios ya se había beneficiado económicamente pues poseía trescientas caballerías del gran lote “Los Andes” a las riveras del Motagua y del trayecto construido del Ferrocarril del Norte en Izabal.

La obra no se pudo continuar durante el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas, y fue hasta que el gobierno del general José María Reina Barrios emprendió decididamente el proyecto que se construyó la línea hasta El Rancho.

La catástrofe económica y posteriores revoluciones en 1897 no permitieron construir el ferrocarril sino hasta en 1907 por el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera.

BIBLIOGRAFIA:

3 de agosto de 1885: se publica un desglose de la fortuna millonaria que acumuló el fallecido general J. Rufino Barrios durantes su gobierno y que heredó su viuda Francisca Aparicio

 

Francisca Aparicio y Mérida, marquesa consorte de Vistabella, conocida por los guatemaltecos de la época como “doña Paca”. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La herencia que dejó al morir el general J. Rufino Barrios fue considerable y pasó íntegra a su viuda, Francisca Aparicio de Barrios. El documento original del inventario fue elaborado sobre la base de una auditoría realizada el 3 de agosto de 1885 por Carlos F. Murga, quien percibió seis mil pesos por sus servicios.

He aquí el desglose:

Inmuebles matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)

Tipo de bienes Descripción Monto
Urbanas
Casas de dos niveles en la esquina del Mercado en donde estaba el Hotel Universal 80.000
Casas de dos pisos 6.ª avenida sur, número 41 18.000
Casa en la 13 calle poniente 1.000
Casa en el camino del Guarda Viejo N/A
Casa en el Barrio de la Libertad N/A
Dos casas en la antigua casa de la neveria del Carmen N/A
Una casa en Quezaltenango N/A
Fincas
“La Majada”, jurisdicción de Mixco N/A
“Los Tarros”, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla N/A
“Rodeo” del Incienso, departamento de Guatemala N/A
“Paso Antonio”, en Escuintla N/A
“El Barón” N/A
“Primavera” en San Cristóbal, Verapaz N/A
“Punían” en Escuintla 28.000
“El Porvenir” en San Pablo, en San Marcos N/A
“El Rodeo” en San Marcos 30.000
“Pacajá” en Quezaltenango 20.000
Las Salinas de Santa Eulalia en Huehuetenango, con instrumento de maquinaria 30.000

Inmuebles no matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)

Tipo de bienes Descripción Monto
Bienes raíces
Finca “El Malacate” en San Marcos 60.000
Finca “Los Cerritos” de Nowas 10.000
Finca “Chuvá” en Quezaltenango 4.000
Finca “El Sauce” en Izabal 4.000
Un lote de los cinco de la Colonia Belga Santo Tomás, Izabal 10.000
Un terreno comprado a Encarnación Mazariegos en Escuintla 1.000
Un lote baldío junto Hacienda “Los Tarros” Escuintla 800
La Finca “Monte Largo”, comprado a familia Beteta que cedió gratis al general Cruz 4.000
Salinas de Magdalena en el Quiché, con instrumentos de maquinaría 25.000
Una casa en Quezaltenango calle de San Nicolás 4.000
Fincas en sociedad con Felipe Márquez en las islas “El Mico” y Quiriguá en Izabal 30.000
Finca en sociedad con Ramón Murga, “El Ingenio de Arrivillaga” Amatitlán 100.000
Una casa en Nueva York 300.000
Mobiliario
En alhajas y muebles 300.000
En cinco mil fanegas de maíz en San Rafael Mixco 20.000

Derechos y acciones

Tipo de Ingreso Descripción Monto
Derechos en 1885
Participaciones sociales en 8.000 vales dotados, en que es su agente Felipe Márquez 400.000
Producto de 60.000 quintales de café que exportó a $10 liquidado 600.000
Producto de beneficio y venta de ganado de sus haciendas 100.000
Producto de panela y artículos de sus fincas 50.000
Producto de sal de sus salinas 10.000
Por $500 diarios que le pagó la administración de licores 45.000
Por $200 diarios que le pasaba la pagaduría militar y cien el Cuerpo de Artillería 27.000
Por utilidades en las empresas de vales; ferrocarriles, Bancos etc. N/A
Por gastos extraordinarios de representaciones que se hizo entregar N/A
Por el producto de una caballería N/A
Por el producto de un almacén de licores y comestibles en su casa N/A
Por tributo feudal que le mandó en el primer trimestre del año del presidente Rafael Zaldívar de El Salvador 45.000
Por utilidades en las contratas con el Gobierno, por medio de su agente Márquez
Por participación en Sociedad en el almacén de Licores y conservas de Antonio Mengarejo, sin pagar impuestos aduaneros de importación 25.000
Acciones
Banco de Occidente 30.000
Ferrocarril de Champerico concedidas gratis por no indemnizar propiedades particulares y dar todo el apoyo debido N/A
Ferrocarril del Sur, como el anterior N/A
Ferrocarril Urbano N/A
Agencias de San José y Champerico, además de los $25.000 anuales que le pasaban N/A

Inventario adicional

Inventario Descripción Monto
Activo
Posesión de 300 caballerías del Gran lote “Los Andes” a las riveras del Motagua y del trayecto construido del Ferrocarril del Norte en Izabal. 6.000
Un palacio en París, Francia, en la calle de Lafayette 400.000
La finca San Rafael en Mixco que donó á su hijo, el general Benancio Barrios 4.000
La finca denominada “Salazar” donada al general Benancio Barrios 14.000
Pasivo
Producto de sociedad en la Casa de Préstamo de Aquiles Assardo 50.000
Participación en la compañía de vapores de Guatemala en el Atlántico girando principalmente con banano en Livingston N/A
Participación en la extinguida sociedad con D. M. Forestier de siembra en Gualán y Zacapa N/A
Acciones en la sociedad agrícola de Quina en Baja Verapaz 20.000
Donación recíproca del gobierno mejicano 600.000
Suma general $3.792,600

De los negocios, o rentas con que formó su haber y sus millones el general Barrios en bancos extranjeros (valores aproximados)

Descripción Monto
La renta diaria de la administración general de licores desde julio de 1873 Aprox. 2.400,000
La renta diaria desde julio de 1871 al 3 de agosto de 1885 de la administración central de occidente 50.000
Las diferentes cantidades mandadas traer por sus ayudantes a la Administración central y departamentales de Occidente, a la Tesorería general de Rentas Comunes y a la Administración general de licores de la república: 4.000,000
Los $50.000 con que lo agració la Asamblea Constituyente 50.000
Sus sueldos de Teniente general, primero, y después de Presidente con gastos de Representación del estado 240.000
Sus exportaciones de café por diez años hasta el año de 1884. 4.000,000
Sus beneficios de ganado sin pagar impuestos por diez años 1.000,000
Su venta de panela y otros productos de fincas por catorce años 800.000
Desde 1873, los $25.000 anuales que le pasaba la agencia de Champerico 800.000
$300.00 diarios desde 1871 que le sacaban extraordinariamente del presupuesto militar 424.000
El tributo feudal que le pasó por 9 años el presidente Rafael Zaldívar de El Salvador a $200.000 anualmente 1.800,000
El tributo feudal que pasó Soto de Honduras en tabaco, ganado, sin pagar exportación por $60.000 anuales y luego Bográn -en dinero en 9 años 540.000
Los dividendos sobre el Ferrocarril del Sur 30.000
Los dividentos sobre el Ferrocarril de Champerico 60.000
Dividendos sobre el Ferrocarril Urbano 10.000
Las cantidades que se apercibió del gran capital de la Carretera al Norte, y por medio de Contratas con sus socios y agentes 200.000
Grandes cantidades que se hizo llegar del Banco Nacional, de los bienes de Desamortización 500.000
De los bienes de Redención de Censos 200.000
Por valores de baldíos y redenciones que directamente le entregaban los interesados 300.000
Por cuotas negativas por no ponerles estancos de chicha y aguardientes a algunos pueblos indígenas 100.000
Por cuotas de escusas de ir algunos pueblos a trabajar a los ferrocarriles en que lo mismo lucraban algunos jefes políticos 100.000
Productos de sus salinas en Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango 100.000
Producto de las salinas de Magdalena en el Quiché 20.000
Participación en sociedad con Antonio Melgarejo, en su almacén de Licores y Conservas sin pagar derechos aduaneros 100.000
Participación en varios negocios con Felipe Márquez 100.000
Participación en destilación del Ingenio y otros negocios con Ramón Murga 100.000
Participación en vales del Banco Nacional 500.000
Lo mismo en los vales de Tesoro 200.000
En conmutas que le quedaban por indultos de reos y a veces por suscriciones a los pueblos 100.000
Participación en negocios con Florentín Sonza, de artículos de exportación é importación, por Champerico 80.000
Participación en negocios con personas de Retalhuleu y Quezaltenango 50.000
Por suscriciones de dinero mandadas levantar a varias poblaciones de la República 100.000
Participación en negocios de exportación é importación con comerciantes de Guatemala 100.000
Por ahorros en los pagos de admininistradores, mayordomos y caporales de sus fincas y negocios, que salían en el presupuesto militar 1.000,000
Por ahorros en los mozos de los mismos puntos, con motivo de cumplir allí sus trabajos de camino de ley, abonandoles únicamente medio real diario con menoscabo de la Hacienda Pública 1.000,000
Por exoneraciones en los pagos que debía hacer en su maquinaría de fincas, suyas y de sus socios 100.000
Ganancias en sociedad de distracción á las peleas de gallos 300.000
Ganancias en sociedad en otros juegos de recreo con los Presidentes de El Salvador González y Rafael Zaldívar en asociación de Dueñas, en sus entrevistas y otros muchos en Guatemala, de enormes cantidades lo propio que a los presidentes Medina,  Marco Aurelio Soto y Luis Bográn de Honduras 400.000
Ganancias como las anteriores de diversión a las carreras de caballos 100.000
En 1884 vendió una casa en la calle principal a Zara de Zaldívar 31.000
En 1884 vendió una casa frente a la Comandancia de Armas a Mariano Barrios 9.000
Por gastos de representación tomados demás de los que expresa el presupuesto, en doce años. 400.000
En participación de ciertos negocios lucrativos con el jefe político Cajas y sucesores de Huehuetenango. El jefe político Socorro De León de Suchitepequez; y el jefe político Monterroso de Retalhuleu 200.000
Por los obsequios y ovaciones desde julio de 1871 1.500,000
Los potreros del “Suchiate” por la barra de Ocós en el departamento de San Marcos, comprados por el Sr. Gral. Barrios N/A
Por utilidades en las operaciones con los fondos del Ferrocarril del Norte en el Interior y Exterior N/A
Suma total $ 33.594,000

BIBLIOGRAFIA:

9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

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Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
  6. El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:

3 de julio de 1871: tras el triunfo de la revolución liberal el 30 de junio de ese año aparece un artículo denunciando las riquezas de la Iglesia Católica

Plano del Palacio Arzobispal de la Nueva Guatemala de la Asunción.  Incluye el lujoso edificio adyacente a la Catedral Metropolitana y un convento, huerta y cementerio en lo que es hoy en día el Mercado Central.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La primera prueba que afrontó el presidente de facto provisorio Miguel García Granados inmediatamente después del triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871 fue mantener relaciones armoniosas con la Iglesia Católica, ya que de inmediato surgieron publicaciones anticlericales, que a su vez fueron atacadas por los escritores conservadores. Los autores de ambos bandos solían ocultar su identidad con ingeniosos pseudónimos para poder atacar la vida privada de sus rivales.

Ambos bandos hacían exigentes demandas.  Por ejemplo, un autor que firmaba simplemente como “Un Guatemalteco” publicó un artículo en que denunciaba la riqueza excesiva del clero, atacando directamente las propiedades del arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena, ya que éste era miembro de la poderosa familia Aycinena que había co-gobernado con el general Rafael Carrera desde que los conservadores recuperaron el poder en 1839 en Guatemala.  Por su parte, un escritor conservador escribió un artículo en que denunciaba la libertad de cultos aduciendo que esto podría conducir a que los librepensadores desecraran los elementos sagrados del culto católico.

Para tratar de evitar males mayores, el anciano presidente provisorio, quien provenía de una familia aristocrática y tenía lazos de consanguinidad con los Aycinena, emitió un decreto modificando la libertad de expresión, que decía así:

DECRETO NUM. 5.

Considerando:

  1. Que la libertad absoluta de la comunicación del pensamiento por medio de la palabra y la escritura, y cualquier expresión o signo, siempre que no ofenda a la conducta privada de los individuos, o excite directamente el uso de la fuerza contra la ley o las autoridades constituidas, es la garantía de los derechos que el hombre tiene con anterioridad á todo pacto social;  
  2. Que la ley de 30 de Abril de 1852 es incompatible con el régimen actual de libertad y progreso;
  3. Que entre tanto se reune la representación nacional, a cuya alta competencia corresponde definitivamente la ley de imprenta, se hace necesario dictar alguna providencia para evitar los abusos que puedan ocurrir;

DECRETO:

  1. Queda establecida la liberad absoluta de imprenta, y en consecuencia derogada la expresada ley de Abril de 1852.
  2. Bajo esta libertad no se permiten los  delitos declarados tales por las leyes existentes, y especialmente aquellos que afectan la vida privada
    de los individuos.
  3. En los casos de infracción, los jueces comunes procederán a la averiguación del delito y castigo del culpable, con arreglo a las leyes vigentes, debiendo preceder siempre acusaación de partes lejítimas.
  4. Para hacer efectiva la responsabilidad de que habla el artículo anterior, todas las publicaciones deben llevar la firma del autor; y en el caso de que se omita este requisito, la responsabilidad se hará efectiva contra la imprenta.
  5. Los directores de las imprentas en que se publique algún escrito sin la firma del autor, aun cuando este no contenga ninguna de las infracciones expresadas en el artículo 2.° serán multados con una cantidad que no exceda de cien pesos ni baje de diez, según las circunstancias del caso calificadas por los mismos Tribunales comunes.

Dado en Guatemala, á 7 de Julio de 1871

Miguel García Granados

El alcance del decreto anterior fue muy escaso, ya que luego de que se emitió, lo que se inició como ataques en publicaciones de reducida circulación, poco a poco fue escalando a publicaciones mayores, hasta que finalmente se empezaron a materializar medidas drásticas contra la Iglesia, las que incluyeron la expulsion del arzobispo Piñol y Aycinena, la de los jesuitas y la expropiación y disolución del resto de órdenes monásticas.  Eventualmente, el propio presidente de facto provisorio fue removido y sustuido por el mucho más joven y radical general J. Rufino Barrios.

BIBLIOGRAFIA:

22 de junio de 1885: el entonces presidente interino, general Manuel Lisandro Barillas, emite un nuevo y mejorado reglamento para la Biblioteca Nacional

1885_laws
Portada de la Recopilación de Leyes de 1883 a 1885, la cual está ahora disponible en internet. Imagen tomada de Internet Archives.

Tras la muerte en Chalchuapa del general J. Rufino Barrios, el general Manuel Lisandro Barrilas se hizo de la presidencia interina gracias a un hábil ardid. Ya en el poder, se esforzó por mantener las reformas liberales iniciadas por Barrios y entre ellas, impulsó la mejora del funcionamiento de la Biblioteca Nacional.

Reproducimos a continuación algunos artículos del reglamento de 1885, los cuales llaman la atención ya que muestran la enorme diferencia en tecnología y las costumbres que existe entre la época en que se estableció la Biblioteca y la época actual de buscadores por internet y libros virtuales.

DECRETO NUM. 335.

MANUEL L. BARILLAS General de División y Encargado de la Presidencia de la República de Guatemala,

Considerando: que la Biblioteca Nacional ha sido considerablemente mejorada, en virtud de las últimas disposiciones dictadas por la Secretaría de Instrucción Pública; y que por lo mismo es conveniente reglamentar aquel útil establecimiento para que produzca los beneficiosos resultados que el Gobierno ha tenido en mira al establecerlo, decreto: el siguiente reglamento de la Biblioteca Nacional.

CAPITULO I.

Disposiciones varias.

Art. 1.°— La Biblioteca Nacional de Guatemala es un establecimiento destinado á servir al público, proporcionando a los suscritores de la Sala de lectura los libros que quieran consultar y los datos bibliográficos que soliciten.

Art. 2.° — Habrá socios contribuyentes y honorarios: los primeros son los que se suscriban con tal carácter, y pagarán por suscrición anual seis pesos adelantados, cuatro por un semestre, ó dos pesos cincuenta centavos por un trimestre. Estos podrán sacar del establecimiento las obras que necesiten, entendiéndose que cada socio recibirá un solo tomo, bajo conocimiento y por un plazo que no exceda de treinta días.

Art. 3.° — En caso de que la obra no sea restituida al Director de la Biblioteca en el plazo fijado en el artículo anterior, se impondrá al socio una multa que no baje de cincuenta centavos, y se le exijirá por medios coactivos la devolución.

Art. 4.° — Son socios honorarios los directores y profesores de Instrucción Pública, y podrán asistir á la Sala de lectura durante las horas de servicio; pero no podrán llevar obras a domicilio.

Art. 5.° — Nadie podrá entrar á las salas interiores sino acompañado por uno de los empleados de la Biblioteca.

Art. 6.° — Si alguno de los concurrentes ocultare un libro ó lo devolviere en mal estado, se dará inmediato aviso de lo ocurrido al Secretario de Instrucción Pública; y sin perjuicio de la responsabilidad que se exija por el daño causado, no volverá quien tal hiciere a ser admitido en la Sala de lectura y al efecto se dejará constancia de su nombre y señas.

Art. 7.° — Tampoco podrán los empleados sacar, ni prestar particularmente libros pertenecientes á la Biblioteca. El Director pedirá al Gobierno la inmediata destitución del emplado que hubiere incurrido en tal falta.

Art. 8. ° —Podrá el Director conceder a las personas que lo soliciten, permiso para sacar copias en las salas interiores.

Art. 9.° — La Biblioteca estará abierta todos los dias de las once de la mañana a las tres de la tarde, y de las cinco de la misma a las nueve de la noche.

Art. 10.° — Los directores de los establecimientos tipográficos de la República deberán remitir a la Biblioteca dos ejemplares de todo folleto, periódico y libro que editen.

CAPITULO II.
De la sala de lectura.

Art. 11.° — Los catálogos alfabéticos y movibles estarán á disposición de las personas que quieran consultarlos.

Art. 12.° — Los asistentes tienen derecho á pedirlos datos bibliográficos que necesiten, y que los empleados puedan proporcionarles, en cualquiera investigación científica ó literaria; y dejarán por escrito la consulta, cuando de pronto no pudiere satisfacerse á sus deseos.

Art. 13.° — Es deber de los empleados ser urbanos y atentos con los lectores y proporcionarles facilidades para los fines plausibles que se indican en el artículo anterior.

Art. 14.° — No se atenderá a peticiones que tengan por objeto entretener la ociosidad en vez de fomentar el estudio.

Art. 15.° — No se podrán leer obras pornográficas de la Biblioteca Nacional por personas que tengan menos de diez y ocho años de edad.

Art. 16.° — Los concurrentes guardarán silencio. Toda dificultad que ocurra, se propondrá y satisfará en voz baja, a fin de no perturbar la atención de los leyentes.

Art. 17.°— Es prohibido fumar en la sala de lectura.

Art. 18.° —Pueden los lectores sacar apuntes con lápiz, no con tinta, y cuidando de no colocar sobre el libro el papel en que se escribe. Por lo mismo es prohibido hacer calcos.

Art. 19.° — Cuando los suscriptores notaren algún daño en hojas ó láminas, deben advertirlo inmediatamente al empleado respectivo, para evitar la responsabilidad que pudiera atribuírseles.

[…]

Art. 44.° — El presente reglamento deroga el de 9 de Mayo de 1884, y queda encargado de su ejecución el Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública.

Dado en el Palacio Nacional: en Guatemala, a 22 de Junio de 1885.

BIBLIOGRAFIA:

7 de junio de 1872: el encargado de la presidencia provisoria, teniente general J. Rufino Barrios, decreta la expropiación de los bienes a las órdenes regulares de la Iglesia Católica

Acto de Crucifixión celebrado en una parroquia de Guatemala a finales del siglo XIX.  Aunque la élite criolla liberal expulsó al clero regular y redujo al mínimo los privilegios del clero secular, las manifestaciones de fe entre la población se mantuvieron. Fotografía de Juan José de Jesús Yas, tomada de Wikimedia Commons.

Siendo teniente general del ejército y encargado de la presidencia del gobierno de facto provisorio de la República por ausencia del general Miguel García Granados, el 24 de mayo de 1872, J. Rufino Barrios confiscó algunas propiedades de los religiosos y suprimió a los jesuitas y a otras órdenes regulares. Siendo originario de San Marcos, Barrios era un criollo liberal descendiente de aquellos que intentaron formar el Estado de Los Altos cuando el gobierno conservador apoyado por el general Rafael Carrera tomó el poder en Guatemala; sabiendo que el principal aliado de los conservadores era el clero regular, decidió minar el poderío económico de la iglesia.

He aquí un resumen de las órdenes afectadas:

Orden Logo Tipo de clero Propiedades expropiadas
Orden de Predicadores Orderofpreachears.png Regular
  • Conventos
  • Haciendas
  • Ingenios azucareros
  • Doctrinas y tierras de indios
Mercedarios Coat of Arms of the Mercedarians.svg Regular
  • Conventos
  • Haciendas
  • Ingenios azucareros
  • Doctrinas
Compañía de Jesús Ihs-logo.svg Regular Los jesuitas habían sido expulsados de Guatemala por el rey de España Carlos III en 1765, pero regresaron durante el gobierno de Rafael Carrera para encargarse de la educación. Cuando fueron expulsado en septiembre de 1871 no tenían mayores posesiones en Guatemala.
Recoletos Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum, Propaganda Fide seal.png Regular Conventos
Concepcionistas OrdoIC.jpg Regular Conventos y haciendas
Arquidiócesis de Guatemala Secular Colegio y Seminario Tridentino de Nuestra Señora de la Asunción
Congregación de San Felipe Neri S. F. Nerist.JPG Secular Templo y residencia en Ciudad de Guatemala destruidos hasta sus cimientos.

Cuando el pueblo católico protestó estas disposiciones, Barrios promulgó el siguiente decreto, por medio del cual el ejército ocupó los edificios de las órdenes regulares, y le dio el ultimátum a los religiosos que si querían permanecer en el país que fueran secularizados (es decir, que se convirtieran en curas párrocos y abandonaran el hábito de la orden regular a la que pertenecían):

Decreto N°. 64

Considerando: Que las comunidades de Religiosos carecen de objeto en la República, pues no son las depositarías del Saber, ni un elemento eficaz para morijerar las costumbres;

Que no pudiendo ya como en los siglos medios prestar importantes servicios a la sociedad, los trascendentales defectos inherentes a las asociaciones de esta clase, se hacen mas sensibles, sin que de modo alguno sean excusables;

Que dichos institutos son por naturaleza refractarios a las reformas conquistadas por la civilización moderna, que proscribe la teocracia en nombre de la libertad, del progreso y de la soberanía del pueblo;

Que sustrayéndose en el orden económico a las leyes naturales y bienhechoras de la producción y del consumo, constituyen una excepción injustificable que gravita sobre las clases productoras:

Que debiendo las referidas comunidades su existencia a la ley, a esta corresponde estinguirlas, y de consiguiente disponer en beneficio público de los bienes que poseen;

Y que atendiendo a los principios que presiden á la revolución democrática de Guatemala, es una consecuencia ineludible la extinción de las Comunidades de Religiosos, y al decretarla, un deber del gobierno proporcionar a éstos los medios necesarios para el sostenimiento de su nueva posición social, tengo á bien decretar y

DECRETO:

Art. 1. – Quedan extinguidas en la República las comunidades de Religiosos.

Art. 2. – Se declaran nacionales los bienes que poseen y usufructúan.

Art. 3. – Estos bienes y sus productos se dedicarán de preferencia a sostener y desarrollar la instrucción pública gratuita.

Art. 4. – Los Religiosos exclaustrados quedan en absoluta libertad de residir donde les convenga, o de salir de la República, si así lo quisieren. Podrán adquirir bienes, disponer de ellos en vida o por testamento, tratar y contratar y gozar de todos los derechos que las ley- conceden al resto de los habitantes, sin más limitaciones que las que impone su estado á los eclesiásticos seculares.

Art. 5. – A los Religiosos que deseen salir de la República, se les costeará el viático necesario, y los que prefieran residir en ella, quedan por el mismo hecho secularizados,
no podiendo usar hábito ni distintivo de religioso.

Art. 6. – Las iglesias de las comunidades se conservarán con sus respectivas advocaciones y títulos, lo mismo que con sus vasos sagrados, alhajas, ornamentos y todo cuanto
esté destinado al Culto. En cada una de dichas Iglesias se erigirá una parroquia, a cuyo sostenimiento contribuirá el Gobierno.

Art. 7. – Las librerías de los conventos pasarán a la Biblioteca de la Universidad.

Art. 8. – La hacienda pública pagará, durante un año, a los Religiosos exclaustrados, que aun no se hayan ordenado de Presbíteros, los impedidos de ejercer su ministerio por ancianidad o enfermedad, una pensión de veinticinco pesos al mes, entregándoles la primera mensualidad el mismo dia en que se verifique la exclaustración.

Art. 9.- El Ministro del ramo queda encargado de la ejecución de este decreto, dando al efecto las instrucciones convenientes al Jete Político de este departamento y al Administrador General de Rentas.

Dado en Guatemala, a siete de junio de mil ochocientos setenta y dos

  • J. Rufino Barrios, Teniente general del ejército y Encargado de la Presidencia del Gobierno Provisorio de la República
  • Marco Aurelio Soto, ministro del ramo

BIBLIOGRAFIA:

4 de junio de 1873: el general Miguel Garcia Granados entrega el poder al general J. Rufino Barrios

Retrato de Miguel García Granados que se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Guatemala.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El general Miguel García Granados y Zavala era un criollo muy particular, a quien algunos historiadores han definido como un “aristócrata liberal“. Don Miguel había nacido en Espana y pertenecía a las familias aristocráticas (conocidas en su época como “las familias” o “clan Aycinena“) que conformaron el partido conservador después de la Independencia de Centroamérica, combatió a las fuerzas de los liberales peleando bajo las órdenes de Manuel José Arce, y sufrió el despojo de buena parte de sus bienes por parte Francisco Morazán cuando éste invadió a Guatemala en 1829 y expulsó a los aristócratas del territorio de Centroamerica.  Pero, a diferencia de los Aycinena, a él y a su familia se le permitió permanecer en Guatemala;  en esa época se alió con los criollos liberales, encabezados por Francisco Barrundia  y poco a poco se fue ganando su confianza, ya que recelaban de él por ser aristócrata. 

Cuando los conservadores tomaron el poder en 1840, García Granados permanecio en Guatemala y era crítico de la labor del general presidente Rafael Carrera hasta que un día, luego de una fuerte crónica de don Miguel contra el presidente, durante un elegante almuerzo en el Palacio de Gobierno se produjo el siguiente dialogo entre el genral Carrera y el entonces teniente coronel José Víctor Zavala, quien por cierto, era primo de García Granados:

– Estimado Coronel – dijo Carrera -, ¿usted cree que los suenos  nos avisan algo?

– General – contestó Zavala, que era un hombre muy preparado – sé de buena fuente que ha habido estudios al respecto, y que en efecto, es posible que los sueños nos digan cosas.  Si me permite preguntarle, ¿por qué le interesan los suenos?

– Es que figúrese Ud., coronel, que anoche en mi sueño yo tenía preso aquí en el Palacio a don Miguel, a quien tanto estimamos, y le ordenaba a mi guardia personal que lo condujera al paredón que está aquí detrás del comedor para que lo pasaran por las armas.  Me desperté muy sobresaltado por lo que había hecho y en eso me di cuenta de que se trataba solamente de un sueño.

Todos los presentes, incluyendo García Granados comprendieron a cabalidad el significado del supuesto sueño, pero nadie hizo comentario alguno al respecto.  Algunas horas después, uno de los criollos aristócratas presentes en el almuerzo llegó a la mansión de don Miguel y le dijo que lo más prudente era que partiera en el acto, o que de lo contrario, se cumpliría el sueño.  García Granados y su familia salieron a lomo de mula de Guatemala ese mismo día.

En el exilio, García Granados estrecho sus lazos con los criollos liberales y, logro un lugar preponderante entre ellos cuando propuso que, cuando se recobrara el poder en Guatemala, se hiciera una profunda reforma agrarian para establecer grandes plantaciones de café, y se utilizara a la enorme población indígena del país para la mano de obra que requería dicho cultivo a gran escala  Este plan quedó pospuesto por varios años, ya que Carrera tenía bajo control la situacion en Guatemala, Honduras y El Salvador, además de pactos con los líderes indígenas locales.  Pero tras la muerte del “Caudillo adorado de los pueblos” en 1865, y la de los principales criollos conservadores como el marqués Juan José de Aycinena, el poder del gobierno conservador se fue debilitando y finalmente los liberales recobraron el poder en 1871.  García Granados regresó a Guatemala después de la muerte de Carrera y encabezó movimientos rebeldes por lo que fue hecho prisionero en el Fuerte de San José durante un tiempo.

Como García Granados había propuesto el plan de la reforma agraria para el cultivo del café, fue nombrado como presidente provisorio de Guatemala en el Acta de Patzicía, a pesar de que ya contaba con una edad avanzada.  Sin embargo, dados sus fuertes lazos de consanguinidad con los criollos aristócratas y su escasa disciplina para atender los asuntos de estado (pues llegaba a su despacho pasado del medio día después de una larga noche de tertulia), las reformas que los liberales querían establecer no avanzaban con la prontitud deseada.  Esto no le pareció a sus correligionarios, en especial al joven e impetuoso J. Rufino Barrios, quienes decidieron sustituir al presidente.

Y así se hizo.  El 4 de junio de 1873, García Granados dejo el poder en manos de su joven sucesor, con instrucciones de que convocara a una Asamblea Constituyente lo antes posible para establecer una nueva constitución, ya que él no habia podido hacerlo debido a las constantes rebeliones en el oriente del pais (obviando en su solicitud mención alguna a su escasa aplicacion a los asuntos de Estado).  Ya en el poder, Barrios emprendió profundas reformas para favorecer el cultivo del café y la economía de sus correligionarios amparando en  el Acta de Patzicía, y por fin convoco a una Asamblea Constituyente en 1878.

BIBLIOGRAFIA:

3 de junio de 1871: los rebeldes liberales desconocen al gobierno constitucional del Mariscal Vicente Cerna y nombran presidente provisorio interino a Miguel García Granados en Patzicía


Finca El Naranjo, en las afueras de la Ciudad de Guatemala en la época en la que se firmó el Acta de Patzicia.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Tras iniciar la invasion por el occidente de Guatemala en abril de 1871, el ejército liberal rebelde fue obteniendo fáciles victorias, y engrosado sus filas con numerosas deserciones, en especial porque esa región era en la que los criollos liberales habían intentado formar el Estado de Los Altos en 1838, por lo que era parcial a la causa.  El gobierno del Mariscal Vicente Cerna se había mantenido en el poder gracias a la fuerte presencia de carácter de su antecessor, el general Rafael Carrera, pero tras seis años de la muerte del “Caudillo adorado de los pueblos“, dicha presencia se había debilitado considerablemente.

Cuando llegaron a Chimaltenango, los liberales confiaban en una victoria segura, por lo que emitieron la siguientes Acta el 3 de junio:

En la Villa de Patzicía a tres de Junio de mil ochocientos setenta y uno, los Jefes y Oficiales del Ejército Libertador reunidos en Consejo, motu propio, y

CONSIDERANDO:

  1. Que el gobierno oligárquico y tiránico del Presidente Cerna se ha hecho intolerable a la Nación por sus repetidos actos arbitrarios y de crueldad y por la violación diaria de las leyes fundamentales de la República y en especial de la de garantías individuales.
  2. Que el Presidente Cerna es también usurpador, por cuanto se ha arrogado facultades que la ley de ninguna manera le concede, atacando la representación nacional y persiguiendo a sus miembros.
  3. Que ha arruinado la Hacienda pública y comprometido en 1o futuro la independencia del país, contratando un empréstito estranjero bajo bases ruinosas y sin facultades para ello,
  4. Que en tales casos los ciudadanos tienen no solamente el derecho sino también el deber de resistir la tiranía. Considerando además, que desde el mes de Abril hemos empuñado las armas con el loable objeto de libertar a la Nación de la tiranía que la oprime; todo bien considerado, hemos convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1°.

Desconocemos al gobierno del tirano y usurpador D. Vicente Cerna

ARTICULO 2°.

Nombramos Presidente Provisorio de la República al General Sr. D. Miguel García Granados, ampliamente facultado para organizar el pais bajo las bases que el mismo general ha proclamado en su manifiesto de ocho de mayo próximo pasado.

ARTICULO 3°.

Queda igualmente facultado para cuando las circunstancias lo permitan, reunir una Asamblea Constituyente, que decrete la Carta fundamental que deba rejir definitivamente a la Nación.

ARTICULO 4°.

Todos los Jefes y Oficiales nos comprometemos bajo juramento a no dejar las armas de la mano hasta no haber llevado a debido efecto todos los puntos contenidos en esta acta.

  • General de Brigada, Rufino Barrios
  • (Siguen las firmas de otros oficiales rebeldes)

Esta es el Acta de Patzicía, escrita por los criollos liberales, con la cual gobernó el gobierno provisorio de facto de Miguel García Granados de 1871 a 1873, y luego el gobierno de J. Rufino Barrios de 1873 a 1879, aduciendo que no tenían tiempo para reunir a la Asamblea Nacional Legislativa que la misma acta sugiera. De esta cuenta, cuando por fin se emitió la Constitución de 1879, Barrios llevaba seis años en el poder, y apenas inició su primer período constitucional en 1880.

Los cambios que introdujeron los liberales incluyeron:

  • la expulsión y expropiación de bienes de las órdenes regulares de la Iglesia Catolita, principales terratenientes y miembros del partido consevador
  • derogación de los pactos que el gobierno de Carrera estableció con los campesinos indígenas de la República
  • introducción de la producción de café a gran escala y construcción de infraestructura ferroviaria para facilitarla
  • subasta de tierras ejidales de las comunidades indígenas para favorecer la formación de grandes fincas cafetaleras.

Es conveniente indicar que la “crueldad y tiranía” de Cerna mencionadas en el Acta, estaban dirigidas hacia los criollos liberales (como el caso del Mariscal Serapio Cruz -Tata Lapo- quien murió en batalla y cuya cabeza fue exhibida como trofeo por las tropas gubernamentales), pero que luego palidecerían comparadas con lo ocurrido con los perseguidos políticos durante los gobiernos liberales de Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico.  Asimismo, la deuda incurrida con la casa extranjera sería una pequeña fracción de la enorme deuda que dejó el general José María Reina Barrios con los bancos ingleses al morir en 1898 tras el colapso del precio internacional del café y que obligaron a su sucesor, el licenciado Manuel Estrada Cabrera, a establecer una fuerte alianza con los Estados Unidos y evitar así una invasión inglesa para cobrar la deuda.  (Esa deuda la pagó el presidente Ubico el 30 de junio de 1944, luego de años de austeridad en el manejo de la cosa pública).

BIBLIGRAFIA:

14 de mayo de 1896: se crea la “Compañía del Ferrocarril Verapaz y Agencias del Norte, Limitada”

El vapor del Ferrocarril Verapaz durante su travesía en el río Polochic en 1897.  Imagen tomada de La Ilustración del Pacífico.

Durante el gobierno del general J. Rufino Barrios, una parte de la Verapaz fue entregada en concesión a colonos alemanes para que cultivaran café a gran escala.  La colonia prosperó considerablmente gracias a las ventajas otorgadas por los gobiernos liberales y el 14 de mayo 1896 constituyeron la “Compañía del Ferrocarril Verapaz y Agencias del Norte, Ltda.”, mediante la firma de un contrato por noventa años entre el estado de Guatemala, entonces presidido por el general José María Reina Barrios, y el señor Walter Dauch, representante de la compañía mencionada. Dicho contrato preveía la construcción, mantenimiento y explotación de un tramo de ferrocarril entre el puerto pluvial de Panzós y el paraje de Pancajché, de treinta millas de extensión y cuyo principal objetivo era el transporte de la producción cafetalera.

Si bien la compañía obtuvo su personería jurídica el 14 de mayo de 1896, el contrato se estableció a noventa años, por lo que se contó su fecha de creación como el 15 de enero de ese año, tal y como lo especifica el siguiente decreto:

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 14 de mayo de 1896.

Con presencia de la escritura constitutiva y de los Estatutos de la “Compañía del Ferrocarril Verapaz y Agencias del Norte, Limitada”,

El Presidente de la República acuerda:

Darle su aprobación a ambos documentos, quedando reconocida como entidad jurídica dicha Compañía, y con la salvedad de que, al tratarse de los noventa años de la duración de la expresada Compañía, de que habla el artículo 5 de los Estatutos, se contará desde el día 15 de enero de 1894, fecha del contrato; debiéndose extender por el escribano de Cámara la certificación correspondiente.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el tespacho de Fomento, Manuel Morales T.

Una vez construido, su principal objetivo era transportar café a la Costa Atlántica, llegando hasta el puerto fluvial de Panzós, y de allí en vapores hasta Río Dulce por el río Polochic. El tren también ofrecía servicio de pasajeros dos veces a la semana, los días lunes y jueves; y además los días miércoles llegaba a Panzós un vapor de correos con pasajeros y carga procedente de Livingston, Izabal. Además de las terminales en Panzós y Pancajché, había estaciones en Santa Rosita, La Tinta, y Papalhá.

En 1898, se reportó que dada la riqueza del café producido en Cobán, que en ese entonces era la tercera ciudad más grande de Guatemala, se amplió el ferrocarril desde Panzós hasta esa ciudad.

BIBLIOGRAFIA:

11 de mayo de 1929: el gobierno del general Lázaro Chacón emite el Decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Educación y creación de la Escuela Normal Superior

 

Retrato del general Lázaro Chacón. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El general presidente Lázaro Chacón gobernó a Guatemala entre 1926 y 1930 tras vencer en las elecciones presidenciales al también general Jorge Ubico. Aunque su gestión no fue perfecta y fue acusado de corrupción, fue conocido en su época como “el presidente bueno” por su carácter benévolo, la construcción de infraestructura (el Congreso de la República y la Facultad de Ciencias Médicas) y sus políticas para el mejoramiento educativo y de vivienda luego de los terremotos de 1917-18, pero su memoria fue dejada en el olvido tras la llegada al poder el general Ubico, cuyos aduladores se ocuparon no solamente de minimizar el impacto del régimen de Chacón, sino de pintarlo como un completo incompetente.

Chacón emitió la reforma a la Ley Orgánica de la Educación el 11 de mayo de 1929, la cual comprendía la creación de la “Escuela Normal Superior” y los reglamentos que establecían sus finalidades y su plan de estudios. En el acuerdo de la creación se estableció como requisito esencial, para inscribirse y matricularse en el establecimiento, poseer el título de Maestro de Educación Primaria y al terminar los estudios correspondientes el derecho de obtener el título de Profesor Normal. Los egresado de esta institución, conocidos como “profesores normales” tenían derecho a ocupar los puestos siguientes:

  • direcciones de Escuelas Normales e Institutos de Secundaria
  • cátedras en dichos establecimientos
  • jefaturas de secciones en los departamentos escolar y administrativo del Ministerio de Instrucción Pública
  • inspecciones técnicas

Desafortunadamente, muchos de los cambios que el gobierno de Chacón intentó no pudieron llevarse a cabo, principalmente por problemas económicos, ya que durante su administración sufrió los primeros embates de la Gran Depresión de 1929 y la tensión que esto le produjo lo llevó a sufrir un derrame cerebral el 12 de diciembre de 1930.

Cuando el general Jorge Ubico tomó la presidencia en 1931, acabó con todas las novedades en materia educativa y dificultó seriamente las condiciones para el magisterio nacional ya que su enfoque principal era mantener la estabilidad económica de Guatemala frente a la Gran Depresión y proteger los intereses de la United Fruit Company y las élites locales. El proyecto educativo permaneció dormido hasta que fue retomado por el gobierno del doctor Juan José Arévalo.

BIBLIOGRAFIA: