23 de mayo de 1921: el gobierno de Carlos Herrera establece un impuesto para fomentar la construcción del Ferrocarril de los Altos

23mayo1921
Tres vagones del Ferrocarril de los Altos en la estación.  En el recuadro: los dínamos de la planta eléctrica de Santa María de Jesús.  Imágenes tomadas de la obra Quezaltenango, Album conmemorativo de la inauguración del Ferrocarril de Los Altos.

El 21 de julio de 1920 en una reunión con el Ministro de Fomento, ingeniero Félix Castellanos B., la Comité de reanudación de los trabajos del Ferrocarril de Los Altos y el Jefe Político de Retalhuleu, Carlos Quezada, se determinó que se adoptara el trazo hecho por el ingeniero S.S. Shaw, empleando un ferrocarril eléctrico para el tráfico de pasajeros y de carga, pues había un sobrante de fuerza disponible en la Planta Elétrica de Zunil en Quetzaltenango.

De acuerdo a las estimaciones de los ingenieros Victor Cottone, el ya mencionado Shaw, Jorge Hartmann y Fernando Andros, la capacidad disponible de la planta eléctrica podía permitir el tranporte de ida y vuelta de más de ciento ochenta personas de carga por día.  Basado en estos cálculos los allí reunidos decidieron solicitar al gobierno que creara un Comité Administrativo con personería jurídica y facultades amplias para la administración de fondos y celebración de contratos.

En virtud de aquella solicitud, la Asamblea Nacional Legislativa, creó un impuesto destinado a los tabajos del Ferrocarril de Los Altos el 23 de mayo de 1921:

Dcreto Número 1119

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala

Decreta:

Artículo 1.° Se establece el impuesto adicional de tres pesos sobre cada botella de aguardiente que se consuma en el país, proveniente de las centralizaciones y fábricas establecidas o que se establezcan, puesto que se destina exclusivamente para la construcción del Ferrocarril de Los Altos y cuyo producto se entregará mensualmente al Comité respectivo, por medio de la Tesorería Nacional.

Artículo 2.° Al finalizar los dos años contados desde el primero de julio próximo, fecha en que principiará a regir el presente Decreto, el expresado Comité del Ferrocarril de Los Altos rendirá un informe detallado a donde corresponde, relativo al estado de los trabajos, procediendo entonces la Asamblea Legislativa a fijar la forma de adquirir los fondos que falten para la terminación de la obra.

Artículo 3.° La inversión de los fondos respectivos así como la construcción de la obra, se hará por el Comité del Ferrocarril de Los Altos, de acuerdo con el Ministro de Fomento y conforme al estudio, planos y reglamentos que por este se hayan aprobado.

Artículo 4.° Alterminar el Ferrocarril de Los Altos, el expresado impuesto de tres pesos se destinará a la construcción de los ramales del Ferrocarril que unirán la ciudad de Quetzaltenango con los Departamentos de Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos y Sololá.

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.  

Dado en el palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, a veintitrés de mayo del mil novecientos veintiuno.

  • Tácito Molina I., presidente
  • Filiberto Escobar, secretario
  • A. Velázquez, secretario

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 8 de junio de mil novecientos veintiuno.

Publíquese y cúmplase.


BIBLIOGRAFIA:


 

Enero de 1930: alcalde 3ro. de la municipalidad indígena de Totonicapán exige una contribución a la población para evitar que el gobierno imponga un impuesto a la propiedad

enero1930
Totonicapán en 1925.  En el recuadro: el general presidente Lázaro Chacón, a quien el alcalde indígena supuestamente iba a comprar un presente con una contribución de los pobladores, para evitar que decretara un impuesto sobre la propiedad. Imágenes de Wikimedia Commons y “El Imparcial“.

El actuar arbitario y despótico de un alcalde tercero de la municipalidad indígena de Totonicapán tras una visita al presidente Lázaro Chacón y su ministro de agricultura el 7 de enero de 1930, llevó a la larga a un alzamiento de los indígenas de aquel municipio el 28 de julio de ese año, y que resultó en la muerte de tres de ellos y un ataque con piedras a las instalaciones del cuartel, obligando al gobierno del general Lázaro Chacón a suspender las garantías constitucionales en todo el país por un poco más de un mes.  En aquellos momentos, Guatemala atravezaba por una aguda crisis económica derivada de la Gran Depresión que afectaba a todo el mundo después de la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929, y la suspensión de las garantías ayudó al gobierno a calmar un poco la situación, que se le iba de las manos.

Reproducimos a continuación parte de la carta que enviaron los representantes de los 48 cantones de Totonicapán al general presidente Lázaro Chacón el 16 de octubre de 1930 para explicarle lo que realmente ocurrió durante el alzamiento indígena Totonicapán el 28 de julio, detallando el papel que tuvo en ella en alcalde tercero Roberto Baquiax.  La carta también presenta quejas graves al presidente sobre la situación en que se encontraba la población indígena en aquellos años.

“Nosotros, los que abajo firmamos y en representación de los cuarenta y ocho cantones del municipio de Totonicapán, en pleno uso de nuestros derechos ciudadanos, venimos a relatar con la verdad y la justicia los orígenes de los hechos que desgraciadamente culminaron sangrientamente en la plaza de armas de la cabecera el 28 de julio del corriente año, hechos imprevistos que fueron resultado de un momento de arrebato y de violencia ciega a que los manejos turbios y desvergonzados de dos o tres individuos de nuestra clase condujeron a los sufridos y laboriosos moradores del municipio, los que llevados por mil engaños y mútiples amenazas produjeron una santa indignación de nuestra parte, al ver nuestras propiedades en peligro y nuestra tranquilidad de honrados trabajadores a merced de dos o tres ambiciosos.

[…]

Cuando se conocieron los candidatos que oficialmente fueron propuestos por la jefatura política para integrar el cuerpo municipal que entraría a fungir en el presente año de 1930, sólo una persona fue repulsiva al pueblo, y ésta fue la de Roberto Baquiax, quien estaba postulado para desempeñar el cargo de alcalde tercero de la municipalidad indígena.  Los antecedentes de Baquiax dejaron entrever futuros males al conglomerado, pues bien conocida ha sido la actuación de este individuo en varios cargos que ha desempeñado, perfilándose como un hombre de una ambición desmedida y sin escrúpulos y capaz de toda clase de villanías.  Y el pueblo no se equivocó, desgraciadamente.  Ahí tenemos los resultados que culminaron en una protesta que causó tantos e irreparables daños.

El 5 de enero del corriente año, el alcalde tercero Roberto Baquiax, en compañía de Adrián Juárez, Cándido Batz, Victoriano Tiu y otros individuos, que están reconocidos como el azote del sufrido pueblo indígena, marcharon a la capital de la República, regresando el 10 del propio mes.  A su vuelta, hicieron saber a todos los habitantes de los cantones del municipio, que en breve plazo se decretaría una ley en que se aumentarían los impuestos territoriales, además de pagar por cada casa o rancho Q1.00 mensualmente; que así lo habían manifestado en lo personal tanto el presidente de la República como el ministro de agricultura.  Al saber la noticia los terratenientes, y en lo especial los pequeños agricultores, que apenas poseen una o dos cuerdas de tierra, manifestaron su incoformidad, como tenía que ser, a Baquiax y adláteres, a lo que contestaron que de todas maneras tendría que promulgarse dicha ley si no se tomaban medidas para evitarla o por lo menos amenguarla en sus efectos.

Como premetidamente, Baquiax ya tenía la idea de sacar provecho de aquella noticia, que con sobra de mala fe adobara en consorcio con sus cómpices, propuso a todos los cantones que se reuniera una contribución y con la suma que se colectaría poder halagar a los altos funcionarios del gobierno a manera que no se llevara a efecto la ley que se trataba de implantar.  Los indígenas rechazaron desde un principio aquella proposición, pues juzgaron que era una añagaza de Robero Baquiax y compinches para arrancarlos dineros con el pretexto de la ley de marras.  Con el objeto de manifestarlo, se reunió un crecido número de trabajadores en el despacho de Baquiax para hacerle saber que no estaban dispuestos a dar ni un centavo, porque lo consideraban indebido.  Baquiax montando en cólera, en su propio despacho, arremetió contra los manifestantes blandiendo un enorme revólver, profiriendo grandes amenazas e insultos y sacándolos del recinto a cañonazos y puntapiés.  Inmediatamente giró órdenes por medio de los alcaldes auxiliares de los cantones para que todos los habitantes hicieran efectivas las contribuciones acordadas por sí y ante sí, imponiendo una tarifa que es la siguiente: $30.00 billetes por cada habitantes que tuviera más de tres rebaños de ovejas; $20.00 por cada propietario que poseyera un rebaño, y $10.00 para los que no lo poseyeran.  Los encargados de cumplir aquella disposición, desempeñaron sus comisiones valiéndose de la violencia y de la amenaza,explotando el miedo instintivo que la raza indígena ha venido heredando desde los tiempos de la conquista y a través de muchos gobiernos despóticos de caciques y mandarines.  Así fue como, a pesar de su protesta, la mayor parte de los cantones fueron dando lo que tenían esperanzados de que talvez por ese medio se libraban del fantasma de la ley que Baquiax y cómplices decían se pondría pronto en práctica.

Desde remotos tiempos a nuestra clase indígena se nos puede explotar de mil maneras y nuestro trabajo honrado y fatigoso de esclavos, ha servido en millares de ocasiones para enriquecer a jefes políticos, alcaldes y caciques, pero en cuanto se trata de gravar nuestras parcelas con impuestos onerosos, parcelas que son nuestra fuente de vida y que guardamos con religioso respecto, nuestra voz de protesta se alza hasta las altas esferas del gobierno, y de una manera respetuosa hemos suplicado que no se nos toque en lo referente a contribuciones sobre nuestras tierras.  Por ese motivo fue que la tributación impuesta por Baquiax se dió,aunque con desgano, de buena fe.  Baquiax y adláteres nos manifestaron que la suma que se recaudara serviría para hacer un presente al presidente de la República y al ministro de agricultura y así nos libraríamos de gravámenes sobre nuestros terrenos.  Sabido es que el departamento más poblado de la República, es del de Totonicapán y que sólo el municipio de Totonicapán tiene poco más de 80,000 habitantes.  Calcúlese a cuanto ascendería la contribución impuesta por Baquiax, descontando a muchas familias que no poseen rebaños.  Muy posibles es que la cantidad recaudada haya pasado de Q2,000. En el mismo despacho de Baquiax y aun en su propia casa de habitación se fueron enterando las cantidades que según tarifa arribamencionada, se impusieron y se guardó muy bien de dar ninguna clase de recibos ni de comprobantes que sirvieran de base para una reclamación.  De aquella respetable suma deben dara cuenta Roberto Baquiax, Adrián Juárez, Cándido Batz, Domingo Chuc, Victoriano Tiu y otros que cometion tal despojo y robo desvergonzado, y que merodearon por montes y caseríos.

Quedamos esperanzados en que aquella suma colectada serviría para salvar nuestras tierras de gravámenes y gabelas, cuando sorprendidos nos dimos cuenta de que de lo que se trataba era simplemente de la revisión de la matrícula, sin recargos de mayor cuantía, para lo que Baquiax mandó citar a los de los cantones para hacer efectiva dicha revisión.  El día 28 de julio se reunieron todos los citados por Baquiax, que llegaron de diferentes lugares a la plaza de armas.  Así fue como nos encontramos reunidos ese día en la cabecera.  Era natural que existiera malestar entre nosotros, pues seguíamos creyendo que se nos quería gravar con contribuciones leoninas, máxime cuando ya habíamos contribuído para evitarlo.

Aquella carta explicando el detalle el motivo de lo ocurrido llegó muy tarde para que el presidente Chacón hiciera algo, puesto que para octubre de 1930 los efectos de la crisis mundial se habían agravado y los comerciantes en la ciudad de Guatemala habían recurrido a prenderle fuego a sus comercios para cobrar el seguro, o bien a rebajar la mercadería para liquidar sus negocios.  También había un marcado descontento entre los estudiantes universitarios, que se fueron a la huelga y lograron que el rector y los decanos de todas la facultades renunciaran.   Al final, el presidente Chacón sufrió un derrame cerebral el 12 de diciembre, que lo separó de la presidencia y tras varios cambios de presidente, golpes de estado e injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos, resultó electo el general Jorge Ubico, quien tomó posesión el 14 de febrero de 1931 y desde un principio retornó a un estilo dictatorial similar al de su mentor, el licenciado Manuel Estrada Cabrera y totalmente opuesto al de Chacón.


BIBLIOGRAFIA:

  • Asturias Morales, M. (28 de julio de 1930) “Levantamiento de indígenas de Totonicapán“.  Guatemala: Nuestro Diario
  • — (29 de julio de 1930) “El levantamiento de ayer en Totonicapán“.  Guatemala: Nuestro Diario
  • Cano, Manuel S. et. al. (16 de octubre de 1930) “Manifiesto de los indígenas de Totonicapán al Presidente” Guatemala: El Imparcial.

28 de julio de 1930: luego de que dos mil indígenas atacaran a pedradas el cuartel de Totonicapán el gobierno restringe las garantías constitucionales

28julio1930
Grabado del Valle de Totonicapán.  En el recuadro: retrato del presidente Lázaro Chacón. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La crisis económica que afectaba a Guatemala durante la Gran Depresión tuvo un serio impacto en todos los habitantes, no solamente en la ciudad sino en toda la República.  De esta cuenta, el 28 de julio de 1930 se reunieron en la plaza de Totonicapán aproximadamente dos mil indígenas a protestar por las nuevas medidas impositivas, quienes fueron escuchados por el señor Guillermo Flores Avendaño.  Sin embargo, no conformes con la respuesta de que se iba a notificar de la queja al general presidente Lázaro Chacón, atacaron el cuartel y la administración de rentas de la localidad; entonces, el comandante de armas ordenó que los soldados defendieran la plaza y se produjo un tiroteo en el que resultaron dos muertos en el cuartel y uno en la administración de rentas, además de varios heridos.

Flores Avendaño reportó a la presidencia que pidió refuerzos de Quetzaltenango para evitar nuevos desórdenes, mientras que Juan Moscoso envió un telegrama informando que los grupos indígenas se habían disuelto después del tiroreo y que todos los ladinos de la localidad estaban listos y armados en prevención de nuevos ataques, pendientes de las órdenes de las autoridades militares del lugar.

(Nota de HoyHistoriaGT: como dato curioso, es importante destacar que Flores Avendaño llegó posteriormente al grado de coronel y fue presidente interino de la República, luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, del 26 octubre de 1957 al 2 de marzo de 1958.)

El racismo imperante en la época es evidente en los telegramas en que se informa de la situación al presidente Chacón.  En uno de ellos se dice: “esta plaza está ya apaciguada; la masa indígena se dispersó cuando vio que se le disparaba.  Ahora ya están armados todos los vecinos ladinos. Además ha venido refuerzo de Quetzaltenango pue se tienen noticias de que los momostecos han ido a comunicar a toda la tribu lo sucedido.”

Por su parte, el 16 de octubre de 1930 los representantes de los 48 cantones de Totonicapán enviaron al presidente Chacón una extensa carta en la que le explican que el origen del descontento en la población de la localidad estaba dirigida al alcalde tercero de la municipalidad indígena Roberto Baquiax.  He aquí lo descrito en aquella carta:

[…] la tributación impuesta por Baquiax se dió, aunque con desgano, de buena fe.  Baquiax y adláteres nos manifestaron que la suma que se recaudara serviría para hacer un presente al presidente de la República y al ministro de agricultura y así nos libraríamos de gravámenes sobre nuestros terrenos.  Sabido es que el departamento más poblado de la República, es del de Totonicapán y que sólo el municipio de Totonicapán tiene poco más de 80,000 habitantes.  Calcúlese a cuanto ascendería la contribución impuesta por Baquiax, descontando a muchas familias que no poseen rebaños.  Muy posibles es que la cantidad recaudada haya pasado de Q2,000. En el mismo despacho de Baquiax y aun en su propia casa de habitación se fueron enterando las cantidades que según tarifa arribamencionada, se impusieron y se guardó muy bien de dar ninguna clase de recibos ni de comprobantes que sirvieran de base para una reclamación.  De aquella respetable suma deben dara cuenta Roberto Baquiax, Adrián Juárez, Cándido Batz, Domingo Chuc, Victoriano Tiu y otros que cometion tal despojo y robo desvergonzado, y que merodearon por montes y caseríos.

Quedamos esperanzados en que aquella suma colectada serviría para salvar nuestras tierras de gravámenes y gabelas, cuando sorprendidos nos dimos cuenta de que de lo que se trataba era simplemente de la revisión de la matrícula, sin recargos de mayor cuantía, para lo que Baquiax mandó citar a los de los cantones para hacer efectiva dicha revisión.  El día 28 de julio se reunieron todos los citados por Baquiax, que llegaron de diferentes lugares a la plaza de armas.  Así fue como nos encontramos reunidos ese día en la cabecera.  Era natural que existiera malestar entre nosotros, pues seguíamos creyendo que se nos quería gravar con contribuciones leoninas, máxime cuando ya habíamos contribuído para evitarlo

Estando reunidos en el interior del cuartel, expusimos al señor jefe político, coronel don Guillermo Flores, nuestra inconformidad con la disposición adoptada, y dicho funcionario, oyendo nuestras querellas, nos exhortó con palabras convincentes y pataernales a que tuviéramos paciencia, que dentro de diez días de esa fecha, nos diría la resolución del gobierno, pues lo consultaría debidamente, haciendo ver nuestras justas quejas.  Con la promesa del señor coronel Flores nos retirábamos a nuestros respectivos hogares cuando Roberto Baquiax nos mandó llamar a su despacho para ir a recoger unos papeles de seguridad, pero en esos mismos momentos supo lo que nos manifestó el jefe político; entonces usó de mil evasivas, nos hizo entrever el engaño de que éramos víctimas, pues le reclamamos lo del dinero recaudado.  Baquiax, no sintiéndose seguro, salió violentamente del despacho y fue a refugiarse a la mayoría de plaza, seguido de una inmensa rechifla que provocó su huída.  El grupo ya colérico por la huída de Baquiax, en voz alta dirigió cargos no sólo a éste sino contra Adrián Juárez, Cándido Batz, Victoriano Tiu y otros, tratándolos de ladrones.  A cada alusión que Baquiax oía, contestaba con una risa burlona.  El señor coronel don Guillermo Flores nos exhortó a que nos retiráramos tranquilos que todo se arreglaría, pero ya era tarde.  La desvergonzada risa burlona de Baquiax fue encendiendo los ánimos hasta que estalló en una inmensa indignación, que ya no reconociendo miramientos ni midiendo las consecuencias, algunos exaltados, no encontrando más armas que los piedrines de los promontorios que servirían para los trabajos del parque Unión, arremetieron contra Baquiax, dando por resultado la rotura de las vidrieras de la mayoría de la plaza.  Inmediatamente la guarnición hizo fuego sobre los manifestantes, no respetando las órdenes del comandante de armas, que recomendó tirar al aire. Resultaron tres asesinados, uno frente a la mayoría, otro frente a la guardia y otro frente a la administración de rentas, situada a cuadra y media de la plaza central.  A los disparos, el grupo se disolvió, huyendo a sus asas con varios varios heridos.  Los muertos que cayeron en la plaza de armas respondían a los nombres de Ventura Tacam y Tomás Gutiérrez, y el de la administración Manuel Ajpacajá. Entre los heridos hay muchos, entre los que se cuentan Baltasar Canastuj y Agustín Chaclán, no sabiéndose sis e salven de sus heridas, pues son graves.

En la Ciudad de Guatemala las informaciones iniciales fueron confusas, pero luego de que se recibieron los telegramas notificando lo que había ocurrido realmente, se emitió un decreto restringiendo las garantías constitucionales para ayudar a resolver la situación lo más pronto posible.  Dicho decreto dice así:

Decreto No. 1088

Lázaro Chacón, Presidente de la República

Considerando:

Que el gobierno tiene conocimiento de la existencia de trabajos sediciosos encaminados a perturbar gravemente la paz y el orden públicos, que han cultimnado en un ataque armado contra la guarnición de Totonicapán y amenaza trastornar la tranquilidad en los demás pueblos de la República y produce un malestar general que hace necesaria la adopción de medidas que garanticen a la población pacífica y laboriosa el goce de sus derechos y bienes;

Considerando:

Que el Ejecutivo tiene la obligación de tomar todas las medidas conducentes para velar por la tranquilidad y el orden del país;

Por tanto:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 39 de la Constitución de la República y en Consejo de Ministros, Decreto:

Artículo 1°. – Se restringen en toda la República y por el término de seis meses las garantías a que se refieren los artículos 25, 26, 30 y 38 de la Constitución.

(Nota de HoyHistoriaGT: los artículos que se restringieron fueron:

  • Derecho de asociación
  • Libre emisión del pensamiento
  • Seguridad personal
  • Inviolabilidad del domicilio)

Artículo 2°.- El presente decreto comenzará a regir desde esta fecha y de él se dará cuenta inmediatamente a la Asamblea Nacional Legislativa.

Dado en la casa de gobierno, en la Ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de julio de mil novecientos treinta.

  • L. Chacón
  • Ed. Aguirre V., Secretario de Relaciones Exteriores
  • R. A. Mendoza, Secretario de Educación Pública
  • J. B. Padilla, Secretario de Guerra
  • Daniel Hernández F., Secretario de Fomento
  • Samuel E. Franco, Secretario de Hacienda y Crédito Público
  • M. M. Herrera, Secretario de Agricultura
  • R.E. Sandoval, Secretario de Gobernación y Justicia

Debido a que en realidad solamente se había tratado de un ataque con piedras, y que los indígenas fueron repelidos a balazos, no había mucho que controlar en el país. Pero he aquí qué fue lo que ocurrió en los cantones de Totonicapán durante el período que dichos derechos estuvieron restringidos, de acuerdo a lo expuesto por los delegados de los 48 cantones de Totonicapán:

“Del aciago día 28 de julio arranca el martirologio de los cantones.  Baquiax, Juárez, Tiú, Chuch, una caterva de malvados, no contentos con las desgracias ocurridas por su causa, se dieron a recorrer los montes y caseríos, cometiendo verdaderos actos de bandolerismo y de pillaje, saqueando propiedades, llevándose grandes cantidades de maíz, frijol, habas, trigo y otros granos, ovejas, gallinas y otros animales domésticos, violando mujeres, principalmente jovencitas.  Decían que toda esa cantidad de granos serviría para la manutención de la tropa que vine a sofocar la ‘revolución’.  El mismo Roberto Baquiax, montado en su mula, agredió a mano armada a varios transeuntes en el camino que conduce a la aldea de Paquí.  El natural temor y la restricción de la garantías constitucionales obligaron a los damnificados a no presentarse en queja contra aquella pandilla de forajidos, pues es seguro que las autoridades departamentales estuvieron ignorantes de lo que pasaba.”

Finalmente, el 9 de septiembre de ese año, el gobierno del general Chacón restituyó las garantías mediante este escueto decreto:

Decreto No. 1096

Lázaro Chacón, presidente de la República

Considerando:

Que han dejado de existir las causas que obligaron al Ejecutivo a restringir las garantías individuales para el mantenimiento de la tranquilidad y el orden público,

Por tanto:

En Consejo de Ministros:

Decreto:

Artículo único: se deroca el Decreto Gubernativo No. 1088 de 28 de julio del corriente año, quedando, en consecuencia, restablecido en toda la República el ejercicio de los artículos 25, 26, 30 y 38 de la Constitución.

Del presente Decreto, que comenzará a regir desde esta fecha, se dará cuenta a la Asamblea Legislativa.

Dado en la Casa del Gobierno, en Guatemala, a los nueve días del mes de septiembre de mil novecientos treinta.

  • L. Chacón
  • A. Skinner Klee, Secretario de Relaciones Exteriores
  • R. A. Mendoza, Secretario de Educación Pública
  • J. B. Padilla, Secretario de Guerra
  • F. Aguilar V., Secretario de Fomento
  • Samuel E. Franco, Secretario de Hacienda y Crédito Público
  • M. M. Herrera, Secretario de Agricultura
  • F. Castillo Monterroso, Secretario de Gobernación y Justicia
  • R. A. Ramírez, subsecretario de la Guerra

Es interesante advertir que en tan poco más de un mes habían cambiado la mitad de los ministros de Estado.  Esto se debió a que por la crisis que atravezaba el país, el gabinete presentó su renuncia en pleno el 29 de agosto y Chacón solamente mantuvo en su puesto a algunos ministros.


BIBLIOGRAFIA:

  • Asturias Morales, M. (28 de julio de 1930) “Levantamiento de indígenas de Totonicapán“.  Guatemala: Nuestro Diario
  • — (29 de julio de 1930) “El levantamiento de ayer en Totonicapán“.  Guatemala: Nuestro Diario
  • Cano, Manuel S. et. al. (16 de octubre de 1930) “Manifiesto de los indígenas de Totonicapán al Presidente” Guatemala: El Imparcial.

28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

8 de noviembre de 1851: la Asamblea constituyente emite un decreto sobre asuntos de los indígenas

8noviembre1851
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.

A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.

Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos.  La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.

Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.

(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.

La asamblea constituyente de la república de Guatemala.

Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:

Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:

  1. En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
  2. En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
  3. Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido.  (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
  4. Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
  5. Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
  6. Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
  7. Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
  8. Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.

Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.

(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).

Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.


BIBLIOGRAFIA:


12 de septiembre de 1839: tras la separación del Estado de Los Altos, el estado de Guatemala se ve obligado a reorganizar su división administrativa

12septiembre1839
Versión estilizada del escudo del Estado de Los Altos, mostrando el Volcán Santa María y un Quetzal.  Actualmente es utilizado como escudo en Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, y comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual de Soconusco, (que ahora es parte del estado de Chiapas, en México).  El decreto por el que se creó el Estado de Los Altos dice así:

La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana en sesión plenaria celebrada el cinco de junio del año de 1838 habiéndose tomado en consideración la necesidad de crear un Sexto Estado se acuerda:

1. Crear el Estado de Los Altos, teniendo como capital a la ciudad de Quetzaltenango conformada por una junta de gobierno provisional, de la siguiente manera:

  • Marcelo Molina Mata, electo Gobernador del Estado de Los Altos.
  • José M, Gálvez
  • José Antonio Aguilar
  • General Agustín Guzmán Comandante en Jefe del Ejército del Estado de Los Altos.

2. El Estado comprenderá los siguientes territorios: Quetzaltenango, TotonicapánSololá, Suchitepéquez y Soconusco.

Procédase a trabajar de inmediato en el desarrollo del puerto del Pacífico por orden del Señor Gobernador del estado Federal de los Altos, José M. Gálvez y a mejorar las relaciones con el Gobierno Federal de San Salvador.

Nótese en el decreto anterior tres aspectos importantes:

  1. Desde el principio el Estado tenía la intención de mejorar las relaciones con el gobierno Federal de San Salvador, lo que quiere decir, con el moribundo régimen liberal del general Francisco Morazán, el cual se había visto muy reducido por la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y por la reciente guerra civil que derrocó a Mariano Gálvez en Guatemala.  Los liberales guatemaltecos estaban interesados en coneguir esta alianza con el fin de dejar a la Guatemala conservadora en medio de dos gobiernos liberales.
  2. También desde un principio, tenían la intención de construir su propio puerto en Champerico con miras a establecer una economía completamente independiente de Guatemala.
  3. El Estado no estaba desvalido, sino que contaba con su propio ejército, el cual estaba a cargo del general mexicano Agustín Guzmán.

Por su parte, el Estado de Guatemala estaba muy débl luego de la guerra civil contra Mariano Gálvez y la posteriores guerras, por lo que luego de la separación del Estado de Los Altos, la Asamblea Constituyente de Guatemala tuvo que dividir al Estado en siete departamentos y dos distritos, de acuerdo al siguiente decreto del 12 de septiembre de 1839:

La Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala:

Habiendo tomado en consideración la necesidad que hay de hacer una nueva y conveniente división del territorio, después de la separación de los departamentos que componen el Estado de Los Altos. Con presencia de los datos e informes que ha presentado el gobierno sobre el particular, ha decretado:

  1. El estado de Guatemala se divide en siete Departamentos: ChimaltenangoChiquimula, Escuintla, Guatemala, Mita, Sacatepéquez, y Verapaz.
  2. También componen dos Distritos: Izabal y Petén.
  3. Los departamentos y distritos referidos, comprenden las poblaciones y lugares que se señalan en la tabla que acompaña a esta ley.
  4. Mientras se reúnan datos más exactos, con presencia de los padrones que deben formarse para hacer por otra ley la división permanente del territorio, el gobierno queda autorizado para poder agregar o segregar de unos a otros, los pueblos o lugares que lo soliciten, con causa fundada en el mejor servicio y bien de los mismos pueblos, previo al informe de los jefes respectivos.
  5. El mismo gobierno, en las providencias que tome, para la demarcación del territorio de los departamentos, procurará en lo que sea posible, que sea la misma la de los curatos y sus comprensiones, a fin de evitar embarazos y facilitar en todo el mejor servicio público.

En este decreto se puede apreciar el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la región americana que estuvo bajo el control espanol, ya que la división administrativa de los países y estados se hizo en base a los curatos existentes, los cuales eran los poblados de indígenas que estaban a cargo del clero secular.  Estos curatos habían sido hasta 1750, aproximadamente, las doctrinas que estaban a cargo de las otrora poderosas órdenes regulares, las cuales poseían  grandes extensiones de tierra en las que sus “doctrinados” trabajaban para ellos a cambio de la evangelización que les proporcionaban. Para poner un ejemplo, he aquí un listado de las doctrinas que poseían los dominicos en el Reino de Guatemala en 1638:

Convento Doctrinas Convento Doctrinas
Guatemala
  • Chimaltenango
  • Jocotenango
  • Sumpango
  • San Juan Sacatepéquez
  • San Pedro Sacatepéquez
  • Santiago Sacatepéquez
  • Rabinal
  • San Martín Jilotepeque
  • Escuintla
  • Milpas Altas
  • Milpas Bajas
  • San Lucas Sacatepéquez
  • Barrio de Santo Domingo
Amatitlán
  • Amatitlán
  • Petapa
  • Mixco
  • San Cristóbal
Verapaz
  • Cahabón
  • Cobán
  • Chamelco
  • San Cristóbal
  • Tactic
Sonsonate
  • Nahuizalco
  • Tacuxcalco
San Salvador
  • Apastepeque
  • Chontales
  • Cojutepeque
  • Cuscatlán
  • Milpas Bajas
  • Tonacatepeque
Sacapulas
  • Sacapulas
  • Cunén
  • Nebaj
  • Santa Cruz
  • San Andrés Sajcabajá
  • Zacualpa

BIBLIOGRAFIA:


5 de septiembre de 1848: aprovechando la renuncia del general Rafael Carrera, los representantes de las municipalidades de Los Altos se reunen en Quetzaltenango y acuerdan crear un nuevo gobierno para el Estado de Los Altos

5septiembre1848
Valle de Totonicapán en 1887.  Así se encontraba en la época en que Los Altos intentaron separarse de Guatemala por segunda vez.  Imagen tomada de “Guatemala, Land of Quetzal

Tras la renuncia forzada del general Rafael Carrera a la presidencia de Guatemala el 16 de agosto de 1848 debido a la inestabilidad del país, el ahora expresidente salió al exilio a Chiapas y en Los Altos recuperaron la esperanza de formar su Estado independiente.  Los criollos liberales estaban en el poder en Guatemala y eso no podía significar un mejor ambiente para la formación del estado altense.

Ante esta situación, la Municipalidad de Totonicapán expresó:

Sesión extraordinaria del día lunes veinticinco de agosto de mil ochocientos cuarenta y ocho, a que concurrieron los individuos municipales que se expresan al margen, las municipalidades de los pueblos de San Cristóbal, San Francisco El Alto, Santa María Chiquimula, San Andrés Xecul y San Carlos Sija, y un numero concurso de las personas más notables de esta ciudad.  Reunidas estas corporaciones con el importante objeto de la libertad e independencia de Los Altos, a que ha sido invitada esta Municipalidad por la de Quetzaltenango, oídos los votos de los concurrentes y bien meditado y discutido el asunto, y en consideración a que si en el año 1838 por decreto del 5 de junio del mismo año se declaró erigidos en nuevo Estado los pueblos de Los Altos, atendiendo que reunen para serlo el número de habitantes y los demás elementos y suficiencia que previene el artículo 198 de la Ley Constitutiva de la República de Centro América; ahora que se han multiplicado estos elementos es más necesaria que nunca la libertad de Los Altos.  Considerando vigentes los efectos del citado decreto de 5 de junio de 1838; que si por un hecho de armas hostil y prevalido el general Carrera de su poder, abusó de él, invadiendo los pueblos de Los Altos, arrebatándole sus más sacrosantos derechos y anonadando su dignidad y soberanía: que ninguno de estos pueblos ha desistido ni renunciado del rango a que fue llamado; que antes bien, en distintas épocas han reclamado sus augustos derechos ahollados por la fuerza; que ninguna ley, ninguna autoridad competente ha declarado hasta ahora justa y lelgal la ocupación de Carrera ni el estado humillante a que redujo por la fuerza a estos pueblos aquel hombre; que al fin llegó el día feliz en que los Altos recobraran su liberad, soberanía y dignidad a merced de sus nobles esfuerzos, de la ausencia de su opresor, del restablecimiento del Gobierno libre de Guatemala, a la cooperación de las fuerzas de la montaña y poderoso valimento del señor general de Brigada don Vicente Cruz.  Tomado en consideración lo expuesto por la municipalidad de Quetzaltenango, el general entusiasmo y vehementes deseos de esta población y el de las demás municipalidades que componen esta Junta por la recuperación y la soberanía, se declara solemnemente:

  1. Que por parte del departamento de Totonicapán se secunda en todas las partes el glorioso pronunciamiento de la independencia de los pueblos de Los Altos al Gobierno de Guatemala, como lo verificó la Ciudad de Quetzaltenango;
  2. Protesta esta Junta que observará con las autoridades y los pueblos de Guatemala la más estrecha y fiel armonía;
  3. Que el ánimo de estos pueblos al pronunciarse por la reorganización del Sexto Estado, no es para excitar conmociones sino para estrechar más y más estos pueblos con los demás inmediatos y procurar su felicidad y bienestar.

Sáquense copias de esta acta para remitir una con el correspondiente oficio al Supremo Gobierno Provisorio de Los Altos y una a cada uno de los pueblos de este departamento; con lo que se conluyó el al acta que firman los señores Antonio López y Felipe Zavala.

Los otros poblados mandaron actas similares y José Dolores Nufio se manifestó a favor en Chiquimula, y había partidarios de la independencia de Los Altos en Oriente y en El Salvador.  Así pues, el 4 de septiembre se reunieron en Quetzaltenango los representantes de las municipalidades de Los Altos y el 5 de septiembre acordaron en primer lugar que los señores presbítero Fernando Antonio Dávila, Rafael dela Torre y el licenciado José Velazsco se hicieran cargo del gobierno, el cual fue aceptado pasivamente por el endeble gobierno liberal de Guatemala el 21 de septiembre de ese ano.

Este sería el inicio del segundo y último intento de Los Altos por conseguir su deseada independencia de Guatemala, ya que Carrera regresó al poder en 1849.


BIBLIOGRAFIA:


 

2 de junio de 1897: las municipalidades responden al telegrama enviado por el general presidente José María Reina Barrios en el que comunica que ha asumido poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados

2junio1897
Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897.  Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico

La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas.  Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.

La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:

Telegrama del general presidente

A todas las autoridades departamentales y locales de la República

Guatemala, 1°. de junio de 1897

Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria. 

Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.

Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.

Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.

La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.

Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales.  No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.

Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.

[…]

Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.

José María Reina Barrios

Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismo, mientras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.

El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:

Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos  y sus naturales consecuencias.  Adrián F. Caballeros.

Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:

San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales

Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación.  José León Castillo. 


BIBLIOGRAFIA:


15 de mayo de 1849: ante el inminente retorno del general Rafael Carrera, se aprueba el convenio firmado entre el presidente Mariano Paredes y el general Agustin Guzman para reincorporar al Estado de Los Altos a Guatemala

15mayo1849
Bandera del Estado de Los Altos.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En 1848 el general Rafael Carrera fue obligado por los criollos a abandonar el poder, pues consideraron que ya no les servia a sus intereses y porque la situacion del pais estaba fuera de control: inseguridad, bandas de asaltantes por doquier e invasiones desde los estados vecinos habian colapsado al pais.

Carrera conocia muy bien el carácter de la élite guatemalteca y por ello aceptó retirarse dócilmente y se fué a vivir a México, desde donde estuvo pacientemente esperando por una oportunidad para regresar a hacerse cargo de la situación. Y no tuvo que esperar mucho. En abril de 1849 la situación ya era mucho peor de como la habia dejado y entonces entró nuevamente al territorio guatemalteco por la frontera con México, estableciendo alianzas con los líderes indígenas de todos los poblados por donde iba pasando.

Aprovechando que Carrera habia abandonado el poder, los criollos liberales formaron nuevamente el Estado de Los Altos pero, tal y como les había ocurrido en 1838 con lo intentaron por primera vez, no contaban con el apoyo de la mayoría indígena. Esta vez, cuando se enteraron que dicha mayoría había ya pactado con Carrera, los criollos de Los Altos tuvieron que negociar con el gobierno de Guatemala para reincorporarse y lograr asi que éste los defendiera de la inminente invasión.

He aqui el Convenio suscrito entre el presidente de Guatemala, general Mariano Paredes y el general Agustín Guzmán, entonces gobernador del Estado de Los Altos, el 15 de mayo de 1849, el cual resume la situación y postura de los criollos altenses:

Reunidos los Sres. general en jefe D. Mariano Paredes, Presidente de la República de Guatemala y general D. Agustín Guzmán, llamado al ejercicio del poder ejecutivo por algunos departamentos de Los Altos, como Segundo Jefe elegido por la Asamblea constituyente de aquel Estado en 27 de diciembre de 1838, que han sostenido el restablecimiento del expresado Estado, con el fin de conferenciar y acordar el medio de poner término a las desaveniencias que esta pretensión ha producido: el primero con la autorización que la Asamblea constituyente de la República dió al gobierno para procurar el restablecimiento de la paz, por su decreto de 25 de abril próximo pasado; y el segundo con la que confiere su carácter de jefe del ejército de su mando, conforme al acta de éste, de cuatro del corriente, celebrado en la villa de Zaragoza.

Guiados ambos de unos mismos deseos y convencidos de que estas desaveniencias debilitan el país y lo arrastran a la ruina, y de que sólo la unión lo puede hacer fuerte y preservarlo de tamaña desgracia, han convenido en los puntos siguientes:

  1. Los pueblos de Los Altos que han estado al mando del general D. Agustín Guzmán, se reincorporan a la República de Guatemala, y entran a formar parte de ella con iguales derechos y cargas que los otros de la misma República.
  2. Las fuerza que manda el expresado general Guzmán, quedan, por tanto, a las órdenes de la República de Guatemala para que las emplee a su servicio.
  3. Los pueblos de Los Altos procederan desde luego a elegir sus diputados para la Asamblea nacional constituyente de la República.
  4. Como los pueblos de Los Altos han quedado en abandono, por consecuencia de la invasión del general Carrera, el gobierno de la República de Guatemala, proveerá inmediatamente a su seguridad, dándoles autoridades que los rijan y la necesaria a su defensa.
  5. Siendo una de las razones por que los pueblos de Los Altos se empeñaban en formar Estado independiente, lo gravoso que les es tener que llevar a la capital de la República sus recursos en material de justicia, y mandar a sus hijos a instruirse a la misma capital, el gobierno de la misma república se encarga de proveer lo uno y a lo otro, haciendo por su parte, desde luego, lo que quepa en sus facultades, y recomendando muy eficazmente a la Asamblea constituyente lo que sea de su resorte.
  6. Quejándose los pueblos de Los Altos de los quebrantos que han sufrido de que el comercio de la República Mejicana esté gravado con los derechos de alcabala, como extranjeros, el gobierno de la República de Guatemala se compromete a rever y revocar el decreto que asi lo establecio sin perjuicio de lo que en esta materia resuelva la Asamblea.
  7. El gobierno de la República de Guatemala se compromete a proveer en igualdad de circunstancias y capacidades en los hijos de los pueblos de Los Altos, los empleos públicos de aquellos departamentos, creados o que se creen por la ley.
  8. El gobierno de la República de Guatemala, se compromete tambien, a que si ha de haber guarnición en los pueblos de Los Altos, ésta sea compuesta en su mayoria de hijos de aquellos mismos pueblos.
  9. El gobierno de la República de Guatemala reconoce como suya la deuda contraida por el gobierno que se dieron los pueblos de Los Altos, desde que proclamaron por primera vez su independencia, con inclusión de sueldos y pensiones civiles y militares, procurando que este pago se haga con las rentas de aquellos departamentos.
  10. El gobierno del a República de Guatemala se encarga de llevar a su ejecución el decreto de erección del puerto de Champerico en la Costa de Suchitepéquez, y de reparar y mejorar los caminos de tráfico de los pueblos de Los Altos, como lo demanda imperiosamente su comercio.
  11. El gobierno de Guatemala dará las ordenes convenientes a los agentes subalternos que tiene o tenga en los departamentos de Los Altos para que en manera alguna persigan a los que hayan tenido opiniones por la erección de Estado.
  12. Con la presente convención se dará cuenta al gobierno de la república para su aprobación. En fé de estar todo así convenido; firmamos la presente en la Antigua ciudad de Guatemala a los ocho días del mes de mayo del año de mil ochocientos cuarenta y nueve.

 

  • Mariano Paredes
  • Agustín Guzmán

APROBACION

Palacio nacional de Guatemala, 15 de mayo de 1849. Habiendo visto y examinado detenidamente todos y cada uno de los artículos contenidos en el precedente convenio, concluído el día ocho del corriente mes, en la Antigua Guatemala, entre los Sres. coronel Dn. Mariano Paredes, Presidente actual de la República y general Dn. Agustín Guzmán jefe de las fuerzas de algunos pueblos de Los Altos, y encontrándolo útil y conveniente para la pacificación de la república, y demás intereses generales de ésta; y a lo dispuesto en el decreto gubernativo del 13 de febrero del presente año, y oído el dictamen del consejo consultivo emitido el 13 del que cursa, el gobierno acuerda:

Se acepta y aprueba en todas supartes el convenio concluído y firmado en la Antigua ciudad de Guatemala el día ocho de este mes entre los Sres. coronel Dn. Mariano Paredes, presidente de la República, y el general Dn. Agustín Guzmán, jefe de las fuerzas de algunos pueblos de Los Altos, el cual tendrá desde luego su puntual cumplimiento, y se pondrá en conocimiento del cuerpo legislativo en sus próximas sesiones.

El convenio no sirvió de mucho. Poco después de firmado, Carrera tomó la región y la sometió nuevamente por la fuerza para luego entrar triunfalmente a la Ciudad de Guatemala y quedarse de hecho con el poder. Allí intentó combatirlo Guzmán, pero murió en batalla sin alcanzar sus objetivos.


BIBLIOGRAFIA:


15 de febrero de 1838: la Asamblea del Estado de Guatemala decide que sea el Congreso Federal de Centro América el que resuelva aceptar o no la creación del Estado de Los Altos

15febrero1838
Vista general de la ciudad de Quetzaltenango a mediados de la década de 1880.  En el recuadro: Escudo del Estado de Los Altos, tallado en Piedra en una de las tumbas de los Héroes Altenses en el Cementerio de Quetzaltenango.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 2 de febrero de 1838, luego del colapso del gobierno del Dr. Mariano Gálvez, los criollos liberales se reunieron en la ciudad de Quetzaltenango y se declararon independientes del Estado de Guatemala, debido al inminente retorno de los criollos conservadores y autoridades eclesiásticas al poder.  Los liberales se autodenominaron “Estado de Los Altos” y contaban con un territorio nada despreciable:  ocupaban Soconusco (actualmente en México) y los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, que en esa época eran enormes y comprendían a los modernos departamentos de Huehuetenango, Quiché, Suchitepéquez, San Marcos y Retalhuleu, además de los ya mencionados.   Con la creación de este estado, los liberales tenían suficiente territorio y recursos naturales para progresar y contaban con salida al Océano Pacífico en las costas de San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez para poder exportar sus productos.

El 15 de febrero de ese año, el gobierno del Estado de Guatemala conoció el asunto y lo trasladó al ya muy debilitado Congreso Federal de Centro América en San Salvador (donde estaba el Distrito Federal de Centroamérica desde 1835)para que resolviera.  Dado que el gobierno de Guatemala estaba controlado por los conservadores católicos y el gobierno federal lo estaba por el general liberal Francisco Morazán, era cuestión de tiempo que se creara formalmente el nuevo estado.

A pesar de la autorización federal y del apoyo de Morazán, las relaciones entre Guatemala y Los Altos nunca fueron cordiales y ambos estados se armaron hasta los dientes con la ayuda del consul británico Frederick Chatfield, quien había abandonado la capital federal y se había mudado a la Ciudad de Guatemala por sus desaveniencias con el presidente Morazán.  Chatfield no estaba de acuerdo con la formación de un estado fuerte e Centroamérica e hizo cuanto pudo para que se desmembrara en los pequeños estados que actualmente ocupan la región.

Los criollos liberales impusieron en su nuevo territorio las leyes laicas que Mariano Gálvez y José Francisco Barrundia intentaron establecer infructuosamente en Guatemala  con los malogrados Códigos de Livingston y mantuvieron el impuesto indígena que ya había sido derogado por los conservadores.  Esto hizo que los indígenas del estado rechazaran al nuevo gobierno y se mantuvieran protestando hasta que el 1 de octubre de 1839 un grupo de campesinos fue reprimido violentamente en Santa Catarina Ixtahuacán por los militares altenses, provocando por lo menos cuarenta muertos. En los libros de la época, los historiadores liberales refieren el incidente simplemente como “un escarmiento para los bárbaros“, pero esto sería el inicio del fin del Estado de Los Altos, pues los campesinos fueron a Guatemala a pedir ayuda al general mestizo Rafael Carrera, quien era el que verdaderamente gobernaba en el Estado apoyando al Jefe de gobierno Mariano Rivera Paz, y quien para marzo de 1840 recuperó el territorio de Los Altos para Guatemala a sangre y fuego.


BIBLIOGRAFIA: