14 de noviembre de 1925: muere Manuel Herrera Moreno, poderoso ministro de Fomento del general J. Rufino Barrios entre 1876 y 1882

Herrera Moreno se graduó de abogado de la Facultad de Derecho y Notariado en 1873,1 y el 27 de noviembre de año se casó con Ernestina Ubico y Urruela,2 hermana del licenciado también licenciado Arturo Ubico Urruela, compañero de Herrera en la Facultad1 y padre del general Jorge Ubico. (Por cierto que Arturo Ubico también era ministro de Barrios, y luego fue presidente de la Asamblea Legislativa durante todo el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera).

Herrera Moreno era medio hermano de Carlos Herrera, quien luego sería presidente de la República en 1920.2

Herrera Moreno fue el artífice de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno del general J. Rufino Barrios y junto con los otros Ministros de Estado fue también uno de los diputados constituyentes que redactó la Constitución de 1879, con la que Barrios pudo extender su gobierno hasta 1886.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Facultad de Derecho y Notariado de Guatemala (31 de enero de 1902). La Escuela de Derecho. Guatemala: Facultad de Derecho y notariado de Guatemala. 12 (1) p. 4.
  2. Geni (2020) Manuel María Herrera y Moreno. Geni.com
  3. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 345.

 

3 de abril de 1877: el gobierno de J. Rufino Barrios implementa el Reglamento de Jornaleros autorizando a los cafetaleros a pagar salarios ínfimos a los campesinos indígenas

3abril1877
Una niña indígena recoge la cosecha de café en una finca cafetalera propiedad de alemanes en Alta Verapaz en Guatemala en 1934.  En el recuadro: la familia alemana propietaria de la finca.  El reglamento de jornaleros y la expropiación de tierras comunales indígenas que realizó Barrios en 1877 permitieron la formación de grandes latifundios cafetaleros a expensas de la propiedad y trabajo indígenas.  Fotogramas tomados del documental fílmico “Guatemala Expedition (1933-1934)“. 

La Reforma Liberal fue en realidad una profunda Reforma Agraria que favoreció a los criollos liberales, iniciando en 1877, cuando el general presidente J. Rufino Barrios vió que la expansión del cultivo del café sería la base financiera que iba a permitirle a él y a sus correligionarios convertirse en potentados que podían rivalizar con los “nobles” aristócratas.1

Solamente había un problema para los planes de Barrios:  la población indígena.  Para salir de ese problema, Barrios implementó dos programas de Reforma Agraria:

  1. Abolición de la propiedad comunal indígena para que las tierras pudieran ser compradas a precios de ganga por inversionistas extranjeros
  2. Reglamento de Jornaleros, que estableció el mandamiento gracias a lo que el gobierno autorizó a los dueños de las grandes fincas que se formaron a dar salarios miserables a los campesinos indígenas que trabajaran para ellos.1

Gracias a estos dos programas, el desarrollo del café en Guatemala fue considerable.1 De hecho, por medio del Reglamento de Jornaleros se trataba a los trabajadores casi como esclavos, teniéndolos en una situación de servidumbre similar a la de la época de la colonia. Y es que como el reglamento señalaba que el patrono podía adelantarle parte de su sueldo al trabajador, los patronos idearon un sistema por el cual muchos campesinos poco a poco se fueron endeudado con el dueño de la finca hasta que dicho endeudamiento era ya impagable y tenían que mantenerse a perpetuidad en dichas tierras ya que no podían dejar su trabajo sin haber saldado completamente la deuda adquirida. A esto se sumaba que las deudas eran heredadas de padres a hijos, por lo que estos último ya estaban obligados a permanecer en la finca en que habían trabajados sus padres. Y, por si esto no fuera poco, la mayoría de las fincas pagaban con su moneda propia, la cual podían intercambiar únicamente en la tienda de la finca por los productos que allí se encontraban, los cuales eran vendidos a altos precios.2

Reproducimos a continuación aquel reglamento emitido el 3 de abril de 1877, redactado en su mayoría por el Ministro de Hacienda, Manuel Herrera, con algunos comentarios para ponerlo en su debido contexto histórico:3

Decreto Número 177

J. Rufino Barrrios, general de División y Presidente de la República de Guatemala.

En uso de las amplias facultades de que se halla investido,

(Nota de HoyHistoriaGT:  Barrios no tenía ninguna facultad constitucional en lo absoluto, pues estaba gobernando en base al Acta de Patzicía, el cual fue el documento que los liberales revolucionarios firmaron el 3 de junio de 1871 desconociendo al presidente constitucional Vicente Cerna).

DECRETA:

El siguiente REGLAMENTO DE JORNALEROS

De los patrones y jornaleros

Sección primera: de los patrones

Artículo 1°. Se entiende por patrón el dueño o arrendatario de una finca rural y para los efectos de este Reglamento el que a su nombre la administra o gobierna.

Artículo 2°. Agente del patrón, es el individuo autorizado para concertar trabajadores y representarlo ante las autoridades en los contratos o reclamaciones por el mismo motivo.  Para ser reconocido como agente, basta presentar una carta poder extendida en papel simple y firmada por el patrón u otro individuo de su familia o de sus dependientes.

(Nota de HoyHistoriaGT: nótese cómo se facilita la identificación de quien representara a los patrones).

Artículo 3°. El agente obliga al patrón a estar y pasar por los conciertos o contratos que celebre con los jornaleros, lo mismo que por las gestiones que haga  conforme al artículo anterior.

Artículo 4°. El patrón y sus agentes o dependientes están obligados:

  1. A mantener el buen orden en su respectiva finca;
  2. A exigir al jornalero que trate de acomodarse en su finca, que exprese su nombre y apellido, lugar de su vecindario, última finca donde haya trabajado y la exhibición del libreto o boleta de solvencia con su anterior patrón; (Nota de HoyHistoriaGT: es decir, el campesino indígena tenía que dejar su lugar de residencia para trasladarse a la finca, y soportar el trato y la vivienda que le proporcionaran)
  3. A dar parte a la autoridad inmediata si el jornalero que se presenta fuere colono de otra finca y no llevare autorización para concertarse, o si fuese habilitado por otro partón, con quien no esté solvente;2
  4. A llevar un registro o matrícula de cuentas corrientes en donde asentará semanalmente el debe y el haber de cada jornalero, haciéndoselo saber cada semana y anotándolo en el libreto del mismo jornalero.2
  5.  A proporcionar a los colonos habitaciones de teja o pajizas, y ocupación a ellos y sus familias para que puedan ganar un jornal, y no habiendo trabajo en la finca designarle una área de terreno, sin gravamen alguno, para labrarlo por su propia cuenta; (Nota de HoyHistoriaGT:  las familias completas se iban a trabajar de jornaleros, incluyendo a mujeres y niños, y tenían que abandonar sus lugares de origen para ir de finca en finca).4
  6. A permitir a los colonos, buscar trabajo en otra finca, cuando lo haya en la que habitan, dándoles el permiso por escrito, indiando el tiempo por el cual pueden concertarse;
  7. A no hacer anticipo alguno al colono de otra finca, que trabaja con permiso escrito, de su patrón, bajo la pena de perder la cantidad anticipada que ingresará al fondo de caminos;
  8. A dar al colono o jornalero un libreto que éste conservará en su poder, y asentar en él semanariamente el debe y haber de su cuenta; (Nota de HoyHistoriaGT: este documento se prestaba a todo tipo de abusos, pues los campesinos indígenas eran analfabetos).  En la primera hoja del libreto se pondrá el contrato que se hubiese celebrado con el colono o jornalero, con todas sus circunstancias y condiciones.
  9. A dar a los colonos o jorganerlos una alimentación sana y abundante, cuando en virtud del contrato esté obligado a suministrarla;
  10. A establecer gratis una escuela de primera letras, dominical o nocturna, en las fincas donde hubiera más de diez familias para los niños que trabajan en ellas, y diaria para los pequeños de ambos sexos, si no hubierse población inmediata, o ésta carezca de escuela; (Nota de HoyHistoriaGT: es decir, había mano de obra infantil de ambos sexos).
  11. A pasar al fin de cada año a la autoridad más próxima, una nómina de los nuevos jornaleros habilitados y de los colonos admitidos en el año con razón de su procedencia y de los cambios habidos en los que existían anteriormente.

Artículo 5°. La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que establece el artículo anterior, será penada con una multa de diez a cincuenta pesos, segun los casos.  Las autoridades locales son las competentes para imponer esas multas.

Artículo 6°. En el caso del inciso 7°. del artículo 4°., el colono o jornalero queda obligado a enterar al respectivo fondo el anticipo que hubiere recibido. No pudiendo hacer el entero, descontará su valor en trabajos públicos, salvo el primer patrón la cantidad, para que el jornero o colono se lo abone en trabajos propios. (Nota de HoyHistoriaGT: por supuesto, los patrones nunca abonar esto; los indígenas eran enviados a trabajar en caminos rurales o a hacer el servicio militar si no eran traslados a otra finca).

Artículo 7°. El patrón que a sabiendas seduzca a un colono o jornalero de otra finca, incurrirá en una multa de veinte a cien pesos, sin perjuicio de devolver al mozo, quedando responsable de lo que adeuda a su anterior patrón y a perder la habilitación que le haya dado en favor del fondo de caminos, en cuyo caso se procederá como se dispone en el artículo anterior.

Artículo 8°. Ningun patrón tiene derecho de castigar al colono o jornalero por faltas cometidas en la finca, y en cualquier caso que ocurra, deberá dar parte a la autoridad local más inmediata para que conozca de la falta y la castigue.

Artículo 9°. Es obligación estricta de los patrones tratar bien a los colonos o jornaleros, lo mismo que darles la boleta de solvencia cuando soliciten trasladarse a otro punto.4

Artículo 10°. Cuando el patrón se negare sin motivo a dar al colono o jornalero boleta de solvencia, éste podrá ocurrir a la autoridad local, para que en vista del respectivo libreto se la mande dar, imponiente al patrón una multa de diez pesos.

Artículo 11°. En caso de epidemia local que amenace la vida de los habitantes de una finca, no podrá retenerse en ella a los colonos y jornaleros, debiendo pasado el peligro, volver a la finca a cumplir sus compromisos.4

Artículo 12°. En el caso del anterior artículo, el patrón extenderá por escrito al colono ó jornalero, la respectiva licencia, expresando en ella la cantidad que adeuda y el tiempo que le falta para cumplir su concierto. (Nota de HoyHistoriaGT: el sistema de la libreta se corrompió de tal modo, que aun y cuando los salarios que se pagaban eran miserables, los patrones se las ingeniaron para que los campesinos siempre les estuvieran debiendo).5

Artículo 13°. El patrón que no lleve el libro de cuentas corrientes de que habla el inciso 4°. del artículo 4°., además de pagar la multa que corresponda, quedará sujeto, respecto a cuentas, a estar y pasar por lo que conste en el libro del colono o jornalero.

Artículo 14°. A cualquiera clase de jornaleros el patrón deberá darles habilitación diaria ó cada ocho dias si así lo exigieren para sus alimentos.

SECCIÓN SEGUNDA: Jornaleros

Artículo 15°. Hay tres especies de jornaleros: colonos, jornaleros habilitados para trabajar por tarea, por dia ó por mes, y jornaleros no habilitados.

§ I De los colonos

Artículo 16°. Se entiende por colono el jornalero que se compromete á residir y trabajar en una finca rural o que de hecho trabaja y reside en ella. Los arrendantes de las fincas de campo, están comprendidos en la clase de los colonos y obligados á trabajar en la propia linea si en el contrato de arrendamiento no se hubiere estipulado lo contrario. El mismo carácter y la misma obligación tienen los poseedores de terrenos en precario, comprendidos en los de otra finca rural.

Artículo 17°. El tiempo por el cual puede concertarse un colono será convencional, pero no podrá exceder de cuatro años. Sin embargo, no se retirará de la finca sin estar solvente con su patrón aunque haya pasado el término. (Nota de HoyHistoriaGT: como ya se indicó en la nota del artículo 12, los patrones se las ingenieron para que los colonos estuvieran siempre endeudados con ellos).

Artículo 18°. Son obligaciones del colono:

  1. Prestar su trabajo en la finca por el salario convenido siempre que hubiere ocupación en ella;
  2. Estar sometido al patrón y sus agentes, en todo lo relativo al buen orden y ejecución de los trabajos de la finca;
  3. Conservar el libreto de su cuenta corriente, cuidando de que el patrón asiente semanariamente el estado de ella en dicho libreto;
  4. No recibir de otro patrón anticipo alguno por cuenta de trabajo, que deba verificarse antes de concluirse el término porque se concertó como colono ó aunque se haya concluido, sino está solvente con el patrón;
  5. Enviar á sus hijos a la escuela de primeras letras establecida en la misma finca;
  6. Permanecer en la finca todo el tiempo concertado y no retirarse de ella antes que termine, aun cuando estuviere solvente con su patrón.4

Artículo 19°. El patrón calculará la suma, que pueda anticipar al colono según los trabajos que haya de ejecutar cutar y el tiempo del compromiso. (Nota de HoyHistoriaGT: he aquí una de las principales fuentes de fraude para endeudar a los trabajadores).5

Artículo 20°. Cuando no esté obligado el patrón á suministrar alimentos al colono y éste no pueda procurárselos por consecuencia de suma escasez de granos, o sólo pueda obtenerlos a un precio tal que no baste su salario para proveer a su subsistencia, podrá retirarse de la finca aun cuando no se haya terminado el tiempo de su concierto, a no ser que el patrón se los proporcione a precios cómodos. (Nota de HoyHistoriaGT: he aquí otra de las principales fuentes de fraude para endeudar a los trabajadores).6

Artículo 21°. Si el colono en virtud de los dispuesto en el artículo anterior, hubiere de retirarse de la finca, deberá hacerlo con permiso escrito del patrón en el cual conste la cantidad que adeuda y el tiempo dentro del cual debe volver á cumplir sus compromisos.

Artículo 22°. El colono que extraviare su libreto, deberá estar y pasar por las constancias que respecto á su cuenta existan en los libros del patrón.

§ II De los jornaleros habilitados.

Artículo 23°. Jornalero habilitado es el que recibe dinero anticipado, obligándose a pagarlo con su trabajo personal en una linea rústica. (Nota de HoyHistoriaGT: esta fue fuente de usura para los patronos).5  Para la anticipación se tendrá presente lo dispuesto en el articulo 19.

Artículo 24°. El jornalero habilitado tiene las mismas obligaciones que el colono y cuando no esté concertado por tiempo determinado, puede retirarse de la finca, una vez pagado el anticipo.

Artículo 25°. Son comunes a los jornaleros habilitados las disposiciones de los artículos l8 a 22.

§ III. De los jornaleros no habilitados

Artículo 26°. Son jornaleros no habilitados los que se comprometen á trabajar en una finca rústica sin recibir anticipación alguna y se han de observar respecto de ellos las disiciones contenidas en el inciso 3°. del artículo 4°.

Artículo 27°. El jornalero que no haya recibido habilitación, deberá cumplir el tiempo porque se obligó a trabajar; si no se hubiese fijado ese tiempo se entenderá de una semana.

Artículo 28°. A esta clase de jornaleros deberá pagárseles jornal semanariamente, sino se hubiere estipulado otra cosa, sin perjuicio de la habilitación diaria de que habla el artículo 14.

Artículo 29°. Los jornaleros no habilitados están sujetos a las obligaciones prescritas en los incisos 1°. y 2°. del artículo 18.

Disposiciones generales

Artículo 30°. Son autoridades competentes para los efectos de este reglamento, las siguientes: Jefes políticos, Gobernadores de los pueblos, Alcaldes Municipales o Jueces de Paz y Preventivos y Alcaldes auxiliares.

Artículo 31°. Cuando algún particular desee para sus trabajos un mandamiento de jornaleros, deberá solicitarlo del Jefe político del departamento, cuya autoridad designará el pueblo que deba proporcionarla. (Nota de HoyHistoriaGT: a los indígenas no se les pedía permiso sino que se les obligaba a ir a donde y cuando dijera el Jefe Político). En ningún caso excederá de sesenta el número de jornaleros de cada mandamiento.6

Artículo 32°. Cuando sean comprendidos en un mandamiento jornaleros habilitados por otro patrón, este tiene el derecho de reclamarlos y la autoridad está en la obligación de tragarlos. El patrón que de propia autoridad sustrajere de un mandamiento o tomare por la fuerza a un jornalero habilitado por él, perderá el derecho que le concede este artículo y la cantidad que le adeude el jornalero, a favor del fondo de caminos, procediendo de la manera determinada en los artículos 6°. y 7°.7

Artículo 33°. El jornalero habilitado que sea separado de un mandamiento para entregarlo a su patrón, deberá devolver á la autoridad la habilitación que hubiere recibido, ya sea para habilitar con ella otro jornalero en su lugar ó ya para devolverla al dueño del mandamiento.

Artículo 34°. Podrán pedirse mandamientos y la autoridad darlos por ocho o quince dias, si los jornaleros fueren del mismo departamento donde se halla la finca, y por un mes si fueren de otro departamento. En el primer caso el patrón no abonará a los jornaleros gasto de viaje y en el segundo les pagará á razón de dos reales por cada diez leguas de ida y nada por el regreso. (Nota de HoyHistoriaGT: éstas ínfimas cantidades se aprecian mejor si se comparan con la fortuna que amasó el general Barrios durante su gobierno y que fue publicada el 3 de agosto de 1885).8

Artículo 35°. Todo el que solicite mandamiento de jornaleros deberá pagar el derecho  siguiente:

  • Si el mandamiento lucre por ocho ó quince dias, se pagará medio real por cada jornalero;
  • Si fuere por mas de quince dias UD real por cada uno. Estas sumas formarán parte de los fondos de propios de cada Municipalidad.

Artículo 36°.A los jornaleros de un mandamiento deberá dárseles habilitación antes de salir del lugar de su domicilio, pero la autoridad cuidará bajo su responsabilidad, que dicha habilitación no exceda de la mitad de lo que deba ganar cada uno en el tiempo convenido.

Artículo 37°. En toda Secretaria Municipal se llevará un libro para anotar los mandamientos que se den en lista nominal, expresando el tiempo por que sale, la finca á donde van a trabajar los jornaleros y la cantidad pagada por derechos, conforme al artículo 35. Dicho libro servirá para la revisión y aprobación de las cuentas de cada municipio, y el Secretario Municipal que no cumpla con esta prevención, será destituido de su destino, pagando además una multa no menor de veinte pesos.

Artículo 38°. Las autoridades a que se refiere el artículo 30, tienen las obligaciones siguientes:

  1. Intervenir en los contrati enganche ya sea como jornaleros habilitados o no habilitados, siempre que sean requeridas por cualquiera de las partes, cuidando de que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo 37.
  2. Administrar pronta y cumplida justicia, en caso de contención o desacuerdo entre el patrón y el colono ó jornalero y hacer que cada uno por su parte cumpla con sus respectivas obligaciones;
  3. Cumplir con prontitud las prevenciones de los Jefes políticos sobre mandamiento de jornaleros, sujetándose a las prescripciones de este Reglamento;
  4. Facilitar a los patrones o agentes el enganche de jornaleros;
  5. Autorizar a los dueños de fincas que ofrezcan las garantías convenientes para que tengan una pieza de encierro para asegurar á cualquiera que cometa un delito ó falta, mientras se pone a disposición de la autoridad. A falta de un local a propósito, deberán ser conducidos inmediatamente al pueblo mas próximo;7
  6. Perseguirá los deudores fraudulentos por habilitaciones recibidas de diversos patrones, remitiéndolos con seguridad a la finca cuyo patrón se haya presentado á la autoridad. En caso de adeudar el jornalero anticipos a varias fincas se les remitirá a los patrones por el orden en que hayan presentado su reclamo: excepto que uno quiera pagar por todos y los demás convengan en el pago;9
  7. Autorizar las boletas de solvencia cuando asi lo solicite algun jornalero para cambiar de domicilio y extendérsela cuando el patrón se niegue á hacerlo, si del libreto resulta su solvencia;
  8. Cuidar de que se hagan efectivas las multas que se impongan por infracción de este Reglamento;
  9. Cumplir por su parte y hacer cumplir el presente Reglamento.

Artículo 39°. Todos los gastos que se originen para obligar al jornalero al cumplir sus compromisos,serán pagados por el patrón, a cargo del jornalero, anotándolo así en su libreto y en su cuenta.

Artículo 40°. Las funciones de los alcaldes auxiliares están determinadas en la ley y las ejercerán siempre con sujeción a ella como agentes ó comisionados de las autoridades superiores como Jefes políticos, Jueces de Paz, Alcaldes Municipales, etc.

Artículo 41°. Cuando hubiere desacuerdo entre el patrón y el trabajador respecto a tareas, alimentación, jornales ú horas de trabajo, la autoridad que conozca del reclamo, se arreglará á los términos del contrato consignado en el libreto; y á falta de esa constancia, á la costumbre establecida en el lugar donde estuviere situada la finca.

Artículo 42°. Es obligación de los jornaleros que salen a trabajar fuera de su domicilio y que sean militares, dar aviso al Comandante local para que no les considere como faltistas. Los Comandantes no podrán oponerse a su enganche siempre que no estén en servicio activo.

Artículo 46°. Las demandas y reclamos entre patrones y jornaleros se ventilaran siempre ante los alcaldes Municipales ó Jueces de paz. sino sucediere de la suna determinada por la ley como límite de la competencia de esas autoridades y aun cuando los contendientes sean militares, si no estuvieren en servicio activo: cuando pasen de esa suma corresponde conocer a los Jefes Políticos y determinaciones no habrá otro recurso que el de responsabilidad.

Artículo 47°. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales, Jueces preventivos ó de paz y Alcaldes auxiliares, que infringieren cualquiera de las obligaciones que este Reglamento determina, incurrirán en una multa desde cinco á veinticinco pesos, según los casos. Estas multas serán impuestas por los Jefes políticos ó Jueces de Paz en su caso.9

Artículo 48°. Todas las multas que se impongan á las autoridades, patrones ó jornaleros por razón de este Reglamento, ingresarán al fondo de caminos. Al efecto, las autoridades locales de la República remitirán mensualmente á la Jefatura Política dichas multas con cuenta y razón.

Artículo 49°. En cada Jefatura política se llevará un libro exclusivo para esta cuenta con sus comprobantes, en donde se asentarán los ingresos de cada pueblo por razón de multas. Cada tres meses se formará un estado de ella que se remitirá al Ministerio de Fomento, trasladándose tambien a la Administración de Rentas la existencia que resulte y haciendo constar el traslado al pié del mismo estado.

Artículo 50°. En todo el mes de mayo próximo, están obligados los patrones á presentar á la autoridad local más inmediata, la lista de los colonos de su finca y mozos habilitados por cuenta de trabajo, estén o no trabajando: y desde el mes de diciembre próximo entrante se hará según lo previene el inciso 11 del artículo 4.° de este Reglamento. Las habilitaciones que hasta la publicación de este Reglamento, hubiesen recibido los jornaleros, por cuenta de trabajo, de diversos patrones, serán pagadas contra el orden de antigüedad.

Artículo 51°. El .Ministro de Fomento queda encargado del cumplimiento del presente Reglamento y de resolver las Consultas que se hagan por las autoridades sobre su inteligencia,oscuridad é interpretación.

Dado en el Palacio Nacional en Guatemala, a tres de abril de mil ochocientos setenta y siete.

J. Rufino Barrios.

El Ministro de Fomento: Manuel Herrera.9


BIBLIOGRAFIA:

  1. Caso Barrera, Laura (Diciembre 2014). Viajeros alemanes en Alta Verapaz en el siglo XIX. Su aportación al conocimiento de las lenguas y cultura mayas. Revista Brasileria de Lingüística Antropológica. 6 2. p. 414.
  2. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. pp. 5-7.
  3. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 69.
  4. Ibid, p. 70.
  5. Ibid, p. 71.
  6. Ibid, p. 72.
  7. Ibid, p. 73.
  8. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición). Guatemala: Tipografía de “El Renacimiento”. p. 26.
  9. Gobierno de Guatemala, Recopilación de Leyes, p. 74.

25 de septiembre de 1876: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta una ley castigando severamente a quienes hurten plantas de café de los cultivos a gran escala

25septiembre1876
Monumento a Barrios en su ubicación original en el Palacio del final de la Avenida La Reforma, construido por su sobrino, el general presidente José María Reina Barrios en 1896.  El palacio fue destruido por los terremotos de 1917-18 y la estatua trasladada al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El auge económico que vivió Guatemala durante el gobierno del general J. Rufino Barrios estuvo íntimamente ligado a la producción a gran escala del café, razón por la cual aquellos que se dedicaron a su cultivo tuvieron grandes concesiones y protección de parte del gobierno.

Esto se pone en evidencia en el decreto de Barrtios del 25 de septiembre de 1876, en el que textualmente dice: “Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección”.  Las penas impuestas a quienes robasen o comprasen las plantas de café no eran de cárcel sino de trabajos forzados en los caminos rurales, para así beneficiar las comunicaciones para la exportación del grano.

No solamente la economía del país, sino que la personal del general Barrios mejoró considerablemente con el cultuvo del café, ya que poseía numerosas fincas, entre ellas:

Se calcula que la herencia que recibió la viuda del expresidente, Francisca Aparicio de Barrios, tras la muerte del general en 1885 ascendió a más de treinta y tres millones de pesos de la época, de los cuales cuatro millones correspondieron a la venta de sus exportaciones de café por diez años hasta 1884 y otros dos millones por el ahorro en el pago de sus administradores, mayordomos, caporales y mozos, cuyo pago salía del presupuesto militar y por lo estipulado en la ley de vialidad que él mismo implementó.

El artículo en mención textualmente dice:

Decreto Número 163

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección:

Que son reiterados los informes que se reciben de las autoridades de algunos departamentos acerca de los frecuentes hurtos de almácigos y árboles de café, sin que hasta ahora haya sido dable evitar tan graves perjuicios con las medidas preventivas y económicas que se han puesto en práctica, ni con los procedimientos judiciales encaminados a ese fin; y

Que para impedir la comisión del indicado delito cuya gravedad debe apreciarse, no en proporción al valor de lo hurtado, sino a los perjuicios causados al incremento de las plantaciones de café, se hace indispensable imponer penas que por su severidad sean capaces de reprimirlo.

DECRETA:

  1. Se declara que para la apreciación de la gravedad del hurto de que se trata, no debe atenderse al valor de la cosa sino a la calidad especial del delito.
  2. A los que hurtaren o destruyeren en la propiedad ajena, semilleros, almácigos o plantillas de café en número de uno a cien plantas, sea cual fuera el tamaño de estas, así como a los que las vendan sin poder justificar su propiedad, se les impondrá con calidad de inconmutable, la pena de cuatro meses de obras públicas.
  3. En el caso del artículo anterior, se procederá en juicio verbal, conforme a las reglas comunes de ese procedimiento.
  4. Si el hurto se cometiere en una escala mayor respecto del número de plantas destruidas, hurtadas o vendidas, se impondrá al reo o reos la pena de un año de obras públicas, de que solo podrá, a juicio del Juez, permitirse la conmutación de la mitad del tiempo a razón de diez pesos mensuales, previa indemnización del perjudicado.
  5. En este ultimo caso, conocerán de la causa, los Jueces de 1ra. instancia, y en grado la Corte de Apelaciones; el recurso se sustanciarán con señalamiento de día para la vista, la que tendrá lugar con asistencia del Fiscal y Procurador de pobres y en la audiencia inmediata se pronunciará la sentencia de que no habrá ulterior recurso.
  6. Por el solo hecho de no justificarse la procedencia legítima de las plantas vendidas, y aun cuando no proceda querella de parte, se tendrá por convicto al vendedor de que hablan los artículos 2do. y 4to. de esta ley.
  7. Serán tenidos como cómplices del hurte de que se trata y castigados con las mismas penas que los reos principals, no solo los que compren a sabiendas de la mala procedencia de las plantas, sino tambien cuando traten con personas desconocidas o sospechosas y concurran las circunstancias de bajo precio y entrega furtive de la cosa.
  8. El conocimiento de los delitos a que se refiere esta ley, corresponde exclusivamente a la autoridad ordinaria y sin excepción de fuero privilegiado.
  9. Se derogan las disposiciones anteiores que se opongan a las contenidas en el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos setenta y seis.

  • J. Rufino Barrios
  • J. Barberena, Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos

BIBLIOGRAFIA:

 

 


19 de septiembre de 1903: el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera aclara la circular a los Jefes Políticos en la que se especifica un jornal de doce reales diarios para los mozos jornaleros de las fincas

temporerascafe1875
Temporeras (jornaleras) en una finca de café en 1875, fotografía de Eadweard Muybridge.  En los retratos: general J. Rufino Barrios, quien implement el Reglamento de Jornaleros (arriba) y el licenciado Manuel Estrada Cabrera (abajo) quien lo restableció en 1898.  La fotografía de la izquierda es de Eadweard Muybridge; todas las imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Restablecido el “Reglamento de Jornaleros” para surtir de mano de obra a las fincas del país durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, fue necesario emitir algunas directrices para regular su implementación. Para que el lector se dé una idea de como era aplicada en la práctica, se reproducen a continuación fragmentos de dos circulares que envió el gobierno a sus Jefes Políticos para intentar regular el reglamento y evitar los abusos que se estaban cometiendo.

El 12 de agosto de 1903, el gobierno emitió una circular enviada a los Jefes Políticos, a quienes se les informaba que el reglamento mencionado no debería “nunca convertirse en un azote para el infeliz, ni en ramo de especulación y de comercio, que es tan más infame cuanto que recae sobre los desheredados de la fortuna, sobre los padres que abandonan sus hogares, que no pueden ni subsistir con el mezquino jornal que ahora se les paga“.

Por estas poderosas razones“, continuaba la circular, “se le solicita notificar a los propietarios y pueblos de su jurisdicción, que el jornal que desde el próximo 1 de septiembre debe satisfacerse a los mozos es el de doce reales diarios, sin descuento alguno“.  Y finalizaba: “haga Ud. que los jornaleros cumplan con exactitud los compromisos contraídos; que los propietarios entre sí respeten sus mutuos derechos; que no se exploten la ignorancia o la pobreza, y que no re cobren por ninguno ni a ninguno emolumentos indebidos“.

Pero la implementación de semejante circular era muy difícil, al punto que el 19 de septiembre se envió una nueva, que decía: “Aunque es bastante clara y precisa la circular del 12 de agosto, ha sido, por ignorancia o malicia, mal interpretada.  El Presidente de la República hace las siguientes aclaraciones:

  1. La circular del 12 de agosto no se refiere en manera alguna a los mozos colonos de las fincas rústicas, culaquiera que sea la clase de cultivo a que sus propietarios los hayan destinado o en lo sucesivo los destinen.
  2. Tampoco afecta a los mozos habilitados con anterioridad o que, voluntariamente, lo fueren después de la fecha de la expresada disposición,
  3. Los contratos celebrados quedan en todo su vigor y fuerza; y los finqueros y mozos en completa y absoluta libertad para celebrar otros nuevos, al precio que les convenga.

Luego continuaba diciendo: “reitero a Ud. (como Jefe Político) de una manera enérgica y terminante, la prevención de vigilar con toda actividad y eficacia, porque no se trafique por ninguno ni para ninguno con la ignorancia o la pobreza del indio“.


BIBLIOGRAFIA:

14 de septiembre de 1878: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta la ley contra la vagancia, para obtener mano de obra gratuita para la construcción de carreteras

14septiembre1878

Los gobiernos liberales introdujeron el cultivo del café a gran escala en 1871.  Para el efecto, era necesario disponer de cuatro cosas:  grandes extensiones de tierra, abundancia de mano de obra, convenientes vías de comunicación y ferrocarriles.  A fin de conseguir que el nuevo cultivo tuviera éxito, se emprendió una profunda reforma agraria por medio de la cual se expropiaron las haciendas de las órdenes religiosas y las tierras comunales de las comunidades indígenas;  el proceso se hizo mediante una subasta, pero fue manipulado de tal forma que dejó a los indígenas sin posibilidades de competir por sus propios terrenos.

El segundo punto se zanjó mediante el reglamento de Jornaleros, el cual fue establecido en 1875 y por él se obligó a comunidades indígenas completas a trasladarse de una hacienda cafetalera a otra como mozos colonos.  Y, finalmente, para la construcción de caminos y vías de acceso se promulgó la ley de vagancia el 14 de septiembre de 1878.

He aquí la transcripción íntegra de dicha ley, para que el lector juzgue por sí mismo el alcance que tuvo el mismo:

DECRETO NUM. 222

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que es un deber de la autoridad dictar todas las providencias que conduzcan al sostenimiento de la moral pública y á reprimir oportunamente los vicios que, rebajando la dignidad personal y pervirtiendo los sentimientos de pundonor, producen por consecuencia necesaria, la relajación de las costumbres y determinan la perpetración de los delitos:

Que la vagancia, considerada como un hecho punible, ha sido comprendida como tal en la legislación de los pueblos civilizados:

Que el Código Penal de la República, dejó á las lejas de policía lo relativo á la reglamentación y á las penas con que aquella debe reprimirse y, finalmente:

Que así como no es debido imputar la responsabilidad del cargo de vagancia á los que justamente e impedidos de trabajar, tampoco debe permitirse que bajo protestos de
invalidez, se guarezca la impunidad de los vagos; en uso de las facultades de que estoy investido, he tenido á bien decretar y

DECRETO:

Art. 1. ° — Serán considerados como vagos: 

  1. Los que no tienen profesion, oficio, renta, sueldo, ocupación ó medios lícitos de que vivir.
  2. Los que teniendo oficio, profesión ó industria no trabajen habitualmente en ellos, y no se les conozca otros medios lícitos de adquirir la subsistencia.
  3. Los que teniendo renta, pero insuficiente para subsistir, no se dedican á una ocupación lícita, concurren ordinariamente a casas de juego ó tabernas.
  4. Los que sin ejercer habitualmente otra ocupación honesta emplean en la cuestación de limosnas para objetos piadosos.
  5. Los mendigos no patentados, mientras no acrediten en debida forma alguna de las causales que los hagan acreedores a la beneficencia pública.

Art. 2 : Se consideran circunstancias agravantes en todo juicio de vagancia:

  1. La embriagues consuetudinaria.
  2. Detenerse en las esquinas, en las calles, en los atrios ú otros lugares públicos, infiriendo molestia á los transeúntes.
  3. El hallarse en las lumias, tabernas ó billares á las lunas en que éstos establecimientos deben estar cerrados, conforme a las leyes de policía.
  4. Tener una condenatoria anterior por cualquier delito.
  5. Ejercer la mendicación con una patente falsificada o perteneciente a otro individuo.

Art. 3. °— Para los efectos de esta ley, los Jefes políticos abrirán un libro destinado esclusivamente al registro de las personas dé ambos sexos que, por impedimento físico o por decrepitud ostensible, se hallaren en la absoluta necesidad de ocurrir a la beneficencia pública para proveer á su subsistencia

Art. 4. °— Los que se encuentren en el caso de que habla el artículo anterior, se presentarán dentro de treinta días, contados desde la publicación de esta ley, a la Jefatura respectiva, con el objeto de inscribirse; y previo el examen de un facultativo, ó en su defecto de dos personas competentes, nombradas por el Jefe político, éste, encontrando justas las causales de invalidez, hará extender la inscripción que corresponde, haciendo constar en ella, no solo los impedimentos que la motivan, sino también el nombre, procedencia, edad que represente el peticionario, el oficio en que con anterioridad se haya ejercitado, si hubiese tenido alguno, y si sabe leer y escribir. En consecuencia, se expedirá á su favor una patente en que conste la partida de inscripción. Si por el contrario, no se estimase justificado el impedimentó alegado, el Jefe Político hará al solicitante un serio apercibimiento en que si no comprueba dentro de quince dias haberse dedicado á la ocupación honesta, serán denunciados como vagos a la autoridad competente, para que se proceda a lo que haya lugar.

Art. 5. °— Los que después de treinta días de la publicación de esta ley fueren encontrados en las calles y demás lugares públicos ejercitando la mendicación, sin llevar consigo la patente de invalidez, serán recogidos por la policía y puestos a disposición de la autoridad competente en en calidad de presuntos vagos; mas si al iniciarse el juicio de vagancia, comprobaren legítimo impedimento por los medios establecidos en el artículo que precede, el Juez de Paz ó Alcalde respectivo, los remitirá á la Jefatura política para que se haga el asiento de inscripción y sedé á los interesados el atestado que corresponde.

Art. 6. °— La patente de invalidez producirá los efectos legales de una excepción perentoria en el juicio de vagancia.

Art. 7. °— Los Jueces de paz ó en su defecto los alcaldes Municipales, después de recibir ó de tener informes de quienes son vagos, los llamarán y amonestarán seriamente para que, en un término no menor de ocho días ni mayor de quince, comprueben estar ya dedicados a alguna ocupación lícita. De dicha amonestación se dejará constancia en un libro que se llevará al efecto.

Art. 8. °— Si los que aparecen como vagos son hijos de familia o menores de edad, la amonestación prevenida en el artículo anterior, se hará tambien a los padres o encargados para que, en el término designado, cuiden de que se les dedique a alguna ocupación.

Art. 9. ° — La amonestación previa al juicio de vagancia solo tendrá lugar en favor de los simplemente vagos; mas ese requisito deberá excusarse respecto de los que lo fueren con algunas de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo 2. °

Art, 10. — Los simplemente vagos serán condenados por primera vez á la pena de cuarenta dias de trabajo en los talleres del Gobierno, en las casas de corrección, en servicio de hospitales, en la limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles u otros establecimientos, ó bien al trabajo de caminos, según las circunstancias de la persona y de cada lugar, cuidando de que el penado se mantenga en seguridad.

Art. 11. — Fuera de los casos de segunda reincidencia en que la pena será inconmutable, en los demás, á juicio del Juez y atendidas las circunstancias de la persona, podrá conmutarse en todo ó en parte á razón de dos reales diarios, siempre que una persona distinta del reo se presentare a solicitarlo, garantizando: que toma á su cargo y bajo su dirección á la persona del reo y que se obliga á suministrarle la subsistencia mientras que le proporciona ó busca trabajo ó colocación conveniente.

Art. 12. — Si la vagancia estuviere agravada con alguna de las circunstancias que se contienen en el artículo 2.° , la pena será, de sesenta días con el mismo destino que el de los penados por vagancia simple.

Art. 13. — Por cada reincidencia se aumentará la pena con la mitad de la sufrida en la condena anterior.

Art. 14.  —La cesantía en empleo, colocación, servicio ó trabajo, no son excusas legítimas del cargo de vagancia, sino durante el término de quince días contados desde que la persona fue retirada del destino o trabajo que desempeñaba.  Igual término se require para tener por consumada la reincidencia, contado desde el día en que el penado fue puesto en libertad.

Art. 15. Par acreditar que se ejerce algun oficio, no se admitirá como prueba la declaración del maestro o director, si se limita a decir que el sindicado de vagancia ha ocurrido al taller o al trabajo uno u otro día de la semana, sino que debe probarse la asistencia diaria, ya a un taller, ya a otro, o a cualquiera otra ocupación honesta.

Art. 16. — Los Jueces de paz ó alcaldes siempre serán competentes para conocer cualquier juicio de vagancia, aun cuando por razón de reiteradas reincidencias, hubiere que imponerse una pena mayor que la determinada para el procedimiento en juicio verbal.

Art. 17. —En el juicio de vagancia no es admisible la excepción de fuero privilegiado.

Art. 18. — Las conmutaciones pecuniarias tendrán el mismo destino que la ley señala a las multas impuestas en juicio verbal.

Art. 19.— Cuando el vago resulte reo de otro delito, la vagancia se estimará como circunstancia agravante y la causa se continuará por el juez a quien correspondiere el juzgado del delito principal.

Art. 20. — Los vagos pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo y la causa seguirse de oficio sin necesidad de denuncia.

Art. 21. — Los Jefes políticos están obligados á denunciar ante los Jueces de paz o a los Alcaldes respectivos á loa vagos que existan en el territorio de su jurisdicción; y estos
deberán proceder á la secuela del procedimiento sin tardanza, bajo la pena de cinco á veinticinco pesos de multa, en caso de omisión culpable.

Art. ’22. — Los mismos Jefes políticos darán estrechas órdenes á la policía para que proceda á la captura de todos los que. sin permiso de autoridad competente y con pretexto piadoso, anduvieren colectando limosnas, y, obtenida aquella, darán cuenta á los Jueces de paz ó alcaldes respectivos para que procedan á lo que lia va lugar. Las darán, así mismo, para que la policía cuide de impedir que los ciegos y demás mendigos, molesten al público con incesantes oraciones e imprecaciones en alta voz.

Art. 23. — Los vagos que hayan cumplido sus condenas, quedarán sujetos á la vigilancia de la autoridad.

Art. 24. — Los juicios de vagancia se seguirán verbalmente por los Jueces de paz, ó Alcaldes municipales en la forma que dispone el Código de procedimientos criminales, y se otorgará el recurso de apelación en la manera que el mismo Código dispone.

Art. 25. — En todo juicio de vagancia en que no deba procederse sin previa amonestación, se hará constar la que aparezca consignada en el libro de que habla el artículo 7.  

Art. 26. Contra la sentencia dictada en 2a.  instancia solo habrá recurso de responsabilidad contra el Juez que hubiere dictado el fallo definitivo. De este recurso conocerá la Sala de Apelaciones respectiva.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a catorce de septiembre de mil ochocientos setenta y ocho.

J. Rufino Barrios.


BIBLIOGRAFIA:


7 de mayo de 1934: obligado por la Gran Depresión, el presidente Jorge Ubico deroga el Reglamento de Jornaleros instuido por J. Rufino Barrios en 1877

7mayo1934
Una finca de café en las inmediaciones de Antigua Guatemala a principios del siglo XX en una fotografía de Juan José de Jesús Yas.  En el recuadro: el pago a los jornaleros; obsérvese la presencia de niños trabajadores.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 7 de mayo de 1934, enfrentando una severa crisis económica derivada de la Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, el gobierno del general Jorge Ubico derogó el “Reglamento de Jornaleros“, que había sido instituido durante el gobierno de J. Rufino Barrios y que había sido uno de los principales motores económicos de los terratenientes liberales por décadas.

El “Reglamento de Jornaleros” fue redactado por el ministro de Fomento y poderoso azucarero de la región de Escuintla, el licenciado Manuel María Herrera Moreno (quien además era tío del presidente Jorge Ubico ya que estaba casado con Ernestina Ubico Urruela), y no era más que la legalización del trabajo forzado de los pobladores indígenas en las grandes fincas cafetaleras que recién se habían establecido por los liberales en Guatemala y que requerían de grandes cantidades de mano de obra para ser rentables.1,2 Por medio del decreto 177 del 3 de abril de 1877, el gobierno de Barrios emitió mencionado reglamento, y a partir de ese momento se permitió a los propietarios particulares de las fincas cafetaleras solicitar a los jefes políticos de los departamentos “mandamientos de jornaleros” para trabajar en sus propiedades.1,2

Estas “propiedades” se originaron tras una reforma del sistema de propiedad de la tierra que los liberales guatemaltecos implementarion tras el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.  Por este método, pretendían convertir a todos sus allegados en propietarios individuales e iniciaron la venta de las tierras baldías, o tierras “realengas“, de las grandes haciendas confiscadas a las antiguamente ponderosas  órdenes regulares de la Iglesia Católica, y las tierras comunales que tenían las comunidades indígenas.  Los principales favorecidos fueron los criollos liberales (entre ellos el padre del general Ubico, el licenciado Arturo Ubico Urruela, que poseía la importante hacienda cafetalera de San Agustín Las Minas en jurisdicción de Villa Canales3,4,5,6), y los ciudadanos alemanes que se establecieron en la región de la Verapaz.7

Ya anteriormente, en 1829 tras la invasión del general Francisco Morazán y la expulsión de la familia Aycinena y de las órdenes regulares del territorio centroamericano, se habían expropiado por primera vez propiedades rurales para ser rematadas en subasta, principalmente a los socios ingleses del general Morazán.  El principal ejemplo fue la Hacienda de San Jerónimo, ubicada en el municipio de dicho nombre en la Verapaz, y que fue expropiada a los Dominicos y entregada a un ciudadano inglés. Sin embargo, los conservadores recuperaron el poder en 1840 y devolvieron muchas de esas propiedades a las órdenes.

A fin de reactivar la economía durante la Gran Depresión, el general Ubico le dió un impulso a la exportación del café, único producto del país, por medio de la “Ley de Vialidad“, que fue el decreto 1974 emitido en 1933.8 Dado que los fondos nacionales estaban en niveles mínimos, y era necesario construir caminos de terracería que comunicaran a las fincas productoras del grano con los puertos o estaciones del ferrocarril más cercanas, esta ley establecía que todo hombre indígena apto estaba obligado a trabajar en la construcción y mantenimiento de carreteras, con base a un censo proporcionado por cada una de las jefaturas políticas al Ministerio de Agricultura; posteriormente la Dirección de Caminos establecía el plan de trabajo en base a la información del censo. Aquellas personas que no quisieran realizar estos trabajos podían conmutarlo a razón de Q1.00 por semana, y dichos fondos debían utilizarse para la construcción de carreteras. Los únicos hombres indígenas aptos que estaban eximidos de esta obligación eran los profesores, para que no dejaran sus escuelas desatendidas durante las dos semanas que estaban obligados a trabajaren la construcción de caminos. De esta forma, con esta mano de obra gratuita, Guatemala pasó de tener aproximadamente 2,200 Km en carreteras en 1930 a tener 10,200 Km cuando el general Ubico presentó su renuncia el 1 de julio de 1944.9

Por medio del Reglamento de Jornaleros se trataba a los trabajadores casi como esclavos, teniéndolos en una situación de servidumbre similar a la de la época de la colonia. Y es que como el reglamento señalaba que el patrono podía adelantarle parte de su sueldo al trabajador, los patronos idearon un sistema por el cual muchos campesinos poco a poco se fueron endeudado con el dueño de la finca hasta que dicho endeudamiento era ya impagable y tenían que mantenerse a perpetuidad en dichas tierras ya que no podían dejar su trabajo sin haber saldado completamente la deuda adquirida. A esto se sumaba que las deudas eran heredadas de padres a hijos, por lo que estos último ya estaban obligados a permanecer en la finca en que habían trabajados sus padres. Y, por si esto no fuera poco, la mayoría de las fincas pagaban con su moneda propia, la cual podían intercambiar únicamente en la tienda de la finca por los productos que allí se encontraban, los cuales eran vendidos a altos precios.10

Poco antes de derogar el Reglamento de Jornaleros, Ubico promulgó el Decreto No. 1995, el cual señalaba en su único considerando que los “anticipos restringen la libertad de trabajo y convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes contratan sus servicios”. En ese decreto, el presidente dio un plazo de dos años para que los terratenientes cobraran a sus jornaleros lo adeudado, transcurridos los cuales todo adeudo quedaba saldado y los empleados empezaban a trabajar de cero o podían irse de la finca. Adicionalmente, el pago ya no podría hacerse por anticipado, sino por tarea, día o semana trabajada.10

Sin embargo, la Ley de Vialidad y el Reglamento de Jornaleros no eran suficientes para sostener la economía nacional, por lo que el gobierno de Ubico derogó el Reglamento el 7 de mayo de 1934 y a los tres días, emitió el Decreto 1996 conocido como la “Ley de Vagancia“, la cual tenía dos temas centrales: evitar la proliferación de vagabundos en el país y suplir de mano de obra a las fincas cafetaleras.10  Por supuesto, no incluía a los miembros de las élites locales, sino que se aplicaba únicamente a los indígenas y mestizos pobres. Todo aquel que era detenido en la calle por vagancia era obligado a ponerse a trabajar o se iba preso (aunque de todos modos terminaba trabajando para el Estado de manera gratuita).<sup>10</sup>

Al iniciar una nueva relación laboral entra en vigor la Ley Contra la Vagancia, que es el Decreto 1996, la cual en su artículo 2 señalaba los distintos casos en los cuales se podían aplicar las penas establecidas:

  • Los que no tienen oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia.
  • Los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en fincas, ni cultiven, con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas anuales en zona cálida; cuatro manzanas de maíz en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos, en cualquier zona.11

La ley también dinciada que tanto las autoridades como los particulares estaban en la obligación de denunciar estos casos para que la persona en cuestión fuera procesada.  Y las penas que se imponían eran:

  • Las penas iniciales eran de 30 días de prisión las cuales iban aumentando en caso de reincidencia señalaba que toda persona que no pudiera comprobar que tenía ingresos para mantenerse sin trabajo, tenía que trabajar un mínimo de 150 días al año y que el pago de dichos servicios se haría al terminar el trabajo y no por anticipado.
  • Si la persona poseía una pequeña parcela de tierra y la cultivaba para su subsistencia, únicamente debía trabajar 100 días al año.11

A la larga, la Ley de Vagancia permitió continuar proveyendo a los terratenientes de mano de obra, sobre todo en la época de cosecha, pues eran muy pocos los campesinos que poseían los medios necesarios de subsistencia que eran requeridos para no ser considerado vago.

Al final, el efecto que esperaba Ubico de estas leyes laborales rindió sus frutos al cabo de varios años, cuando despegó la economía del país (en especial la de los cafetaleros, entre los que se incluía el propio presidente, quien había heredado la Hacienda San Agustín Las Minas a la muerte de su padre en 1927) y poco a poco se pasó de la crisis económica, hasta llegar a un superávit.11


BIBLIOGRAFIA:

  1. Barrios, J. Rufino (1877). «Decreto número 177: Reglamentos de jornaleros». El Guatemalteco (Guatemala). Archivado desde el original el 8 de mayo de 2015.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1 de febrero de 1907) Votos por la educación popular. Guatemala: La Locomotora. II (24). p. 1.
  4. Ibid. (1908). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1900-1901.  XIX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 124-125.
  5. Ibid, (1909). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1905-1906XX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 4-6.
  6. Matta, Juan (1912). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala, 1910-1911 XXIX. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 296.
  7. Caso Barrera, Laura (Diciembre 2014). Viajeros alemanes en Alta Verapaz en el siglo XIX. Su aportación al conocimiento de las lenguas y cultura mayas. Revista Brasileria de Lingüística Antropológica. 6 2. p. 414.
  8. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  9. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5.
  10. Ibid, p. 6.
  11. Ibid, p. 7.