11 de marzo de 1844: el convenio de Guadalupe

Tras sofocar un alzamientos en Pinula, el teniente general Rafael Carrera firma con los líderes de los alzados el convenio de Guadalupe, en la villa del mismo nombre, por medio del cual disuelven la Asamblea Constituyente y obligan a los eclesiásticos a dejar sus puestos en el gobierno de Mariano Rivera Paz.

11marzo1844
La ciudad de Guatemala en 1865, aproximadamente, vista desde el Cerrito del Carmen. Se aprecian los volcanes de Pacaya y de Agua al fondo, y entre los edificios se reconocen el Teatro Carrera, y las iglesias de La Merced, San Francisco, Catedral y Santa Teresa. En los recuadros: el teniente general Rafael Carrera, el arzobispo Francisco de Paula García Peláez, el Marqués de Aycinena y Mariano Rivera Paz. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 3 de marzo de 1844 arribó el arzobispo coadjuctor Francisco de Paula García y Peláez al territorio guatematleco, después de haber sido consagrado por el obispo Juan Viteri y Ungo en El Salvador. Tras el Te Deum que le celebraron en la Catedral de la Ciudad de Guatemala los miembros del clero, se dirigieron a la casa de gobierno, que estaba frente a la Iglesia de Santa Rosa y allí sostuvieron una reunión con el Jefe de Estado Mariano Rivera Paz, Consejo y los miembros de la Asamblea Constituyente, dando por confirmada la creación de un Estado elclesiástico en Guatemala. Pero hubo un gran ausente en aquella reunión: el general Rafael Carrera, quien para entonces era el teniente general de las Fuerzas Armadas, y quien se había salido a pacificar a unos pueblos en el oriente del país.1

Aquello era parte de una estratagema del militar, ya que su mutua desconfianza con los eclesiásticos y con los diputados, no permitía que avanzara la agenda de uno ni de los otros.  Así, mientras Carrera estaba ausente, «convenientemente» se armó una revuelta en Pinula cuando aproximadamente mil campesinos se alzaron, provocando el pánico entre los pobladores de la ciudad, quienes todavía tenían frescos en la memoria las invasiones de Francisco Morazán en 1829 y en 1840, y las invasiones de Carrera en 1839.2

Rivera Paz mandó a llamar inmediatamente a Carrera, quien regresó a la ciudad a marchas forzadas y dijo al llegar: «¡Aquí está Carrera, para quien quiera algo de él» ¿Quiénes son los sublevados? ¿Los de Pinula? Pues duerma soesegada la sociedad de Guatemala, que Rafael Carrera está para velar la tranquilidad del vecindario y para poner en cintura, a revoltosos y ambiciosos…»

Carrera se hizo acompañar de su estado mayor y al frente de sus tropas atacó a los alzados, que ya estaban casi a las puertas de la ciudad y tras una escaramuza en donde hubo algunos muertos, los rebeldes pidieron una tregua y firmaron el convenio de Guadalupe, en el poblado del mismo nombre entonces en las afueras al sur de la ciudad.  Aquel convenio demuestra que Carrera tenía un plan bien trazado para salir de sus rivales eclesiásticos y de los diputados constituyentes, y lo reproducimos a continuación por su relevancia histórica:

El teniente general Rafael Carrera, general en jefe del Ejército del Estado de Guatemala, y los jefes de las dos divisiones de los pueblos aliados que operaban hostilmente sobre la capital, hemos convenido en obsequio de la paz pública y de la sangre centroamericana, en que se atiendan las peticiones racionales de dichos jefes y los intereses del Estado bajo los puntos siguientes:

      1. La autoridad de la Asambles Constituyente debe ser subrogada por un Consejo de gobierno con tanta autoridad como la misma Asamblea.  Este cuerpo constituirá el Estado, será electo popularmente y se compondrá de un individuo por cada departamento. Para ser electo miembro de este Consejo, se tendrán las cualidades siguientes: 1°. Ser hijo del Estado y del departamento, mayor de edad, de conocidad probidad y saber, y que en todas épocas haya demostrado ser verdadero patriota, que ama el bienestar de los pueblos; y 2°. ser propietario para que esta circunstancia lo constituya en conservador de la paz.  Que se ocupe en observar la inversión de los caudales públicos y en representar las necesidades de sus ponderantes para que se promueva su fácil remedio.  De esta reducción de representantes resultará más violencia en los asuntos, menos oposición al bien general; más economía al erario; y lo que es más, la desaparición del aspirantismo.
      2. La constitución que dé el Consejo será sancionada por otro Consejo, compuesto por doble número de representantes, electos en los términos expresados en el artículo anterior; y este Consejo que no tiene más objeto que sancionar, podrá ser carga concejil.
      3. Que el Presidente del Estado se le den bastantes facultados por la Asamblea actual antes de disolverse, sin más condición que cada año deberá dar residencia de administración al Consejo.
      4. Como la administración de justicia está algo desvirtuada, y los pueblos creen que por el interés se les despoya de ella, es indispensable que estos destinos y el de los escribanos sean servidos puramente por sueldos y sin cobrar cosa alguna, y por personas que se renovarán según su buena o mala administración por el mismo Consejo el que también nombrará los letrados de probidad y honor que deben dirigir a las partes litigantes en sus asuntos; pues de esto resultará más prontitud en el despacho, menos parcialidad, más rectitud en la administración de justicia. 
      5. Que se dé un nuevo arreglo a la hacienda pública: que se disminuyan los empleados civiles y aun los militares si fuere forzoso; de esto resultará menos gravámenes a los pueblos, menos apuros para el Gobierno, y una economía para aumentar los fondos públicos, los cuales tarde o temprano servirán al ejército, sin necesidad de dejar a los propietarios, pues éstos deben ser protejidos por las leyes.
      6. Promoverá el Supremo Gobierno y el Consejo la prosperidad efectiva de los pueblos por hacer obras públicas de beneficencia, construcción de puentes y fábricas para las poblaciones industriosas que se hallen limitadas a su tejidos, hilados, etc.
      7. Nombrará el Supremo Gobierno, de acuerdo con el Consejo, un solo juez de tierras y un agrimensor para cada dos departamentos, los cuales serán escogidos entre los más honrados de la profesión, quedando sujetos a la formación de causa y pérdida de honorarios si obran mal en su ejercicio.
      8. Que se sobrecargen los drechos a aquellos efectos extranjeros que se introduzcan y puedan fabricarse en el país.
      9. Que los eclesiásticos no se mezclen en cosas políticas y de consiguiente no podrán ser electos para destinos públicos, para que la verdadera religión no pierda su prestigio y reverencia.
      10. Que se conceda el fuero de guerra a las milicias del Estado, que en el día lo gozan únicamente los que están en actual servicio.
      11. El ejército de los pueblos aliados, siempre sumiso al Supremo Gobierno, y a su benemérito caudillo y general en jefe del Ejército, deseoso de dar purebas de que si están con las armas en la mano, no es con miras perversas, sino con la de solicitar la mejora de los habitantes del Estado, desde luego quieren que la reforma se haga con toda libertad, y depondrán las armas tan luego como se reuna la Asamblea, y que el Estado se halle organizado según los artículos precedentes, quedando entonces encargado de la realización y cumplimiento de este convenio el Excmo. señor Teniente General y General en jefe del ejército, debiendo advertir que este nuevo régimen adoptado durará por todo el tiempo en que reuslten beneficios al estado; quedando en libertad los pueblos para variarlo según les convenga.
      12. Y por conducto del gobierno, se dé cuenta a la Asamblea Constituyente del Estado con el presente convenio.

Cuartel general en la Villa de Guadalupe, 11 de marzo de 1844.

        • Rafael Carrera
        • Antonio Solares
        • José Clara Lorenzana
        • Manuel figueroa
        • Pedro Velásquez
        • Manuel Solares
        • Manuel Álvarez3

Tras enterarse de este convenio, el Consejero de Estado, Marqués Juan José de Aycinena, renunció a su cargo con fecha retroactiva al 7 de marzo, aunque la Asamblea no aceptó el tratado, obligando a Carrera a seguir moviendo sus piezas para que terminara haciéndolo.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El libro de las Efemérides. Capítulos de la Historia de la América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 397.
  2. Ibid., p. 398.
  3. Ibid., pp. 399-401.
  4. Ibid., p. 402.

20 de diciembre de 1855: inicia ciclo académico en la Nacional y Pontificia Universidad

Tras reformar sus estatutos para cumplir con lo estipulado en el Concordato de 1852, se inician las clases en la Nacional y Pontifica Universidad de San Carlos

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Edificio de la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos en la Ciudad de Guatemala.En el recuadro: el obispo y Marqués de Aycinena, Juan José de Aycinena y Piñol, rector de la Pontificia Universida de influyente político durante el gobierno de Rafael Carrera. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El gobierno conservador del capitán general Rafael Carrera estuvo sumamente ligado a la Iglesia Católica y por medio del Concordato establecido en 1852 y ratificado en 1854 le entregó a ésta la educación del país.  En esa época la Universidad de San Carlos estaba dedicada principalmente a la preparación de eclesiásticos avalada por el Papa, y por eso era Nacional y Ponticia. Así pues, como parte de lo establecido en el Concordato, los estatutos de la Universidad fueron modificados por el capitán general Rafael Carrera, presidente vitalicio de la República, el 22 de septiembre de 1855.1

Se presentan a continuación los principales aspectos de aquel acuerdo:

Considerando: que la universidad es un establecimiento de la mayor importancia, y que influye eficazmente en el buen orden social, porque en él recibe la juventud los principios que deben guiarla en las diferentes profesiones á que se dedica: atendiendo á las instancias que se han hecho al gobierno para que se dicten medidas adecuadas con el fin de mejorarlo y corregir los abusos que puedan haberse introducido, sobre lo cual se ha oído el parecer del rector y el de diversas comisiones compuestas de personas distinguidas por su saber y esperiencia. Habiendo representado el Muy Reverendo Arzobispo Metropolitano que es urgente la necesidad de que se modifiquen los estudios de los que se dedican al estado eclesiástico; y teniendo presente lo que se halla dispuesto en el concordato celebrado con Su Santidad respecto á la enseñanza de las ciencias morales y eclesiásticas. De conformidad con lo que me ha propuesto el ministerio de instrucción publica, y de acuerdo con el consejo de estado, he tenido a bien decretar y decreto:2

Artículo 1° — Se tendrá como estatuto fundamental de este establecimiento las constituciones de la Real y Pontificia universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas por el rey don Carlos II, en 20 de febrero de 1686, y se observarán en lo sucesivo como estaban en uso en 1821, quedando en consecuencia derogadas las diferentes leyes y demás disposiciones que se han dado sobre esta materia.3,Nota_a […]

Art. 3°. — Por esta vez, y atendiendo á las circunstancias que se han tenido presentes, se nombra para componer el claustro de consiliarios, a los doctores don Juan José de Aycinena, arcediano de esta Santa Iglesia Metropolitana, por la facultad de cánones; don Basilio Zeceña, consejero de estado, por la de teología; don Pedro Yalenzuela, consejero de estado, por la de leyes; y don Quirino Flores, protomédico, por la de medicina; y bachilleres reverendo padre don Nicolás Arellano, prepósito de la congregación de San Felipe Neri; fray Juan Félix de Jesús Zepeda, guardián de la comunidad de San Francisco; don Francisco Abella y presbítero don Vicente Hernández. Tres dias después de la publicación de este decreto, se reunirán los consiliarios nombrados, y bajo la presidencia del muy reverendo arzobispo, procederán a elegir al rector. El rector y claustro de consiliarios nombrados, durarán dos años. Terminado este periodo, que se contará desde ello de noviembre siguiente a la publicación de este decreto, serán renovados, eligiéndose con arreglo a las constituciones para los biennios sucesivos. El rector y demás miembros del claustro podrán ser reelectos; pero no serán obligados a admitir el nuevo nombramiento sin un intervalo de dos años.Nota_b

Art. 4°. — Luego que estuviere nombrado el rector, dispondrá, con permiso de la autoridad eclesiástica, el restablecimiento de la capilla, para que se celebren en ella las funciones religiosas y prácticas de piedad que estaban establecidas, y será de su cargo vigilar que los cursantes asistan a estos actos.3

Art. 5°. —Se restablece el uso del traje talar para todo acto literario público, bajo la pena de nulidad de todo grado que se conceda sin esta formalidad. El rector cuidará de que asistan a los actos literarios los cursantes de la facultad a que pertenezca el actuante.3,Nota_c

Art. 6°. — Para admitirse a la matrícula en la universidad, se exigirá de los que soliciten ser matriculados la certificación correspondiente de haber sido examinados y aprobados en latinidad. Pasado un año desde la fecha de este decreto, no podrán ser admitidos al grado de bachiller los actuales cursantes, sin cumplir antes con este requisito, a no ser que lo hubiesen llenado a su ingreso.5,Nota_d […]

Art. 31°.— Serán feriados en lo sucesivo los días festivos de guarda, con arreglo al decreto pontificio de 20 de enero de 1839, los de la Semana Santa, los de la Pascua de Navidad, hasta el día de año nuevo, las funciones de universidad y las fiestas cívicas establecidas: se fijará en cada clase la tabla que contenga estos feriados. Las vacaciones comenzarán el 10 de noviembre y concluirán el 20 de diciembre, en cuyo dia se hará la apertura solemne de las clases, en la forma prescrita por las constituciones.5

Art. 41°. — El ministro de instrucción pública queda encargado especialmente de su ejecución; dará posesión en acto solemne al rector y consiliarios nombrados, y podrá presidir los claustros siempre que lo estime conveniente.6,Nota_e

En base a este decreto, las clases de la Universidad se iniciaron el 20 de diciembre de cada año hasta 1871.


NOTAS:

  • a: es decir, se reformaron los estatutos universitarios de 18404 de forma que reflejaron lo acordado en el Concordato.
  • b: nótese cómo la gran mayoría de los principales puestos administrativos de la Universidad estaban ocupados por los líderes del clero secular —arzobispo y arcediano de la catedral— y del clero regular —vicarios y jefes de las congregaciones de frailes—.
  • c: esta costumbre todavía se mantiene en la Universidad de San Carlos.
  • d: este era necesario porque en esa época el uso del latín era obligatorio para los que querían cursar la carrera eclesiástica.
  • e: la Universidad quedó entonces convertida en una dependencia del Ministerio de Instrucción Pública.  Si bien durante el gobierno del general Carrera esto no significó mucho pues el papel de la Iglesia era preponderante no solo en la Universidad sino en todo el gobierno, sí se hizo notar tras el triunfo de la Revolución Liberal en 1871, cuando la Universidad fue separada en Escuelas Facultativas que dependendían del presidente de la República a través del Ministerio.

BIBLIOGRAFIA:

  1. La Gaceta (10 de noviembre de 1854). No oficial. Edicto. Guatemala. Imprenta de La Paz.
  2. Pineda de Mont, Rafael (1872). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República III. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. p. 203.
  3. Ibid., p. 204.
  4. Ibid., pp. 171 y siguientes.
  5. Ibid., p. 209.
  6. Ibid., p. 211.

8 de diciembre de 1844: Rivera Paz renuncia a la presidencia del Estado

El Jefe de Estado Mariano Rivera Paz presente su renuncia irrevocable por la presión del capitán general Rafael Carrera

8diciembre1844
La entrada a Río Dulce en la época en que Mariano Rivera Paz era el Jefe de Estado de Guatemala, según un dibujo del arquitecto británico Frederick Catherwood. En el recuadro: el Jefe de Estado Rivera Paz. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Después de que el teniente coronel Rafael Carrera consiguiera que Juan José de Aycinena renunciara a su cargo  el 11 marzo de 1844 tras firmar el convenido de Guadalupe con los alzados de Pinula, el Jefe de Estado Mariano Rivera Paz tuvo que formar un nuevo gabinete el 26 de abril, conformado por moderados.1

Pero luego de un intento de invasión del presidente salvadoreño Francisco Malespín en represalia a una fallida invasión de Manuel José Arce apoyada por Carrera, y del subsiguiente convenio de paz firmado en la hacienda de Quesada el 5 de agosto de 1844, el gobierno guatemalteco se quedó sin dinero para pagar a la tropa, la cual provocó una revuelta para exigir su pago.  Aunque Rafael Carrera en persona disolvió la revuelta e hizo ejecutar a los seis cabecillas, esto aceleró la caída del Jefe de Estado Rivera Paz para quien se hizo cada vez más difícil poder gobernar debido a las exigencias del general Carrera. Finalmente, el 8 de diciembre Rivera Paz declaró que el país necesitaba un cambio de administración y presentó su renuncia irrevocable.2

De inmediato se reunió inmediatamente un Consejo Constituyente, que escogió como su presidente al liberal José Venancio López, mediante el siguiente decreto:

Nosotros, los representantes de los pueblos del Estado de Guatemala en Centro América, reunidos en bastante número a consecuencia de la convocatoria mandada hacer por el decreto de 14 de marzo del presente año; después de haber examinado nuestros respectivos poderes y habiéndolos hallado conformes declaramos:

El consejo constituyente del Estado de Guatemala, libre y soberano, está solemnemente instalado.

Comuníquese al supremo gobierno para su publicación.

Guatemala, en el salón de sus sesiones a ocho de diciembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro.

    • José Venancio López, presidente
    • Rafael de Arias y Lavairu
    • Manuel Gálvez
    • Ignacio María Ponciano
    • Rodrigo Arrazola
    • Feliz Juárez
    • Plácido Flores, secretario.
    • M.J. Arango, secretario.2

Este Consejo supuestamente constituyente solamente sirvió para elegir a Carrera para suceder a Rivera Paz, el 11 de diciembre de 1844.  De esta forma, con toda la apariencia de legalidad, Carrera consumó su segundo golpe de estado, y se hizo finalmente con el poder el 14 de diciembre de ese año.1


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (7 de marzo de 1926)  El Capítulo de las Efemérides. 7 de marzo de 1844: Renuncia del Ministro, Señor Marqués de Aycinena. Guatemala: Nuestro Diario.
  2. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 72-73.

5 de enero de 1822: la Anexión a México

El antiguo Reino de Guatemala se anexa al Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide

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Las tropas mexicanas proclaman al Presidente de la Regencia, Agustín de Iturbide, como emperador de México. En el recuadro: el emperador Agustín I. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras una misiva del 19 de octubre de 1821 en la que el futuro emperador de México Agustín de Iturbide le invitaba a anexarse, el jefe político de la Junta Provisional Consultiva, Gabino Gaínza, le contestó el 3 de diciembre indicándole que era necesario consultar a diversos cabildos centroamericanos para dar una respuesta sobre la cuestión. Gaínza finalizó su carta diciendo: «Espero que Vuestra Excelencia dejará en suspenso sus decisiones, y detendrá la marcha de su división armada, hasta la llegada de mi respuesta que le enviaré por correo el 3 de enero de 1822«, en alusión a la división del ejército que Iturbide había mandado a la frontera entre ambos países.1

El 3 de enero de 1822, Gaínza envió a Iturbide su conteo aún incompleto: 32 ayuntamientos aceptaban la anexión si lo hacía la Junta Provisional; 104 aceptaron llanamente la anexión; dos se oponían de plano, mientras que otros veintinún ayuntamientos opinaban que esta cuestión sólo podía ser debatida por el congreso que debía reunirse en marzo, según lo indicaba el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821.2 Si bien algunos pueblos se oponían a la Anexión, hubo muchos pueblos que se unieron por iniciativa propia al Imperio, aun saltando por encima del conducto oficial de Gaínza.  Y a los dos días, la Junta Provisional Consultiva declaró la unión del Reino de Guatemala al Imperio de México en un acta firmada en la Ciudad de Guatemala, la cual dice así:2

Palacio Nacional de Guatemala, enero 5 de 1822.

Habiendo traído a la vista las contestaciones de los ayuntamientos de las provincias, dadas a virtud del oficio circular de 30 de noviembre último, en que se les previno que en consejo abierto explorasen la voluntad de los pueblos sobre la unión al imperio mexicano, que el serenísimo señor don Agustín de Iturbide, presidente de la Regencia, proponía en su oficio de diez y nueve de octubre, que se acompañó impreso; y trayéndose igualmente las contestaciones que sobre el mismo punto han dado los tribunales y comunidades eclesiásticas y seculares, jefes políticos, militares y de hacienda, y personas particulares, a quienes se tuvo por conveniente consultar, se procedió a examinar y regular la voluntad general en la manera siguiente:

        • Los ayuntamientos que han convenido llanamente en la unión, según se contiene en el oficio del gobierno de México, son ciento cuatro.
        • Los que han convenido en ella con algunas condiciones que les ha parecido poner, son once.
        • Los que han comprometido su voluntad en lo que parezca a la Junta Provisional, atendido el conjunto de circunstancias en que se hallan las provincias, son treinta y dos.
        • Los que se remiten a lo que diga el congreso que estaba convocado desde quince de septiembre, y debía reunirse el primero de febrero próximo son veintiuno.
        • Los que manifestaron no conformarse con la unión, son dos.
        • Los restantes no han dado contestación, ó si la han dado, no se ha recibido.

Traido a la vista el estado impreso de la población del reino, hecho por un cálculo aproximado, sobre los censos existentes, para la elección de diputados, que se circuló en noviembre próximo anterior, se halló: que a voluntad manifestada llanamente por la unión excedía de la mayoría absoluta de la población reunida á este gobierno. Y, computándose la de la intendencia de Nicaragua que, desde su declaratoria de independencia del gobierno español, se unió al de México, separándose absolutamente de este; la de la de Comayagua que se halla en el mismo caso; la de la de Ciudad Real de Chiapas, que se unió al imperio, aun antes de que se declarase la independencia en esta ciudad; la de Quezaltenango, Solóla y algunos otros pueblos que en estos últimos días se han adherido por sí mismos ala unión; se encontró que la voluntad general subía a una suma casi total y teniendo presente la junta que su deber, en este caso, no es otro que trasladar al gobierno de México lo que los pueblos quieren, acordó verífícarlo así, como ya se le indicó en oficio de tres del corriente.

Entre las varias consideraciones que ha hecho la junta en esta importante y grave materia, en que los pueblos se hallan amenazados en su reposo, y especialmente en la unión con sus hermanos de las otras provincias con quienes han vivido siempre ligados por la vecindad, el comercio y otros vínculos estrechos, fué una de las primeras, que por medio de la unión a México querían salvar la integridad de lo que antes se ha llamado Reino de Guatemala y restablecer entre sí la unión que ha reinado por lo pasado; no apareciendo otro, para remediar la división que se experimenta.

Como algunos pueblos han fiado al juicio de la junta lo que más le convenga resolver en la presente materia y circuntancias, por no tenerlas todas a la vista; la junta juzga que manifestada, como está de un modo tan claro la voluntad de la universalidad, es necesario que los dichos pueblos, se adhieran a ella para salvar su integridad y reposo.

Como las contestaciones dadas por lo ayuntamientos, lo son con vista del oficio del serenísimo señor Iturbide que se les circuló, y en el se propone como base la observancia del plan de Iguala y de Córdova, con otras condiciones benéficas al bien y prosperidad de estas provincias, las cuales si llegasen a término de poder por sí constituirse en estado independiente, podrán libremente constituirlo; se ha de entender que la adhesión al imperio de México es bajo estas condiciones y bases.

Las puestas por algunos ayuntamientos, respecto a que parte están virtualmente contenidas en las generales y parte difieren entre sí, para que puedan sujetarse a una expresión positiva; se comunicarán al gobierno de México para el efecto que convenga; y los ayuntamientos mismos en su caso podrán darlas como instrucción a sus diputados respectivos, sacándose testimonio por la secretaría.

Respecto de aquellos ayuntamientos que han contestado remitiéndose al congreso que debía formarse, y no es posible ya verificarlo, porque la mayoría ha expresado su voluntad, en sentido contrario, se les comunicará el resultado de esta, con copia de esta acta.

Para conocimiento y noticia de todas las provincias, pueblos y ciudadanos, se formará un estado general de las contestaciones que se han recibido, distribuyéndolas por clases conforme se hizo al tiempo de reconocerse en esta junta, el cual se publicará posteriormente.

Se dará parte a la soberana junta legislativa provisional, a la regencia del imperio y al serenísimo señor Iturbide con esta acta, que se imprimirá y ciruclará a todos los ayuntamientos, autoridades, tribunales, corporaciones y jefes para su inteligencia y gobierno.

Lejos de conseguir el bienestar de la región, aquella anexión fue el inicio de todos los problemas que han aquejado a Centroamérica desde su independencia, ya que se formaron dos grupos: el de los criollos aristócratas que favorecían un sistema monárquico y católico similar al que tenía España, y el de los criollos liberales, que se inclinaban hacia un sistema republicano, con influencia protestante.1


BIBLIOGRAFIA:

  1. Herrera-Mena, Sajid Alfredo (2018). Espacios y opinión pública durante la anexión del Reino de Guatemala a México: San Salvador, 1821 En: LiminaR, XVII, (1) México: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5998-9541 
  2. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada a virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 14-16.

3 de diciembre de 1821: Gaínza pide tiempo a Iturbide para decidir sobre la Anexión

Gabino Gaínza le responde al emperador Agustín de Iturbide, pidiéndole hasta el 3 de enero para consultar a los pueblos sobre la Anexión a México.

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Pintura alegórica de la coronación de Agustín I, Emperador del Primer Imperio Mexicano del Septentrión al que se anexó Centroamérica el 5 de enero de 1822. En el recuadro: la firma de Gabino Gaínza, ex-Capitán General y entonces presidente de la Junta Provisoria Consultiva que gobernó a Centroamérica hasta esa fecha. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El acta de Independencia del Reino de Guatemala, firmada el 15 de septiembre de 1821, era un documento que dejaba en manos de un Congreso, a celebrarse el 1 de marzo de 1822, el tema de la independencia absoluta,1 de acuerdo a los siguientes artículos:2

2.° —Que desde luego se circulen oficios a las provincias, por correos extraordinarios, para que sin demora alguna, se sirvan proceder á elegir diputados ó representantes suyos, y estos concurran á esta capital á formar el congreso que debe decidir el punto de independencia general y absoluta, y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno y ley fundamental que deba regir.  […]

6.°— Que en atención a la gravedad y urgencia del asunto, se sirvan hacer las elecciones de modo que el día primero de marzo del año próximo estén reunidos en esta capital todos los diputados.2

El sistema representativo al que apelaban los republicanos se legitimaba en uno de los dos periódicos publicados en la capital del Reino: «El Editor Constitucional«, fundado en 1820, y que tras la independencia cambió de nombre por «El Genio de la Libertad«. Este periódico era el órgano oficial del partido de los criollos liberales e incluía a Pedro Molina, José Francisco Barrundia, al cura José Matías Delgado, Manuel José Arce, y Juan Manuel Rodríguez, entre otros. Este grupo pensaba que la monarquía, por más constitucional o moderada que fuese, era sinónimo de vanidad, desigualdad social y despotismo. Y también señalaba que el gobierno representativo del republicanismo que promulgaban no era sinónimo de democracia, ya que el pueblo limitaba sus funciones soberanas a la facultad de elegir a sus legisladores. En particular a los legisladores, era al que estaba asociada para ciertos actores y publicistas la construcción de la verdadera opinión pública.1

Si bien en un principio la Junta Provisional Consultiva presidida por Gabino Gaínza adoptó la postura republicana, como evidencia el Acta de Independencia, para mediados de noviembre de 1821 las autoridades interinas de Guatemala dieron un giro radical, decantándose por la celebración de concejos abiertos debido a que sus miembros se encontraron acorralados por las presiones mexicanas para adherirse al proyecto imperial de Agustín de Iturbide, y por la rápida desmembración del antiguo Reino. Es importante destacar que las diputaciones provinciales de Honduras y Nicaragua, así como algunos cabildos de Costa Rica, habían jurado la independencia de España, pero a la vez se declararon separados de la ciudad de Guatemala argumentando su decisión por la amarga experiencia vivida bajo su yugo durante los años de dominación colonial.1

El 19 de octubre Iturbide le había enviado un oficio a Gaínza en el cual presionaba sutilmente para que el antiguo Reino se incorporara a México. Ya para entonces algunos de los miembros de la Junta Provisional ya eran conscientes de que la única alternativa para las provincias estaba en el Plan Trigarante de Iturbide. Para el futuro emperador, los intereses de México y del Reino de Guatemala eran idénticos y consideraba que el Plan de Iguala aseguraría a todos los pueblos el goce “imperturbable de su libertad” y los protegería de cualquier invasión.  Iturbide le recordaba a Gaínza que México era sinónimo de “grandeza y opulencia” y, aunque enfatizaba que no quería someter a los pueblos a su voluntad, creía conveniente enviar una división del ejército mexicano “numerosa y bien disciplinada, que […] reducirá su misión a proteger con las armas los proyectos saludables de los amantes de su patria”.  Por otro lado estaba la posición de la Iglesia Católica, representada por Juan José de Aycinena, quien creía que la unión a México era lo más favorable para el Reino de Guatemala porque no trastocaría los privilegios de los clérigos y porque, para él, la fuente de la autoridad no venía de los hombres sino de Dios y por lo tanto, un gobierno republicano no tenía cabida en sus planes.1 Fue muy importante también en esta decisión la situación económica de la recién independizada región, resumida magistralmente por el coronel Antonio José de Irisarri: «La república de Guatemala debía esperar que su independencia fuera más bien asegurada componiendo una nación de nueve a diez millones de habitantes, que quedando reducida a un gran despoblado en que no habia dos millones, con sus costas indefensas, sin marina, sin erario, sin ejército, obligada hasta entonces a recibir de México un subsidio para llenar sus gastos3

En vista de todo esto, la Junta Provisional Consultiva, desobedeciendo el Acta de Independencia, ya no convocó al Congreso de 1822 sino que, debido a la premura con que Iturbide deseaba una respuesta, sugirió que fueran los cabildos abiertos quienes expresasen su voluntad.  Y una vez tomada la decisión en la sesión del 28 de noviembre, Gaínza se dirigió a los pueblos del Reino el 30 del mismo mes, comunicándoles que en el oficio enviado por Iturbide le llamó la atención la superioridad de México por su riqueza, población y fuerza y que la disidencia de Chiapas, Comayagua, León y Quetzaltenango le provocó desconcierto. También les informó que temía el ingreso del ejército mexicano y confesaba que le atraía la idea de unirse a “un Imperio poderoso” que pudiera defender la libertad del Reino. 

Como no contaba con la facultad para decidir un asunto tan grave, y como el asunto de la Anexión no podía esperar hasta febrero de 1822 el Congreso Nacional mencionado en el Acta de Independencia, Gaínza ordenó que los ayuntamientos en concejos abiertos expresaran la opinión de sus pueblos luego de leer la nota de Iturbide. Las contestaciones se remitirían al alcalde primero de cada partido y éste las enviaría a Gaínza con rapidez para que la Junta Provisional contestara a México.  Y aquí es donde empezaron las disputas entre los criollos conservadores aristócratas y los criollos liberales republicanos ya que estos últimos argumentaban que la postura de las autoridades de Guatemala contradecía los acuerdos tomados anteriormente, pues ya habían sostenido que no era facultad de los ayuntamientos decidir sobre ese importante asunto.  Por su parte, Gaínza y los criollos aristócratas señalaban que si los Pueblos son los que por sí o por medio de sus representantes pronunciaban su voluntad sobre el punto de unión o independencia de México, los concejos abiertos estaban conformes a lo estipulado en el Acta de Independencia.1

Finalmente, Gaínza contestó a Iturbide el 3 de diciembre, indicándole que era necesario consultar a diversos cabildos centroamericanos para dar una respuesta sobre la cuestión. Al final de su misiva expresó: «Espero que Vuestra Excelencia dejará en suspenso sus decisiones, y detendrá la marcha de su división armada, hasta la llegada de mi respuesta que le enviaré por correo el 3 de enero de 1822«.

El 3 de enero de 1822, Gaínza envió a Iturbide su conteo aún incompleto: 32 ayuntamientos aceptaban la anexión si lo hacía la Junta Provisional; 104 aceptaron llanamente la anexión; dos se oponían de plano, y otros 21 opinaban que esta cuestión sólo podía ser debatida por el congreso que debía reunirse en marzo.4  Si bien algunos pueblos se oponían a la Anexión, hubo muchos pueblos (como por ejemplo: Comayagua, Ciudad Real de Chiapas, Quetzaltenango, Sololá, y la Diputación Provincial de la Provincia de Nicaragua y Costa Rica4) que se unieron por iniciativa propia al Imperio, aun saltando por encima del conducto oficial de Gaínza.  Por lo tanto, la Junta Provisional Consultiva declaró la unión del Reino de Guatemala al Imperio de México en un acta firmada el 5 de enero en la Ciudad de Guatemala.1


BIBLIOGRAFIA:

  1. Herrera-Mena, Sajid Alfredo (2018). Espacios y opinión pública durante la anexión del Reino de Guatemala a México: San Salvador, 1821 En: LiminaR, XVII, (1) México: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5998-9541 
  2. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 11-14.
  3. Irisarri, Antonio José (1862). Refutacion de la refutacion que Don Lorenzo Montufar ha publicado en Paris de las que él llama Aserciones Erróneas publicadas por el Monitor Universal del 16 de mayo último sobre la guerra de Guatemala contra San Salvador I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. p. 18.
  4. Pineda de Mont, Recopilación de las leyes de Guatemala, reunidas en virtud de una orden especial del Gobierno Supremo de la República, pp. 14-16.

10 de septiembre de 1829: conservadores se rebelan tras expulsión de Arce y de Aycinena

Unos cuantos conservadores intentan tomar la Ciudad de Guatemala tras el exilio de Manuel José Arce y Mariano de Aycinena

10septiembre1829
Palacio Colonial de la Ciudad de Guatemala a principios del siglo XX. Allí residía el gobierno de la República Federal de Centro América cuando Manuel José Arce era presidente. En el recuadro: el presidente Arce. Imágenes tomadas de la colección de La Calle donde tú vives y Wikimedia Commons.

La prensa partidista en Guatemala siempre ha sido dura con sus oponentes.  Esto queda ejemplificado cuando el periódico liberal «La Antorcha Centro-Americana» publicó las siguiente notas el 10 de septiembre de 1829:

  • Con respecto al exilio del expresidente Manuel José Arce y del ex-jefe de Estado Mariano de Aycinena:  «el 7 del corriente salieron de esta Capital con destino a embarcar a los puertos del norte, el ex-presidente C. Manuel José Arce, y el intruso Jefe de Estado C. Mariano Aycinena.  Este escarmiento en estos dos funcionarios traidores a sus juramentes y a los compromisos que debían a su Patria, es un saludable ejemplar para que los Jefes venideros no lo sigan en suerta tan desgraciada y afrentosa«.1
  • Con respecto a los acontecimientos que siguiente al exilio de los arriba indicados: «Se descubrió una conspiración en esta Capital en que se trataba de apoderarse de la plaza, destruir el orden restablecido, y reponer el imperio de los intrusos.  Uno de los proyectos era degollar a las personas empleadas en el Gobierno, y otras que pudieran resistirse.  Se deduce de la causa que contaban con armas, parque, dinero y algunos hombres. Esta tentativa es una verdadera reacción del partido que sucumbió, y que ha tenido animosidad de intentarla por la indulgencia con que han sido tratados los criminales.  Ellos no se contienen por el sentimiento noble de la gratitud de que debían estar penetrados. Ellos acaso ni aun están bastantemente convencidos de la moderación con que se se ha procedido.  Jamás se han contenido los delitos por dejarlos de castigar; esta máxima que hemos procurado gravar, ha producido contradicciones poco honrosas a sus autores, porque suponen o mucha ignorancia o complicidad en los delitos. Hay filósofos que opinan que todo crimen supone una perturbación en la mente; pero ninguno lo manifiesta tanto, como la conspiración intentada: ella era un verdadero acto de despecho, pues no tenía la más remota probabilidad del suceso. Cuando hubiesen conseguido una sorpresa habría sido momentánea; pues la opinión pública en que se apoya el actual Gobierno lo habría sostenido y destruido a los audaces conspiradores1

Es importante indicar aquí lo siguiente:

  1. El «orden restablecido» se refiere al triunfo de la invasión liberal dirigida por el general Francisco Morazán, que derrocó al jefe de Estado conservadora Mariano de Aycinena y al gobierno federal,2 entonces a cargo del vicepresidente Mariano de Beltranena, ya que el general Manuel José Arce estaba separado del cargo.3  Las autoridades conservadores habían llegado al poder en septiembre de 1826, luego del golpe de estado contra el liberal Juan Barrundia.4
  2. El «imperio de los intrusos» se refiere al gobierno que presidía Mariano de Aycinena, líder del partido criollo conservador, al que detestaban los criollos liberales por todas las prebendas de que dicho grupo gozaba durante la época colonial.  De hecho, Morazán declaró como usurpador a todo lo actuado por Aycinena y su gobierno.5
  3. El «partido que sucumbió» era el partido conservador. 
  4. No hubo tal «indulgencia para los criminales» ni «moderación«, como asegura el artículo.  Tras la rendición, Morazán ocupó la plaza, y luego invitó a todas las autoridades estatales y federales al Palacio Colonial, a donde llegaron vestidos de gala, y fueron hechos prisioneros en el acto, ya que Morazán declaró unilateralmente nula la rendición.6  Todos estos personajes pasaron en prisión varios meses y sus propiedades fueron confiscadas; además de que se les obligó a devolver los salarios que habían devengado cuando eran miembros del gobierno.2,3  Por otra parte, las tropas de Morazán saquearon cuanto pudieron de las mansiones de los conservadores y de las iglesia católicas, al punto que surgió el dicho popular «se fue con Pancho» por todo lo que se perdió tras la invasión.
  5. La «opinión pública en que se apoya el actual gobierno» era obviamente favorable, pues estaba conformado por los liberales guatemaltecos.  Los conservadores habían sido expulsados del país o reducidos a prisión.

Por supuesto, cuando los conservadores retomaron el poder en 1839, luego del derrocamiento del gobierno del liberal Mariano Gálvez, la prensa que les era favorable publicó artículos similares en contra del caído gobernante y sus malhadados Códigos de Livingston.7


BIBLIOGRAFIA:

  1. La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829).  Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7)  Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
  2. La Gaceta de Guatemala (1855). «Noticia biográfica del señor D. Manuel Francisco Pavón, Consejero de Estado y Ministro de lo Interior del gobierno de la República de Guatemala»La Gaceta de Guatemala (Guatemala: Imprenta La Paz, Palacio de Gobierno de Guatemala) VII (58-62).
  3. Hernández de León, Federico  (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. II Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  4. Mencos Franco, Agustín (1893). Rasgos biográficos de Francisco Morazán: apuntes para la historia de Centro América. Guatemala: Tipografía El Comercio. pp. 32-35.
  5. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de GuatemalaI Guatemala. pp. 114-120.
  6. Taracena Flores, Arturo (2015). La primera guerra federal centroamericana, 1826-1829. Nación y estados, republicanismo y violencia. Guatemala: Cara Parens, Universidad Rafael Landívar. p. 3.
  7. Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.

5 de septiembre de 1826: capturan a Juan Barrundia

El presidente de la República Federal de Centro América, general Manuel José Arce, hace prisionero al jefe de Estado de Guatemala, Juan Barrundia.

5septiembre1826
Palacio Colonial de la Ciudad de Guatemala, sede del gobierno Federal durante la época del presidente Manuel José Arce y desaparecido tras los terremotos de 1917-18. En el recuadro: el presidente Arce. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Las tensiones entre los criollos liberales y los criollos conservadores llegaron a su punto más crítico en 1826, cuando se emitió una serie de decretos en contra de los intereses de los frailes del clero regular13 y contra los de los ricos comerciantes guatemaltecos,4 quienes eran los principales miembros del partido conservador.  Éstos empezaron a influir más y más en el presidente federal, general Manuel José Arce y Fagoaga, hasta que llegó un punto en que los liberales planificaron un golpe de estado en contra de éste.

De esta cuenta, el 5 de septiembre de ese año, el presidente federal Manuel José Arce dictó un auto de prisión en contra del Jefe del Estado de Guatemala, Juan Barrundia, luego de que éste se había levantado en armas en contra del presidente federal mandando al capitán Cayetano de la Cerda a atacar con trescientos hombres a un piquete de las fuerzas federales, al mando del capitán José María Espínola.  Barrundia también había preparado un asalto al cuartel federal de la Ciudad de Guatemala programado para el 8 de septiembre, con el objetivo de capturar al presidente federal y derrocar al gobierno, aprovechando la bendición de banderas que iba a haber ese día y los doscientos soldados que había acuartelado en el Convento de San Agustín.5

El decreto emitido por Arce es el siguiente:6

Palacio del Gobierno Federal en Guatemala, a 5 de septiembre de 1826

Visto el parte de la Comandancia General de la Federación a que acompaña la capitulación habida entre el capitán José María Espínola y el capitán Cayetano de la Cerda, en el pueblo de Acasagustlán a 3 del corriente mes y año, y los demás documentos pertenecientes a este negocio;

visto así mismo el oficio del expresado Espínola de la propia fecha, en que manifiesta que la tropa que conduce Cerda es en número de 300 hombres y la de él apenas tiene 50; 

visto por último que por nota del Presidente del Senado con data de ese día, se sabe que este alto cuerpo se ha disuelto, sin resolver la consulta que el Gobierno Supremo le hizo sobre los acontecimientos anteriores entre las tropas de Espínola y Cerda.

Visto también que las providencias del Jefe de Eeste Estado par aimpedir el libre ejercicio de las tropas, que están al servicio de la Federación son terminantemente opuestas a los artículos 94, atribución 5a. y 146 de la Constitución del propio Estado;

visto por otra parte que el Presidente de la República está facultado: 

      1. Para cuidar de la observancia del orden público (artículo 113 de la Constitución Federal)
      2. Para contener insurrecciones (artículo 120)
      3. Para dar órdenes de arresto e interrogar a los que se presuman reos; poniéndolos a la disposición del juez respectivo, cuando sea informado de alguna conspiración (artículo 127)
      4. Para recoger las armas en caso de tumulto o rebelión, o ataque con fuerza armada a las autoridades constituidas (artículo 179)

Visto que el ataque que Cerda ha hecho al capitán Espínola es directo a la autoridad del Gobierno Supremo por cuyas órdenes obraba, el Presidente de República, meditando: 

      1. Que hace tiempo el Jefe del Estado unido a una facción hace la más viva resistencia a la independencia de la Nación, hollando todas las leyes y procurando por todos los medios que están a su alcance alterar la tranquilidad pública.
      2. Que habiendo dado órdenes expresas para atacar las tropas de la Federación, el Gobierno Supremo le ofició para que se abstuviese de tales procedimientos, cuyo oficio no ha contestado hasta ahora, ni ha querido prestarse a obrar de un modo legal y pacífico.
      3. Que consultando el caso al Senado este cuerpo no ha resuelto la consulta y antes bien se ha disuelto por el empeño con que los senadores partidarios de aquel jefe han querido tergiversar los hechos y han manifestado una intención decidida contra el Gobierno Supremo y a favor de la facción perturbadora.
      4. Siendo de la mayor entidad en las circunstancias que rodean a la República mantener a todo trance la tranquilidad y el orden público; sofocando en sus principios el germen de la guerra civil que ya ha comenzado.

Habido todo en consideración:

El Presidente de la República con el único designio de llenar sus deberes y el de cumplir con la patria, ha tenido a bien disponer:

      1. Que el comandante de armas de la Federación con la mayor reserva acuartele esta noche toda la fuerza con su respectiva oficialidad.
      2. Que haga preparar municios competentes para que obren los cuerpos de artillería, infantería y caballería.
      3. Que puesto todo en el mejor estado, para hacer cumplir y ejecutar a viva fuerza las providencias del Gobierno en caso de oposición, proceda a las seis y media de la mañana o a la hora que pueda a arrestar al Jefe de Estado C. Juan Barrundia, reteniéndolo en la Comandancia General hasta nueva orden.
      4. Que al mismo tiempo que se ejecute el arresto o inmediatamente que sea ejecutado, reoja con la fuerza todas las armas que tenga el Gobierno del Estado con sus pertrechos y municiones; trasladándolas con la debida separación al parque y sala de armas.
      5. Que mientras ejecute estas órdenes dé partes por medio de sus ayudantes de todo lo que ocurra.
      6. Que en el caso de resistencia obre fuertemente hasta concluir el arresto y ocupación de las armas.
      7. Que cumplida esta orden se mantenga sobre las armas hasta nueva orden.
        • Arce
        • El Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, Manuel Arzú.6

Al frente del gobierno quedó el vice-jefe de Estado, Cirilo Flores, y este organizó una sublevación trasladando las autoridades del Estado de Guatemala a San Martín Jilotepeque, desde donde pretendieron activar las milicias «defensoras de la Constitución«, sin éxito.  Los ánimos se exacerbaron a tal punto, que cuando Flores llegó a Quetzaltenango a tratar de calmar los ánimos de los pobladores enardecidos contra la supuesta expulsión de los franciscanos, fue linchado por una turba en el interior de la iglesia.7 Eventualmente, el Jefe de Estado fue el líder conservador Mariano de Aycinena, lo que provocó que los liberales del resto de Centroamérica se alzaran en armas contra Arce y Aycinena, iniciando la Guerra Civil Centroamericana.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República. I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio.
  2. — (1871). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República II. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio.
  3. — (1872). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República III. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio.
  4. Marure, Alejandro (1844). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la república de Centro América, desde el año de 1821 hasta el de 1842. Guatemala: Imprenta La Paz
  5. Mencos Franco, Agustín (1893). Rasgos biográficos de Francisco Morazán: apuntes para la historia de Centro América. Guatemala: Tipografía El Comercio. p. 32.
  6. Ibid., 33-35.
  7. Batres Jáuregui, Antonio (1949). La América Central ante la Historia. Memorias de un Siglo 1821-1921. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 95.

14 de agosto de 1853: sublevación del castillo de San José Buenavista

El coronel Leoncio Camacho lidera sublevación de 400 hombres en la guarnición del castillo de San José Buenavista

14agosto1853
Pintura de Augusto De Succa viendo a la ciudad de Guatemala desde el sur en 1870.  A la derecha se observa el Castillo de San José, y se puede apreciar como su elevación representaba una amenaza para la ciudad si su guarnición se sublevaba.  En el recuadro: el general Rafael Carrera en un cuadro en donde se muestra el mismo cuartel, ya que había sido construido durante su administración. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Si bien el capitán general Rafael Carrera quedó como dueño absoluto de  la situación tras retornar al país luego de su exilio en 1849, la situación de anarquía que se vivía en el país no cesaba.1 Y es que la pérdida de control que se produjo en los meses que siguieron a su renuncia a la presidencia el 15 de agosto de 1848 fueron tan extremos, que ni su retorno en 1849 fue suficiente para calmar la situación.2

En 1850, Carrera comentaba que «el trastorno cunde por todas partes en conscuencia precisa de que los trastornadores estánen todas las clases de la sociedad donde injustamente hablan de todo, inventan y hacen circular noticias faltas y alarmantes«, e indicaba que «este mal está en la mayor parte de los departamentos de la Repúbica«.  Esto lo obligó a tomar medidas represivas severas, decidió castigar sumaria y económicamente al que se dedicara a divulgar rumores, para «que por consiguiente no [pudiera] hablarse sino de cosas de que cada cual tenga la concienca de lo que dice y de lo que [fuera] personalmente responsable«.3

Incluso después de la Batalla de La Arada el 2 de febrero de 1851, en la que definitivamente venció a la amenaza internacional que representaban los liberales guatemaltecos exiliados en El Salvador, y los gobiernos de dicho país y el de Honduras, la paz no retornaba por completo.3  El marqués de Aycinena, obispo Juan José de Aycinena y Piñol, propuso entonces que fuera la religión católicada la que sirviera como «cimiento del edificio social«, anteponiendo la «caridad cristiana» a los arranques pasionales que había.3  El retorno de los jesuitas, aprobado el 7 de junio de 1851, y la firma del Concordato con la Santa Sede el 7 de octubre de 1852 cimentaron esta política del gobierno conservador de Carrera, quien llegó a la presidencia por segunda vez el 6 de noviembre de 1851 luego de que finalmente se aprobó una nueva constitución para la República.4

Tras asumir la presidencia, Carrera reactivó la política de pacificación que había probado durante su primer gobierno (1844-1848).  Y de ser necesario, se ponía él mismo al frente de la tropa para retomar el control de la situación.  Un ejemplo de esto ocurrió el 14 de agosto de 1853, cuando se sublevó la guarnición del Fuerte de San José Buena Vista, el cual ponía en grave peligro a la entonces pequeña Ciudad de Guatemala, que estaba a merced de los cañones de dicho fuerte, ya que en ese entonces era el punto más alto de la ciudad.  El historiador Antonio Batres Jáuregui, en su obra «La América Central ante la Historia» relata aquel hecho de la siguiente forma:

«El 14 de agosto de 1853, un coronel llamado Leoncio Camacho, hombre intrigante, de malas entrañas y peor alma, valor y agtrevimiento temerarios, encontrándose preso, por graves delitos, en el castillo de San José, en esta capital, sublevó la guarnición, secundándolo los fascinerosos Vicente Petenero y Victor Carabó.  Aquello fue mucho más trascendental que un gran escándalo, pues llegó a constituir terrible amenaza contra los habitantes de la ciudad, que estaba en peligro inminente de ser cañoneada por la artillería de la fortaleza.  Immediatamente que supo el capitán general Carrera semejante felonía, se situó en defensa de la población, con tropa y tres cañones, en la eminencia del guarda de la Barranquilla, para evitar que el público sufriera en el combate, contra el castillo sublevado».5

«Refieren las crónicas que, estando Carrera dirigiendo la refiega, le mataron el caballo con una granada.  Siguió el jefe a pie, aunque bastante golpeado, en el mismo sitio del suceso: le hicieron ver el peligro que corría.  ‘Todavía no me ha llegado la hora -exclamó-; no tengan cuidado.  Tráiganme otro caballo, a ver si tienen buena puntería esos traidores, a quienes pronto castigaré’.  A las doce de la noche del 17 de agosto, recuperó Carrera el fuerte, después de una lucha tenaz y violenta, en la cual murieron veinticuatro soldados y dos oficiales, quedando muchos heridos.  Cayeron prisioneros cuatrocientos hombres.  Fueron fusilados en el acto, Petenero, Carabó y otros dos cabecillas.  Tres días después aprehendieron a Camacho en Amatitlán, siendo ejecutado en el mismo castillo el 23 de dicho mes.»5

Fueron acciones como ésta las que finalmente decidieron al pueblo de Guatemala a nombrar al capitán general Carrera como presidente vitalicio en 1854, pues los pobladores ya estaban cansados de las constantes guerras y anarquía y necesitaban por fin vivir en paz.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Connaughton, Brian F. Moral pública y contrarrevolución: Nueva normativa socio-gubernativa en Guatemala 1839-1854. Parte segunda. En Jahrbuch für Geshichte Lateinamerikas 38.  Colonia, Alemania: Böhlau Verlag. p. 110.
  2. Ibid., p. 115.
  3. Ibid., p. 116.
  4. Ibid., p. 117.
  5. Batres Jáuregui, Alejandro (1946).  La América Central ante la Historia.  Memorias de un siglo 1821-1921.  Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 204-205.

4 de junio de 1829: Morazán anula lo actuado por gobierno de Aycinena

Decreto federal de Francisco Morazán considera usurpador al gobierno conservador de Guatemala de 1826 al 29 y anula sus decretos, órdenes, leyes, reglamentos y providencias

4junio1829
En la imagen: la antigua Escuela Facultativa de Derecho y Notariado del Centro a principios del siglo XX. En este edificio funcionó originalmente la Real y Pontificia Universidad de San Carlos y luego el Congreso Federal. Allí fueron hechos prisioneros los conservadores derrotados por Morazán en 1829. Imagen tomada del Museo de la Universidad de San Carlos.

Tras la victoria del general liberal hondureño Francisco Morazán el 12 de abril de 1829, éste hizo prisioneros a los criollos aristócratas, todos ellos miembros o parientes de la familia Aycinena, que había tomado el poder en Guatemala tras el golpe de estado contra Juan Barrundia en 1826.1

Por medio del decreto del 4 de junio de ese año, el gobierno federal declara nulas las elecciones del Estado de Guatemala del 31 de octubre de 1826, considera usurpadores de la soberanía de dicho Estado a todos los que legislaron hasta 1829, y anula sus decretos, órdenes, leyes, reglamentos y providencias.2 De acuerdo al historiador conservador Antonio Batres Jáuregui, aquel decreto «con mengua del derecho natural y de todo sentimiento humanitario, fue, para nuestra desventurada tierra, causa de grandes dolores y fuego voraz que incendió la pasión partidista, a la cual se deben sangrientas luchas, devastaciones, miserias y lágrimas3, Nota_a

Dicho decreto fue recogido en la Recopilacidn de Leyes de la República de Guatemala de 1821 a 1869 escrito por Manuel Pineda de Mont, pero sus artículos 2.° y 3.° fueron editados porque incluían nombres y apellidos de las familias aristócratas que habían sido miembros del gobierno de 1826 a 1829.Nota_b  El decreto dice así:

1.° Se declaran nulas y contrarias a las leyes fundamentales de la República y del Estado las elecciones celebradas en virtud del decreto anti-constitucional del presidente de la República, de 31 de octubre de 1826, y las siguientes de 27 y 28.

2.° Editado

3.° Editado

4.° Son nulas y de ningun valor las determinaciones que con el nombre de leyes, decretos, órdenes, acuerdos, providencias y reglamentos hayan sido dictadas por estos poderes intrusos, y quedan en su vigor y fuerza las emitidas por las legítimas autoridades, hasta el 13 de octubre de 1826.

5.° Se han por válidos y subsistentes los actos emanados de la corte superior y jueces de primera instancia en lo civil y criminal en todas las causas, con excepción de las que se versan sobre materias políticas; pero quedan expeditos a las partes, en las causas puramente civiles, los recursos de nulidad e injusticia notoria, debiendo correr el término designado por la ley desde la publicación de este decreto.5

Aunque eventualmente las penas de muerte fueron conmutadas, los principales miembros del partido conservador fueron condenados al exilio, de acuerdo al decreto del Congreso Federal del 7 de septiembre de 1829, que dice así:

4.° Serán expatriados perpetuamente y confinados fuera la república, al país que designe el gobierno de acuerdo con el senado:

    • Primero: El ex-presidente y ex-vicepresidente de la República Manuel José Arce y Mariano de Beltranena,
    • Segundo: Los ex-secretarios de estado y del despacho de Relaciones Juan Francisco de Sosa, y de Guerra Manuel de Arzú,
    • Tercero: Los jefes de sección que funcionaron como secretarios en los mismos ramos, Francisco María Beteta y Manuel Zea.
    • Cuarto: Los primeros y segundos jefes del ejército federal que sirvió a disposición del gobierno durante la revolución, Francisco Cáscara, Manuel Montúfar y José Justo Milla, pues los demás quedan incluidos en este artículo bajo otros aspectos. 
    • Quinto: El que se tituló jefe de estado de Guatemala, Mariano de Aycinena.
    • Sexto: Los que le sirvieron en calidad de secretarios, Agustín Prado, José Francisco de Córdova, Antonio José de Irisarri, José de Velasco, Vicente Domínguez y Vicente del Piélago.
    • Séptimo: El comandante general que fue de las armas de la federación y del estado, Antonio del Villar.1

NOTAS:

    • a: a pesar de ser conservador, Batres Jáuregui fue alto funcionario de los gobiernos liberales desde J. Rufino Barrios hasta Manuel Estrada Cabrera.
    • b: los artículos 2.° y 3.° declaran reos de usurpación y traición a los que ejercieron la autoridad en virtud de las elecciones mencionadas en el artículo 1.°, y los listaba con nombres completos y los condenaban a muerte obligándolos antes a devolver lo que habían ganado en concepto de salario durante su gestión. Además, se agregaba la confiscación de bienes a los principales miembros de la familia Aycinena y del gobierno conservador.4
    • c:  José Justo Milla fue el padre del escritor José Milla y Vidaurre.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. I Guatemala. pp. 114-120.
  2. Taracena Flores, Arturo (2015). La primera guerra federal centroamericana, 1826-1829. Nación y estados, republicanismo y violencia. Guatemala: Cara Parens, Universidad Rafael Landívar. p. 3.
  3. Batres Jáuregui, Antonio (1946). La América Central ante la Historia. Memorias de un siglo 1821-1921. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 131.
  4. – (1896). Literatos guatemaltecos: Landívar e Irisarri, con un discurso preliminar sobre el desenvolvimiento de las ciencias y las letras en Guatemala. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 185.
  5. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 239-240.

29 de mayo de 1839: se establece una Asamblea Constituyente

Tras el golpe de estado de Rafael Carrera se establece una Asamblea Constitutiva que emitió una Constitución en 1842 aunque nunca fue ratificada

29mayo1839
Plaza de Armas de la Nueva Guatemala de la Asunción en la época en que se convocó a la Asamblea Constituyente de 1839.  En el recuadro: el general Rafael Carrera.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Los máximos líderes de Guatemala del siglo XIX fueron el general católico conservador Rafael Carrera quien impuso su voluntad de 1839 a 1865 y el general anticlerical J. Rufino Barrios, quien lo hizo de 1871 a 1885. Ambos llegaron al poder después de revoluciones, ambos fueron el verdadero poder detrás de los jefes de estado o presidentes provisorios, y ambos gobernaron sin el amparo de una Constitución durante los primeros años de sus respectivos gobiernos.  Como corolario, ambos consiguieron que las Asambleas Constituyentes les redactaran una Constitución que amparara su estilo de gobierno y les permitiera perpetuarse en el poder; Carrera consiguió su constitución en 1851 y Barrios en 1879.  Y no es que no hubiera intentos por establecer una constitución, que sí los hubo.  Lo que ocurría era que no satisfacían las necesidades de Carrera o de Barrios, y quedaban en letra muerta.

El primer intento de hacer una constitución para el Estado Independiente de Guatemala se hizo cuando éste se separó de la República Federal de Centro América el 17 de abril de 1839, y se eligió a una Asamblea Constituyente para el efecto el 29 de mayo.1 Pero el estado de cosas en el país no era estable en lo absoluto; el Estado de Los Altos se había separado en 1838 y cuando los indígenas le pidieron ayuda a Carrera para que los ayudara contra la opresión de los criollos liberales de la región, éste combatió a las fuerzas altenses y recuperó el territorio para Guatemala.2 Esta situación, a su vez provocó que el jefe de Estado de El Salvador, el líder liberal Francisco Morazán invadiera a Guatemala.  Carrera y Morazán se enfrentaron en la capital guatemalteca y el general guatemalteco infringió una definitiva derrota al hondureño, quien huyó a El Salvador dejando a sus hombres a su suerte.  Aunque el hecho resultó en una decisiva victoria para las armas guatemaltecos, retrasó la discusión de la Asamblea Constituyente.3

La Asamblea finalmente redactó y firmó un proyecto el 29 de enero de 1842 y dió orden de imprimirlo el 20 de abril del mismo año luego de que una comisión conformada por los criollos aristócratas Aycinena, Pavón, Dardón, Colom, Andreu y Estrada le diera su aprobación.  Luego de impresa, se empezó a discutir en sesión pública el 1 de julio de 1843, aprobando el 6 de ese mes el primer artículo.  Pero hasta allí llegó la discusión, que quedó en suspenso el 3 de octubre cuando los diputados Pavón y Andreu solicitaron que ya no se siguiera discutiendo.4  Así terminó el primer intento de redactar una constitución para el gobierno conservador.

Viendo que el clero, y en especial el marqués de Aycinena, Juan José de Aycinena y Piñol, estaban intentando hacerse con el poder absoluto en el país, Carrera organizó una falsa sublevación en Pinula, la que utilizó para firmar un convenio en la Villa de Guadalupe el 11 de marzo de 1844, por medio del cual se organizó un congreso que prohibió a los clérigos participar en política, con lo que salió del molesto Aycinena.  Por otra parte, aquel congreso redactóuna constitución el 16 de septiembre de 1845, pero nunca fue sancionada porque dicha constitución era copia de la que habían redactado en el Estado de Los Altos y no aplicaba al estado guatemalteco.  Esto dió por finalizado el segundo intento de escribir una constitución para el Estado.4

Carrera finalmente se hizo con la jefatura del Estado en 1844, en sustitución de Mariano Rivera Paz, pero cuando en 1846 todavía no se había establecido una constitución en el Estado un partido de jóvenes estudiantes universitarios decidieron llenar aquel vacío constitucional, asesinando al presidente Carrera para así convocar una constituyente auténtica, y dar al poder militar una organización regularizada. Así, el 26 de junio de 1846, cuando habrían de celebrarse en la Iglesia Catedral las honras fúnebres del arzobispo Ramón Casaus y Torres, quien había muerto en el exilio en la Habana, los estudiantes llegaron armados al templo para asesinar al Jefe de Estado, pero su plan fracasó y los tuvieron que salir al exilio a Chiapas tras pasar un tiempo encarcelados en el Castillo de San José.5,6

El 21 de marzo de 1847 Carrera fundó la República de Guatemala, convirtiéndose en su primer presidente, y nuevamente convocó a a una constituyente en 1848, la cual fue disuelta en 1849 luego de queCarrera tuviera que salir al exilio cuando el país entró en una completa anarquía y los criollos (tanto conservadores como liberales) le pidieron la renuncia.  Carrera se fue a México, y regresó en 1849, aunque como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, bajo el presidente Mariano Paredes, aunque todo el país sabía quien era el que verdaderamente gobernaba.7  La Asamblea Constituyente se disolvió, y el asunto quedó nuevamente incluso.4

Fue hasta después del triunfo de Carrera en la Batalla de La Arada el 2 de febrero de 1851, que finalmente una Asamblea Constituyente logró aprobar la Constitución de la República de Guatemala, la cual estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1871, cuando fue sustituida por el Acta de Patzicía que firmaron los criollos altenses liberales para desconocer el gobierno del mariscal Vicente Cerna, dando inicio nuevamente a un largo proceso para redactar una nueva constitución.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada a virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República. Tomo I. Imprenta de la Paz. p. 85.
  2. Taracena, Arturo (1999). Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena, Los Altos de Guatemala: de región a Estado, 1740-1871. Guatemala: CIRMA. Archivado desde el original el 9 de enero de 2016.
  3. Hernández de León, Federico (1925). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. Tomo I. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  4. Pineda de Mont, Recopilación de las leyes de Guatemala, p. 86
  5. Brañas, César (1979). Tras las huellas de Juan Diéguez Olaverri. Guatemala: Unión TIpográfica.
  6. Vela Salvatierra, David (1943). “Juan Diéguez Olaverri”, en Literatura guatemalteca. Guatemala: Unión Tipográfica. p. 2 y siguientes.
  7. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. I Guatemala: Editorial del Ejército. p. 266.
  8. Pineda de Mont, Recopilación de las leyes de Guatemala, pp. 79-85.