25 de septiembre de 1876: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta una ley castigando severamente a quienes hurten plantas de café de los cultivos a gran escala

25septiembre1876
Monumento a Barrios en su ubicación original en el Palacio del final de la Avenida La Reforma, construido por su sobrino, el general presidente José María Reina Barrios en 1896.  El palacio fue destruido por los terremotos de 1917-18 y la estatua trasladada al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El auge económico que vivió Guatemala durante el gobierno del general J. Rufino Barrios estuvo íntimamente ligado a la producción a gran escala del café, razón por la cual aquellos que se dedicaron a su cultivo tuvieron grandes concesiones y protección de parte del gobierno.

Esto se pone en evidencia en el decreto de Barrtios del 25 de septiembre de 1876, en el que textualmente dice: “Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección”.  Las penas impuestas a quienes robasen o comprasen las plantas de café no eran de cárcel sino de trabajos forzados en los caminos rurales, para así beneficiar las comunicaciones para la exportación del grano.

No solamente la economía del país, sino que la personal del general Barrios mejoró considerablemente con el cultuvo del café, ya que poseía numerosas fincas, entre ellas:

Se calcula que la herencia que recibió la viuda del expresidente, Francisca Aparicio de Barrios, tras la muerte del general en 1885 ascendió a más de treinta y tres millones de pesos de la época, de los cuales cuatro millones correspondieron a la venta de sus exportaciones de café por diez años hasta 1884 y otros dos millones por el ahorro en el pago de sus administradores, mayordomos, caporales y mozos, cuyo pago salía del presupuesto militar y por lo estipulado en la ley de vialidad que él mismo implementó.

El artículo en mención textualmente dice:

Decreto Número 163

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección:

Que son reiterados los informes que se reciben de las autoridades de algunos departamentos acerca de los frecuentes hurtos de almácigos y árboles de café, sin que hasta ahora haya sido dable evitar tan graves perjuicios con las medidas preventivas y económicas que se han puesto en práctica, ni con los procedimientos judiciales encaminados a ese fin; y

Que para impedir la comisión del indicado delito cuya gravedad debe apreciarse, no en proporción al valor de lo hurtado, sino a los perjuicios causados al incremento de las plantaciones de café, se hace indispensable imponer penas que por su severidad sean capaces de reprimirlo.

DECRETA:

  1. Se declara que para la apreciación de la gravedad del hurto de que se trata, no debe atenderse al valor de la cosa sino a la calidad especial del delito.
  2. A los que hurtaren o destruyeren en la propiedad ajena, semilleros, almácigos o plantillas de café en número de uno a cien plantas, sea cual fuera el tamaño de estas, así como a los que las vendan sin poder justificar su propiedad, se les impondrá con calidad de inconmutable, la pena de cuatro meses de obras públicas.
  3. En el caso del artículo anterior, se procederá en juicio verbal, conforme a las reglas comunes de ese procedimiento.
  4. Si el hurto se cometiere en una escala mayor respecto del número de plantas destruidas, hurtadas o vendidas, se impondrá al reo o reos la pena de un año de obras públicas, de que solo podrá, a juicio del Juez, permitirse la conmutación de la mitad del tiempo a razón de diez pesos mensuales, previa indemnización del perjudicado.
  5. En este ultimo caso, conocerán de la causa, los Jueces de 1ra. instancia, y en grado la Corte de Apelaciones; el recurso se sustanciarán con señalamiento de día para la vista, la que tendrá lugar con asistencia del Fiscal y Procurador de pobres y en la audiencia inmediata se pronunciará la sentencia de que no habrá ulterior recurso.
  6. Por el solo hecho de no justificarse la procedencia legítima de las plantas vendidas, y aun cuando no proceda querella de parte, se tendrá por convicto al vendedor de que hablan los artículos 2do. y 4to. de esta ley.
  7. Serán tenidos como cómplices del hurte de que se trata y castigados con las mismas penas que los reos principals, no solo los que compren a sabiendas de la mala procedencia de las plantas, sino tambien cuando traten con personas desconocidas o sospechosas y concurran las circunstancias de bajo precio y entrega furtive de la cosa.
  8. El conocimiento de los delitos a que se refiere esta ley, corresponde exclusivamente a la autoridad ordinaria y sin excepción de fuero privilegiado.
  9. Se derogan las disposiciones anteiores que se opongan a las contenidas en el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos setenta y seis.

  • J. Rufino Barrios
  • J. Barberena, Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos

BIBLIOGRAFIA:

 

 


19 de septiembre de 1903: el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera aclara la circular a los Jefes Políticos en la que se especifica un jornal de doce reales diarios para los mozos jornaleros de las fincas

temporerascafe1875
Temporeras (jornaleras) en una finca de café en 1875, fotografía de Eadweard Muybridge.  En los retratos: general J. Rufino Barrios, quien implement el Reglamento de Jornaleros (arriba) y el licenciado Manuel Estrada Cabrera (abajo) quien lo restableció en 1898.  La fotografía de la izquierda es de Eadweard Muybridge; todas las imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Restablecido el “Reglamento de Jornaleros” para surtir de mano de obra a las fincas del país durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, fue necesario emitir algunas directrices para regular su implementación. Para que el lector se dé una idea de como era aplicada en la práctica, se reproducen a continuación fragmentos de dos circulares que envió el gobierno a sus Jefes Políticos para intentar regular el reglamento y evitar los abusos que se estaban cometiendo.

El 12 de agosto de 1903, el gobierno emitió una circular enviada a los Jefes Políticos, a quienes se les informaba que el reglamento mencionado no debería “nunca convertirse en un azote para el infeliz, ni en ramo de especulación y de comercio, que es tan más infame cuanto que recae sobre los desheredados de la fortuna, sobre los padres que abandonan sus hogares, que no pueden ni subsistir con el mezquino jornal que ahora se les paga“.

Por estas poderosas razones“, continuaba la circular, “se le solicita notificar a los propietarios y pueblos de su jurisdicción, que el jornal que desde el próximo 1 de septiembre debe satisfacerse a los mozos es el de doce reales diarios, sin descuento alguno“.  Y finalizaba: “haga Ud. que los jornaleros cumplan con exactitud los compromisos contraídos; que los propietarios entre sí respeten sus mutuos derechos; que no se exploten la ignorancia o la pobreza, y que no re cobren por ninguno ni a ninguno emolumentos indebidos“.

Pero la implementación de semejante circular era muy difícil, al punto que el 19 de septiembre se envió una nueva, que decía: “Aunque es bastante clara y precisa la circular del 12 de agosto, ha sido, por ignorancia o malicia, mal interpretada.  El Presidente de la República hace las siguientes aclaraciones:

  1. La circular del 12 de agosto no se refiere en manera alguna a los mozos colonos de las fincas rústicas, culaquiera que sea la clase de cultivo a que sus propietarios los hayan destinado o en lo sucesivo los destinen.
  2. Tampoco afecta a los mozos habilitados con anterioridad o que, voluntariamente, lo fueren después de la fecha de la expresada disposición,
  3. Los contratos celebrados quedan en todo su vigor y fuerza; y los finqueros y mozos en completa y absoluta libertad para celebrar otros nuevos, al precio que les convenga.

Luego continuaba diciendo: “reitero a Ud. (como Jefe Político) de una manera enérgica y terminante, la prevención de vigilar con toda actividad y eficacia, porque no se trafique por ninguno ni para ninguno con la ignorancia o la pobreza del indio“.


BIBLIOGRAFIA:

14 de septiembre de 1878: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta la ley contra la vagancia, para obtener mano de obra gratuita para la construcción de carreteras

14septiembre1878

Los gobiernos liberales introdujeron el cultivo del café a gran escala en 1871.  Para el efecto, era necesario disponer de cuatro cosas:  grandes extensiones de tierra, abundancia de mano de obra, convenientes vías de comunicación y ferrocarriles.  A fin de conseguir que el nuevo cultivo tuviera éxito, se emprendió una profunda reforma agraria por medio de la cual se expropiaron las haciendas de las órdenes religiosas y las tierras comunales de las comunidades indígenas;  el proceso se hizo mediante una subasta, pero fue manipulado de tal forma que dejó a los indígenas sin posibilidades de competir por sus propios terrenos.

El segundo punto se zanjó mediante el reglamento de Jornaleros, el cual fue establecido en 1875 y por él se obligó a comunidades indígenas completas a trasladarse de una hacienda cafetalera a otra como mozos colonos.  Y, finalmente, para la construcción de caminos y vías de acceso se promulgó la ley de vagancia el 14 de septiembre de 1878.

He aquí la transcripción íntegra de dicha ley, para que el lector juzgue por sí mismo el alcance que tuvo el mismo:

DECRETO NUM. 222

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que es un deber de la autoridad dictar todas las providencias que conduzcan al sostenimiento de la moral pública y á reprimir oportunamente los vicios que, rebajando la dignidad personal y pervirtiendo los sentimientos de pundonor, producen por consecuencia necesaria, la relajación de las costumbres y determinan la perpetración de los delitos:

Que la vagancia, considerada como un hecho punible, ha sido comprendida como tal en la legislación de los pueblos civilizados:

Que el Código Penal de la República, dejó á las lejas de policía lo relativo á la reglamentación y á las penas con que aquella debe reprimirse y, finalmente:

Que así como no es debido imputar la responsabilidad del cargo de vagancia á los que justamente e impedidos de trabajar, tampoco debe permitirse que bajo protestos de
invalidez, se guarezca la impunidad de los vagos; en uso de las facultades de que estoy investido, he tenido á bien decretar y

DECRETO:

Art. 1. ° — Serán considerados como vagos: 

  1. Los que no tienen profesion, oficio, renta, sueldo, ocupación ó medios lícitos de que vivir.
  2. Los que teniendo oficio, profesión ó industria no trabajen habitualmente en ellos, y no se les conozca otros medios lícitos de adquirir la subsistencia.
  3. Los que teniendo renta, pero insuficiente para subsistir, no se dedican á una ocupación lícita, concurren ordinariamente a casas de juego ó tabernas.
  4. Los que sin ejercer habitualmente otra ocupación honesta emplean en la cuestación de limosnas para objetos piadosos.
  5. Los mendigos no patentados, mientras no acrediten en debida forma alguna de las causales que los hagan acreedores a la beneficencia pública.

Art. 2 : Se consideran circunstancias agravantes en todo juicio de vagancia:

  1. La embriagues consuetudinaria.
  2. Detenerse en las esquinas, en las calles, en los atrios ú otros lugares públicos, infiriendo molestia á los transeúntes.
  3. El hallarse en las lumias, tabernas ó billares á las lunas en que éstos establecimientos deben estar cerrados, conforme a las leyes de policía.
  4. Tener una condenatoria anterior por cualquier delito.
  5. Ejercer la mendicación con una patente falsificada o perteneciente a otro individuo.

Art. 3. °— Para los efectos de esta ley, los Jefes políticos abrirán un libro destinado esclusivamente al registro de las personas dé ambos sexos que, por impedimento físico o por decrepitud ostensible, se hallaren en la absoluta necesidad de ocurrir a la beneficencia pública para proveer á su subsistencia

Art. 4. °— Los que se encuentren en el caso de que habla el artículo anterior, se presentarán dentro de treinta días, contados desde la publicación de esta ley, a la Jefatura respectiva, con el objeto de inscribirse; y previo el examen de un facultativo, ó en su defecto de dos personas competentes, nombradas por el Jefe político, éste, encontrando justas las causales de invalidez, hará extender la inscripción que corresponde, haciendo constar en ella, no solo los impedimentos que la motivan, sino también el nombre, procedencia, edad que represente el peticionario, el oficio en que con anterioridad se haya ejercitado, si hubiese tenido alguno, y si sabe leer y escribir. En consecuencia, se expedirá á su favor una patente en que conste la partida de inscripción. Si por el contrario, no se estimase justificado el impedimentó alegado, el Jefe Político hará al solicitante un serio apercibimiento en que si no comprueba dentro de quince dias haberse dedicado á la ocupación honesta, serán denunciados como vagos a la autoridad competente, para que se proceda a lo que haya lugar.

Art. 5. °— Los que después de treinta días de la publicación de esta ley fueren encontrados en las calles y demás lugares públicos ejercitando la mendicación, sin llevar consigo la patente de invalidez, serán recogidos por la policía y puestos a disposición de la autoridad competente en en calidad de presuntos vagos; mas si al iniciarse el juicio de vagancia, comprobaren legítimo impedimento por los medios establecidos en el artículo que precede, el Juez de Paz ó Alcalde respectivo, los remitirá á la Jefatura política para que se haga el asiento de inscripción y sedé á los interesados el atestado que corresponde.

Art. 6. °— La patente de invalidez producirá los efectos legales de una excepción perentoria en el juicio de vagancia.

Art. 7. °— Los Jueces de paz ó en su defecto los alcaldes Municipales, después de recibir ó de tener informes de quienes son vagos, los llamarán y amonestarán seriamente para que, en un término no menor de ocho días ni mayor de quince, comprueben estar ya dedicados a alguna ocupación lícita. De dicha amonestación se dejará constancia en un libro que se llevará al efecto.

Art. 8. °— Si los que aparecen como vagos son hijos de familia o menores de edad, la amonestación prevenida en el artículo anterior, se hará tambien a los padres o encargados para que, en el término designado, cuiden de que se les dedique a alguna ocupación.

Art. 9. ° — La amonestación previa al juicio de vagancia solo tendrá lugar en favor de los simplemente vagos; mas ese requisito deberá excusarse respecto de los que lo fueren con algunas de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo 2. °

Art, 10. — Los simplemente vagos serán condenados por primera vez á la pena de cuarenta dias de trabajo en los talleres del Gobierno, en las casas de corrección, en servicio de hospitales, en la limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles u otros establecimientos, ó bien al trabajo de caminos, según las circunstancias de la persona y de cada lugar, cuidando de que el penado se mantenga en seguridad.

Art. 11. — Fuera de los casos de segunda reincidencia en que la pena será inconmutable, en los demás, á juicio del Juez y atendidas las circunstancias de la persona, podrá conmutarse en todo ó en parte á razón de dos reales diarios, siempre que una persona distinta del reo se presentare a solicitarlo, garantizando: que toma á su cargo y bajo su dirección á la persona del reo y que se obliga á suministrarle la subsistencia mientras que le proporciona ó busca trabajo ó colocación conveniente.

Art. 12. — Si la vagancia estuviere agravada con alguna de las circunstancias que se contienen en el artículo 2.° , la pena será, de sesenta días con el mismo destino que el de los penados por vagancia simple.

Art. 13. — Por cada reincidencia se aumentará la pena con la mitad de la sufrida en la condena anterior.

Art. 14.  —La cesantía en empleo, colocación, servicio ó trabajo, no son excusas legítimas del cargo de vagancia, sino durante el término de quince días contados desde que la persona fue retirada del destino o trabajo que desempeñaba.  Igual término se require para tener por consumada la reincidencia, contado desde el día en que el penado fue puesto en libertad.

Art. 15. Par acreditar que se ejerce algun oficio, no se admitirá como prueba la declaración del maestro o director, si se limita a decir que el sindicado de vagancia ha ocurrido al taller o al trabajo uno u otro día de la semana, sino que debe probarse la asistencia diaria, ya a un taller, ya a otro, o a cualquiera otra ocupación honesta.

Art. 16. — Los Jueces de paz ó alcaldes siempre serán competentes para conocer cualquier juicio de vagancia, aun cuando por razón de reiteradas reincidencias, hubiere que imponerse una pena mayor que la determinada para el procedimiento en juicio verbal.

Art. 17. —En el juicio de vagancia no es admisible la excepción de fuero privilegiado.

Art. 18. — Las conmutaciones pecuniarias tendrán el mismo destino que la ley señala a las multas impuestas en juicio verbal.

Art. 19.— Cuando el vago resulte reo de otro delito, la vagancia se estimará como circunstancia agravante y la causa se continuará por el juez a quien correspondiere el juzgado del delito principal.

Art. 20. — Los vagos pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo y la causa seguirse de oficio sin necesidad de denuncia.

Art. 21. — Los Jefes políticos están obligados á denunciar ante los Jueces de paz o a los Alcaldes respectivos á loa vagos que existan en el territorio de su jurisdicción; y estos
deberán proceder á la secuela del procedimiento sin tardanza, bajo la pena de cinco á veinticinco pesos de multa, en caso de omisión culpable.

Art. ’22. — Los mismos Jefes políticos darán estrechas órdenes á la policía para que proceda á la captura de todos los que. sin permiso de autoridad competente y con pretexto piadoso, anduvieren colectando limosnas, y, obtenida aquella, darán cuenta á los Jueces de paz ó alcaldes respectivos para que procedan á lo que lia va lugar. Las darán, así mismo, para que la policía cuide de impedir que los ciegos y demás mendigos, molesten al público con incesantes oraciones e imprecaciones en alta voz.

Art. 23. — Los vagos que hayan cumplido sus condenas, quedarán sujetos á la vigilancia de la autoridad.

Art. 24. — Los juicios de vagancia se seguirán verbalmente por los Jueces de paz, ó Alcaldes municipales en la forma que dispone el Código de procedimientos criminales, y se otorgará el recurso de apelación en la manera que el mismo Código dispone.

Art. 25. — En todo juicio de vagancia en que no deba procederse sin previa amonestación, se hará constar la que aparezca consignada en el libro de que habla el artículo 7.  

Art. 26. Contra la sentencia dictada en 2a.  instancia solo habrá recurso de responsabilidad contra el Juez que hubiere dictado el fallo definitivo. De este recurso conocerá la Sala de Apelaciones respectiva.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a catorce de septiembre de mil ochocientos setenta y ocho.

J. Rufino Barrios.


BIBLIOGRAFIA:


7 de mayo de 1934: obligado por la Gran Depresión, el presidente Jorge Ubico deroga el Reglamento de Jornaleros instuido por J. Rufino Barrios en 1877

7mayo1934
Pago a los Jornaleros.  Obsérvese la presencia de niños trabajadores.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 7 de mayo de 1934, enfrentando una severa crisis económica derivada de la Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, el gobierno del general Jorge Ubico derogó el “Reglamento de Jornaleros“, que había sido instituido durante el gobierno de J. Rufino Barrios y uno de los principales motores económicos de los terratenientes liberales por décadas.

El “Reglamento de Jornaleros” no era más que la legalización del trabajo forzado de los pobladores indígenas en las grandes fincas cafetaleras que recién se habían establecido por los liberales en Guatemala y que requerían de grandes cantidades de mano de obra para ser rentables. Por medio del decreto 177 del 3 de abril de 1877, el gobierno de Barrios emitió mencionado reglamento, y a partir de ese momento se permitió a los propietarios particulares de las fincas cafetaleras solicitar a los jefes políticos de los departamentos “mandamientos de jornaleros” para trabajar en sus propiedades.

Estas “propiedades” se originaron tras una reforma del sistema de propiedad de la tierra que los liberales guatemaltecos implementarion tras el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.  Por este método, pretendían convertir a todos sus allegados en propietarios individuales e iniciaron la venta de las tierras baldías, o tierras “realengas”, de las grandes haciendas confiscadas a las antiguamente ponderosas  órdenes regulares de la Iglesia Católica, y las tierras comunales que tenían las comunidades indígenas.  Los principals favorecidos fueron los criollos liberales, y ciudadanos alemanes que se establecieron en la región de la Verapaz.

Ya en 1829, tras la invasión del general Francisco Morazán y la expulsión de la familia Aycinena y de las órdenes regulares del territorio centroamericano, se expropiaron por primera vez propiedades rurales para ser rematadas en subasta, principalmente a los socios ingleses del general Morazán.  El principal ejemplo fue la Hacienda de San Jerónimo, ubicada en el municipio de dicho nombre en la Verapaz, y que fue expropiada a los Dominicos y entregada a un ciudadano inglés. Sin embargo, los conservadores recuperaron el poder en 1840 y devolvieron muchas de esas propiedades a las órdenes.

Debido a que el Reglamento de Jornaleros no era suficiente para sostener la economía nacional, el gobierno de Ubico lo derogó y a los tres días, en sustitución de este reglamento, en el Decreto 1996 se promulgó la “Ley contra la Vagancia” y la “Ley de Vialidad“. Por medio de esta ley se tenía por “vagos” a los jornaleros indígenas que no pudieran demostrar haber prestado servicios por montos de entre cien y ciento cincuenta jornales en las fincas de los terratenientes, por lo cual se los enviaba a romper piedra a los caminos sin paga alguna. De esta forma, ya no había necesidad de retenerlos en las fincas a la fuerza, pues a partir de entonces, con tal de evitar el trabajo en los caminos, se ofrecían voluntariamente para trabajar como jornaleros.


BIBLIOGRAFIA: