1 de febrero de 1966: Peralta Azurdia militariza servicios públicos

Como parte de la militarización del estado y de la sociedad tras el golpe de estado de 1963, el coronel Enrique Peralta Azurdia emite un decreto para militarizar los servicios públicos

1febrero1966
Locomotoras y vagones de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), que se formó la década de 1960 luego de que la International Railways of Central America vendiera su chatarra al Estado, tras haberla usado desde 1908. En el recuadro: el coronel Enrique Peralta Azurdia, jefe de gobierno de facto de Guatemala de 1963 a 1966. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El golpe de Estado militar del 30 de marzo de 1963 en contra del presidente, general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, significó la consolidación del modelo militar contrainsurgente en Guatemala, por medio de la Carta Fundamental de Gobierno incluída en el decreto 8 del 10 de abril de 1963 que sustituyó a la derogada constitución de 1956, lo que inició la militarización del estado y de la sociedad con el apoyo y asesoría del gobierno de los Estados Unidos, entonces a cargo del demócrata John F. Kennedy.  De hecho, el coronel Enrique Peralta Azurdia gobernó todo el tiempo en permanente estado de sitio, con el criterio de que cualquier oposición política era comunista y podía ser reprimida legalmente.1

En este estado de cosas, a fin de evitar huelgas de los trabajadores del Estado y de las empresas particulares que prestaban servicios públicos,  el gobierno de facto del coronel Peralta Azurdia emitió el siguiente decreto de emergencia nacional, para poder militarizar los servicios públicos en caso necesario e imponer fuertes castigos a quienes instagaran las huelgas o se resistieran a la militarización:2

Decreto-Ley número 422

Enrique Peralza Azurdia, Jefe del Gobierno de la República

Considerando: que es conveniente determinar expresamente los alcances y efectos de la militarización de servicios públicos, cuando dicha medida se tome con el fin de mantener la continuidad y eficiencia de tales servicios,

Por tanto, con base en el artículo 3° de la Carta Fundamental de Gobierno, en Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1°. En caso de emergencia nacional, o cuando el orden público o el interés social lo requieran, los servicios públicos podrán ser militarizados mediante acuerdo gubernativo emitido por el Jefe del organismo Ejecutivo en Consejo de Ministros.

Artículo 2°. Pueden ser militarizados los servicios públicos prestados por dependencias gubernamentales, por entidades estatales descentralizadas, autónomas o semiautónomas, o por empresas privadas.

Artículo 3°. Desde que se acuerde la militarización de cualquier servicio público, la administración del mismo quedará a cargo de la autoridad militar que se designe; y todo el personal, incluso el directivo y administrativo, de las dependencias, entidades o empresas de que se trate quedará sujeto a los tribunales militares por los hechos delictuosos que los miembros de dicho personal cometan con ocasión o motivo de la militarización, o del estado que la originó.  La expresada jurisdiccón se extenderá a los cuoatures cómplices y encubridores de tales hechos, aunque no pertenezcan al personal de la dependencia, entidad o empresa afectada.

Artículo 4°. La negativa o resistencia a cumplir con sus obligaciones o la inasistencia injustificada a sus labores, por cualquier tiempo, así como la negativa a cumplir las órdenes de los superiores jerárquicos, por parte de los miembros del personal a que se extienda la militarización, pondrán fin a la relación de trabajo, sin ninguna responabilidad para el Estado ni para los patronos y se sancionarán según las circunstancias, con la pena de dos a seis meses de arresto menor inconmutables.

Artículo 5°. Lo dispuestos en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad en que los infractores incurrieren, si los hechos fueren constitutivos de delitos más graves, ya sea por acción o por omisión, de conformidad con las leyes penales comunes y las del orden militar, en su caso.

Artículo 6°. Los procesados con motivo de la aplicación de esta ley, no podrán ser excarcelados bajo fianza de haz mientre dure la militarización de que se trate.

Artículo 7°. El Ministerio de la Defensa Nacional dictará las disposiciones y tomará las medidas que estime necesarias para mantener en forma normal y sin interrupción los servicios públicos militarizados, mantener el orden, proteger a los trabajadores que deseen seguir laborando, y salvaguardar los bienes de las dependencias, entidad o empresa respectiva.

Artículo 8°. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional: en la ciuad de Guatemala, a primero de febrero de mil novecientos sesenta y seis.

Publíquese y cúmplase.

      • Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de la República, Ministro de la Defensa Nacional
      • [Siguen las firmas de los Ministros de Estado]2

BIBLIOGRAFIA:

  1. Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999) Memoria del Silencio. Naciones Unidas: Oficina de Servicios para Proyecto s de las Naciones Unidas. ISBN: 958- pp. 131-133
  2. Azurdia Alfaro, Roberto (1968) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1965-1966. LXXXIV. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 210-211.