Así lucía el terreno en donde ahora se encuentra el Palacio Nacional en la época en que el general Lázaro Chacón asumió la presidencia de Guatemala. El Arco Chino y el Cine fueron demolidos pocos años después. Al fondo se ve la Iglesia Presbiteriana Central, una de las primeras protestantes en Guatemala, la cual todavía sigue en ese lugar. En el recuadro: el general Lázaro Chacón. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El general José María Orellana no terminó su período de gobierno (aunque ya había comenzado a preparar su campaña de reelección) porque murió repentinamente en Antigua Guatemala el 26 de septiembre de 1926. La prensa de la época estaba amordaza y por lo tanto no hay mayores detalles sobre su muerte, lo que al cabo de los años generó varias teorías al respecto.
Al momento de la muerte de Orellana, el Primer Designado a la presidencia era el general Lázaro Chacón, quien asumió al día siguiente como presidente provisional, algo que era muy común en la época de los gobiernos liberales. Aunque Chacón no tenía la intención de seguir en la presidenciq, los ministros de Orellana lo convencieron de lanzar su candidatura para las elecciones que debían realizarse en octubre de ese mismo año. Esto fue también muy común en la época liberal, y así fue como llegaron al poder Manuel Lisandro Barillas tras la muerte de J. Rufino Barrios en 1885 y Manuel Estrada Cabrera tras la muerte de José María Reina Barrios en 1898.
A Chacón lo apoyaba el Partido Liberal Federalista, que era el mismo que había postulado al general Orellana en 1924, mientras que el relativamente nuevo Partido Liberal Progresista, lanzó la candidatura del General Jorge Ubico Castañeda, ex-ministro de la Guerra del general Orellana. La mantra del partido de Ubico era la búsqueda de reformas sociales y democráticas y el rechazo al imperialismo internacional, y estaba formado por miembros de la generación del 20, quienes habían participado activamente en el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera.
Las elecciones se cerraron el 5 de diciembre con el triunfo, como era de esperarse, candidato oficial. Los ubiquistas no aceptaron fácilmente los resultados porque creían tener la mayoría de votos, y aunque hubo protestas y acusaciones de fraude, al parecer el general Ubico no aprobó las medidas de hecho y esperó pacientemente su turno para llegar la presidencia. El recuento final mostró que Chacón ganó las elecciones con 287,412 votos frente a 36,940 de su oponente, pero es conviente indicar que el proceso eleccionario estuvo bajo el control absoluto del Ejecutivo.
Y así, el 18 de diciembre de 1926, Chacón fue confirmado en el poder y gobernó con buenas intenciones e impuso reformas educativas, pero no contaba con que la Gran Depresión de 1929 iba a destruir la economía del país y que él mismo iba a sufrir un desvastador derrame cerebral el 12 de diciembre de 1930, casi exactamente cuatro años después de haber asumido la presidencia.
La entrada a Río Dulce en 1887, en un grabado del libro “Guatemala, the Land of Quetzal”. En el recuadro, retrato oficial del presidente Barrilas que se conserva en el Museo Nacional de Historia. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
A fin de contar con la suficiente infraestructura para uso público en la costa Atlántica, a las orillas de los ríos navegables y del lago de Izabal, el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas emitió el siguiente decreto:
Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 24 de noviembre de 1890:
Considerando:
Que es conveniente que el Estado pueda disponer en las riberas del lago de Izabal, en las márgenes de los ríos navegables y en las costas, de los terrenos indispensables para usos públicos, el Jefe del Poder Ejecutivo, en observancia del artículo 595 del Código Fiscal,
Acuerda:
Artículo 1.°: El Estado se reserva, para usos públicos, el dominio de los terrenos baldíos comprendidos dentro de las zonas siguientes:
De 200 metros de ancho, contados alrededor y desde la orilla del lago de Izabal;
De 100 metros a cada lado de los ríos navegables, contados desde sus márgenes;
De 500 metros de ancho en las cosas del Atlántico contados desde sus playas.
Artículo 2.°: En consecuencia, en toda escritura de enajenación de terrenos baldíos adyacentes a dichas zonas, se harán constar las reservas del anterior artículo.
Comuníquese.
Barillas
Anguiano
Con este decreto, práticamente se aseguraba tener a su disposición todos los terrenos a las orillas de los cuerpos de agua del departamento de Izabal, que estaba por convertirse en un importante destino comercial con la construcción de Puerto Barrios y del Ferrocarril del Norte.
El padre de Manuel Estrada Cabrera era Pedro Estrada Monzón quien había sido hermano en el Convento de San Francisco hasta 1829, cuando el ejército del general liberal Francisco Morazán desterró de Centroamérica a los miembros de las órdenes regulares. Estrada Monzón no se fue de Guatemala, pero tuvo que renunciar a la vida monástica. Cuando nació su hijo Manuel, en Quetzaltenango en 1857, no quiso aceptar la paternidad que le exigía la madre, Joaquina Cabrera, pero llegó al acuerdo de ella tuviera la patria potestad del niño y que él los ayudara periódicamente.
Durante sus primeros años, la madre de Estrada Cabrera se dedicaba a vender dulces y alimentos en las casas de las familias acomodadas de Quetzaltenango, entre ellas la casa de la familia Aparicio, en donde tuvo un serio problema cuando fue acusada de robar unos cubiertos de plata y fue apresada, aunque fue luego absuelta. Este hecho causó una profunda impresión en Estrada Cabrera quien guardó rencor por los Aparicio y se vengó de ellos en 1897, cuando retrasó el telegrama de indulto que le perdonaría la vida a Juan Aparicio, hijo, luego de ser acusado de ser el líder de la Revolución Quetzalteca que había estallado contra el gobierno del general José María Reina Barrios, de quien Estrada Cabrera era Ministro de Gobernación.
Obtuvo una beca en el colegio de San José, que los jesuitas regenteaban en Quetzaltenango, en donde se distinguió por su inteligencia y caligrafía, aunque también sufrió la burla de sus compañeros que lo llamaban “bolitero” o “el hijo de la bolitera” por el trabajo de su madre. De hecho, de los jesuitas recibió la formación católica que lo caracterizaría en la presidencia, y de su madre el conocimiento de los ritos indígenas de la región occidental de Guatemala.
En 1872 ingresó al Instituto Nacional para Varones de Occidente de donde se graduó en 1874 a los 17 años obteniendo una felicitación personal del presidente J. Rufino Barrios, en su examen público de bachiller. En 1876, Barrios creó la Escuela Facultativa de Derecho y Notariado de Occidente, en la que se inscribió Estrada Cabrera en 1877 y en donde estudió con grandes penurias económicas y para poder continuar su carrera ocupó una plaza en el juzgado segundo de primera instancia de Quetzaltenango, fue director de una escuela de primeras letras, dio clases particulares e incluso se dedicó a la carpintería.
Se recibió con el título de licenciado en Derecho, y su bufete fue la base para su futuro despacho presidencial: era una pieza con puerta a la calle amueblado únicamente por una mesa de pino, dos estantes con pocos libros y un par de sillas; precisamente encima de la recepción había otra habitación a la que se subía por una escalera y en la que permanecía el licenciado, oculto a los que solicitaban sus servicios. Un escribiente de su confianza atendía en la recepción y cuando este no podía responder a alguna pregunta, se escuchaban sobre el entarimado de arriba unos toques en clave con la respuesta de Estrada Cabrera. Cuando la clave no era suficiente, entonces subía el escribiente a una señal convenida a recibir la respuesta de viva voz.
Afiliado al Partido Liberal, entonces en el poder, sirvió como juez de Primera Instancia en Retalhuleu, el mismo puesto en Quetzaltenango y, por último, magistrado de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones. Mientras estaba en la facultad conoció a Desideria Ocampo, pero el cortejo fue difícil porque el padre de la muchacha se oponía a la relación. Al fin, por su gran perseverancia consiguió la mano de Desideria, se casó con ella en 1884 y tuvo dos hijos: Diego y Francisco.
BIBLIOGRAFIA:
Arévalo Martínez, Rafael (1945). ¡Ecce Pericles!. Guatemala: Tipografía Nacional.
Vista aérea de la Penitenciaría Central y del Estadio “Autonomía” en la década de 1950. Este espacio es ocupado en el siglo XXI por el Ministerio de Finanzas y el Banco de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Una de las prisiones más lúgubres y terribles que han existido en la Ciudad de Guatemala es la trístemente célebre Penitenciaría Central, en donde purgaron sus condenas muchos presos varones entre 1881 y 1957, cuando fue finalmente clausurada por el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas. La estructura fue demolida en 1968 para dar luegar a la construcción del edificio del Ministerio de Finanzas Públicas y parte del Centro Cívico de la Ciudad.
La Penitenciaría empezó a recibir presos el 18 de noviembre de 1881, como lo muestra el siguiente decreto del general J. Rufino Barrios:
Palacio Nacional: Guatemala, 18 de noviembre de 1881
Habiéndose terminado ya la parte del edificio de la Penitenciaría de esta ciudad, destinada para recibir a los reos condenados por sentencia firme; y atendiendo, por una parte, a que allí se encontrarán éstos, por la amplitud del local y por otras favorables circunstancias en mejores condiciones que en la cárcel pública; y deseando además que cuando ántes vaya haciéndose la posible separación entre los que ya están condenados por ejecutoria a ciertas penas y los procesados que no lo están todavía, el Presidente de la República acuerda:
Que los presos que actualmente cumplen en la cárcel de hombres de esta capital condenas de obras públicas o de más de un año de prisión, sean trasladados a la Penitenciaría para continuar extinguiéndola allí, en la forma que proceda, conforme a los términos de la sentencia respectiva; y
Que igualmente sean trasladados al mismo edificio, para el cumplimiento de sus condenas, en los mismos términos expresados, los que en lo sucesivo fueren remitidos de los otros departamentos a la cárcel de éste o por los tribunales del último fueren condenados a pena que exceda de un año de arresto o que tenga la calidad de obras públicas.
Comuníquese.
J. Rufino Barrios
Cruz
Se inició así la triste historia del recinto, en donde muchos presos políticos padecieron torturas y vejámenes entre 1881 y 1957. Del gobierno de Barrios, y su ministro de la Guerra, Juan Martín Barrundia, se cuentan terribles historias sobre los tormentos que sufrían sus enemigos en la Penitenciaría, como indica el embajador mexicano Federico Gamboa en “Mi Diario“, publicado en 1910:
“A los términos de la calzada, dándole la espalda a edificio de líneas agradables, […], otro monumento muy italiano en su factura y en sus componentes, erigido a la memoria del general D. J. Rufino Barrios. Allí está él, cabalgando en brioso bridón que parece fuera a despeñarse, y empuñando en su diestra la bandera de esta patria suya, que él trató con tantísima crueldad y dureza tanta. ¿Será de veras la muerte un Leteo?…
Lo pregunto porque aún existen centenares de familias que le narran a usted pormenorizadamente las persecuciones horrorosas y los tormentos bárbaros que el general Barrios consumó en sus deudos muertos, y sin embargo, aquí está él, en monumento de bronce y mármoles, en actitud heroica, con coronas de flores agostadas que indican que la gratitud nacional viene y las deposita en el pedestal, de cuando en cuando; y una agrupación política, que se llama a sí misma liberal, ha hecho de la memoria de Barrios, tan escarnecida por algunos, su símbolo, su arquetipo y su modelo.
Si se tratara de escribir la historia de este país, ¿a quién habría que hacerle caso, a los que atacan al hombre con pruebas fehacientes en su contra, o a los que lo defienden y dignifican?… ¡Allá ellos!”
Guillermo F. Hall, un acomodado banquero de origen británico y padre de la escritoria Elisa Hall de Asturias, escribió su propio libro, “La Penitenciaría de Guatemala“, luego de haber estado en prisión por haberse negado a hacer negocios turbios con los allegados del presidente Manuel Estrada Cabrera. En su obra, Hall describe lo siguiente sobre la época de Barrios y Barrundia:
“Tata Juan” era el decano de la penitenciaría, había permanecido en ella desde su fundación. Había sido verdugo de los tiempos de Rufino Barrios y Barrundia. Era la conversación favorita de este rufián el referir a sus admiradores los crímenes que había cometido, tanto por cuenta propia, como en su carácter de verdugo. […] Hacía alarde de haber [asesinado] por su propia cuenta a veintiséis individuos; no recordaba a cuantos había dado muerte a palos en las bóvedas de la penitenciaría por orden de Barrunda y de Barrios -¡eran tantos! Contaba […] el modo cómo procedía a cumplir las órdenes de sus amos; cómo después de propinar a sus víctimas doscientos o trescientos palos, se acostaba un rato a descansar al arrullo de los ayes de su “paciente” [para luego reanudar] la tarea con más encarnizamiento, dándole palos sobre los ojos para deshacérselos, porque […] “así gritaban menos”.
Las atrocidades que sucedían en la lúgubre prisión no terminaron con la muerte de Barrios en 1885. Al contrario, en el libro “¡Ecce Pericles!“, el escritor conservador Rafael Arévalo Martínez describe lo que ocurría en el recinto a los presos políticos durante el gobierno de licenciado Manuel Estrada Cabrera, todos ellos miembros del Partido Conservador. Por su parte, en la obra “Hombres contra Ombres” del escritor Efraín De los Ríos, éste relata los vejámenes que sufrió en carne propia por los esbirros del presidente Jorge Ubico; De los Ríos menciona al famoso “Tatadiós“, quien residió muchos años en la Penitenciaría y era el cruel y desalmado encargado del denominado “callejón de los presos políticos”.
El escritor conservador Manuel Coronado Aguilar, quien estuvo preso en la Penitenciaría, escribió que “Roberto Isaac, alias “Tatadiós”, es una figura social-histórica guatemalense, digna de un minucioso estudio en los campos jurídico-criminológicos. Para unos, Roberto fue un delincuente vulgar, homicida reincidente; para otros, un hombre terrible, producto del hampa; para no pocos, un sujeto frustrado, de ímpetus irreflexivos; y para muy contados, nosotros entre éstos, un enfermo grave, que por haberlo abandonado nuestra sociedad que nunca o muy poco se ha preocupado de esta categoría de seres desglosados de la vida normal, se lanzó por el empinado atajo del crimen. Roberto Isaac entraba en un “estado patológico” siempre que ingería licor, el que lo obligaba a perturbaciones consecutivas mentales y hasta fisiológicas, de efectos extensivos, que lo precipitaban hacia la impulsión y hacia la tendencia morbosa.”
Incluso durante el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán hubo torturas en esta prisión, siendo una de las víctimas el coronel Carlos Castillo Armas, a quien sus allegados ayudaron a escapar cargándolo porque no podía caminar por los castigos recibidos.
BIBLIOGRAFIA:
Arévalo Martínez, Rafael (1945). ¡Ecce Pericles!. Guatemala: Tipografía Nacional.
Asociación de Amigos del País (2004). «Barillas, Roberto Isaac». Diccionario histórico biográfico de Guatemala. Guatemala: Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. ISBN 99922-44-01-1.
De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Tercera Edición, Fondo de Cultura de la Universidad de México.
El Periódico (2 de abril de 2005) «La Penitenciaría Central». elPeriódico. Guatemala. 2 de abril de 2005. Archivado desde el original el 14 de julio de 2014.
Recolecció del café en 1875. Nótese como todas las trabajadoras son mujeres indígenas. Fotografía de Eadweard Muybridge.
El 13 de noviembre de 1896 se publicó el siguiente decreto, como era muy común durante los gobiernos liberales:
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 13 de noviembre de 1896.
Visto el expediente de enajenación de un lote de terreno baldío denominado Sarrasquiché y Saquec Chut, situado en jurisdicción de San Pedro Carchá, departamento de la Alta Verapaz, compuesto de veinticinco caballerías, cuatro manzanas y mil setecientas cincuentidós varas cuadradas; y
Apareciendo que verificada la venta en pública subasta, fincó el remate en don Julio Hartmann, a razón de treinta y seis pesos por caballería;
Por tanto,
el Presidente de la República,
Acuerda:
Que previo el pago del precio, la Escribanía del Gobierno extienda a favor del señor Hartmann el título de propiedad correspondiente.
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Manuel Estrada C.
Analizando el decreto se desprenden numerosos aspectos importantes:
El lote que se enajenó no era un terreno baldío como dice el decreto, sino que había sido expropiado mediante subterfugios legales a las comunidades indígenas de la región y por ello se encontraba en el abandono. Esta fue una política de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de J. Rufino Barrios (1873-1885).
Todos tenían derecho a participar en la subasta de terrenos baldíos, incluídos los indígenas que habían sido sus propietarios originalmente. Pero por una razón u otra, siempre resultaba favorecido un cafetalero o un extranjero, que compraban una considerable extensión de tierra sumamente productiva por precios irrisorios.
Los extranjeros de la Verapaz eran alemanes, quienes habían llegado al país aprovechando la por demás generosa ley de Inmigración que emitió el gobierno de J. Rufino Barrios el 27 de febrero de 1879. Gracias a estas ventajas, a la enajenación de terrenos, al Reglamento de Jornaleros y a la disciplina teutona, amasaron grandes fortunas derivadas del cultivo del café en la región.
He aquí algunos aspectos de la ley de Inmigración de 1879, los cuales se reproducen textualmente para que el lector aprecie las grandes ventajas que tuvieron los inmigrantes durante los gobiernos liberales:
Se considera inmigrante para los efectos de esta ley a todo extranjero que, siendo jornalero, artesano, industrial, agricultor, profesor o apto para el servicio domestico y menor de cincuenta años y acreditando su moralidad y aptitudes, venga a la República espontáneamente, ó por cuenta de la Sociedad de Inmigración ó de particulares.
Todo inmigrante que hubiese obtenido cédula de inmigración, disfrutará de las siguientes ventajas generales:
Ser embarcado en los buques fletados al efecto.
Desembarcar gratis en los puertos de la República.
Introducir libres de derechos las prendas de uso, muebles de servico doméstico que sean precisos, máquinas, instrumentos de agricultura, semillas, casas portátiles para su habitación, herramientas, animales, carros destinados á su servício y comestibles para seis meses y por una sola vez.
Para gozar de otras ventajas exclusivas a cada una de las clases de inmigrantes, que por ahora podrán esperarse lleguen a la República, se dividirán estas en tres:
Inmigrantes que vengan espontáneamente y por su cuenta propia
Inmigrantes pedidos por particulares, o por la Sociedad.
Inmigrantes contratados por la Sociedad con el objeto de que formen reducciones agrícolas o aldeas, en puntos determinados.
Los de la primera clases, tendrán derecho a la mediación de la Sociedad, para facilitarles la cómoda adquisición de tierras, en el mejor lugar posible, así como la de los materiales, semillas y animales que necesiten.
Los de la segunda clases, cuando fueren pedidos por medio de la Sociedad, tendrán derecho a la intervención y apoyo de la Sociedad, en el cumplimiento de las oferta hechas por los particulares que los hayan pedido. Tendrán asimismo derecho a que se les facilite su traslación al interior, a ser alojados por los agentes de la Sociedad,durante los primeros quince días.
Los de la tercera clase, tendrán derecho a exigir uno o más lotes en el terreno que la Sociedad haya destinado a este fin, gratuitamente, si fuere en terrenos baldís, o pagadero en los términos que en el contrato se fijen, si el terreno fuese de los que la Sociedad adquiere por cualquier otro título.
Finalmente, otras ventajas eran:
El Estado proteje el establecimiento de estas reducciones agrícolas ó nuevas poblaciones, a efecto de hacer cultivar los terrenos baldíos y los particulares ó de introducir mejores sistemas en los ya cultivados.
Las aldeas ó reducciones agrícolas podran establecerse en terrenos baldíos, concedidos gratuitamente y en terrenos de particulares, ó adquiridos por la Sociedad á título oneroso ó gratuito, mediante contratos especiales en cada caso.
El primer inmigrante alemán fue Rodolfo Dieseldoff, todavía durante el régimen conservador de Rafael Carrera en 1863, y fue quien se benefició de mayor manera con las ventajas otorgadas a los inmigrantes por los gobiernos liberales, que de esta manera realizaron la segunda colonización de Alta Verapaz.
El palacio de la Policía Nacional en la década de 1970, construido durante el gobierno del general Jorge Ubico. Imaen tomada de Wikimedia Commons.
El 1 de junio de 1944, el gobierno del general Jorge Ubico incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, pero solo para aquellos que ganaban menos de 15 quetzales mensuales, lo que dejaba fuera a los maestros, quienes reaccionaron con una serie de protestas pacíficas con el fin de ser beneficiados con ese aumento. Por su parte, los estudiantes universitarios iniciaron marchas pacíficas para exigir la destitución de sus decanos, ya que, durante el gobierno de Ubico, las Escuelas Facultativas eran dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y las autoridades eran nombradas directamente por el presidente de la República. Ubico accedió a cambiar a los decanos, pero los sustitutos, nombrados por el presidente, no fueron del agrado de los estudiantes, quienes en consecuencia redoblaron sus protestas.
Cuando el gobierno suprimió las garantías constitucionales luego de las protestas de los estudiantes universitarios un grupo de 311 ciudadanos le envió la siguiente misiva:
Señor Presidente de la República:
Los suscritos ciudadanos guatemaltecos, en ejercicio del derecho garantizado por el artículo 22 de la Constitución de la República, nos dirigimos a usted con las muestras de nuestro mayor respeto y exponemos:
El día de hoy promulgó su gobierno el Decreto No. 3114, que restringe las garantías constitucionales. La parte considerativa de esta disposición consigna que elementos disociadores de tendencias nazi-fascistas perturban gravemente la paz de la República procurando obstaculizar al gobierno el mantenimiento del orden. Es por todos conocida la génesis de ese decreto, y la propia Secretaría Presidencial, en un boletín dado a publicidad en la prensa, la funda en la acción de problemas de orden interno de la Universidad.
La opinión pública espontáneamente se ha solidarizado con las aspiraciones de los estudiantes en esta hora trágica en que la flor de la juventud de los países libres ofrendan sus vidas en defensa de los altos ideales de la humanidad y de la democracia, a cuya causa está afiliada nuestra patria.
Es por ello doloroso ver que el Primer Magistrado de la Nación, sin duda basado en informaciones inexactas, tendenciosas e interesadas, haya lanzado a la juventud el grave cargo de nazi-fascismo. La juventud, señor Presidente, jamás vibra al impulso de mezquinas tendencias y, por el contrario, interpreta y encarna los ideales más limpios y las más nobles aspiraciones. La de Guatemala no es en este caso una excepción. Convencidos de la pureza de los ideales de la juventud universitaria guatemalteca, nos sentimos obligados, como ciudadanos conscientes, a solidarizarnos plenamente con sus legítimas aspiraciones.
Es así como, movidos tan sólo por nuestro fervoroso patriotismo, venimos a rogar la ilustrada atención de usted acerca de los apremios de la hora actual y del imperativo del deber, sentido por todos, de que el Gobierno se encauce hacia metas prometedoras que aseguren el derecho y satisfagan las legítimas aspiraciones de la familia guatemalteca. El decreto de suspensión de garantías ha venido a crear una situación de intranquilidad y zozobra que agudiza la angustia de la hora en que vive la humanidad, en vez de asegurar la paz y el orden que pareció inspirarlo.
La restricción de garantías crea una situación de hecho, en la cual el pueblo carece de medios legales para manifestar sus justos anhelos y es susceptible de provocar consecuencias funestas que, como guatemaltecos conscientes, seríamos los primeros en deplorar.
Ante un régimen de derecho, la ciudadanía actúa dentro de la legalidad. Una situación de hecho engendra, tarde o temprano, una reacción de violencia. Con toda hidalguía reconocemos que la actual administración presidida por usted ha hecho, en lo material, obra constructiva. Empero, su labor, como todo lo humano, no ha llegado a satisfacer muchas aspiraciones populares por falta de medios de libre expresión.
Alrededor de los gobernantes actúan y medran fuerzas burocráticas e intereses creados que se fortalecen con el transcurso de los años y que llevan al mandatario visiones falseadas de la realidad ambiente. Por esta razón debe desconfiarse siempre de las “adhesiones” que, nacidas del temor o del interés, llegan hasta el gobernante a través del mecanismo oficial, las cuales jamás presentan el auténtico “sentimiento popular”. Seguramente corresponderá a usted aquilatar muy pronto el valor de tales “adhesiones”, a diferencia de la genuina sinceridad que nos anima.
Guatemala no puede substraerse a los imperativos democráticos de la época. Es imposible frustrar con medidas coercitivas los incontenibles impulsos de la generosa ideología que está reafirmándose en la conciencia universal a través de la más sangrienta de las luchas libradas entre la opresión y la libertad.
Estamos seguros, señor Presidente, de que su espíritu comprensivo acogerá la presente gestión con el mismo interés patriótico que nos mueve a dirigírsela. Confiados en él, pedimos lo siguiente:
El restablecimiento de las garantías suspendidas, para que el pueblo pueda gozar, sin demora, de la plenitud de sus derechos constitucionales; y
Dictar las disposiciones pertinentes a fin de que tales garantías tengan plena efectividad.
De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
Estrada, A. (1979). Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. pp. 559-574.
Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
El general Manuel L. Barillas con uno de sus hijos en la década de 1890. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Los presidentes de los regímenes liberales se caracterizaron por modificar la Constitución de la República cuando ésta no les permitía gobernar de la forma que les conviniera. Por ejemplo, J. Rufino Barrios le dió largas a la redacción de la Constitución y gobernó de facto amparándose en el Acta de Patzicía hasta que finalmente se emitió la Constitución de 1879 con la que empezó su primer período constitucional el 15 de marzo de 1880, cuando ya llevaba casi siete años en la presidencia. Su sobrino, el general José María Reina Barrios, modificó la constitución en 1897 y extendió su mandato presidencial de seis a diez años, aunque no vivió para verlo. Y, finalmente, tanto el licenciado Manuel Estrada Cabrera y como el general Jorge Ubico modificaron la constitución para eliminar el requisito de la no-reelección y se perpetuaron en el poder hasta que fueron derrocados.
En el caso del presidente menos conocido de la época liberal, el general Manuel Lisandro Barillas, duranate tu régimen se modificó la constitución en dos oportunidades. La primera, el 20 de octubre de 1885 y la segunda el 5 de noviembre de 1887; la primera vez, para restringir el poder ejecutivo y evitar que el presidente gobernara con las liberatades que se habían disenado para J. Rufino Barrios, y la segunda, para eliminar las restricciones al ejecutivo y facilitar su labor al frente del gobierno. Presentamos a continuación el Acta por la que se modificó la constitución en 1885, con algunas observaciones sobre los principales puntos:
El artículo 5. ° queda así:
Son naturales:
1. ° — Todas las personas nacidas ó que nazcan en territorio de la República, cualquiera que sea la nacionalidad del padre, con escepción de los hijos de los ajentes diplomáticos.
2. ° — Los hijos de padre guatemalteco ó hijos ilejítimos de madre guatemalteca nacidos en país extranjero, cuando conforme á las leyes del lugar del nacimiento les corresponda la nacionalidad de Guatemala ó cuando les diere derecho de elejir y optaren por la guatemalteca.
3. ° — Sin embargo de los principios generales establecidos en los incisos anteriores, el Gobierno de la República podrá estipular tratados con las naciones amigas consultando los intereses del país al fijar las cláusulas que afecten á la nacionalidad, siempre que al mismo tiempo haya reciprocidad.
El artículo 6. ° queda así:
Se consideran también como guatemaltecos naturales á los originarios de las otras Repúblicas de Centro-América que manifiesten ante la autoridad competente el deseo de ser guatemaltecos.
El artículo 8. ° queda como sigue:
Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de veintiún años que sepan leer y escribir; o que tengan renta, industria, oficio ó profesión que les proporcione medios de subsistencia.
(Nota de HoyHistoriaGT: esto dejaba fuera a las mujeres, y a los indígenas que trabajaban como colonos jornaleros. Años después este artículo fue ampliado para introducir a los soldados analfabetos y así facilitar la elección de militares).
El artículo 11 se reforma en los siguientes términos:
Todo poder reside originariamente en la nación: los funcionarios no sun dueños sino depositarios de la autoridad, sujetos y jamás superiores á la ley y siempre responsables, civil ó criminalmente, por su conducta oficial. Cualquier ciudadano puede acusarlos por los actos con que inflinjan la Constitución ó las leyes, ó comprometan el honor, la seguridad ó los intereses del país; y por los delitos que cometan de carácter oficial ó comunes que no sean de naturaleza privada.
(Nota de HoyHistoriaGT: este es un artículo que no se ha cumplido ni con los gobiernos liberales ni con ningun otro gobierno. Todos los presidentes que siguieron estuvieron por encima de la ley y solamente el licenciado Manuel Estrada Cabrera tuvo que enfrentar proceso legal. Los demás fueron asesinados o salieron a un exilio dorado, como en el caso del general Jorge Ubico.)
El artículo 20 queda reformado así:
La industria es libre. El autor ó inventor goza de la propiedad de su obra ó invento por un tiempo que no exceda de quince años; mas la propiedad literaria es perpetua. También podrá el Ejecutivo, de acuerdo con el Consejo de Estado, otorgar concesiones por un término que no pase de diez años á los que introduzcan ó establezcan industrias nuevas en la República, cuando sea conveniente a los intereses de ésta por la naturaleza y circunstancias de aquellas, debiendo dar cuenta á la Asamblea en la próxima Legislatura para su aprobación ó desaprobación.
(Nota de Hoy HistoriaGT: actualmente la propiedad intelectual es de 75 años. Por otra parte, las concesiones que otorgaron los gobiernos que siguieron fueron de hasta 99 años, pasando por alto la restricción que se estipula en este artículo dados los beneficios que le representaban al presidente de turno).
El artículo 42 queda como sigue:
La Asamblea no puede tener sesión sin la concurrencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se compone, salvo para la calificación de credenciales – para lo cual basta el número de quince Diputados y para dictar á su vez las medidas conducentes á que no deje de haber mayoría en la Asamblea.
(Nota de HoyHistoriaGT: para no tener que cumplir este requisito, el presidente José María Reina Barrios disolvió la Asamblea en 1897 y reunió otra de forma precipitada entre sus allegados).
El artículo 52 se reforma así:
Corresponde al Poder Legislativo:
1. ° — Abrir y cerrar las sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. ° — Hacer el escrutinio de votos para Presidente y Vice-presidente de la República y proclamar popularmente electos á los ciudadanos que respectivamente hubieren obtenido mayoría absoluta de votos.
3. ° — Elegir Presidente y Vice-Presidente entre los tres candidatos que respectivamente hayan obtenido el mayor número de sufragios en el caso en que no hubiere elección popular por falta de mayoría absoluta de votos.
(Nota de HoyHistoriaGT: este sistema se mantuvo vigente hasta la elección del general Fernando Romeo Lucas en 1978).
4. ° — Nombrar la persona que se haga cargo del Poder Ejecutivo cuando iea>convu.ada para ello, por falta absoluta dol Presidente y Vice-presidente.
5. ° – Dar posesión al Presidente y Vice-Presidente de la República y recibirles las protestas de ley.
6.° — Nombrar al Presidente del Poder judicial y á los Magistrados y Fiscales de los Tribunales de Justicia.
El artículo 54 se modifica de la manera siguíente:
Son también atribuciones del Poder Legislativo:
1.° — Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes que deben regir en todos los ramos de la Administración.
2. ° — Fijar cada año los gastos de la Administración pública, aprobando ó reprobando el presupuesto que debe presentar el Poder Ejecutivo.
3. ° — Decretar las contribuciones ó impuestos ordinarios que se necesiten para cubrir el presupuesto de los gastos de la Administración y los créditos reconocidos.
5. ° — Decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exija.
10. — decretar pensiones y honores públicos por grandes servicios prestados á la nación.
11. — Aprobar ó reprobar los actos que hubiere practicado el Poder Ejecutivo en ejercicio de la autorización que se le haya concedido por la Asamblea conforme al inciso 6. °
12. — Conferir los grados de Brigadier y Jeneral de División cuando el Ejecutivo lo proponga y acompañe para el efecto la hoja de servicios del agraciado.
13. — Declarar la guerra y aprobar los tratados de paz.
14. — Decretar los indultos jenerales cuando lo exigiere la conveniencia pública.
15. — Admitir ó nó, según lo estime conveniente, la renuncia que haga el Presidente ó Vice-presidente de la República,
16. — Conceder ó nó permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio de Centro- América.
El artículo 66 se modifica así:
El período de la Presidencia es de cuatro años. El Presidente ó la persona que haya ejercido la Presidencia de la República, no podrán ser reelectos para ésta, sin que intermedie un período constitucional. Tampoco el presidente podrá ser electo Vice-Presidente para el período inmediato.
(Nota de HoyHistoriaGT: Barillas volvió a modificar la Constitución en 1887, para extender el mandato presidencial a seis años y eliminar las restricciones que esta constitución le imponía).
El artículo 60 queda reformado así:
Habrá un Vice-Presidente elejido popularmente en la misma forma y al propio tiempo que el Presidente, y en qnien se requieren las mismas cualidades que en éste.
En caso de falta absoluta del Presidente de la República, entrará desde luego el Vice-Presidente á ejercer la Presidencia por todo el tiempo que falte para completar el período constitucional.
Por falta absoluta del Vice-Presidente antes de entrar en el ejercicio de la Presidencia, se procederá á nuevas elecciones para ese cargo por aquel período.
Por falta absoluta del Vice-Presidente que estuviere ejerciendo la Presidencia, el Presidente del Poder Judicial entrará á ejercer las funciones de Presidente de la República, y el mismo día convocará a la Asamblea para que,á más tardar dentro de un mes, se reúna y designe la persona que ha de llenar la vacante por el tiempo que falte del período. En las faltas accidentales se sustituyen en el mismo orden.
(Nota de HoyHistoriaGT: esta fue la primera modificación constitucional en que se introdujo la figura del Vice-presidente. La misma fue retirada en las subsecuentes modificaciones y se regresó al sistema de nombrar designados a la presidencia).
El artículo 72 queda como sigue:
Para ser Secretario de Estado se requiere ser mayor de veintiún años y del estado seglar: hallarse en ejercicio de los derechos de ciudadano y no ser contratista de obras ó servicios públicos, ni tener pendientes de resultas de esas contratas, reclamaciones de interés propio.
(Nota de HoyhistoriaGT: se prohibe a los contratistas del estado ser ministros de Estado. Algo que no se ha cumplido en la práctica.)
Artículo transitorio.
Las presentes reformas no alteran en nada el uso de las facultades de que actualmente se halla investido el General M. Lisandro Barillas, para ejercerla hasta que tome posesión el Presidente constitucional que resultare electo y para convocar á elecciones de Diputados á la próxima Asamblea Lejislativa. La prohibición de reelección comenzará á tenor efecto en las, elecciones para el periodo de 1890 á 1894.
(Nota de HoyhistoriaGT: el general Barillas resultó electo presidente constitucional en 1886 y luego modificó la constitución nuevamente para extender el período presidencial a 6 años).
Pasa al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.
Dado en el Salón de Sesiones, en Guatemala. a veinte de octubre de mil ochocientos ochenta y cinco y sexagésimo cuarto de la Independencia de Centro-América.
Entre los firmantes estaban:
Joaquín Macal, Presidente de la Asamblea. Luego sería Ministro de Estado.
José M. Reina B., Diputado por San Marcos. Luego sería presidente de 1892 a 1898.
Captura de un colaborador del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Obsérvese a la tropa descalza y mal uniformada. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
En 1873, debido a la inestabilidad política, el gobierno del general J. Rufino Barrios estableció estrictos lineamientos para cumplir con el servicio militar obligatorio. Para entonces la reforma agraria introducida por ls Revolución Liberal estaba en marcha, y ya se habían formado grandes fincas con los terrenos expropiados a las órdenes religiosas y a las comunidades indígenas. En esas fincas ya estaban trabajando mozos colonos pues el cultivo del café requería de grandes cantidades de mano de obra. Por otra parte, la Nacional y Pontifica Universidad de San Carlos había sido clausurada y había sido sustituida por varias Escuelas Facultativas en las que estudiaban aproximadamente ciento cincuenta universitarios en total. En esa época solamente los hijos varones de las clases altas estudiaban en las facultades, las cuales tenían una orientación laica y práctica, en vez de la orientación católica que tenía la Pontificia Universidad.
El reclutamiento para el servicio militar no era el mismo para los indígenas que trabajaban en las fincas que para los estudiantes universitarios, como lo demuestran los siguientes dos decretos emitidos el 16 y 17 de octubre de 1873:
Palacio del Gobierno: Guatemala, octubre 16 de 1873.
En el deseo de protejer debidamente el ramo de la agricultura, conciliando las prevenciones de la ley sobre servicio militar: el General Presidente de la República, tiene a bien disponer que en lo sucesivo, los individuos empleados en fincas, que vivan en ellas y estén obligados a las listas militares del Cuerpo a que pertenezcan, pasen lista a fin de cada semana en la propia finca, ante el dueño ó administrador de ella, quien al siguiente dia entregará una copia de dicha lista al Comandante del lugar más próximo, para constancia; que el primer domingo de cada mes, los trabajadores concurran personalmente á pasar lista ante el Comandante local que haya recibido las listas parciales de cada semana; y por último, que los respectivos Comandantes, cuando necesiten cubrir el servicio militar, lo verifiquen pidiendo a cada finca, por conducto del dueño ó administrador, el número de hombres que corresponda, debiendo abstenerse de enviar patrullas a tomarlos, mientras no observen que sus disposiciones no han sido obedecidas.
Comuníquese.
Rubricado por el señor Jeneral Presidente.
Samayoa.
En resumen: este decreto dejaba a los campesinos prácticamente obligados a prestar servicio militar hasta que dicho requisito se eliminara.
Por otra parte, he aquí el decreto relativo a los estudiantes universitarios:
Palacio del Gobierno: Guatemala, octubre 17 de 1873.
Traída a la vista la exposición que han elevado al Gobierno los pasantes de derecho, contraída a pedir se les exonere del servicio militar míentras llegan al término de su carrera literaria, fundándose en que los pocos recursos con que cuentan, no permiten excepcionarse pagando la contribución establecida.
Considerando justa la mencionada solicitud, y deseando el Gobierno allanar todo embarazo de la instrucción de la juventud, tiene a bien acordar el General Presidente de la República: que tanto 1os pasantes de derecho, como los de medicina y cursantes de la Universidad, los cuales se hallan en el mismo caso que los que han solicitado esta gracia, queden exceptuados del servicio de 1as armas, por el tiempo que deban concurrir clases para terminar sus respectivas carreras. El Jefe Político del Departamento, estenderá los boletos del caso por un período de seis meses, con vista de certificación de los catedráticos en que conste la regular asistencia del solicitante a las clases; y estos boletos deberán renovarse cada seis meses, presentándose igual certificación.
Comuníquese.
Rubricado por el señor General Presidente.
Samayoa
Por supuesto, al terminar la carrera universitaria tenían fondos suficientes para excepcionarse del servicio militar, quedando así libres de prestar servicio militar alguno.
Casa en donde nació el general J. Rufino Barrios en San Lorenzo, San Marcos. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano, publicada en “La Locomotora” en 1906.
El poder de los dictadores que gobernaron a Guatemala durante exactos cien años exactos entre 1844 y 1944 fue prácticamente absoluto. Y a la par de su enorme poder, existía un servilismo sin límites de una sociedad que no perdía la oportunidad de demostrar sus parabienes al gobernante de turno. Las demostraciones de sumisión iban desde manifiestos de adhesión en los periódicos (que de por sí estaban llenos de propaganda a favor de la figura presidencial) hasta el colmo de ofrecer a las hijas y esposas al gobernante a cambio de favores. De hecho, para que se de una idea el lector, al Mariscal Vicente Cerna le pusieron de apodo “huevo santo” porque prohibió la costumbre que tenía el general Rafael Carrera de que lo recibieran jovencitas en cada poblado que visitaba.
Los gobiernos liberales no se quedaron atrás. En el caso del gobierno del general J. Rufino Barrios, cuando se ausentó del país para viajar a Nueva York y preparar la firma del Tratado Herrera-Mariscal en donde renunció definitivamente al reclamo territorial que tenía Guatemala sobre el territorio de Chiapas y Soconusco, el encargado de la presidencia, general José María Orantes, dispuso que los gastos de las celebraciones por el retorno del presidente corrieran por cuenta del erario público. Orantes indicó que había que celebrar al “benemérito” general Barrios por sus “altos merecimientos” y por ser un “sentimiento unánime de la nación”; y de hecho, cuando el embajador de Guatemala en los Estados Unidos, licenciado Lorenzo Montúfar, renunció a su cargo en protesta por el tratado de límites con México, Orantes lo declaró traidor y hubo muchas publicaciones anunciando su adhesión a Barrios y su descontento con Montúfar.
He aquí el texto del aquel decreto de 16 de octubre de 1882, para que el lector se de una idea hasta donde ha llegado la sociedad guatemalteca cuando de servilismo se trata:
Palacio Nacional: Guatemal, 16 de octubre de 1882
Estando para regresar del exterior el Presidente Constitucional de la República, y debiendo recibírsele de una manera que corresponda a sus altos merecimientos, y esté en consonancia con el sentimiento unánime de la Nación, el Señor General encargado de la Presidencia, acuerda: Que por el Tesoro público se hagan todos los gastos que ocasiones la receipción del Benemérito General D. J. Rufino Barrios.
Comuníquese.
Rubricado por el señor General encargado de la presidencia.
Díaz Mérida
A este decreto le siguió otro en término similares publicado el 17 de octubre:
Palacio Nacional: Guatemala, 17 de octubre de 1882.
En el deseo de dar mayor solemnidad a la celebración del regreso del Señor Presidente de la República, General D. J. Rufino Barrios, el General encargado de la Presidencia, acuerda: El día en que el Benemérito de la Patria ingresa a esta ciudad y el siguiente, serán consideradores como festivos y en consecuencia, durante ellos, permanecerán cerrados los Tribunales y oficinas públicas y los establecimientos de enseñanza de la capital.
Comuníquese.
Rubricado por el Señor General encargado de la Presidencia
Los miembros de la Comisión Guatemalteca de Límites con México. Al centro, el ingeniero Claudio Urrutia, director de la Comisión. Imagen tomada de “La Ilustración Guatemalteca“, publicada cuando los límites finalmente fueron fijados en 1896.
Reproducimos a continuación el tristemente célebre tratado de Herrera-Mariscal, por medio del cual Guatemala renunció para siempre a su reclamo territorial sobre Soconusco y el Estado de Chiapas, para resolver la incertidumbre de las poblaciones limítrofes dada la poca claridad de los límites, y sin pedir nada a cambio en restitución.
He aquí el texto completo del tratado para que los juzgue el lector:
Los Gobiernos de Guatemala y de México, deseosos de terminar amistosamente las dificultades existentes entre ambas Repúblicas, han dispuesto concluir un tratado que llene tan apetecible objeto; y á ese fin han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios; á saber:
El Presidente de la República de Guatemala, á don Manuel Herrera hijo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de México; y el Presidente de la República Mexicana, á don Ignacio Mariscal, Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores; quienes, después de presentarse mutuamente sus respectivos poderes, hallándolos en debida forma y teniendo á la vista los preliminares firmados por los
Representantes de ambas Naciones en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de América, el doce de agosto del corriente año, han convenido en los artículos siguientes:
Artículo 1.° — La República de Guatemala renuncia para siempre los derechos que juzga tener al territorio del Estado de Chiapas y su Distrito de Soconusco, y en consecuencia, considera dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2.° — La República Mexicana aprecia debidamente la conducta de Guatemala y reconoce que son tan dignos como honrosos los fines que le han inspirado la anterior renuncia, declarando que, en igualdad de circunstancias, México hubiera pactado igual desistimiento. Guatemala, por su parte, satisfecha con este reconocimiento y esta declaración solemne, no exigirá indemnización de ningún género con motivo de la
estipulación precedente.
Artículo 3.° — Los límites entre las dos Naciones serán á perpetuidad los siguientes:
La línea media del río Suchiate, desde un punto situado en el mar, á tres leguas de su desembocadura, río arriba, por su canal más profundo, hasta el punto en que el mismo río corte el plano vertical que pase por el punto más alto del volcán de Tacaná y diste veinticinco metros del pilar más austral de la garita de Talquián, de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala;
La línea determinada por el plano vertical definido anteriormente, desde su encuentro con el río Suchiate hasta su intersección con el plano vertical que pase por las cumbres de Buenavista é Ixbul;
La línea determinada por el plano vertical que pase por las cumbres de Buenavista, fijada ya astronómicamente por la Comisión científica mexicana, y la cumbre del cerro de Ixbul, desde su intersección con la anterior hasta un punto á cuatro kilómetros adelante del mismo cerro;
El paralelo de latitud que pasa por este último punto, desde él, rumbo al Oriente, hasta encontrar el canal más profundo del río Usumacinta, ó el del Chixoy, en el caso de que el expresado paralelo no encuentre al primero de estos ríos;
la línea media del canal más profundo, del Usumacinta en un caso, ó del Chixoy y luego del Usumacinta, continuando por este, en el otro, desde el encuentro de uno u otro río con el paralelo anterior, hasta que el canal más profundo del Usumacinta encuentre el paralelo situado á veinticinco kilómetros al Sur de Tenosique en Tabasco, medidos desde el centro de la plaza de dicho pueblo:
El paralelo de latitud que acaba de referirse, desde su intersección con el canal más profundo del Usumacinta hasta encontrar la meridiana que pasa á la tercera parte de la distancia que hay entre los centros de las plazas de Tenosique y Sacluc, contada dicha tercera parte desde Tenosique;
Esta meridiana, desde su intersección con el paralelo anterior hasla la latitud de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17°49′) ;
El paralelo de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos, (17°49′), desde su intersección con la meridiana anterior indefinidamente hacia el Este.
Artículo 4.° Para trazar la línea divisoria con la precisión debida en mapas fehacientes, y establecer sobre el terreno,monumentos que pongan á la vista los límites de ambas Repúblicas, según quedan descritos en el anterior artículo, nombrará cada uno de los dos Gobiernos una comisión científica. Ambas comisiones se reunirán en Unión Juárez, á más tardar á los seis meses contados desde el canje de ratificaciones de este Tratado, y procederán desde luego á practicar las expresadas operaciones. Llevarán diarios y levantarán planos de las mismas, y el resultado de sus trabajos, convenido por ellas, se considerará parte de este Tratado, y tendrá la misma fuerza que si estuviere en él inserto. El plazo para la conclusión de dichas operaciones será de dos años contados desde la fecha en que las comisiones se reúnan. Si una de las dos no estuviere presente en el término de seis meses antes fijado, la otra comenzará, a pesar de ello sus trabajos y los que ejecutare aisladamente tendrán la misma fuerza y validez que si fueran de ambas comisiones. Los dos Gobiernos celebrarán á la mayor brevedad un arreglo para determinar los detalles relativos á estas comisiones y sus trabajos.
Artículo 5.° — Los nacionales de cualquiera de las dos partes contratantes que, en virtud de las estipulaciones de éste Tratado, queden para lo futuro en territorio de la otra, podrán permanecer en ellos ó trasladarse en cualquier tiempo á donde mejor les convenga, conservando en dichos territorios los bienes que posean ó enajenándolos y pasando su valor á donde quisieren, sin que por esto último pueda exigírseles ningún género de contribución, gravamen ó impuesto. Los que prefieran permanecer en los territorios cedidos, podrán conservar el título y derechos de nacionales del país á que antes pertenecían dichos territorios, ó adquirir la nacionalidad de aquel á que van á pertenecer en lo de adelante. Más la elección deberá hacerse entre una y otra nacionalidad dentro de un año contado desde la fecha del canje de las ratificaciones del presente Tratado; y los que permanecieren en dichos territorios después de trascurrido el año, sin haber declarado su intención de retener su Antigua nacionalidad, serán considerados como nacionales de la otra parte contratante.
Las propiedades de todo género existentes en los territorios cedidos, serán respetadas inviolablemente; y sus actuales dueños, sus herederos y los que en lo sucesivo puedan adquirir legalmente dichas propiedades, disfrutarán respecto de ellas tan amplias garantías como si perteneciesen á nacionales del país en que están situadas.
Artículo 6.° — Siendo el objeto de ambos Gobiernos, al ajustar el presente Tratado, no sólo poner fin á las dificultades existentes entre ellos, sino terminar y evitar las que se originan entre pueblos vecinos de uno y otro país, á causa de la incertidumbre de la línea divisoria actual, se estipula que, dentro de seis meses de reunidas, las comisiones científicas de que habla el artículo 4.° enviarán de común acuerdo á sus Gobiernos una noticia de aquellas poblaciones, haciendas y rancherías, que sin duda ninguna deban quedar en determinado lado de la línea divisoria convenida en el artículo 3.° Recibida esa noticia cada uno de los dos Gobiernos estará facultado para expedir desde luego las órdenes convenientes á fin de que su autoridad se establezca en aquellos puntos que deban quedar dentro del territorio de su nación respectiva.
Artículo 7.° — El presente Tratado será ratificado conforme á la constitución política de cada una de las dos Repúblicas; y el canje de las ratificaciones se verificará en esta capital á la mayor brevedad posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firmaron y sellaron el presente tratado.
Hecho en dos originales en la ciudad de México, á veintisiete de septiembre de mil ochocientos ochenta y dos.
(F.) lgnacio Mariscal.
(F.) Manuel Herrera, hiio.
Aprabado por la Asamblea Decreto número 27 de 25 de diciembre de 1882; ratificado por el Gobierno el 29 del mismo.
A pesar de lo estipulado originalmente en el tratado, los límites no se pudieron concluir sino hasta en 1896, dada la gran dificultad topográfica que presentaba el terreno.
