Batalla de Coatepeque, tal y como fue esculpida en el Monumento a Gerardo Barrios en El Salvador. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Luego de la batalla de La Arada el gobierno de Guatemala vivió tranquilamente, pues sus vecinos centroamericanos quedaron bajo su control, mientras que México estaba hundido en graves guerras civiles. Pero hacia el final de la vida del general Rafael Carrera, el presidente Gerardo Barrios intentó deponer al fuerte gobierno conservador católico que se había establecido en Guatemala.
En 1863, el partido de los criollos liberales estaba decidido a acabar con el partido conservador en Nicaragua y, sobre todo, el aborrecido gobierno conservador de Carrera en Guatemala. Poco antes, el líder liberal Máximo Jerez había propuesto en Nicaragua que se hiciera una nueva república federal y que se le diera la presidencia de la misma a Carrera, estableciendo la capital nuevamente en la Ciudad de Guatemala. Esto no fue del agrado de los liberales de los otros estados quienes soñaban con una Federación, pero sin los “cachurecos” (es decir, los conservadores guatemaltecos y sus aliados, los miembros del clero). Entre aquellos destacaba el general Gerardo Barrios, presidente de El Salvador, quien atacó duramente la propuesta de Jerez, llegando a romper relaciones diplomáticas con los estados centroamericanos.
Carrera tomó aquello como una afrenta y dirigió a su ejército a la frontera con El Salvador e invadió Santa Ana. De esta cuenta, a principios de febrero, el gobierno de Gerardo Barrios lanzó una dura proclama en contra del gobierno cachureco fanático de Carrera, diciendo que éste gobernaba con el rosario en la boca y la espada sangrienta en la mano y que era indispensable derrocar aquel “tirano”. Y entonces, en respuesta, el 2 de febrero de 1863, al conmemorar el décimo segundo aniversario de la Batalla de La Arada, Carrera pasó revista a sus tropas en la calle frente al templo de San José en la Ciudad de Guatemala, y el 5 partió al frente de las mismas hacia Jutiapa, a donde llegó el 9 de febrero.
El 15 de febrero, estaban ya las tropas listas, desde Guatemala, Palencia, Mataquescuintla y Santa Rosa, comandadas, entre otros, por el general Serapio Cruz (“Tata Lapo”) y el también general José Víctor Zavala; solamente faltaba el destacamente de Chiquimula, comandado por el general Vicente Cerna. El 16, fuerzas compuestas por quinientos hombres salieron para Ahuchapán y la tomaron ese mismo día, mientras que por la tarde, salió Zavala con los batallones de la capital y de Santa Rosa, para que, finalmente, al día siguiente saliera Carrera con el resto de las fuerzas guatemaltecas.
Aquello significó la declaratoria de guerra y las fuerzas de Carrera, en total de seis mil hombres, ocuparon Chalchuapa. Ya con Ahuachpán tomada, los guatemaltecos avanzaron hacia Santa Ana, en donde los salvadoreños abandonaron la plaza y salieron a atrincherarse a Coatepeque, desde donde atacaron a la retaguardia del ejéricto de Carrera que hacía un reconocimiento del terreno antes de la batalla.
Al día siguiente, 23 de febrero, a pesar de iniciar con ímpetu desde las cinco de la mañana, las fuerzas guatemaltecas no pudieron someter a Coatepeque, en donde comandaban la batalla Gerardo Barrios y Máximo Jerez, y los salvadoreños, disfrutando de un mejor posición, hicieron estragos entre los atacantes. Debido a la escacez de agua y el calor sofocante, los guatemaltecos tuvieron que emprender la retirada, dejando casi mil muertos y sufriendo una gran cantidad de deserciones.
Al día siguiente, ya con el resto de sus fuerzas reorganizadas, Carrera intentó un nuevo ataque, pero nuevamente fue repelido por los salvadoreños, pero de tal forma, que el ejército guatemalteco huyó en desbandada y Carrera tuvo que ordenar la retirada. Los salvadoreños, no obstante el brillante triunfo, quedaron tan maltrechos, que no pudieron avanzar sobre la retaguardia y dejaron que se fueran los invasores.
Carrera regresó a la ciudad de Guatemala el 5 de marzo al frente de dos mil quinientos hombres, y fue recibido como que si hubiera derrotado al enemigo. ¡Era tal el servilismo que imperaba! Después de dos días de ausentarse de sus obligaciones como presidente por estar indispuesto, Carrera retomó su funciones y empezó a planificar su revancha, que a la larga se cumplió en forma absoluta: Barrios, vencido, tuvo que salir huyendo de su propio país, para caer luego en manos de sus enemigos, que lo ejecutaron sin piedad. Y Máximo Jerez, que había ayudado a Barrios enormemente en la campaña de Coatepeque, evalentonado por la victoria sobre Carrera se fue a Nicaragua para acabar con los conservadores de esa región, pero solo alcanzó una terrible derrota tras la cual fue exiliado a Costa Rica.
BIBLIOGRAFIA:
Hernández de León, Federico (22 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 22 de febrero de 1863, Acción de Coatepeque”. Guatemala: Nuestro Diario.
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944. En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.
No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).
Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.
El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.
El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:
Decreto Número 17
La Junta Revolucionaría de Gobierno,
CONSIDERANDO:
Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;
CONSIDERANDO:
Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;
CONSIDERANDO:
Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;
CONSIDERANDO:
Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;
CONSIDERANDO:
Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;
CONSIDERANDO:
Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;
CONSIDERANDO:
Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;
CONSIDERANDO:
Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;
CONSIDERANDO:
Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;
POR TANTO,
DECRETA:
ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:
I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado. II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente. III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece. V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros. VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial. VII.— Autonomía de la Universidad Nacional. VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular. IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla. X. — Efectiva probidad administrativa.
Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República. La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó. La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.
ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.
ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.
ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.
ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.
ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.
ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.
ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.
ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.
Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.
A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.
Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos. La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.
Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.
(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).
DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.
La asamblea constituyente de la república de Guatemala.
Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:
Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:
En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido. (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.
Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.
(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).
Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.
Retrato de la famlia del Dr. Arévalo Bermejo en su juventud. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El Dr. Juan José Arévalo nació el 10 de septiembre de 1904 en Taxisco, Santa Rosa y desde su niñez demostró liderazgo e inteligencia. Fue compañero de estudios y amigo del gran pedagogo guatemalteco Luis Martínez Mont desde los diecisiete años, con quien fueron discípulos del profesor Miguel Morazán en la Escuela Normal Central para Varones, en donde estudiaron magisterio y en donde para 1923 ya eran profesores ejemplares. Por ese entonces publicaron la revista literaria “Alba” con textos de los reconocidos escritores guatemaltecos Rafael Arévalo Martínez, Flavio Herrera y Carlos Wyld Ospina.
En 1927, como parte de su proyecto educativo, el gobierno del general Lázaro Chacón convocó a un concurso para docentes, en el cual tanto Martínez como Arévalo ganaron becas para estudiar doctorados de pedagogía en el extranjero. Martínez viajó a Suiza a estudiar con el famoso psicólogo infantil suizo Jean Piaget, mientras que Arévalo partió para la Argentina.
1932 fue un año difícil para Arévalo y Martínez Mont, ya que el gobierno del general Jorge Ubico decidió recortarles la pensión que les enviaba mensualmente y que les servía para dedicarse a estudiar de lleno. De los 175 quetzales mensuales que habían estado recibiendo, ahora solamente iban a recibir 116 quetzales. Esta reducción obedeció a los cambios en educación que hizo el general Ubico, quien no prosiguió el proyecto de restructuración que habían iniciado los generales José María Orellana y Lázaro Chacón aduciendo que era necesario hacer recortes presupuestarios para afrontar la crisis económica derivada de la Gran Depresión. Tanto Martínez Mont como Arévalo tuvieron que regresar a Guatemala, en donde el gobierno autoritario de Ubico hacía difícil emprender un viaje nuevamente.
A mediados de 1932, a Luis Martínez Mont lo invitaron a un viaje a Washington como parte de una delegación oficial, y ambos concluyeron que era una oportunidad única para marcharse de Guatemala. Desde Washington, Martínez le envió una carta a Arévalo indicándole que no dejara pasar el mes de septiembre para regresar a Argentina, y así lo hizo, pero cuando llegó a Buenos Aires se enteró de que Martínez había retornado a Guatemala, en donde Ubico lo nombró director de la Escuela Normal Central para Varones. A partir de ese momento, la amistad entre ambos pedagogos se resquebrajó.
Arévalo obtuvo su doctorado en 1934 y se quedó en Argentina ejerciendo como profesor universitario. Tras la renuncia del general Ubico y el derrocamiento del general Federico Ponce Vaides el 20 de octubre de 1944, el Dr. Arévalo fue llamado a Guatemala para ser candidato presidencial por el partido Frente Popular Libertador, formado por los estudiantes universitarios de la época. Por su parte, Martínez Mont salió al exilio a los Estados Unidos, en donde trabajó como psicólogo infantil para los estudios de Walt Disney.
Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897. Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico“
La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas. Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.
La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:
Telegrama del general presidente
A todas las autoridades departamentales y locales de la República
Guatemala, 1°. de junio de 1897
Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria.
Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.
Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.
Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.
La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.
Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales. No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.
Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.
[…]
Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.
José María Reina Barrios
Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismo, mientras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.
El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:
Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos y sus naturales consecuencias. Adrián F. Caballeros.
Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:
San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales
Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación. José León Castillo.
El puento sobre el río Los Esclavos, situado cerca del epicentro del terremoto. No fue afectado por el sismo. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano, tomada en 1897. Imagen de “La Ilustración del Pacífico“. En los recuadros: retratos del presidente Manuel Estrada Cabrera y del general José María Orellana. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
De acuerdo al boletín enviado al presidente Manuel Estrada Cabrera, el 8 de marzo entre las 9 y 10 de la mañana, se sintió en Cuilapa un temblor que dejó en completa ruina a esa cabecera departamentos y los puebos vecinos; en las casas se lamentaban hasta quince víctimas pero fue en la Escuela Pública en donde ocurrió la mayor tragedia, pues allí murieron sepultados dos maestros con todos sus alumnos. También se derrumbaron los edificios del Cuartel, del Juzgado de Instancia, el de Administración de Rentas y la prisión, quedando los prisioneros sin custodia alguna. El informe también indica que se interrumpió la conexión telegráfica.
Tanto el terremoto inicial como las réplicas destruyeron muchas casas, escuelas e incluso la catedral y la prisión, con una considerable cantidad de víctimas mortales; similar destrucción sufrieron las localidades de Barberena, Cerro Redondo, Llano Grande y El Zapote también sufrieron daños considerables. También fueron dañados seriamente los poblados de Fraijanes, Pueblo Nuevo Viñas, Coatepeque y Jalpatagua. En el área del epicentro, el terremoto provocó derrumbes y bloqueo de caminos y carreteras; los vecinos culpaban del terremoto al cerro Los Esclavos, a 4 km de distancia, al punto que creían haber detectado una gran grieta que se veía desde Cuilapa. Por su parte, el puente de Los Esclavos, construido durante la época colonial no sufrió daño alguno.
El sismo se sintió en lugares tan remotos como en el municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz y en la ciudad de Guatemala, en donde provocó alarma, pero solamente daños menores en la infraestructura. También se sintió en el departamento de Sololá y en algunos lugares de El Salvador.
El gobierno del licenciado Estrada Cabrera encomendó al general José María Orellana que se encargada de la comisión de reconstrucción del poblado.
Mapa del curato de Jutiapa, según lo describe el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en su reporte pastoral de 1768. El poblado no había cambiado mucho para 1848 debido a las constants guerras en la region centroamericana. Imagen tomada del Archivo General de Indias.
La organización territorial de la República Federal de Centro América estuvo ligada directamente a la division eclesiástica que las autoridades de la Iglesia Católica habían hecho de los curatos que había en la región durante la época colonial. Estos curatos estaban agrupados en grandes regiones que habían sido asignadas a determinadas órdenes de frailes y, dado que esta división administrativa estaba ya prácticamente hecha al momento de la Independencia, la primera delimitación territorial del Estado de Guatemala se basó en ella.
Uno de los departamentos originales era el de Chiquimula, el cual abarcaba prácticamente todo el oriente guatemalteco; así que el 23 de febrero de 1848 fue separado en dos, formado el departamento de Mita, el cual, a su vez, fue dividido en tres distritos (o corregimientos), de acuerdo al decreto que se reproduce a continuación:
El departamento de Mita se divide para su mejor administración en tres distritos que se denominarán, el 1.° de Jutiapa; el 2.° de Santa Rosa; y el 3.° de Jalapa.
El distrito de Jalapa se compondrá de las poblaciones siguientes: Jutiapa, como cabecera; Yupiltepeque, las dos Mitas y sus valles que son Suchitán, San Antonio, Achuapa, Atescatempa, Sapotitlán, Contepeque, Chingo, Quequesque, Limones y Tempisque; Comapa, Jalpatagua, Asulco, Conguatco y Moyuta.
El distrito de Santa Rosa se compondrá de las poblaciones siguientes: Santa Rosa como cabecera; Cuaginiquilapa, Chiquimulilla, Guazacapan, Taxisco, Pasaco, Nancinta, Tecuaco, Sinacantán, Ixguatán, Zacualpa, la Leona, Jumay y Mataquescuintla.
El distrito de Jalapa se compondrá de las poblaciones siguientes: Jalapa, cabecera; Sanarate, Sansaria, San Pedro Pinula, Santo Domingo, Agua Blanca, Espinal, Alzatate y Jutiaplilla; y para mayor claridad se entenderá este distrito dividido del de Jutiapa por el río que sale del Ingenio hasta la laguna de Atescatempa.
Para los distritos de Jutiapa y Jalapa se nombrarán corregidores y jueces de primera instancia que correspondan continuando en el de Santa Rosa los funcionarios que existen.
Estos distritos fueron de corta duración, y cuando fueron suprimidos el 9 de octubre de 1850, todos los poblados regresaron a sus antiguos departamentos.
Los departamentos actuales se formaron hasta la década de 1870.
Doctor Juan José Arévalo Bermejo en su toma de posesión en 1945. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El doctor Juan José Arevalo Bermejo fue un educador, diplomático y político guatemalteco originario de Taxisco, Santa Rosa quien obtuvo una beca para estudiar en Argentina por el gobierno del general Lázaro Chacón. Esta beca era otorgada a los estudiantes más aventajados de la Escuela Normal para Varones y en 1934 se graduó con un doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación la Universidad Nacional de La Plata.
Arévalo se quedó en Argentina y se desempeñó como profesor en las universidades de Tucumán y Buenos Aires, como secretario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, como inspector de la Universidad Nacional de Cuyo y como organizador de la Escuela Normal de San Luis.
En 1944, tras el triunfo de la revolución de Octubre en Guatemala, Arévalo fue electo presidente de la República con una abrumadora mayoría tras ser apoyado por el partido Frente Popular Libertador de los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Su gobierno fue el primero de índole socialista en el país, luego de numerosas dictaduras tanto conservadoras como liberales.
Se definió a sí mismo como un socialista espiritual, que impulsó numerosas reformas para integrar a las clases más pobres de la sociedad guatemalteca, basado en el “New Deal” del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt; sin embargo, por ser estas reformas totalmente nuevas para Guatemala, los criollos guatemaltecos (tanto liberales como conservadores) lo tildaron de comunista, que es el término preferido por las élites locales para desprestigiar a todo aquello que atente contra sus intereses económicos y politicos.
Durante su gestión, Arévalo tuvo que enfrentar la fuerte intromisión de los Estados Unidos en los asuntos del gobierno y cerca de treinta intentos de golpe de Estado. Muy aficionado a las damas, tuvo un grave accidente cuando se dirigía a Panajachel en compañía de dos bailarinas rusas que estaban de visita en el país, quienes murieron en el accidente. Arévalo sobrevivió pero su estado era tan grave que se pensó que no iba a sobrevivir y se pactó con el Jefe de las Fuerzas Armadas, coronel coronel Francisco Javier Arana para que se encargara del gobierno cuando falleciera el presidente en el pacto conocido como “Pacto del Barranco“. Arévalo se recuperó casi milagrosamente gracias a su gran fortaleza física y continuó al frente del gobierno, por lo que Arana intentó tomar el poder por la fuera, lo que obligó a Arévalo a ordenar a su Ministro de la Defensa, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán a que capturara a Arana y lo enviara al exilio a Cuba. Cuando Arana se resistió a la captura, murió por los disparos de sus captores.
Ya durante la presidencia del coronel Arbenz, Arévalo fue embajador itinerante de Guatemala y luego permaneció en el exilio tras el derrocamiento del presidente en 1954. Regresó a Guatemala en 1963 cuando el entonces presidente de Guatemala, general Miguel Ydígoras Fuentes, le dio permiso de participar en las elecciones presidenciales de ese año, pero tuvo que salir de inmediato al exilio cuando el presidente Ydígoras fue derrocado por su ministro de la defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia.
Arévale fue un prolífico escritor, y sus obras versan sobre temas de pedagogía e historia de Guatemala, en especial de su gobierno. Luego de un largo exilio, regresó a Guatemala en 1970, y finalmente murió en la Ciudad de Guatemala, el 8 de octubre de 1990 siendo sepultado con todos los honores correspondientes a un expresidente.
BIBLIOGRAFIA:
Arévalo Bermejo, J.J. (1998). Despacho Presidencial. Obra póstuma. Guatemala: Tipografía Oscar de León Palacios.
— (1970). La inquietud Normalista. Guatemala: Académica Centroamericana.
— (1963). Memorias de aldea. Guatemala: Académica Centroamericana.
Barrios Archila, Jaime (1985). Biografía mínima del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Guatemala: Cenaltex.
Cardoza y Aragón, Luis (1994) [1955]. La Revolución Guatemalteca (2a. edición). México: Talleres de Ediciones Don Quijote.
Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
Primera página del Decreto de Gobierno del 21 de marzo de 1847, la verdadera firma del general Rafael Carrera (a quien los criollos liberales acusaban falsamente de analfabeto y que firmaba como “Racararraca”) y el mapa original de la República de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Luego de más de veinticinco años de guerra civil, la Federación Centroamericana estaba prácticamente disuelta. En Guatemala se había impuesto el régimen del capitán general Rafael Carrera, quien a sangre y fuego se impuso a los criollos liberales del país y los aplastó cuando quisieron formar su propio estado en Los Altos en 1838.
Cuando se hizo evidente que Guatemala necesitaba constituirse como República para establecer relaciones comerciales con el resto del mundo, Carrera estableció la República el 21 de marzo de 1847. Con el fuerte apoyo de la Corona Británica el régimen conservador se consolidó y se convirtió en un refugio para los miembros del clero regular que habían sido expulsado de muchos países latinoamericanos por los criollos liberales de esos países, ya que dicho clero había sido la clase social económicamente más poderosa durante la época colonial.
El régimen de Carrera se mantuvo hasta la muerte del caudillo, ocurrida el 14 de abril de 1865 aunque los conservadores se mantuvieron en el poder hasta el 30 de junio de 1871, cuando los criollos liberales liderados por J. Rufino Barrios y Miguel García Granados vencieron al ejército del presidente, el mariscal Vicente Cerna, con apenas un puñado de insurrectos pero con modernas armas proveídas por el gobierno mexicano de Benito Juárez.
BIBLIOGRAFIA:
González Davison, Fernando (2008). La montaña infinita; Carrera, caudillo de Guatemala. Guatemala: Artemis y Edinter. ISBN 84-89452-81-4.
