23 de mayo de 1921: el gobierno de Carlos Herrera establece un impuesto para fomentar la construcción del Ferrocarril de los Altos

23mayo1921
Tres vagones del Ferrocarril de los Altos en la estación.  En el recuadro: los dínamos de la planta eléctrica de Santa María de Jesús.  Imágenes tomadas de la obra Quezaltenango, Album conmemorativo de la inauguración del Ferrocarril de Los Altos.

El 21 de julio de 1920 en una reunión con el Ministro de Fomento, ingeniero Félix Castellanos B., la Comité de reanudación de los trabajos del Ferrocarril de Los Altos y el Jefe Político de Retalhuleu, Carlos Quezada, se determinó que se adoptara el trazo hecho por el ingeniero S.S. Shaw, empleando un ferrocarril eléctrico para el tráfico de pasajeros y de carga, pues había un sobrante de fuerza disponible en la Planta Elétrica de Zunil en Quetzaltenango.

De acuerdo a las estimaciones de los ingenieros Victor Cottone, el ya mencionado Shaw, Jorge Hartmann y Fernando Andros, la capacidad disponible de la planta eléctrica podía permitir el tranporte de ida y vuelta de más de ciento ochenta personas de carga por día.  Basado en estos cálculos los allí reunidos decidieron solicitar al gobierno que creara un Comité Administrativo con personería jurídica y facultades amplias para la administración de fondos y celebración de contratos.

En virtud de aquella solicitud, la Asamblea Nacional Legislativa, creó un impuesto destinado a los tabajos del Ferrocarril de Los Altos el 23 de mayo de 1921:

Dcreto Número 1119

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala

Decreta:

Artículo 1.° Se establece el impuesto adicional de tres pesos sobre cada botella de aguardiente que se consuma en el país, proveniente de las centralizaciones y fábricas establecidas o que se establezcan, puesto que se destina exclusivamente para la construcción del Ferrocarril de Los Altos y cuyo producto se entregará mensualmente al Comité respectivo, por medio de la Tesorería Nacional.

Artículo 2.° Al finalizar los dos años contados desde el primero de julio próximo, fecha en que principiará a regir el presente Decreto, el expresado Comité del Ferrocarril de Los Altos rendirá un informe detallado a donde corresponde, relativo al estado de los trabajos, procediendo entonces la Asamblea Legislativa a fijar la forma de adquirir los fondos que falten para la terminación de la obra.

Artículo 3.° La inversión de los fondos respectivos así como la construcción de la obra, se hará por el Comité del Ferrocarril de Los Altos, de acuerdo con el Ministro de Fomento y conforme al estudio, planos y reglamentos que por este se hayan aprobado.

Artículo 4.° Alterminar el Ferrocarril de Los Altos, el expresado impuesto de tres pesos se destinará a la construcción de los ramales del Ferrocarril que unirán la ciudad de Quetzaltenango con los Departamentos de Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos y Sololá.

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.  

Dado en el palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, a veintitrés de mayo del mil novecientos veintiuno.

  • Tácito Molina I., presidente
  • Filiberto Escobar, secretario
  • A. Velázquez, secretario

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 8 de junio de mil novecientos veintiuno.

Publíquese y cúmplase.


BIBLIOGRAFIA:


 

28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

8 de noviembre de 1851: la Asamblea constituyente emite un decreto sobre asuntos de los indígenas

8noviembre1851
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.

A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.

Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos.  La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.

Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.

(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.

La asamblea constituyente de la república de Guatemala.

Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:

Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:

  1. En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
  2. En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
  3. Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido.  (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
  4. Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
  5. Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
  6. Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
  7. Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
  8. Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.

Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.

(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).

Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.


BIBLIOGRAFIA:


18 de septiembre de 1827: se produce una fuerte erupción del volcán Atitlan, seguida de varios sismos

 

18septiembre1827
Lago y volcán de Atitlan, aparecidos en una fotografía de 1897 publicada por Anne Maudslay en su obra “A Glimpse of Guatemala

Reproducimos a continuación lo que relató en 1843 el historiador liberal Alejandro Marure sobre lo ocurrido en el lago de Atitlan el 18 de septiembre de 1827, cuando era jefe de estado de Guatemala Mariano de Aycinena:

“Reventó el volcán Atitlán, situado á las orillas del lago de Panajachel, en el Estado de Guatemala, arrojando una cantidad prodigiosa de mal-pais, arena y cenizas sobre la costa de Suchitepéquez, quedando toda aquella comarca, por más de cincuenta horas, envuelta en profundas tinieblas. Fueron notables los estragos que causó esta erupción, especialmente á causa de los grandes terremotos que la acompañaron. Este mismo fenómeno se repitió á principios de 828, y se ha repetido en años posteriores con
no menor violencia, como está sucediendo en el presente de 1843.

Se deduce de lo referido por Marure que la región del Lago de Atitlan sufrió esporádicamente un enjambre sísmico que se prolongó prácticamente durante todo el gobierno de Dr. Mariano Galvez (1831-1838) y parte del gobierno del licenciado Mariano Rivera Paz (1838-1844).

El volcán Atitlan es el único de los tres que rodean el lago del mismo nombre que ha estado activo en los siglos recientes. Documentos indigenas refieren que estuvo activo alrededor de 1469, mientras que la última erupción de la que se tiene registro data del 3 de junio de 1853, en la que arrojo ceniza que provoco obscurecimiento de la región.


BIBLIOGRAFIA:


12 de septiembre de 1839: tras la separación del Estado de Los Altos, el estado de Guatemala se ve obligado a reorganizar su división administrativa

12septiembre1839
Versión estilizada del escudo del Estado de Los Altos, mostrando el Volcán Santa María y un Quetzal.  Actualmente es utilizado como escudo en Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, y comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual de Soconusco, (que ahora es parte del estado de Chiapas, en México).  El decreto por el que se creó el Estado de Los Altos dice así:

La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana en sesión plenaria celebrada el cinco de junio del año de 1838 habiéndose tomado en consideración la necesidad de crear un Sexto Estado se acuerda:

1. Crear el Estado de Los Altos, teniendo como capital a la ciudad de Quetzaltenango conformada por una junta de gobierno provisional, de la siguiente manera:

  • Marcelo Molina Mata, electo Gobernador del Estado de Los Altos.
  • José M, Gálvez
  • José Antonio Aguilar
  • General Agustín Guzmán Comandante en Jefe del Ejército del Estado de Los Altos.

2. El Estado comprenderá los siguientes territorios: Quetzaltenango, TotonicapánSololá, Suchitepéquez y Soconusco.

Procédase a trabajar de inmediato en el desarrollo del puerto del Pacífico por orden del Señor Gobernador del estado Federal de los Altos, José M. Gálvez y a mejorar las relaciones con el Gobierno Federal de San Salvador.

Nótese en el decreto anterior tres aspectos importantes:

  1. Desde el principio el Estado tenía la intención de mejorar las relaciones con el gobierno Federal de San Salvador, lo que quiere decir, con el moribundo régimen liberal del general Francisco Morazán, el cual se había visto muy reducido por la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y por la reciente guerra civil que derrocó a Mariano Gálvez en Guatemala.  Los liberales guatemaltecos estaban interesados en coneguir esta alianza con el fin de dejar a la Guatemala conservadora en medio de dos gobiernos liberales.
  2. También desde un principio, tenían la intención de construir su propio puerto en Champerico con miras a establecer una economía completamente independiente de Guatemala.
  3. El Estado no estaba desvalido, sino que contaba con su propio ejército, el cual estaba a cargo del general mexicano Agustín Guzmán.

Por su parte, el Estado de Guatemala estaba muy débl luego de la guerra civil contra Mariano Gálvez y la posteriores guerras, por lo que luego de la separación del Estado de Los Altos, la Asamblea Constituyente de Guatemala tuvo que dividir al Estado en siete departamentos y dos distritos, de acuerdo al siguiente decreto del 12 de septiembre de 1839:

La Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala:

Habiendo tomado en consideración la necesidad que hay de hacer una nueva y conveniente división del territorio, después de la separación de los departamentos que componen el Estado de Los Altos. Con presencia de los datos e informes que ha presentado el gobierno sobre el particular, ha decretado:

  1. El estado de Guatemala se divide en siete Departamentos: ChimaltenangoChiquimula, Escuintla, Guatemala, Mita, Sacatepéquez, y Verapaz.
  2. También componen dos Distritos: Izabal y Petén.
  3. Los departamentos y distritos referidos, comprenden las poblaciones y lugares que se señalan en la tabla que acompaña a esta ley.
  4. Mientras se reúnan datos más exactos, con presencia de los padrones que deben formarse para hacer por otra ley la división permanente del territorio, el gobierno queda autorizado para poder agregar o segregar de unos a otros, los pueblos o lugares que lo soliciten, con causa fundada en el mejor servicio y bien de los mismos pueblos, previo al informe de los jefes respectivos.
  5. El mismo gobierno, en las providencias que tome, para la demarcación del territorio de los departamentos, procurará en lo que sea posible, que sea la misma la de los curatos y sus comprensiones, a fin de evitar embarazos y facilitar en todo el mejor servicio público.

En este decreto se puede apreciar el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la región americana que estuvo bajo el control espanol, ya que la división administrativa de los países y estados se hizo en base a los curatos existentes, los cuales eran los poblados de indígenas que estaban a cargo del clero secular.  Estos curatos habían sido hasta 1750, aproximadamente, las doctrinas que estaban a cargo de las otrora poderosas órdenes regulares, las cuales poseían  grandes extensiones de tierra en las que sus “doctrinados” trabajaban para ellos a cambio de la evangelización que les proporcionaban. Para poner un ejemplo, he aquí un listado de las doctrinas que poseían los dominicos en el Reino de Guatemala en 1638:

Convento Doctrinas Convento Doctrinas
Guatemala
  • Chimaltenango
  • Jocotenango
  • Sumpango
  • San Juan Sacatepéquez
  • San Pedro Sacatepéquez
  • Santiago Sacatepéquez
  • Rabinal
  • San Martín Jilotepeque
  • Escuintla
  • Milpas Altas
  • Milpas Bajas
  • San Lucas Sacatepéquez
  • Barrio de Santo Domingo
Amatitlán
  • Amatitlán
  • Petapa
  • Mixco
  • San Cristóbal
Verapaz
  • Cahabón
  • Cobán
  • Chamelco
  • San Cristóbal
  • Tactic
Sonsonate
  • Nahuizalco
  • Tacuxcalco
San Salvador
  • Apastepeque
  • Chontales
  • Cojutepeque
  • Cuscatlán
  • Milpas Bajas
  • Tonacatepeque
Sacapulas
  • Sacapulas
  • Cunén
  • Nebaj
  • Santa Cruz
  • San Andrés Sajcabajá
  • Zacualpa

BIBLIOGRAFIA:


5 de septiembre de 1848: aprovechando la renuncia del general Rafael Carrera, los representantes de las municipalidades de Los Altos se reunen en Quetzaltenango y acuerdan crear un nuevo gobierno para el Estado de Los Altos

5septiembre1848
Valle de Totonicapán en 1887.  Así se encontraba en la época en que Los Altos intentaron separarse de Guatemala por segunda vez.  Imagen tomada de “Guatemala, Land of Quetzal

Tras la renuncia forzada del general Rafael Carrera a la presidencia de Guatemala el 16 de agosto de 1848 debido a la inestabilidad del país, el ahora expresidente salió al exilio a Chiapas y en Los Altos recuperaron la esperanza de formar su Estado independiente.  Los criollos liberales estaban en el poder en Guatemala y eso no podía significar un mejor ambiente para la formación del estado altense.

Ante esta situación, la Municipalidad de Totonicapán expresó:

Sesión extraordinaria del día lunes veinticinco de agosto de mil ochocientos cuarenta y ocho, a que concurrieron los individuos municipales que se expresan al margen, las municipalidades de los pueblos de San Cristóbal, San Francisco El Alto, Santa María Chiquimula, San Andrés Xecul y San Carlos Sija, y un numero concurso de las personas más notables de esta ciudad.  Reunidas estas corporaciones con el importante objeto de la libertad e independencia de Los Altos, a que ha sido invitada esta Municipalidad por la de Quetzaltenango, oídos los votos de los concurrentes y bien meditado y discutido el asunto, y en consideración a que si en el año 1838 por decreto del 5 de junio del mismo año se declaró erigidos en nuevo Estado los pueblos de Los Altos, atendiendo que reunen para serlo el número de habitantes y los demás elementos y suficiencia que previene el artículo 198 de la Ley Constitutiva de la República de Centro América; ahora que se han multiplicado estos elementos es más necesaria que nunca la libertad de Los Altos.  Considerando vigentes los efectos del citado decreto de 5 de junio de 1838; que si por un hecho de armas hostil y prevalido el general Carrera de su poder, abusó de él, invadiendo los pueblos de Los Altos, arrebatándole sus más sacrosantos derechos y anonadando su dignidad y soberanía: que ninguno de estos pueblos ha desistido ni renunciado del rango a que fue llamado; que antes bien, en distintas épocas han reclamado sus augustos derechos ahollados por la fuerza; que ninguna ley, ninguna autoridad competente ha declarado hasta ahora justa y lelgal la ocupación de Carrera ni el estado humillante a que redujo por la fuerza a estos pueblos aquel hombre; que al fin llegó el día feliz en que los Altos recobraran su liberad, soberanía y dignidad a merced de sus nobles esfuerzos, de la ausencia de su opresor, del restablecimiento del Gobierno libre de Guatemala, a la cooperación de las fuerzas de la montaña y poderoso valimento del señor general de Brigada don Vicente Cruz.  Tomado en consideración lo expuesto por la municipalidad de Quetzaltenango, el general entusiasmo y vehementes deseos de esta población y el de las demás municipalidades que componen esta Junta por la recuperación y la soberanía, se declara solemnemente:

  1. Que por parte del departamento de Totonicapán se secunda en todas las partes el glorioso pronunciamiento de la independencia de los pueblos de Los Altos al Gobierno de Guatemala, como lo verificó la Ciudad de Quetzaltenango;
  2. Protesta esta Junta que observará con las autoridades y los pueblos de Guatemala la más estrecha y fiel armonía;
  3. Que el ánimo de estos pueblos al pronunciarse por la reorganización del Sexto Estado, no es para excitar conmociones sino para estrechar más y más estos pueblos con los demás inmediatos y procurar su felicidad y bienestar.

Sáquense copias de esta acta para remitir una con el correspondiente oficio al Supremo Gobierno Provisorio de Los Altos y una a cada uno de los pueblos de este departamento; con lo que se conluyó el al acta que firman los señores Antonio López y Felipe Zavala.

Los otros poblados mandaron actas similares y José Dolores Nufio se manifestó a favor en Chiquimula, y había partidarios de la independencia de Los Altos en Oriente y en El Salvador.  Así pues, el 4 de septiembre se reunieron en Quetzaltenango los representantes de las municipalidades de Los Altos y el 5 de septiembre acordaron en primer lugar que los señores presbítero Fernando Antonio Dávila, Rafael dela Torre y el licenciado José Velazsco se hicieran cargo del gobierno, el cual fue aceptado pasivamente por el endeble gobierno liberal de Guatemala el 21 de septiembre de ese ano.

Este sería el inicio del segundo y último intento de Los Altos por conseguir su deseada independencia de Guatemala, ya que Carrera regresó al poder en 1849.


BIBLIOGRAFIA:


 

15 de febrero de 1838: la Asamblea del Estado de Guatemala decide que sea el Congreso Federal de Centro América el que resuelva aceptar o no la creación del Estado de Los Altos

Escudo del Estado de Los Altos, tallado en Piedra en una de las tumbas de los Héroes Altenses en el Cementerio de Quetzaltenango.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 2 de febrero de 1838 los criollos liberales se reunieron en la ciudad de Quetzaltenango y se declararon independientes del Estado de Guatemala.  Se autodenominaron “Estado de Los Altos y contaban con un territorio nada despreciable:  ocupaban Soconusco (actualmente en México) y los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, que en esa época eran enormes y comprendían a los modernos departamentos de Huehuetenango, Quiché, Suchitepéquez, San Marcos y Retalhuleu, además de los ya mencionados.   Con la creación de este estado, los liberales tenían suficiente territorio y recursos naturales para progresar y contaban con salida al Océano Pacífico en las costas de San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez.

El 15 de febrero de ese año el gobierno del Estado de Guatemala conoció el asunto y lo trasladó al Congreso Federal de Centro América para que resolviera.  Dado que el gobierno de Guatemala estaba controlado por los conservadores católicos y el gobierno federal lo estaba por el general liberal Francisco Morazán, era cuestión de tiempo que se creara formalmente el nuevo estado.

A pesar de la autorización federal, las relaciones entre Guatemala y Los Altos nunca fueron cordiales y ambos estados se armaron hasta los dientes con la ayuda del consul británico Frederick Chatfield, quien había abandonado la capital federal y se había mudado a la Ciudad de Guatemala por sus desaveniencias con el presidente Morazán.

Los criollos liberales impusieron en su nuevo territorio las leyes laicas que Mariano GálvezRafael Carrera y José Francisco Barrundia intentaron establecer infructuosamente en Guatemala y mantuvieron el impuesto indígena que ya había sido derogado por los conservadores.  Esto hizo que los indígenas del estado rechazaran al nuevo gobierno y se mantuvieron protestando hasta que el 1 de octubre de 1839 un grupo de campesinos fue reprimido violentamente en Santa Catarina Ixtahuacán por los militares altenses, provocando por lo menos cuarenta muertos. En los libros de la época, los historiadores liberales refieren el incidente simplemente como “un escarmiento para los bárbaros”, pero esto sería el inicio del fin del Estado de Los Altos, pues los campesinos fueron a Guatemala a pedir ayuda al general mestizo Rafael Carrera quien era el que verdaderamente gobernaba y quien para marzo de 1840 ya había recuperado el territorio para Guatemala.


BIBLIOGRAFIA:


 

 

29 de enero de 1840: el general Rafael Carrera toma Quetzaltenango y reincorpora al territorio del Estado de Los Altos a Guatemala

 

29enero1840
Catedral de Quetzaltenango en 1887.  Fotografía del libro “Guatemala, The Land of Quetzal“.

Guatemala sufrió varios intentos de secesión durante las décadas de 1830 y 1840.  El principal fue la formación del Estado de Los Altos entre Soconusco, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, y Retalhuleu.  Los criollos liberales viendo como habían perdido el poder en Guatemala tras el triunfo de la revolución campesina liderada por Rafael Carrera en 1838, se aglutinaron en el occidente del Estado y aprovechando que el general Francisco Morazán se aferraba todavía a la presidencia de la República Federal de Centroamérica formaron su propio Estado: el Estado de Los Altos.

Primero en la ciudad de Totonicapán, y luego en la ciudad de Quetzaltenango, los criollos liberales se organizaron con el fin de exportar sus bienes en los puertos en la costa de Retalhuleu y hacerle presión al gobierno de Guatemala desde la frontera occidental, junto con la presión que estaba haciendo Morazán desde El Salvador y Honduras.  Pero en Guatemala estaba al mando la recia figura del general mestizo Rafael Carrera quien combatió contra las fuerzas del general  mexicano-altense Agustín Guzmán y recuperó el territorio de Los Altos a sangre y fuego, entrando a Quetzaltenango el 29 de enero de 1840.

Al saberlo, Morazán invadió a Guatemala con la intención de terminar con Carrera de una vez por todas, arrasando con los civiles campesinos en el oriente del Estado a su paso.  Carrera esperó con su ejército en la finca el Aceituno y desde allí le tendió una trampa al invasor liberal y lo derrotó de forma aplastante en la Ciudad de Guatemala.  Sería el fin de los liberales en Los Altos y de la carrera política de Morazán.


BIBLIOGRAFIA:


5 de enero de 1883: tras concluir su viaje a los Estados Unidos para finalizar el tratado de límites con México, J. Rufino Barrios retoma el ejercicio de sus funciones como presidente de Guatemala

5enero1883
Retrato del general José María Orantes, encagardo de la presidencia de Guatemala entre 1882 y principios de 1883.  Fotografía de los Hermanos Chávez tomada en 1893.  Imagen de Wikimedia Commons.

Uno de los presidentes menos conocidos para los guatemaltecos es el general José María Orantes, quien estuvo a cargo de la presidencia de Guatemala interinamente mientras el general J. Rufino Barrios se ausentó del país para realizar un viaje oficial a los Estados Unidos para terminar los últimos detalles del Tratado de Límites con México que se firmó en 1882 y que se conoce como de Herrera-Mariscal.

Durante su ausencia, el general Orantes se encargó de la administración pública sin mayores sobresaltos, entregando el poder el 5 de enero de 1883 por medio de este escueto decreto:

Palacio Nacional: Guatemala, 5 de enero de 1883.

El general encargado de la Presidencia

Acuerda:

Que el general Don J. Rufino Barrios, Presidente Constitucional de la República, vuelva al ejercicio de sus funciones, una vez que han cesado los motivos que tuvo para separarse del mando.

Comuníquese.

  • Orantes
  • Díaz Mérida

Barrios retomó el ejercicio de sus funciones como presidente a partir del 5 de enero mismo, como lo demuestra el decreto sobre las matrículas de carros tirados por bestias, o carretas, en los departamentos de Baja Verapaz, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos que el presidente firmó el mismo día 5.

Al retomar sus funciones al frente del Ejecutivo, Barrios se enfocó de lleno en la Unificación Centroamericana. El plan del presidente guatemalteco era sencillo: renunciar definitivamente al reclamo de Guatemala sobre el territorio de Chiapas y de Soconusco para que México no atacara el occidente de Guatemala mientras él dirigía su atención hacia el resto de Centroamérica.  Barrios inició así la malhadada Intentona de Reunificación, que terminó abruptamente cuando murió en los llanos de Chalchuapa el 2 de abril de 1885, en circunstancias en las que los historiadores todavía no se ponen de acuerdo. Por un lado, los historiadores liberales oficiales pintan a Barrios como un héroe que murió al frente de sus tropas en el campo de batalla, mientras que por otro, el renombrado historiador conservador Antonio Batres Jauregui en su obra “La América Central ante la Historia” relata cómo un antiguo sirviente de la familia de Barrios, de apellido Jolón, le relató que el general murió en una emboscada de francotiradores que le hirieron mortalmente desde arriba por su hombro derecho cuando estaba pagando cincuenta mil pesos a un grupo de traidores salvadoreños.  En la misma obra Batres Jauregui relata que otra versión fue que los jalapas, el batallón guatemalteco, le dispararon a Barrios a traición pero dice que esa versión no es verosímil.

En cuanto al general Orantes, a quien no le gustaba la vida pública, no aceptó el nombrado de Primer Designado a la presidencia, quedando en su lugar el ciudadano Alejandro M. Sinibaldi, quien quedaría como presidente interino a la muerte de Barrios en 1885.


BIBLIOGRAFIA:


 

27 de diciembre de 1838: la Asamblea Constituyente del recién creado Estado de Los Altos ratifica el nombramiento de las autoridades del Ejecutivo del nuevo estado

27diciembre1838
Valle de Totonicapán en 1884.  Fue en este departamento en donde se declaró la formación del Estado de Los Altos en 1838. Grabado del libro Guatemala, the land of quetzal de William T. Brigham, publicado en 1887

La revolución que derrocó a Mariano Gálvez y a los criollos liberales en Guatemala los obligó a replegarse hacia El Salvador y hacia los departamentos del occidente del Estado. Contando con el apoyo del gobierno Federal, formaron su propio Estado al que llamaron “de Los Altos” y el 27 de diciembre de 1838 la Asamblea Constituyente del nuevo estado ratificó el nombramiento de los miembros del Ejecutivo.

Entre los miembros de aquel gobierno el más destacado fue sin duda el general Agustín Guzmán, un militar mexicano que llegó a Guatemala bajo las órdenes de Vicente Filísola cuando éste llegó a Guatemala en sustitución de Gabino Gaínza durante el efímero Imperio de Agustín de Iturbide.  Guzmán fue el segundo jefe del Estado y el jefe de la fuerzas armadas y como tal, tuvo que enfrentarse varias veces contra el genio militar del general Rafael Carrera.

En 1840, Guzmán fue derrotado por Carrera y enviado a la Ciudad de Guatemala montado en una mula y con sus heridas aún sangrantes.  Estuvo en prisión hasta que fue rescatado por Francisco Morazán quien lo envió a Quetzaltenango con la noticia de que Carrera había sido vencido.  Guzmán no podia extender sus extremidades por haber estado encadenado todo ese tiempo, pero montó a caballo como pudo y partió con la feliz noticia.  Desafortunadamente para Guzmán, solo se trataba de un ardid de Carrera y cuando se encontraba de viaje hacia el occidente, las fuerzas guatemaltecas aplastaron a las fuerzas de Morazán y lo obligaron a huir, sellando el final del Estado de Los Altos.

Diez años después Carrera, ya presidente de la recién establecida República de Guatemala, aceptó salir al exilio, lo que fue aprovechado por los criollos liberales para intentar formar el Estado de los Altos una vez más.  Guzmán fue nuevamente el líder de los altenses, pero sus acciones fueron nuevamente derrotadas, primero por el presidente Mariano Paredes, y luego por el mismo Carrera cuando regresó al poder.


BIBLIOGRAFIA: